La Policía Local de Sevilla, adscrita al Área de Gobernación y Fiestas Mayores, ha intervenido 665.000 mascarillas y envases de hidrogel que no cumplían con la normativa y legislación vigentes para su comercialización y que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios.

Tal como detalla el Ayuntamiento en un comunicado, estos productos fueron localizados en dos naves de polígonos industriales de la capital, cuyos responsables han sido denunciados.

La primera actuación ha tenido lugar en un bazar donde se localizaron mascarillas con logos de diversas marcas que imitaban, por lo que fueron intervenidas 23.990 mascarillas, 502 botes pequeños de hidrogel y tres garrafas de cinco litros del mismo producto. La segunda intervención tuvo lugar en una nave de otro polígono que surtía de mascarillas a otras tantas naves y tiendas de la ciudad en la que fueron incautadas 665.000 mascarillas más.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha felicitado a los agentes de esta unidad por sus diligencias, que suman desde el inicio del estado de alarma 851.000 mascarillas requisadas por delitos contra la propiedad intelectual ante "comercializadores que manifiestan no tener escrúpulos a la hora de buscar un beneficio económico a costa de la salud de los consumidores".

En este sentido, Cabrera ha pedido "comprobar siempre las homologaciones de los productos de forma previa a su adquisición, constando las certificaciones europeas sanitarias mínimas que resultan imprescindibles para salvaguardar nuestra salud". "En este sentido, es más que relevante el hecho de adquirir este tipo de productos en espacios apropiados, como es el caso de farmacias, donde se garantizan todas sus cualidades", sentencia.

La responsable de educación de Izquierda Unida Verdes de la Región de Murcia, Esther Herguedas, ha anunciado el apoyo de su organización a la huelga de profesorado que las organizaciones sindicales han convocado en la Región para este miércoles.

IUVRM denuncia públicamente la "precariedad" con la que se ha iniciado el curso académico en todos los ámbitos, lo que "dificulta el desarrollo de un curso en condiciones de seguridad sanitaria y de calidad educativa".

Herguedas ha señalado que "el principal problema es que no se ha contratado al profesorado necesario para bajar las ratios y las aulas de la región son espacios masificados y cerrados en los que es imposible guardar la distancia de seguridad", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Además, Herguedas también ha rechazado la solución adoptada por la Consejería de Educación de "privar al alumnado de su derecho a la asistencia a clase para así bajar la presión diaria en los centros por ser una medida que ataca el derecho a la educación".

Y es que, añade, "se hace a costa de las familias, afecta al alumnado más vulnerable y además se lleva a cabo explotando laboralmente a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza que tienen que doblar su carga docente sin compensación horaria ninguna".

Además de este problema, la responsable de educación de IUVRM se ha referido a la "falta de previsión" para dotar las necesidades de la enseñanza no presencial, tanto para el alumnado como para los propios docentes.

Asimismo, ha criticado el establecimiento de una normativa obliga a los docentes a realizar actuaciones de carácter sanitario para las que "no cuentan con formación y de las que, sin embargo, se les hace responsables en caso de que se produzcan incidencias".

También ha arremetido contra el hecho de que "no se haya realizado una valoración por personal especializado en salud laboral de los riesgos laborales de cada puesto de trabajo y, por ello, no se estén dotando de los EPIs necesarios y a la falta de personal de limpieza para afrontar las nuevas necesidades".

Herguedas recuerda que "el sistema educativo de la Región de Murcia parte de una situación muy deficitaria en cuanto a hacinamiento, falta de recursos materiales y de profesorado". A pesar de haber tenido las competencias para ello, critica que "no se ha recuperado de ninguno de los recortes que se produjeron en 2012 y supusieron el despido de más de 2.500 docentes".

Por todo ello, ante los malos datos de la evolución de la crisis sanitaria en la Región, IUVRM cree que "urge adoptar medidas que garanticen tanto la seguridad sanitaria de toda la comunidad educativa como el derecho a la educación de todos y todas y animamos a secundar la huelga del 23 de septiembre y a continuar con las acciones de lucha para lograr que nuestras escuelas sean entornos seguros".

Canarias ha registrado hasta el momento un total de 12.202 casos acumulados de covid-19, lo que supone 143 más respecto al día de ayer, y también se han producido dos nuevos fallecimientos, por lo que la cifra se sitúa ya en 217 muertes.

Con datos cerrados a las 14.00 horas, del total de casos, 6.861 continúan activos, 104 menos. De todos ellos, 6.479 están recibiendo asistencia en casa, 218 están hospitalizados y 60 están ingresados en UCI.

Por islas, la que más positivos acumulados tiene es Gran Canaria, que cuenta con 6.911 afectados, 103 nuevos, seguido de Tenerife, con 3.453 positivos acumulados, 36 nuevos.

Lanzarote cuenta con 1.024 positivos acumulados, 1 nuevo; Fuerteventura, con 522 positivos acumulados, sin sumar nuevos casos; La Palma, 174 positivos acumulados y ningún caso nuevo; El Hierro, con un acumulado de 46 y sin nuevos casos, y, por último, La Gomera, con 35 positivos acumulados, tres nuevos.

Los fallecidos por islas se reparten de la siguiente manera: 124 fallecidos en Tenerife; 77 en Gran Canaria; 8 en Lanzarote, y 6 en La Palma, y 2 en Fuerteventura.

El Gobierno español ha firmado este martes un Acuerdo Marco de Cofinanciación con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA) y estudia ya varios proyectos en Latinoamérica y África Subsahariana para cofinanciarlos a través de créditos a Estados con garantía soberana superior a 40 millones de dólares.

Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, este acuerdo, que supone "una nueva etapa estratégica" entre ambas partes, lo han firmado la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, y por el presidente del FIDA, Gilbert F. Houngbo, al término de una reunión telemática desde las respectivas sedes.

La firma del acuerdo coincide con el décimo aniversario del Fondo Fiduciario España-FIDA, formalizado en 2010 y con 300 millones de euros provenientes del FONPRODE (Fondo de Promoción para el Desarrollo). Gracias a este Fondo Fiduciario se han financiado en 23 países proyectos de seguridad alimentaria y desarrollo rural.

Según las cifras facilitadas por Exteriores, durante la última década, el Fondo Fiduciario ha hecho posible la adaptación al cambio climático y el rendimiento agrícola de 108.947 de hectáreas, en las que 38.139 se ha instalado regadío. También se ha apoyado a 1.064 empresas rurales, habilitado 918 kilómetros de carretera, construido 328 almacenes y procurado formación agraria a 214.848 personas.

FIDA y España también trabajan juntos en el programa europeo INCLUSIFI, que cuenta con garantías de la Comisión Europea en el marco del Plan Europeo de Inversiones Exteriores e impulsa losservicios de financiación y el emprendimiento de la población local, así como una canalización eficiente de las remesas de emigrantes en África Subsahariana y Países de la Vecindad Europea.

Según datos de Naciones Unidas, el 80 por ciento de las personas del planeta en extrema pobreza pertenece a comunidades rurales, donde vive cerca de la mitad de la población mundial. El Gobierno considera que la inversión en pequeñas explotaciones, predominantemente familiares, en países de renta media y baja, junto a las infraestructuras rurales y los servicios de extensiónagraria que las apoyan, supone un importante estímulo a la economíarural y contribuye a la vertebración territorial y, por tanto, a la paz y la seguridad.

Además, en un contexto de crisis, causada por la Covid-19, que ha puesto de manifiesto "la insostenibilidad de los actuales sistemas agroalimentarios", la cooperación española quiere apostar por la agricultura familiar, el acopio local y las dietas sanas y nutritivas, favoreciendo así las cadenas de valor con el enfoque "del campo a la mesa".

España presidirá desde octubre el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas, órgano que genera directrices y posibilita acuerdos internacionales en políticas de seguridad alimentaria y nutrición.

Además, España apoya la iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas para organizar una Cumbre Internacional sobreSistemas Alimentarios en 2021 que valorará, entre otros asuntos, lasostenibilidad de los sistemas, la crisis alimentaria actual acentuada por el impacto del coronavirus y el enfoque apropiado de una salud que tenga en cuenta también la salud medioambiental.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola se creó en 1977 y cuenta con 177 estados miembros. Hasta el momento ha movilizado 26.100 millones de dólares y otros 18.500 de contribuciones; desde 2016 ha realizado también préstamos concesionales y donaciones por 3.186 millones de dólares.

La responsable del Juzgado de Menores en Jaén ha acordado como medida cautelar el internamiento en régimen semiabierto de la chica de 14 años acusada de propinar una paliza a otra menor de 13 años mientras que otros grababan lo que estaba ocurriendo y lo compartían en las redes sociales.

Según se ha informado desde la Fiscalía Superior de Andalucía, a la menor se le ha abierto un expediente de reforma por posibles delitos de lesiones, contra la integridad moral y extorsión.

Tras tomarle declaración, la fiscal de Menores ha propuesto como medidas cautelares el internamiento en régimen semiabierto, la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, así como la prohibición del uso de redes sociales. La jueza ha confirmado y acordado todas y cada una de las medidas formuladas por Fiscalía.

La investigación continúa para la identificación de todas y cada una de las personas involucradas en estos hechos. Además, para este miércoles está previsto que pase a disposición de la Fiscalía de Menores el chico que supuestamente grabó la agresión y luego la compartió por redes sociales. Además, la Policía Nacional tiene identificada a una tercera menor que supuestamente animaba a la detenida a que le diera más fuerte.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que la agresión tuvo lugar el 12 de septiembre cuando la detenida supuestamente arremetió contra la otra chica en la Ronda del Valle, en el barrio del Polígono del Valle, en la capital jiennense. Mientras recibía numerosos golpes, otro se encargaba de grabarlo, al tiempo que una menor más animaba a la agresora a ser más contundente en los golpes.

Las mismas fuentes han confirmado que la agredida no comparte centro educativo con la detenida, aunque el enfrentamiento no es nuevo y al parecer hace un año la chica ya sufrió otra agresión. En esta ocasión la presunta agresora quedó en verse con la víctima para aclarar algunos comentarios que supuestamente iba realizando la menor de 13 años.

A pesar de que en la paliza del sábado, la menor recibió numerosos golpes y patadas hasta en la cara, lo que le provocó el sangrado, cuando ésta consiguió llegar a la casa, ocultó lo ocurrido y se limitó a decir que había sufrido una aparatosa caída.

No fue hasta días después, cuando la agresión ya se había difundido por redes sociales, que conocidos de la familia de la víctima avisaron al padre de la paliza y de lo que verdaderamente había ocurrido a la niña. El mismo día 15 de septiembre, el padre presentó la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en Jaén.

La presunta agresora fue detenida este lunes y ha pasado toda la noche en el calabozo de la Comisaría desde donde ha sido trasladada para comparecer ante la fiscal de menores. Más de cuatro horas ha permanecido en dependencias judiciales hasta que finalmente han quedado firmadas las medidas cautelares.

Cabreiroá ha puesto su marca al servicio de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Por eso, desde esta semana los consumidores se encontrarán en los lineales con sus botellas de agua mineral, formato pet de 2 litros y pack, con la imagen de esta entidad social.

El objetivo es dar visibilidad y llamar a la acción de los consumidores, en concreto para pedir su apoyo a la gran labor que se está desarrollando por parte de los Bancos de Alimentos de todo el país con donaciones que pueden canalizarse a través de la web 'cabreiroa.es/fesbal'.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración a nivel nacional alcanzado el pasado mes de mayo entre Hijos de Rivera, propietaria de Cabreiroá, y FESBAL por el que la compañía gallega se comprometía a apoyar activamente la labor fundamental que está llevando a cabo esta entidad a lo largo del periodo de un año.

Dicho acuerdo recoge un amplio abanico de acciones que van desde aportaciones de fondos y de productos al apoyo en la difusión de campañas y eventos de sensibilización y recaudación, como señala la compañía.

Hijos de Rivera materializó ya en mayo el primer paso de esta colaboración anual a través de una donación inicial de 400.000 euros a la Federación Española de Bancos de Alimentos para apoyar sus proyectos más urgentes, en especial los destinados a combatir la emergencia social. Además, la compañía contribuye de forma continuada al aprovisionamiento de bebidas de la entidad a través de sus propios productos.

El segundo paso de esta colaboración se concretó en el lanzamiento de una campaña de agradecimiento a todos aquellos que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia. Una edición especial de su cerveza Estrella Galicia presidida por el lema '1 millón de gracias, 1 millón de botellas', rindió homenaje a los profesionales que han trabajado y trabajan activamente durante esta crisis. Todos ellos se convirtieron en los protagonistas de las etiquetas de más de un millón de botellas de su marca de cerveza más emblemática.

La crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 ha tenido como consecuencia inmediata una emergencia económica y social que ha llevado a cientos de miles de familias a solicitar ayuda para cubrir sus necesidades básicas, lo que ha incrementado exponencialmente la demanda recibida por los Bancos de Alimentos.

Esta situación explica que la compañía vaya un paso más allá en su compromiso con FESBAL en esta ocasión y haya decidido llamar directamente a la acción de los consumidores a través de sus envases de Cabreiroá para que puedan contribuir aportando fondos a la entidad.

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha afirmado este martes que la debacle que sufrió el partido en las elecciones generales del pasado noviembre no fue por haberse negado durante meses a pactar con Pedro Sánchez, sino por ofrecerle un acuerdo in extremis y por no haber explicado mejor a los votantes que el líder del PSOE nunca quiso un pacto con Cs.

Así lo ha dicho Rivera en un acto en Casa de América, en Madrid, donde ha presentado su nuevo libro, 'Un ciudadano libre' (Espasa), en el que, entre otros asuntos, relata cómo vivió los meses previos a los comicios en los que Ciudadanos pasó de 57 escaños en el Congreso a diez.

El exdiputado considera que su primer error fue plantear en septiembre de 2019, en un contexto de "polarización y sectarismo" políticos y "con el populismo de Vox creciendo", una opción de acuerdo a Sánchez con tres condiciones, que éste rechazó.

"Es evidente que levantar la bandera blanca del pacto con PSOE y PP en un país atrincherado me costó la muerte política", concluye, argumentando que una parte de los votantes de Cs "no lo entendieron" y en las elecciones de noviembre "se fueron a la derecha".

Cs DEBIÓ HABER "DESENMASCADO" A SÁNCHEZ ANTES

La otra equivocación que Rivera admite que cometió es "no haber desenmascarado antes" la "estrategia" del presidente del Gobierno de forzar una repetición electoral tras los comicios de abril y pactar con Podemos y los partidos nacionalistas.

"Deberíamos haber dejado en evidencia con anterioridad, ante la opinión pública, que el presidente en funciones no quería ningún acuerdo con nosotros", dice, indicando que "en ningún momento" le tendió la mano para hablar.

Rivera ha destacado que, mientras el presidente sigue en la Moncloa, sin importar "con quien pacte y a qué precio", él ha dejado la política. Pero "yo duermo tranquilísimo habiendo tomado las decisiones que he tomado", ha recalcado.

Pese a las insistentes preguntas de los periodistas, Rivera ha evitado opinar sobre la estrategia de la actual líder de Cs, Inés Arrimadas, sus pactos con Sánchez y su decisión de negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

"Tienen que tomar sus decisiones y su rumbo con libertad", ha manifestado, añadiendo que no va a intentar "tutelar" a la nueva dirección de la formación naranja y que mantiene una "excelente relación de amistad" con Arrimadas.

En el libro, la describe como "una mujer inteligente" con "una enorme capacidad de trabajo" y de "autoexigencia". "Estoy seguro de que le espera un gran futuro al frente de Ciudadanos. A todos les doy las gracias por su apoyo y ojalá sigan trabajando con ilusión y acierto por el bien de España", escribe.

ASEGURA QUE NO VOLVERÁ A LA POLÍTICA

El exlíder de Cs, que ahora preside el despacho de abogados Martínez-Echevarría & Rivera, asegura que su punto final a la política "es definitivo" y que ahora está en otra etapa. Además, el panorama político actual, donde varios partidos "alientan la polarización", no le gusta y desearía que se abrieran "espacios de entendimiento".

Sobre su dimisión, que anunció un día después de las elecciones del 10 de noviembre, Rivera explica en su libro que hacía varios meses que contemplaba esa opción y así se lo transmitió a su pareja, Malú, y al entonces secretario general de Cs, José Manuel Villegas, pocos días después de los comicios de abril.

Pese al buen resultado electoral obtenido entonces por Cs, les dijo: "Me queda una oportunidad más; o llego a la Presidencia del Gobierno en las siguientes, o me marcho y dejo paso". Ocho meses después, el 11 de noviembre, tras perder más de 2,5 millones de votos, comunicó su decisión entre lágrimas a los miembros de la Ejecutiva del partido: "Me voy. No puedo más".

En el libro, Rivera menciona a muchos de sus excompañeros, sobre todo a aquellos con los que empezó en la política en el Parlament de Cataluña, a quienes le acompañaron en la expansión nacional de Ciudadanos y a fichajes de los últimos años como Marcos de Quinto, Edmundo Bal, Sara Giménez, Joan Mesquida o Javier Imbroda.

A los que no nombra en ningún momento es a dirigentes y cargos públicos que criticaron su forma de liderar el partido, como Toni Roldán, exdiputado y exsecretario de Programas, el también exdiputado Francisco de la Torre y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

LAS "PRESIONES" DE "LOS PODEROSOS"

Otro de los temas que Rivera trata en 'Un ciudadano libre' son las "presiones e intentos de tutela" que afirma que recibió Cs, tanto internos como externos. "Hemos visto informes bancarios diciendo a los partidos lo que tienen que pactar", ha lamentado durante la rueda de prensa.

Según ha defendido, él fue "coherente" con su palabra, que era no hacer presidente a Sánchez y "vigilar desde la oposición" al Gobierno del PSOE con Podemos, apoyado por los nacionalistas.

En el libro subraya que Ciudadanos nació en Cataluña "a pesar del 'establishment' político y económico" y que nunca fue "el hombre del Ibex": "Ni me financiaron ni me tutelaron".

"Es cierto que durante un tiempo a buena parte del mundo empresarial le gustaron las propuestas y las políticas liberales de Cs, y al poder económico incluso le convenía la presencia de un partido bisagra que apoyara al PSOE o al PP en acuerdos de investidura para dar estabilidad", escribe.

Sin embargo --continúa--, "a algunos poderosos se les encendieron las alarmas cuando Ciudadanos tomó la decisión de ser una opción real de gobierno y no una mera bisagra". Al recordar que su partido casi supera al PP en las elecciones de abril de 2019 y que quería ser una alternativa a Sánchez, afirma que "eso ya no gustó tanto" porque suponía "una declaración de guerra a casi cuarenta años de bipartidismo".

RECHAZÓ SER VICEPRESIDENTE DE RAJOY

A lo largo de su libro, Rivera toca distintos temas, como su lucha contra el nacionalismo y el coste personal que tuvo para él --con injurias y amenazas de muerte--, o sus opiniones sobre distintos políticos.

Sobre el exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, dice que su relación fue "de menos a más" y que en 2016, cuando el PP y Cs alcanzaron un pacto de investidura, rechazó su oferta de ser vicepresidente del Gobierno porque temía que la corrupción del PP pudiera acabar salpicándole.

Del actual presidente de los 'populares', Pablo Casado, afirma que, si hubieran sumado una mayoría suficiente tras las últimas elecciones generales, habrían podido "formar juntos un Gobierno razonable".

En cuanto al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Rivera precisa que su "desencuentro" fue fruto de "los recelos mutuos y alguna que otra entrada sucia" e "insulto" por parte del ahora vicepresidente del Gobierno.

Sobre el líder de Vox, Santiago Abascal, admite que en el discurso "radicalizado" que tiene ahora le cuesta reconocer al Abascal que conoció hace años en el País Vasco, y se pregunta si su ideología ha evolucionado o "si se trata de una estrategia para ocupar el espacio más conservador a la derecha del PP".

LA "COBARDÍA" DE PUIGDEMONT

Otro político sobre el que Rivera habla en su libro es el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que, a su juicio, "ha demostrado una cobardía difícil de superar". Es "lo opuesto" de lo que debe ser un presidente, ya que "ni cumplía las leyes, ni respetaba a la mayoría constitucionalista catalana, ni unía a la sociedad", sostiene.

Durante la rueda de prensa, al expresidente de Ciudadanos también le han preguntado por la crisis del coronavirus y la gestión que se está haciendo de la misma. Lo que ha pedido a los políticos es que escuchen a los expertos, aprendan de los errores y mejoren la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que, tanto el lehendakari como su Ejecutivo y los partidos que lo integran, creen que "ha llegado el momento de que se superen todas las situaciones de excepcionalidad que se puedan estar aplicando en política penitenciara".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria se ha referido a las manifestaciones del secretario general de Sortu en una entrevista en ETB en la que ha afirmado que "los 'presos políticos' (en referencia a los de ETA) no son ni maltratadores ni pederastas y tienen el apoyo de una parte importante de este pueblo".

Además, Rodríguez ha defendido que estos reclusos son "unos supervivientes" al salir de la cárcel "tras habérseles alargado el castigo con una ley penitenciaria que mata".

El portavoz del gabinete Urkullu no ha querido comentar las manifestaciones de Arkaitz Rodríguez y se ha limitado a recordar "cuál es la posición del Gobierno y de los partidos que lo sustentan respecto a la política penitenciaria".

Según ha apuntado, el Gobierno cree que "ha llegado el momento de que se superen todas las situaciones de excepcionalidad que se puedan estar aplicando en política penitenciara, tanto en esta legislatura como en la anterior".

Zupiria ha recordado que el lehendakari ha planteado esta postura "más de una vez" a las autoridades estatales y también "los consejeros correspondientes" han apuntado "los pasos que se deberían dar en este tema". "Es, además, una posición coincidente con la que tiene la mayor parte del Parlamento y las instituciones vascas", ha concluido.

El Pleno del Congreso debatirá la próxima semana la petición del PSOE y Unidas Podemos para que el Congreso cree una comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen', como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Según ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, así lo ha decidido este martes la Junta de Portavoces. La iniciativa de los dos grupos que comparten el Gobierno prosigue así su andadura parlamentaria, que arrancó la semana pasada cuando la Mesa de la Cámara dio luz verde a su tramitación.

En concreto, el texto registrado por los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición solicita que la Cámara investigue "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".

Se da por hecho que la comisión saldrá adelante porque además de sus impulsores, Ciudadanos ya ha adelantado su apoyo a la misma y también la respaldarán los partidos independentistas, Más País-Equo y Compromís.

PACTAR LA PRESIDENCIA

Una vez que el Pleno apruebe su creación, los grupos deberán decidir cuándo se constituye la comisión, para lo que tendrán que alcanzar un acuerdo sobre la persona que ocupará la Presidencia y el resto de puestos de la Mesa que dirigirá sus trabajos. Habitualmente, el máximo responsable de este tipo de comisiones suele ser diputado de un partido minoritario.

La comisión nacerá, como es habitual, con un plazo inicial de tres meses para hacer sus pesquisas prorrogable por otro tres si así lo acuerda el Pleno de la Cámara.

De momento, Unidas Podemos ya ha adelantado su intención de citar ante la comisión al actual presidente del PP, Pablo Casado, y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También se espera que tengan que desfilar ante este órgano el exministro Jorge Fernández Díaz, quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la exsecretaria general del PP y ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

El Ejecutivo regional ha advertido este martes sobre la llegada masiva de pateras a las costas de la Región y ha exigido al Gobierno central que actúe a nivel diplomático y de control y protección de fronteras para frenar esta avalancha "inasumible".

Esta denuncia se produce después de que hasta 14 embarcaciones, con un total de 173 inmigrantes irregulares a bordo, hayan llegado a las costas de la Región en las últimas horas, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Con estas 173, el número de personas migrantes que han llegado a la Región desde el pasado día 16 de septiembre se eleva a 303, de los que una decena han dado positivo en las pruebas del coronavirus.

Esos diez casos positivos han sido trasladados al Hospital Santa Lucía para recibir atención sanitaria, mientras que otros 176 permanecen aislados en las dependencias del Hotel El Cenajo para guardar cuarentena tras haber permanecido en contacto con ellos.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha exigido a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Interior "que dejen de mirar para otro lado y asuman de una vez sus competencias en materia de inmigración".

"Llevamos desde el verano asistiendo a la llegada masiva de pateras sin que veamos una respuesta clara de la Delegación ni del Ministerio", ha aseverado el titular de Presidencia y Hacienda, quien ha señalado que "desde el Gobierno regional y desde el Ayuntamiento de Cartagena nos hemos ofrecido a colaborar en numerosas ocasiones y hemos intentado crear un puente para abordar de manera conjunta una situación ya de por sí preocupante que se agrava con la crisis sanitaria que atravesamos".

"Pero lo único que hemos obtenido han sido evasivas por parte de un delegado del Gobierno desbordado que, pese a que incluso un juzgado le ha dicho que tiene la obligación de actuar, sigue tratando de eludir su responsabilidad y sus competencias", ha lamentado.

Desde el Gobierno regional se han enviado también numerosas cartas al Ministerio de Interior para advertir de la gravedad del problema y solicitar su colaboración y una mayor dotación de recursos humanos y materiales tanto en el control de las fronteras como en la guarda y custodia de los inmigrantes que deben guardar cuarentena.

"El ministro también ha decidido ponerse de perfil y ha contestado al Gobierno regional que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden hacer nada para impedir la fuga de los inmigrantes en cuarentena, algo de una extrema gravedad e irresponsabilidad que puede generar un problema sanitario a nivel regional, nacional e incluso europeo, ya que la mayor parte de los inmigrantes que llegan a nuestras costas se trasladan luego a otros países como Francia para reunirse con sus familiares", ha señalado el consejero.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este martes ante los hosteleros el apoyo de su partido a extender los ERTE hasta el 31 de marzo y a aplicar un IVA superreducido al sector. También ha defendido que se renegocien los alquileres y que reciban de los fondos de la UE que corresponden a España la parte proporcional que representa este sector en la economía española, que es del 12%.

Así se lo ha trasladado el líder de los 'populares' durante una reunión con la Confederación Española de Hostelería para apoyar sus exigencias al Gobierno con el objetivo de salvar un millón de empleos que afectan al sector.

En primer lugar, Casado les expresó el respaldo del PP en las demandas al Ejecutivo de extender los ERTE hasta el 31 de marzo, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada turística y exonerando a los empresarios de las cotizaciones de la Seguridad Social para aquellos establecimientos que permanezcan cerrados.

"A CERO INGRESOS, CERO IMPUESTOS"

"A cero ingresos, cero impuestos", ha declarado el presidente del PP durante su asistencia al comité ejecutivo de la Hostelería de España, que se celebró este martes en la sede de esta Confederación de manera online.

Además, Casado se ha mostrado partidario de establecer un IVA superreducido al sector, que se renegocien los alquileres y que reciban de los fondos de la UE que corresponden a España la parte proporcional que representa este sector en la economía española, que es del 12%, según ha informado el PP en un comunicado.

Durante su intervención, el líder del PP ha asegurado que es urgente aumentar en un año el periodo de carencia de los fondos ICO a los autónomos y pymes como, según ha expuesto, ha pedido el Grupo Popular en una iniciativa registrada en el Congreso.

COLABORACIÓN PARA IMPULSAR UN PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO

También ha ofrecido su colaboración al Gobierno para salvar empleos y empresas a través de un plan de choque económico que incluya bajada y eliminación de impuestos, flexibilidad laboral, reforma de la administración y mejora de la competitividad, entre otras cuestiones.

Casado ha pedido al Ejecutivo que ofrezca soluciones "inmediatas" para los siete millones de personas que, según el PP, se han quedado atrás por "la inoperancia" del Ejecutivo que tiene "colapsada" la Administración "sin ser capaz de tramitar los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital y creando incertidumbre y desasosiego con anuncios de recortespara pensionistas y funcionarios". "Por nosotros no va a quedar, mi mano sigue tendida", manifestó ante los hosteleros.

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un hombre y una mujer, J.M.R.L. y N.F.M, respectivamente, a cinco años de prisión por sendos delitos de corrupción de menores, según ha señalado el Gabinete del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

En concreto, ha condenado al hombre a dicha pena de internamiento como autor criminalmente responsable de un delito de corrupción de menores de dieciséis años, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo en el tiempo de la condena, y una multa de un año a razón de seis euros diarios.

En cuanto a la mujer, la Audiencia Provincial la condena a la misma pena de prisión como responsable de un delito de inducción y favorecimiento de la prostitución de un menor de dieciséis años, así como a una multa de seis euros diarios durante doce meses.

La sentencia determina, además, que de conformidad a lo dispuesto en el Código Penal, procede importe a cada uno de los acusados la pena de libertad vigilada durante el tiempo de la condena, con el comiso definitivo de los teléfonos y el ordenador intervenidos, a los que se dará destino legal.

El Tribunal considera probado que la acusada mantenía relaciones sexuales con el acusado, ambos sin antecedentes penales, cuando el hombre tuvo conocimiento de que ella tenía una hija menor de dieciséis años, con la que "por sus deseos libidinosos" le propuso tener relaciones sexuales a cambio de un precio durante 2017 y 2018.

La madre de la menor, ante las reiteradas peticiones del acusado y el ofrecimiento del dinero, le transmitió a su hija las mismas, al mismo que negoció las condiciones económicas con el acusado, tal y como ha quedado constatado en los mensajes de teléfono recuperados de los terminales intervenidos.

Las residencias de mayores gallegas registran este martes 233 casos activos de coronavirus, tras la detección de ocho nuevos positivos en distintos centros.

Así lo refleja el parte diario remitido por las consellerías de Sanidade y Política Social, que suma seis nuevos contagios de usuarios de la residencia de mayores Las Salinas de Orense, un nuevo caso activo de un usuario de la residencia Ballesol de Oleiros y un mayor positivo en el centro El Pilar de Bergondo, que hasta ahora no registraba ningún caso.

Con ello, las residencias con más usuarios afectados siguen siendo la DomusVi Lugo, de Otero de Rey, con 133 usuarios positivos, la residencia de O Incio, con 58, y el hogar residencial El Pinar de Culleredo, con 21. Las tres han sido intervenidas por la Xunta.

Del mismo modo, también tienen usuarios contagiados la residencia Ballesol de Oleiros (7), la residencia Las Salinas de Ourense (7), la Orpea Coruña de Culleredo (2) y la DomusVi Lalín (2). Por su parte, la residencia de Arteixo, la de Castro Ribeiras do Lea y el centro El Pilar tienen un usuario afectado cada una.

TRABAJADORES DE RESIDENCIAS

En cuanto a los trabajadores de residencias de mayores afectados, el parte de este martes informa de la curación de un empleado de la DomusVi Lalín y de los nuevos positivos de tres trabajadores de Las Salinas, uno de la Bellavista Care de Nigrán y otro de la residencia de mayores Santa Marta de Vigo.

Con ello, son 101 los trabajadores positivos por COVID-19 en este tipo de centros. Los más afectados, como en jornadas anteriores, son la residencia de O Incio, con 35 empleados con PCR positiva, y la DomusVi Lugo, de Outeiro de Rei, con 24. Además, hay siete trabajadores contagiados en el hogar residencial El Pinar de Culleredo y tres en la residencia Las Salinas de Orense.

A estos se suman dos casos en la residencia Ballesol de Oleiros, otros dos en la DomusVi Lalín y otros tantos en el centro de Volta do Castro, en Santiago, la misma cifra que la residencia San Simón de Teo, la residencia Vitoria de Teo, la residencia Nosa Señora do Socorro de Arnoia, DoralResidencias de Mos, CRAPD Vigo I y Residencia Santa Marta de Vigo.

Finalmente, registran un trabajador afectado las siguientes residencias: Oleiros, DomusVi Noia, Porta do Camiño de Santiago, A Milagrosa de Lugo, San Bartolomeu de Xove, Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa, La Saleta de Cea, DomusVi Barra de Miño de Coles, Santiago Apóstol de Vilamarín, Vilar de Barrio, Campolongo, Bellavista Care de Nigrán, CRAPD Vigo II y residencia geriátrica Albi-Beade.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

En cuanto a los centros de discapacidad, se mantienen en 38 los contagios entre sus usuarios: uno en la Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos (La Coruña) y 37 en la residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros (La Coruña).

También hay 15 trabajadores con COVID en diferentes centros, tras sumar un nuevo positivo en el CAPD A Coruña y restar, por negativización, un caso en el centro La Baña de La Estrada.

En concreto, el centro con más casos entre sus trabajadores continúa siendo el Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros, con 11. Tienen un trabajador afectado, además, la residencia Juan Vidán Torres de Santiago, la residencia de atención a personas con daño cerebral de Castro de Rei, la residencia de Chapela-Redondela y el CAPD de La Coruña.

El Gobierno presentará en las próximas semanas un plan de choque para el sistema de atención a la dependencia con reflejo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que recuperará la compatibilidad entre prestaciones y servicios, así como los niveles mínimos, y aumentará las horas de atención domiciliaria.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, este martes 22 de septiembre durante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados.

"Les anuncio que en las próximas semanas conoceremos un plan de choque para el sistema de atención a la dependencia con reflejo en los PGE que sirva para revertir los recortes de 2012 y 2013 y asegurar una mejor atención a las personas dependientes y recuperar prestaciones", ha subrayado Álvarez.

En concreto, ha adelantado que se generalizará el servicio de teleasistencia, se garantizará la financiación a las CCAA, se aumentarán las horas de atención domiciliaria, se recuperarán las compatibilidades entre prestaciones y servicios, y se avanzará en la regulación de la figura del asistente personal.

Álvarez ha criticado que el sistema de atención a la dependencia cuenta con "450 millones de euros de financiación menos que en 2010 fruto de los recortes de 2012" pero, al mismo tiempo, "hay medio millón de usuarios más", algo que es "difícil de casar" y "obliga a hacer malabares".

Por ello, ha indicado que el refuerzo del sistema de la dependencia debe pasar por "incrementar el nivel mínimo y restablecer el nivel acordado"; por "mejorar la financiación en el plan concertado de servicios sociales que acumula importantes recortes"; y por que "el eje de los cuidados a las personas mayores de larga duración dependientes o con discapacidad, sea uno de los prioritarios en la distribución de los fondos de reconstrucción europeos".

Álvarez ha precisado que el próximo 2 de octubre han convocado un Consejo Territorial para trasladar a los consejeros y consejeras de las CCAA información detallada sobre el plan de choque sobre dependencia. Además, ha avanzado que crearán también un grupo de trabajo para "repensar el modelo de cuidados de larga duración".

Durante su intervención en la Comisión, el secretario de Estado de Servicios Sociales ha defendido la actuación del Gobierno y, en concreto del Ministerio de Derechos Sociales, al frente del cual está el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, ante la crisis, aunque tampoco muestran "ni complacencias ni triunfalismos".

Según ha subrayado, es "competencia de las CCAA" pero ha asegurado que la Secretaría de Estado ha facilitado "herramientas" para "intentar evitar que los centros residenciales se convirtieran en espacios de contagio y vectores de propagación".

"La responsabilidad no se delega y no hemos echado balones fuera en ningún momento, desde esta Secretaría de Estado, respetando escrupulosamente nuestras competencias, hemos dado instrumentos para que quienes eran competentes, las CCAA, pudieran ejercer su trabajo en una colaboración que ha sido correcta y fructífera", ha asegurado en respuesta a preguntas de la diputada del PP Alicia García.

PCR EN TODA LA RESIDENCIA ANTE UN POSITIVO

Precisamente, ante los reproches de la diputada 'popular', que ha acusado al Gobierno de la "ausencia de protocolos" en los centros residenciales o de la realización de pruebas PCR solo a los nuevos ingresos, el secretario de Estado ha negado ambas afirmaciones y ha puntualizado que existe la obligación de realizar PCR a todos los residentes y trabajadores de una residencia en cuanto aparece un brote, o lo que es lo mismo, un positivo.

"Hoy la coordinación socio sanitaria no solo no falla sino que es efectiva. ¿Esto quiere decir que hay que ser complacientes? No, la situación sigue siendo de enorme tensión", ha reconocido Álvarez. Si bien, ha instado al resto de grupos parlamentarios a "no utilizar esto como un ladrillo que se arroja a la cabeza de unos a otros" porque lo considera "una torpeza".

Ante esta segunda oleada de la pandemia, Ignacio Álvarez ha puesto de relieve la importancia del grupo de trabajo 'Centros residenciales y COVID-19', que se creó en junio con el objetivo de compartir información y criterios, y consensuar propuestas y medidas de coordinación para preparar una respuesta adecuada ante posibles rebrotes, y que presentará un informe en el próximo consejo territorial.

Por otro lado, ha desmentido que se vaya a cerrar ningún centro del IMSERSO. "Son bulos, van a mantener su actividad", ha precisado, al tiempo que ha destacado que diez centros permanecieron funcionando durante la primera ola de la emergencia sanitaria.

Durante las intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE Sonia Guerra ha subrayado la "necesidad hoy más que nunca de humanizar los cuidados" que "deben ser generadores de ocupación" e incorporar "instrumentos" que faciliten a los ancianos seguir viviendo en su domicilio.

Por su parte, la diputada del PP Alicia García ha reprochado al Gobierno haberse quedado "repitiendo primero de pandemia" cuando el resto de españoles han hecho "un máster"; y ha rogado al Ejecutivo que aporte la cifra oficial de fallecidos en residencias --al menos 23.242 según el último recuento de Europa Press-- y que obligue a hacer los test en estos centros para evitar que la segunda ola convierta las residencias otra vez en "una trampa mortal.

"OMISIÓN DE SOCORRO" A LOS ANCIANOS

Mientras, la diputada de Vox María de los Reyes Romero ha acusado al Gobierno de incurrir en un "crimen de omisión de socorro" al "aislar" las residencias y "privarlas de atención médica". "Solo recibieron paracetamol y morfina, fueron condenados a muerte sin sus familiares, casi se podría hablar de eutanasia masiva encubierta", ha exclamado.

Por el contrario, la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra ha apostado por avanzar en un nuevo modelo residencial, con residencias "más reducidas y más parecidas a un hogar" y "acabar con el negocio de las residencias que ha resultado muy lucrativo para algunos fondos de inversión pero letal para los mayores.

Para la diputada de ERC Inés Granollers el horizonte es "desolador" y ha pedido una "urgente movilización de recursos financieros en el ámbito asistencial". Además, el diputado de Junts per Catalunya Genís Boadella ha pedido que no solo se reviertan los recortes en la Ley de Dependencia sino también la "injusticia" que, a su juicio, se ha cometido con las CCAA, "que han puesto la mayor parte del dinero para dependencia".

Finalmente, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha recordado que lo que solicitan las residencias es que se defina el papel de estos centros pues, a su juicio, han actuado como cualquier hogar durante la pandemia. "Hemos sido bastante injustos con estos centros. ¿Qué se les pedía, que fuesen centros sanitarios?", se ha preguntado.

También ha salido a debate la cuestión del Ingreso Mínimo Vital que, según han denunciado las diputadas de PP y Vox "ha llegado a menos del 1% de los hogares". Ignacio Álvarez ha respondido que "urge" la agilización de la tramitación de esta prestación así como la construcción de "pasarelas" con las rentas mínimas de las CCAA.

El secretario de Estado se ha dirigido a PP y Vox para afearles, al primer partido, que "intenta utilizar una pandemia para derribar al Gobierno", y al segundo, que "intenta encender la llama del odio" al acusar al Ejecutivo de hacer "eslóganes pegadizos".

El Centro de Información y Atención a la Mujer (CIAM) del Distrito Sur de Sevilla permanecerá cerrado durante los próximos días tras dar positivo una de las trabajadoras y determinarse, de acuerdo con el protocolo de prevención, que deben realizarse pruebas al resto de personas que trabajan en el centro.

Según ha informado el Ayuntamiento hispalense, este martes se está acometiendo ya los trabajos de desinfección tanto de las instalaciones del CIAM como la sede del distrito donde se ubica.

De acuerdo con el protocolo, explica que la sede del distrito sí tiene previsto abrir sus puertas de nuevo el jueves con el personal que no haya tenido contacto alguno de riesgo con la trabajadora que ha dado positivo. En el caso del CIAM, la fecha de apertura dependerá del resultado de las pruebas que se realicen al personal.

En cualquier caso, se subraya que "a través de la red de centros del CIAM la atención a cualquier persona que lo requiera está garantizada".

En cuanto a los usuarios, el distrito y la sede del CIAM cuentan con mamparas, distancias de seguridad así como el uso de mascarillas por parte de todos los trabajadores, por lo que de acuerdo con los protocolos de prevención "no hay detectada situación de riesgo alguna para los usuarios que hayan acudido al distrito en los últimos días".

No obstante, recuerda que es la autoridad sanitaria competente, la Consejería de Salud y Familias, quien realizará un seguimiento y contactará en caso de ser necesario con los contactos de las personas que hayan tenido contacto de riesgo con la persona que ha dado positivo.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) comenzará a impartir a partir de noviembre el I Máster de BIM (Building Information Modeling o Modelado de la Información de la Construcción) en Obra.

Este Máster, que contará con un máximo de una veintena de alumnos, será online y tendrá como principal finalidad cubrir una parcela de formación BIM entre los profesionales del sector AECO (arquitectura, ingeniería, construcción y operación).

Además, otro de sus objetivos será mostrar las pautas de coordinación, cooperación, comunicación y gestión de la información necesarios en cualquier ejecución de obra y mantenimiento de edificios de manera integrada con la información digital de la metodología BIM, ha informado la UCLM en un comunicado.

Este postgrado, que en octubre comenzará a cursar las matrículas, incide en una metodología que implica el trabajo con maquetas digitales de los edificios que se pretenden construir pudiendo conocer la cantidad de materiales necesarios, adelantar posibles conflictos durante el proceso constructivo o simular su comportamiento energético antes de su construcción.

La adaptación de la Escuela Politécnica de Cuenca a las exigencias del mercado laboral para la formación de técnicos para la construcción desde la primera promoción de arquitectos técnicos, así como la apuesta desde el curso 2016-2017 del Grado de Ingeniería de Edificación han sido los primeros pasos de la UCLM en la implantación gradual de la metodología BIM.

Es más, el desafío desde este centro por instaurar en la Universidad regional este sistema le ha llevado a conformar un grupo de investigación, CuBIM, que tiene como máxima avanzar en el conocimiento y aprendizaje de lo que BIM significa en el sector AECO. Trabajo que se ha confirmado en varios concursos internacionales como el 2º premio en BIM Valladolid de 2016, 1ºen 2017 o 3º en BIM Contest Francia 2019, entre otros.

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que la Generalitat ha declarado la cultura como un "bien esencial para el desarrollo integral de la personalidad individual y colectiva", que debe servir como punto de partida para elaborar el marco normativo que garantice y regule el acceso a la cultura.

En rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, ha explicado que esta declaración también debería servir para "acelerar" la reanudación de los diferentes sectores culturales tras la pandemia, y dar respuesta a las necesidades de los profesionales del sector.

Ha afirmado que la pandemia del coronavirus ha evidenciado que la cultura "ha sido fundamental para poder afrontar las situaciones de aislamiento de las personas" y que es un bien esencial para la sociedad.

También ha señalado que las limitaciones que se han aplicado en el sector cultural por el Covid-19 han tenido un impacto económico importante, por lo que defiende que en estos momentos "hay que velar más firmemente porque se garantice el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía, así como el derecho de todos los agentes culturales para recuperar su actividad.

Preguntada por si esta declaración garantiza que las actividades culturales no quedarán restringidas si vuelve a haber un confinamiento, Budó ha contestado que dependerá del contexto de la situación sanitaria, pero que la declaración de bien esencial no impide que se puedan volver a limitar: "En el caso de que se tuviera que hacer un confinamiento probablemente no podríamos ir al cine ni al teatro ni a un concierto".

"Se trata de hacer evidente que la cultura ha sido muy importante durante la pandemia y de qué manera podemos trabajar para proteger este sector. A partir de aquí, en función de como vaya evolucionando la pandemia iremos por una vía u otra", ha asegurado.

La Fiscalía del Principado de Asturias aumenta a 10 años de cárcel su petición de pena para un acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que concertó una cita. Asimismo, solicita que, en el caso de condena, el procesado permanezca en prisión hasta que la sentencia sea firme.

Según indican desde el Ministerio Público, se han modificado este martes sus conclusiones provisionales --respecto a la petición inicial de 7 años de prisión-- al término de la vista oral señalada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, celebrada contra un procesado por agredir sexualmente a una mujer con la que concertó tener sexo a cambio de 120 euros.

De este modo, la petición de condena por el delito de agresión sexual será de 10 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquiera que fuera frecuentado por la misma, y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 11 años, y la medida de libertad vigilada durante 6 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Además, por el delito leve de lesiones, la Fiscalía pide una pena de multa de 2 meses, con una cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

De acuerdo al relato fiscal, el procesado, sobre las 7.00 horas del día 11 de diciembre de 2019, concertó con la víctima un servicio sexual, a realizar en el domicilio de él, tras contactar con ella a través de un número que tenía publicado en una página de contactos.

El precio acordado fue de 120 euros, a pagar antes del servicio. Una vez allí, la mujer preguntó al procesado si le podía pagar los 120 euros, dado que en una ocasión anterior, en la que también habían quedado, habían tenido problemas a causa del pago.

El procesado le respondió que no, que le pagaría cuando finalizaran, a lo que ella se negó y pretendió irse del domicilio. Elprocesado se lo impidió, agarrándola por el brazo izquierdo y tirándola sobre la cama, donde la obligó a desnudarse.

Ella se negó y entonces él la abofeteó y le dijo expresiones como: "Tú de aquí no vas a salir, te voy a follar como a mí me gusta", "Eres una puta y encima me vas a pagar", "No vales para nada, eres puta igual que todas", agrediéndola sexualmente mientras la agarraba del cuello y continuaba abofeteándola.

En un momento dado, aprovechando que el procesado se levantó de la cama, la víctima se dirigió hacia la ventana con intención de pedir ayuda, sin que pudiera hacerlo al impedírselo el procesado, el cual volvió a agarrarla y a tirarla sobre la cama, donde continuó agrediéndola para, a continuación, cogerla por el pelo y arrastrarla hasta la cocina. Allí cogió un cuchillo, le dijo que no gritara y le propinó una patada.

AUXILIADA POR UNA VECINA

Ante los gritos de auxilio de la mujer, el procesado cesó en su actitud, aprovechando ella para salir del domicilio con nada más que una cazadora y llamar a la Policía con su teléfono, que se encontraba en uno de los bolsillos de esa prenda. En el portal fue auxiliada por una vecina.

Por auto de fecha 13 de diciembre de 2019, el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo la prisión provisional comunicada y sin fianza del procesado.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido la libertad de la clase trabajadora para manifestarse contra las restricciones decretadas por la Comunidad de Madrid y ha avanzado que cargos del partido acudirán a esta protesta a título individual, pues comparten la "indignación" ante las medidas "segregadoras" impulsadas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"¿A ver si en España solo se van a poder manifestar negacionistas o clases pudientes? La decisión de manifestarse es individual y compartimos esa indignación porque tiene base", ha lanzado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

En esta línea y cuestionado sobre si Podemos animaba a la convocatoria o no, ha recalcado que su formación simplemente ha suscrito, al igual que el PSOE y otras organizaciones como sindicatos, un manifiesto crítico contra las medidas.

Respecto a la decisión del secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que ha optado por retirarse de la protesta, Echenique respeta la decisión del partido y ha desgranado que personas de Unidas Podemos acudirán a título individual a dicha manifestación.

Sin embargo, ha censurado que determinados portavoces de los partidos de derechas jaleasen las manifestaciones contra el confinamiento durante el estado de alarma en barrios "pudientes" para tratar de "derribar al Gobierno" y ahora "tachen de irresponsables" las protestas de la clase trabajadora.

"IDEOLOGÍA PELIGROSA EN MADRID"

Por tanto, ha rechazado que se descalifique esta manifestación aludiendo a que es un "arma política" contra el Gobierno regional y ha insistido en que Madrid no estaría en esa situación si hubiera asumido su tarea de reforzar los servicios públicos.

En esta línea ha cargado también con la postura de PP, Cs y Vox en la Comunidad de Madrid, que han señalado como problema a la inmigración y que denota una ideología "muy peligrosa".

Así, ha recordado que Ayuso dijo que el 40 por ciento de los casos eran inmigrantes sin ninguna base. También ha criticado al vicepresidente regional Ignacio Aguado, quien dijo que la población debía elegir entre ser "virus o vacuna".

Echenique ha arremetido contra el Gobierno regional que ha optado por restringir barrios y municipios del sur de Madrid cuando, a su juicio, no ha contratado médicos, rastreadores o profesores suficientes para garantizar el control de la epidemia en la región pese a recibir más de 3.000 millones de euros por parte del Gobierno central.

Y es que para Echenique no se comprende que cuando se restringe la movilidad, dicha estrategia afecta de manera "segregadora" e "injusta" a los barrios obreros ni que se permita a estos trabajadores ir en Metro a trabajar pero no llevar a sus hijos al parque.

LAS RESTRICCIONES SON "CLASISTAS" E "INEFICACES"

Dichas medidas para el portavoz de Unidas Podemos revelan un "aroma clasista" y auguran que serán "ineficaces", pues se ha puesto el umbral "muy alto" y "arbitraron" de 1.000 casos por cada 1.000 habitantes, que afectan en principio a zonas de clase trabajadora pero que, según las últimas informaciones, la Comunidad baraja ampliar a más.

En esta línea, ha relatado que de las 286 zonas sanitarias en la Comunidad de Madrid, solo tres están por debajo de los 200 contagios por cada 100.000 habitantes que es la "cota de seguridad" que ponen los expertos en salud pública. Por tanto, ha instado al Ejecutivo autonómico a basarse en el criterio de los expertos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes ampliar plazos y eliminar trámites para "agilizar" las concesiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras las críticas por la lentitud de la Administración en esta materia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado que estas medidas se han incorporado dentro del decreto sobre teletrabajo, que el Ejecutivo ha tratado en la reunión.

Montero ha indicado que, tras los primeros meses de vigencia del IMV, que ha calificado como una de las normas más importantes de la legislatura", se han incorporado a la medida "algunos aspectos de mejora que permiten dar respuesta en un menor plazo de tiempo que el que actualmente" se había "planteado" el Ejecutivo.

Entre ellas, la ministra ha destacado la extensión del periodo de retroactividad del 15 de septiembre al 31 de diciembre, "para que las solicitudes que se presenten hasta finales de año tengan efectos económicos desde el día 1 de junio" o una ampliación del plazo para resolver y notificar estas solicitudes hasta 6 meses, "garantizando la tramitación de todas las peticiones recibidas hasta la actualidad".

MÁS MEDIDAS EN PRÓXIMAS SEMANAS

El Ejecutivo ha aprobado también eliminar el requisito previo de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo y transforma esta obligación en un procedimiento que "se podrá cumplimentar en los seis meses posteriores al reconocimiento de la prestación".

Del mismo modo, se facilitará el cruce de datos por parte de la Administración con los beneficiarios que están en poder del padrón para obtener una información automática y eliminar un tramite y se favorecerá que los beneficiarios actuales de las rentas básicas propias de las autonomías pasen a serlo también del IMV, reconociendo, así, las resoluciones de los funcionarios que trabajan a ese nivel.

Montero ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando en este paquete de medidas para agilizar esta prestación y ha indicado que se irá ampliando "en las próximas semanas" en los siguientes Consejos de Ministros.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha insistido en la necesidad de que se tenga muy en cuenta en el control de acceso a las islas y en las medidas a implementar los índices epidemiológicos por zonas y no por países.

En sesión plenaria, la consejera ha explicado que esta consideración supondrá, de acuerdo con la propuesta de Canarias de Protocolo de Acceso al Destino remitido al Estado, testar a los pasajeros procedentes de la Península, dado que actualmente es una de las zonas más afectadas de Europa por la pandemia. "Obviarlo sería incoherente con la estrategia de destino seguro", advirtió Castilla.

La consejera informó de que actualmente su Departamento y el de Sanidad trabajan de la mano del Estado y, de las nuevas posibilidades que se abren en el seno de la Comisión Europea, con una directiva que busca la armonización de criterios y la reciprocidad entre regiones según su índice epidemiológico, en una propuesta canaria "que esperamos el Gobierno español haga suya y defienda en ese encuentro anunciado por la ministra de Turismo en el seno de la UE del próximo lunes, así como las gestiones que la ministra de Asuntos Exteriores está igualmente desarrollando", explicó.

Yaiza Castilla recalcó que es la misma propuesta que viene defendiendo desde el mes de abril para conseguir la seguridad sanitaria del destino: los test en origen y destino para que todos los pasajeros que viajen lo hagan libres de virus, con el fin de evitar la propagación de la pandemia; la trazabilidad, con el uso de aplicaciones móviles, para identificar posibles contagios y brotes de manera rápida y eficiente; y protocolos de seguridad sanitaria para todos los servicios de la cadena de valor.

Castilla recordó que la propuesta que demanda su Departamento consiste en acuerdos de reciprocidad sanitaria con los países emisores, lo que significa test en origen y en destino; disponibilidad de espacios en los aeropuertos canarios para la realización de test, "aunque mayoritariamente el cliente venga con la prueba hecha y, a la salida, se pueda hacer en centros privados y, hasta en los mismos hoteles, pero será necesario tener este servicio en los aeropuertos para atender la diversa casuística que se pueda producir con los viajeros", señaló.

Además, destacó la necesidad de que se establezca control de acceso a los viajeros en puertos y aeropuertos y que se tenga muy en cuenta en el control de acceso y, en las medidas a implementar, los índices epidemiológicos por zonas, no por países.

En ese sentido, fue clara al afirmar que "tratar de mantener corredores verdes con países emisores de bajo índice epidemiológico mientras mantenemos abierta la entrada a pasajeros de mayor probabilidad de contagio procedentes de la Península, por ejemplo, inutiliza la estrategia de destino seguro y todas las propuestas posteriores".

ESTRATEGIA DE DESTINO SEGURO

Yaiza Castilla enumeró en el Parlamento las distintas acciones llevadas a cabo por la Consejería de Turismo durante el confinamiento y en situación de cero turístico, desarrollando una estrategia de reactivación del sector en la que el principal requisito era garantizar la seguridad sanitaria para turistas y residentes.

Esta estrategia requería la puesta en marcha de una serie de acciones de cara a analizar todos los puntos débiles de la cadena de valor proponiendo medidas de seguridad y protocolos de servicios.

El elemento principal de esta estrategia se centraba en la necesidad de evitar la importación de casos para mantener los buenos datos epidemiológicos de Canarias durante todo el verano y, asegurar un invierno con máxima ocupación, teniendo en cuenta la reducción de competidores de cara a nuestra temporada alta.

Esta acción, explicó, consistía en la vigilancia de los accesos al archipiélago aprovechando la ventaja insular de poder controlar los puntos de entrada en puertos y aeropuertos a diferencia de otras zonas turísticas. "Pues bien, esto, como ha sido obvio, no se produjo".

"No encontramos respaldo, ni de los organismos europeos, ni del Estado, ni de los propios operadores turísticos y compañías aéreas que, cada vez que les planteábamos el tema, nos decían que eso era una línea roja. También internamente nos encontramos con la resistencia de algunas turic@gobiernodecanarias.orgempresas alojativas que empujaban a abrir cuanto antes sin apenas control", manifestó. "Afortunadamente, tres meses después, parece que estas resistencias se han vencido, por el bien de Canarias y los canarios", concluyó.

La Guardia Civil investiga a un joven de 23 años por un supuesto delito de conducción temeraria ocurrido en la carretera de Los Loros, que fue grabado por una de las personas que se encontraban en el mirador y que se hizo viral en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron el domingo 6 de septiembre, víspera de festivo, poco después de las 17.00 horas, a la altura de la curva del mirador de la carretera de Los Loros, en el municipio de Candelaria.

El video que se hizo viral ese puente festivo tiene una duración de cinco segundos, mostrando cómo un turismo de color rojo inició el trazado descendente de la curva del mirador, realizando un trompo e invadiendo totalmente el carril reservado al sentido contrario, bloqueando el mismo, instante en el que por dicho carril circulaba una motocicleta.

Ante la colisión inminente, la motocicleta tuvo que realizar una frenada intensa en mitad del radio de la curva, frenada en la cual se observó cómo perdía adherencia y estuvo a punto de caer en la calzada, siendo la pericia del motorista el único motivo por el que no hubo colisión frontolateral entre ambos vehículos.

El Grupo de Investigación y Análisis de la Guardia Civil del Sector de Tráfico de Canarias (GIAT) detectó en la noche del domingo el vídeo en las redes sociales, y tras las gestiones realizadas en la mañana del lunes, logró localizar al conductor.

Seguidamente se procedió a informarle que estaba siendo investigado por un presunto delito de conducción de un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida o la integridad física de las personas.

El encartado es un varón de nacionalidad española, de 23 años de edad y vecino de la localidad de El Tanque. De los hechos investigados se instruyeron las correspondientes diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia del Partido Judicial de Güimar.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha mantenido este martes la disposición del Ejecutivo a convocar la Mesa de diálogo con Cataluña a "la mayor brevedad posible" y ha remarcado que se trata de un foro en el que se reúnen instituciones "por encima de las personas" para buscar una salida al "conflicto" catalán.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha insistido en que el diálogo es la única manera de solucionar la situación de Cataluña y por tanto no habrá "campañas, elementos disuasorios ni insultos al Gobierno" que le hagan apartarse de esta vía.

Por tanto, ha insistido en su "disponibilidad" para convocar una nueva reunión. "En ella dialogan instituciones, por encima de las personas, ha remarcado en un momento en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre su posible inhabilitación.

En este contexto, Montero ha reiterado que esta "disponibilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez debe acompañarse por "la voluntad" de la Generalitat y los dos partidos que la conforman.

Además, la ministra portavoz ha confirmado la voluntad del Ejecutivo de reformar el delito de sedición del Código Penal, que cree que se encuentra "obsoleto" y "ha sido objeto de recomendaciones de reforma por parte de organismos internacionales".

Se sigue en esa hoja de ruta del Gobierno para actualizarlo y adaptarse mejor a homogeneidad de este tipo de situaciones en el contexto internacional y que se pueda responder con una figura más adecuada con lo que en cada momento se encausa o se enjuicia", ha explicado.

Galicia ha registrado en las últimas 24 horas un nuevo repunte en los casos de coronavirus detectados, con 221 positivos, con lo que la cifra de casos activos ha vuelto a crecer, hasta los 4.350. Además, se ha registrado un nuevo fallecimiento, el de un octogenario en Ourense, con lo que los muertos vinculados a la COVID-19 en la comunidad se sitúan en 721.

En concreto, según la información proporcionada por la Consellería de Sanidade, en Galicia hay este martes 4.350 casos activos de coronavirus, 46 más que la jornada anterior, y se han dado 17.167 altas, 172 más que hace 24 horas.

En cuanto a los fallecidos con COVID-19, desde el último parte se han notificado tres, el último de ellos un hombre de 82 años que se encontraba ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y presentaba patologías previas. A última hora del lunes se notificó también la muerte de dos hombres de 88 años, uno en seguimiento domiciliario en el área de A Coruña y otro ingresado en el Clínico de Santiago.

Con ello, la cifra de fallecidos vinculados a la pandemia desde su inicio en Galicia asciende a 721 y, desde el comienzo de la 'nueva normalidad', son ya un centenar. La primera muerte de este periodo fue la de una mujer el 7 de agosto.

Antes de eso, la Comunidad había encadenado casi dos meses --desde el 10 de junio-- sin decesos relacionados con el coronavirus. El pasado miércoles, además, Galicia superaba la barrera de los 700 fallecidos.

BAJAN A CORUÑA Y LUGO, SUBEN PONTEVEDRA Y VIGO

En cuanto a las áreas sanitarias, la de A Coruña vuelve a registrar un importante descenso en la cifra de casos activos, 34 menos, hasta los 1.114. También descienden los de Lugo, en este caso dos menos, hasta los 687.

El resto de áreas sanitarias experimenta este martes un incremento en su cifra de casos activos. Este incremento es especialmente significativo en Pontevedra, que registra 35 casos más, hasta los 702, y en Vigo, con 32 más, hasta los 489. El área sanitaria de Santiago-A Barbanza incrementa dos casos activos, hasta 627 y la de Ferrol sube tres, hasta los 180.

La cifra de PCR realizaras desde el inicio de la pandemia en Galicia es de 434.864, lo que supone 3.783 pruebas en las últimas 24 horas.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado que el PSOE se ha negado a incluir en el orden del día del Pleno de la próxima semana la discusión sobre la creación de una comisión de investigación sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia del coronavirus.

La Mesa de la Cámara ha admitido a trámite este martes esta iniciativa del PP que busca crear una Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Investigación sobre la gestión desarrollada por el Gobierno frente al COVID-19 y sus efectos sanitarios, sociales y económicos.

Justo después de que la iniciativa fuera calificada, el PP ha intentando que la Junta de Portavoces incluyera su debate en el orden del día del Pleno de la semana que viene. Los 'populares' necesitaban unanimidad para lograrlo, puesto que la iniciativa aún no ha sido publicada, pero los socialistas se han negado.

Así las cosas, el PP tendrá que esperar a la reunión de la Junta de Portavoces de la semana que viene para volver a intentar que se introduzca en el orden del día, con lo que, su debate no podrá sustanciarse, en principio, hasta la semana del 12 de octubre.

SÁNCHEZ, HUYE POR "COBARDÍA"

Gamarra ha explicado que, dado que la pandemia constituye la principal preocupación de los ciudadanos, es urgente que el Congreso debata la creación de esa comisión de investigación y que se pueda activar "de la manera más rápida posible". A su juicio, con su negativa a que se pueda discutir la semana que viene, el PSOE vuelve a huir "del control parlamentarios".

En este sentido se ha quejado también de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vaya a estar finalmente presente en la sesión de control de este miércoles. Sánchez pidió este lunes el aplazamiento de sus preguntas alegando que tiene que viajar a Bruselas el miércoles por la mañana para preparar el Consejo Europeo que tendrá lugar el jueves y el viernes.

Gamarra le ha afeado que evite así dar explicaciones en sede parlamentaria sobre la situación que atraviesa el país, lo que ha achacado a su "cobardía".