El condenado abordaba a las mujeres en una playa en el término situado entre Sueca y Cullera, en Valencia, y les agredía sexualmente o intentaba hacerlo en otras, aprovechando que estaban solas. La Sala ha desestimado la alegación del recurrente que alegó la eximente de padecer una enfermedad mental que le impedía poder reprimir el instinto de ataque sexual que padecía en torno a la perversión sexual que, según él, le llevaba a cometer estos actos.

El Tribunal sostiene en su sentencia que quedaron debidamente probados los 11 ataques a la libertad sexual de las víctimas, dada la declaración de las víctimas y el reconocimiento del condenado, habiéndole una de ellas grabado la imagen con el teléfono móvil cuando fue agredida y al huir de su agresor.

Sobre la alegación de la parafilia como enfermedad, que alega el condenado le afectaba en su voluntad y conocimiento de esos ataques, el tribunal señala que “es importante destacar que los expertos no han hallado trastornos psicológicos o cambios orgánicos que brinden una explicación sobre el origen de una práctica parafílica. Estas desviaciones, de todos modos, pueden tratarse mediante la terapia psicoanalítica. El problema surge ante la falta de tratamiento y el peligro que se causa a las víctimas con estas conductas al disponer el sujeto de la conciencia y voluntad de lo que hace, lo que impide acudir a la exención de responsabilidad penal que propugna el recurrente».

Se llama «parafilia» a lo que en la ley se denomina «perversiones». Indica que algunos psicoanalistas y psiquiatras aún la denominan así, y ello no puede en modo alguno, por sí mismo, anular la conciencia y voluntad del mal que se está haciendo. Se sabe y conoce lo que se hace. Se sabe que es incorrecto, y pese a ello persiste en su conducta.

Agrega que el efecto más negativo se puede constatar en los presentes hechos probados, donde se acredita y constata la reiteración de conductas de ataque sexual, reiteradas y con semejante modus operandi, con empleo de la violencia en la mayoría de los casos, lo que agrava la situación de las víctimas, que ante esta perversión del sujeto activo se convierten en víctimas del deseo del autor de los hechos.

La Sala en su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, señala que “es un deseo impulsivo y compulsivo de realizar el acto o de fantasearlo. De hecho los individuos que la practican pueden parecer exteriormente tan normales como cualquier otra persona. Sobre la afectación a la conciencia y voluntad del sujeto y si puede apreciarse como eximente completa del artículo 20.1 del Código Penal la doctrina rechaza categóricamente esta posibilidad. Y ello, porque se considera que son sujetos libres de actuar al tener capacidad de querer, de entender y de obrar plenas, y que no impide ni limita la capacidad de actuar conforme al conocimiento de la ilicitud de acción salvo cuando se asocia a otros trastornos psíquicos relevantes como la toxicomanía, el alcoholismo o la neurosis depresiva. La doctrina especializada en esta materia médico-jurídica señala, asimismo, la dificultad para reconocer la incidencia de estos sujetos en la imputabilidad de quien los sufre, pues son definidos jurídicamente como imputables.”

El tribunal concluye que “el descontrol de actitud de la parafilia, que conlleva el deseo de llevar a cabo actos sexuales con mujeres, no puede ser utilizado para postular una anulación de la responsabilidad penal, por cuanto esta no puede existir al no constatarse una inimputabilidad, sino que el sujeto tiene la plena conciencia y voluntad del mal que está haciendo, siendo consciente de que está reprobado desde el punto de vista social y es actitud prohibida, pese a lo cual opta por ejercer su deseo a llevar a cabo el acto con conciencia y voluntad de lo que está haciendo y que con su conducta causa daño a las mujeres a las que se acercó y realizó ataques contra su libertad sexual, uno de los delitos más execrables que pueden darse por llevarse a cabo contra el cuerpo de las mujeres en este caso, y contra su libertad de decidir sexual, ocasionando en muchos casos traumas importantes ante una conducta de ataque del sujeto activo del delito que es imposible de olvidar”.

“La reprochabilidad penal de la conducta”, dice la Sala, “no puede quedar anulada por el alegato de exención de responsabilidad penal del recurrente ante un deseo que es evitable por la conciencia y voluntad de su conducta ilícita y dañina, no pudiendo convertir en irrelevante lo que lo es, bajo el abrigo de la parafilia. Por todo ello, en general, estos trastornos suelen afectar levemente a la imputabilidad del sujeto, dándose en los casos más acusados la aplicación de una atenuante analógica. Esta sala del Tribunal Supremo ha decretado que no se da el caso de una eximente completa ya que “estos sujetos son libres de actuar al tener una capacidad de querer, de entender y de obrar, plenas”.

Así lo expresó en la conferencia que ofreció en Servimedia con motivo del 30 aniversario de esta agencia de noticias, en la que puso en valor la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de poner en marcha el proceso jurídico para exhumar los restos del dictador del valle de Cuelgamuros, donde se encuentra el mausoleo.

La continuidad de Franco en el Valle de los Caídos suponía, en el fondo, una especie de “reconocimiento” y el hecho de que “no esté siendo fácil jurídicamente” es parte de la “grandeza de la democracia” ante un hecho sobre “algo tan evidente» a priori que parecería lógico que se dijese: «sáquese”.

Tras ensalzar la Ley de Memoria Histórica que impulsó su Ejecutivo, Zapatero comentó que “todos los países tenemos algunas de estas anomalías” y el espíritu de su norma “se desprende que ni el Valle ni ningún otro sitio, puede ser recinto de homenaje a la dictadura y al dictador”. Así que “la consecuencia lógica es que el dictador debe salir de ahí”.

Así las cosas, reconoció que le “sorprende” que haya “voces que todavía digan que no es un tema”, porque entiende que “nadie debería perturbar” este procedimiento de exhumación.

“Ojalá se pueda convencer al PP de que las iniciativas de memoria se hacen no por coyuntura, sino por dar justica a quién no la tuvo”, remachó.

En una carta abierta publicada en las redes sociales, Forn explica que se trata de una decisión “rumiada” en la celda, después de más de catorce meses en prisión preventiva, en vísperas de que se inicie el juicio por unos delitos “de los que se me acusa injustamente” y que afronta convencido de su inocencia y de la oportunidad para “hacer prevalecer la dignidad y la coherencia por encima del sinsentido de la represión y del escarnio al que se han sometido las costuras del Estado de Derecho”.

Reconoce que su condición personal “no es irrelevante” pero la decisión trasciende esa coyuntura, y que se presenta porque tiene a Barcelona “en la cabeza y en el corazón”, la conoce como gran ciudad que debe garantizar el bienestar de su gente al tiempo que preserva sus atributos y sus peculiaridades. Recuerda, en ese sentido, que ha sido primer teniente de alcalde con responsabilidad directa sobre la seguridad pública y la movilidad.

Sabe, asegura, que la ciudad “es y debe ser de todos” y que Barcelona “no es amiga de sectarismos de ningún tipo”. Explica que quiere ser “motor del cambio en la reversión del modelo al que Barcelona está sometida desde las últimas elecciones municipales”, y encabezar un proyecto integrador que sitúe “la capital del país” como eje principal de su acción , dando continuidad al proyecto de Trías.

Se presenta también, dice, porque tiene derecho a hacerlo, y porque dar por hecho que se le arrebatan sus derechos políticos, juntamente con la libertad, “sería aceptar y dar por buenas las razones de quienes han construido artificialmente la narrativa que me mantiene en prisión”. Proclama que es inocente y que se siente, pese a estar preso, libre y en igualdad de condiciones respecto de las demás personas que deseen concurrir a las elecciones.

Admite que estar encerrado no es ninguna ventaja, “más bien al contrario”, pero sería deshonesto consigo mismo y con su ciudad si aceptara docilmente que eso es suficiente para imposibilitar la puesta en marcha de un proyecto de transformación para Barcelona. En su proyecto, añade, cabe “cualquiera” que asuma que el objetivo es gobernar la ciudad, y que Barcelona “no es un cromo que cambiar ni una variable secundaria de una ecuación múltiple”.

Anuncia que cuenta con el talento, la experiencia y el compromiso de Neus Munté, que fue consejera de Presidencia con Carles Puigdemont, comprometida con la ciudad, “conocedora de su realidad, experimentada en la gestión pública y dispuesta a ponerse al servicio de ese proyecto”.

Su objetivo, reitera, es que Barcelona vuelva a ser un “espacio de convivencia”, capital de Cataluña “y de las libertades”, una ciudad que respete la diferencia, que teja consensos, “que no imponga sino que seduzca, que escuche y no que haga callar”, que entienda el Ayuntamiento como punto de encuentro de todas las visiones de la ciudad y al servicio de todos y cada uno de sus ciudadanos.

Bauzá se da de baja del PP pic.twitter.com/L3LuKoh6aq

— Pablo Montesinos (@montesinospablo) 23 de enero de 2019

«Acabo de votar a todo que no. Y así lo seguiré haciendo mientras el PSOE siga bloqueando el Open Arms y el Aita Mari. Si Sánchez hace lo mismo que Trump y Salvini hay que decir BASTA», explicó ella misma en su perfil de Twitter, calificando como de «extrema derecha» las medidas de retención del buque de salvamento.

«Los derechos humanos no son negociables», proclamó Sibina citando una frase del programa electoral de Podemos. Apoyar con mi voto al Gobierno de Pedro Sánchez contribuye a normalizar un ataque a los derechos humanos que debería ser una línea roja no sujeta a negociación.

Así, si Unidos Podemos votó a favor de cinco de los decretos-ley que se llevaban a convalidar, en contra de otros dos y se abstuvo en el restante, Sibina optó por rechazarlos todos. Segun indicaron a Servimedia fuentes de En Comú Podem, es la primera vez que adopta esta iniciativa en protesta por una medida perjudicial para los refugiados.

Justicia informó de que la investigación ha sido realizada por expertos del Área de Geofísica Aplicada del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, que el pasado 21 de enero envió los resultados a la Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia.

Los expertos han analizado el entorno de la fuente situada en la placeta principal del Parque Federico García Lorca en Alfacar (Granada), tras lo cual descartan “la existencia de restos humanos enterrados en su subsuelo”. Este parque fue construido en el lugar de Alfacar donde se cree fue asesinado el poeta el 18 de julio de 1936.

La Dirección General para la Memoria Histórica, en colaboración con su homónima de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, fue la que encargó el pasado mes de diciembre los análisis de esa zona del parque García Lorca de Alfacar ante las informaciones sobre la existencia de restos humanos allí enterrados, que habrían sido detectados durante las obras de construcción del recinto ajardinado en los años ochenta.

SIN “ANOMALÍAS” EN EL TERRENO

En la investigación del área señalada, el equipo del Instituto Andaluz de Geofísica ha utilizado como equipo transmisor-receptor un radar de subsuelo monocanal modelo SIR 3000 con una antena de 400 megahercios.

Ese equipo ha permitido obtener información solvente sobre las distintas capas que presenta el terreno: una primera superficial, correspondiente al empedrado granadino, de unos 10 a 15 centímetros de profundidad; una segunda capa consistente en un cimiento con forjado de hierro de también unos 10 a 15 centímetros de espesor, y, debajo de las anteriores, una capa de regularización de grosor irregular bajo la que se encuentra el terreno natural. El radar utilizado ha permitido explorar el suelo hasta una profundidad de 2,5 metros.

El análisis de los radargramas (imágenes del subsuelo obtenidas mediante la emisión de pulsos de energía electromagnética en la banda de radio-frecuencia) procedentes del exhaustivo barrido del terreno ha permitido a los expertos del Instituto Andaluz de Geofísica concluir que no hay “anomalías” que permitan sospechar la presencia de restos humanos en el subsuelo.

La norma recibió 343 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones para convalidarse, y 346 votos favorables a tramitarlo como proyecto de ley por procedimiento de urgencia y uno en contra.

Durante su intervención, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, repasó el acuerdo, que contempla una subida salarial fija del 2,25% este año, que se aplica ya de manera lineal para todos los empleados públicos, más un 0,25% variable ligado al PIB y otro 0,25% ligado a la negociación de fondos adicionales.

La ministra destacó que con este decreto, cuyo contenido fue acordado con los sindicatos por el anterior Gobierno y posibilita la subida salarial desde el 1 de enero, se da un “impulso” a la Función Pública, es “un acto de justicia” y constituye una “decisión de política económica de impulso de la recuperación salarial y de consolidación de la dinámica de crecimiento económico”.

Justificó que se aprobó a finales del año pasado para que tuviera efectos desde el 1 de enero de este año y se evitara una “congelación” salarial, y quiso agradecer la “dinámica de cooperación en conversaciones previas” con los grupos parlamentarios.

Por parte de la oposición, desde las filas del PP, la diputada Susana López recordó que el real decreto-ley es consecuencia de los acuerdos del PP con los sindicatos y no del PSOE, y por ello, consideró que la ministra “tendría que dar las gracias y pedir perdón por no reconocer el trabajo de otros”.

Criticó que el Gobierno “se dedica a la foto de la vergüenza, la de mantener sentado al señor Pedro Sánchez en La Moncloa”.

Desde Unidos Podemos, María Auxiliadora Honorato saludó las medidas pero las consideró insuficientes. Esta diputada sostuvo que la recuperación de derechos económicos que habían sufrido los empleados públicos no puede condicionarse a la mejora de la economía.

Por parte de Ciudadanos, Vicente Ten calificó de “supermartes” la jornada por debatirse la convalidación o derogación de ocho reales decretos-ley. Criticó al Gobierno por poner “en riesgo” el crecimiento económico y apuntó que Sánchez “no es de fiar”.

✅ El Pleno del Congreso convalida el Real Decreto-ley 24/2018, por el que se aprueba un incremento retributivo del sector público.

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— Congreso (@Congreso_Es) 22 de enero de 2019