El partido de izquierdas griego Syriza ha mostrado su apoyo al movimiento europeo por la paz que promueve frente a la guerra de Ucrania, entre otros, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

«Está en nuestras manos trabajar por un futuro seguro y pacífico para todos y todas. Tenemos alianzas para un movimiento europeo por la paz que deje fuera otros intereses (…) La paz siempre es el camino», ha destacado Belarra en Twitter.

La líder de Podemos ha compartido un vídeo del secretario del Comité Central de Syriza, Dimitris Tzanakopoulos, que aboga por construir entre todos un «movimiento europeo contra la guerra, contra cualquier forma de imperialismo».

También ha recalcado que para construir un futuro «seguro y pacífico», es necesario parar la guerra de Ucrania ahora, trasladando su solidaridad hacia el pueblo ucraniano, que merece vivir en «libertad y en paz», así como a los ciudadanos rusos que se manifiestan contra la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

«Defendemos la paz, los derechos humanos y el derecho internacional», ha enfatizado el dirigente de Syriza para subrayar que la invasión rusa de Ucrania, a la que se oponen, atenta contra su integridad territorial y su soberanía, además de ser una violación del citado derecho internacional.

Ayer Belarra celebraba que el Bloco de Esquerda portugués se sume a este movimiento, que impulsan otros dirigentes progresistas como el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon y el histórico miembro del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn.

BELARRA REAFIRMÓ EL VIERNES QUE ENVIAR ARMAS NO ES EFICAZ

Durante el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, el máximo órgano de dirección de la formación morada, del pasado viernes, Belarra reivindicó que han elegido «el camino correcto», aunque sea el «más difícil», con su apuesta por las vía diplomática como medio más eficaz para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese foro, insistió en que el envío de armas no es el verdadero debate, aunque esté muy presente en los medios, e insistió en que no era una medida eficaz porque no iba a cambiar la correlación de fuerzas, pero sin críticas al PSOE.

«Hemos defendido la paz en el único momento en que es complicado hacerlo, durante la guerra», desgranó la ministra para subrayar que «muchos demócratas» piensan que las Naciones Unidas o la OSCE tienen «margen de actuación mucho mayor del que están desplegando», por lo que se preguntan por qué no se están poniendo «más esfuerzos ahí».

También desgranó que ese movimiento por la paz permitiría tender puentes con la «otra Rusia», la que «no acepta el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos» del presidente del país, Vladimir Putin, de cara a lograr «lo antes posible una duración pacífica y duradera» a Ucrania.

«Mejor hoy que mañana, mejor mañana que pasado. Mejor con menos víctimas mortales, con menos sufrimiento y con menos destrucción que con más víctimas, más sufrimiento y más destrucción», enfatizó

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la declaración como testigos de los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy y de exministros como José Luis Corcuera o María Dolores de Cospedal, así como del mandatario de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, para demostrar el «origen espurio» de la macrocausa ‘Tándem’, en la que se indaga sobre sus negocios privados.

En un escrito de 30 páginas, Villarejo pone el foco en la pieza principal, ‘King’, una investigación que de «manera tramposa» dio lugar a una causa «montada como castigo» a una persona a la que, sostiene, el poder consideraba como un «elemento incontrolado y rebelde» que «lejos de obediencia ciega, a la mínima duda cuestionaba las órdenes y denunciaba lo que creía era su obligación».

En concreto, ‘King’ se centra en los trabajos que el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, habría hecho en Guinea Ecuatorial para el empresario Francisco Menéndez, considerado el denunciante de la macrocausa. Para el comisario jubilado, sin embargo, se trata de una «labor realizada en el extranjero en beneficio de los intereses de España».

Así las cosas, asegura que «si bien» esa operación fue sufragada «con fondos públicos del gobierno de Guinea, toda la información conseguida por CENYT terminó en el gobierno español, tanto en el ministerio de Asuntos Exteriores, como en el CNI, como consta en los informes que se adjuntan y gracias a los cuales» el entonces ministro Manuel García Margallo «hizo un viaje a dicho país para mejorar las condiciones de entrega de petróleo en detrimento de Francia».

Para defender este extremo, Villarejo solicita al magistrado que cite a una serie de personas a fin de que también se arroje luz sobre sus labores «desde que volvió de su excedencia en 1993 al ministerio del Interior, como agente de inteligencia, con funciones y rol de encubierto y con unas condiciones y actividades de cobertura muy especiales».

UNAS TESTIFICALES YA RECHAZADAS PREVIAMENTE

Así, además de los ya mencionados, el comisario jubilado solicita entre otros la testifical del propio García Margallo, del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán, de magistrados como Fernando Andreu, Diego de Egea o Alejandro Abascal, del ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce y de varios periodistas.

Aunque ahora pide estas declaraciones como parte de la investigación de la pieza principal, Villarejo ya solicitó varios de estos testigos durante las cuestiones previas del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, las primeras que han llegado a vista oral de las más de treinta que componen el puzzle de ‘Tándem’.

El tribunal que le juzga se negó a llamar a los testigos propuestos por Villarejo, alegando que, si con ellos pretendía acreditar que trabajó para el CNI como agente encubierto, «estos extremos» no fueron «contradichos por las partes acusadoras». «Es más», apostillaron entonces los magistrados, la Fiscalía Anticorrupción «no puso objeción alguna para considerar ciertas todas esas alegaciones».

Por aquel entonces, Villarejo también propuso que se interrogase como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; o la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El tribunal lo descartó al considerar que los mismos no guardaban ninguna relación con la causa.

SOLICITA INTERROGAR AL DENUNCIANTE DE ‘TÁNDEM’

En el escrito, además, Villarejo pretende poner luz sobre el origen de la macrocausa a raíz de «la presentación de una apócrifa denuncia anónima presentada por el agente del CNI David Rodríguez Vidal quien en connivencia» con el propio Sánz Roldán y «elementos de Asuntos Internos que antes lo intentaron varias veces, así como terceros vinculados a los anteriores y con la aquiescencia de miembros de la Fiscalía Anticorrupción» fraguaron «acusaciones fraudulentas».

Entre sus peticiones al magistrado, el comisario jubilado vuelve a solicitar que se devuelva todo lo incautado en los diferentes registros, ordenadores, teléfonos y objetos personales varios, así como los documentos originales o en su defecto copia de estos. Entre los mismos destacan sus diarios «irregularmente incautados».

Asimismo, insta a que se proceda a la devolución de más de mil microcintas datadas con anterioridad al año 2000 «con un evidente valor histórico con conversaciones con altos mandatarios políticos, especialmente del PSOE, sobre el 23F, el GAL, el 11M, el Faisán y tantos otros».

También pide que se le devuelvan sus efectos personales y que se permita el pago de cuantas deudas estén al día de hoy sin abonar, calificando de «inexplicable» que «después de casi cinco años» se le «siga privando de todo tipo de medios para hacer frente a préstamos, hipotecas» y demás obligaciones.

Por último, Villarejo requiere que se permita a su defensa interrogar «en igualdad de condiciones que Fiscalía» a David Rodríguez Vidal y a Francisco Menéndez a los que, sostiene, «se oculta para no testificar en la causa».

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado este lunes como «absolutamente desafortunadas desde el punto de vista del fondo, la forma y la oportunidad política», las declaraciones del precandidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado este lunes en Palma que «el Gobierno se está forrando con la subida de la luz y la gasolina».

En declaraciones a los medios en un acto, también en Palma, Ribera, además, ha criticado que las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia se haya manifestado de esta manera precisamente después de haber estado día y medio en la Conferencia de Presidentes en La Palma «trabajando en la importancia de sumar esfuerzos y mantener posicionamientos constructivos» y cuando parecía haber iniciado «un viaje al centro».

Ribera, igualmente, ha recordado que ante el actual escenario el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido estar con los ciudadanos y combinar la capacidad regulatoria y fiscal con el apoyo social y los pronunciamientos constructivos.

Además, ha añadido, «Galicia no brilla ni por su compromiso social ni por la ejecución de los recursos»-

La ministra ha recordado que la totalidad de la fiscalidad de la electricidad y buena parte de la fiscalidad de los hidrocarburos van a parar a las CCAA.

Ribera ha expresado su confianza en que las declaraciones de Feijóo sean un «desliz» en su reposicionamiento como líder de la oposición para, en vez de ser criticada por su familia europea, sea vista como oposición responsable «en un momento duro para la sociedad española».

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha insistido en que España debe adoptar «más medidas» contra la contaminación de sus aguas por nitratos ya que las tomadas hasta el momento «no han sido suficientes» para alcanzar los objetivos de la Directiva.

Así lo ha aseverado Sinkevicius en respuesta a una pregunta realizada por la portavoz federal y eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, sobre el proceso judicial contra España por el incumplimiento de la Directiva de nitratos y la posición de la Comisión sobre las macrogranjas y su impacto ecológico, especialmente en acuíferos.

Sobre el procedimiento judicial iniciado en el Tribunal de Cuentas de la UE, el comisario ha recordado que la Comisión envió una carta de emplazamiento y un dictamen motivado en el que destacó el incumplimiento ya que pese a «pequeños avances», España tenía que responder con medidas adicionales a la eutrofización para todo el país.

En este sentido, ha reiterado que España tiene que «revisar ydesignar zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones, incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción para cinco regiones y adoptar medidas adicionales para las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva».

Respecto a las macrogranjas, el comisario ha incidido en que la ganadería intensiva puede «tener efectos negativos en el medio ambiente», por lo que la Comisión ha respaldado la transición hacia una ganadería más sostenible en su estrategia ‘De la granja a la mesa’ con el compromiso de revisar la legislación en materia de bienestar animal antes de finales de 2023.

Sinkevicius ha señalado, además, que la Comisión está examinando la legislación sobre aditivos para piensos para reducir las emisiones de metano.

Igualmente, ha apuntado que las explotaciones ganaderas industriales también están contempladas en la Directiva sobrelas emisiones industriales, así como en las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles que establecen niveles de emisiones para el amoniaco.

«Se ha previsto una revisión en abril de 2022 que incluirá opciones para reducir la contaminación, también en relación con la cría de ganado vacuno, porcino y de aves de corral», ha avanzado al respecto, para recordar que, asimismo, los proyectos de ganadería intensiva entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental, que requiere una evaluación de las repercusiones en el medio ambiente de los proyectos importantes.

El Partido Popular ha respaldado fiscalizar los 20.000 millones incluidos en el plan de igualdad aprobado por el Gobierno con el objetivo de que no se «despisten» esos fondos a otros usos distintos de los previstos, según han señalado fuentes de la dirección interna del partido.

Este domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue más allá en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma y defendió destinar esos 20.000 millones de Igualdad a la crisis energética. A su entender, ese dinero podría ayudar a todas las familias españolas en su cesta de la compra ante la subida de precios.

Desde la cúpula del PP han admitido que 20.000 millones «son muchos millones» y «habrá que fiscalizar cuantos van destinados a permisos y a la educación de cero a tres años, con el fin de que no se «despisten para otros usos». Según estas fuentes, en medio de la pandemia, la crisis y la guerra de Ucrania están en tiempo de «fiscalizar» el dinero público y «optimizarlo» porque viene del «esfuerzo» de los españoles.

En la dirección del PP ponen en cuestión que ante la actual situación económica en España haya 23 ministerios, y ponen sobre todo el foco en Ministerios como el de Igualdad que dirige Irene Montero. Este Departamento, el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, aprobó el III Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PEIEMH), que prevé una inversión de 20.319 millones de euros entre 2022 y 2025 para impulsar políticas públicas feministas.

«Parece ser que esos 20.000 millones provienen de otros ministerios y no son del Ministerio de Igualdad. Entonces ¿para qué queremos un Ministerio de Igualdad?», se preguntan en la cúpula de los ‘populares’, que creen que habría que pensar si es realmente necesario.

LOS FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, y pese a que se visualizó unidad en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma con una declaración pactada, fuentes del PP han rechazado que ese acuerdo quiera decir que el partido denuncia a fiscalizar los fondos europeos que ha recibido España de Bruselas.

En concreto, en la Declaración de La Palma se habla de «impulsar la ejecución de los fondos europeos por parte de todas las Administraciones públicas». «Estos fondos son ahora más importantes si cabe tras el nuevo escenario económico para que España siga creciendo y creando empleo. Es esencial dejar al margen las discrepancias partidistas y aprovechar al máximo la oportunidad para que los fondos lleguen de verdad a todos los rincones de nuestro país», reza textualmente el texto.

Desde el PP garantizan que van a seguir llevando a cabo esa «labor de fiscalización de los fondos europeos para dar respuesta a las distintas necesidades que tienen los sectores económicos». «Pero nadie dijo ayer que se renunciara a la fiscalización de las políticas que están detrás de los fondos europeos, como no puede ser de otra manera», ha enfatizado fuentes del partido.

El Gobierno se ha remitido a la ley de 1870 al ser preguntado por sus «previsiones» para indultar a presos a ETA, recordando que este tipo de procedimientos se tramitan según el capítulo III de dicha norma, que recoge los requisitos para solicitar y conceder la medida de gracia.

«Los expedientes de concesión de indultos no se tramitan según las previsiones del Gobierno, sino en virtud de los cauces de solicitud establecidos por el capítulo III de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto», contesta el Gobierno en su escrito, fechado el 2 de marzo.

En dicha ley consta, entre otras cuestiones, que pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre, así como el tribunal sentenciador, que tendrán que dirigir la solicitud al Ministerio de Justicia.

El Ejecutivo responde con estas breves palabras a la pregunta por escrito registrada por Vox, que quería saber los planes para indultar a presos de la banda terrorista durante el presente año de 2022 o antes de que finalice la XIV Legislatura.

El partido de Santiago Abascal relaciona la posible concesión de indultos con las exigencias de EH Bildu para excarcelar a los presos etarras, aprovechando la «debilidad parlamentaria del actual Gobierno», lo que les «hace temor lo peor».

Vox cita reformas legales y otras medidas impulsadas por el Ejecutivo central «destinadas al blanqueamiento de los presos etarras con la única finalidad de mantenerse en el Gobierno».

En este sentido, desconfía de la reforma de la ley 29/2011 de protección integral de las víctimas, recordando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva meses sin concretar su anunciado cambio para, entre otras medidas, regular un régimen sancionar que sirva como instrumento para terminar con los actos de homenajes a presos de ETA, los conocidos como ‘ongi etorri’.

OTRAS RESPUESTAS ANTERIORES

También en respuesta a Vox, hace unas semanas el Gobierno informó de que tres presos de ETA han sido progresados al tercer grado por enfermedad grave desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa a mediados de 2018, asegurando que estas decisiones no se adoptan «en base al exclusivo informe de parte que presente la persona interesada».

Vox, PP y Ciudadanos han promovido diferentes iniciativas censurando la política penitenciaria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionando el acercamiento de presos de ETA y las progresiones de grado.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado una manifestación, fijada finalmente para el 26 de marzo, en rechazo al «Gobierno traidor». Se basan, entre otras cuestiones, en el informe judicial de la Guardia Civil que revelaba contactos entre el entorno de los presos de ETA y el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Desde Interior llevan semanas repitiendo que respetan la «legalidad vigente». Grande-Marlaska expuso en el Congreso que sólo se han revocado por decisión judicial tres de los 24 terceros grados para presos de ETA concedidos desde la Legislatura XIII, iniciada en mayo de 2019 –suman 28 terceros grados desde 2018–. Además, aludió a otras dos semilibertades otorgadas por el juez, pero en este caso en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias.

Los vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales (AF) ha reprochado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la creación de 60 plazas al considerar que es un número «exiguo» y «muy por debajo de las previsiones» que se les informó que habían sido demandadas desde la Fiscalía General para poder atender las necesidades de las fiscalías territoriales.

En un comunicado emitido este lunes, los vocales también han lamentado que desde el Ministerio Público «no se hayan tenido en cuenta los informes que fueron solicitados a los fiscales jefes sobre las necesidades de aumento de plantilla en las fiscalías respectivas».

Al hilo, han criticado que el Ministerio de Justicia continúe con la creación de plazas de tercera categoría, «vista de la desproporción existente con idénticas plazas en la Carrera Judicial y fundamentalmente si se tiene en cuenta que la creación se produce en partidos judiciales cuyas plantillas están compuestas íntegramente por magistrados».

Los vocales se han pronunciado así después de que el pleno del Consejo Fiscal –el órgano consultivo de Delgado– del pasado 4 de marzo aprobara el informe al proyecto del Real Decreto de ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal. Según recoge el comunicado, la fiscal general anunció la previsión de crear otras 70 plazas a finales de año, la mayoría de ellas de la segunda categoría.

En aquel pleno también se aprobó el informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica una parte del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, y una parte de la Ley Orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales de la Unión Europea.

UN PLENO «DIFERENTE»

Los vocales electivos de la AF han subrayado que «este peno ha sido diferente a los demás, sin aprobación del acta de la sesión anterior, ni apartado de ruegos y preguntas y de carácter exclusivamente virtual». Según ha precisado, ello debido a «razones de urgencia» manifestadas por Delgado.

«Los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales no compartimos este modo de proceder, máxime cuando la propia fiscal general nos comunicó expresamente en el pleno pasado, de 11 de enero, no convocar ningún otro pleno ordinario hasta el mes de marzo y ello a pesar de que existían ya entonces varios informes de proyectos legislativos -además de los aprobados en esta reunión– que no admitían demora pues su plazo de realización habría necesariamente de concluir antes del mes de marzo», han indicado.

Según han indicado, está previsto que el próximo pleno del Consejo Fiscal se celebre los días 23 y 24 de marzo para realizar los informes a varios proyectos legislativos y a las propuestas de nombramiento discrecional de la convocatoria para destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha informado este lunes a la Comisión Europea de la disposición de España de acoger a refugiados de la guerra en Ucrania llegados a Moldavia, país vecino que está soportando gran parte de la acogida de los miles de desplazados por la invasión rusa.

«En la medida en que la Comisión ha preguntado por posibilidades de acogida específica, con vuelos organizados, también hemos mostrado nuestra disponibilidad a tener acogida», ha indicado el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas, a donde ha viajado para participar en un consejo de ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE.

El ministro ha recordado que Moldavia es un país «muy pequeño, con muchos ucranianos en tránsito», por lo que se encuentra en una situación «particularmente difícil» ante la que el Ejecutivo comunitario busca coordinar el apoyo de los Estados miembro.

Aprovechando su viaje a la capital europea, Escrivá se ha visto además en bilateral con los comisarios responsables de Empleo, Nicolas Schmit; el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni; y el vicepresidente comunitario responsable de Migración, Margaritis Schinas.

En este contexto, Escrivá ha explicado que la Unión Europea está comprometida sin fisuras con la solidaridad hacia Ucrania ante la «dramática situación» que está viviendo por la invasión rusa y evaluando la respuesta que el bloque puede dar a las necesidades del país en guerra.

TRES CENTROS ABIERTOS A FINAL DE SEMANA

España tendrá a final de semana tres centros abiertos para ofrecer acogida inmediata quienes huyen de la guerra en Ucrania, tanto ucranianos como residentes en el país de otras nacionalidades, en el marco de la activación de la directiva de protección temporal acordada entre los Veintisiete.

El primero en abrir se sitúa en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el martes abrirá un segundo en Alicante y el tercero, a final de semana, en Barcelona, pero el ministro Escrivá ha apuntado que no serán las únicas opciones y ha señalado como ejemplo que este mismo martes llegarán a Asturias un grupo de menores no acompañados enfermos de cáncer de los que se hará cargo el Gobierno asturiano.

En Bruselas, Escrivá también ha tenido ocasión de discutir sobre la oferta de la Comisión Europea a los gobiernos nacionales para flexibilizar la gestión de los fondos de cohesión comunitarios de modo que puedan redirigir partidas previstas en el periodo 2014-2020 a la ayuda urgente necesaria para asistir a los refugiados llegados de Ucrania.

Esta propuesta, que los servicios comunitarios han llamado ‘CARE’ (‘cuidado’, en inglés), permitirá a autoridades regionales y nacionales reasignar recursos aún sin usar, fundamentalmente procedentes de los fondos de Cohesión pero también de otros instrumentos como los fondos de migración y asilo.

La ex asesora de Podemos Dina Bousselham y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino comparecerán finalmente este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la trabajadora ‘morada’ desde que le robaron el móvil hasta que parte de la información que guardaba apareció publicada. Se trata de las últimas pesquisas de esta pieza separada del caso Villarejo.

Estaba previsto que Bousselham, Ricardo Sa –su pareja cuando sucedieron los hechos investigados– y el ex DAO testificaran el pasado 9 de marzo, pero la huelga convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) obligó a posponer estas declaraciones.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 fijó las comparecencias por mandato de la Sala de lo Penal, la cual vio necesario volver a llamar a Bousselham para que aclare si «consiente, tolera y acepta» que su antiguo jefe, Pablo Iglesias, tuviera acceso al contenido de su mini SD.

En el caso de Sa, el objetivo de su declaración sería «explicar algunas lagunas en la información que en su día suministró sobre la sustracción del teléfono y la recuperación de la tarjeta».

Mientras que de Pino se espera que indique si había alguna investigación policial en marcha que justificara la intervención del comisario José Manuel Villarejo en este asunto.

DESTRIPANDO LA MINI SD

García Castellón decidió dar por finalizada la instrucción de esta pieza separada número 10 de ‘Tándem’ el pasado 29 de enero, después de que la Policía Científica determinara que era técnicamente imposible esclarecer quién fue la última persona que accedió a la mini SD.

El juez encargó este informe policial el año pasado a fin de arrojar luz sobre cuándo, cómo y a manos de quién se produjeron los daños que dejaron inservible la tarjeta telefónica.

En 2020, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) pidiendo investigar al entonces vicepresidente y líder de Podemos por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

El instructor esgrimió entonces que la «única explicación posible» para los daños sufridos por la tarjeta telefónica es que se provocaran cuando estaba en poder del ex dirigente ‘morado’, a quien llegó, tras pasar de mano en mano, y meses después de recibirla se la devolvió a su legítima dueña.

El TS rechazó imputar a Iglesias y encomendó al magistrado que siguiera indagando, si bien una vez recibido el mencionado informe policial García Castellón entendió que las pesquisas habían llegado a punto muerto.

Así lo plasmó en un reciente auto donde desestimó un recurso de Vox que abogaba por mantener viva la investigación, interesando concretamente la imputación de Iglesias. Si no es posible «determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono», no se dan los presupuestos necesarios para atribuir tales hechos al ex jefe de Podemos, contestó.

¿UN OPERATIVO AL ESTILO ‘KITCHEN’?

Además, el juez se ha negado a reabrir las pesquisas para averiguar, como le pedía Iglesias en su propio recurso contra el final de la instrucción, si hubo una «investigación policial regular o irregular» respecto a la tarjeta telefónica de su antigua asesora, apuntando de esta forma a un operativo similar a ‘Kitchen’.

Con todo, el instructor ha decidido dar por terminada la investigación de esta pieza separada, anticipando que, de estas últimas declaraciones, en las que también participarán los autores del informe policial, no se derivarán nuevas actuaciones.

Los hechos investigados se remontan a noviembre de 2015, cuando a la pareja de Bousselham le robaron el abrigo mientras estaban en el IKEA de Alcorcón con el teléfono móvil de ella dentro.

Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecieron en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenaban unas carpetas denominadas ‘DINA 2’ y ‘DINA 3’, que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.

Los servicios jurídicos del Congreso defienden que la Mesa de la Cámara debe inadmitir la iniciativa de la CUP para que se cite a comparecer ante la Comisión de Justicia a Juan Carlos I con el fin de que informe de las actuaciones relacionadas con su fortuna que llevaron a la Fiscalía a abrir unas diligencias que finalmente fueron archivadas.

Según la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, aunque las diligencias no derivaron en una investigación formal por la inviolabilidad de la que goza el jefe del Estado y porque algunos de los delitos en los que podría haber incurrido habrían prescrito, ha quedado claro que el rey emérito es «un ladrón» y debe rendir cuentas por ello.

«Ya que los tribunales no pueden juzgar la malversación de fondos públicos del rey emérito porque era inviolable, como mínimo que venga a las Cortes a explicar lo que hizo», aseguró cuando anunció que solicitarían su comparecencia ante la Comisión de Justicia.

NO CABE EN LA CONSTITUCIÓN

Sin embargo, los servicios jurídicos del Congreso, según la nota redactada sobre esta petición, sostienen que la comparecencia debe ser inadmitida porque «excede de la función de control que corresponde a la Cámara» conforme a los artículos 56.3 y 66 de la Constitución.

El primero de estos preceptos es el que alude precisamente a la figura de la «inviolabilidad» que protege al jefe del Estado que, subraya la Carta Magna, «no está sujeta a responsabilidad», mientras que el segundo remarca que entre las funciones del Congreso está la de controlar al Gobierno, pero no a la Corona.

Hasta ahora todas las iniciativas relativas a la Casa del Rey o a los negocios del rey emérito han sido frenadas en la Mesa del Congreso por el PSOE, el PP y Vox con estos mismos argumentos. Lo mismo sucederá, previsiblemente este martes durante la reunión que celebrará el órgano de gobierno de la Cámara.

De hecho, la semana pasada el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ya dejó claro al ser preguntado por la iniciativa de la CUP que los socialistas no van a «lastrar, enturbiar y perjudicar la estabilidad del sistema», lo que no es óbice para que desde el Gobierno se siga insistiendo en que Juan Carlos I debería dar explicaciones por su actuación.

Precisamente, a raíz del archivo de las diligencias sobre el padre de Felipe VI fueron varios los grupos que insistieron en la necesidad de reformar la figura de la inviolabilidad para delimitarla a los actos públicos del jefe del Estado, dejando fuera los privados. Así lo solicitaron Unidas Podemos, Más País, PNV, Bildu, PDeCAT y Compromís, mientras que el PSOE no lo descartó pero dejó claro que no está entre sus prioridades.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, iniciará este martes una gira por Moldavia y Polonia con la que busca conocer de primera mano la situación de los refugiados ucranianos que han tenido que abandonar su país como resultado de la invasión por parte de Rusia.

Según informan fuentes diplomáticas, en Moldavia el ministro mantendrá reuniones al más alto nivel con las autoridades moldavas además de visitar uno de los centros de acogida de refugiados en Chisinau, la capital.

Moldavia, que de acuerdo con los últimos datos de ACNUR acoge a casi 107.000 refugiados ucranianos, es uno de los países receptores de la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno para colaborar en atender las necesidades de los más de 2,8 millones de personas que han abandonado Ucrania desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero.

A continuación Albares se trasladará a Polonia, principal destino de los refugiados ucranianos hasta el momento y que, según ACNUR, acoge ya a unos 1,7 millones. Aquí, el ministro tiene pervisto recorrer la zona fronteriza con Ucrania y encontrarse en el paso fronterizo de Medyka con los GEO españoles que colaboran en las labores de seguridad. Además, mantendrá una sesión informativa con la Guardia de Frontera polaca.

Posteriormente, según las citadas fuentes, se reunirá en Przemysl con responsables de ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras ONG polacas, además de visitar el centro de acogida donde se presta la primera ayuda a los ucranianos que cruzan la frontera antes de viajar a otros destinos.

Por último se trasladará a Varsovia para reunirse con su homólogo polaco, Zbigniew Rau, y mantener un encuentro con empresarios españoles. España ha realizado hasta el momento dos envíos de ayuda humanitaria con destino Polonia con medicamentos y suministros médicos por valor de casi 400.000 euros.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha subrayado que la propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de implementar en el corto plazo subidas de impuestos a las empresas energéticas, es de «sentido común».

Así lo ha subrayado en Twitter en relación a la posición expresada por el secretario general OCDE, Mathias Cormann, de aplicar esta medida para redirigir parte de los ingresos generados a aliviar el impacto de los elevados precios de la electricidad en los consumidores.

«La OCDE comparte la necesidad de que las empresas eléctricas arrimen el hombro en esta crisis para proteger a las familias frente al alza de precios. Es sentido común», ha enfatizado Belarra.

La formación morada viene demandado que el coste de la actual crisis por la guerra de Ucrania recaiga en las grandes empresas energéticas, al defender medidas que eliminen los denominados ‘beneficios caídos del cielo’, desacoplar el gas del mercado eléctrico y un recargo del 10% en el impuesto de Sociedades para estas compañías.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha comentado también en redes que la OCDE les da «la razón». «Es indecente que mientras el precio de la luz se duplica, las eléctricas se sigan forrando», ha criticado.

CERMI Mujeres, el Ayuntamiento de Mérida y proyectos de la Fundación Sanitas, la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera (FOAPS) y la Asociación Laborvalía, así como el trabajo de investigación PiTDAHgoras, se han hecho con los Premios Reina Letizia 2021 convocados por el Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Los galardones, que se han dado a conocer este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), buscan reconocer el trabajo por la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad e impulsar así el desarrollo de actuaciones para tomar conciencia sobre la materia en distintas áreas.

En esta convocatoria, en la que se ha tenido especialmente en cuenta el reconocimiento de las candidaturas con perspectiva de género, se ha otorgado el premio en la modalidad de defensa de los derechos de las personas con discapacidad a la Fundación CERMI Mujeres como «referente del feminismo de la discapacidad desde un enfoque interseccional», así como por su trabajo en la aprobación de la ley para la erradicación de la esterilización forzada y su apoyo a las mujeres con discapacidad durante la pandemia.

En esta modalidad, también se ha concedido una mención especial a la candidatura de Óscar Moral, jurista con discapacidad, por su labor larga y continuada trayectoria en la defensa de los derechos de las personas discapacidad.

Los Primeros Juegos Inclusivos de la Fundación Sanitas han logrado el premio en la modalidad de deporte inclusivo por sus larga más de once años de actividad.

Asimismo, en la categoría de cultura inclusiva ha triunfado el proyecto ‘Valorarte: la creatividad del talento no explorado’, de la Asociación Laborvalía, por aunar de «modo inspirador» el protagonismo artístico de personas con discapacidad, la co-creación y la multicanalidad de formatos. El proyecto ‘Si Talía fuera ciega’, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se ha llevado la mención especial en esta modalidad.

En tecnología accesible, se ha premiado al proyecto DACTYLS de la FOAPS por su «importante impacto en la autonomía» del colectivo de personas con sordoceguera al aprovechar el potencial de la tecnología para «propiciar la comunicación.

Por otro lado, en la modalidad de accesibilidad y diseño universal de municipios, el premio ha sido para Mérida, por el «compromiso decidido de este Ayuntamiento con la accesibilidad universal».

En investigación, se ha premiado al proyecto PiTDAHgoras, una iniciativa sin coste para los beneficiarios que promueve el desarrollo infantil de las niñas con TDA de forma interdisciplinar, y que basa su aplicación de juego como terapia y aprendizaje.

Inmaculada Vivas Tesón se ha hecho con una mención especial en esta modalidad por su trayectoria académica e investigadora en el ámbito jurídico desarrollando el cumplimiento de los preceptos enunciados en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Por último, la modalidad de inclusión laboral de las personas con discapacidad se ha declarado desierta al no alcanzar las candidaturas presentadas la calidad y compromiso requeridos por la convocatoria.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) apuesta por la eliminación del código 78 del carné, por el cual aquellos aspirantes que se examinan con vehículos automáticos, como son los híbridos o los eléctricos, obtienen un permiso que les impide conducir un vehículo manual, salvo que vuelvan a examinarse con un automóvil de esas características.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya está trabajando en un curso complementario para que quienes se hayan examinado con un coche de estas características, pueda estar igualmente capacitadas para conducir un vehículo manual. «Está en cartera; lo haremos, lo que no puedo decir es cuándo», confirmaba recientemente su director general, Pere Navarro, en el Encuentro Informativo ‘Reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial’, con la colaboración de CEPSA.

«El gran inconveniente que representa el código 78 provoca un doble efecto negativo: por un lado, incrementa la demanda de pruebas en el ya sobrecargado sistema de exámenes; por otro, los alumnos prefieren, como es lógico, prepararse y examinarse con vehículos dotados de una caja de cambios manual», ha explicado la entidad en un comunicado.

En este sentido, CNAE ha advertido de que esta circunstancia hace que las autoescuelas «carezcan de alicientes para adquirir vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, que son todos de cambio automático». «Obviamente, así es muy difícil fomentar el uso de vehículos impulsados por combustibles alternativos en general y eléctricos, en particular», ha subrayado.

«Tenemos que mirar a países como Alemania, Suiza o Francia, los cuales han establecido un régimen de enseñanza y pruebas para los aspirantes a conductores que les ha permitido eludir la restricción que supone el código 78. Quienes obtienen el permiso con dicho código pasan después por la autoescuela donde reciben una formación que los capacita para ir al volante de un vehículo de cambio manual, sin necesidad de examinarse de nuevo», ha indicado Enrique Lorca, presidente de CNAE.

Enrique Lorca ha añadido que «en Alemania el apoyo económico en forma de subvenciones, que el ejecutivo ha impulsado con el objetivo de dinamizar el cambio de modelo, ha propiciado la electrificación total o parcial del parque móvil de buen número de autoescuelas».

Según ha asegurado, este hecho se ha traducido «inmediatamente en un importante incremento» del uso de híbridos y eléctricos por parte de los nuevos conductores; ya que, «gracias a la formación recibida en las autoescuelas, han podido familiarizarse con el uso de los puntos de recarga y percibir las ventajas de estos vehículos, que son más sostenibles y seguros, pues consumen mucha menos energía y por lo general van más equipados con dispositivos de ayuda a la conducción (ADAS) que los de gasolina y gasóleo».

«La crisis energética que vivimos nos demuestra la debilidad del vigente modelo de movilidad y nos recuerda los motivos por los que debemos apostar por una transición hacia otro más sostenible. Para ello son fundamentales tanto la eliminación del código 78 como la subvención directa a las autoescuelas, por parte de la Administración, al objeto de que estas puedan adquirir vehículos eléctricos», ha concluido Enrique Lorca.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá este viernes un juicio contra 17 acusados (una de ellas ha sido declarada en rebeldía), integrantes de una organización dedicada a introducir y distribuir heroína en Galicia, para quienes la Fiscalía pide penas que oscilan entre 4,5 y 17 años de cárcel, además del pago de multas millonarias.

Según el escrito de acusación pública, en esta organización, había un ‘cabecilla’ que contaba con un par de colaboradores estrechos, además de otras personas integrantes de la red y proveedores, cada uno con unas funciones determinadas.

El grupo tenía alquiladas dos cocheras en un edificio de Vigo, que utilizaba, respectivamente, para la recepción de la droga y como laboratorio para su manipulación. De hecho, en uno de esos garajes se encontraron máquinas de prensado hidráulico, moldes, útiles de pesaje y embalaje, o productos químicos de corte, entre otros efectos.

La Fiscalía explica en su escrito que los acusados adoptaban múltiples medidas de seguridad para eludir la acción policial. Así, se comunicaban con teléfonos portugueses que cambiaban constantemente, evitaban las llamadas y mantenían reuniones personales en el interior de vehículos, usaban cabinas públicas para sus comunicaciones y empleaban ‘caletas’ para ocultar la droga que transportaban en los coches.

TRANSACCIONES Y DETENCIONES

Los investigadores pudieron comprobar varias de las transacciones que el grupo realizó entre julio de 2016 y enero de 2017. A lo largo de esos meses, varios integrantes de la red se desplazaron a Madrid para negociar y recoger la heroína que iban a distribuir en Galicia (aunque fueron interceptados a su regreso), y también se produjeron encuentros con proveedores y distribuidores de la droga en la comunidad gallega.

El ‘cabecilla’ de la organización y sus cooperadores más cercanos fueron finalmente detenidos en enero de 2017. En el marco de esta investigación las fuerzas de seguridad se incautaron, además de diversas partidas de heroína, de varios vehículos, teléfonos móviles y tarjetas, dinero, documentación (entre ella documentos italianos falsificados) y una pistola semiautomática.

En esta causa están acusadas 17 personas (una de ellas ha sido declarada en rebeldía), de las que 6 son de nacionalidad extranjera, ciudadanos de Rumanía, Albania, Portugal, Paraguay y Turquía. Además, varios de ellos cuentan con antecedentes por tráfico de drogas, como es el caso del jefe del grupo y uno de sus lugartenientes.

DELITOS Y PENAS

El ministerio público considera a los acusados autores de varios delitos de tráfico de drogas cometidos en el seno de una organización criminal, y en el caso de algunos de ellos, también acusa por un delito de falsedad documental y otro de tenencia ilícita de armas.

Para el jefe de la red pide la pena de 17 años de prisión, y el pago de una multa de 963.000 euros; para uno de sus colaboradores más próximos reclama 12 años de cárcel y multa de casi 771.000 euros; y pide la misma multa y 11 años de prisión para otro de sus ayudantes cercanos. Para un acusado de origen turco, al que atribuye varios delitos, reclama 12,5 años de cárcel y multas que suman más de 103.000 euros.

Asimismo, para el resto de imputados pide condenas que oscilan entre 4,5 y 11,5 años de cárcel, así como multas entre 4.050 euros y casi 1,4 millones de euros.

El Gobierno ha informado este lunes de las primeras cifras recabadas sobre los desplazados ucranianos, tres días después de la apertura del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CRAD) de Pozuelo de Alarcón (Madrid): 469 personas han sido atendidas en estas instalaciones y, además, la Policía Nacional y la Oficina de Asilo y Refugio han tramitado 559 solicitudes de Protección Temporal.

A través de un comunicado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado que estos números corresponden al periodo que va desde la apertura del CRAD, el pasado viernes 11 de marzo, hasta las 15.00 horas del domingo 13 de marzo.

Según los datos recabados por el departamento que lidera José Luis Escrivá, de los atendidos, el 42% son menores y un 58% mayores de edad, siendo en este último grupo mayoría las mujeres (208 frente a 56 hombres).

Además, precisa que las personas ucranianas atendidas proceden en un 33% de la región o de la ciudad de Kiev, el 12% de Odessa, el 10% de Lviv, 10% de Ternopil, el 5% de Kharkiv y se ha atendido a 13 personas que, aunque residían en Ucrania hasta el comienzo del conflicto, son nacionales de terceros países.

Tal y como ha recordado Inclusión, estos últimos pueden acceder a los derechos de la directiva de protección temporal debido a que España aprobó, en el Consejo de Ministros de la pasada semana, una ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de la misma, dando cobertura también a todas las personas residentes en Ucrania en el momento de la invasión.

También destaca el departamento las entrevistas que, en colaboración con ACCEM y ACNUR, se están realizando a los desplazados y que, según ha explicado, permiten conocer detalles sobre las necesidades de acogida tanto de ellos, como de sus propias familias todavía residentes en Ucrania.

En este sentido, Inclusión ha indicado que con estas entrevistas prevé contar con una base de datos sólida, capaz de anticipar cualquier escenario y adaptar los recursos de acogida estatales a la llegada de cuantas familias necesiten atención del Gobierno. En este sentido, han apuntado que de las personas atendidas, el 57% afirma tener algún conocido en España.

Del mismo modo, ha explicado que el 35% de las personas atendidas en los últimos días presenta algún tipo de vulnerabilidad, tales como la necesidad de tratamiento médico, o una atención específica derivada de su edad avanzada.

MÁS DE 550 PERSONAS YA HAN OBTENIDO PROTECCIÓN TEMPORAL

Desde Inclusión también destacan que, desde su puesta en funcionamiento, el ‘Call Center’ habilitado para la atención y petición de cita del Centro de Recepción, Atención y Derivación de Pozuelo (0034 91 047 44 44) ha atendido un total de 1.866 llamadas telefónicas, tanto para pedir cita previa como para solicitar información, especialmente sobre documentación o capacidad de trabajar con la protección temporal.

Además, han apuntado que, al Centro de Recepción, Atención y Derivación de Pozuelo se ha sumado desde este lunes otras 54 comisarías en las que se puede tramitar la documentación.

Por otra parte, el equipo de Escrivá ha informado de que la Policía Nacional y la Oficina de Asilo y Refugio han tramitado en estos tres primeros días de atención unas 559 solicitudes de Protección Temporal.

«Todas ellas se han resuelto ya positivamente, lo que muestra la agilidad con la que se está trabajando en este ámbito, tras la publicación de la Orden Ministerial de simplificación del procedimiento el pasado jueves», ha señalado el Ministerio.

El PSOE ha registrado iniciativa en el Congreso en la que apela a la «responsabilidad» del PP para que «recupere el sentido de Estado» y pueda «continuar contribuyendo al desarrollo de la democracia», no cayendo en actitudes «populistas» y contribuyendo a «ahuyentar los espacios de populismo y autoritarismo» que ya se han hecho con el poder en lugares como Polonia y Hungría a través de partidos a los que Vox toma como «ejemplo».

Así consta en la proposición no de ley que el PSOE registró el 10 de marzo, pocas horas después de que el PP y Vox alcanzaran un acuerdo para gobernar juntos en Castilla y León, lo que supondrá el estreno de lo de Santiago Abascal en un Ejecutivo autonómico.

El texto se debatirá en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de planificación y estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y busca este órgano reafirme su «compromiso por el respeto político e institucional y el fortalecimiento de la democracia», así como con el Objetivo de Desarrollos Sostenible 16, que versa sobre la paz, la justicia y la necesidad de contar con instituciones sólidas.

POLÍTICOS, QUINTA PREOCUPACIÓN NACIONAL

Pero el PSOE utiliza la exposición de motivos para cargar tanto contra el PP como contra Vox. Tras señalar que el mal comportamiento de los políticos es la quinta preocupación nacional según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los socialistas muestran su inquietud por la «desafección» hacia la política que provocan «la polarización, la crispación y la falta de acuerdos y respeto institucional».

«El crecimiento de la polarización sociopolítica como consecuencia de la crisis sanitaria, ha multiplicado comportamientos radicales y poco moderados en algunos miembros de la oposición en nuestro país», censuran los socialistas, que señalan directamente a representantes de la «derecha política» por sus discursos «agresivos», con descalificaciones e insultos.

El PSOE apunta como «ejemplo más reciente» de este comportamiento, la reacción del PP tras el «error humano» de su diputado Alberto Casero, que garantizó la convalidación del decreto ley sobre la reforma laboral, cuando llegó a hablar de «pucherazo», «prevaricación» o «secuestro de la democracia».

«Estos discursos que insultan, ridiculizan, marcan y deshumanizan al adversario político, son el germen de discursos de odio que nos trasladan a otros momentos históricos con tintes oscuros», prosigue el texto, en el que el PSOE también denuncia que «organizaciones políticas de la derecha y la extrema derecha española» han asumido el «populismo», el «extremismo» y la «radicalidad» de «democracias occidentales como Polonía o Hungría».

POLONIA Y HUNGRÍA

De Polonia destaca la «fractura social» generada por Ley y Justicia y de Hungría, señala que el presidente Viktor Orbán, cuya vinculación con Vox pone de relieve, «ha sustituido el orden democrático» por una «autocracia que difumina los límites de la separación de poderes».

El PSOE también sostiene en su iniciativa que el orden democrático social y de derecho consolidado tras la caída del Muro de Berlín está siendo sustituido por «democracias iliberales basadas en un autoritarismo que se apoya en el populismo creciente» y avisa de que las fuerzas que lo están haciendo están siendo «cogidas como ejemplo» en organizaciones como el Frente Nacional francés, la AfD alemana, La Lega italiana o Vox.

En este contexto, considera «prioritario» que el PP «recupere el sentido de Estado para que pueda continuar contribuyendo al desarrollo de la democracia». «En situaciones de crisis económica, política y social es frecuente que opciones populistas consigan hacerse un espacio a causa de la incertidumbre en las sociedades. Por ello, es más necesario si cabe, la responsabilidad de aquellos partidos políticos con mayor experiencia parlamentaria», añade.

Por todo ello, intentará que la Comisión Mixta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible apruebe su texto «para promover y recuperar el respeto institucional y político y ahuyentar los espacios de populismo y autoritarismo que intentan asentarse y destruir las principales democracias europeas».

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 40 años por presuntamente amenazar de muerte a una mujer y al hijo de ésta en Son Gotleu (Palma).

Los hechos se produjeron sobre las 15.50 horas del pasado sábado, cuando una mujer solicitó presencia policial en su domicilio, ya que un hombre al que había denunciado por amenazas de muerte estaba aporreando su puerta.

Una patrulla se personó en el lugar y se entrevistó con la mujer, quien informó que había interpuesto una denuncia por amenazas contra un hombre que amedrentó tanto a ella como a su hijo menor con continuos actos intimidatorios y amenazas de muerte para que se fueran de la vivienda, pidiendo ésta una orden de alejamiento.

Según el relato de la mujer, el hombre le había alquilado la vivienda donde reside creyendo que era el legítimo propietario si bien posteriormente comprobó que la vivienda pertenecía a una entidad bancaria y negoció un nuevo precio de alquiler con el banco y dejó de enviar las mensualidades al hombre. Desde ese momento, el varón quería que se fueran de la vivienda y profería amenazas de muerte contra ella y su hijo.

La víctima relató que, momentos antes, el hombre se había personado nuevamente en el domicilio, tapado con una capucha, y empezó a golpear la puerta, exigiéndole que abrieran la misma con amenazas de muerte.

Por ello, la mujer, muy asustada y nerviosa, llamó a la policía, momento en que el hombre huyó del lugar. Tras efectuar una vigilancia, los agentes localizaron al hombre y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves.