El juez peruano César Hinostroza se someterá este miércoles a una nueva vista de extradición en la Audiencia Nacional para determinar si suma el cohecho activo, por supuestamente sobornar a una trabajadora pública para huir del país, a los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios por los que ya ha sido acordada su entrega a la nación andina, que le reclama por el llamado caso de ‘Los cuellos blancos’.
Hinostroza, antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está señalado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción judicial conocido como ‘Los cuellos blancos’, que las autoridades peruanas describen como una organización criminal instalada en el Poder Judicial y dedicada a sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para beneficiar a políticos y empresarios con problemas con la ley.
En el marco de esa investigación penal, se prohibió a Hinostroza abandonar Perú, pero en octubre de 2018 habría pagado 10.000 dólares a una funcionaria de migraciones para salir del país por la frontera de Tumbes. Según el relato de hechos realizado por las autoridades peruanas, y que recoge la Fiscalía española, introdujeron el DNI de la trabajadora pública para evitar que saltaran las «alarmas» del sistema.
El escrito fiscal destaca que «una cosa es que se dicte un auto de prohibición de salida de un Estado, y que dicho auto pueda ser o no recurrido a través de los cauces correspondientes, y otra muy distinta es que, mientras esté en vigor, se trate de eludirlo por medio de maniobras corruptoras».
Tal conducta en España constituiría un delito de cohecho activo castigado con pena de dos a cuatro años de cárcel, multa de uno a dos años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años.
La vista para examinar si procede ampliar la extradición de Hinostroza a este delito debía haberse celebrado el pasado 19 de abril, pero se suspendió a instancias de la defensa para esperar a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronunciara sobre la petición de asilo formulada por el juez peruano, que finalmente fue rechazada en septiembre.
En esa ocasión, Hinostroza alegó brevemente que es víctima de una «cacería» política porque se le considera «brazo legal» del partido ‘fujimorista’ Fuerza Popular. Si huyó de Perú, aseguró, fue porque recibió «amenazas de muerte» y su vida corría peligro.
SEGUNDA AMPLIACIÓN
El Gobierno español autorizó en julio la entrega de Hinostroza por posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno en septiembre de 2019.
Lima le reclamaba también por organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluir este presunto delito al entender que no se dan los «datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en qué se concretó y cuál fue la participación de cada uno de los miembros».
La representación peruana formuló entonces una primera solicitud de ampliación de la extradición para intentar mantener el delito de organización criminal, que fue rechazada, por lo que ya solo queda pendiente esta segunda ampliación por cohecho activo.
Hinostroza salió de Perú el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España. Fue enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, tras declarar ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata. Sin embargo, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.
