La expresidenta de Infancia Libre María Sevilla recurrirá la condena a dos años y cuatro meses de cárcel impuesta por hacer desaparecer a su hijo en 2017, si bien ha asegurado que si es firme y tiene que entrar en la cárcel lo haré «con la cabeza bien alta y el corazón lleno de amor» hacia su hijo.
Sevilla ha sido condenada por un delito de sustracción de menores, pero absuelta del delito de abandono del que había sido acusada por la Fiscalía. La condena contempla la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante cuatro años.
En su intervención, la expresidenta de Infancia Libre ha subrayado que nunca ha negado que se llevara al pequeño, quien fue hallado en la madrugada del 30 de marzo de 2019 por la Policía de la Unidad Adscrita de Plaza de Castilla en una finca próxima a Cuenca. El menor, que tenía entonces 11 años, fue entregado al padre y Sevilla quedó en libertad.
«Acato la sentencia cuando sea firme. Peor de ninguna manera me vais a ver entrar en la cárcel con la cabeza agachada. Entraré con la cabeza bien alta y el corazón lleno de amor», ha reseñado.
Al hilo, ha incidido en que siempre ha creído a su hijo y no va a parar «hasta luchar por defender sus derechos fundamentales». «Esta es mi verdad. Si por creerle y protegerlo tengo que entrar en la cárcel, lo haré. No tengo ningún miedo», ha aseverado.
Su expareja y denunciante del caso ha señalado a Europa Press que no recurrirá el fallo al estar «satisfecho» si bien la condena no recoge los años que solicitaba de cuatro años de cárcel. «Creo que se ha hecho Justicia y no vamos a recurrir», ha señalado. La sentencia tampoco será recurrirá por la Fiscalía de Madrid.
María Sevilla también estuvo inmersa en otra investigación abierta por la Fiscalía por la existencia de una supuesta trama criminal y que fue archivada al no haber «datos objetivos» para poder asegurar que Infancia Libre funcionaba como una organización ilícita.
JUICIO CONTRA SEVILLA
En el juicio, que se celebró el pasado 1 de octubre, la Fiscalía de Madrid solicitó una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular en nombre de su exmarido elevó la solicitud a cuatro años y medio, mientras que su defensa solicitó la libre absolución.
Los agentes de la Policía Nacional que participaron en marzo de 2019 en su detención relataron en el plenario el estado en el que se encontraban sus dos hijos, a quienes tenía sin escolarizar ocultos en una finca de Villar de Cañas (Cuenca).
«Había operaciones en las ventanas y versos de la Biblia en las paredes. Nos impactó la palidez de los niños y que la niña –hija con su actual pareja– hacía cosas raras, gestos y sonidos imitando al perro olfateando el aire», narraron.
En la vista, la acusada explicó que en febrero de 2017 abandonó el domicilio al tener la custodia del hijo que tuvo con su exmarido, manifestando que no tenía constancia del auto por el que un juez la obligaba a entregar al pequeño.
Según su versión, no se le notificó la resolución. Además, hizo alusión a varios informes médicos de la Seguridad Social que desaconsejaran que el pequeño estuvieran con su padre.
