La Junta de Andalucía ha planteado este jueves durante su participación en la Conferencia Interterritorial de los ministerios de Sanidad y de Educación con las comunidades autónomas para abordar el inicio del curso escolar que, con el uso de la mascarilla por parte de los estudiantes, no sea necesario mantener la distancia de metro y medio en las aulas, y que si es posible que esta distancia se mantenga, pues que no haya obligatoriedad en el uso de mascarilla.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en declaraciones a los periodistas en el Palacio de San Telmo de Sevilla tras su participación, vía telemática, en la citada conferencia interterritorial junto al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

"Hemos pedido, como otras comunidades, que en las aulas no sea necesaria la distancia de un metro y medio, sino que con las mascarillas sea suficiente, pero que si existe esa distancia, pues no haya obligatoriedad con la mascarilla", según ha expuesto el consejero de Salud, quien ha señalado que ahora los ministerios tendrán que analizar las alegaciones que las distintas comunidades han hecho a la orden que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa durante la reunión y que se concretará en los próximos días en un documento final.

Ha considerado que lo que recoge el documento cumple "gran parte de las aspiraciones" de las comunidades autónomas, que habían remitido días atrás sus respectivos protocolos.

"Andalucía segura, colegios seguros", según Aguirre, ha sido siempre la base de la línea de trabajo de las dos consejerías, que desde mayo se encuentran trabajando en protocolos.

Ha indicado que la Junta, desde el principio, ha apostado por la normalidad a la hora de la integración y la presencia de todos los niños en las escuelas a partir del 1 de septiembre, empezando por preescolar, que son los primeros en entrar y hasta las siguientes etapas que se irán incorporando en las semanas sucesivas, y garantizando la seguridad desde el punto de vista sanitario.

El consejero no ha descartado que se produzcan casos "puntuales" de coronavirus en algunos colegios y ha garantizado que se actuará, cuando se dé el caso, de acuerdo con unos protocolos que ya están perfectamente actualizados y coordinados entre Educación y Salud y entre el coordinador Covid de cada colegio y el representante sanitario del centro de salud del que dependa el colegio.

"La estructura está perfectamente engrasada y dispuestos a lo que venga a partir del día 1", según ha sentenciado Aguirre, quien ha insistido en que en caso de que haya problemas específicos en algún colegio, se tomarán las medidas en función de la situación epidemiológica o el número de contagios, pero todo ello dentro de la "normalidad".

Ha indicado que hoy mismo se han empezado a hacer los primeros test a profesores, sobre todo de preescolar, y se continuará la próxima semana, al tiempo que la distribución tanto de mascarillas como de hidrogeles está "perfectamente coordinada" entre las dos consejerías y en todas las provincias, y los "referentes Covid" ya están en periodo de formación.

Ha pedido la colaboración de las familias para que si un hijo tiene algún síntoma, se le haga una revisión más en profundidad y se evite llevarlo a la escuela

Aguirre ha señalado que durante la reunión "no ha salido" el tema sobre la medida que estudia el Gobierno central acerca de un permiso retribuido o una baja para los padres que tengan que cuidar a sus hijos en cuarentena, apuntando que la actuación desde un punto de vista sanitario en cualquier colegio "es la misma que hacemos en cualquier empresa o sitio donde haya habido algún positivo".

"Se aísla al grupo y se hacen los círculos con trazabilidad de todos los convivientes. Y en caso de que el volumen de casos o la morbilidad en la zona sea alta, entonces se procederá al siguiente paso, que es el cierre por precaución de una aula, de un colegio o de lo que se crea oportuno", ha explicado Aguirre,

Aguirre ha destacado que lo importante "es que no hemos dejado nada a la improvisación, pero no ahora, sino desde mayo o junio que empezamos a trabajar, y todo lo tenemos medianamente coordinado", porque "que vamos a tener casos, por supuesto, que vamos a tener problemas en el colegio, por supuesto, teniendo en cuenta la incidencia que estamos teniendo". "Actuaremos en consecuencia pero intentando buscar la mayor normalidad", ha afirmado.

De su lado, el consejero de Educación y Deporte ha subrayado que tanto el Gobierno central como todas las comunidades autónomas "apostamos por la vuelta al cole presencial, segura, responsable y con la colaboración de todos", mientras que ha explicado que han introducido "una serie de matizaciones" al documento que les trasladó el miércoles el Ministerio de Sanidad "que van a ser tenidas en cuenta.

Imbroda, que confía en tener el texto final el lunes próximo, ha precisado que las alegaciones hechas al referido documento contemplan que se pudiera tener en cuenta la semipresencialidad en la educación postobligatoria, Bachillerato, y que se pudiera incluir en 3º y 4º de la ESO. "Hemos dicho que si estamos todos de acuerdo, abramos esa posibilidad, que cada centro decidirá en función de su organización, pero aspirábamos a que la presencialidad fuera la máxima en todas las etapas formativas", ha señalado.

Entretanto, ha incidido en que todo lo que se ha abordado "corrobora lo que desde Andalucía llevamos haciendo desde hace meses", en el tiempo en el que la Consejería de Salud y la de Educación "vienen trabajando codo a codo para que esa vuelta al cole sea segura".

"NO HAY RIESGO CERO"

"Lo honesto es decir que no hay riesgo cero, como hemos comentado en tantas ocasiones, y que probablemente algunos casos se van a dar", ha agregado el consejero de Educación, que también ha garantizado que si ocurre "están los protocolos organizados para reaccionar y responder ante posibles contingencias".

Así las cosas, ha avanzado que los primeros días de septiembre se impartirá formación Covid a los docentes, se facilitará información a las familias y en los primeros días de vuelta a las aulas "habrá educación para la salud para los alumnos". "Estamos todos con la lógica preocupación, pero también con la máxima ocupación para solventar todas las dudas que pueda generar esta situación", ha abundado.

Imbroda ha insistido en que se abrirán los colegios que es "donde tienen que estar nuestros niños y nuestros jóvenes, porque es donde se garantiza su derecho fundamental a tener educación presencial". "Siempre hemos tenido la determinación de que vamos seguir este camino y lo hemos compartido todas las comunidades autónomas y el Gobierno", ha agregado, antes de asegurar que se mantienen las fechas previstas para la vuelta al cole.

De otro lado, el consejero andaluz ha asegurado que durante el Consejo Interterritorial "no se ha hablado absolutamente nada de la bajada de ratios en ninguna comunidad autónoma ni por parte del Gobierno de España", toda vez que ha precisado que "se está trabajando en otras condiciones para que haya desdobles, refuerzos, apoyos o acompañamiento, pero nunca hablando en este término".

Así, aunque no se ha hablado de la ratio, Imbroda ha subrayado que se ha abordado del principio de presencialidad segura, responsabilidad compartida "y confiamos que todos los sectores y todos los colectivos estén a la altura de una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en esta vuelta a las aulas".

La Rioja se suma al consenso generalizado de la Conferencia Sectorial de Educación y Salud por un regreso a las aulas marcado por la presencialidad y la seguridad.

Está mañana los consejeros de Salud, Sara Alba, y de Educación, Pedro Uruñuela, han participado , junto a sus respectivos equipos, en la Conferencia Sectorial de Educación y Salud celebrada por medios telemáticos con los consejeros y consejeras del mismo ámbito de las Comunidades Autónomas y los representantes de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y de Educación y Formación Profesional, incluyendo los ministros Salvador Illa e Isabel Celaá.

La conferencia ha incluido con la noticia de un consenso mayoritario en la toma de las decisiones que diseñan el marco general y común para el regreso a las aulas este curso; un marco que ya se encuentra por otro lado recogido y previsto en el Plan de Contingencia General que La Rioja lleva trabajando desde mediados de junio, y que se publicó el pasado día 7, y que queda ahora confirmado para su puesta en práctica.

Desde La Rioja, los consejeros Alba y Uruñuela han valorado muy positivamente el marco general de consenso y de colaboración entre los dos ministerios y las CCAA para la llegada a estos acuerdos (que han contado únicamente con la abstención de una Comunidad), y que representan la llegada a término de una larga tarea de trabajo conjunto y estrecho durante los últimos meses entre todos los agentes participantes.

La Rioja celebra igualmente el consenso general en la idea clave de un regreso a las aulas marcado por el doble eje de la presencialidad y la seguridad; así como la asunción global de decisiones como la obligatoriedad de mascarilla a partir de los 6 años de edad, la toma de temperatura o directrices de higiene de personal y ventilación y limpieza de espacios: todas estas medidas ya se encontraban recogidas en el Plan de Contingencia General desarrollado en La Rioja en los últimos meses, y sobre el que la Comunidad Educativa de la región ya trabaja desde hace semanas.

La otra clave de la Conferencia, asimismo, ha sido la percepción de estos acuerdos como parte de un marco vivo y adaptable al cambio en tiempo real en función de la propia evolución de la pandemia. La Rioja ha expresado una vez más su convicción en trasladar el mensaje a la sociedad de que los colegios van a estar preparados y van a ser los lugares más seguros para los alumnos y el personal ante el regreso a las aulas en los próximos días.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, sellarán su pacto de Gobierno de coalición probablemente el próximo 1 de septiembre en la sede del Parlamento Vasco, en caso de que sea posible realizarlo en la Cámara por las medidas restrictivas establecidas por la pandemia del coronavirus, según han informado fuentes de la negociación.

De esta forma, la escenificación de la firma del acuerdo programático alcanzado por las comisiones negociadoras jeltzale y socialista, que debe ser ratificado el 31 de agosto por la Asamblea Nacional del PNV y por la militancia del PSE-EE mediante consulta, se produciría dos días antes del pleno en el que Iñigo Urkullu será investido Lehendakari con mayoría absoluta, con los 41 votos que suman los parlamentarios jeltzales y socialistas.

Una vez cerrado el pacto programático, que tiene como principales objetivos la reconstrucción económica y social de Euskadi tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, sobre la base de "más autogobierno", será el momento de que ambas formaciones comiencen a trabajar en la estructura del nuevo Ejecutivo.

Esta no tiene por qué estar definida para el día 3, cuando Urkullu sea reelegido Lehendakari por tercera legislatura consecutiva, pero sí para el día 7, jornada en la que se prevé que los consejeros tomen posesión de su cargo, para reunirse al día siguiente, 8 de septiembre, por primera vez en Consejo de Gobierno.

En principio, el PSE-EE repetiría tres consejerías, pero habrá una recomposición de las carteras. Está por confirmar todavía si Mendia entra o no finalmente en el Gobierno. Si lo hace, ocupará una vicelehendakaritza y obligará al PNV a crear otra para equilibrar fuerzas.

Entre las personas que se barajan para ocupar esa segunda vicepresidencia se encuentran el actual portavoz del Ejecutivo y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y la titular de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia.

A la espera también del cambio de personas que se produzca al frente de los diferentes departamentos, se da por hecho que el socialista Iñaki Arriola repetirá en el gabinete de Urkullu.

GOBIERNOS DE COALICIÓN

Este será el segundo mandato consecutivo en el que PNV y PSE-EE gobernarán en coalición, después de que en 2016 alcanzaran un pacto, tras un paréntesis de 18 años de desencuentros que les impidió reeditar anteriores pactos para gestionar juntos el Ejecutivo.

Jeltzales y socialistas estuvieron al frente del Gobierno Vasco en coalición entre 1987 y 1998, cuando era Lehendakari José Antonio Ardanza. El Ejecutivo se rompió en 1998, al abandonarlo los tres consejeros socialistas, antes de que se firmara el Pacto de Lizarra.

Ambas formaciones volvieron al entendimiento en septiembre de 2013, cuando firmaron un pacto de estabilidad política y presupuestaria, después de que los jeltzales recuperaran el Gobierno Vasco, tras el mandato del socialista Patxi López.

Posteriormente, una vez celebradas las elecciones municipales y forales de junio de 2015, firmaron un acuerdo para gobernar en ayuntamientos y diputaciones forales, lo que supuso la antesala para la conformación del Gobierno Vasco en 2016.

Canarias ha sumado en las últimas 24 horas dos fallecido más por coronavirus --ambos en la isla de Gran Canaria--, de tal forma que ascienden a 171 los óbitos por esta enfermedad desde que se iniciara la crisis sanitaria, según se desprende de los datos que la Consejería regional de Sanidad publica diariamente pasadas las 14.00 horas.

En los mismos se observa un incremento de los casos de 338, de tal forma que el cómputo total asciende a 5.868, de los que 3.124 son actualmente positivos activos, es decir, 327 más en el último día en el archipiélago.

En este sentido, de los 3.124 casos activos que hay en Canarias este jueves, una persona más ha ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) elevándose el número de enfermos en UCI a 25, mientras que la cifra de los que se encuentran en planta hospitalaria ha crecido en las últimas 24 horas en nueve, de tal forma que hay 131 enfermos por covid-19 hospitalizados y en vigilancia en un domicilio hay 2.968.

Además a estas cifras hay que añadir que en el último día se han registrado nueve altas médicas, por lo que actualmente son 2.573 las personas que han superado la enfermedad.

Por islas, Gran Canaria sigue a la cabeza en número de casos con 2.930, de los que 2.156 se encuentran activos (255 más que ayer). En esta isla, de los 2.156 positivos activos que hay, 1.826 se encuentran en Las Palmas de Gran Canaria.

Actualmente, Gran Canaria tiene registrado 45 fallecimientos y 729 altas médicas.

Tras ella se sitúa en número de casos la isla de Tenerife, con 2.179, de los que 582 están activos (+38). Asimismo en el cómputo general, Tenerife ha sufrido 114 fallecimientos, mientras que 1.483 personas han superado la enfermedad.

Lanzarote, por su parte, ha registrado un total de 381 casos, de los que 282 se encuentran activos (+17). En su balance, en la isla han fallecido seis personas y 93 han recibido el alta médica.

En cuanto a Fuerteventura, que no ha tenido que lamentar ninguna muerte por este virus, tiene computado 220 casos, de los que 70 son positivos activos (+15) y 150 personas superaron la enfermedad. Le sigue La Palma con 131 casos totales, de los que 19 están activos (+1), mientras que 106 recibieron el alta médica y seis perecieron.

La Gomera y El Hierro, con 14 y 13 casos totales, respectivamente, no han tenido fallecimientos por el virus, si bien en La Gomera, que no suma casos en los últimos día, mantiene cinco positivos activos y nueve altas; mientras que El Hierro suma un caso más y eleva a diez los activos, contabilizando además tres altas.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han detenido a una pareja de nacionalidad colombiana, de 31 y 37 años de edad, como presuntos autores de varios delitos relacionados con la prostitución y el tráfico de drogas y por infracción de la Ley de Extranjería, tras obligar a una inquilina a prostituirse.

Según han informado fuentes policiales, la investigación se inició tras conocerse que una mujer extranjera, que se encontraba en situación de vulnerabilidad, aceptó prostituirse en el domicilio de una pareja que, a su vez, eran los dueños del piso en el que vivía.

Los sospechosos se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad y de las necesidades económicas de la víctima y de su familia para obligarla a prostituirse. Una vez finalizado el confinamiento, la mujer intentó negociar con sus explotadores unas condiciones mínimas para ejercer esa actividad.

Sin embargo, la pareja, lejos de acceder, endureció su situación, obligándola a estar disponible 24 horas al día, a entregarles la mitad de lo que ganara en cada 'servicio', y la incitaban a consumir drogas y a ofrecérselas a los 'clientes'. Todo ello bajo la amenaza de que, si no se plegaba a estas imposiciones, la dejarían "en la calle".

La Policía comprobó que los sospechosos regentaban un 'piso de citas' y que, mientras que el varón se encargaba de publicitar a las mujeres en páginas de contacto y trasladarlas para los servicios, la mujer se centraba en la gestión y el cobro a los 'clientes'.

Tras corroborar estos hechos, la Policía detuvo a ambos y realizó un registro en su domicilio, donde se intervinieron diversos efectos y documentación, así como útiles para la confección de dosis de sustancias estupefacientes.

Una vez en Comisaría, los agentes comprobaron que el varón ya tenía diversos antecedentes policiales. Los detenidos y las diligencias practicadas fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Vigo.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha anunciado que el Ejecutivo Central prepara la salida de 80 migrantes acogidos en Melilla pero ha querido dejar claro que esta evacuación no tiene relación con el intento de motín registrado el miércoles en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que se saldó con 21 agentes heridos, dos migrantes lesionados, 31 amotinados detenidos y cuantiosos daños materiales en las instalaciones dependientes el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.

En rueda de prensa, Moh ha informado de que las conversaciones entre los Ministerios de Interior y Migraciones están muy avanzadas y que se está trabajando para llevar a cabo un traslado de migrantes a la península. Unos trámites, según ha recalcado, que "nada tienen que ver con la situación que se vivió el miércoles en el CETI (con el intento de motín) sino que responden a una hoja de ruta en la que se lleva tiempo trabajando para descongestionar las instalaciones de la ciudad" ha indicado Moh.

"Se está trabajando en el traslado de unas 80 personas pero estamos a la espera de los resultados de algunas pruebas", ha añadido. En este sentido, ha recordado que a los residentes se les practica pruebas de VIH, hepatitis, mantoux y de covid. Además, en algunos casos también de ADN para comprobar que se tratan del mismo núcleo familiar.

NINGUNO DEL CETI

"Las pruebas ya están hechas y en breve se producirá el traslado", ha avanzado pero ha dejado claro que "se trata de personas que cumplen el requisito de salida y que no se va a producir ningún traslado como consecuencias de actitudes violentas o actos incívicos".

Además, ha subrayado que no todos los residentes del CETI son susceptibles de traslado a la península, tales como, por ejemplo, aquellos que tienen decretada una orden de expulsión del país.

De hecho, la delegada ha anunciado que "no va a haber ningún traslado a la península de residentes del CETI". La salida que se está preparando desde hace una semana corresponderá a personas vulnerables o sujetas a protección internacional que se encuentran en la plaza de toros", ha agregado.

Además, Moh ha descartado que se vayan a buscar más emplazamientos para albergar a migrantes en nuestra ciudad. "En ningún momento se ha contemplado abrir ningún centro en ni un emplazamiento de la ciudad para albergar inmigrantes, en lo que se está trabajando es en salidas para descongestionar las instalaciones de la ciudad", ha aseverado.

AGRADECIMIENTOS

Por otro lado, la máxima representante del Gobierno de la Nación en la ciudad española del norte de África ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento a las mujeres y hombres que trabajan en el CETI. "Hacen una labor encomiable y ayer dieron una enorme muestra de entereza y de profesionalidad", ha reconocido.

También ha agradecido la actuación llevada a cabo por los profesionales de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, la Policía Local y el servicio de seguridad del CETI "por su papel como garantes de la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos".

"Su rápida respuesta y su desempeño profesional evitó que la situación fuese a mayores", ha apuntado. Y, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo personalmente durante la jornada del miércoles, les ha deseado públicamente a todos los agentes que resultaron heridos la pronta recuperación.

Por último, también ha dado las gracias a los profesionales del 061 que durante la jornada del miércoles estuvieron atendiendo las personas que resultaron heridas.

El presidente del grupo parlamentario de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha considerado "normal" que el pacto de Gobierno de coalición acordado por PNV y PSE este jueves genere "indiferencia, apatía y desconfianza", porque es "más de lo mismo".

A través de un mensaje en un cuenta personal de Twitter, Carlos Iturgaiz ha hecho referencia al pacto de Gobierno de coalición para esta legislatura firmado este jueves por PNV y PSE-EE, que tiene como principales objetivos reconstruir económica y socialmente Euskadi, con la defensa de los servicios públicos esenciales, tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, y sobre la base de "más autogobierno".

Según ha considerado, los "cinco folios" del documento firmado por PNV y PSE-EE, denominado 'Bases para el acuerdo entre EAJ-PNV y PSE-EE para la reactivación económica y el empleo desde la defensa de los servicios públicos y las políticas sociales, sobre la base de más y mejor autogobierno', "certifican el seguidismo" del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de "las políticas de Sánchez e Iglesias".

Tras afirmar que el acuerdo "está pensado para repartir sillones, y no para dar salida a esta grave crisis", Iturgaiz ha calificado de "normal" que este pacto genere "indiferencia, apatía y desconfianza" porque es "más de lo mismo".

Andalucía ha registrado este jueves un fallecido y un incremento de 816 nuevos casos de Covid-19 confirmados por PCR, segunda cifra más alta desde el pasado 30 de marzo, según la Consejería de Salud, que contabiliza 40 brotes en la última semana en la comunidad con 286 casos asociados a ellos.

En cuanto al incremento de casos por PCR en 24 horas, la provincia que ha sumado mayor número de positivos ha sido Málaga con 238 casos, seguida de Cádiz con 166, Almería con 121, Sevilla con 87, Córdoba con 83, Granada con 79, Jaén con 36 y Huelva con seis.

Además, se han sumado este jueves 63 nuevos hospitalizados, de ellos 25 han ingresado en Málaga, 19 en Almería, seis en Sevilla, cinco en Cádiz, cuatro en Granada, tres en Córdoba y uno en Jaén. Huelva es la única provincia que no ha registrado nuevos pacientes en 24 horas.

Respecto a las personas que han pasado por una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se han sumado siete más en 24 horas, de ellas tres en Sevilla, dos en Málaga, una en Almería y otra en Córdoba.

40 BROTES EN LA ÚLTIMA SEMANA

La Consejería de Salud ha informado de que en la última semana se han detectado 40 brotes con 286 casos, siendo Málaga la provincia que más focos ha registrado: un total de diez con 57 casos en los distritos sanitarios de Costa del sol (cinco brotes de 14, once, cinco, cuatro y tres casos); Málaga capital (cuatro brotes de tres, cuatro, cinco y tres casos); y Valle del Guadalhorce con un brote de cinco casos.

La provincia que ha sumado más casos en brotes ha sido Sevilla, con 63 afectados en ocho focos siendo la capital donde más brotes se han registrado con seis, tres, tres y siete casos, seguida del distrito norte con tres focos con once, 17 y ocho positivos. Por último, el distrito Aljarafe ha detectado también un brote con ocho afectados.

De su lado, Granada ha sumado siete brotes con un total de 49 afectados en los distritos sanitarios de Metropolitano (cuatro brotes de seis, doce, cuatro y siete casos); Granada Nordeste (un brote con nueve casos), Granada Sur (un brote de siete casos) y distrito Granada con un brote de cinco.

La provincia jiennense presenta cinco brotes con 33 contagiados en los distritos sanitarios de Jaén nordeste (tres brotes de ocho, siete y seis casos); Jaén norte (un brote con cinco casos); y Jaén sur con un brote de siete casos.

Cádiz también ha registrado cinco brotes con 28 positivos en los distritos sanitarios de Bahía de Cádiz-La Janda (cuatro brotes de cuatro, tres, ocho y ocho casos); y Jerez-Costa Noroeste con un foco de cinco casos.

Huelva y Almería han sumado en esta semana dos brotes en cada una de ellas. En Huelva, los dos focos suman 14 casos en los distritos sanitarios de Condado-Campiña con ocho contagiados y Huelva costa con seis.

Almería cuenta con 34 casos en los dos focos detectados en esta semana, uno en el Poniente con 24 positivos y otro en Levante con diez casos. Córdoba ha sido la provincia con menos brotes, solo uno en el distrito sanitario Córdoba sur con ocho casos.

De los brotes declarados la semana pasada siguen activos 28, de ellos diez en Almería, cuatro en Cádiz, cuatro en Jaén, ocho en Málaga y dos en Sevilla. Con respecto al brote declarado en la residencia El Zapillo de Almería se contabilizan 107 casos positivos, tras confirmarse un nuevo caso en un trabajador y el número de fallecidos asociados a este brote se mantiene en cuatro personas. En total se contabilizan 69 residentes confirmados y 38 trabajadores.

371 HOSPITALIZADOS

En estos momentos 371 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, 30 más en 24 horas, de los que 44 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cinco más que el miércoles.

Málaga se sitúa como la provincia andaluza con más hospitalizados, con 110, de los que ocho están en UCI; seguida de Almería que tiene 89 ingresados y 14 pacientes en UCI --la provincia con más hospitalizados en esta Unidad--; Cádiz con 47 hospitalizados, nueve en UCI; Sevilla con 40, ocho en UCI; Granada con 36 pacientes, uno en UCI; Córdoba con 33, uno en UCI; Jaén con diez, dos en UCI y Huelva con seis, uno en UCI.

De acuerdo con los datos acumulados de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado 26.832 casos confirmados por PCR, 816 en las últimas 24 horas --el segundo mayor aumento desde el 30 de marzo cuando se registró el pico de la pandemia--, después de sumar 846 el miércoles, 629 el martes y 561 el lunes. La comunidad alcanza las 1.491 muertes por Covid-19, tras sumar un fallecido en 24 horas la provincia de Málaga.

Por su parte, la cifra de hospitalizados sube hasta los 7.102, 30 más en 24 horas, después de subir en 48 el miércoles, en 68 el martes y en 13 el lunes. La cifra de pacientes que han pasado por UCI se sitúa en los 841 tras sumar siete en 24 horas y el número de curados llega a los 17.685, 126 más en 24 horas.

MÁLAGA SUMA 238 CASOS

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.491 muertes en Andalucía, Málaga se sitúa como la provincia con más fallecidos con 296 --una más--, seguida de Granada con 294, Sevilla con 292, Jaén con 194, Cádiz con 177, Córdoba con 118, Almería con 69 y Huelva con 51.

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR alcanzan los 26.832 desde el inicio de la pandemia --816 más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 6.597 --238 más--, seguida por Sevilla con 4.131 --87 más--, Almería con 4.098 --121 más--, Granada con 3.955 --79 más--, Córdoba con 2.692 --83 más--, Cádiz con 2.708 --166 más--, Jaén con 2.027 --36 más-- y Huelva con 624 --seis más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan 7.102 en Andalucía --63 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 1.692 --25 más--, seguida por Granada con 1.294 --cuatro más--, Sevilla con 1.287 --seis más--, Jaén con 815 --uno más--, Cádiz con 675 --cinco más--, Córdoba con 608 --tres más--, Almería con 499 --19 más-- y Huelva con 232 --única provincia sin incremento--.

De ellos, 841 han pasado por la UCI en toda Andalucía --siete más en 24 horas--, con la provincia de Málaga que continúa a la cabeza con 168, seguida de Sevilla con 159, Granada con 141, Jaén con 94, Cádiz con 88, Córdoba con 80, Almería con 72 y Huelva con 32.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 17.685 en toda la comunidad tras sumar 126 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 4.195 --cuatro más--, seguida de Sevilla con 3.064 --72 más--, Granada con 3.038 --diez más--, Jaén con 1.892 --15 más--, Córdoba con 1.801 --cuatro más--, Cádiz con 1.671 --dos más--, Almería con 1.520 --19 más-- y Huelva con 504.

El Síndic de Greuges ha recomendado extremar las medidas de seguridad y protección ante el coronavirus previstas en el plan de actuación y en el protocolo de los centros educativos complejos a nivel social y epidemiológico por estar ubicados en entornos con elevada transmisión comunitaria del virus.

En un comunicado este jueves, el Síndic ha instado a las administraciones implicadas a poner a disposición del alumnado los medios necesarios --mascarillas, material de higiene, refuerzo de los servicios de limpieza, entre otros-- para "hacer compatible el derecho a la educación en igualdad de oportunidades y el derecho a la salud" de los alumnos.

Además, ha advertido que en el caso de Secundaria, la ratio de alumnos por aula sigue "indeterminada" y ha pedido a la Conselleria de Educación de la Generalitat que valore la conveniencia de determinar dicha ratio de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.

El Síndic ha pedido al Govern que inste al Ejecutivo central a "incorporar los cambios normativos y financieros necesarios para garantizar a las familias posibles medidas de conciliación en caso de cuarentena del alumnado", a través de bajas, permisos laborales, fomento del teletrabajo o líneas de ayudas para la contratación de personas que cuiden del menor.

GARANTÍAS DE APRENDIZAJE EN LA NO PRESENCIALIDAD

Por otro lado, ha pedido que las necesidades organizativas no pasen por delante del interés superior del alumno, que "no es otro que es desarrollar la actividad lectiva en condiciones de presencialidad".

En relación a las medidas específicas de protección del alumnado en situaciones de especial riesgo, ha pedido a la Conselleria de Educación que establezca directrices específicas que determinen las condiciones necesarias para garantizar la presencialidad de los colectivos de riesgo en los centros.

Además, ha pedido a las administraciones implicadas que se garantice el derecho a la educación en los casos de no presencialidad con la distribución de dispositivos electrónicos, garantías de conectividad y la disponibilidad de entornos virtuales de aprendizaje.

De todos modos, el Síndic ha valorado positivamente los planes y protocolos de actuación presentados por los departamentos de Salud y Educación de la Generalitat y coordinados con las direcciones de los centros escolares y los servicios de salud.

El Departamento vasco de Educación se ha abstenido este jueves en la reunión celebrada en Madrid entre la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos del ramo, para pactar las condiciones de la 'vuelta al cole'. El Gobierno Vasco ha argumentado su decisión en la competencia exclusiva que tienen en materia de Educación.

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado un "acuerdo total" con las comunidades autónomas para coordinar las medidas de la 'vuelta al cole', tras la Conferencia Sectorial que ha celebrado conjuntamente con los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Política Territorial, Carolina Darias, con los consejeros de Educación.

Nos permite actualizar el marco común de cogobernanza que genere confianza en la sociedad en su conjunto, buscamos tranquilidad", ha añadido la ministra, que ha señalado que se han pactado 29 medidas y cinco recomendaciones, y ha destacado la "prevención, higiene y promoción de la salud" para una vuelta a las aulas "segura.

Fuentes de la Consejería de Educación han indicado que en el encuentro, al igual que han hecho en anteriores ocasiones, se han abstenido respecto al documento presentado por el Ministerio de Educación "por una cuestión de competencia y sin entrar a valorar su contenido". "Esas decisiones son competencia de Euskadi. Por tanto, no es necesario acordarlo con nadie", han apuntado.

Las mismas fuentes han señalado que tras la reunión que presidirá este viernes el lehendakari, Iñigo Urkullu, del Comité Asesor que le asiste como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), comparecerán la consejera de salud, Nekane Murga, y la de Educación, Cristina Uriarte, quien desgranará los detalles del programa de 'vuelta al cole' en Euskadi.

ACUERDO EN EL ESTADO

Respecto a la reunión sectorial de este jueves, la ministra de Educación ha informado de que se ha acordado una actividad lectiva presencial para todos los niveles y etapas del sistema, priorizándola para los más pequeños hasta 2º curso de ESO.

Asimismo, los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, con el servicio de comedor y el servicio de apoyo a menores con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad. Igualmente, todos los centros designarán un responsable para el covid-19, que deberá estar familiarizada con todos los documentos del coronavirus.

Junto con ello, el uso de la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años, con independencia de la distancia de seguridad. Habrá grupos estables hasta segundo de Primaria.

Además, el lavado de manos deberá producirse cinco veces al día y deberá mantenerse informada a las familias y dar formación a los profesionales. Celaá ha destacado la importancia a la ventilación, limpieza y desinfección de las instalaciones, manteniendo "con distancia" los servicios de comedor y transporte escolar.

La Policía Local de Almonte (Huelva) ha disuelto esta madrugada un botellón en Matalascañas en el que participaban al menos medio centenar de jóvenes, identificando y denunciando a 20 personas.

Así lo ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almonte, Manuel Ángel Fernández, que ha destacado que esta actuación policial se ha llevado a cabo gracias al aumento de la presencia policial en el mes de agosto, tanto en Matalascañas como en El Rocío "donde también estamos viendo este tipo de comportamiento".

En este sentido, Fernández ha apuntado que a raíz del decreto de cierre de los establecimientos a la 01,00 horas, "hay gente joven que hace uso de bastante poca responsabilidad y se trasladan a sitios que creen que no están vigilados por la policía", por lo que "cambian a zona de la playa, ya que Matalascañas tiene una playa urbana muy extensa con más de cuatro kilómetros".

El concejal ha incidido en que quiere pensar que este hecho "ha sido algo puntual" pero "si es verdad que lo que estamos viendo últimamente en los medios no nos está gustando nada, por lo que hemos incrementado la presencia policía especialmente en la playa y en El Rocío y a partir de ahí que actúe y sancione", al tiempo que ha llamado "al civismo" y a la "responsabilidad", reseñando que las noticias que están viendo "son bastante alarmantes".

Con respecto a El Rocío, el concejal ha indicado que la aldea tiene "su propia idiosincrasia" y que allí los bares cierran a la hora que se ha decretado, pero a partir de ahí, "El Rocío es muy grande y tiene muchas casas particulares" por lo que se encuentran "con el problema de que son casas particulares y puede haber reuniones de hasta diez personas, pero no cabe duda de que ha habido reuniones de más personas".

Además, Fernández ha apuntando que han visto comportamientos "muy irresponsables e incívicos, con ausencia de mascarillas y bebiendo por la calle", por lo que, al igual que en Matalascañas, se ha aumentado la presencia policial y están efectuando "muchísimas denuncias al respecto".

CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

Por otra parte, el concejal ha anunciado que este fin de semana se van a llevar a cabo controles de alcoholemia en Matalascalas y El Rocío, no solo a las personas que circulen con vehículos a motor, sino también en transportes equinos o que circulen a caballo.

Esto se enmarca en las políticas preventivas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Almonte, y con la finalidad de "disuadir" de comportamientos que les están preocupando "muchísimo". Por lo que "en la medida de nuestras posibilidades aumentaremos la presencia policial" y llevarán a cabo esas políticas preventivas.

En este sentido, ha destacado que ya se han realizado con megafonía de Protección Civil para solicitar que la gente "sea responsable y se ponga mascarillas y guarde las distancias de seguridad", al tiempo que ha destacado que los negocios "están cumpliendo" pero luego "nos encontramos con grupos de personas que parece que no se creen lo que está ocurriendo en el país.

Más de 400 organizaciones de la sociedad civil de 12 países europeos han pedido por carta a los ministros comunitarios que defiendan un cambio radical en la PAC post-2020 para que contribuya al Pacto Verde Europeo, de modo que proteja a las personas que viven y trabajan en el medio rural y que cuide el clima, la biodiversidad y los recursos naturales de los que depende la propia agricultura y la seguridad alimentaria.

De lo contrario, las organizaciones advierten que está en riesgo la legitimidad social de una política que representa el 30% del próximo presupuesto comunitario.Los ministros de la UE se reunirán desde este domingo en Koblenz (Alemania) para una reunión informal del Consejo de Agricultura (AGRIFISH).

En una carta, 402 organizaciones de productores agroecológicos, consumidores, nutricionistas, o ecologistas, agrupadas en coaliciones nacionales como la española Por Otra PAC, señalan que la PAC no está contribuyendo a generar medios de vida justos para agricultores o ganaderas, a mejorar el acceso a la tierra o el relevo generacional, ni impulsando el cambio hacia dietas sanas y sostenibles.

Por ello, entre otras peticiones, reclaman que la PAC esté realmente en línea con el Pacto Verde Europeo, particularmente con los objetivos de las Estrategias de Biodiversidad y de la Granja a la Mesa. "Proteger y restaurar los ecosistemas y recursos naturales de los que dependen la agricultura y la ganadería es el único modo de asegurar nuestra capacidad de producir alimentos a largo plazo", asegura el portavoz de Por Otra PAC, Fernando Viñegla.

Piden también que se debe avanzar hacia el principio de "dinero público para bienes y servicios públicos", cambiando el foco para que las ayudas sirvan a los agricultores a adaptarse a la transición agroecológica, y mejorando al mismo tiempo la viabilidad económica de las fincas.

Mientras los campos y los pueblos se vacían de vida, y cada día hay agricultoras y ganaderos en Europa que tienen que tirar la toalla, los responsables políticos no pueden conformarse con retoques cosméticos de una política que representa el 30% del presupuesto comunitario", añade Viñegla.

"No podemos permitirnos que la Política Agraria Común siga hipotecando el futuro de quienes viven y trabajan en el medio rural, y maltratando los recursos naturales y ecosistemas de los que depende nuestra seguridad alimentaria", concluye.

Cantabria ha detectado en las últimas horas 115 nuevos casos positivos de Covid-19, 90 en la jornada del miércoles y 25 hoy en lo que va de día. El número de personas ingresadas ha aumentado de 28 a 31, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos. En total hay 858 casos activos, la mayoría -827- en aislamiento domiciliario.

Entre el personal sanitario, hay en estos momentos 34 profesionales infectados. En las residencias hay ocho positivos entre los residentes, de los que seis han sido reubicados en el centro Covid de Suances, y 17 entre los trabajadores, según los datos facilitados por el Gobierno.

Desde el inicio de la pandemia, Cantabria acumula 4.622 positivos(3.751 mediante PCR y 871 a través de test detección anticuerpos); 3.548 curados (77% del total); y 216 fallecidos.

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha afirmado que "sigue la tendencia de los últimos días con un crecimiento constante de casos, pero con poca repercusión hospitalaria".

"LA CURVA DE CONTAGIOS SE APLANA"

Por su parte, el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha señalado que la curva de contagios sigue aumentando, aunque el incremento se ha ralentizado, de forma que la semana pasada el aumento de contagios respecto a la anterior era del 70%, y ahora está entre el nueve y el diez por ciento.

Eso significa que "la curva de contagios se aplana, pero no es suficiente; tenemos que conseguir volver a reducir esa curva para que todos vivamos con más certidumbres y garantías y que la actividad económmica no frene", ha subrayado.

El vicepresidente ha atribuido los buenos datos de ocupación turística y el elevado número de visitantes que ha recibido Cantabria este verano a que "hemos demostrado ser una tierra segura, tanto cuando estábamos confinados, como después en la evolución del número de contagios, a pesar de que las cifras nos disgusten y estemos obsesionados con mejorarlas y corregirlas", ha señalado a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La Conselleria valenciana de Sanidad Universal y Salud Pública ha formalizado ya una serie de acuerdos con instituciones públicas y laboratorios de privados, para que le ayuden en la realización y análisis de pruebas PCR.

Así lo ha confirmado este jueves el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras reunirse con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, para abordar la gestión de la pandemia de la Covid-19.

Puig ha explicado que este miércoles, la consellera de Sanidad, Ana Bareceló, mantuvo un encuentro con diversos laboratorios y ya ha formalizado acreditaciones para colaborar a la hora de realizar y analizar pruebas PCR.

"Vamos a trabajar conjuntamente con todos aquellos que puedan ayudarnos a tener la mayor dotación posible de PCR y su análisis consiguiente", ha asegurado el jefe del Consell. Ayer mismo, ha recordado, se hicieron 9.000 PCR en la Comunitat y la intención del Consell es "continuar aumentando en la medida en que sea necesario". No obstante, una PCR "no es una vacuna, si no un test que tiene la validez y el tiempo que tiene", ha apuntado.

En cuanto a los retrasos en los resultados de las PCR que se han registrado en la Comunitat, por falta de los reactivos necesarios para llevar a cabo la prueba, Puig ha querido dejar claro que "no es problema de imprevisión, sino de mercado" y que lo que buscan es "una situación de seguridad máxima en la obtención de reactivos".

Según el jefe del Consell, "hay un problema real no solo en la Comunitat, en otras CCAA es de mayor dimensión" y la voluntad del Gobierno valenciano es "hacer todas las PCR posibles para garantizar la máxima seguridad de la ciudadanía".

En este sentido, Puig ha recordado que "la detección precoz es fundamental". De ahí que también haya aceptado el ofrecimiento de rastreadores militares que el Gobierno central ha puesto a disposición de las CCAA. La Comunitat Valenciana ha solicitado 150 del total de 2.000 que ha ofertado el Ejecutivo y está previsto que lleguen a principios de septiembre para trabajar en el área metropolitana de València -donde ahora se registran más rebrotes-, y en aquellas zonas geográficas donde surjan brotes importantes.

Los alcaldes de Mallorca han trasladado este jueves a la presidenta del Govern, Francina Armengol, las dificultades que atraviesan para vigilar el cumplimiento de las medidas contra el COVID-19, debido a la falta de recursos de Policía Local que sufren sus municipios.

Los alcaldes y regidores presentes han expresado esta inquietud a la presidenta en una serie de reuniones que ha mantenido la jefa del Ejecutivo este jueves por la mañana, por videoconferencia, con los diferentes ayuntamientos de Mallorca.

En este encuentro, según han informado varios de los alcaldes que han participado, el Govern les ha detallado las medidas adelantadas este miércoles y les ha pedido "máxima colaboración" para concienciar a los vecinos sobre la necesidad de cumplirlas.

Cabe recordar que este miércoles Armengol anunció nuevas restricciones en Baleares para contener los contagios de COVID-19: entre ellas, se limita a un máximo de diez personas las reuniones sociales y se impone la mascarilla obligatoria en los centros de trabajo cerrados.

También se reducen a la mitad los aforos permitidos en bares y restaurantes, mercados municipales, bodas, entierros y velatorios; se hace obligatoria la mascarilla en acontecimientos deportivos y culturales y paseos marítimos; y se establece el cierre de playas y parques públicos durante la noche.

La primera de las reuniones, a las 10.00 horas, ha sido con los municipios más pequeños de la Isla: Ariany, Banyalbufar, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Lloret, Llubí, Mancor, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Puigpunyent, Ses Salines, Sant Joan, Santa Eugènia, Selva, Sencelles, Sineu, Valldemossa y Vilafranca.

La segunda ha sido con municipios de mayor tamaño -Alaró, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Bunyola, Campos, Capdepera, Esporles, Felanitx, Lloseta, Muro, Pollença, Sa Pobla, Santa Margalida, Santanyí, Sóller, Son Servera, Sant Llorenç, Santa Maria y Porreres- y la última con los seis más grandes -Alcúdia, Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor y Marratxí- a excepción de Palma, puesto que el alcalde José Hila ya estuvo presente en el encuentro de este miércoles.

Los representantes municipales han manifestado su apoyo a las nuevas medidas -que entrarán en vigor este viernes- si bien han compartido sus preocupaciones respecto a la dificultad para garantizar su cumplimiento de manera efectiva.

Un problema común de estos ayuntamientos es la falta de recursos de Policía Local; los más pequeños cuentan con uno, dos o tres agentes o tienen plazas sin cubrir. Controlar los aforos con estas plantillas resulta especialmente complicado en casos de municipios costeros, con mayor afluencia turística a playas en verano -como por ejemplo, Banyalbufar-.

Los ayuntamientos disponen del servicio de la Guardia Civil pero los alcaldes consultados han coincido en que los recursos del Instituto Armado también se ven "desbordados".

Así, los municipios -incluidos los de mayor tamaño- han instado a Armengol a reivindicar ante el Gobierno una mayor dotación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Baleares, una petición que ya era recurrente por parte de la Comunidad desde años anteriores.

La presidenta se ha comprometido a apoyar a los consistorios en la búsqueda de soluciones para mejorar los efectivos de seguridad de los ayuntamientos.

NECESIDADES SANITARIAS Y EDUCATIVAS Y REMANENTES

Otro asunto que los alcaldes han puesto sobre la mesa han sido las necesidades sanitarias y educativas de los municipios. Varios ayuntamientos han alertado de la falta de médicos en sus centros de salud y también han expresado preocupación por el control de las medidas previstas para el inicio de curso escolar.

Los ayuntamientos han pedido disponer de la información de contagios de COVID-19 por municipios y se ha planteado la posibilidad de que los datos personales de contagios activos se comuniquen a las Policías Locales para que puedan controlar que se cumplen los aislamientos. La presidenta se ha comprometido a mejorar la agilidad de la información que se envía a los ayuntamientos relativa a los nuevos casos de Covid-19.

Asimismo, varios alcaldes han protestado de nuevo por el bloqueo de los remanentes municipales y han reivindicado poder utilizar su superávit para invertirlo en servicios en sus respectivas localidades.

ARMENGOL AGRADECE LA LABOR DE LOS MUNICIPIOS

Por su parte, Armengol ha agradecido "la colaboración y la lealtad entre instituciones" y ha valorado "la importante tarea de los gobiernos municipales", como instituciones más cercanas a la ciudadanía, a la hora de informar a la población sobre las medidas sanitarias.

En este sentido, ha pedido "la máxima implicación y colaboración" de todas las administraciones locales para difundir la normativa relacionada con el COVID-19, velar para que se cumpla y evitar situaciones de riesgo.

Armengol ha incidido en la importancia de hacer cumplir la norma que los grupos familiares y sociales no superen las diez personas y se limiten los contactos a los imprescindibles.

En la reunión han participado, además de los alcaldes de la isla, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Antoni Salas. Por parte del Gobierno, presencialmente, han asistido el director general de Cooperación Local y Patrimonio, Francesc Miralles, la investigadora Margalida Frontera y el gerente de la Ibassal, Rubén Castro.

Armengol ha hecho especial hincapié en la necesidad de que toda la población asuma responsabilidad para contener el avance de la enfermedad, ante el crecimiento de casos y la segunda ola que viven las Islas.

También ha agradecido la voluntad de incrementar las tareas de desinfección que se llevan a cabo en todos los municipios, así como los esfuerzos para aumentar las inspecciones para el cumplimiento de las normativas establecidas.

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo autonómico ha expuesto a los alcaldes que el Govern, a través de los fondos de cooperación local, invertirá 800.000 euros para el aumento de la limpieza en los centros de Primaria.

Las temperaturas máximas bajarán este fin de semana hasta 15 grados (ºC) con respecto a las registradas este jueves y se esperan fuertes precipitaciones en el este peninsular que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que alerta de "un importante cambio de tiempo".

En cualquier caso, este jueves continuará el calor, sobre todo en Canarias, donde Gran Canaria se encuentra en riesgo extremo (rojo) por máximas de 40ºC. Además, a lo largo de la jornada, se superará este temperatura en medianías de Gran Canaria e interior de Fuerteventura. Ya este miércoles se llegó a los 43,21ºC en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) o a los 41ºC en Antigua (Fuerteventura), como ha detallado Del Campo.

En el caso de las mínimas, no se bajó de los 30ºC en las medianías como ha añadido Del Campo, que ha hecho alusón a los 32,9ºC en Lomo de Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) mientras que en Tijarafe (La Palma) no bajaron de 31,5ºC a lo largo de todo el 26 de agosto. En la madrugada del 27 de agosto, de nuevo las medianías de las islas rondaron los 30ºC, unas temperaturas que unidas al polvo en suspensión y a la calima hacen que la situación sea "complicada".

Sin embargo, de cara al viernes Del Campo ha indicado que se producirá un descenso de las temperaturas que serán ya suaves, al igual que en la Península que pasará de tener valores de entre 4 y 7ºC por encima de la media (el miércoles se superaron los 40ºC en el valle del Guadalquivir, Huelva y sur de Castilla-La Mancha) a registrar "un importante descenso entre el viernes y el sábado".

Este descenso térmico se debe a la entrada de aire frío de componente norte por la acción conjunta del anticiclón atlántico y de una borrasca que se situará al norte de Francia. La irrupción de aire frío comenzará este viernes en el tercio norte peninsular, coincidiendo con el paso de un frente atlántico que provocará precipitaciones en el extremo norte y chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas por la tarde en el nordeste.

De este modo, en ese periodo, se producirá "un importante descenso de hasta 15ºC en las máximas y de entre 5 y 10ºC en las mínimas si se compara este jueves con el sábado", como ha detallado Del Campo, que ha hecho alusión a temperaturas "inusualmente bajas" para esta época del año.

Tanto las temperaturas máximas como las mínimas, descenderán en el tercio norte de forma notable e incluso extraordinaria, sin afectar este viernes todavía al área mediterránea, donde se mantendrán e incluso subirán en el litoral sureste. En Canarias también se prevé un descenso generalizado, aunque aún se esperan temperaturas muy altas en medianías de las islas más montañosas.

Además, habrá "una atmósfera inestable como consecuencia del paso de una vaguada en niveles altos que dejará lluvias y chubascos", sobre todo en el Cantábrico desde primeras horas del viernes que se extenderán a Aragon, Cataluña y norte de Comunidad Valenciana y el sábado también a Baleares. En este punto, Del Campo he pedido "precaución" ya que podrían ser fuertes y estar acompañadas de tormentas y granizo, y superar los 30 l/m2 en una hora.

FIN DE SEMANA

A partir del sábado, el descenso térmico se extenderá al resto de la Península y a todo el área mediterránea, con temperaturas máximas y mínimas muy inferiores a los valores habituales para la época del año. Continuarán las precipitaciones en el extremo norte y los chubascos con tormentas localmente fuertes en el nordeste peninsular y en Baleares. En Canarias se espera igualmente un descenso de temperaturas muy acusado y generalizado en todo el archipiélago, que puede llegar a ser extraordinario en las cumbres.

Es probable que el domingo 30 las temperaturas se estabilicen en gran parte del país, salvo en el sureste y en ambos archipiélagos, donde se espera que aún continúen en descenso, especialmente en el caso de las mínimas. A partir del lunes 31, probablemente se inicie un nuevo ascenso térmico por el norte peninsular que posiblemente se extienda al resto de la Península y a Canarias.

Hostelería de España, patronal del sector, y sus organizacionesterritoriales confederadas siguen promoviendo la interposición de recursos a los decretos autonómicos sobre el coronavirus y anuncian una protesta en Madrid para el miércoles 9 para denunciar la crítica situación en la que se encuentran bares y restaurantes.

En concreto, la patronal considera que las medidas adoptadas por las comunidades autónomas son "extremas" frente a un sector que no es el principal responsable de la propagación del virus en los últimos meses.

De esta forma, el sector hostelero reclama que simultáneamente a la adopción de medidas restrictivas de la actividad económica se contemplen acciones "compensatorias" que no aboquen a la ruina a las empresas y al paro a sus cientos de miles de trabajadores.

Los principales argumentos consensuados por la comisión jurídica interterritorial de hostelería, que amparan los recursos interpuestos, así como las futuras acciones acordadas son que las comunidades autónomas están legislando en cada región escudándose en la Orden Ministerial del 14 de agosto por el Ministerio de Sanidad, si bien no todas utilizan el mismo instrumento normativo ni recogen las mismas medidas que el resto.

De esta forma, los hosteleros han interpuesto recursos contenciosos administrativos contra las distintas resoluciones autonómicas solicitando de forma simultánea la adopción de medidas cautelares de suspensión de estas resoluciones.

El sector considera que las medidas cautelares se basan en las graves consecuencias económicas que la no suspensión de las órdenes recurridas podría causar al sector, provocando el cierre definitivo, que no temporal, de muchos negocios.

La patronal de la hostelería cree que se ha estigmatizado al sector por casos aislados y se le criminalizado, más cuando en otros países europeos se priorizan las reuniones en espacios públicos, como es la hostelería, frente a espacios privados, donde no se exigen las mismas medidas higiénico-sanitarias y se baja la guardia.

Hostelería de España ha denunciado que desde el inicio de la pandemia el sector se está viendo "gravemente atacado" por la Administración en todos sus niveles, en un "claro agravio comparativo" respecto de otras actividades y sectores en los que sí que se ha acreditado que se han producido esos brotes como es el caso de temporeros, residencias de ancianos, campamentos de verano, transporte público, entre otros.

El sector ha recordado que en estos meses ha realizado un "verdadero esfuerzo económico y organizativo" para adaptar sus establecimientos, haciendo fuertes inversiones para dar cumplimiento a las exigencias sanitarias impuestas, al tiempo que lamenta que esta inversión no ha venido acompañada de un "más que obligado plan de contingencia para reactivar el sector turístico y hostelero.

CONCENTRACIÓN EN MADRID

La patronal y sus organizaciones, que ya han llevado a cabo protestas por diferentes ciudades, han anunciado una concentración en Madrid para septiembre para llamar la atención de las administraciones públicas y de la ciudadanía, para enfocar una salida de esta crisis que asegure la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo.

De esta forma, la concentración tendrá lugar el 9 de septiembre a las 11.00 horas en la Plaza de Cibeles para sensibilizar y protestar por la crítica situación que está viviendo el sector.

El virólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Alcami confía en que el próximo verano, "o quizás antes", pueda haber sistemas tecnológicos que permitirán detectar rápidamente, o incluso en tiempo real, y sin necesidad del trabajo de laboratorio, la presencia de COVID-19 en las partículas de aire de un determinado espacio.

Alcami, que participa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en un curso sobre epidemiología, microbiología e investigaciónen las estrategias de vigilancia y control de la pandemia, ha explicado que ahora mismo ya existe sistemas capaces de captar el virus en las partículas del aire y que se está probando y funcionando ya en los hospitales madrileños de La Paz y el Severo Ochoa.

Sin embargo, para poder confirmar la presencia de virus en estas partículas del aire se precisa por ahora trabajo de laboratorio, lo que hace que el sistema sea aún "lento".

Pero ha explicado que ya varios grupos de investigadores y tecnólogos trabajan en desarollar técnicas que vayan siendo más rápidos e incluso algunos ya están desarrollando tecnologías que permitan detectar estas partículas con COVID-19 u otro virus en tiempo real y en el mismo lugar donde se recogen, sin tener que analizar las muestras en el laboratorio.

"Eso es un poco más elaborado. Necesitamos más tiempo para desarrollarlo pero eso sería, al mismo tiempo, muy interesante tener ese tipo de tecnología en un futuro", ha señalado el investigador.

"VENTILAR, VENTILAR, VENTILAR"

Por otra parte, Alcami ha insistido en un encuentro mantenido con los medios de comunicación la importancia de ventilar los espacios cerrados para renovar el aire ya que, según ha explicado, se ha demostrado que micropartículas con el virus pueden permanecer suspendidas en el aire durante tiempo.

De hecho, considera que esto "va a tener un papel relevante" en la transmisión del COVID-19.

Por ello, ha recomendado, sobre todo de cara a la llegada del otoño y a la vuelta a espacios cerrados, "ventilar, ventilar y ventilar".

Esto es una "precaución añadida" que, según ha dicho, se debe adoptar a otras medidas, como el uso de la mascarilla o el mantenimiento de la distancia entre personas.

La Plataforma educativa online para colegios de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Proeduca4Schools, ha firmado una alianza con la Red Arenales con la que ésta podrá utilizar Google Classroom como plataforma educativa en más de cien asignaturas y con un contenido "de gran calidad creado por un centenar de profesores especialistas".

En nota de prensa, UNIR ha informado de que, gracias a esta alianza, alumnos de Primaria a Bachillerato de la Red Arenales y el colegio Orvalle podrán, a partir del 1 de septiembre, acceder por Internet a materiales didácticos de las principales asignaturas troncales (Lengua, Matemáticas, Biología, Historia...).

Durante estos meses de verano, profesores de la Red Arenales y el colegio Orvalle, junto con un equipo especializado de la UNIR y otros profesionales del sector, han estado trabajando en el desarrollo de contenidos educativos destinados a este proyecto. Se podrá acceder a todo el contenido desde Google Classroom, para que la adaptación sea mucho más ágil y sencilla.

La implementación de esta plataforma, ha dicho UNIR, responde al firme compromiso de los colegios Arenales y Orvalle por prestar un servicio educativo completo a las familias, sean cuales sean las circunstancias en que nos encontremos a causa de la pandemia del COVID19.

"Estamos convencidos de que esta iniciativa del Campus Virtual UNIR facilitará el aprendizaje de nuestros alumnos y ayudará a resolver muchos de los problemas a los que hemos tenido que enfrentarnos a lo largo de estos meses", afirman.

Por otra parte, cualquier colegio que esté interesado en este proyecto y quiera beneficiarse de la iniciativa, puede contactarse a la dirección de correo: proeduca4schools@proeduca4schools.org

Proeduca4Schools surge como una ampliación especializada de la actividad formativa que UNIR lleva desarrollando desde 2008. Sus años de experiencia en la Educación Superior en línea se han puesto al servicio de los colegios para ofrecerles una solución segura y de calidad acorde con sus necesidades actuales.

Arenales Red Educativa es una red de centros educativos, concertados y privados, que lleva desde 2009 trabajando "para ofrecer una educación integral a sus alumnos". La Red la componen 26 centros distribuidos entre en España, Portugal, Alemania, Bulgaria, Letonia, EEUU y Angola.

Orvalle es un centro de enseñanza privado bilingüe de Madrid, con todos los niveles educativos desde los dos años, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Ofrece una educación integral desde 1978.

SOBRE UNIR

UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad.

Imparte 25 grados oficiales y más de 100 postgrados que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los 48.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 100 países, especialmente en España y Latinoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha insistido en desechar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que define como "socialista y comunista", un veto que aplica tanto a los Presupuestos Generales como a la renovación de órganos constituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional.

Como ya dijo Pablo Casado el pasado martes, Gamarra ha cerrado una vez más la puerta a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Ejecutivo de Sánchez dado que su partido "no tiene nada que hablar con un Gobierno de socialistas y comunistas", según ha dicho en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press.

Al hilo, ha señalado que esas cuentas públicas, "que no están encima de la mesa" todavía, distarán en todo caso de las alternativas que el PP presenta a los españoles. A juicio de Gamarra, esos presupuesto del Gobierno de coalición avalará políticas futuras con las que los 'populares' no están de acuerdo. "Es obstáculo no solo importante sino contundente", ha enfatizado.

Gamarra ha ahondado más al aseverar que con los socios elegidos por Sánchez no van a negociar, y ha apostillado que en la formación de Casado tienen claro que tampoco el líder socialista quiere sentarse a negociar los PGE con ellos.

PODEMOS ATACA AL PODER JUDICIAL

Del mismo modo, desde el PP señalan que en la reunión que ambos líderes mantendrán el miércoles 2 de septiembre tampoco se aceptará una negociación para la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Gamarra ha insistido en que no aceptan el "mercadeo" de puestos, y ha recordado que con un Gobierno en el que está Podemos, formación que "ataca al Poder Judicial y a los medios de comunicación", no pueden negociar nada.

Preguntada sobre qué ofrecerá Casado en la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Gamarra ha incidido en que presentará su 'plan b' jurídico que sea una alternativa al estado de alarma y al confinamiento, su plan b sanitario y su plan b económico que ponga sobre la mesa medidas que sirvan para solucionar la crisis no solo del sector turístico.

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha activado esta semana "su maquinaria de marketing", pero le advierte de que la realidad de la crisis económica y sanitaria que vive España, y que hace que se sitúe a la cola de los países europeos, "no hay quien la tape".

La Generalitat Valenciana ha pedido este jueves 150 de los 2.000 militares que el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para ejercer labores de rastreo, en el marco de la lucha por doblegar la curva de contagios de coronavirus.

Estos efectivos, que se calcula que llegarán a principios de septiembre a la Comunitat, estarán destinados en un primer momento al área metropolitana de València -donde en estos momentos se registra el mayor número de casos- y actuarán también como "grupos especializados de acción directa en aquellas zonas geográficas donde se produzcan brotes importantes".

Así lo ha anunciado este jueves el jefe del Consell, Ximo Puig, en una comparecencia junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, en la que han abordado las actuaciones frente a la Covid-19.

Con voluntad de trabajar de manera "coordinada" para mejorar la eficacia de la lucha contra la pandemia, el Ejecutivo valenciano ha trasladado su solicitud de contar con 150 rastreadores militares esta misma mañana ante la Delegación del Gobierno.

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, se ha comprometido a "tramitar hoy mismo la petición" ante el Ministerio y calcula que a principios de septiembre estarán listos para trabajar en la región valenciana, una vez concluyan la formación que van a recibir para realizar estas labores.

El president de la Generaitat, Ximo Puig ha explicado que este miércoles tuvo lugar una reunión con los técnicos y expertos en salud pública para estudiar la oferta del Ejecutivo de Pedro Sánchez y se decidió solicitar 150 rastreadores militares que se sumarán a los más de mil rastreadores de los que ya dispone la Comunitat.

Se ha optado por reclamar 150 militares porque esta es la cifra que "puede canalizarse dentro del sistema y situarse desde el rigor dentro del espacio de trabajo que se está realizando en los servicios de salud pública y atención primaria, que están haciendo un trabajo enorme", ha valorado el 'president'.

Puig considera "positivo" poder contar con la especialización de los grupos militares para actuar en zonas donde se puedan producir brotes con una dimensión de alcance.

El BNG ha pedido en el Congreso que se equipare el personal de ayuda en el hogar al sanitario para el caso de que se contagien de la covid-19 y que sea considerado un accidente laboral.

Los nacionalistas han pedido para ello que se modifique el Real Decreto 27/2020 para que se incluya a las trabajadoras y trabajadores de ayuda en el hogar. Son, ha argumentado el diputado Néstor Rego, "un grupo vulnerable, imprescindible y esencial" que "tiene que tener los mismos derechos que el personal de los centros sanitarios y sociosanitarios".

El BNG reclama una rectificación al Gobierno español y critica que "se vuelve a ignorar" a este colectivo, al que se "invisibiliza". Los profesionales de la ayuda en el hogar, ha destacado, trabajan con personas especialmente vulnerables que están en sus domicilios, en donde pueden recibir visitas de amigos y familiares, por lo que la protección es "fundamental" para evitar la expansión del virus.

Por otra parte, la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, ha criticado que no haya en la Unión Europea un programa para garantizar la recogida y tratamiento de mascarillas y guantes de un solo uso para tratar de reducir el impacto sobre el medio ambiente.

"FALTA DE RESPONSABILIDAD"

La Comisión Europea lo reconoce en respuesta a una pregunta de Miranda, ha indicado este jueves el BNG, que considera que esta situación es "una terrible falta de responsabilidad", puesto que, en el mismo documento que dice que no prevé legislación en este sentido, indica que conoce los "efectos negativos de la pandemia y del uso cada vez mayor de equipos de protección médica de un solo uso".

Miranda ha manifestado que esta es "una reacción lenta y tardía de la Unión Europea, si es que en algún momento decide tomar iniciativas al respecto", y ha criticado los "retrasos" para activar el plan de reconstrucción.

Los desechos derivados de los sistemas de protección contra la covid-19, ha advertido, "siguen aumentando en los océanos", por lo que resulta "intolerable" que no se adopten medidas. Miranda sugiere modificar la directiva sobre la reducción del impacto de diversos productos de plástico en el entorno, aprobada en 2019, para que tenga en cuenta la nueva situación.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este jueves la propuesta de ERC y JxCat de retirar la Medalla de Oro al rey emérito y reprobar al Gobierno, con los votos a favor de ambos grupos, la abstención de BComú y el rechazo de PSC, PP y Cs, mientras que los concejales de BCN Canvi Manuel Valls y Eva Parera han excusado su participación en el pleno.

La proposición, único punto del pleno extraordinario, reclamaba iniciar los trámites para retirar la Medalla de Oro a Juan Carlos I, reprobar al Gobierno por su "colaboración necesaria en la salida", exigir explicaciones al Ejecutivo y solicitar la derogación de los delitos de injurias y calumnias a la Corona, así como permitir la fiscalización de las cuentas de la Casa Real.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que su grupo, pese a considerar pertinente el debate y estar de acuerdo en retirar la Medalla de Oro, ha optado por la abstención al no retirarse de la proposición la reprobación al Gobierno central.

LA ABSTENCIÓN DE ADA COLAU

Colau ha tildado de política electoralista la propuesta de ERC y JxCat de celebrar este pleno, ya que el objetivo último "no es conseguir una mayoría republicana lo más amplia posible, sino reprobar al Gobierno central".

"Parece que su objetivo es hacer caer al gobierno de izquierdas de España. Me parece triste esta política que solo busca confrontación y no una mayoría republicana real", ha dicho después de acusar a JxCat y ERC de querer aumentar la tensión con el Gobierno central.

ERC y JxCAT

El líder de ERC, Ernest Maragall, ha defendido la celebración del pleno por coherencia democrática ante la "burda operación de camuflaje" de la marcha del rey emérito, y ha lamentado la abstención de Colau, añadiendo que responde a un carácter de su partido de no tomar posición.

Maragall ha dicho que la retirada de la Medalla de Oro de la ciudad debe ir acompañada de exigir responsabilidad al Gobierno por la "operación vergonzante" y que colabore con la Justicia suiza.

Elsa Artadi (JxCat) ha acusado de "encubrimiento de la corrupción" al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y ha considerado que su marcha es una declaración de culpabilidad.

Ha asegurado que el Gobierno central es colaborador necesario: "Ha tenido más prisa por salvar la monarquía que por los ERTE, el Ingreso mínimo vital y el curso escolar", y ha replicado a Colau que su voluntad no es apuntalar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

PSC: PRIORIZAR PROPUESTAS

El presidente del grupo del PSC y primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, se ha mostrado contrario al contenido del pleno alegando que ahora "los barceloneses esperan que el Ayuntamiento esté debatiendo sobre otras propuestas", como el control de la pandemia, las consecuencias económicas y la vuelta al colegio.

Ha asegurado que desde su grupo no tienen ningún inconveniente en debatir cualquier tema democráticamente siempre que se respeten las leyes, pero ha criticado que ERC y JxCat planteen un debate sobre la "salud democrática de un Estado que dicen que no es el suyo.

CS: "PERFORMANCE ABSURDA"

La concejal de Cs en Barcelona María Luz Guilarte ha tachado el pleno de "mera cortina de humo" para eludir las responsabilidades en la gestión de la pandemia, después de reiterar al principio de la sesión que no se celebrase.

"Vienen aquí a que perdamos el tiempo con esta 'performance' absurda", ha censurado Guilarte, quien ha defendido que se el pleno se debería haber dedicado a la crisis del coronavirus, debatiendo sobre cómo ayudar a las familias a no perder sus puestos de trabajo y la vuelta a los centros escolares --ha anunciado que quieren presentar una petición de pleno extraordinario sobre esta cuestión--.

El popular Josep Bou ha coincidido con Guitarte en que el pleno se tendría que haber centrado en "mejorar la vida de los barceloneses" y cómo se frenan los efectos que está teniendo la pandemia en la economía, con empresas y autónomos en una situación crítica.

Bou ha remarcado que los barceloneses "están hasta el moño" de debates sobre el rey emérito cuando ellos no pueden llegar a fin de mes y lo único que quieren es poder salir de esta crisis.

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de la formación en Navarra, Ana Beltrán, ha exigido al Gobierno que prohíba el acto en Alsasua (Navarra) previsto este sábado contra la Guardia Civil, en el que se equipara a la Benemérita con el coronavirus.

En un comunicado, la dirigente popular ha recriminado que, con este acto, se pretende "humillar" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a sus familias.

"La indiferencia de Pedro Sánchez le hace cómplice de la humillación a la que sus socios de investidura someten una vez más a la Guardia Civil", ha incidido Beltrán.

Además, ha expuesto que el evento que la izquierda abertzale prevé celebrar el próximo sábado 29 de agosto en la localidad navarra de Alsasua bajo el lema 'Vosotros sois el virus' es "un acto de odio que utiliza la peor crisis sanitaria que recordamos para humillar a servidores públicos que arriesgan su vida a diario con el objetivo de protegernos de la pandemia".

"ES INTOLERABLE" EL ACTO DE "ODIO" DE LOS "PROETARRAS"

Es intolerable que, tras más de 40.000 fallecimientos en España, el Gobierno de Pedro Sánchez permita que los proetarras promuevan el odio contra guardias civiles que han sufrido graves problemas de salud o que incluso han fallecido por ayudar a contener la enfermedad", ha matizado.

La dirigente del PP ha censurado que "Sánchez no puede estar callado ante los ataques que, una vez más, reciben los guardias civiles y sus familias".

A renglón seguido, ha anunciado que solicitará la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé cuenta de las acciones desarrolladas por su Ministerio para proteger a los guardias civiles de Navarra de las campañas de odio impulsadas por los proetarras, así como para explicar la ausencia de apoyo institucional del Gobierno de España a los miembros de la Guardia Civil y sus familias.

JUCIL, la asociación de la Guardia Civil surgida de la plataforma Jusapol, ha pedido también al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que suspendan la celebración del 'Ospa Eguna' el próximo sábado día 29 en la localidad navarra de Alsasua, una convocatoria que identifica a las Fuerzas de Seguridad con el virus, al considerar que se incurre en un delito de odio.