El banco estadounidense Bank of America se anotó un beneficio neto de 4.440 millones de dólares (3.777 millones de euros) en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un descenso del 15,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según las cuentas trimestrales que ha publicado este miércoles la entidad.

En el trimestre, las provisiones para afrontar pérdidas crediticias derivadas del deterioro de la cartera de crédito se situaron en 1.389 millones de dólares (1.182 millones de euros). Esta cifra es un 78% superior a la observada en el tercer trimestre de 2019, aunque es un 73% inferior a la registrada en el segundo trimestre de 2020.

Entre julio y septiembre, Bank of America facturó 20.336 millones de dólares (17.305 millones de euros), un 10,8% menos que en el tercer trimestre de 2019. De esa cifra, los ingresos netos por intereses fueron de 10.129 millones de dólares (8.619 millones de euros), un 16,9% menos que hace un año, mientras que los procedentes de comisiones y tasas se redujeron un 3,9%, hasta 10.207 millones de dólares (8.686 millones de euros).

Por segmentos de negocio, la división de banca minorista facturó 8.039 millones de dólares (6.841 millones de euros), un 17,3% menos que en el tercer trimestre del año pasado, mientras que los ingresos de la rama de gestión de inversiones y patrimonio se redujeron un 7,3%, hasta 4.546 millones de dólares (3.868 millones de euros).

De su lado, la rama de banca global se contrajo un 13,3%, hasta 4.517 millones de dólares (3.844 millones de euros), mientras que el segmento de mercados globales avanzó un 10,9%, hasta 4.283 millones de dólares (3.645 millones de euros).

La partida salarial se situó en 8.200 millones de dólares (6.978 millones de euros), un 5,4% más, mientras que los gastos de alquileres y equipos alcanzaron los 1.798 millones de dólares (1.530 millones de euros), un 8,1% más. El gasto en sistemas de procesamiento de información y comunicaciones repuntó hasta 1.333 millones de dólares (1.134 millones de euros), un 14,6% más.

De esta forma, en el conjunto de los nueve primeros meses de 2020, Bank of America se anotó un beneficio neto atribuido de 11.265 millones de dólares (9.587 millones de euros), un 41,5% menos que en el mismo periodo del año pasado, mientras que la facturación se redujo un 5%, hasta 65.429 millones de dólares (55.684 millones de euros).

El antiguo subinspector del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ha reconocido este miércoles, en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en la macrocausa de corrupción policial de Palma y sus derivadas- entre ellas, el 'caso Cursach'- hubo algunas actuaciones "poco ortodoxas", aunque no ilícitas o ilegales.

El agente ha comparecido en calidad de investigado ante el magistrado Carlos Gómez, en una declaración que ha durado cerca de ocho horas. Su comparecencia se ha producido a petición propia y, a diferencia de su declaración anterior, esta vez se ha prestado a contestar a los interrogatorios de los abogados acusadores. Esto ha hecho que su declaración se haya prolongado durante cerca de ocho horas.

Según han informado fuentes próximas al caso, en el interrogatorio, el subinspector ha sostenido que su actuación en la macrocausa fue correcta, y en particular ha defendido su labor en los casos ORA e IME.

En general, ha cargado las responsabilidades sobre el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, manteniendo que las detenciones que se practicaron dependieron de ellos y que eran quienes tomaban las decisiones.

En este sentido, el policía del grupo de Blanqueo ha manifestado que no estaba de acuerdo con algunas decisiones, y que creía que se estaba dando más credibilidad a unos testigos que a otros. En concreto, ha reiterado que avisó de que dos testigos protegidos no le parecían fiables: un ex camarero de Tito's que denunció las presuntas fiestas con policías y drogas en la discoteca, y la conocida como 'madame del caso Cursach', que incriminó a policías y políticos.

Pese a reconocer que hubo algunas actuaciones "poco ortodoxas", ha justificado esto apelando a la especial complejidad de la macrocausa, con numerosos imputados incluyendo a policías y políticos.

Por otra parte, el agente ha declarado que él consideraba que la publicación en prensa de un informe económico policial -sobre un presunto fraude fiscal millonario en las empresas del Grupo Cursach- debía investigarse, y que él mismo denunció estos hechos.

El subinspector fue imputado después de que se localizaran una serie de mensajes en un grupo de WhatsApp con otros agentes de Blanqueo, el juez y el fiscal. Precisamente, un factor que ha hecho que se alargara tanto su declaración ha sido la necesidad de introducir partes concretas de las conversaciones de los whatsapps intervenidos.

Tras la declaración del inspector estaba prevista la de otras cuatro personas, en calidad de testigos, entre ellos la regidora del Ayuntamiento de Palma Angélica Pastor.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) ha lamentado que la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2020 planteada este miércoles por el Gobierno "destruya empleo público en la Administración del Estado".

En un comunicado, ha señalado que es un cambio "drástico" en la orientación del empleo público y considera que el volumen es "insuficiente" y que la distribución por grupos "condena a la desaparición al personal auxiliar y laboral, principales activos en la atención a la ciudadanía".

Para el secretario general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, José Manuel Vera, es "ridículo" ofertar 7.066 puestos cuando las bajas alcanzan los 8.706 efectivos.

"La crisis económica y sanitaria ha puesto de manifiesto el papel esencial de los servicios públicos en la garantía de los derechos de los ciudadanos", ha remarcado tras afirmar que "resulta doloroso que un Gobierno que se autodenomina progresista los ponga en riesgo con esta impunidad y que recupere instrumentos y políticas del PP".

Así, el sindicato ha destacado que se deriva hacia un modelo de Administración de control y gestión que olvida a personal "de a pie", que es el que "realiza la atención directa a la ciudadanía. Así, ha alertado de que se perderá personal laboral, porque solo se cubrirá un 40% de las bajas de 2019, y cuerpo auxiliar, donde no se alcanzará el 25% de las bajas del año pasado.

"Tres de cada cuatro puestos, en su mayor parte de atención al público, se van a quedar vacíos, con terribles consecuencias para las personas que solicitan, por ejemplo, prestaciones o subsidios", ha resaltado.

Así, Vera ha mostrado su preocupación por el hecho de que esta política esconda "la intención de continuar con las privatizaciones de servicios públicos", que no garantizan los derechos de la ciudadanía en condiciones de igualdad, objetividad y transparencia, y que se mueven por criterios empresariales en lugar de por el interés general".

Para CCOO, la propuesta de OPE para 2020 debería partir de la cobertura total de la tasa de reposición, además del incremento del 5% adicional para sectores donde se hayan establecido nuevos servicios públicos, como los paquetes de medidas sociales, o se prevea un alto volumen de jubilaciones, que alcanzarán un 50% en los próximos diez años en la Administración del Estado.

Para Vera, "los instrumentos para la gestión del empleo público están fracasando por la falta de interés del Gobierno en la interlocución con las organizaciones sindicales y por las injustificables demoras en la gestión de las ofertas".

La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado dos iniciativas de PP y Ciudadanos que llaman al Gobierno a cambiar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para combatir el llamado 'fraude carrusel'. Ambas iniciativas han sido respaldadas por PP, Vox, Ciudadanos, PNV y Junts, mientras que el PSOE y Unidas Podemos han votado en contra.

La propuesta del PP reclama ampliar los supuestos de inversión del sujeto pasivo para incluir productos, como los neumáticos, que son objeto de operaciones fraudulentas, así como discos duros, memorias, procesadores, circuitos integrados y otros componentes informáticos.

El llamado 'fraude carrusel' se produce en operaciones intracomunitarias, cuando en un entramado de empresas una repercute el IVA a una mercancía, permitiendo su derecho a la deducción, sin ingresar el IVA correspondiente antes de desaparecer.

El diputado 'popular' Jaime de Olano ha criticado que se trata de un triple fraude: el que se deja de recaudar, el que se gasta en devoluciones indebidas, y el de la competencia desleal con empresas cumplidoras.

José Luis Ramos, del PSOE, ha criticado que la propuesta supone "poner una tirita", que se proponga hacer excepciones en la aplicación de la norma y apostando por "cambiar la perversión del sistema en la aplicación de las operaciones comunitarias", un trabajo que, ha defendido, lleva haciéndose entre las agencias tributarias europeas en los últimos años.

La propuesta también llama a adoptar las reformas necesarias a nivel europeo para combatir el fraude en el IVA, al igual que reclama la iniciativa de Ciudadanos, y finalmente pactada con Vox, que también ha sido aprobada por la Comisión.

En este caso, el texto aprobado pide una reforma global e integral del IVA para dificultar su utilización fraudulenta, aumentar los recursos de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude y que Hacienda elabore un informe sobre economía sumergida, fraude fiscal en IVA y una estimación de las cantidades no declaradas, el impago de impuestos y beneficios fiscales disfrutados indebidamente.

Unidas Podemos y PSOE han planteado una batería de enmiendas conjuntas al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en las que plantean aumentar en el texto legislativo la ambición de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, prohibir la minería de uranio, adelantar a 2030 el fin de la fabricación de los vehículos con emisiones y que permite un mayor grado de autonomía a la Empresa Estatal de Residuos (Enresa).

Las enmiendas parciales plantean, entre otras modificaciones, elevar del 20 al 23 por ciento el objetivo de reducción de emisiones de aquí 2030 respecto al año 1990; pasar del 70 al 74 por ciento en la participación de las renovables en el consumo de electricidad para 2030; de un 35 a 42 por ciento en la participación de las energías limpias en el consumo final de energía para 2030 y elevar, desde el 35 al 39,5 por ciento la reducción de energía primaria.

Además, proponen que los objetivos de la ley solamente podrán modificarse al alza de forma que se garantice un aumento progresivo de la ambición en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, las enmiendas subrayan la importancia de la lucha climática y la alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y el marco de la cooperación multilateral.

De aceptarse la enmienda parcial conjunta ahora propuesta por los dos partidos que forman el Gobierno, la ley conllevaría la prohibición de la investigación y el aprovechamiento de mineral radiactivo "en todo el territorio nacional", como por ejemplo el uranio, lo que conllevaría el fin de proyectos mineros en desarrollo en la actualidad como la mina de Berkeley Minera en Retortillo (Salamanca).

Al mismo tiempo, la enmienda parcial de adición al artículo 8 del proyecto de ley, establece que quedará archivado cualquier procedimiento de autorización de instalaciones radiactivas de ciclo de combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales.

En materia de combustibles, añade al artículo 10 del proyecto normativo, que se refiere al fomento de la penetración de gases renovables a partir de materias primas o residuos orgánicos y subproductos de origen animal o vegetal, que se harán regulaciones que favorezcan el uso industrial directo de estos gases sobre todo para soluciones de movilidad.

FRENO A LA DEFORESTACIÓN POR EL ACEITE DE PALMA

No obstante, proponen también que el Gobierno establezca objetivos anuales de integración de renovables y suministro de combustibles alternativos en el transporte. Del mismo modo, podrá limitarse, con una senda de reducción hasta 2030, la contribución al cumplimiento de los objetivos anuales de biocarburantes de primera generación producidos con materias primas que conlleven un elevado riesgo de cambio indirecto del uso de tierra. Se refiere con ello, por ejemplo, a biocarburantes, como el aceite de palma, procedentes en buena medida de zonas con tierras que disponen de grandes reservas de carbono.

Por otro lado, plantean como mejoras a la propuesta legislativa un mayor compromiso para adoptar una ley de movilidad sostenible, el fomento del transporte ferroviario para personas y mercancías, la introducción del concepto del impacto de la dieta alimenticia en el cambio climático o una enmienda de mejora de la protección de la biodiversidad.

En materia de movilidad sostenible, señala que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con un plan de movilidad sostenibleque, al menos, sean coherentes con los planes de calidad del aire de cada ciudad y que fomenten el reparto de mercancías y de movilidad al trabajo con métodos sostenibles.

Las enmiendas añaden un nuevo artículo al proyecto de ley, por el que se establece el cese definitivo de la producción nacional de carbón, de modo que las autorizaciones de explotación y permisos queden supeditados a la devolución de las ayudas de todo el plazo del plan de cierre de la minería de la UE.

Por último, proponen incluir en la futura ley una disposición adicional por la que se modificaría la Ley 25/1964 de 29 de abril de Energía Nuclear por la que las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación o desmantelamiento en el marco del Plan General de Residuos del Gobierno, serán consideradas obras de interés general que "no están sometidas a ningún acto de control municipal" de los que figuran en la ley reguladora de las bases del régimen local.

También añade otra disposición adicional que afecta a la Empresa Estatal de Residuos, de modo que Unidas Podemos y PSOE proponen que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá mediante una orden ministerial los criterios y condiciones por los que Enresa pueda celebrar convenios con los municipios en el entorno de instalaciones nucleares para financiar las actividades que financia en tales municipios.

El Ministerio quiere fijar ahora que estas actividades que realiza Enresa en los municipios deben contribuir al desarrollo socioeconómico o medioambiental de esos municipios, promover la generación de empleo, la actividad económica en sectores de transición ecológica y creación de tejido social y lucha contra el reto demográfico.

Para el diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López de Uralde, la ley de cambio climático debe ser una "herramienta fundamental" para avanzar contra la emergencia climática. "Haremos todos los esfuerzos políticos para que la Ley sea lo más ambiciosa y eficaz posible. Queremos quecombine la máxima ambición, con la capacidad de establecer una hoja de ruta realista que impulse la transición energética en España", ha valorado.

El Pleno del Congreso vota este jueves cuatro decretos leyes aprobados por el Gobierno en septiembre, entre ellos los que contienen la prórroga del sistema de protección al empleo de los ERTE y la nueva regulación del teletrabajo.

Estos decretos están en vigor desde su aprobación en el BOE pero, conforme a la Constitución, el Congreso debe pronunciarse para convalidarlos o, en su caso, derogarlos. Los grupos tienen también la oportunidad de tramitarlos como proyectos de ley para poder proponer cambios a través de enmiendas.

Concretamente, el Gobierno defenderá ante el Congreso tres decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre y otro aprobado siete días antes, el día 22 de septiembre, en el que se contiene la regulación del teletrabajo.

Respecto a los otros tres, uno contiene la prórroga de los ERTE acordada por el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal, así como la extensión de medidas extraordinarias de protección social --el conocido como 'escudo social'--, la regulación del teletrabajo en la Administración Pública y medidas para facilitar la contratación en Sanidad y Educación.

TELETRABAJO ES REGULAR A PARTIR DEL 30% DE LA JORNADA

Aprobada también con el aval de los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, la regulación del teletrabajo considera esta opción como regular si alcanza al menos el 30% de la jornada, siendo sufragado o compensado por la empresa y sin suponer gastos por parte del trabajador con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

En términos generales, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.

PRÓRROGA DE LOS ERTE, AYUDA A AUTÓNOMOS Y PARTE DEL 'ESCUDO SOCIAL'

Otro de los decretos leyes que examinará al Congreso contiene la prórroga hasta el 31 de enero del sistema de los ERTE y de parte de las medidas de protección social, el conocido como 'escudo social', como el veto a los desahucios, los alquileres 'abusivos' y las medidas relativas a los grandes tenedores. Sin embargo, la prórroga no incluye ni la moratoria hipotecaria ni la prohibición de cortar el suministro de agua, electricidad y gas.

En la prórroga de los ERTE, su prórroga extendió los ERTE de fuerza mayor a determinados sectores e incluyó dos nuevas figuras, de limitación y de impedimento, disponible para todas las empresas afectadas por restricciones sanitarias por la pandemia.

Asimismo, el acuerdo prorroga la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, con una nueva ayuda por bajos ingresos para quienes no cumplan los requisitos de acceso, así como la "prohibición" al despido por causas objetivas, y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.

TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN

El Gobierno también defenderá en el próximo Pleno el decreto ley con la regulación básica del teletrabajo para los empleados públicos de todas las administraciones, en torno a 2,5 millones de trabajadores, si bien cada comunidad autónoma procederá al desarrollo normativo que considere oportuno en el plazo de seis meses.

Esta norma, acordada con los sindicatos de la administración CSIF, CC.OO. y UGT, incorpora en el Estatuto Básico el teletrabajo como una modalidad organizativa, recoge que no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y establece como requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse las tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

MEDIDAS PARA FACILITAR LA CONTRATACIÓN EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

Este mismo decreto ley también incluye una de las medidas aprobadas en ese Consejo de Ministros para reforzar la contratación en la Sanidad y en la Educación con motivo de la emergencia por la pandemia de Covid.

En este caso, se permitió a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que, aun teniendo el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, carezca del título de especialista reconocido en España para realizar funciones propias de una especialidad.

Con esta medida, el Gobierno calcula que podrían contratarse unos 10.000 sanitarios facultativos por parte de las comunidades autónomas, 4.557 de ellos en el ámbito de la Medicina que realizaron las pruebas selectivas de la convocatoria 2019/2020 y que no tienen plaza.

Respecto al ámbito educativo, el Gobierno aprobó en ese Consejo de Ministros otro decreto ley para permitir, de manera excepcional y temporal, la contratación de docentes que cumplan con todos los requisitos pero que aún no hayan cursado el máster específico, con el fin de reforzar las plantillas educativas durante el curso 2020-2021.

Esta medida permite que las administraciones educativas puedan nombrar funcionarios interinos para plazas adicionales de docentes derivadas de las medidas adoptadas a causa de la Covid-19 para los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, técnicos de FP, profesores de música, artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas de titulados que no estén en posesión del máster que acredita la formación didáctica.

Los ministros de Finanzas y banqueros centrales de los países del G20, reunidos este miércoles en una cumbre virtual, han acordado extender durante seis meses adicionales la suspensión temporal de los pagos del servicio de deuda de aquellos países pobres que lo soliciten, en línea con los términos también acordados por el Club de París.

En abril, el Grupo de los 20 acordó suspender los pagos de deuda bilateral hasta finales de 2020, por lo que esta ampliación supondrá eliminar los pagos hasta junio de 2021. "La información preliminar del marco de vigilancia fiscal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial destacan que, junto con la financiación excepcional, la iniciativa de suspensión de servicio de deuda está facilitando de forma significativa un mayor gasto relacionado con la pandemia", ha reconocido el club de países en un comunicado.

Durante las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial de 2021, los países del G20 se han comprometido a valorar, si fuera necesario, otra extensión durante seis meses adicionales, en función de la situación económica y financiera.

El G20 ha subrayado que está "decepcionado" por la "ausencia de progreso" por parte de los acreedores privados a la hora de participar en la iniciativa de suspensión de deuda y les "anima encarecidamente" a participar en términos similares cuando se lo soliciten los países deudores.

Los ministros de Finanzas y banqueros centrales han "reconocido" que, debido a la "magnitud" de la crisis del Covid-19, a las vulnerabilidades asociadas a la deuda y a los pronósticos deteriorados en muchos países pobres, será necesario un tratamiento de la deuda que vaya más allá de la iniciativa de suspensión de pagos de deuda bilateral.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha realizado este miércoles una propuesta inicial de sistema de cotización por ingresos reales a las principales organizaciones de autónomos en el que plantea que los nuevos trabajadores por cuenta propia elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos que tendrán.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, una vez ha finalizado la reunión, Escrivá ha planteado un sistema "flexible, que se pueda modificar a los largo del año y que se regularice un año después, incluso con la posibilidad de que se devuelva el exceso de cotizaciones pagado por el trabajador".

Escrivá ha transmitido a las organizaciones que se debe adoptar este sistema, siguiendo así con la recomendación número cuatro del borrador de la Comisión del Pacto de Toledo, que aconseja la transformación gradual del sistema de cotización para reforzar la homogeneización de la acción protectora de la Seguridad Social, así como la contributividad del trabajador autónomo.

Asimismo, el titular del Ministerio ha hecho hincapié en la importancia de que el nuevo sistema sea consensuado con los representantes de los trabajadores por cuenta propia.

Según los cruces que ha realizado el Ministerio de Escrivá con la Agencia Tributaria, en 2018 había 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas. De estos, más de la mitad de ellos tuvieron en 2018 unos rendimientos menores al salario mínimo interprofesional (10.302,60 euros anuales), por lo que su aportación a la Seguridad Social sería menor que la actual con el nuevo sistema, según ha explicado el ministerio.

Esta ha sido la primera reunión sobre la adaptación de la cotización de trabajadores autónomos a sus ingresos reales. En el encuentro han estado presentes el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el de UPTA, Eduardo Abad, y la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Por parte del ministerio también han asistido el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y los directores generales de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, y de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto.

El Congreso ha reclamado este miércoles ampliar el número de grupos multinacionales que deben presentar su informe país por país, con información financiera y fiscal desglosada por jurisdicciones fiscales y en el que, entre otras cuestiones, deben detallar sus resultados antes de impuestos, las cantidades satisfechas ante el fisco y las retenciones soportadas.

Así, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley defendida por Unidas Podemos con los votos del PSOE, el grupo confederal, Junts y el PNV, mientras que PP y Vox han votado en contra. Ciudadanos ha optado por la abstención.

PROHIBIR LA CONTRATACIÓN A QUIEN OPERE EN PARAÍSOS FISCALES

Con la iniciativa aprobada, el Congreso llama además al Gobierno a estudiar e impulsar medidas a nivel europeo para la prohibición de contratar con empresas o grupos radicados en paraísos fiscales, y a estudiar e impulsar la armonización fiscal de tributos con el objetivo de eliminar distorsiones.

Con esta iniciativa, Unidas Podemos recogía dos propuestas ya incluidas en las conclusiones aprobadas por el Congreso para la reconstrucción económica y social tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19: no contratar con empresas que operen en paraísos fiscales e impulsar la armonización fiscal a nivel europeo.

En este último punto, recuperaba íntegramente el texto aprobado que reivindica la lucha contra los paraísos fiscales y las jurisdicciones que practiquen la elusión y el 'dumping' fiscal como una de las prioridades en la Unión Europea.

En el caso de la prohibición de contratar --en el dictamen de Reconstrucción se aludía a la recepción de ayudas para afrontar la crisis-- llevaba el texto más lejos para restringir la contratación a grupos, y no a empresas, lo que impediría la contratación a empresas que, aun no operando en paraísos fiscales, si tuvieran en ellas filiales.

UN INFORME IMPULSADO DESDE LA OCDE

Respecto al informe país por país, el Congreso pide ampliar el número de grupos obligados a presentarlo y que este informe sea público, ampliando así la información estadística publicada en España sobre el mismo.

Este informe, una de las acciones desarrolladas por la OCDE contra las prácticas de elusión y evasión fiscal de las empresas, es obligado para todos los grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a los 750 millones de euros.

Además de los resultados antes de impuestos y las cantidades tributadas, en el informe las multinacionales deben detallar sus fondos propios, su plantilla media, con activos materiales e inversiones inmobiliarias y la lista de entidades residentes, con establecimientos permanentes y actividades realizados en ellos.

Pescanova S.A. registró unas pérdidas de 44.000 euros en el tercer trimestre del año, 3,2 veces inferiores a las de 142.000 euros del mismo periodo del ejercicio precedente, según la cuenta de resultados individual remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas de la también llamada 'vieja Pescanova' ascendieron a 98.000 euros, frente a la ausencia de ingresos del mismo trimestre de 2019. Los ingresos al tercer trimestre del ejercicio ascendieron a 191.000 euros, inferiores a los 246.000 del mismo periodo de 2019, correspondientes principalmente a parte del apoyo anual que la sociedad debe recibir de Nueva Pescanova, en virtud de los acuerdos de segregación aprobados por la junta general de Pescanova de fecha 25 de septiembre de 2015.

Los gastos del tercer trimestre del ejercicio, de 95.000 euros, corresponden principalmente a gastos generales, de asesores externos y de remuneración del consejo.

La sociedad presentaba al cierre del tercer trimestre de 2020 un patrimonio neto de 1,771 millones de euros. A lo largo del tercer trimestre no se han realizado inversiones o desinversiones significativas.

La compañía explica que continúan pendientes de resolución los siguientes una serie de asuntos judiciales que pueden tener un impacto potencial significativo en las cuentas de la sociedad.

En concreto, hay un recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que desestimaba el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra 26 de junio de 2018.

Dicha sentencia desestimaba a su vez la impugnación de los acuerdos de ampliación de capital de Nueva Pescanova adoptados en la junta general de 19 de abril de 2017, en la que la compañía no pudo participar y que supusieron diluir su participación en el capital social de Nueva Pescanova desde un 20% hasta un 1,67%.

Asimismo, está en marcha un juicio ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Vigo, en el que Pescanova ha solicitado la anulación de un crédito adicional subordinado (crédito supersenior) por importe de 300 millones de euros asumido por Nueva Pescanova a favor de diversas entidades financieras.

Parte de estos créditos fueron capitalizados en la ampliación de capital de 2017 de Nueva Pescanova y el resto se han integrado en el pasivo financiero objeto del acuerdo de refinanciación de 30 de junio de 2020, y se capitalizarían caso de que no prospere la impugnación del auto de homologación de dicho acuerdo.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado que la propuesta de sistema de cotización de ingresos reales solo beneficiará a 1,5 millones de autónomos y dejará fuera a la mitad de los más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en la actualidad.

Así lo ha señalado tras el encuentro que ha mantenido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con las organizaciones de autónomos para abordar cómo será el sistema de cotización por ingresos reales que el Gobierno pretende aprobar.

Según Amor, el sistema que ha presentado el ministro se aplicará dependiendo del sistema de cotización que utilicen los autónomos. "El millón de autónomos en sociedades quedan fuera, los colaboradores también y a los autónomos de módulos se les aplicará el rendimiento neto que marca Hacienda anualmente", ha señalado.

El presidente de ATA ha apuntado que lo que se plantea es un sistema de tramos, "aunque todavía esos tramos no están acordados". Amor ha trasladado a Escrivá que "con la que está cayendo" no es el momento para que a 700.000 autónomos se les suba la cotización.

En esta línea, ha explicado que se han presentado los rendimientos netos de los autónomos de 2016, 2017 y 2018 y que hay unos 700.000 autónomos que declararon unos rendimientos superiores a 25.000 euros y por lo tanto "a estos 700.000 autónomos, prácticamente el 50%, se les subiría la cotización" si se aprueba este sistema planteado por el Gobierno.

"Le hemos dicho a Escrivá que no apoyamos un sistema como este. Para nosotros no es un sistema justo, porque, por ejemplo, podemos encontrar un autónomo societario que gane más dinero que un autónomo persona física que esté en estimación directa y puede ser que el societario tenga una cotización inferior", ha añadido.

Amor ha dejado claro que sigue apostando por que los autónomos puedan adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos. "Nos congratula que se nos dé la razón cuando se plantea un sistema exclusivamente para la mitad de los autónomos que son persona física que cotizan por estimación directa, ya que para los demás es muy difícil saber cuáles son sus ingresos", ha dejado claro Amor.

UATAE VALORA POSITIVAMENTE LA REUNIÓN

De su lado, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha valorado positivamente la reunión y cree que se ha presentado una idea de régimen especial de autónomos "verdaderamente justo, contributivo en función de los ingresos que tienen los autónomos, que no ahoga a los que menos tienen y con el que los que tengan más puedan contribuir un poco más.

"La idea final es que todo el colectivo esté más protegido y que entremos en el Estado de bienestar teniendo en cuenta que la mayoría de los autónomos con este nuevo sistema van a pagar menos o igual", ha dicho.