La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que si todo va según la hoja de ruta prevista, en los "próximos días" se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para finales de mes o principios de octubre, cuando se llevará también al Congreso el límite de gasto no financiero ('techo de gasto'), para presentar a lo largo del mes de octubre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 para su tramitación con el objetivo de que esté aprobado "a finales de diciembre o principios de enero".

Así lo ha detallado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado este calendario "inamovido" que, según ha asegurado, el Gobierno tenía previsto "desde el primer momento" y que se desarrollará "si todo va según la hoja de ruta prevista".

Montero ha indicado que se estaría en condiciones de convocar "en los próximos días" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), sobre lo que ha apuntado que se está pendiente de cerrar los cálculos de las entregas a cuenta del sistema de financiación de las CC.AA., así como las previsiones del Gobierno, e informará sobre el 'techo de gasto' y las cuestiones que atañen para tener una base sobre la que construir sus Presupuestos, junto al cálculo sobre los fondos europeos.

"La hoja de ruta es que las comunidades se puedan reunir a lo largo del mes de septiembre, como mucho en los primeros días de octubre", ha precisado, para añadir que coincidiendo con la reunión del CPFF y como "elemento necesario" para el siguiente paso, está previsto llevar el 'techo de gasto' al Congreso a finales de mes también.

A continuación, ha precisado, se presentará a lo largo del mes de octubre el proyecto de Presupuestos para su tramitación en el Congreso con el objetivo de que sea aprobado "en las fechas más cercanas, a finales de diciembre o principios de enero".

La ministra ha explicado que las nuevas cuentas públicas están en fase de elaboración y que "en torno a un 80% del Presupuesto está elaborado y consensuado", si bien queda un 20% que queda sujeto a la consideración de los diferentes grupos políticos. Por ello, ha rehusado dar detalles del contenido de las cuentas al ser necesaria la "discreción" para que una medida concreta no despierte el rechazo en las formaciones, sino que se trabaje por la "integralidad" del proyecto.

"Ahora deseamos y esperamos que las formaciones respalden este proyecto de PGE que va a vehicular los fondos europeos que van a permitir la reconstrucción económica del país y el combate contra la desigualdad", ha añadido Montero, quien ha esperado que los PGE cuenten con "el mayor respaldo posible".

En esta línea, ha realizado una nueva invitación, expresamente también al PP, para intentar concitar los mayores apoyos posibles para unos PGE "de país" con las que España "se jeuga su presente y su futuro".

La ministra de Hacienda ha indicado que en el orden del día del CPFF se incorporará la comunicación de las entregas a cuenta y los elementos necesarios para que las regiones elaboren sus propios presupuestos, si bien no se tratará de pleno una reforma del sistema de financiación, aunque sigue siguiendo un objetivo par la legislatura con el fin de mejorar la inyección de recursos de todas las comunidades.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado que, previsiblemente, la Comisión de Salud Pública va a acordar rebajar la cuarentena de 14 a 10 días para los contactos estrechos de un caso confirmado de Covid-19, sin que sea necesario que tengan una PCR negativa.

Illa se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, haya anunciado que Cataluña reducirá a partir de la semana que viene de 14 a 10 días la cuarentena de contactos estrechos por coronavirus.

En la actualidad, según ha recordado el ministro de Sanidad, los protocolos establecen que las personas positivas por PCR las cuarentenas se pueden reducir de 14 a 10 días, si en los últimos tres días la persona no presente síntomas. En cuanto a los contactos estrechos, que no han dado positivo en una PCR, éstos pueden reducir la cuarentena a 10 días si en el décimo día hay una PCR es negativa.

Ante este escenario, la Comisión de Salud Pública ha acordado que en el caso de los contactos estrechos se reduzcan las cuarentenas a 10 días sin necesidad de tener una PCR negativa. "La información que tengo es que hay un acuerdo amplio, sino unánime, en esta decisión y lo más probable es que se adopte", ha apostillado.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado este martes "esperanzada y convencida" de que habrá acuerdo con sindicatos y empresarios para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre.

"Estoy convencida de que no saldremos de la mesa sin un acuerdo", ha asegurado la ministra, que ha añadido que la negociación de los ERTE se ha visto demorada para poder alcanzar el acuerdo sobre el teletrabajo, aprobado hoy en Consejo de Ministros.

Díaz ha querido mandar un "mensaje de confianza" en que los ERTE tendrán continuidad a partir de octubre, aunque ha reconocido que el mecanismo que se ideó para los llamados 'ERTE de rebrote' "puede no servir" para situaciones como la que se está viviendo en Madrid.

En todo caso y pese a mostrarse confiada en que habrá acuerdo para prorrogar los ERTE, la ministra ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para hacerlo posible.

Preguntada por el objetivo del Gobierno de modificar la reforma laboral, Díaz ha insistido en que se hará cuando llegue el momento, pero siempre con diálogo social. "Me gustaría que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo. Las legislaciones de la austeridad han demostrado que no sirven para esta crisis social. Por tanto, sosiego, buena mano y mucho diálogo social", ha resumido.

Por otro lado, y en relación a las diferencias de actitud entre los agentes sociales y el PP a la hora de alcanzar acuerdos, la ministra ha considerado que ésta es una "anomalía española".

"Los agentes sociales siempre han estado a la altura de las circunstancias y han decidido algo que les engrandece: no hacer política con la crisis sanitaria, algo que es normal en los países de nuestro entorno. Quizá sea el principal partido de la oposición el que explique su actitud", ha apuntado.

En este sentido, la ministra ha lamentado que el partido que lidera Pablo Casado "no acompañara" la aprobación de los ERTE o del Plan Mecuida cuando tuvo la oportunidad. Están como ajenos a la gestión de la vida de la gente. Es una enorme lástima. Es legítimo defender una posición ideológica, pero no es legítimo poner en jaque la recuperación económica y del empleo", ha advertido.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que su Gobierno no hará ninguna recomendación sobre "limitar la presencia" de ciudadanos procedentes de la Comunidad de Madrid, pero sí se llevará a cabo una monitorización de las segundas residencias que tienen algunos de ellos en la región andaluza para controlar cualquier situación de brote de coronavirus importado.

Moreno se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que este martes se ha desarrollo en la ciudad de Úbeda (Jaén). Ha sido preguntado sobre si su Gobierno tiene previsto hacer lo mismo que el Ejecutivo catalán, que recomienda no viajar a Madrid y controlará la llegada de ciudadanos de esta comunidad a aeropuertos y estaciones.

El presidente ha indicado que Andalucía es una comunidad solidaria y abierta al mundo y, en ese sentido, no se va a plantear una recomendación sobre "limitar la presencia" de ciudadanos procedentes de la Comunidad de Madrid, aunque sí se va a llevar a cabo un proceso de monitorización de las segundas residencias que puedan tener en esta región, sobre todo, en las zonas de la costa, para controlar cualquier situación de un posible brote de coronavirus importado.

Moreno ha considerado que el planteamiento del Gobierno catalán hacia los ciudadanos de una comunidad que se está viendo especialmente azotada en este momento por el coronavirus no es "prudente ni oportuno".

Un total de 29 alcaldes de toda la geografía española ha solicitado al Gobierno que abra un diálogo con el Ministerio de Hacienda para negociar el reparto de fondos de la COVID-19 en igualdad y solidaridad, después de conocer "la nueva e insuficiente" propuesta de Real Decreto.

El alcalde de Palencia, Mario Simón, que se ha unido a este grupos de ediles con quienes ha tenido una reunión telemática este martes, ha hecho llegar un documento elaborado después de la misma en el que se refleja el sentir de todos los dirigentes firmantes.

"Resulta imprescindible lograr un acuerdo satisfactorio para que todas las entidades locales de España reciban urgentemente ayudas adecuadas para afrontar las graves repercusiones financieras de la pandemia por la COVID-19", tal y como se puede leer en el mismo, en el que apunta que desde una voluntad "sincera de diálogo" es necesario alcanzar un buen acuerdo con soluciones y medidas para dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos de todos los municipios.

Así, señalan que esa nueva negociación debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP los pasados 2 de abril y 22 de mayo para reclamar al Gobierno de España que "arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus", con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público.

"Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica", subrayan.

El documento recuerda que el Gobierno central debe incluir en su nueva propuesta de Real Decreto, además de la aplicación de superávits, la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad al menos para 2020 y 2021, las medidas de ayuda directa que cuentan con un amplio respaldo político: un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro fondo específico de 1.000 millones para la financiación del transporte municipal.

"Igualmente, es indispensable garantizar en ese futuro decreto que las Entidades Locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos una vez concretadas las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la Unión Europea", añaden.

LIBRE DISPOSICIÓN DE REMANENTES

Por eso, los alcaldes reclaman que los ayuntamientos "puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años", para destinarlos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades.

Por último, Simón, junto a los regidores de Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Valencia y Zaragoza, ha subrayado la necesidad "imperiosa y urgente" de recibir ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando los servicios y medidas anti-COVID que necesarios y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fallado que la Conselleria de Interior de la Generalitat incumplió, a raíz de la pandemia de coronavirus, su "deber de protección de los funcionarios" de Mossos d'Esquadra en materia de riesgos laborales.

La sentencia señala que el departamento ha incumplido sus deberes en cuanto a la evaluación de riesgos laborales y riesgos biológicos, suministración de equipos de protección y otras medidas de protección y vigilancia de la salud, como las pruebas PCR.

En este sentido, detalla que durante marzo y la primera quincena de abril "se produjo una situación de desabastecimiento de las mascarillas y guantes de protección que precisaban los agentes", por lo que algunos usaron medios propios y varias comisarías recibieron donaciones de mascarillas y guantes.

Así, el tribunal estima en parte la demanda de conflicto colectivo que el sindicato de Mossos Uspac presentó en mayo, condena a la Conselleria a hacer la evaluación de riesgos laborales y planificar la prevención en todos los puestos de trabajo del cuerpo, y puntualiza que deberá incluir la valoración de riesgos biológicos y bacteriológicos.

Sobre las pruebas PCR, la sentencia recoge que se empezaron los tests a mossos en abril de 2020 a través de dos laboratorios: de unos 2.000 agentes del cuerpo, 875 se hicieron la prueba y el 86% de estos volvieron a su lugar de trabajo.

El 14 de abril se dejaron de hacer las pruebas a raíz de una providencia de la misma Sala del TSJC, que acordó hacer los tests en el domicilio de los agentes, y "se detuvo la realización de las pruebas que se estaban realizando, a la espera de poder realizarlas de acuerdo con las instrucciones o criterios que, la autoridad sanitaria, fijase en esta cuestión".

Desde ese día, médicos de atención primaria hacen pruebas a los agentes de Mossos, pero el tribunal critica que hasta el 28 de abril "se desconoce por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales el número de PCR que se han realizado la sanidad pública".

UN 13% DE AGENTES AFECTADOS

Hasta mediados de mayo, en el cuerpo de Mossos hubo 2.466 bajas por Covid-19 y 1.452 altas, lo que supone una afectación del 13,80% de la plantilla, la mayoría de mossos de entre 36 y 50 años.

Sin embargo, la sentencia considera que se ha infringido el deber de protección porque no consta el número de bajas de agentes por coronavirus entre el 10 de marzo y el 1 de abril, y que se reincorporaron antes de hacerse la prueba PCR.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, no ha desautorizado la manifestación convocada contra la gestión del Gobierno de Madrid frente al coronavirus, más allá de aconsejar el uso de mascarilla y la distancia social, y ha dicho compartir la indignación de quienes protestan porque en esta región "la situación es muy complicada" y hay "transmisión comunitaria".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de Congreso, Lastra ha cuestionado las medidas de la Comunidad de Madrid ya que, a su juicio, penalizan a los trabajadores, "los mismos" a los que se aplaudía en marzo, durante el estado de alarma. "Las víctimas son los cientos de miles de trabajadores que ahora se ven estigmatizados y confinados", ha añadido.

Al ser preguntada cómo casan estas críticas con el llamamiento a la unidad que hacía el día anterior el presidente Pedro Sanchez tras reunirse con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la vicesecretaria general del PSOE ha asegurado que seguirá exigiendo al PP de Madrid más rastreadores, más personal sanitario y que se abran los centros de salud y se solucionen los metros hacinados.

"Esto no es un ataque al PP y a Díaz Ayuso, es una epidemia que esta golpeando con mucha fuerza a la Comunidad de Madrid y ante la que no sirve mirar para otro lado -ha resumido-. Es el momento de que lideren la respuesta a la epidemia en Madrid, no de que se dediquen a echar balones fuera".

Es más, ha dicho entender e incluso "compartir" la "indignación" de quienes protestan las medidas de Díaz Ayuso y ha cuestionado que quienes animaban a manifestarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el estado de alarma en primavera ahora desaconsejen manifestaciones.

EN MADRID HAY TRANSMISIÓN COMUNITARIA

En ese sentido, la número dos del PSOE no ha criticado la celebración de esa manifestación, aunque ha pedido respetar la distancia de seguridad y el uso de mascarilla, y ha insistido en que en Madrid "la situación es muy complicada" y "hay transmisión comunitaria".

Eso sí, pese a la insistencia de los periodistas, Lastra no ha aclarado si acudirán a esa manifestación contra el Gobierno de Madrid y ha optado por abandonar la rueda de prensa pese a las preguntas pendientes de responder.

El Govern ha aprobado este martes otorgar la Medalla de Oro de la institución al cantautor Lluís Llach y a la maestra Teresa Codina en reconocimiento a su trayectoria en el campo de la cultura y la pedagogía, respectivamente.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha recordado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, propuso otorgarles "la máxima distinción honorífica" de la Generalitat.

La Medalla de Oro de la Generalitat se creó en 1978 para reconocer a las personas que han presentado servicios eminentes y extraordinarios a Catalunya en el ámbito político, social, económico, cultural y científico, y el año pasado fue para la demógrafa y geógrafa Anna Maria Cabré y el escritor Josep Vallverdú.

Llach, que nació en Girona el año 1948, fue uno de los integrantes del grupo de artistas denominado 'Setze Jutges', en el que se incorporó en 1967, y se convirtió en una de las figuras más populares de la 'Nova Cançó'.

CANCIÓN CATALANA

Además de letras propias, ha puesto música a textos de poetas como Kavafis, Joan Salvat-Papasseit, Joan Oliver, Josep Maria de Sagarra, Màrius Torres y Miquel Martí i Pol, y en 2007 cerró 40 años de una carrera artística que le ha llevado a actuar en muchas partes del mundo y a lograr éxitos discográficos sin precedentes en la canción catalana.

El cantautor también entró en política y salió elegido diputado de JxSí, candidatura electoral que se fraguó en 2015 para concurrir a las elecciones y que integraban CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya y Moviment d'Esquerres.

Por su parte, Teresa Codina nació en Barcelona el año 1927, estudio magisterio y filología clásica, y completó su formación en París.

Fundadora y directora de la escuela Talitha (1956) y pionera de la renovación pedagógica, ha destacado por su compromiso con la educación de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos.

ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT

Con Marta Mata, Pere Darder y otros maestros participó en la fundación de la Associació de Mestres Rosa Sensat, y en 1974 creó, con Basilio González, el Institut Can Tunis, a instancias de la asociación de vecinos.

Posteriormente, también creó la escuela Avillar Chavorros (1978) y Xavó Xaví (1988), y en 1977 encabezó el un proyecto de educación global en el barrio gitano de Can Tunis.

Casi medio millar de migrantes han llegado en las últimas 24 horas a las costas españolas en 34 pateras. La afluencia más numerosa se ha registrado a Murcia y Baleares.

En el primero de los casos fueron 170 personas en situación irregular que llegaron al litoral de la Región de Murcia en 13 embarcaciones. Todos los migrantes son argelinos y fueron trasladados a la localidad de Escombreras.

La primera embarcación llegada el lunes fue detectada a 4 millas náuticas al Sureste de Cabo Palos con 10 inmigrantes varones a bordo; la segunda embarcación fue interceptada a 8,5 millas náuticas al Sureste de Cabo Palos con 6 inmigrantes varones a bordo; y la tercera fue interceptada a 8 millas al Sur Cabo de Palos con 17 inmigrantes, todos varones.

La cuarta embarcación fue interceptada a 8 millas al Sur de Cabo de Palos con 16 inmigrantes varones; la quinta fue interceptada a 13 millas al Sureste de Monte Cenizas con 11 inmigrantes (9 varones, 1 mujer y 1 menor); mientras que la sexta fue interceptada a 15 millas al Sureste de Monte Cenizas con 15 inmigrantes (14 varones y 1 mujer).

La séptima patera fue interceptada a 6 millas al Sureste Cabo Tiñoso con 16 inmigrantes; la octava fue intercepta a 7,5 millas al Sureste Monte Cenizas con 7 inmigrantes y la novena a 16 millas al Sureste Monte Cenizas con 19 inmigrantes varones; y la décima fue a 9,5 millas al Sur Monte Cenizas con 10 inmigrantes varones.

Las tres últimas fueron localizadas a 15 millas al Sur Monte Cenizas con 9 inmigrantes varones; a 14,2 millas al Sureste Monte Cenizas con 18 inmigrantes varones; y a 14 millas al Sureste de Monte Cenizas con 16 inmigrantes.

BALEARES Y CANARIAS

Los migrantes interceptados tras llegar a las costas de las Islas Baleares durante la pasada noche ascienden a 164 personas, mientras que las pateras ya son 11 las localizadas.

Un buque de la Armada Francesa ha rescatado en la medianoche cuatro embarcaciones tipo patera con 55 ocupantes a unas 60 millas al sur del Cap de ses Salines (Mallorca). Salvamento Marítimo se ha movilizado con la Salvamar Acrux, con base en Puerto Portals, y el buque Marta Mata, con base en Ibiza, y ha acudido al punto de rescate para trasladar de madrugada a los migrantes al puerto de Palma. También se ha movilizado la Guardia Civil.

Un segundo buque francés, una fragata, ha rescatado otras tres pateras en esa misma zona con 40 ocupantes y los ha trasladado también al puerto de Palma. Por otro lado, en la medianoche, la Guardia Civil del puesto de Formentera interceptó a nueve ocupantes de una patera, todos ellos varones y de origen argelino.

Asimismo, la Guardia Civil localizó también una patera en la zona de Cala Llombards, en Santanyí, con cinco migrantes. Y en la Colònia de Sant Jordi los agentes interceptaron a otros nueve ocupantes, si bien, posteriormente, encontraron a otros diez más -cuatro en Campos y seis en Santanyí-.

Por otra parte, a Gran Canaria una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche del lunes un total de cinco pateras con 68 migrantes. Tras ser rescatados los inmigrantes irregulares fueron trasladados al muelle de Arguineguín.

Asimismo, Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado a 64 varones de origen magrebí que viajaban a bordo de cuatro pateras localizadas este martes en el mar de Alborán.

Las embarcaciones han sido auxiliadas a unas 25 millas náuticas al sureste de Cabo de Gata, en Almería, y las operaciones han sido coordinadas por los controladores del centro de Almería, según ha indicado a Europa Press un portavoz del organismo dependiente del Ministerio de Fomento.

La Salvamar Spica ha rescatado a dos grupos de 15 de personas de sendas pateras mientras que la patrullera de la Guardia Civil ha interceptado otras dos embarcaciones con 15 y 19 personas a bordo.

Igualmente, Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 16 personas que intentaban alcanzar la Península Ibérica a bordo de cuatro embarcaciones en el entorno de Gibraltar y de Bolonia, en Cádiz, unas actuaciones que han sido todas coordinadas por el Centro de Coordinación de Tarifa (Cádiz).

Finalmente, en Alicante, una patera con siete personas ha sido localizada este martes sobre las 7.30 horas en Cala Moraig en Benitatxell (Alicante), tras supuestamente llegar en una patera a tierra.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que, tanto el lehendakari como su Ejecutivo y los partidos que lo integran, creen que "ha llegado el momento de que se superen todas las situaciones de excepcionalidad que se puedan estar aplicando en política penitenciara".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria se ha referido a las manifestaciones del secretario general de Sortu en una entrevista en ETB en la que ha afirmado que "los 'presos políticos' (en referencia a los de ETA) no son ni maltratadores ni pederastas y tienen el apoyo de una parte importante de este pueblo".

Además, Rodríguez ha defendido que estos reclusos son "unos supervivientes" al salir de la cárcel "tras habérseles alargado el castigo con una ley penitenciaria que mata".

El portavoz del gabinete Urkullu no ha querido comentar las manifestaciones de Arkaitz Rodríguez y se ha limitado a recordar "cuál es la posición del Gobierno y de los partidos que lo sustentan respecto a la política penitenciaria".

Según ha apuntado, el Gobierno cree que "ha llegado el momento de que se superen todas las situaciones de excepcionalidad que se puedan estar aplicando en política penitenciara, tanto en esta legislatura como en la anterior".

Zupiria ha recordado que el lehendakari ha planteado esta postura "más de una vez" a las autoridades estatales y también "los consejeros correspondientes" han apuntado "los pasos que se deberían dar en este tema". "Es, además, una posición coincidente con la que tiene la mayor parte del Parlamento y las instituciones vascas", ha concluido.

Trabajadores del sector aeroespacial secundaban de forma "masiva" la huelga general convocada este martes para exigir la retirada de los despidos planteados por algunas de las empresas más importantes de la industria en España, como Airbus o Alestis, según han destacado fuentes sindicales.

Los trabajadores se han manifestado este martes frente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Madrid), así como en Sevilla, Puerto Real (Cádiz), Bilbao, Valladolid, Albacete y otras ciudades de España para exigir la retirada de los despidos planteados y para pedir la implicación del Gobierno en la crisis que atraviesa el sector.

"Esto no se arregla con despidos. Necesitamos un sector potente y de futuro", ha señalado el secretario general de Comisiones Obreras de Industria, Agustín Martín, durante la jornada de huelga convocada por los sindicatos bajo el lema 'Que no nos corten las alas'.

Según los sindicatos, las concentraciones han sido "masivas", con centros de trabajo totalmente "parados" y un seguimiento del 100% en las empresas donde se han planteado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y del 85% en las que aún no se han tanteado despidos.

Y es que, aunque empresas del sector se han acogido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante los meses de la pandemia, algunas de ellas ahora están abriendo procesos de negociación para aplicar ERE que podrían saldarse con más de 3.500 despidos solo en las cuatro empresas más grandes.

COMPROMISO DE CREAR UNA MESA SECTORIAL "URGENTE"

Cabe destacar que ayer lunes, en vísperas de la huelga convocada por los sindicatos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se comprometió a crear una mesa sectorial de manera urgente para los próximos días.

Para los agentes sociales, la creación de esta mesa es una "muy buena noticia", ya que era uno de los elementos que reivindicaban, pero destacan que no pueden "olvidar" la otra petición sobre la retirada de los ERE en las diferentes empresas del sector que están actualmente en periodos de negociación.

Además, los sindicatos consideran que la crisis provocada por el coronavirus debe servir para "fortalecer el sector aeroespacial", implementando un plan estratégico a medio y largo plazo que sean útiles tras la pandemia.

El impacto de la Covid-19 en la población española ha provocado un aumento de la mortalidad y un descenso de la esperanza de vida así como una disminución de los movimientos migratorios con el exterior, por lo que se rompe la tendencia de los últimos años, aunque en el caso de los nacimientos se mantiene la misma, según las proyecciones de población para 2020-2070 publicadas este 22 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a la mortalidad, el INE indica que se va a ver afectada pero solo durante 2020, ya que en el año 2021 se proyecta con una mortalidad normal. Por ello, según las proyecciones, en 2020 habrá 466.583 defunciones en España, lo que supondría un aumento de 51.513 muertes (+12,4%) respecto a 2019. En 2021, la mortalidad bajaría hasta 431.000, para luego ir aumentando hasta superar las 600.000 muertes en 2050.

En cuanto a la esperanza de vida, también se verá afectada por la COVID-19 y bajará casi un año en 2020 (en hombres 0,9 años y en mujeres 0,8) aunque luego retomará su tendencia alcista. Por ejemplo, las mujeres que cumplen 65 años en 2020 vivirán, de media, 22,7 años más; y los hombres, 18,7 años más, unas cifras que representan 0,7 y 0,8 años menos, respectivamente, que el año pasado.

La esperanza de vida al nacimiento alcanzaría en 2069 los 85,8 años en los hombres y los 90,0 en las mujeres, con una ganancia de 4,9 y de 3,8 años, respectivamente, respecto a los valores actuales. Por su parte, la esperanza de vida para las personas con 65 años en 2069 sería de 22,5 añospara los hombres (3,8 más que actualmente) y de 26,3 para las mujeres (3,6 más).

A pesar de la mayor esperanza de vida, el número de defunciones continuaría creciendo hasta alcanzar un máximo en 2063. Para el año 2020, la proyección estiman las citadas 466.583 defunciones, frente a las 415.070 del año 2019. Por su parte, en 2034 se producirían 482.132 fallecimientos entre los residentes en España y en 2069 se alcanzarían las 641.867 defunciones.

De mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) alcanzaría un máximo en torno a 2050 (del 81,1%), para ir bajando paulatinamente a partir de entonces, hasta el 72,2% en 2070.

La población centenaria (los que tienen 100 años o más) pasaría de las 12.551 personas en la actualidad, más de 50.000 en 2036, más de 100.000 en 2051 y hasta 217.344 al final del periodo proyectado (2070).

A mitad de siglo, el grupo de edad más numeroso en España será el de personas de 70 a 79 años (los nacidos entre 1970 y 1979) aunque en 2070, la estructura de la población se rejuvenecerá y el grupo más cuantioso será el de 55 y 64 años (los nacidos entre 2005 y 2014). Antes de 2025, uno de cada cuatro españoles tendrá 65 o más años, según las proyecciones del INE que, en 2050, serán de casi uno de cada tres.

Por el contrario, no se proyecta ningún impacto en los nacimientos a pesar de que seguirán bajando hasta 2027, hasta unos 333.000 anuales.A partir de ese año empezará a crecer, hasta superar los 400.000 hacia 2065 (el último año con más de 400.00 fue 2016). El número medio de hijos por mujer pasará del actual 1,23 a 1,31 en 2034, según las proyecciones del INE y en 2057 superará los 1,40.

Por todo ello, el saldo vegetativo será negativo los próximos 50 años, al estimarse más defunciones que nacimientos.

PAULATINO AUMENTO MIGRATORIO

En el capítulo de migraciones, el INE vaticina que el saldo migratorio en 2020 sería positivo, pero muy bajo. Desde 2021 se proyecta un paulatino aumento, pero sin alcanzar los niveles observados en los años anteriores, lo que hace que la población crezca durante los primeros años de la proyección más lentamente de lo previsto que en proyecciones anteriores.

No obstante, por el efecto de la Covid-19, el saldo migratorio positivo de España caerá a 110.00 personas en 2020, desde las 450.000 de 2019. A partir de 2022, este saldo irá creciendo y la población total ganará casi 2,7 millones de personas hasta 2034 gracias a las migraciones y la población española crecerá en 12,2 millones de personas hasta 2069.

Por último, la encuesta también revela que, la proyección del saldo migratorio de España con el exterior, según los expertos consultados, aumentaría de forma sostenida, lo que daría lugar a un crecimiento de la población durante todo el periodo proyectado (salvo quizá coyunturalmente en 2020).

El abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, Mario Pascual, ha defendido que la Audiencia de Palma rechace el recurso de la Fiscalía y conceda el tercer grado penitenciario a su cliente -una resolución que se publicará previsiblemente entre este martes y el miércoles-, como ya tienen el expresidente balear Jaume Matas y su exsocio Diego Torres.

En una entrevista de Europa Press, Pascual ha lamentado este martes que "otras personas en igualdad de circunstancias y de trato lo tienen desde hace meses. Es difícil de entender e incluso de aceptar" esta diferencia, ha dicho en alusión a los también condenados por el caso Torres y Matas.

"No pretendo en absoluto que ellos no lo tengan; al contrario: nos queremos igualar a ellos", ha asegurado sobre estos también condenados, que están en una situación penitenciaria distinta a la de Urdangarin porque la Fiscalía no recurrió su tercer grado ante la Audiencia de Palma.

Pascual ha explicado que el tercer grado permitiría a Urdangarin pasar los fines de semana fuera de la cárcel, y entre semana ir a la prisión solo a dormir, y ha deseado una resolución favorable: "Esperamos que sea así, confiamos".

Ha detallado que, para la petición del régimen de semilibertad, Urdangarin cuenta con una oferta laboral para trabajar en el centro Don Orione en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde ahora presta voluntariado y donde cobraría 900 euros mensuales.

EL ARTÍCULO 100.2

Pascual ha constatado también la posibilidad de que la Audiencia de Palma no conceda el tercer grado pero sí "una posibilidad inferior": aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permitiría salir de la cárcel un fin de semana cada mes.

En cualquier caso, Urdangarin tendrá en diciembre la revisión de grado que se hace a todos los presos cada seis meses: "Si todas las cosas no salieran bien, habría que empezar en diciembre otra vez todo el proceso", ha dicho Pascual sobre la posibilidad de volver a pedir la semilibertad a finales de año, lo cual se resolvería durante 2021.

COMO MÁXIMO EN MAYO

Además, en mayo de 2021 el marido de la Infanta Cristina habrá cumplido ya la mitad de su condena, lo que según él implicaría recibir el tercer grado, porque la decisión "ya no sería discrecional; sería obligatorio".

Mario Pascual ha explicado que la decisión de que esté en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) responde a necesidades de seguridad y no a su voluntad, porque allí está aislado, y, al preguntársele si le puede afectar la salida de España del Rey emérito Juan Carlos I, ha contestado: "Nada que ver".

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha afirmado este martes que la debacle que sufrió el partido en las elecciones generales del pasado noviembre no fue por haberse negado durante meses a pactar con Pedro Sánchez, sino por ofrecerle un acuerdo in extremis y por no haber explicado mejor a los votantes que el líder del PSOE nunca quiso un pacto con Cs.

Así lo ha dicho Rivera en un acto en Casa de América, en Madrid, donde ha presentado su nuevo libro, 'Un ciudadano libre' (Espasa), en el que, entre otros asuntos, relata cómo vivió los meses previos a los comicios en los que Ciudadanos pasó de 57 escaños en el Congreso a diez.

El exdiputado ha señalado que su primer error fue levantar la "bandera blanca" en septiembre de 2019, en un contexto de "polarización" política, para plantear una opción de acuerdo a Sánchez que éste rechazó.

Y la otra equivocación fue, a su juicio, "no haber desenmascarado antes" la "estrategia" del presidente del Gobierno de ir a una repetición electoral y pactar con Podemos y los partidos nacionalistas.

Durante el acto, Rivera ha evitado opinar sobre la estrategia de la actual líder de Cs, Inés Arrimadas, que ha alcanzado pactos con Sánchez y quiere negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

"Tienen que tomar sus decisiones y su rumbo con libertad", ha manifestado, añadiendo que no va a intentar "tutelar" a la nueva dirección de la formación naranja y que mantiene una "excelente relación de amistad" con Arrimadas.

El juicio en la Audiencia Nacional contra los tres acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 ya tiene fecha, se celebrará desde el 10 de noviembre, más de tres años después de la matanza que dejó 16 fallecidos y cientos de heridos en las calles de Barcelona y Cambrils.

En el escrito de acusación de Fiscalía se solicita para los tres detenidos Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza -que si bien no participaron directamente en los atentados sí habrían pertenecido al grupo que ideó y llevó a cabo los ataques- penas que van desde los 8 años a los 41 años.

Los seis supuestos autores tanto del atropello masivo en la Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils murieron abatidos por agentes de los Mossos d'Esquadra la misma noche o en días posteriores.

Oukabir, Houli e Iazza llevan tres años en prisión preventiva, y ahora, el tribunal pone fecha a la vista oral antes de que se cumplan los cuatro años de prisión, evitando así que puedan quedar en libertad provisional.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional en su escrito afirmaba que los acusados se encontraban en el "entorno" del imán de Ripoll (Barcelona) Abdelbaki Es Satty, que falleció un día antes en la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona) donde se preparaban los explosivos para atentar en Barcelona.

Señala que el acusado Mohamed Houli Chemlal, que resultó herido por la explosión de Alcanar, y para quien se solicita la pena más alta por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y conspiración para cometer estragos terroristas, "formó parte de una célula criminal local seguidora de los postulados de la organización terrorista Estado Islámico reunida en torno a la figura del fallecido imán que fue de las comunidades 'El Fath' y 'Annour'", de Ripoll.

En este sentido, añade que "mantenía" con el imán una "buena relación de amistad" y que comenzó a "mostrar interés por el islam y a asistir también regularmente a la mezquita". El escrito explica que esta relación comenzó a través de los "hermanos mayores" miembros de la célula terrorista.

En primer lugar Youssef Aalla, Younes Abouyaaqoub y Mohamed Hichamy fueron "adoctrinados en el yihadismo radical" por Es Satty en su domicilio de Ripoll, "justificando el uso de la violencia extrema en nombre del Islam, transmitiendo este ideario fanático al resto de los miembros", dice la fiscal. Posteriormente, "atrajeron al grupo criminal a los pequeños", Omar Hichamy, Mohamed Houli Chemlal, Said Alla, Moussa Oukabir y El Houssaine Abouyaaqoub.

Así, "a finales de mayo de 2017 coincidiendo con la festividad del Ramadán, los "mayores" convocaron al resto de los miembros del grupo a una reunión en un parque de Ripoll, donde les comunicaron que "necesitarían su ayuda para derrumbar la Sagrada Familia y otros monumentos emblemáticos de la ciudad de Barcelona con explosivos que iban a preparan", concreta la fiscal.

OUKABIR, 36 AÑOS DE PRISIÓN

En el caso de Oukabir, la fiscal solicita 36 años de prisión por los mismos delitos que Houli Chemlal, ya que estaba "plenamente asentado" en la célula terrorista en la que se integró "a mediados de 2017". Subraya que Driss Oukabir estaba "aislado de su entorno habitual y dispuesto para la consecución de sus fines", lo cual se demuestra con su participación en el "traslado de sustancias explosivas" desde la vivienda del imán hasta Alcanar y con alquiler de furgonetas.

El tercero de ellos, Ben Iazza se enfrenta a la menor petición de pena, 8 años por colaboración con la célula, por prestar a Younes Abouyaqoub una furgoneta que era propiedad de su tío, que utilizaba en su negocio de alimentación, "a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos".

El escrito de acusación de Fiscalía también señala que prestó su documentación personal, para ocultar la verdadera identidad del comprador de los productos químicos, "con la finalidad de ayudarles en la consecución de sus fines de hacerse con los precursores necesarios para la elaboración de sustancias explosivas".

La Fiscalía no acusa a ninguno de los tres sospechosos por los 16 asesinatos terroristas cometidos en el atropello de la Rambla y el tiroteo en Cambrils, ya que considera que ninguno habría participado directamente en los atentados, por mucho que pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos.

DIFERENCIAS ENTRE FISCALÍA Y ACUSACIONES POPULARES

Por su parte, tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, ambas acusaciones populares, solicitan penas de prisión permanente revisable para dos de los tres presuntos miembros de la célula terrorista que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.

A diferencia de Fiscalía, la AVT pide esta condena para Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal por 15 asesinatos cometidos en el atropello de la Rambla de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils. La Asociación 11M Afectados del Terrorismo también incluye los asesinatos en su escrito de conclusiones provisionales.

Dado que incluyen los asesinatos, la AVT reclama para los dos acusados la máxima pena prevista, prisión permanente revisable. Es la primera vez que una acusación solicita esta condena en la Audiencia Nacional, ya que desde que se reformó el Código Penal en 2015 no se han producido, salvo el de los atentados de Barcelona y Cambrils, casos en los que se contemplen peticiones de este tipo.

La asociación les reclama además más de 2.800 años a cada uno por delitos de integración en organización terrorista, 150 delitos de asesinato terrorista intentados, depósito de explosivos, estragos terroristas y lesiones. También pide que tengan prohibido acudir a Barcelona y Cambrils en un período de 10 años a iniciar desde su excarcelación.

Para el tercer procesado, Said Ben Iazza -quien fue detenido meses más tarde de los atentados en Castellón-, la AVT solicita en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos.

También les acusa de asesinatos terroristas la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, colectivo que aparte de ejercer acusación popular también representa a 73 víctimas de los atentados. Como acusación particular, estos afectados piden igualmente para los procesados prisión permanente revisable por los asesinatos cometidos en Barcelona y Cambrils.

EL RELATO DE LOS HECHOS

Salvo la diferencia en los tipos penales atribuibles a los acusados, el relato de hechos de Fiscalía y acusaciones no difiere en lo fundamental: en 2015 se constituyó una célula yihadista con la finalidad última de perpetrar un atentado terrorista en España y que estaba formada por jóvenes de origen marroquí residentes en la localidad gerundense de Ripoll.

El 'cabecilla' y líder espiritual era Abdelbaki Es Satty, el imán que falleció en la explosión de la vivienda de Alcanar un día antes de los ataques donde la célula hacía acopio de decenas de bombonas de butano para atentar. Esta deflagración, en la que resultó herido Houli, fue el detonante que hizo que los jóvenes cambiaran sus planes y decidieran llevar a cabo el atropello en la Rambla.

Fiscalía y acusaciones sitúan a Oukabir y Houli en la casa de Alcanar y en el traslado hasta allí de sustancias explosivas. Al primero se le relaciona con el alquiler de la furgoneta que luego se utilizó para el atropello en Barcelona. Mientras, a Said Ben Iazza se le acusa de prestaruna furgoneta que era propiedad de su tío

La Mesa del Congreso ha vetado este martes la tramitación de la proposición de ley registrada por Más País-Equo y Compromís para delimitar la inviolabilidad del Rey acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como "persona privada" y, por tanto, "no inviolable".

El órgano de gobierno de la Cámara ha frenado la calificación de la iniciativa con el argumento de que al estar la inviolabilidad del Jefe del Estado fijada en la Constitución ha de presentarse una proposición de reforma constitucional para modificarla.

UNIDAS PODEMOS, EN CONTRA DEL VETO

La decisión se ha adoptado con los votos de PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos ha apoyado su tramitación, alegando que para poner límites a la inviolabilidad basta con una ley orgánica que desarrolle el citado precepto constitucional.

La iniciativa, bautizada como Ley de Responsabilidad de la Corona, propone que la involabilidad del Rey o la Reina alcance exclusivamente a su actividad institucional, es decir, a los actos que necesiten de refrendo, y que ésta se mantenga incluso tras abandonar la titularidad de la Jefatura del Estado. Además, plantea que la responsabilidad derivada de dichos actos recaiga sobre las personas designadas para refrendarlos.

De esta forma, el titular de la Corona sí será "responsable de los actos u omisiones que realice, ya sea a título particular o como miembro de la Familia Real".

En otros de los artículos, la proposición de ley establece que serán las leyes procesales las que determinen qué tribunal o tribunales son los competentes para conocer de los proceso seguidos para determinar la responsabilidad, civil o penal, del Rey o la Reina.

AFORAMIENTO REAL

El texto incluye también una disposición que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial regular el aforamiento del Rey y equipararlo al de otras altas instituciones del Estado.

En concreto, persigue que sean las Salas de lo Civil y lo Penal del Supremo las que conozcan de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra el Rey, la Reina, la Reina consorte, el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o la Reina que hubiera abdicado y su consorte.

Andalucía suma este martes, 22 de septiembre, 1.536 casos de coronavirus Covid-19 confirmados por PCR, casi el doble que los 812 registrados el lunes y la segunda mayor subida diaria desde el inicio de la pandemia, según datos consultados por Europa Press en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan doce fallecidos en las últimas 24 horas, seis menos que la víspera.

La cifra diaria de contagios alcanza su segunda mayor cota desde el inicio de la pandemia superando los 1.617 registrados el pasado viernes 18 de septiembre y por encima de los 1.480 positivos del pasado sábado 19.

La provincia que suma mayor número de positivos en las últimas 24 horas vuelve a ser Málaga, con 547, seguida de Sevilla, con 407. Bastante por detrás se sitúan Córdoba, con 175; Granada, con 141; y Cádiz, con 133. Por debajo del centenar figuran Jaén, con 74; Almería, con 47; y Huelva, con 12.

CUATRO MUERTES EN MÁLAGA Y TRES EN SEVILLA

Los 12 decesos de este martes, dos menos que la víspera, se concentran principalmente en las provincias de Málaga, con cuatro, y Sevilla, con tres, a los que se suman dos en Cádiz y Córdoba y uno en Almería.

La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 5.716 casos diagnosticados por PCR, con 392 hospitalizados, 22 ingresados en UCI y 46 fallecidos en toda Andalucía.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha admitido este martes que no le gusta la posible reforma de delito de sedición y rebelión del Código Penal, alegando que no es la medida correcta ni la que querría, pero ha añadido: "Si se hace, mejor esto que nada" para que los presos independentistas puedan salir de la cárcel.

"No nos gusta, no es la vía y no es justo, no es lo que hace justicia. Lo que hace justicia es la amnistía, hacer borrón y cuenta nueva. Es lo que sería justo y conveniente", ha asegurado en una entrevista en Ser Cataluña.

Sobre el conflicto en Cataluña, ha defendido la propuesta de un referéndum acordado con dos preguntas, en el que el Estado pudiera preguntar sobre la mejora del autogobierno, y los independentistas sobre su voluntad de separarse de España, y dos vías a nivel jurídico para implementar la respuesta de los ciudadanos en función de la que ganara.

Con todo, considera que ERC defiende lo que él planteaba años atrás -la celebración de un referéndum-, pero ha criticado que no concreten cómo lo llevarían a cabo.

También se ha referido a las relaciones entre JxCat y PDeCAT, destacando que cree que se puede garantizar la unidad entre ambas formaciones: "Hay maneras de hacerlo".

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado un texto doctrinal en el que denuncia la eutanasia como "un acto homicida que ningún fin puede legitimar" y acusa a los Estados que la aprueban de "deformar la conciencia" en un momento en el que en España se está tramitando un proyecto de ley que aprueba la muerte digna.

"La eutanasia es un acto homicida que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna forma de complicidad o colaboración, activa o pasiva. Aquellos que aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido se hacen, por lo tanto, cómplices del grave pecado que otros llevarán a cabo. Ellacusa a los Estados que la aprueban de "deformar la conciencia"os son también culpables de escándalo porque tales leyes contribuyen a deformar la conciencia, también la de los fieles", señala este organismo del Vaticano que preside el cardenal jesuita español Luis Ladaria.

"Son gravemente injustas, por tanto, las leyes que legalizan la eutanasia o aquellas que justifican el suicidio y la ayuda al mismo, por el falso derecho de elegir una muerte definida inapropiadamente digna solo porque ha sido elegida", agrega el documento. Para el Vaticano estas leyes "golpean el fundamento del orden jurídico" del derecho a la vida y llegan a herir "profundamente" las relaciones humanas y la justicia al tiempo que "amenazan la confianza mutua entre los hombres".

La carta, publicada este martes, busca dar respuesta a las legislaciones nacionales que legitiman el suicidio asistido y la eutanasia voluntaria, con una específica referencia a cuantos trabajan o se recuperan dentro de los hospitales, también en los hospitales católicos.

Así, evidencia la necesidad de reafirmar como enseñanza definitiva de la Iglesia católica que la eutanasia es "un crimen contra la vida humana porque, con tal acto, el hombre elige causar directamente la muerte de un ser humano inocente".

"El suicidio asistido aumenta la gravedad, porque hace partícipe a otro de la propia desesperación, induciéndolo a no dirigir la voluntad hacia el misterio de Dios, a través de la virtud moral de la esperanza, y como consecuencia a no reconocer el verdadero valor de la vida y a romper la alianza que constituye la familia humana", señala el texto.

De este modo, hace hincapié en que "ayudar al suicida" es una "colaboración indebida a un acto ilícito, que contradice la relación teologal con Dios y la relación moral que une a los hombres para que compartan el don de la vida y sean copartícipes del sentido de la propia existencia". "Tales prácticas no son nunca una ayuda auténtica al enfermo, sino una ayuda a morir", sentencia el Vaticano.

En el texto se da cuenta de que la Iglesia afirma "la licitud de la sedación" como parte de los cuidados que se ofrecen al paciente que, en la medida de lo posible, debe aplicarse "con el consentimiento informado del paciente". Asimismo, dedica un espacio a la objeción de conciencia por parte de los agentes sanitarios y de las instituciones sanitarias católicas que señala una decisión que se toma en virtud del derecho fundamental a la vida y no como "una concepción religiosa privada".

El Vaticano insiste en que cualquier acción que no corresponda a la finalidad y a los valores a los cuales las instituciones católicas se inspiran, no solo no "éticamente aceptable" sino que es incompatible con la "atribución de la calificación de 'católica', a la misma institución sanitaria.

A este respecto deja claro que no es "éticamente admisible" una "colaboración institucional con otras estructuras hospitalarias hacia las que orientar y dirigir a las personas que piden la eutanasia". "Semejantes elecciones no pueden ser moralmente admitidas ni apoyadas en su realización concreta, aunque sean legalmente posibles", zanja el documento.

En el documento también se hace hincapié en el "uso equívoco" del concepto de "muerte digna" en relación con el de "calidad de vida" que para el Vaticano está ligado a una "perspectiva antropológica utilitarista". "El valor inviolable de la vida es una verdad básica de la ley moral natural y un fundamento esencial del ordenamiento jurídico. Así como no se puede aceptar que otro hombre sea nuestro esclavo, aunque nos lo pidiese, igualmente no se puede elegir directamente atentar contra la vida de un ser humano, aunque este lo pida", remarca.

También resalta la errónea comprensión de la "compasión" que existe en las sociedades que ante un sufrimiento calificado como "insoportable" justifican "el final de la vida del paciente en nombre de la compasión". Sin embargo, para la Iglesia católica "suprimir un enfermo" que pide la eutanasia "no significa en absoluto reconocer su autonomía y apreciarla, sino al contrario significa desconocer el valor de su libertad".

Así también señala el "individualismo creciente" que induce a ver a los otros como un "límite y amenaza de la propia libertad. "El concepto de bien se reduce así a ser el resultado de un acuerdo social: cada uno recibe los cuidados y la asistencia que la autonomía o la utilidad social o económica hacen posible o conveniente", denuncia el Vaticano.

Para la Congregación de la Doctrina de la Fe una sociedad se merece la calificación de "civil" solo si "desarrolla los anticuerpos contra la cultura del descarte. "En algunos países del mundo, decenas de miles de personas ya han muerto por eutanasia, muchas de ellas porque se quejaban de sufrimientos psicológicos o depresión. Son frecuentes los abusos denunciados por los mismos médicos sobre la supresión de la vida de personas que jamás habrían deseado para sí la aplicación de la eutanasia. De hecho, la petición de la muerte en muchos casos es un síntoma mismo de la enfermedad, agravado por el aislamiento y por el desánimo. La Iglesia ve en esta dificultad una ocasión para la purificación espiritual, que profundiza la esperanza, haciendo que se convierta en verdaderamente teologal, focalizada en Dios, y solo en Dios", denuncian desde el Vaticano.

Para el organismo que preside Ladaria está claro que los factores que más determinan la petición de eutanasia y suicidio asistido son "el dolor no gestionado y la falta de esperanza, humana y teologal, inducida también por una atención, humana, psicológica y espiritual a menudo inadecuada por parte de quien se hace cargo del enfermo".

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Toledo, ha decidido prorrogar las medidas existentes en la provincia de Toledo desde el 7 de septiembre.

En las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 3.427 casos lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días con datos válidos de 490,1 casos/100.000 habitantes, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Estos indicadores ponen de manifiesto que la provincia de Toledo se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria con incidencia elevada, por lo que se recomienda mantener las medidas adoptadas con fecha 7 de septiembre (complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional) y mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no mejoran esos indicadores, hubiera que reforzarlas.

Por todo ello, en virtud del protocolo de brotes comunitarios elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario aplicar las siguientes medidas preventivas de Salud Pública.

Hay que recordar que estas medidas abarcan el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.

En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.

Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Respecto a los centros sociosanitarios, se procede a la suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas y a la supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios en los que residan personas consideradas vulnerables.

La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta. Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días.

Los residentes con IgG positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.

A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

Respecto a las actividades religiosas de ámbito social, todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal.

Se procede a la restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10) y se restringe el número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).

Como medidas complementarias, se procede a la suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.

Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios y un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.

Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 50%.

Se permiten los espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente.

Podrán llevar a cabo su actividad mercadillos y mercados al aire libre, con un máximo del 30% de los puestos habitualmente autorizados.

En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento.

Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento.

SUPERMERCADOS

Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo u convivencia estable y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.

La Policía Nacional ha identificado los restos humanos encontrados el jueves en una zona descampada de Santander. Se trata de la joven de origen guatemalteco Nancy Paola Reyes García, desaparecida desde el pasado mes de agosto.

Debido al avanzado estado de descomposición en que los agentes hallaron el cuerpo, el proceso de identificación, llevado a cabo en la Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional, ha consistido en el cotejo de las muestras de ADN obtenidas por el forense durante la autopsia con muestras de ADN obtenidas de sus hermanos en el momento en que interpusieron la denuncia.

El hallazgo del cuerpo de Nancy Paola se produjo el día 17 de septiembre en el marco de una investigación, iniciada por agentes de Policía Nacional, cuando el día 26 de agosto se recibió denuncia de los hermanos de la joven en la Comisaría de Policía Nacional de Ciudad Real.

En dichas denuncias, los familiares apuntaban ya como sospechoso a la pareja de la misma, un joven colombiano de 28 años. Según esta denuncia, ambos residían en Ciudad Real, si bien podrían encontrarse en Santander, localidad a la que se habrían desplazado para pasar unos días, ha informado la Policía en nota de prensa.

Desde ese momento, la Policía Nacional inició una investigación que ha requerido una intensa actividad de coordinación entre agentes y unidades de varias provincias.

La inspección ocular en el domicilio donde había convivido la pareja en Santander permitió hallar diversos vestigios que indicaban la posibilidad de que se hubiese podido cometer un delito violento en el mismo.

Si bien no se descartó ninguna posibilidad a priori, a medida que la investigación avanzaba fue cobrando más fuerza la hipótesis de que la joven no hubiera desaparecido voluntariamente, sino que pudiera haber sido víctima de su pareja, por lo que los agentes trabajaron para recopilar indicios y pruebas suficientes para comprobar lo sucedido y tratar de reconstruir el iter criminis seguido por el presunto autor de los hechos.

SU PAREJA, DETENIDO

El día 27 de agosto se pudo detener en la Comisaría de Distrito Centro de Madrid, a la pareja de la joven desaparecida, un varón colombiano de 28 años, que había acudido a dicha Comisaría para interponer una denuncia por la desaparición de la joven.

Una vez puesto a disposición judicial, fue enviado a prisión donde continúa en la actualidad En vista de todos los indicios y pruebas recabadas, los investigadores de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria llegaron a la conclusión de que la joven ha podido ser víctima de la violencia de su pareja, reconstruyeron los hechos y establecieron un dispositivo en varios puntos de Santander (Barrio Pesquero y Peña del Cuervo) para tratar de localizar a la víctima.

Para ello se ha contado con el apoyo de un equipo del G.E.O (Grupo Especial de Operaciones) que se había desplazado el pasado día 16 a la localidad cántabra de Santander para colaborar en la localización del cuerpo.

En un primer momento, los GEO rastrearon la zona del Puerto Pesquero, ya que una de las hipótesis con las que trabajaban los investigadores era la posibilidad de que el cuerpo de la víctima hubiese sido arrojado al mar; posteriormente se incorporaron al dispositivo de búsqueda establecido en la zona de la Peña del Cuervo.

LOCALIZACIÓN DE RESTOS HUMANOS

Es en este lugar donde en la mañana del día 17 de septiembre, agentes de la Policía Judicial de Santander y del GEO localizaban unos restos humanos que se encontraban metidos en bolsas de plástico, y que, en principio y a la espera del resultado de la autopsia por parte del Instituto de Medicina Legal de Santander, parecían pertenecer a la misma persona.

Concretamente, las bolsas se encontraron en varios puntos no muy alejados entre sí, en una escondida zona descampada con maleza, matorrales y desniveles, algunas de muy difícil acceso.

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha publicado este martes una modificación de la resolución de medidas especiales en Barcelona y 15 municipios de su área metropolitana, por la que se incrementa al 70% el aforo permitido en actividades culturales de artes escénicas y musicales, cine y exposiciones.

En una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), se remarca que la evolución epidemiológica justifica la "flexibilización" de las medidas que restringen el aforo en relación a las actividades culturales de artes escénicas y musicales, atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad.

El departamento sostiene que las de artes escénicas y musicales "no están siendo actividades que la evidencia demuestre que hayan producido brotes significativos y que el desarrollo de éstas suponga un riesgo elevado en la transmisión comunitaria" de covid-19 y que tienen planes sectoriales aprobados por el Procicat.

La resolución señala que estas actividades "mayoritariamente comportan niveles de contacto e interacción social de menos riesgo -con personas sentadas durante la mayoría del tiempo que dura la actividad y con poco movimiento e interacción con otras personas- que otras actividades".

La modificación de la resolución se aplica a los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà.

Las medidas establecidas en la resolución, tras su modificación, tienen vigor hasta las 0 horas del 1 de octubre.