La estación de Sol se ha convertido en el último escenario del pulso entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central nuevamente a cuenta de la acampada por la vivienda, y lo ha hecho con dos versiones opuestas sobre un mismo asunto: el estado de salubridad de la plaza.
La estación de Metro cerró este viernes a las 12:30 horas para acometer lo que el Ejecutivo regional describe como trabajos de limpieza urgentes y de seguridad, y no concretó durante cuánto tiempo permanecería clausurada. El cierre afectó las líneas 1, la 2 y la 3, tres de las más transitadas de la red. "La estación de Sol cierra para proceder a la limpieza de los pozos de ventilación debido a la acumulación de residuos provocada por la acampada en el exterior", señaló Metro de Madrid en un mensaje en su perfil en la red social X.
La decisión la había adelantado a primera hora la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en esRadio. Allí aseguró que la petición de cerrar había partido de prevención de riesgos laborales y de los sindicatos, y añadió que "ahora mismo hay condiciones de insalubridad dentro".
Ayuso llegó a afirmar que las personas de la acampada son gente que no trabaja ni paga impuestos, pese a que hemos podido saber que entre ellos hay personas que duermen en la plaza antes de acudir a su empleo y otras que teletrabajan desde allí.
Metro de Madrid y Renfe se contradicen sobre la acampada de Sol
En cualquier caso, el mensaje de Metro de Madrid sorprendió a los usuarios porque, cuando el suburbano interrumpe el servicio por otro tipo de incidencias, sus comunicados suelen limitarse a fórmulas genéricas como problemas operativos o causas ajenas, sin señalar directamente al responsable. En esta ocasión, en cambio, la empresa pública atribuyó directamente el cierre a la protesta que ocupa la plaza desde hace tres semanas.
Renfe respondió poco después por su canal de avisos con un mensaje que contradice de forma frontal el de la empresa regional: "Renfe Cercanías Madrid mantiene hoy la estación de Sol abierta y a disposición de sus usuarios, ya que no se han detectado problemas de salubridad en sus instalaciones".
Además, en una nota de prensa enviada a este medio, Renfe asegura que no ha recibido ningún requerimiento de las autoridades para cerrar esta estación y por ello ha decidido mantener abierto el acceso principal, el de "la ballena", que es el custodiado por Cercanías, una vez que ha "comprobado que no existen tales problemas de salubridad y que no se han registrado incidentes de seguridad durante estos días por la acampada de Sol".
En otras ocasiones, ese acceso se ha cerrado por orden policial o de la Delegación de Gobierno ante el riesgo de aglomeraciones. Por ejemplo, cuando está prevista una manifestación multitudinaria en Sol, un concierto, el acto de inicio del alumbrado navideño, etc.", aclaran.
Cercanías Madrid depende del Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, y Metro de Madrid y Cercanías tienen accesos independientes, pero comparten el vestíbulo. Obviamente, se atisba un nuevo frente en este choque político entre Comunidad de Madrid y Gobierno, con los sindicatos de Metro negando además haber solicitado el cierre de la estación y apuntando a motivos políticos detrás de la medida, lo que deja sin respaldo una de las principales justificaciones esgrimidas por el Gobierno autonómico.
El argumento técnico de la Comunidad se apoya en un análisis ambiental encargado a una empresa externa. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, remitió el jueves una nueva carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a la que adjuntó un informe de Laboratorios Himalaya elaborado con muestras tomadas el miércoles 14 de octubre en varios puntos de la estación. Según ese documento, las mediciones son compatibles con la acumulación y fermentación de orina, y los valores más altos se concentran en los pozos de ventilación, mientras que en los vestíbulos son menores.
El análisis identifica amoniaco, aminas y otros compuestos ligados a la degradación de la orina, con concentraciones que llegan al 80% del valor límite ambiental de exposición diaria, fijado en 14 miligramos por metro cúbico. Ese porcentaje, en cualquier caso, sitúa las mediciones por debajo del umbral máximo establecido para los trabajadores.
La carta incorporaba además otro informe de Metro sobre la necesidad de acceder a los pozos y pórticos de ventilación con vehículos industriales especializados, como camiones de aspiración, una operación que, según la empresa, no puede ejecutarse con las tiendas instaladas en la superficie.
En el cierre del escrito, Rodrigo apela al sentido de la responsabilidad del delegado y sostiene que su inacción pone en riesgo a las miles de personas que pasan por la estación.
La batalla por el desalojo
El episodio del amoniaco se suma a una ofensiva que el Ejecutivo de Ayuso mantiene desde el primer día. La Comunidad considera "absolutamente ilegal" la acampada y ha reclamado su desalojo prácticamente desde que se instaló el 26 de septiembre. La vía judicial, de momento, no le ha dado la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó en dos autos, el último del 7 de octubre, las medidas cautelarísimas y cautelares que pedía el Gobierno regional, y el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, no descarta llevar el asunto al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación.
Desde la Delegación del Gobierno, la posición es la contraria. La Abogacía del Estado argumentó ante el TSJM que disolver la protesta podría causar más perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana, ya que el uso de la fuerza física sobre los acampados podría derivar en incidentes. Francisco Martín ha defendido que la concentración se ampara en el derecho de reunión.
Asimismo, la estación ya había sido protagonista a comienzos de semana. El miércoles, los accesos de Metro y Cercanías en Sol se cerraron a mediodía a petición de las fuerzas de seguridad por riesgo de aglomeraciones, en una jornada marcada por las movilizaciones de la huelga educativa. En aquella ocasión, ambos operadores actuaron de forma coordinada, algo que no ha ocurrido este viernes.
Gobierno central y regional trasladan ahora con Renfe y Metro al terreno de la gestión del transporte un conflicto que hasta ahora se libraba en los tribunales y en los cruces de cartas.
Mientras las administraciones se cruzan reproches, la protesta empieza a pensar en su final. Tras una veintena de noches en la plaza, los participantes votaron continuar, aunque ya preparan una retirada progresiva y consensuada, con un gran acto de despedida y sin fecha cerrada para abandonar el kilómetro cero.
