El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este viernes la ampliación, con carácter extraordinario, de la plantilla docente de los centros públicos con la incorporación para el próximo curso 2020/21 de 4.014 profesionales, concretamente 2.150 profesores de Secundaria y 1.864 maestros. La incorporación de estos docentes, que será efectiva en septiembre, supondrá una inversión de 166,81 millones de euros.

Así lo ha indicado el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que ha intervenido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, junto al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y los consejeros de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo.

Imbroda ha explicado que este aumento de personal tiene como objetivo contribuir a paliar los efectos que se hayan producido en los procesos de enseñanza-aprendizaje durante la suspensión de la actividad lectiva presencial al final del pasado curso escolar, así como facilitar la organización de los centros para atender las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias como consecuencia del Covid-19.

A estos 4.014 profesores hay que sumarles la contratación de 826 nuevos docentes como resultado de la creación de la figura del Coordinador Covid en los centros educativos y de otros 609 docentes, especialmente de Formación Profesional y de atención al alumnado de necesidades educativas especiales, de incremento neto de plantilla. Asimismo, ha indicado que la Consejería destinará 39,2 millones de euros a los centros concertados para la contratación de 970 docentes de refuerzo.

De esta manera, Andalucía, dentro de su Plan de Acción en Educación para el curso 2020/21, incrementará su plantilla "para garantizar una vuelta a las aulas segura" en 6.419 maestros y profesores, tanto para llevar a cabo medidas de desdoble garantizando la atención educativa al alumnado como para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Además, los centros contarán con 152 Profesionales de Integración Social (PTIS) y 1.600 profesionales de la limpieza.

El titular del ramo ha explicado que los 6.419 maestros y profesores "se incorporarán de forma extraordinaria y no tienen nada que ver con sustituciones que habitualmente se pueden producir por distintas bajas". Además, ha indicado que están contratados hasta el 31 de diciembre porque aún no se puede trasladar a nivel presupuestario al próximo año dado que no hay un Presupuesto aprobado para el 2021, si bien ha garantizado que "el compromiso es prorrogarlos hasta 30 junio cuando tengamos Presupuesto".

UN CURSO COMPLEJO

En líneas generales, Imbroda ha puntualizado que arrancará la próxima semana un curso "complejo" pero que lo afrontan "con ilusión, prudencia y llamando a la colaboración de todos". Así, ha celebrado el acuerdo que este jueves se alcanzó entre las 17 comunidades autónomas y el Gobierno central para apostar por una vuelta a las aulas "con máxima presencialidad", línea en la que siempre ha trabajado el Ejecutivo andaluz.

"Llevamos meses trabajando en este sentido, he mantenido multitud de reuniones con la comunidad educativa, hasta 180 encuentros desde marzo con los distintos colectivos", ha agregado el consejero, que sostiene que "todos debemos estar a la altura de esta circunstancia", así como "transmitir el mensaje de confianza y tranquilidad que hemos compartido el Estado y las comunidades".

Ha explicado que estas contrataciones son "un apoyo extraordinario para un curso extraordinario", todo a fin de apostar por "una presencialidad segura" y entendiendo que "el riesgo cero no existe en ningún ámbito social".

Imbroda ha explicado que ya han comenzado a realizar test a los docentes y que el calendario se mantiene en las fechas previstas para "trasladar un mensaje de normalidad con las condiciones de seguridad que necesitan nuestros centros educativos".

Sobre los padres que amaguen con no llevar a los niños al colegio, el consejero ha explicado que en la reunión del jueves, la ministra del ramo, Isabel Celaá, se comprometió a pedir un informe jurídico para tratar este asunto específico "y esperamos esa resolución". No obstante, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a estas familias porque "hay muchos expertos trabajando para conseguir un entorno seguro, y también contamos con la valiosa ayuda de los ayuntamientos".

EL GOBIERNO LLEGA TARDE

De su parte, Bendodo ha subrayado que Andalucía, como demostró en la reunión del jueves, sabe "ponerse de acuerdo, pactar y tejer consensos", si bien ha lamentado que el Gobierno central "ha actuado tarde" y, además, "no ha cumplido con la Conferencia sectorial de Presidentes a la que se comprometió Pedro Sánchez".

"Andalucía, dentro de la lealtad institucional, demuestra en esta crisis que vuelve a arrimar el hombro, aportamos nuestras propuestas y llegamos a un acuerdo base para la vuelta al cole entre las 17 comunidades", ha agregado el portavoz del Ejecutivo autonómico, que defiende que la educación "no puede ser actor de ninguna guerra, todos tenemos que empujar juntos y dejar aparcados otros intereses".

Preguntado sobre posibles medidas para la conciliación de las familias en caso de que tengan que guardar cuarentena, Bendodo ha incidido en que el Gobierno debería articular ayudas en ese sentido, "va a ser necesario". Tras apuntar que dijo que lo haría y luego cambió de idea, el consejero se ha mostrado convencido de que "lo mejor que ha hecho el Gobierno durante la pandemia es rectificar muchas veces, así que puede volver a ser así".

El consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha dado cuenta a los grupos parlamentarios de las cortes de las medidas de inicio del curso escolar 2020-2021, marcado por la pandemia, y ha subrayado que los centros educativos son espacios seguros. Mientras, el Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de improvisación en las medidas tomadas.

Faci, junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, han participado en una reunión de Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes en la que han informado a los representantes de los distintos grupos parlamentarios de las medidas tomadas por el Ejecutivo para el inicio del curso, y hechas públicas este jueves en rueda de prensa.

En este contexto, Faci ha subrayado que este viernes ya se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden que regula el curso escolar 2020-2021. Ha recordado que el pasado 30 junio se aprobó el plan de contingencia en el que se recoge la organización del curso escolar, en tres escenarios, y cómo se iba a desarrollar en el primero.

"Dada la situación que teníamos esos días, pensábamos que los rebrotes podrían ser en los meses de noviembre, diciembre o enero, pero lo que ocurrió fue que empezaron a los pocos días de haberse decretado el estado de nueva normalidad". Por ello, ha defendido que aún teniendo organizado el curso escolar a finales de junio se ha tenido que modificar la organización.

Una vez realizados los cambios necesarios, la orden recoge todos los protocolos relacionados con los diferentes tipos de enseñanza, se ultima el protocolo de coordinación entre Sanidad y Educación que refuerza la coordinación ya existente y "liberará de carga y responsabilidad a los centros educativos", ya que especificará "lo que hay que hacer en cada caso y en cada momento".

Para ello, un nuevo equipo trabajará en el refuerzo de la coordinación entre Educación y Sanidad y el documento se tendrá los primeros días de la semana que viene. "Las medidas que se deban adoptar respecto a los centros educativos y a los posibles contagios estarán en ese protocolo y será la autoridad sanitaria la que tome las decisiones, los centros educativos no tendrán que tomar ninguna decisión de carácter sanitario".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha destacado el compromiso e implicación del Gobierno. También ha remarcado su "ejercicio de transparencia", al tiempo que ha insistido en que los centros escolares en Aragón van a ser "completamente seguros".

Guillén ha expuesto que el Gobierno actual ha invertido más en educación y políticas sociales que el anterior Ejecutivo del PP, por lo que "Aragón está más preparada".

IMPROVISACIÓN

La diputada del PP, Mar Vaquero, ha criticado la "improvisación" por parte del Gobierno en la planificación del inicio del curso escolar. "Las medidas no estaban definidas, y eso es lo que ha llevado a que, hasta ayer mismo, el consejero estuviera anunciando nuevas medidas que ni siquiera las familias y los equipos directivos conocían".

"Lo que más preocupa es la incertidumbre que en estos momentos se genera en la comunidad educativa, no solamente de carácter sanitario, sino incluso por ese absentismo que preocupa tanto". Ha apostillado que los ciudadanos piden resultados "y lo que está claro es que los objetivos de la planificación del curso escolar no se han producido, porque cuando en las familias, en el personal docente, en estos momentos hay inseguridad, falta de confianza e incertidumbre, es porque las cosas no se han hecho bien".

Mar Vaquero ha asegurado que desde el PP se ofrecen "una vez más" para reforzar la idea de que los centros escolares tienen que ser centros seguros, "y para ello no solo hay que trabajar desde dentro sino que también hay que concienciar a las familias".

Así, ha pedido que la guía para informar a las familias para el inicio de curso debería estar "en todos los hogares" y que los protocolos sanitarios de actuación estén en todos los centros antes de que se abran para poder conocerlos.

"El Gobierno de Sánchez se ha lavado las manos con las comunidades autónomas y no queremos que el Gobierno de Aragón se lave las manos con las familias y el personal docente en toda esta labor que, desgraciadamente, se va a extender durante todo el curso escolar". También ha incidido en la importancia de garantizar la calidad educativa trabajando en eliminar la brecha digital.

"RETORNO SEGURO"

El parlamentario de Ciudadanos, Carlos Trullén, ha dicho que, aunque el plan para la vuelta a las aulas "llega tarde", lo importante es que existe y "sienta las bases para un retorno seguro en septiembre".

"En fundamental es que entre todos tratemos de mantener las escuelas en funcionamiento durante todo el curso, y en ese sentido desde Cs hemos sido responsables, desde una oposición constructiva, hemos hecho llegar a Educación numerosas propuestas y vamos a seguir insistiendo".

La diputada de Podemos-Equo, Marta Prades, ha agradecido al Gobierno su labor y transparencia, al tiempo que ha mostrado su apoyo a "todo el personal sanitario, sociosanitario y a todo el personal docente y a la comunidad educativa" por el gran esfuerzo realizado tanto ahora con el inicio de curso como con la llegada del estado de alarma en primavera.

Ha relatado que se ha demostrado que la conciliación era "una asignatura pendiente" y ha apostillado que para poder iniciar este curso con seguridad es importante que las medidas de conciliación se pongan en marcha y sean efectivas.

DIFICULTADES

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha evidenciado que el proceso de escolarización siempre lleva dificultades, pero más en una situación tan novedosa como la actual.

Por ello, ha considerado que hay que buscar "voluntad política" para dar "una mejor respuesta" desde lo público. "Tenemos que lanzar en mensaje de que todos nuestros centros son lugares seguros, que tiene protocolos, planes de seguridad", ha considerado que "no es el momento de generar incertidumbre".

El parlamentario de Vox, David Arranz, ha mostrado su preocupación por la existencia de "17 sistemas diferentes, 17 sanidades distintas" --en referencia a las 17 comunidades autónomas-- de cara al inicio de curso. Ha reclamado "una estrategia unitaria y global para todo el país, e incluso europea".

Arranz ha confiado en que los niños y adolescentes sean "menos contagiables y contagiosos", pero ha remarcado que tiene que darse a conocer el protocolo que se va a seguir para facilitar la conciliación si los hijos se tienen que quedar en casa, al tiempo que ha insistido en la importancia de acabar con la brecha digital para facilitar la igualdad de oportunidades.

MOMENTO EXCEPCIONAL

El diputado del PAR, Jesús Guerrero, ha aclarado que el país se encuentra ante un momento excepcional y ha reclamado unidad en todas las fuerzas políticas para "intentar salir fortalecidos de una situación sin precedentes.

Por otra parte, ha solicitado que en las medidas que se vayan a tomar para la conciliación en caso de que haya rebrotes, también se tengan en cuenta las especiales circunstancias que se pueden dar en el medio rural.

En parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha sostenido que hay que llevar a cabo "una apuesta clara y decidida por una reducción de los ratios" en las aulas, algo en lo que ha opinado que el Gobierno de Aragón tendría que haber sido "más ambicioso".

También ha subrayado la importancia de contratar a más monitores de comedor para que los alumnos puedan comer en las aulas y ha mostrado su preocupación por "la vuelta con intensidad a la actividad productiva en Aragón".

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a reforzar con 666 docentes el próximo curso educativo 2020-2021. El mes de junio se han adjudicado o están en proceso 356 contratos, de los cuales 140 son para la red concertada. El resto de plazas pendientes, 170, se prevé se adjudiquen a lo largo del mes de septiembre.

Así lo ha indicado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ante las "sesgadas y erróneas interpretaciones que se están produciendo en las últimas horas". De ese modo ha aclarado que, "el Departamento continuará reforzando el sistema educativo con objeto de permitir afrontar el efecto de la pandemia por COVID-19 en la vuelta a las aulas".

A día de hoy, 28 de agosto, el sistema de adjudicación telemática de plazas (ATP) ha ofertado 173 vacantes docentes, 112 de ellas correspondientes al ciclo de Educación Infantil y Primaria y 61 adscritas al programa PROA+ vinculadas al ámbito de la atención a la diversidad.

El Gobierno ha indicado que estas nuevas contrataciones se suman a las que Educación ya realizó el pasado mes de junio y que son las siguientes: 33 nuevas contrataciones para el Programa de Docencia Compartida; 40 plazas de orientadores educativos; 91 docentes especialistas en pedagogía terapéutica; 6 plazas de profesorado de apoyo y 10 contratos más para el programa de atención terapéutica. En total, 183 docentes más para el curso 2020-2021 que, sumados a los 173 contratos equivalentes ofertados hoy suman 356 nuevas plazas docentes para el próximo curso, ha añadido.

De los 310 contratos que quedan hasta completar el número de 666 nuevas plazas de profesorado, hay que restar el incremento de profesorado en la red educativa concertada que será financiada mediante el incremento de los módulos de financiación de estos centros. Concretamente 110 profesores más para desdobles; 20 para refuerzos y 10 de apoyo a equipos directivos.

MESA SECTORIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA

El departamento dio a conocer el procedimiento de adjudicación para proceder al refuerzo de la plantilla docente en la Mesa Sectorial de Educación con las asociaciones sindicales. En la misma se informó del trabajo que realizará el Servicio de Inspección con los centros educativos para analizar las necesidades de refuerzo y determinar los perfiles del profesorado que demandan.

Este profesorado saldrá de la ampliación de contratos ya existentes o bien mediante nuevas ATP del Departamento de Educación.

Como ya indicó el consejero de Educación, Carlos Gimeno, el pasado 21 de agosto, 254 contratos equivalentes son consecuencia del trabajo de planificación y refuerzo para el presente curso con el objetivo de revertir las consecuencias del cierre de centros decretado el pasado marzo y otros 412 nuevos contratos derivan de la decisión de reducir la ratio en el ciclo de Infantil a 20 alumnos, con la consiguiente necesidad de desdobles, y de nuevos contratos de apoyo y refuerzo a las tareas directivas en un escenario de pandemia por COVID-19.

El Gobierno ha indicado que Navarra fue el pasado mes de junio la primera comunidad en realizar un Plan de Contingencia COVID-19, plan que se ha ido actualizando a lo largo de todo el verano en función de la evolución de la pandemia y siguiendo las recomendaciones sanitarias.

En ese periodo el departamento de Educación ha desarrollado un proceso de "diálogo y consenso con todos los agentes de la comunidad educativa permanente desde el inicio de la legislatura y, especialmente, desde el cierre de los centros educativos", ha explicado el consejero Gimeno.

En total, ha destacado que se han celebrado cuatro reuniones de la Mesa Navarra de Padres y Madres en un año, numerosas asambleas, presenciales y por videoconferencia, con las asociaciones de directores de centros educativos, además de las habituales reuniones de la Mesa Sectorial de Educación, diálogo con CERMIN, actividad plenaria y de la Permanente del Consejo Escolar de Navarra, en el que tiene amplia presencia la administración educativa, y trabajo con otras entidades con presencia en el mundo educativo que han dado como resultado "importantes aportaciones" incorporadas a los sucesivos protocolos de prevención y organización de la actividad escolar que redundarán "en beneficio del sistema educativo", ha indicado Gimeno.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado al Gobierno a través de un mensaje en la red social Twitter a disolver el Ayuntamiento de Alsasua (Navarra) si el alcalde de este municipio, Javier Ollo (Geroa Bai), no impide ofensas a la Guardia Civil durante la celebración este sábado del acto 'Ospa Eguna' o 'Día del Adiós' en el que se equipara a la Benemérita con el coronavirus

En su mensaje, apunta a que desde el Ejecutivo se debe exigir al alcalde "respeto a los agentes que fueron agredidos con sus familias", en alusión a la agresión sufrida por dos agentes y sus novias en octubre de 201e. "Si no, debe usar el art.61 de la Ley de Bases de Régimen Local frente a la complicidad municipal con los violentos", añade.

En dicho artículo se regula la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

En el punto 2 del precepto se dice, expresamente, que se considerarán decisiones gravemente dañosas para los intereses generales los "acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

EL PP EXIGE QUE INTERVENGA INTERIOR

De este modo, el líder del PP eleva el tono de protesta frente a la convocatoria ya expresado este jueves por la vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de la formación en Navarra, Ana Beltrán, que exigió al Gobierno que prohíba el acto.

Por otro lado Jucil, la asociación de la Guardia Civil surgida de la plataforma Jusapol, solicitó también al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que suspendan la celebración del 'Ospa Eguna'. Una prohibición judicial, sin embargo, que correspondería a la Audiencia Nacional de entenderse que el acto constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

El verano pasado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó un auto en el que rechazaba prohibir la conmemoración del 'Ospa Eguna' o 'Día del Adiós' al considerar que no se daban antecedentes de delitos en celebraciones previas que justificaran tal restricción de derechos fundamentales.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que a día de hoy no había llegado al juez este órgano Alejandro Abascal, en funciones de guardia esta semana, ninguna petición de prohibición del acto, por lo que la justicia no puede pronunciarse sobre el mismo.

FIRMAS EN CONTRA

Lo que sí ha llegado al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, son 23.000 firmas en solicitando la prohibición del acto recogidas en una campaña por la plataforma HazteOir.org.

El evento que la izquierda abertzale prevé celebrar el próximo sábado 29 de agosto en la localidad navarra de Alsasua bajo el lema 'Vosotros sois el virus' es para las entidades que reclaman su prohibidión un acto de odio que utiliza además la actual situación de pandemia para "humillar" a servidores públicos.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha agradecido los 245 rastreadores del Ejército que el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición de la Comunidad para "liberar" a los equipos de atención primaria.

Así lo ha manifestado este viernes durante la inauguración de la Feria de Artesanía en la capital palentina dentro de la programación alternativa a las ferias y fiestas de San Antolín que el Ayuntamiento de la capital ha preparado.

Igea ha apuntado que los más de 200 rastreadores que van a ceder a la Comunidad van a permitir liberar personal en atención primaria, donde tenían las bolsas de empleo vacías. "Es una buena herramienta que hay que agradecer y liberará la atención primaria" ha añadido.

En cuanto a la evolución de los rebrotes, el vicepresidente ha señalado que las cifras están aumentando aunque "la estrategia está empezando a funcionar, ya que la incidencia crece menos que hace unas semanas".

"Tenemos que mantener el estado de alarma por eso mandamos un mensaje de responsabilidad porque las cosas pueden ir bien y seguir bien si somos responsables", ha finalizado.

Un total de 188 municipios de la Comunidad Valenciana han registrado nuevos contagios de Covid-19 confirmados por PCR desde el pasado martes, con València a la cabeza en número de nuevos casos.

Según la última actualización de la información desglosada por localidades que ofrece la Generalitat consultada por Europa Press, València ha registrado 433 nuevos casos desde el martes, Castelló 111 y Alicante 108. Les siguen Dénia (con 79 nuevos casos), Torrent (64), Gandia (58), Mislata (56), Elx (49), Torrevieja (48) y Benidorm (47).

València ostenta también el primer puesto en cuanto al número de casos diagnosticados por PCR desde que comenzara la pandemia de coronavirus, al llegar a 5.232 positivos. Por detrás se sitúan Alicante, con 1.288 casos, Elx (962) y Castelló (724).

Por detrás se sitúan las localidades de Benidorm (580 positivos por PCR), Torrent (542), Torrevieja (480), Gandia (348), Borriana (342), Burjassot (338) y Dénia (331).

Se da la circunstancia de que tres municipios que hasta ahora no habían detectado ningún caso por PCR como Camporrobles, Gata de Gorgos y Titaguas, han contabilizado uno en cada uno de ellos entre el viernes y el lunes.

Hay 149 poblaciones de las 542 que conforman la Comunitat que se mantienen sin ningún caso de Covid-19.

Respecto a los fallecimientos, constan 8 nuevos decesos: 5 en València y uno en Torrent, en Alfafar y en Xeraco. Desde el inicio de la pandemia, la capital del Túria acumula el mayor número de muertes, con 262, seguida de Alicante, con 88 y Alcoi, con 81. Por detrás se sitúan Benidorm (68 fallecimientos), Torrent (56) y Castelló (50).

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha lamentado que la Comunidad de Madrid ha "perdido más de una semana frente al virus por temas jurídicos" y "17 legislaciones distintas".

"Hemos perdido más de una semana frente al virus por temas jurídicos. Tener 17 legislaciones distintas hace muy complicado luchar de forma eficaz contra el #Covid-19", ha manifestado Aguado a través de su cuenta de Twitter tras conocer que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratifica las medidas sanitarias del Gobierno regional de contención del virus, como el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la vía pública si no se puede respetar la distancia de seguridad.

El TSJM ha anulado el auto del juez del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez, sobre la no ratificación de la orden regional que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el miércoles 19 de agosto y entró en vigor el 20.

Las nuevas medidas, que quedaron en suspenso al día siguiente de su entrada en vigor, prohibía también el consumo de alimentos a bordo de los vehículos de transporte público, en autobús o ferrocarril. Además, limitaba la actividad de hostelería y restauración, pues tanto dentro como fuera de los locales debía cesar a la 01.00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esté "distraído desde principios de verano haciendo una crisis de gobierno encubierta", en momentos muy delicados para la ciudadanía, en vez de trabajar en "resolver el caos en la sanidad y la educación por su indolente gestión en plena escalada de la pandemia de coronavirus".

En un comunicado tras conocerse la reestructuración de competencias entre determinadas consejerías decidida por el Gobierno andaluz, Cornejo ha criticado que el presidente se centre en "su propio juego de tronos" cuando la comunidad registra más de 900 contagios en las últimas 24 horas y los andaluces "no pueden ir ni al médico de cabecera porque es imposible acceder a una cita en tiempo razonable"; cuando el inicio del nuevo curso "es un caos y la seguridad no está garantizada" por falta de planificación de la administración autonómica y cuando, además, "el mayor incendio del año está asolando Huelva".

Juan Cornejo ha censurado que, en lugar esforzarse en atender las demandas ciudadanas, Moreno se dedica a sus crisis interna y a aprovechar desde el PP "la debilidad de Ciudadanos" y los "ajustes de cuentas de Juan Marín con su consejera más crítica", con el único objetivo de "quitar competencias a sus socios de gobierno, amasar poder en la Junta y encumbrar a Elías Bendodo en otra macroconsejería que suma las competencias en Medio Ambiente y demuestra que su cacareada 'revolución verde' es simplemente mentira, al enterrar bajo toneladas de competencias las políticas específicas medioambientales en las que Andalucía ha sido pionera durante años".

Ha señalado que "lo mismo ocurre con el traspaso de fondos europeos a la Consejería de Hacienda de Juan Bravo", insistiendo en que Moreno Bonilla y el PP "sólo se esfuerzan para aglutinar poder en el Gobierno de la Junta, a costa del desmembramiento interno de Cs en Andalucía" y "olvidando el descontrol que tienen montado en la sanidad y la educación, que tanto preocupan y necesitan los andaluces y andaluzas ante la escalada de la pandemia".

"Sentimos vergüenza de este Gobierno de Moreno Bonilla, que se dedica a sus labores partidistas en vez de ocuparse de lo que debe", ha recalcado el secretario de Organización del PSOE andaluz, quien ha insistido en que esta crisis de gobierno encubierta es "un escándalo".

Ha considerado que "Andalucía no se merece un presidente a quien no le duelen los problemas de los andaluces y que tendría que estar al lado de la gente para mejorar su sanidad y educación públicas y, en días como hoy, ateniendo a los vecinos afectados por el incendio de Almonaster la Real, y no en su propio juego de tronos".

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, se ha comprometido este viernes con los sindicatos y la patronal, en el marco del Diálogo Social, a analizar la evolución del Ingreso Mínimo Vital en los próximos meses para aplicar medidas "en un sentido y en otro" y evitar que haya familias que se vean perjudicadas por el cambio.

Así lo ha explicado Blanco en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión celebrada en la mañana de este viernes con la Mesa de Renta Garantizada de Ciudadanía del Diálogo Social, en la que también ha explicado la medida aprobada en el Consejo de Gobierno de este jueves para aprobar subvenciones durante cuatro meses a 267 familias que han pasado a percibir el IMV pero la cantidad que reciben es inferior a la que les correspondía con la Renta Garantizada.

Blanco ha recordado que, en un primer momento, con la aprobación de este instrumento por parte del Gobierno de España "se generó mucha expectativa" de que "la mayoría perceptores de Renta Garantizada iban a pasar al Ingreso Mínimo Vital", concretamente ha señalado que se esperaba que entre el 60 y el 80 por ciento pudieran cambiar un ingreso por otro.

Con ello, ha apuntado, las cantidades que destinaba la Junta al pago de percepciones de su renta garantizada podrían reasignarse a otros fines, pero esto no ha sido así y la Junta, que tenía una media de alrededor de 9.000 familias perceptoras de esa renta, en este mes de agosto, según los cálculos señalados por la consejera, 8.598, por lo que la diferencia es pequeña y su conclusión es que "el IMV no rebaja apenas las familias perceptoras de renta garantizada".

Esto es lo que ha trasladado a los sindicatos y la patronal, con los que se ha comprometido también a analizar la evolución de esta nueva percepción en Castilla y León en los próximos meses para tomar medidas "en uno u otro sentido".

De hecho, ya se ha tomado una primera medida con la aprobación de una subvención para las 267 familias que se estima que, al pasar de recibir la renta garantizada a contar con el IMV han visto como reciben una menor cantidad. Esta ayuda se destinará durante cuatro meses, el tiempo que calcula la Consejería de Familia que tardará en aprobarse definitivamente la normativa regional que establecerá cambios en la Renta Garantizada para adaptarla a la nueva prestación aprobada por el Gobierno hace unos meses, con la que es incompatible y de la que es subsidiaria, como ha recalcado la representante del Gobierno regional.

Según los datos de la Consejería, está claro que en el mes de julio había al menos 1.655 familias que perciben ahora el Ingreso Mínimo Vital y que tenían antes la Renta Garantizado, para lo cual se toma como referencia la cifra de familias beneficiarias que recibían la prestación por hijo a cargo.

De esas 1.655, una tercera parte --548-- tenía derecho a una menor cantidad con el Ingreso Mínimo Vital que con la Renta Garantizada, aunque 281 de ellas tienen esta ayuda suspendida por diferentes motivos, como que han encontrado trabajo, o cuentan ahora con un ingreso superior o están tramitando un cambio de titular. Al resto, 267, es al que se le comenzará a abonar la subvención aprobada este jueves.

Como ha recordado Blanco, la pérdida de ingresos que sufren estas familias oscila entre los 10 y los cerca de 700 euros al mes y, de hecho, la media del importe total de esas subvenciones (211.000 euros) repartida en cuatro mensualidades es de algo menos de 200 euros.

Los "números reales" que ha aportado la consejera señalan que la Junta atiende "al mismo número de familias que se atendía en marzo". Así, ha detallado que en el mes de julio, ya con el IMV en funcionamiento, fueron 9.184 las familias que recibieron la renta autonómica, en agosto han sido 8.598, si bien Blanco ha sumado a ellas las 267 que van a recibir la subvención compensatoria para elevar la cifra a 8.875.

JULIO, MAYOR NÚMERO DE BAJAS DE LA RENTA GARANTIZADA

En cuanto a la evolución de altas y bajas, la consejera ha apuntado que en lo que va de año se han producido 3.547 altas, 675 de ellas en julio; mientras que en las bajas se contabilizan 3.105 en los siete primeros meses de 2020 y la mayor parte de ellas han llegado en julio, como consecuencia, entre otras cosas de la entrada en vigor del IMV, con 1.306.

Blanco ha incidido en que, con la aprobación del IMV, la Junta ha seguido con el pago de la Renta Garantizada a todos los perceptores que tenían derecho, hasta que se les reconoce y abona el nuevo ingreso.

"El objetivo es que ninguna familia quede desatendida", ha recalcado la consejera, que ha reiterado que ese es el motivo de la convocatoria de la Mesa de Renta Garantizada de Ciudadanía del Diálogo Social.

A partir del lunes próximo, ha precisado Blanco, se llamará a los beneficiarios de la nueva subvención para que se personen presencialmente en las gerencias y se pueda proceder al ingreso de la misma.

En cuanto a la aprobación de la nueva Ley que regulará la prestación, Blanco ha apuntado que espera que en el mes de octubre pueda llegar a las Cortes regionales y para ello faltan trámites jurídicos y una serie de informes.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha subrayado este viernes que la estrategia de "anticipación" que ha marcado las actuaciones del Ejecutivo andaluz desde el inicio de la pandemia provocada por el Covid-19 "funciona", toda vez que ha resaltado que en Andalucía "evoluciona a la mitad de ritmo que evoluciona en el resto del país".

Así lo ha trasladado Bendodo en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, la primera que se celebra tras un descanso de dos semanas en el periodo estival, y donde ha estado acompañado por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el titular de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

Bendodo, que ha querido volver a agradecer a sanitarios, profesores, autónomos y en general a todas las familias andaluzas "que están tirando del carro y haciendo un ejercicio extraordinario para poder seguir adelante" durante la pandemia, ha insistido en que enviar un mensaje de "tranquilidad y serenidad".

Tras precisar que hay un aumento de contagios a nivel global en todo el país, ha matizado que en esta oleada de la pandemia se está demostrando que "nuestra estrategia de anticipación es la que sigue funcionando" pues, en función de los PCR positivos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, "en España la media está en 176 positivos, mientras en Andalucía se sitúa en 90, prácticamente la mitad".

"Somos la comunidad autónoma que en esa segunda oleada la pandemia se vuelve a contener mejor", ha abundado Bendodo, que ha descartado que puedan relajarse por el buen dato sino que ha asegurado que tendrán aún "más responsabilidad y la aplicación de más medida de control" que valora el Comité de Expertos y que podrían abordarse en el Consejo de Gobierno de la próxima semana.

El consejero andaluz ha llamado a reflexionar al Gobierno de España a cuenta del alto número de contagios que se están sucediendo a nivel estatal dado que, según ha precisado, "hoy el ritmo de contagio en España es similar al de Estados Unidos". "Algo estaremos haciendo mal todos en España para tener el porcentaje de contagio tan disparado respecto a otros países del entorno de Europa", ha agregado.

Juan Marín, por su parte, ha precisado que a día hoy hay en Andalucía 392 andaluces hospitalizados, 21 más que ayer, con 54 ingresados UCI, diez más que en la jornada de este jueves, de modo que se mantiene la comunidad en "un 85 por ciento por debajo del máximo pico que tuvimos en UCI durante la pandemia". Además, ha indicado en la última semana se han detectado 40 brotes, siguiendo activos 28.

Así, ha explicado que la presión de las camas hospitalarias "es la mitad de la media nacional", esto es un 2,2 por ciento en caso de Andalucía, mientras en el conjunto de España la media es de 4,3 por ciento. "El SAS tiene libres en estos momentos más de la mitad de las camas hospitalarias", ha añadido.

Ha manifestado que en los últimos meses, la Junta ha estado centrada en la lucha contra la pandemia del coronavirus a través de una gestión que ha permitido "controlar la situación". Ha señalado que en este momento la situación está "controlada" y se está haciendo una forma "muy eficiente".

Además, el vicepresidente ha señalado que Andalucía ha sido "punta de lanza en muchos aspectos", como en materia de prevención, en la puesta en marcha de rastreadores Covid o en cuanto a protocolos de seguridad en ámbitos como el turístico.

Euskadi iniciará el curso escolar de forma "escalonada", a partir del próximo 7 de septiembre, en los ciclos Infantil, Primaria y 1º y 2º de la ESO, con uso de la mascarilla obligatorio desde los 6 años. Además, el Departamento de Educación prevé la contratación "excepcional" de 1.000 docentes para aquellos centros que requieran un "mayor refuerzo".

La consejera de Educación del Gobierno Vasco en funciones, Cristina Uriarte, ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa, junto a la consejera de Salud, Nekane Murga, las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico para la vuelta a las aulas, tras participar en la reunión de la comisión de seguimiento del covid-19 para analizar la situación epidemiológica.

La titular de Educación ha destacado que la evolución de la pandemia en Euskadi, que mantiene el ascenso de positivos por covid-19 en pruebas PCR, tras registrar en las últimas 24 horas un total de 764 casos nuevos, ha obligado al Gobierno Vasco a "actualizar" algunas de las actuaciones ya recogidas en el Protocolo General de Actuación de los Centros Educativos frente al covid-19 en el curso 2020-2021.

Tras recordar que este protocolo se remitió a los centros y a la comunidad educativa a finales de junio, y poco después el documento con las medidas de prevención de riesgos laborales en los centros ante el covid-19, ha explicado que las medidas adoptadas ahora por el Gobierno Vasco "actualizan" algunos de los contenidos de los citados documentos.

Según ha indicado, la evolución de la pandemia recomienda que el retorno a las aulas se desarrolle de una manera "escalonada". El calendario establece que las etapas de Infantil, Primaria y 1º y 2º de la ESO comenzarán a partir del 7 de septiembre, según el calendario establecido con anterioridad por cada centro escolar. Uriarte ha detallado que el día 7 de septiembre comenzarán el 75% de los centros.

Los alumnos de 3º, 4ºde ESO y Bachillerato, por su parte, iniciarán el curso el 15 de septiembre. La FP de Grado Superior comenzará el 14 de septiembre el 2º curso y el 16 de septiembre el 1º curso. La FP Grado Medio comenzará el 21 de septiembre en el caso de 2º curso y el 23 de septiembre los alumnos de 1º.

Respecto a la FP Básica, cuando que se imparta en centros de FP el 2º curso comenzará el 28 de septiembre y 1º el 30 de septiembre. En el caso de los centros municipales, el 2º curso se inicia el 14 de septiembre y los alumnos de 1º el 16 de septiembre.

En relación a las medidas de prevención personal, la consejera ha informado de que se han "matizado y/o añadido" algunas medidas, con el objetivo de "reforzar" la seguridad en los centros educativos. Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 1º de Primaria en todo momento, aunque se mantenga una distancia interpersonal de 1,5 metros. En Infantil no será obligatorio su uso y en el caso del profesorado, deberá utilizar siempre la mascarilla.

En lo que respecta a los centros educativos, cada uno de ellos dispondrá de un responsable para abordar los aspectos relacionados con el covid-19 que, junto con la dirección del centro, se encargará de la coordinación con Salud Pública. Asimismo, cada centro educativo dispondrá de una OSI (Organización Sanitaria Integrada) de referencia.

En el caso de que un alumno o un profesor presente sintomatología compatible con la covid-19, no deberá acudir al centro educativo. Si finalmente se confirma el caso, Uriarte ha explicado que el centro educativo se pondrá en contacto con su OSI, "y en todo momento seguirá las instrucciones de Salud Pública". "Está totalmente registrado cómo hay que actuar en cada momento cada vez que haya un posible caso o caso positivo", ha defendido.

La consejera de Salud, por su parte, ha detallado que cuando aparezcan varios alumnos o personal del centro con la infección "activa" se analizará si se trata de casos aislados o si hay vínculo dentro de la actividad del centro o desplazamiento al mismo. Si se identifica el vínculo, se considerará como un brote, a partir de 3 casos, y se buscará cuál ha sido el motivo del mismo y si se puede aislar.

Como ejemplo, ha indicado que si se trata de un desplazamiento en un medio de transporte común se actuará específicamente en el mismo o si ha sido en una reunión, se actuará sobre ese foco. "Van a ser decisiones individualizadas. Si se observa que es el comedor, habrá que actuar en ese lugar y en las posibles causas, pero si se ve que es algo que precisa medidas que alteran la gestión del centro, con riesgo en ese momento, se tomarán decisiones más incisivas", ha señalado.

De cara a la realización del seguimiento de la evolución de la situación, para su valoración y adopción de medidas o modulación de acciones previstas, habrá una Comisión Técnica de seguimiento en cada territorio que se reunirá semanalmente, compuesta por Salud Pública y Educación. Además, se constituirá un Consejo Asesor Educación-COVID.

Uriarte ha explicado que para las familias que tengan que cuidar a sus hijos con covid, están trabajando con Empleo y Políticas Sociales en el programa de brecha digital, la posibilidad de ampliar las ayudas a la contratación de cuidadores, así como las ayudas a la conciliación aprobada en la emergencia sanitaria.

Ante la posibilidad de que haya padres que no lleven a sus hijos al colegio, ha indicado que han trasladado a los centros que contemplan un posible incremento del absentismo este año para que tengan una atención "especial" y ha recordado que el servicio de Inspección es quien debe actuar porque, "por ley, los niños deben asistir al centro escolar". "Podremos tener flexibilidad hasta cierto punto pero, además de hacer un seguimiento, tendremos que hacer aplicar la ley", ha insistido.

En relación al transporte escolar, se recomienda que el alumnado tenga asientos fijos y se disponga de la relación de niños que son transportados y el lugar que ocupan. Alumnado y personal usará mascarilla en todo momento, aunque en el caso de los menores de 6 años no es obligatorio, pero sí recomendable. En cuanto al comedor, se priorizará el servicio en los centros con "alumnado vulnerable".

La consejera de Educación ha subrayado que las necesidades provocadas por la pandemia en los centros educativos "abarcan desde materiales que garanticen la seguridad e higiene hasta el refuerzo en algunos casos del personal docente, pasando por un refuerzo en herramientas tecnológicas".

1.000 CONTRATACIONES

De cara al inicio de curso, el Departamento de Educación contempla la contratación adicional y excepcional de 1.000 docentes que "reforzarán" el servicio educativo en aquellos centros escolares que cuenten con un mayor número de alumnado por aula.

En lo que respecta a la tecnología, el Departamento de Educación ha adquirido 24.361 equipos portátiles, tanto para alumnado como para el profesorado que estarán a disposición de los centros y de las familias que lo necesiten, bajo el criterio de la dirección del centro escolar.

El Departamento de Educación también dotará a los centros escolares del material de higiene y seguridad para desarrollar la actividad educativa "con garantías". Todos los centros contarán con personal de limpieza en horario de mañana para "refuerzo" en la limpieza de baños y superficies expuestas.

Además, enviará mensualmente 500.000 mascarillas a los centros escolares. Antes del inicio del curso se llevará a cabo un primer envío de 800.000 mascarillas quirúrgicas. Para las aulas estables y el personal especializado --como fisioterapeutas-- se repartirán EPI. Con el inicio del curso se realizará un nuevo reparto de termómetros y se suministrarán 5.000 litros de gel hidroalcohólico al mes. La primera semana de septiembre se iniciará el reparto de 10.000 botes de 500 ml en los centros.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha señalado este viernes que el incendio de Almonaster la Real (Huelva) tiene 4.480 hectáreas de perímetro, por lo que aún no se puede calcular las hectáreas calcinadas, ya que es algo que se tiene que evaluar "a posteriori" y que en estos momentos "preocupa especialmente" el foco de la zona sur (Zalamea la Real y El Campillo).

Así, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del Plan Infoca en Almonaster la Real, Crespo ha apuntado que es un fuego "con un gran perímetro", por lo que se está actuando desde varios flancos, al tiempo que ha reseñado que "se está trabajando muchísimo", añadiendo que el Plan Infoca "ha sabido aprovechar durante la noche las circunstancias de humedad y la bajada de las temperaturas para atacar especialmente la zona norte".

Asimismo, ha subrayado que en la zona trabajan 18 medios aéreos para combatir el fuego y hasta 150 medios terrestres, detallando que el incendio en estos momentos "no avanza especialmente por todo el perímetro", pero que hasta las 14,00 horas "habrá que esperar en la zona sur".

Por otra parte, ha recordado que hay 250 personas desalojadas de las pedanías de Cueva de la Mora y Monte Blanco (Almonaster la Real) y El villar (Zalamea la Real), que "no van a volver de momento a sus casas", ya que van a esperar a ver cómo evoluciona el incendio a lo largo de estas horas para ver si pueden volver los de la zona norte (Cueva de la Mora y Monte Blanco).

La consejera ha agradecido su trabajo a todos los efectivos que están colaborando del Plan Infoca "que está haciendo una magnífica labor" y "que esta noche ha aprovechado bien para seguir avanzando", así como a Protección Civil, al servicio de Emergencias 112, a los ayuntamientos de Zalamea la Real y de Almonaster la Real "que está colaborando mucho con Protección Civil con las personas desalojadas" y al Consorcio de Bomberos Provincial y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Crespo ha indicado también que es el incendio "más importante" que hemos tenido durante el verano en Andalucía, remarcando que las temperaturas de este jueves fueron "muy altas" y hoy se espera también el aviso naranja en la zona de Málaga.

En cuanto al valor ecológico del incendio, la consejera ha subrayado que comenzaron a quemarse eucaliptos y "tenemos ya pinar", insistiendo en que los efectivos están "muy pendientes" de la zona sur, con "mucha maquinaria pesada y medios aéreos" y que el viento del norte "está comenzando a hacerse más fuerte", lo que "preocupa un poco más", a la par que ha apuntado que esperan que a las 14,00 horas haya "un avance importante" y la zona sur se pueda "controlar medianamente".

En cuanto a la zona norte, Crespo ha apuntado que hay algunos focos, pero que "ahora mismo no preocupa esa zona" sino la zona sur, en la que están actuando todos los medios para tratar de controlarlo y evitar que a las 14,00 horas pueda ir a más debido a que se prevén altas temperaturas y "unas circunstancias de viento no muy halagüeñas que pueden hacer rolar el viento y tener alguna dificultad adicional".

En este punto, ha señalado que el trabajo que se está realizando es "muy importante y muy inteligente" y que el que se ha llevado a cabo durante toda la noche ha hecho que en este incendio, "que es de grandes dimensiones", ha conseguido que solo preocupe ahora la zona sur porque "podía ser peor" pero "está medianamente controlado otro de los flancos más dificultosos".

Por último, Crespo ha recordado que Huelva tiene mucho material forestal y que esta es una zona "especialmente forestal en la que siempre tenemos dificultades con los incendios", por lo que espera que "haya suerte durante las próximas horas y se pueda contener este gran incendio".

La consejera ha remarcado que Andalucía tiene "un gran dispositivo de lucha contra los incendios y ha puesto en valor "la coordinación ejemplar de las distintas administraciones en estos incendios", por lo que ha agradecido a todas "su predisposición y su ayuda", que ha sido "fundamental" para combatir este incendio.

Un total de 830 kilos de hachís han sido incautados en la tarde del miércoles en la desembocadura del río Guadalquivir en el marco del operativo contra el narcotráfico que está desarrollando en el área del Estrecho y su zona de influencia Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, de forma conjunta con las autoridades portuguesas (Policía Judiciaria, Fuerza Aérea, Marina y Policía Marítima).

La operación se inició cuando los medios aéreos y de control portugueses detectaron una embarcación del tipo neumática semirrígida navegando hacia la zona del Estrecho de Gibraltar, concretamente hacia la desembocadura del río Guadalquivir, estableciéndose el correspondiente operativo de seguimiento y cierre en el que también participaron medios aeronavales de Aduanas de la Agencia Tributaria, iniciándose un dispositivo de control y seguimiento durante la tarde.

Antes de que anocheciera, se produjo el transbordo de la embarcación neumática a una lancha de fibra, de tipo patera, dirigiéndose ésta al río con la intención de alijar, por lo que se decidió intervenir, según ha informado en un comunicado la Agencia Tributaria.

Al detectar el seguimiento, los tripulantes cambian de intención y se dirigen hacia el puerto pesquero de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), pudiendo ser intervenida por los funcionarios la patera cargada de bultos. Una vez efectuado un recuento de la droga, este ha dado la cantidad de 27 bultos, con un peso aproximado de 830 kilos de hachís.

Asimismo, se están realizando diligencias de investigación, no descartándose próximas detenciones. Esta operación se enmarca en la colaboración que mantiene la Agencia Tributaria con las autoridades portuguesas en la lucha contra el tráfico de mercancías ilícitas.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado una nueva Conferencia Sectorial en "pocos días", en la que se reúne el ministerio con los consejeros autonómicos del ramo, una vez haya empezado el curso escolar, que arranca en algunas comunidades autónomas el próximo 4 de septiembre, para identificar nuevas necesidades y hacer un seguimiento fehaciente de cómo evoluciona la pandemia y el curso escolar.

Además, ha explicado que se ha generado un grupo de trabajo, una comisión de seguimiento sobre el impacto del Covid-19 en el ámbito escolar con el fin de conocer cuáles son los efectos y extender las buenas prácticas que las CC.AA formulen a lo largo del camino que queda por recorrer.

Celaá también ha insistido en que "evidentemente habrá una respuesta" para atender las necesidades de conciliación de los padres, pese a que ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se limitó ha señalar que se prorrogará el plan MeCuida.

Así, la ministra ha negado que se precipitara al plantear la puesta en marcha de un permiso retribuido para aquellos padres que no puedan asistir al trabajo por tener que cuidar de sus hijos en cuarentena al tiempo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los progenitores ante el regreso a las aulas. "No llegamos tarde a nada", ha indicado al respecto.

"No me precipité, lo que hice fue enunciar algunas posibilidades" ha afirmado en una entrevista a laSexta respecto a la puesta en marcha de un permiso retribuido. "Evidentemente habrá una respuesta para satisfacer esa necesidad", ha señalado al ser preguntada sobre esta cuestión.

"ES UNA CUESTIÓN ABIERTA"

En la misma línea se ha expresado anteriormente en Telecinco al afirmar que el tema del permiso "es una cuestión abierta". "Hay diversas fórmulas que deben ser trabajadas con los interlocutores sociales. Este Gobierno siempre ha atendido las necesidades de las familias y en este caso lo hará también", ha afirmado.

En cualquier caso, ha señalado que "obviamente hay un trabajo de conciliación que realiza la escuela y que no es propio pero que la sociedad le ha atribuido". "Pero la función de la escuela es la educación y el desarrollo de la persona. Queremos abrir un entorno escolar seguro pero obviamente también se habla de conciliación que no es tarea específica del sistema educativo", ha reiterado.

También en laSexta ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres al asegurar que el Gobierno no llega "tarde a nada". "Estamos trabajando en estas cuestiones desde marzo y hay fórmulas planteadas y puestas en marcha. Pero hay otros ministerios que están más acercados a lo que es la respuesta. Hay muchos protocolos desde el inicio de la pandemia, no hay que idear nada nuevo, todo se hará en función de las necesidades", ha explicado.

"Desde que acabó el Estado de Alarma, hemos estado en coordinación constante" ha insistido la ministra que ha mencionado "medidas importantísimas" como el hecho de que el curso pasado pudiera finalizar o que las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) fueran presenciales. "Todas esas medidas han sido adoptadas en colaboración con las CC.AA. con esfuerzo", ha apostillado.

Sus declaraciones iban en línea con las realizadas en Telecinco, donde ha hecho un llamamiento a los padres a llevar a sus hijos al colegio ya que, como ha enfatizado, "los beneficios de la presencialidad son insustituibles". "El riesgo cero no existe y todo depende de la evolución de la pandemia. La escuela es el espacio controlado y animo a las familias a superar el recelo porque los beneficios de la presencialidad son insustituibles", ha apostillado.

Además, ha destacado que los padres "han realizado una esencial labor y son capaces del entender que los beneficios de la escolarización son superiores a cualquier riego de contagio".

El secretario autonómico de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha comparado este viernes a la Junta de Castilla y León como el Titanic y ha afeado en concreto que los violinistas de la orquesta se esté sacando fotos mientras el barco se hunde con "continuas dimisiones".

A esto ha añadido la "inadmisible atonía" y "falta de diligencia" de la Junta de Castilla y León en el cumplimiento de las medidas del Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad, un acuerdo "histórico" firmado el pasado mes de junio entre la mayoría de los partidos con representación parlamentaria "por lealtad" y para trasladar un mensaje de "seguridad" y de "certidumbre" que se ha incumplido "de forma flagrante" cuando contemplaba "asuntos fundamentales" como la vuelta al colegio o los rebrotes.

"Es un auténtico desastre", ha asegurado Pablo Fernández para quien la inacción y los incumplimientos de la Junta son una "demostración palmaria" de que no hay nadie al volante en un "Gobierno desnortado". "Es verdaderamente preocupante", ha continuado el secretario autonómico de Podemos que ha considerado "inconcebible" e "inaudito" que la Junta pida ahora lealtad para sacar adelante los nuevos presupuestos cuando ha demostrado que no tiene palabra y que no cumple lo que firma.

"No vamos a creer a ciegas, con nosotros que no cuenten", ha aseverado Pablo Fernández que ha reconocido que a una persona se la puede engañar una vez para asumir que si sucede dos veces igual ya es un problema de la persona engañada. "Por ahí no estamos dispuestos a pasar, es engañar a los ciudadanos de Castilla y León", ha sentenciado.

Por otro lado, ha considerado "absolutamente insuficientes" las medidas de la Junta para la vuelta al colegio y ha afeado la falta de un plan claro y certero que ahora se pretende parchear "deprisa y corriendo" tras haber permanecido dos meses "tumbados a la bartola" en otra muestra de "atonía y de falta de diligencia".

El portavoz del Grupo Mixto ha ironizado asimismo sobre que el primer pleno de las Cortes del nuevo periodo de sesiones vaya a arrancar con una comparecencia a petición propia del jefe del Ejecutivo autonómico para dar explicaciones sobre la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 31 de julio a la que, según ha afeado, acudió sin una postura de comunidad ni con una reunión previa con los grupos, como sí hacía su predecesor, Juan Vicente Herrera.

"No espero absolutamente nada más que escurrir el bulto para eludir temas que atañen y competen a la Junta", ha augurado Fernández a quien ha respondido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, que ha recordado que Fernández Mañueco reivindicó en la Conferencia de Presidentes algunos de los puntos consensuados en el Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad por lo que ha defendido que ese respaldo fue "de mayor calado que nunca".

A modo de ejemplo, ha citado el punto 77 del citado acuerdo de Comunidad para demandar al Gobierno de España que flexibilice el gasto de los ayuntamientos para que puedan disponer de su superávit en estos momentos de pandemia del coronavirus.

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha decidido retrasar el inicio de curso al 22 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria. Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) comenzarán las clases el 28 de septiembre y el alumnado de Bachiller lo hará el 29 de septiembre. Los alumnos de Formación Profesional comenzarán el 30 de septiembre y los de idiomas y educación de personas adultas el 5 de octubre.

Así lo ha anunciado la consejera del ramo, Carmen Suárez, quien ha explicado que la medida responde al objetivo de comenzar el curso con garantías de sanidad para alumnado y personal docente, tanto en la educación pública como en la concertada. También ha pesado en la decisión del Ejecutivo la intención de esperar a ver cómo evoluciona la pandemia en los primeros quince días de septiembre, cuando se espera que ya se conozcan los datos de contagios correspondientes al fin de la época estival.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Suárez ha anunciado que se realizarán pruebas PCR a todo el personal docente, por lo que esta medida es también uno de los principales factores que retrasarán la vuelta a las aulas, junto a la contratación de 860 nuevos profesores. Todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo en relación a la vuelta a las aulas suponen un coste extra de 30 millones de euros para las arcas autonómicas.

Este retraso en el inicio, ha precisado Suárez, no implica incumplir el calendario escolar, que estipula que el curso debe tener 175 días. "Tenemos margen sin alterar el periodo vacacional", ha asegurado, mencionando que en junio hay una serie de días que "permiten jugar con ellos" para alcanzar lo 175 de docencia.

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, ha explicado que este retraso, "más que un problema", es una manera de aportar "seguridad y tranquilidad" a toda la comunidad educativa para que, cuando lleguen a las aulas "esté todo dispuesto", incluidas las PCR al personal docente. De esta manera, ha justificado, "se asegura la calidad de la enseñanza y la salvaguarda absoluta de la salud de la comunidad educativa.

Bajo la premisa de que es en las escuelas donde "tiene que estar" el alumnado, Educación y Salud han acordado una serie de normas para garantizar la seguridad del personal docente y los estudiantes. En primer lugar, Educación ha determinado extender las ratios de 20 alumnos hasta segundo de la ESO, una medida que en principio iba a afectar a los escolares hasta cuarto de Primaria.

Al hilo de esta decisión, el Principado ha acordado que la docencia sea presencial desde Infantil hasta segundo de la ESO y semi presencial a partir de 3º y hasta segundo de Bachiller. Para garantizar la presencialidad en el primer bloque, se harán grupos más pequeños y se formarán "grupos estables de convivencia", que también compartirán comedor si son usuarios. A partir de tercero de la ESO cada clase se dividirá en dos grupos de alumnos, que acudirán en días alternos a las aulas. Para ello Educación proporcionará el material tecnológico necesario, a fin de que "haya relación" entre lo que los alumnos trabajen en sus casas y en el aula.

A fin de prevenir contagios, la distancia de seguridad, el lavado de manos, la ventilación y el uso generalizado de mascarilla a partir de los 6 años formarán parte de la nueva realidad de colegios e institutos.

Los servicios de comedor y de transporte escolar trabajarán "con normalidad". En los autobuses se asignará un asiento concreto para cada alumno y en el comedor los alumnos que formen un "grupo estable" se sentarán juntos, a una distancia de metro y medio del resto de grupos.

En el caso de los colegios rurales, la consejera ha explicado que algunos no necesitarán acudir a la semi presencialidad, ya que no llegan a tener 20 alumnos por aula.

NO SE CONTEMPLA EL CIERRE DE CENTROS SALVO QUE SEA "IMPRESCINDIBLE"

Preguntada sobre la posibilidad de cerrar centros si se dan casos de COVID-19, la titular de Educación ha dicho que será la Consejería de Salud la que determine si hay que "llegar al extremo" de cerrar centros.

No obstante, ha subrayado que la intención del Gobierno es "no cerrar centros salvo que sea una cuestión imprescindible". "Queremos los centros abiertos todo el tiempo que se pueda", ha insistido.

Suárez ha explicado que la presencialidad "estará condicionada por los contagios" que se puedan detectar. "No será lo mismo un positivo en un grupo estable, cerrado sobre sí mismo, que en aquellos grupos que puedan tener un contacto distinto", ha agregado.

En el caso de que un alumno contagiado tenga hermanos en el mismo centro escolar, Suárez ha explicado que la unidad familiar en su conjunto "se verá afectada" por las medidas que Salud determine adoptar. Educación, por su parte, "acompañará" a los alumnos en los procesos de cuarentena o enfermedad a través de medios tecnológicos y la encomienda de tareas.

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Promoción Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha manifestado que las actividades culturales programadas para la celebración de las fiestas del Pilar se trasladarán a "espacios seguros y cubiertos" como los centros cívicos de la ciudad debido a la pandemia de coronavirus.

En declaraciones a los medios de comunicación, este viernes, 28 de agosto, con motivo de la presentación de la próxima temporada del Teatro Principal y el Teatro de el Mercado, Sara Fernández ha puntualizado que "se suspende por completo la programación en la calle durante el Pilar", no hay "actos masivos", por las circunstancias de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Fernández ha apuntado que dicho programa "es un poco reflejo y tendrá la misma estructura del 'Vuelve a la Cultura' que hemos desarrollado para estos meses de julio y agosto", ha señalado.

Las propuestas tendrán lugar en espacios "muy concretos" de Zaragoza, en los que "queremos recoger el espíritu de esas plazas que hay en las fiestas del Pilar, con el circo, la magia, y trasladarlos a espacios seguros, como no puede ser de otra forma", ha añadido.

En cuanto a las actividades dirigidas al público infantil, el Consistorio zaragozano está valorando los espacios a los que se trasladarán. "Queremos mantener ese espíritu y esa programación pero en aforos más reducidos y seguros", ha concluido.

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha apostado por la realización en la comunidad de pruebas PCR sobre Covid-19 a los docentes como medida de "sentido común" para "garantizar el derecho a la educación" y evitar un nuevo confinamiento.

"Yo creo que son medidas de sentido común, los test masivos son algo que siempre ha pedido la OMS, han pedido los colegios profesionales de médicos, y que también en este caso la comunidad educativa, que van a estar en muchos casos en contacto con alumnos provenientes incluso de distintas localidades, distintos puntos, distintas barriadas en el caso de la ciudad", ha declarado.

Así, considera "razonable" que haya "un control de la salud de los docentes para poder garantizar el derecho a la educación", porque lo que a su juicio hay que tratar de evitar es un confinamiento "otra vez". "Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por no volver al estado que ya hemos vivido en una ocasión de confinamiento", ha apuntado Monago, quien ha pedido a la Junta de Extremadura y al Gobierno central "improvisar menos" y "tomar medidas" para garantizar una vuelta a las aulas con seguridad.

"No podemos perder otro curso escolar, no podemos perder un año de la vida tan importante de los estudiantes... hay que hacer todo lo posible, lo que hay que hacer es improvisar menos y tomar medidas... Para eso hace falta también presupuesto y una planificación precisa", ha subrayado el 'popular' antes de asistir este viernes a la Comisión sobre la situación de la Covid-19 en Extremadura que se celebra en la Asamblea.

En este punto, Monago ha agradecido el "enorme esfuerzo" de profesores y directores de colegios de cara al inicio del curso educativo, ya que aquéllos "se han echado otra vez encima la responsabilidad de la salud de los alumnos y de la comunidad educativa, en muchas ocasiones prácticamente sin medios. "Por eso hay que intentar garantizarles la salud a ellos con esos test y con esas pruebas serológicas, las PCR", ha subrayado.

Así, sobre la realización de pruebas PCR a los profesores antes del inicio del curso, ha dicho que "lo ha pedido la comunidad", pero en Extremadura "estamos siempre al tran-tran, siempre con la ocurrencia". "Acuérdense cuando Vergeles decía que no iba a prohibir fumar en la calle, aparece Illa diciendo que se prohibía fumar en la calle y él salió diciendo que se prohibía fumar en la calle si no se podía mantener la distancia", ha afirmado.

Podemos ha advertido al PSOE de que no apoyará unos Presupuestos Generales del Estado acordados con Ciudadanos o PP al ser "incompatible" con las políticas que despliega el Ejecutivo y ha exhortado a impulsar unas nuevas cuentas públicas con la mayoría parlamentaria que impulsó la moción de censura contra el expresidente popular Mariano Rajoy.

"El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos presupuestos con Cs", ha manifestado en rueda de prensa la portavoz de la formación morada, Isa Serra, junto a su homólogo Rafa Mayoral. Con ello, el socio de gobierno de los socialista da un portazo a cualquier opción de acuerdo global para diseñar los nuevos Presupuestos.

Serra ha ahondado que la garantía para tener unos Presupuestos que garanticen los derechos de la mayoría social es que PP y Cs "no tengan voz ni voto" porque, en caso contrario, se trataría de unas cuentas públicas de "recorte" y "antisociales", es decir, "incompatibles" con las políticas del actual Ejecutivo conformado por PSOE y Podemos.

La portavoz de Podemos ha subrayado que la actual crisis del coronavirus se está afrontando de forma "antagónica" a la de 2008 y que eso se debe al hecho de que Unidas Podemos está en el gobierno. Por tanto, su formación deja claro su "veto" a las políticas de "recortes" y "desigualdad" que, a su juicio, abandera la derecha.

CS DEFIENDE LAS MISMAS POLÍTICAS QUE PP Y COMO EJEMPLO ESTÁ MADRID

Y es que Serra ha manifestado que no tienen dudas de que Ciudadanos defienden las mismas políticas que el PP y que ello lo ven en Madrid, donde respaldan las políticas de la presidenta regional de Isabel Díaz Ayuso, basada en política de servicios públicos "degradados" sin "decir nada en contra", además de estar en gobiernos de muchas autonomías con el apoyo de Vox.

Por tanto, la portavoz de Podemos ha insistido en que van a trabajar para que en este país se confeccionen unos Presupuestos Generales para salir de la crisis con "más derechos" y para que la mayoría que sustenta el Gobierno se mantenga. "Unos presupuestos apoyados por la derecha de este país son unos presupuestos antisociales", ha apostillado.

AVISO AL PSOE: IR AL APOYO A LA DERECHA ES UN "CAMINO CERRADO"

En la misma línea se ha manifestado Mayoral para asegurar que para este país "el PP ni está ni se le espera" y que los Presupuestos a los que aspira la formación morada pivotan en las preocupaciones de las mayorías sociales, algo que no pasa por los planteamientos de la derecha, que son "diametralmente opuestos" a la labor del Gobierno.

"Es un camino cerrado", ha remachado el portavoz y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos para incidir en que no se puede hablar de unos presupuestos de PSOE con Ciudadanos porque "sencillamente" la formación naranja no está en el Gobierno. Así, ha recordado que el anteproyecto de cuentas públicas lo confecciona el Ejecutivo, esto es, PSOE y Podemos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este viernes que al PP le preocupa el aumento de contagios de coronavirus de las últimas horas, cree que al Gobierno "le ha pillado el toro", y ha exigido al presidente Pedro Sánchez que "tome las riendas del país" o, si no, que siga las propuestas sanitarias y jurídicas que le proponen desde hace semanas los 'populares'.

En un comunicado, recogido por Europa Press, Maroto ha indicado que al Gobierno le "ha pillado el toro" del regreso a las aulas, y ha criticado que nadie sepa dónde está el ministro de Universidades, Manuel Castells, y que la ministra de Educación, Isabel Celaá, no lidere ni siquiera su propia propuesta del permiso remunerado para padres.

Para el PP, la vuelta al colegio es la asignatura pendiente del Gobierno, y lamentan que Sánchez "haya vuelto a actuar como los malos estudiantes". "Lo ha dejado todo para septiembre, ha estado en la tumbona sin hacer nada hasta el 22 de agosto y ha dejado el examen a medias porque hay propuestas que no convencen ni a profesores ni a padres", ha indicado Maroto.

En este sentido, el portavoz parlamentario popular ha incidido en que parece qeu la única vacuna que plantea el presidente contra el coronavirus "es otra vez el marketing" y una batería de reuniones "para hacerse la foto".

"Ni el marketing salva vidas, ni las fotos frenan la curva de contagios", ha apuntado, para luego añadir que el presidente del PP, Pablo Casado, acudirá a La Moncloa la semana próxima para plantearle a Sánchez sus propuestas y para exigirle que "tome las riendas del país".

Las comunidades autónomas de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria y la Ciudad Autónoma Melilla han pedido ya rastreadores militares al Ministerio de Defensa, ha avanzado este viernes la titular de este departamento, Margarita Robles.

Además, otras dos comunidades, Galicia y Madrid, han hecho llegar a Defensa su intención de pedir estos efectivos. El Gobierno ha ofrecido a las comunidades un total de 2.000 militares formados como rastreadores.

Aunque algunas comunidades han hecho ya una estimación de los efectivos que necesitan, Robles ha dejado claro que esa cifra no será "vinculante". El número lo decidirán los propios rastreadores que acudirán sobre el terreno a hacer una primera valoración junto con la ponencia de alertas del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y las autoridades autonómicas.

La ministra ha comparecido en rueda de prensa junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del comité de seguimiento del coronavirus y ha explicado que Defensa ha hecho llegar este viernes por la mañana a los gobiernos autonómicos una guía de actuación para que las comunidades que lo deseen pidan efectivos al Ministerio de Sanidad.

Ahora, una vez que las comunidades autónomas formalicen su petición, el Ministerio de Sanidad, "a la mayor brevedad" decidirá a qué comunidades van los rastreadores para hacer esa primera valoración.

Según Robles, en el caso de las comunidades autónomas que ya lo han pedido, ese primer desplazamiento ya se está planificando. La valoración de necesidades se hará rápidamente, posiblemente en 24 horas, y además será "algo dinámico", de manera que podrán aumentarse o reducirse los efectivos según sea necesario. "Vamos a intentar ser muy ágiles, lo importante es el servicio a los ciudadanos", ha resumido.

DEFENSA NO LOS ENVIARÁ DE OFICIO

También ha dejado claro que Defensa no enviará rastreadores "de oficio" a ninguna comunidad autónoma, puesto que son éstas quienes tienen la competencia en materia sanitaria y "tendrán la responsabilidad suficiente para valorar si lo necesitan".

De hecho, ha agradecido a los gobiernos que los han pedido que hayan dado este paso, porque, según ha dicho, el objetivo es la "colaboración institucional" sin "ninguna otra valoración". "No valoramos si se ha hecho bien, mal o regular, sino que queremos poner los medios para la lucha contra el virus", ha asegurado.

En cuanto al Gobierno de Madrid, que se ha preguntado "dónde estaban en junio y julio" esos rastreadores militares, ha recordado que la Comunidad de Madrid tampoco hizo ninguna petición en esas fechas, cuando ella misma ya estaba contando en intervenciones públicas que las Fuerzas Armadas estaban formando rastreadores para sus propias necesidades pero que podrían ponerse a disposición de las comunidades autónomas.

Ahora, ha dicho, se trata de "mirar al presente y al futuro" y no "hacer de menos el trabajo hecho hasta la fecha por las comunidades autónomas" porque la lucha contra el coronavirus no es "una competición" sino una colaboración.

Es más, ha señalado que la participación de las Fuerzas Armadas en los esfuerzos contra la epidemia es la mejor manifestación de la unidad contra ella, "sin colores políticos", precisamente porque el Ejército se caracteriza por la neutralidad política y comparte y representa los valores de los ciudadanos.

Además, ha remarcado que, contra la propagación del virus, la labor de rastreo es esencial y que ésta es una formación que "no se puede improvisar en 24 horas".

"Ser rastreador no es fácil, no cualquiera puede ser rastreador, hay que tener conocimientos de la enfermedad pero también de psicología de las personas", ha detallado. Los militares, ha dicho Robles, están absolutamente preparados para desarrollar su labor con empatía con los ciudadanos y con absoluto respeto a sus derechos.

Los 2.000 efectivos tienen conocimientos o formación sanitaria o de técnicos de emergencia que durante una semana han realizado cinco módulos de trabajo.

Vox ha solicitado personarse como acusación popular en el caso que investiga la juez de la Audiencia Nacional María Tardón sobre el supuesto saqueo a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y el posterior blanqueo de esos fondos, que habrían aflorado en parte en España.

En esta causa se investiga a más de una veintena de ex altos cargos 'chavistas' y empresarios venezolanos por integrar supuestamente una organización criminal para saquear PDVSA, otrora la principal fuente de ingresos de la nación caribeña, y otras empresas públicas y lavar ese dinero.

El caso comenzó en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, pero la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional asumió la causa por tratarse de delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela y en otros países cuyos beneficios estarían aflorando en España, donde además residen algunos de los imputados.

"Los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron, al menos en parte, blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades patrimoniales", expuso Tardón en el auto por el que asumió la causa.

INCIDENTE EN BOLIVIA

Vox presentó una denuncia sobre el incidente ocurrido el 27 de diciembre de 2019 en la Embajada mexicana en Bolivia, en el marco de las tensiones políticas en el país por las irregularidades detectadas en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de ese año, que propiciaron la dimisión de Evo Morales y graves enfrentamientos en las calles que se saldaron con más de 30 muertos.

La encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y el cónsul español Álvaro Fernández acudieron a la Embajada mexicana, donde estaban asilados una decena de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, incluidos varios ex ministros con órdenes de captura, en lo que posteriormente aclararon que fue una "visita de cortesía".

Cuando los cuatro efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional que acompañaban a los diplomáticos españoles intentaron entrar en la Embajada mexicana, las fuerzas de seguridad bolivianas se lo impidieron. Entonces, varias personas atacaron los vehículos de los agentes españoles mientras otras grababan el incidente, por lo que éstos se cubrieron el rostro.

La ministra de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, cuestionó el motivo de la visita de los diplomáticos españoles a la Embajada mexicana, deslizando que habrían acudido para sacar del país a algunos de los asilados. En respuesta a unas preguntas parlamentarias del PP, el Gobierno reconoció el pasado mes de febrero que México pidió ayuda por el "elevado número de asilados" en su Embajada y que España "albergó temporalmente" a un "reducido número" y escoltó a algunas al aeropuerto pero a ninguna con orden de captura.

DENUNCIA ARCHIVADA

Vox presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y la amplió días después con supuestos indicios de que "Podemos se habría financiado gracias a contratos con el Gobierno de Morales a través de la consultora Neurona Consulting", según ha recordado el partido en un comunicado.

Sin embargo, el pasado mes de marzo el Ministerio Público archivó la denuncia argumentando que los hechos ya estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción Número 3 en la causa sobre PDVSA.

"Es por ello que ahora Vox ha solicitado a dicho juzgado la personación como acusación popular, 'en aras a la protección del bien jurídico protegido por los delitos que en la denuncia de la Fiscalía se indican, y que posibilitan la idoneidad de su personación a la luz del artículo 21 de la Constitución Española'", ha informado.

La Guardia Civil ha localizado a un hombre natural de Cantabria y de 57 años de edad, del que la familia no sabía nada desde hace 10 años y del que tenía como única pista su última residencia en la localidad de Colindres.

El hombre ha sido localizado este jueves "en perfecto estado, pero deseando mantener en el anonimato su actual paradero", según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Siete días antes, el 21 de agosto, un familiar presentó denuncia ante la Guardia Civil de El Astillero, comunicando que no sabían nada de este hombre desde hace 10 años, y que a pesar de haberle llamado en repetidas ocasiones por teléfono, no respondía a las llamadas.

Ante la denuncia, el equipo de Delitos contra las Personas de la Guardia Civil de Cantabria comenzó una investigación, averiguando en primer lugar, que su último domicilio en Cantabria hace 10 años, había sido una vivienda en régimen de alquiler en Bárcena de Cicero, de donde se marchó sin comunicárselo, ni al titular de la propiedad ni a la familia.

Posteriores indagaciones dieron como resultado que había abandonado Cantabria. Le consiguieron ubicar en otra provincia y obtuvieron igualmente información de un posible domicilio, en el que ya no residía.

Finalmente se pudo saber que efectivamente se encontraba en esa provincia, y fue localizado. Este jueves se presentó en las dependencias de la Guardia Civil que tenía más cercana, donde se verificó su identidad y que se encontraba bien.

Sólo tres de cada diez españoles, en concreto el 29,6% del total de la población española, trabajaron durante el segundo trimestre del año, mientras que el 70,4% restante dependía directa e indirectamente de las rentas generadas por los que estaban trabajando, según un estudio realizado por Asempleo a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del periodo abril-junio.

Para la patronal de las empresas de trabajo temporal, los datos muestran "los estragos de la pandemia en un mercado laboral en el que apenas 13,9 millones de personas trabajaron de manera efectiva".

"Las restricciones a la actividad comercial y el hundimiento del turismo han propiciado la destrucción de millones de puestos de trabajo, si bien la figura de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha permitido a muchos trabajadores permanecer vinculados a su empleador de manera contractual, a pesar de estar recibiendo una prestación pública", ha explicado.

Según Asempleo, el descenso de los trabajadores efectivos en España se explica por los ocupados ausentes de su puestos de trabajo y que no han trabajado en la semana de referencia, por el número de ocupados ausentes de su puesto de trabajo habitual por una incapacidad temporal (enfermedad), y por el incremento de inactivos.

MÁXIMO HISTÓRICO DE INACTIVOS

Respecto a estos últimos, la patronal señala que el número de trabajadores inactivos ha alcanzado un máximo histórico, ya que en estos momentos hay en España 17,6 millones de personas en edad de trabajar que no están ocupadas ni buscan activamente un empleo.

Por un lado, se encuentran las personas que no han trabajado nunca (4,3 millones) y, por otro, los inactivos que han trabajado en algún momento del año, que son los que más han crecido a causa de la pandemia. En concreto, este colectivo se ha incrementado un 11,5% respecto a 2019, llegando a la cifra récord de 10,8 millones de personas.

Asempleo dice que las dificultades para buscar y encontrar un empleo han provocado que, durante el peor trimestre para el mercado laboral español desde que se tienen datos, el desempleo apenas haya aumentado un 4,3%.

"Si no han estado buscando empleo de manera activa, no han podido ser calificados como desempleados, y han ido a parar a la inactividad", apunta.

Por otro lado, el estudio constata que las horas trabajadas se contraen con fuerza, en especial en aquellas regiones más dependientes del turismo. Así, existe a su vez una correlación entre la caída en las horas trabajadas y el número de ocupados efectivos por comunidades autónomas.

De hecho, Canarias y Baleares son las comunidades que figuran entre las regiones con menos ocupados trabajando respecto a su población, con un 24% y un 30% de mayores de 16 años trabajando de manera efectiva, respectivamente, durante el segundo trimestre del año. Por detrás, le sigue Andalucía (31%).

El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, ha señalado que la caída de la ocupación no se ha traducido en un aumento similar del desempleo por las "pocas expectativas laborales de los desempleados, que han pasado a clasificarse como inactivos a causa de la imposibilidad de buscar trabajo de manera efectiva".

No obstante, ha apuntado que la publicación de los registros laborales de julio deja "buenas sensaciones", aunque "la recuperación a niveles previos a la pandemia aún está lejos".

"LOS ERTE JUGARÁN UN PAPEL FUNDAMENTAL"

Según ha recordado, aunque sólo se ha recuperado el 29,3% de todo el empleo perdido, "se atisba un destello de recuperación económica". De hecho, los sectores que más empleo destruyeron en la primera fase de la crisis son los que más han creado.

"Hostelería y Comercio han destacado este mes de julio por su buen desempeño. Y es que, aunque el turismo internacional haya caído estrepitosamente, el nacional ha apoyado a los sectores más abanderados de la economía española", ha resaltado.

De cara al futuro del empleo, Cruañas cree que tanto la evolución de los trabajadores que aún permanecen en ERTE, como el desempeño del sector turístico de agosto y septiembre, "jugarán un papel fundamental en este campo plagado de incertidumbre".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado este viernes a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que planea celebrar la Diada, que "hay que tener sentido común y hacer las cosas respetando las indicaciones sanitarias en cualquier situación".

"A la ANC le diría lo mismo que a cualquiera, el derecho de manifestación es un derecho fundamental y todos lo tenemos claro, pero en la situación epidemiológica a todo el mundo le diría que hay que tener sentido común y hacer las cosas respetando las indicaciones sanitarias en cualquier situación", ha dicho.

Illa ha comparecido en rueda de prensa este viernes en el Palacio de la Moncloa junto a la titular de Defensa, Margarita Robles, tras una reunión del Comité de Seguimiento del coronavirus.

De cara al próximo 11 de septiembre, la ANC quiere organizar concentraciones descentralizadas y estáticas, sin desplazamientos de la cabecera ni del conjunto de los manifestantes, con medidas de seguridad como la delimitación perimetral del espacio con controles de acceso y del número de asistentes, con mascarilla obligatoria y distancia de dos metros entre los asistentes.

Un total de 679.129 de agricultores y ganaderos percibirán 4.954 millones de euros en ayudas directas correspondientes a la Política Agrícola Común (PAC) tras cerrarse el periodo para presentar las solicitudes para este 2020.

En concreto, percibirán un total de 4.954 millones de euros en ayudas directas, de los cuales 3.421 millones de euros podrán abonarse por adelantado.

Estas solicitudes únicas incluyen tanto las ayudas directas como las medidas de desarrollo rural que se conceden por superficie o por cabeza de ganado. Entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre podrán cobrarse anticipadamente el 70% de las ayudas directas y el 85% de las de desarrollo rural.

Agricultura ha recordado que este porcentaje es superior al de una campaña normal y ha sido aprobado por la Comisión Europea a petición de España y otros Estados miembros.

El Departamento que lidera Luis Planas, que ya aprobó dos ampliaciones del plazo de solicitud para facilitar la gestión de los beneficiarios en un periodo de dificultades provocadas por la pandemia del coronavirus, realizará también ahora todos los "esfuerzos necesarios" de coordinación para que el pago anticipado pueda realizarse puntualmente, aunque la decisión de hacerlo corresponde a los gobiernos autonómicos.

En lo que se refiere a la superficie, este año las solicitudes de ayuda afectan a 22.155.401 hectáreas, 48.015 más que en 2019, por lo que se mantiene la tendencia de las últimas campañas de menos explotaciones, pero de mayor dimensión.

CONTROLES

Por otro lado, Agricultura ha recordado que en estos momentos se están realizando los controles obligatorios previos a la realización de los pagos. En este sentido, la Comisión Europea ha autorizado una reducción de los que se hacen sobre el terreno hasta el 3% del total de los expedientes.

Con el fin de respetar las normas sanitarias vigentes, las inspecciones sobre el terreno se realizan de tal manera que se evita, en lo posible, el contacto físico entre el agricultor y el controlador.

Otra de las circunstancias que facilitan a España la gestión normal de las solicitudes de la PAC, a pesar de las dificultades causadas por la pandemia, es la consolidación del sistema de control de las superficies por monitorización con satélites.

Agricultura ha subrayado que en un periodo fuertemente afectado por el coronavirus, las medidas implementadas para la captura telemática de las solicitudes, la ampliación del plazo de presentación de solicitudes y la simplificación de los controles permiten que las ayudas de la PAC 2020 se estén gestionando con normalidad.