La vista celebrada este lunes en la Audiencia Nacional para decidir si la extradición del ex juez peruano César Hinostroza se amplía al delito de cohecho activo, que se sumaría a los de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas por los que ya fue autorizada su entrega al país andino, ha quedado suspendida a la espera de que se resuelva su petición de asilo.
El objetivo de la vista era analizar la solicitud realizada por el Estado peruano para incluir el delito de cohecho activo en el pliego de cargos por el que se acordó su extradición, si bien la defensa ha planteado suspenderla hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la propia Audiencia Nacional se pronuncie sobre la petición de asilo de Hinostroza.
El abogado defensor ha fundado su petición en el riesgo de que haya dos resoluciones contradictorias, un riesgo que ha apreciado también el fiscal, señalando además que el proceso contencioso-administrativo lleva ya más de un año, por lo que ha abogado por esperar a que concluya.
El letrado del Estado peruano, por su parte, ha accedido a lo que acordara el tribunal, aunque ha negado que Hinostroza sea víctima de una persecución política que permita detener la extradición.
En cambio, Hinostroza ha incidido precisamente en que ha sufrido una «violación flagrante de derechos fundamentales» en Perú, denunciando que el proceso que se sigue allí en su contra tiene un «interés político» porque se le considera «brazo legal» del partido ‘fujimorista’ Fuerza Popular. «Se ha iniciado una cacería contra mi persona», ha afirmado.
Así, ha vuelto a contar que huyó de Perú para proteger su vida. «Dejando a mis niñas solas allá, desprotegidas, porque peligraba mi vida, mi integridad física», ha declarado, detallando que recibió «amenazas de muerte».
Hinostroza ha mencionado a modo de prueba «nuevos hechos gravísimos» que se han conocido recientemente, a raíz de la salida de Martín Vizcarra de la Presidencia de Perú, según los cuales este último se habría reunido con fiscales y policía para que interceptaran sus comunicaciones.
SEGUNDA AMPLIACIÓN
El Gobierno español autorizó el pasado mes de julio la extradición a Perú de Hinostroza por posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno en septiembre de 2019.
Las autoridades peruanas le reclamaban también por el presunto delito de organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluirlo al entender que no se dan los «datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en qué se concretó y cuál fue la participación de cada uno de los miembros».
La representación peruana formuló entonces una primera solicitud de ampliación de la extradición para intentar mantener el delito de organización criminal, que fue rechazada. Quedaba pendiente una segunda petición –la que se ha abordado este lunes– para incorporar uno de cohecho activo ya que, según las autoridades peruanas, Hinostroza entregó 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones en la localidad de Tombes para poder huir del país.
EN LIBERTAD PROVISIONAL
Hinostroza salió de Perú el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España, donde fue detenido y enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, tras declarar ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata. Sin embargo, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.
A su llegada a España solicitó asilo, una petición de protección internacional que le fue denegada. La defensa de Hinostroza ha recurrido y está pendiente de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se pronuncie al respecto.
Hinostroza, antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está señalado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción judicial conocido como ‘Los cuellos blancos’, descrito por las autoridades peruanas como una organización criminal instalada en el Poder Judicial y dedicada a sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para beneficiar a políticos y empresarios con problemas con la ley.