La Fad y BBVA han presentado, a través del proyecto Educación Conectada, una serie de acciones de apoyo dirigidas a la comunidad educativa para reducir la brecha de uso digital y ayudar a docentes y familias a adaptarse al actual contexto educativo en estos momentos de crisis causada por la COVID-19.

Durante el evento 'online', la directora de programas sociales de BBVA, Lidia del Pozo, ha explicado que "el cierre masivo de colegios, institutos y universidades el pasado curso escolar y la forzosa educación en remoto, ponen de manifiesto que no todos los centros, profesores, alumnos y familias están preparados para enseñar y aprender online". "La conectividad y los recursos tecnológicos son clave pero también lo son las competencias digitales necesarias para su correcta utilización", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que BBVA "lleva 15 años apoyando la educación, que es una de principales líneas estratégicas de trabajo de nuestra acción social dirigida a desarrollar e impulsar programas educativos en todo el mundo, y a la que dedicamos anualmente unos 40 millones de euros".

Por su parte, la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, se ha referido a la iniciativa de Educación Conectada. "Nos sentimos orgullosos de este programa porque nació para apoyar en esta crisis al sistema educativo, piedra angular de nuestra sociedad, involucrando a todos y con compromiso de futuro; sin olvidar a los más vulnerables porque como sociedad no nos perdonaríamos que sus dificultades de acceso a lo digital puedan ser un motivo de desigualdad que amplíe la brecha educativa", ha afirmado.

"El regreso a las aulas en septiembre no era fácil, y hoy podemos decir que se ha superado de forma excelente, y no exento de mucho esfuerzo, por eso, mostramos mucha empatía y respeto hacia lo que lleváis haciendo toda la vida, pero más este difícil 2020", ha subrayado.

REDUCIR LA BRECHA DE USO DIGITAL

Según la investigación 'Panorama de la educación en España tras la pandemia de COVID-19' realizada por Educación Conectada, no contar con la formación para la enseñanza a distancia o híbrida (presencial y a distancia) preocupa de forma acusada a siete de cada diez docentes (69,3%). Por su parte, el 68% de las familias se muestran preocupadas por la gestión de la docencia presencial y a distancia de manera simultánea o alternativa.

En este contexto, Educación Conectada ha puesto en marcha diversas acciones que se concretan a través de la transferencia de conocimiento de expertos y expertas en la materia, la visibilidad de buenas prácticas de centros escolares en diferentes fases de transformación y un paquete formativo en competencias digitales para los equipos directivos de los centros, docentes y familias.

En concreto, los impulsores de la iniciativa han detallado que, para los equipos directivos y profesorado, se están ofertando formaciones encaminadas a contribuir a la transformación digital de los centros (cultura colaborativa, comunicación, etc.) y otros aspectos fundamentales como gestión de crisis y liderazgo.

Respecto a las familias, las acciones van encaminadas a ofrecerles las claves para acompañar a sus hijas e hijos en la nueva cultura digital educativa, conocimientos básicos sobre cómo apoyarles en un formato de aprendizaje blended learning (presencial y digital), poniendo foco en la colaboración familia-escuela como medio para que su aprendizaje no se vea afectado.

Además, este conjunto de acciones comprende la realización de una serie de webinars prácticos sobre competencias y habilidades digitales que se celebrarán durante los meses de noviembre y diciembre bajo el título 'Repensando la educación'.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos utilizará "todas las herramientas" a su alcance en defensa del sistema educativo de la Comunidad, que ha reivindicado como un referente de calidad, de equidad y de libertad en España y en Europa fruto de la herencia que "hay que proteger y mejorar, porque hay margen de mejora de cara al futuro".

Este es uno de los mensajes que ha traslado el presidente de la Junta tras reunirse este viernes con los representantes de las organizaciones representativas de la enseñanza concertada en la Comunidad con los que ha analizado las repercusiones de la futura ley de Educación que, según ha reprochado, ataca un sistema ya consolidado en el que coexisten la educación pública y la concertada con "muy buenos resultados".

El presidente, que ha abogado por proteger y por mejorar la coexistencia de la enseñanza pública y privada junto a la especial, ha explicado que la Junta va a utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance para preservar la calidad, la equidad y la libertad del actual modelo una vez que se aprueba la norma que, tras el visto bueno del Congreso de los Diputados, llega ahora al Senado donde, según sus palabras, hay que seguir trabajando y dar margen al juego democrático.

"La ley todavía no se ha aprobado", ha evidenciado. "Ahora tiene que pasar el trámite en el Senado, vamos a ver lo que ocurre a partir de ahí sobre posibles recursos o no", ha añadido para dejar esa decisión en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad.

Para ello, la Consejería de Educación va a abrir ahora un proceso de diálogo con toda la comunidad educativa para buscar el instrumento jurídico que concite "la mayor protección y el mayor consenso". El presidente la Junta ha recordado asimismo que las puertas de su despacho están abiertas para todos y ha asegurado que no tendrá ningún problema en reunirse con la comunidad educativa en su conjunto, a preguntas de los periodistas sobre un encuentro con los representantes de la privada.

Según ha precisado el presidente, será una normativa en materia de Educación que salvaguarde los derechos fundamentales de alumnos y familias, que proteja la libertad de elección de centros, "ya sean públicos o concertados, especiales u ordinarios, apostando siempre por la educación inclusiva".

En este punto, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" y de "apoyo" a todos los representantes de la enseñanza en Castilla y León y ha insistido en que la Junta defenderá la libre elección de centro en condiciones de igualdad, una premisa que los poderes públicos deben garantizar "y no agredir", ha reprochado al Gobierno.

Fernández Mañueco ha reiterado su convencimiento de que la oferta pública y concertada "enriquece" el sistema educativo en Castilla y León y ha afirmado en concreto que es tan importante "la una como la otra" por lo que ha insistido en que si la ley del Estado no garantiza la pervivencia del "modelo de éxito" de la Comunidad tendrá que tomar las decisiones necesarias para preservar "durante años" lo que ha funcionado bien, en un llamamiento a "ser ambiciosos" y a "mirar al futuro, a la vanguardia y a la transformación digital en las escuelas".

"Hemos pedido un pacto de Estado por la educación y nos hemos encontrado la Ley Celaá, un ejemplo de la más vieja política sectaria que se hace contra y eso nunca es bueno. Tenemos que unir, no dividir; tenemos que integrar, no confrontar", ha manifestado para aclarar que la postura de la Junta será "institucional y, por lo tanto, neutral".

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha advertido de que las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la situación migratoria en Canarias "llegan tarde".

La organización señala en un comunicado que el repunte migratorio que vive el archipiélago "se inició en su primer ciclo en septiembre de 2019" y ha tenido "un inaudito incremento a partir de septiembre del año en curso" que, a su juicio, "requería más determinación".

Así, aunque admite el "esfuerzo realizado por la administración estatal", señala que "no contar con una red de acogida humanitaria estable en un territorio fronterizo" como Canarias "ha socavado tanto los derechos de las personas que llegan".

"La separación de niñas y niños de sus padres, que se corrigió, la ausencia o deficiencia en la asistencia letrada de las personas, un derecho fundamental, el hacinamiento en el muelle de Arguineguín, la descoordinación entre ministerios y la lenta puesta en marcha de una red de acogida humanitaria está lastrando una gestión", ha señalado la EAPN.

PROPUESTAS

Según ha indicado, el objetivo "loable" de las autoridades ha sido "no dejar a nadie sin un lugar en el que dormir", pero, según apunta, esto está conduciendo a un "callejón sin salida", con "más de 6.000 personas que ahora mismo duermen en hoteles que quedaron cerrados por la crisis turística derivada de la pandemia".

Para la entidad, todas las medidas que el Gobierno pueda poner en marcha para mejorar la situación en Canarias "debe de ser acompañada por más recursos". Además, llama a que se amplíe la red de protección, que ponga especial atención al sinhogarismo y que se hagan derivaciones ágiles, transparentes y periódicas a la península.

Del mismo modo, proponen que se haga pedagogía sobre los desplazamientos de personas y, también, que se impulse más trabajo directo con los países de origen para conseguir dos objetivos: generar vías legales, ordenadas y seguras y apuntalar condiciones de vida que hagan que migrar sea una opción, un derecho, pero no una cuestión de vida o muerte.

"En definitiva, las medidas puestas en marcha deberían ser integrales y, efectivamente, no dejar a nadie atrás, porque lo contrario significará discriminar y avivar la pugna entre personas desfavorecidas, especialmente en esta situación de crisis", ha señalado EAPN.

El PSC propondrá en su programa electoral de los comicios catalanes previstos el 14 de febrero una reforma de la financiación autonómica, con una "hacienda federal", y de la Constitución para convertir España en un Estado federal.

Así consta en la propuesta de programa del PSC de cara a las elecciones, que se ha hecho público este viernes y recogido por Europa Press, aunque todavía debe someterse a debate entre la militancia para recibir aportaciones y se aprobará definitivamente en enero.

El primer eje del documento se titula 'Europa, España y Cataluña unidas en la diversidad y bien gobernadas: cogobernanza federal", en el que plantea sus propuestas para superar el proceso independentista.

"Es la hora de iniciar un proceso de superación de los enfrentamientos, de la política de la silla vacía y del agravamiento infinito", subraya el texto del programa, y por eso apoyan el diálogo que defiende el Gobierno central y avanzar hacia un modelo federal.

Así, apuesta por profundizar en la mejora del autogobierno a través de la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno sobre el denominado conflicto catalán y mejorar el sistema de financiación autonómico a partir de una hacienda federal que ofrezca un "nuevo modelo de financiación que comparta de forma justa y equitativa los ingresos tributarios que se generan en el conjunto de España".

El PSC mantiene en su programa la propuesta para reformar la Constitución para convertir España en un Estado federal, aunque en el documento reconoce que "si no se supera la polarización política presente, esta reforma no podrá ser implementada en el actual escenario".

SALUD COMO PRIORIDAD

El segundo eje se centra en el fortalecimiento de los servicios públicos y el estado del bienestar, y sitúa la salud como prioridad ante la pandemia del coronavirus.

En este sentido, se compromete a destinar como mínimo el 25% del presupuesto de Salud a la atención primaria, a garantizar la transparencia en la gestión del coronavirus y a promover un "pacto por la salud que incorpore las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales, las organizaciones profesionales y las entidades sociales y vecinales".

En este apartado también se incluyen medidas en educación, en cultura, vivienda, deporte y servicios sociales, entre las que incorporan propuestas para hacer frente al impacto que han recibido estos sectores por el Covid-19.

El tercer eje es el de políticas feministas y para la igualdad, en el que los socialistas se comprometen a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas y hacer un pacto catalán contra la violencia machista, mientras que el cuarto se centra en la transición ecológica justa y la lucha contra el cambio climático para elaborar un "nuevo acuerdo verde de Cataluña (2020-2030) y trabajar para reducir el 55% de las emisiones de CO2 en 2030.

El programa también incluye un eje sobre el derecho al trabajo y la protección social, uno de los aspectos más afectados por la pandemia, en el que abogan por reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Ocupación, y aprobar en los primeros seis meses del Govern la "Agenda por el buen trabajo y las nuevas oportunidades".

El último eje plantea medidas sobre conocimiento, innovación e industria, que busca fortalecer las universidades y la investigación.

La organización ambiental Ecoembes y Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC) han instalado en las estaciones de tren máquinas de reciclaje que ofrecen recompensas, han informado este viernes en un comunicado.

Las máquinas, situadas en el área metropolitana de Barcelona, aceptarán latas y botellas de plástico y, a cambio, otorgarán puntos RECICLOS, que el usuario podrá cambiar por varias recompensas, han detallado las entidades.

Los premios irán desde participaciones en sorteos para billetes de FGC o patinetes eléctricos, así como también se podrá contribuir a causas de carácter solidario, donando los puntos a los Bancs d'Aliments de Catalunya.

Por el momento, las máquinas están disponibles en Provença, Martorell Central, Pl. Espanya, Sarrià, L'Hospitalet Av. Carrilet, Universitat Autònoma, Sabadell Plaça Major, La Creu Alta, Can Feu | Gràcia y Vallparadís Universitat.

A partir de la semana que viene, también se instalarán en Pl. Catalunya, Terrassa Rambla, Almeda, Igualada y Manresa Baixador.

El presidente de FGC, Ricard Font, ha asegurado que su institución "fomenta el reciclaje y avanzar hacia un modelo de economía circular, neutra en emisiones e inclusiva, que permita conseguir los cambios que la sociedad y la economía necesitan.

El gerente de Ecoembes en Catalunya, Xavier Balaguer, ha declarado que la medida es "un paso más para hacer evolucionar el actual sistema de reciclaje, contribuyendo a adelantar hacia un modelo de economía circular".

El director de la Agència Catalana de Residus (ARC), Josep Maria Tost, ha valorado "positivamente aquellas iniciativas que impliquen mejor la participación ciudadana en la separación de residuos".

Este sistema de recompensa ya funciona en los contenedores amarillos de 16 municipios catalanes.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha considerado este viernes que en la crisis migratoria que afecta a Canarias "no" ha habido descoordinación, si no que entiende que hay muchos ministerios implicados y cada uno tiene que atender a la parte que le corresponde.

De todos modos, ha admitido, durante una visita al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas de Gran Canaria (CCS Las Palmas), que "siempre es bueno llegar antes" pero también matizó que hay que tener la "información correcta".

Así, cuestionado porque exista un mando único para abordar esta crisis migratoria, Ábalos señaló que en el caso de Salvamento existe un "mando único que funciona con el Ministerio de Interior" desde el año 2018.

En la visita al CCS Las Palmas, Ábalos ha estado acompañado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; y el delegado del Gobierno en el archipiélago, Anselmo Pestana, que han conocido también el nuevo edificio que aloja la Capitanía Marítima de Las Palmas y el buque de Salvamento 'Miguel de Cervantes'.

Esto les ha permitido intercambiar impresiones con los profesionales que están realizando tareas de Salvamento, que son "muy complicadas" en Canarias, ya que apuntó tiene una zona de rescate "muy muy grande, con unas condiciones de la mar difíciles también", y por tanto con labores de rescate que son "siempre muy arriesgadas y más ahora con la afluencia" migratoria.

MAYOR GASTO PARA SALVAMENTO

El ministro expuso que ante la situación migratoria, se ha reforzado a Salvamento Marítimo en la zona de Canarias con dos helicópteros, un avión, dos remolcadores --uno de ellos, el Punta Salinas se encuentra en estos momentos en la varada reglamentaria-- y tres unidades guardamar, "normalmente hay una", y diez embarcaciones de intervención rápida, que son las conocidas como salvamares y las que más actúan cuando hay inmigración, por lo que se han reforzado con tripulantes adicionales.

En este sentido, apuntó que se ha autorizado la ampliación del cupo de gasto dedicado a Salvamento para incrementar los equipos humanos que atienden los rescates de inmigrante, de tres a cuatro componentes las plantillas mínimas de seguridad para intentar dijo de "quitar algo de estrés y favorecer la tarea" de Salvamento.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha resaltado el trabajo "meritorio" que realiza el personal de Salvamento Marítimo, apuntando que "todo lo que se pueda hacer por facilitar su trabajo", se hará desde el Gobierno.

Finalmente, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoció el trabajo de Salvamento Marítimo, así como agradeció que se hayan incrementado los medios tanto materiales como humanos, para que puedan responder a la "magnífica labor" que realizan y que actualmente es "arduo" ante la crisis migratoria que afecta a las islas.

Torres ha señalado que si bien entre 500 y 1.000 personas han perdido este año su vida en la ruta del Atlántico a bordo de embarcaciones irregulares, también es verdad que "nunca" se sabrá el número ni sus nombres y "ese es el drama" de la inmigración.

SALVAMENTO

Salvamento Marítimo tiene en Canarias dos centros de coordinación situados en las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife desde los que se realiza la gestión de las operaciones de salvamento marítimo y de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, así como el seguimiento del tráfico marítimo en la zona.

Resaltan entre los proyectos de Salvamento Marítimo en Canarias el Proyecto ISAR, que busca incorporar tecnologías de última generación al rescate de personas y la prevención y respuesta de la contaminación marina, tales como drones, sensores inteligentes y comunicaciones de alta capacidad en el mar.

Este proyecto es fruto de un convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y Salvamento Marítimo, aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros, que cuenta con una ayuda de los fondos FEDER de unos 20 millones de euros.

En cuanto a la nueva sede de la Capitanía Marítima de Las Palmas que han visitado este viernes los ministros, es un edificio de nueva construcción que, además de estas dependencias, también será en un futuro próximo la sede del centro de coordinación de Salvamento Marítimo y el Centro de Coordinación de Servicios Portuarios.

Esta nueva sede está financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, las obras de la nueva edificación comenzaron en el año 2016, con una inversión total de 2,77 millones de euros, siendo la superficie total construida de casi 2.000 metros cuadrados (1942,02).

La Capitanía Marítima de Las Palmas, como el resto de las otras 29 Capitanías dispersas por la costa española, depende de la Dirección General de la Marina Mercante de la Secretaría General de Transportey Movilidad de Mitma y entre sus competencias se encuentran elseguimiento y control de los servicios de salvamento y seguridad en elmar, que ejecuta Salvamento Marítimo; la lucha contra la contaminacióny la investigación en caso de siniestros marítimos. Además, desarrollaotras competencias relacionadas con la inspección de buques y mercancías o la gestión de los registros y despachos de los buques.

La edad media de los pacientes de coronavirus en los centros de atención primaria (CAP) de Barcelona en la primera ola fue de 55 años, y la mayoría de ellos --el 82,9%-- tenía menos de tres factores de vulnerabilidad, según un estudio de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) difundido este viernes en un comunicado.

El informe, "descriptivo, longitudinal y retrospectivo", ha sido elaborado por un equipo de profesionales de la atención primaria, del CAP Roger de Flor de Barcelona (EAP Dreta Eixample) durante el periodo de máxima magnitud de la primera ola de la pandemia: de marzo a mayo del 2020.

El estudio, elaborado con la información de un total de 1.209 pacientes, de los que sólo 13 tenían una edad inferior a 15 años, tenía por objetivo analizar la realidad de un Centro de Atención Primaria urbano durante los primeros meses de la pandemia.

POCAS PCR

El tiempo de seguimiento del paciente fue de 46,4 días; y se hizo la prueba PCR al 34,9% de los pacientes (422), de los que dieron positivo el 12,9%, mientras que en 622 pacientes (51,5%) no se les hizo la prueba.

Se hizo una radiografía de tórax al 11,8% de los pacientes, lo que permitió diagnosticar 47 neumonías; de los que sólo el 15,6% requirió ingreso hospitalario y al resto se les hizo seguimiento desde la atención primaria.

"El estudio muestra la realidad de nuestro CAP durante los tres meses iniciales de máxima afectación pandémica en la que, por desgracia, no disponíamos de pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico de Covid-19", ha afirmado uno de los autores del estudio y médico de familia de la CAMFiC, Lluís Cuixart.

"Tenemos claro que existieron pacientes diagnosticados incorrectamente como Covid-19, y pacientes que sí presentaron un Covid-19, pero que no se diagnosticaron correctamente", ha añadido el doctor, que considera que este hecho hace perder validez científica al estudio pero da fe de la realidad de los CAP en esos días.

La Asociación de Abogados Extranjeristas ha explicado este viernes que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley Mordaza no avalan las devoluciones en caliente, ya que este apartado de la norma no cumplen con los puntos que se le exigen para ser constitucional.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, esta asociación explica que, para que la Disposición sobre estas devoluciones pueda considerarse constitucional, ha de cumplir, al menos, tres condiciones previas: debe ser posible efectivamente el acceso a un puesto fronterizo habilitado legal; debe ser posible la presentación de solicitud de asilo en consulados; y debe respetarse el derecho a la tutela judicial efectiva.

Tal y como señala, las dos primeras las establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y la última se implementa ahora en la sentencia del TC.

Es por eso que, según los abogados extranjeristas, la "única manera de cumplir esta condición es que la expulsión o devolución requerirá de un expediente con identificación, señalamiento de circunstancias y justificación de la resolución". Esto, indican, "sólo puede garantizarse con asistencia y representación letrada que la someta a esa tutela judicial, o de lo contrario, cualquier derecho queda en su mera proclamación".

LLAMA A ABANDONAR LA PRÁCTICA

De este modo, explican, si se cumplen los requisitos de las sentencia, las llamadas devoluciones en caliente se diferenciarán muy poco de las devoluciones ya previstas en la propia Ley de Extranjería en vigor, y por el contrario, las exigencias que añaden estas sentencias afectan a otros extremos de lo que ha sido la ultra-restrictiva política de extranjería.

Si no se quiere dejar a los miembros de la Guardia Civil en una inseguridad jurídica alarmante, teniendo que tomar decisiones que ni deben ni pueden tener capacidad para tomar, será necesario la elaboración de una norma de desarrollo de esa Disposición Adicional de la Ley que recoja escrupulosamente las condiciones e indicaciones que ambos altos Tribunales han dictado", explica la asociación.

Con esto se refiere a "instrucciones" o "protocolos" que, a su juicio, "volverá a generar nuevas polémicas en la interpretación y la aplicación". "Por lo que mucho nos tememos que la conjunción de las sentencias dictadas primero por el Tribunal de Derechos Humanos Estrasburgo y luego por el Tribunal Constitucional no han zanjado las cuestiones que giran en torno" a esta práctica, han señalado.

Según la asociación, en tanto que no se adopte una postura "valiente", que, en su opinión, "no es otra que la de abandonar esa desafortunada disposición" y "reconducir la práctica a lo ya regulado con anterioridad, controlando las garantías de su cumplimiento efectivo".

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de lograr un 10% menos de ayudas para los agricultores y ganaderos que el Gobierno de Mariano Rajoy en la negociación de la Política Agraria Común (PAC), algo que, según sus cálculos, se traducirá en la pérdida de 600 millones de euros anuales. Además, ha solicitado que los fondos de recuperación europeos incluyan partidas para el campo español.

Así se ha pronunciado Casado tras visitar en Alcarrás (Lleida) una explotación agraria y ganadera junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández y la presidenta del PP de Lleida, Marisa Xandri. Se trata de su tercera visita a Cataluña este mes de noviembre y tiene intención de acudir todas las semanas para apoyar al PP catalán en la precampaña catalana, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

En un vídeo grabado en esa misma explotación agraria que ha difundido el PP, Casado ha anunciado que el Grupo Popular Europeo reivindicará que los fondos de recuperación europeos "también lleguen al campo español" e incluyan partidas específicas.

En concreto, Casado ha explicado que el PP aboga por que una parte de esos 140.000 millones de euros se destine a apoyar a agricultores y ganaderos, a modernizar infraestructuras hidráulicas y a dinamizar el sector para que compita aún más y aumente su valor exportador.

"NO SE HA CONSEGUIDO" UNA BUENA NEGOCIACIÓN CON LA PAC

A renglón seguido, el líder del PP ha recalcado que España necesitaba "una buena negociación" del Ejecutivo con la PAC pero "no se ha conseguido". Según ha señalado, los agricultores y ganaderos catalanes van a perder 100 millones de euros y el conjunto de España percibirá un 10% menos de ayudas.

"Los cálculos que hacemos es que los agricultores y ganaderos catalanes van a perder 100 millones en este marco que se acaba de negociar y que además el Gobierno pretende vender como que se ha negociado bien con un 10% menos de ayudas a España, casi 600 millones menos de lo que dejamos negociado en la última previsión que hicimos hace siete años", ha subrayado, para añadir que el PP está "preocupado" por esta PAC.

Por su parte, Alejandro Fernández ha asegurado que España no puede permitirse el "lujo" de ser "débil" en Europa como, a su entender, ha sucedido con el Gobierno de Sánchez "ni tampoco desprestigiar e insultar a Europa como hacen otros", en alusión a Vox.

El papel de España es ser fuerte en Europa precisamente para apoyar a este sector, que tiene enorme dependencia de las ayudas comunitarias para poder salir adelante y ese es el compromiso del PP", ha enfatizado Fernández.

La nueva política agraria común no entrará en vigor hasta 2023, para dar tiempo a los Estados miembros a adoptar las nuevas disposiciones. En cualquier caso, contará con un presupuesto para los próximos siete años de 390.000 millones. A España le corresponden unos 47.700 millones.

MÁS ACTOS EN LLEIDA ESTA JORNADA

Durante su visita, Pablo Casado ha destacado el compromiso del Partido Popular con la provincia de Lleida y con su agricultura y explotaciones ganaderas, que, según ha dicho, son un referente en toda Europa.

Tras visitar la explotación ganadera, Casado, Fernández y Xandri se trasladarán a la sede de la empresa ICG, donde realizarán un recorrido por las instalaciones y se reunirán con empresarios catalanes de los sectores de la hostelería, tecnológico, comercio y distribución, entre otros.

Además, por la tarde mantendrán un encuentro con representantes de centros de educación concertada y especial junto a los presidentes regional y provincial del PPC, justo un día después de que el Pleno del Congreso haya aprobado la llamada 'Ley Celáa'.

La Guardia Civil ha desarticulado una banda organizada, que se dedicaba a robar a repartidores en ruta en varias provincias, con seis detenciones y cuatro investigados, y el esclarecimiento de 25 robos que logró un botín de 120.000 euros.

Los agentes, en el marco de la operación 'Navarredonda', consideran a los implicados presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza, así como asociación ilícita, apropiación indebida, estafa, falsedad documental, atentado a los agentes de la autoridad, conducción temeraria, han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Tras la obtención durante cerca de seis meses de pruebas suficientes, la explotación final de la operación se llevó a cabo a mediados de noviembre y se ha logrado esclarecer 25 robos llevados a cabo en las provincias de Ávila, Ciudad Real, Guadalajara, Granada, Madrid, Málaga, Soria y Valladolid.

La operación comenzó el 13 de mayo a raíz del robo en una furgoneta de reparto de tabaco cuando abastecía a distintos estancos de la localidad de Navarredonda de Gredos (Ávila).

Así, se logró la identificación de dos de los posibles responsables del robo, que iniciaron un seguimiento a la víctima en el punto de carga de la mercancía, ubicado en la sede de distribución que la empresa Logista tiene en Leganés (Madrid), hasta Ávila, donde finalmente se produjo el hecho.

LOCALIZACIÓN DE LA BANDA

Continuando las investigaciones se descubrió que operaban desde un hotel ubicado en un barrio de Madrid, donde se consiguió identificar a la mayoría de los componentes de la banda, destacando que dos de los implicados se encontraban cumpliendo condena en régimen de tercer grado.

Los agentes determinaron que la actividad delictiva se remontaba, al menos, a finales del 2019, año en el que se detectaron los primeros hechos delictivos cometidos en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía de Ciudad Real.

El modus operandi consistía en cometer robos de labores de tabaco y paquetería a domicilio, sobre todo de telefonía móvil, siguiendo a los repartidores, a veces hasta otras provincias, aprovechando que éstos distribuían su mercancía, así como robos con fuerza en diferentes estancos, para posteriormente venderlas al por menor o en distintos establecimientos comerciales.

Sus actuaciones delictivas cometidas por toda la geografía nacional llevaron a numerosas unidades de Policía y Guardia Civil a iniciar investigaciones sobre hechos similares, siendo finalmente la Guardia Civil de Ávila la que las centralizó, dado su avanzado estado de su operación.

Para cometer los hechos delictivos, llegaron a utilizar hasta un total de 17 vehículos, a nombre de terceras personas, usando para ello contratos de compraventa y documentación falsa, utilizada también para obtener tarjetas SIM y terminales de telefonía móvil.

Los cribados poblacionales con test de antígenos que se han llevado a cabo en las zonas de la Comunidad de Madrid con alta incidencia de Covid-19 han permitido detectar a 1.544 positivos asintomáticos y reducir así la cadena de transmisión, según los datos ofrecidos este viernes por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Zapatero ha presentado en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial de la Comunidad de Madrid un informe sobre la estrategia de test antigénicos para el diagnóstico del coronavirus del Gobierno regional.

Según Zapatero, la estrategia con test antigénicos se ha centrado en atención primaria, urgencias y centros sociosanitarios, porque "el principal núcleo de actuación del test antigénico es el paciente sintomático", pero también se han aplicado en cribados.

En total se han realizado 744.303 test antigénicos desde su inicio hace dos meses, 271.967 se han llevado a cabo en los dispositivos de atención primaria (centros de salud y consultorios locales); 49.145 en las urgencias de los hospitales madrileños; y, por último, 6.832 en centros socio-sanitarios, como medida de refuerzo en la prevención de la infección en las personas mayores, sus cuidadores y grupos de población vulnerable.

Más de la mitad de la cifra total de test antigénicos, 416.359, corresponde a los cribados en Zonas Básicas de Salud de 29 municipios, en el marco de la iniciativa de control en las áreas de mayor transmisión del virus.

El grado de positividad de estas pruebas es de un 14 por ciento en atención primaria, un 14 por ciento en urgencias, un 4,66 por ciento en centros sociosanitarios y un 0,37 en cribados, mientras que el grado de positividad global es del 8,2 por ciento.

"Este 0,37 con este volumen de pruebas supone que hemos detectado a 1.544 paciente positivos, que estando asintomáticos podrían haber contribuido a seguir infectando", ha precisado Zapatero, quien ha defendido "este esfuerzo que se ha hecho de cribados", a pesar del porcentaje de positividad.

Además, ha señalado que los test antigénicos, validados por el Instituto Carlos III, hospitales madrileños y el Ministerio de Sanidad, tienen la "ventaja" de que dan negativo en los casos en los que una PCR sin capacidad infectiva daría positiva, lo que evita hacer cuarentenas a personas sin capacidad infectiva.

Los test antigénicos permiten también la aplicación rápida de medidas sanitarias, como es el aislamiento en caso de personas que resulten con infección positiva (dado que el resultado se obtiene en 15 o 20 minutos) y el rastreo de sus contactos para que guarden cuarentena.

Además, dado su bajo precio (4,5 euros) y disponibilidad (tiempo y recursos que implica su análisis), se pueden realizar de forma repetida, lo cual resulta en un aumento de su sensibilidad.

Este método diagnóstico, como ha destacado Zapatero, forma parte de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19 de la Comunidad de Madrid y cuenta con el respaldo de distintos organismos internacionales, como la Comisión Europea y el servicio público estadounidense Centros para el Control y Prevención de la Enfermedad (CDC), referente internacional en Salud Pública.

En concreto, ha señalado que la Comisión Europea ha publicado un documento que "refuerza la estrategia diagnóstica de la Comunidad de Madrid", al recomendar "una estrategia de test de antígenos lo más masiva posible.

Así, ha afirmado que la Comunidad de Madrid va a seguir en la línea de "test, test, test, rastreo, rastreo, rastreo, e intentar contener la cadena de transmisión todo lo que sea posible".

MÁS DE TRES MILLONES DE PRUEBAS REALIZADAS

Desde el inicio de la pandemia, en la Comunidad de Madrid se han realizado más de tres millones de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) por SARSCoV-2 y a través de los dos métodos que existen actualmente.

La prueba molecular se realiza mediante técnicas de PCR (amplificación por polimerización en cadena) o TMA (amplificación por transcripción) y fue la primera en aplicarse para la detección de Covid-19.

La muestra suele ser nasofaríngea (también nariz, saliva o esputo) y requiere de un análisis en laboratorio.

Los test de antigénicos se realizan mediante una prueba rápida que igualmente requiere de la extracción de una muestra nasofaríngea. El resultado se obtiene al momento (15-20 minutos).

Por otro lado, existe un conjunto de pruebas para determinar el estatus de inmunidad o presencia de anticuerpos que viene a confirmar o descartar, que la persona ya ha pasado la infección, los Test Anticuerpos IgG, que se realizan mediante dos vías.

Están las técnicas serológicas de alto rendimiento como Elisa (Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) y CLIA (Inmunoensayo por quimiluminiscencia), que determinan la presencia de anticuerpos mediante una muestra de sangre que se analiza en laboratorio.

A estas se suman otras conocidas como test rápidos mediante punción digital o una muestra de saliva que se analiza al momento.

Los usuarios de residencias de mayores diagnosticados de coronavirus se han disparado hasta los 457 en toda Galicia, debido a la detección en las últimas horas de 84 nuevos positivos entre los internos de la residencia Asilo de Vilalba (Lugo) y otros 16 en el complejo geriátrico San Antonio de Beariz (Ourense).

Además de estos, según consta en los datos actualizados este viernes por la Consellería de Política Social, se ha notificado un contagio en el centro San Salvador de Guntín (Lugo) y otro en Vivenda Comunitaria La Palmera de Beade (Ourense).

Eso sí, se retiran del cómputo un total de cuatro usuarios. Dos de ellos, por haberse curado de la COVID-19, correspondientes a Nosa Señora Valvanera de Cambados (Pontevedra) y a Santa Olalla de Boqueixón (A Coruña), respectivamente; mientras que los otros dos se corresponden con dos fallecimientos notificados este jueves en la residencia Ballesol de Vigo.

Así, los datos globales aportados por Política Social este viernes reflejan que el geriátrico de Vilalba es ahora el de mayores cifras de contagios, con un total de 114 ancianos con una PCR positiva, seguida de DoralResidencias de Mos, principal foco hasta ahora, que se mantiene con 96 usuarios infectados.

Siguen a estas la residencia DomusVi Ribadumia, con 44 mayores con la enfermedad, la Ballesol de Vigo, con 39, la residencia San Cibrao de Cervo, con 23, y la de Salvaterra do Miño, con 19.

También cuentan con grupos de usuarios diagnosticados de coronavirus la Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia (15), la residencia San Antonio de Beariz (15) la DomusVI Coruña de Oleiros (10), la Pontevedra de Vilaboa (10), la San Salvador de Guntín (10) y la Santa Olalla de Boqueixón (9).

La Vivenda Comunitaria Remanso de Paz de A Fonsagrada tiene ocho, el CRAPD Vigo II tiene siete, la residencia Nosa Señora dos Miragres de Barbadás tiene seis, la Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume cinco, la DomusVi Monforte cuatro y La Saleta de San Cristovo de Cea tres.

Además, con dos casos cada una, están la Ballesol de Oleiros, Mi Casa de Ferrol, San Miguel de Silleda, la residencia Monforte, Hermanos Prieto de O Carballiño, Nosa Señora Valvanera de Cambados y la Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa. A estos se suman los casos individuales del geriátrico de Caranza-Ferrol, As Fragas de Pontedeume, Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa, Vivenda Comunitaria La Palmera de Beade, el apartamento tutelado San Antonio de Beariz y Os Gozos de Pereiro de Aguiar.

244 TRABAJADORES INFECTADOS

Por parte de las plantillas de estos centros, han subido en 18 al sumarse 25 positivos y retirarse siete. En concreto, los nuevos contagiados se han detectado en la residencia Asilo de Vilalba (18), la San Antonio de Beariz (3), DomusVi Ribadumia (1), San Rafael de Monfoñedo (1) y Santa Olalla de Boqueixón (2).

Mientras tanto, las altas se corresponden con dos empleados de Nosa Señora dos Milagres de Barbadás --en la que, además, tres trabajadores se retiran del cómputo por haber cesado de sus funciones--, uno en el centro para mayores con autonomía de O Carballiño y otro en San Cibrao de Cervo.

El centro DoralResidencias de Mos, con 36 positivos, es el principal foco de coronavirus enre las plantillas de las residencias, seguido de DomusVi Ribadumia, con 28 infectados; Nosa Señora dos Miragres de Barbadás, con 25; Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 19; la de Salvaterra, con 17.

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

En cuanto a los contagios en centros de atención a personas con discapacidad (CAPD) de Galicia, han bajado a 45 los usuarios con una PCR positiva tras haberse curado cinco internos en la DomusVi Bóveda (Lugo), que ahora cuenta con 10 casos. Asimismo, hay 18 usuarios con coronavirus en San Vicente de Paúl de Lugo y 17 en el complejo DoralResidencias de Mos.

Finalmente, se mantienen en 10 los trabajadores diagnosticados de COVID entre los trabajadores de los CAPD: cuatro en DomusVi Bóveda y los otros seis que se reparten, respectivamente, entre la residencia Souto de Leixa de Ferrol, el centro Aspanaes de As Pontes, San Vicente de Paúl de Lugo, la residencia Domingo Gómez Freire de Ourense, la Santa María de Ourense y la residencia Chapela, en Redondela.

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado un hombre a cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con penetración sobre una menor de 13 años con la que mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero, así como a una peña de un año y tres meses por otro delito, también continuado, de corrupción de menores.

Asimismo, se impide al condenado a comunicase y acercarse a menos de 500 metros de la víctima o a los lugares frecuentados por ella durante más de 21 años por ambos delitos, según la sentencia remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Una vez cumpla su estancia en prisión, el reo permanecerá durante otra década en libertad vigilada, no podrá realizar actividades remuneradas con menores de edad durante diez años y tendrá la obligación de participar en programas de reeducación sexual, así como de seguir un tratamiento médico y de seguimiento en relación al consumo de drogas.

Además deberá indemnizar con 2.000 euros a la víctima por los daños morales sufridos, sin que llegue a celebrarse el juicio al haber acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la Defensa.

El 24 de junio de 2017, la víctima subió una foto a Instagram que fue comentada por el acusado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables para la causa. Tanto víctima como condenado comenzaron a hablar a raíz de dicho comentario, tanto por Instagram como por WhatsApp.

El reo comenzó a quedar con la víctima a finales de octubre del mismo año, proponiendo a la víctima, de 13 años y que vivía con sus padres, mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, lo que consiguió, como se desprende de la sentencia.

Estos hechos fueron llevados a cabo de forma reiterada por el acusado, quedando con la menor cada dos o tres días, trasladándose la víctima a casa del condenado y recogiéndola en alguna ocasión en su coche, cerca del instituto donde estudiaba.

DINERO A CAMBIO DE SEXO

El acusado daba a la menor entre diez y 20 euros por las relaciones sexuales con penetración, a las que la joven accedía. Víctima y condenado mantuvieron relaciones el 11 de diciembre y el día 15 del mismo mes se acordó por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Soria la suspensión de la custodia por parte de los padres de la menor, declarada en situación de desamparo, por lo que su tutela fue asumida por la Junta de Castilla y León, pasando a acogimiento residencial en Soria.

La menor residiendo entonces durante cerca de tres meses en un hogar de acogida, periodo durante el cual el condenado consiguió mantener contacto con la menor, que llegó a fugarse del centro para continuar con las relaciones a cambio de dinero.

Éste pudo contactar con ella hasta el 5 de febrero de 2018, cuando la menor comentó en el hogar de acogida su malestar por mantener "relaciones por dinero" para poder pagar sus gastos.

La menor ha sido diagnosticada de trastorno negativista desafiante, con un grado de madurez compatible o incluso por debajo del esperable para la edad de la menor.

El acusado, por su parte, está diagnosticado de trastorno mental y de comportamiento, debido al consumo de cocaína, cannabis y alcohol, lo que afecta a sus capacidades intelectivas y habiendo iniciado un tratamiento de deshabituación ambulatoria el 11 de marzo de 2014, con recaídas. El condenado participa desde el 25 de abril de 2018 en el programa de Intervención de Drogodependencias de Cruz Roja.

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha firmado este viernes nuevos convenios de colaboración que posibilitará la continuidad de los acuerdos que permiten a los órganos judiciales acceder a información bancaria de personas físicas y jurídicas y ejecutar actuaciones judiciales a través del Punto Neutro Judicial (PNJ).

En concreto, ha firmado convenio con el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán Alegre, con el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), José María Méndez Álvarez-Cedrón y con el presidente de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, Manuel Ruiz Escudero.

En una nota de prensa del CGPJ, recogida por Europa Press, se informa de que la actualización de estos convenios con cada una de las citadas entidades tiene como finalidad cumplir con la previsión contenida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ya que el plazo legal previsto para su renovación se cumplió el pasado 2 de octubre.

EL PUNTO NEUTRO JUDICIAL

El Punto Neutro Judicial, puesto en marcha por el órgano de gobierno de los jueces en 2002, es una red de comunicaciones a través de la cual jueces y magistrados pueden realizar consultas en las bases de datos y estar conectados con terceras entidades, ya sean administraciones públicas, colegios profesionales, entidades financieras o registros.

A través de este servicio, y según establecen cada uno de los convenios de colaboración ahora actualizados, los órganos judiciales pueden acceder de forma ágil y segura a información necesaria para la tramitación de procedimientos judiciales, así como ordenar la ejecución de actuaciones judiciales como bloqueos de cuentas o embargos.

Al automatizar el acceso a la información y facilitar la compatibilidad e interoperabilidad entre los servicios informáticos a disposición de la Administración de Justicia, el Punto Neutro Judicial permite mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos y la seguridad de las operaciones.

Andalucía suma este viernes 20 de noviembre 55 muertes por coronavirus Covid-19 en 24 horas, seis más que las registradas el jueves, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 3.673 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, 377 más que el día anterior y mayor cifra de casos diarios en lo que va de semana.

Las 55 defunciones de esta jornada son seis más que las 49 de la víspera, inferiores a las 72 del miércoles y las 89 del martes, y superan a la cifra de los cuatro días anteriores: 22 el lunes, 35 el domingo, 41 el sábado y 46 el viernes pasado.

Este viernes Córdoba se sitúa como provincia que registra más defunciones, con once, seguida de Málaga con diez, Granada con nueve, Sevilla con ocho, Jaén con siete, Cádiz con cinco, Almería con tres y Huelva con dos.

En cuanto a los casos diagnosticados, los 3.673 positivos son 377 más que los 3.296 contabilizados la víspera y 810 menos que los registrados el viernes pasado. Sevilla repite por noveno día consecutivo como la provincia con más positivos diarios con 855, seguida de Cádiz con 789 y Granada con 508. El resto de provincias registran menos de 500 casos: Málaga con 447, Almería con 309, Jaén con 276, Huelva con 257 y Córdoba con 232.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS POR TERCER DÍA SEGUIDO

Los hospitales andaluces suman su tercera jornada consecutiva con menor presión asistencial por el coronavirus al registrar 124 ingresados menos en 24 horas hasta una cifra total de 3.038, de los que 519 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), seis menos que la víspera y nueve menos que el miércoles cuando se registró la cifra más alta de la pandemia.

Sevilla continúa como la provincia con más pacientes con 690 hospitalizados y 119 de ellos en UCI, seguida de Granada con 702 y 136 en UCI, Málaga con 382 y 56 en UCI, Cádiz con 371 y 57 en UCI, Jaén con 321 y 47, Córdoba con 308 y 50 en UCI, Huelva con 140 y 17 en UCI, y Almería con 124 y 37 en UCI.

TRES FALLECIDOS Y DOS NUEVOS BROTES EN RESIDENCIAS

Las residencias de personas mayores han registrado este viernes tres fallecimientos en las provincias de Granada, Málaga y Sevilla, cifra notablemente inferior a las 30 defunciones de las que informó el jueves la Consejería de Salud. Además, se han detectado dos nuevos brotes de Covid en la residencia Padre Jesús de Castillo de Locubín (Jaén), con 44 casos confirmados (30 residentes y 14 trabajadores) y en la residencia Villa-Alhamar de Mijas (Málaga), con diez positivos (cinco residentes y cinco empleados).

Las tres muertes se han dado en la residencia San Luis de Motril (Granada), que registra su primera defunción y mantiene 41 positivos; en la residencia Parra Grossi de Ronda (Málaga), que notifica una muerte --tres en total-- y 54 casos confirmados y en la residencia Los Arcos de Dos Hermanas (Sevilla), que registra su cuarto fallecidos y mantiene 13 casos acumulados desde que se originó el foco.

Además, en cinco centros de mayores han aumentado los casos confirmados: en la residencia Madre de Dios de Almonte (Huelva) ascienden a 45 los positivos (23 residentes y 22 trabajadores); en la residencia Condes Corbull de Jaén se registran 32 casos (27 residentes y cinco trabajadores), en la residencia Seniors de Vélez-Málaga aumentan a 27 contagios (16 residentes y once trabajadores), en la residencia La Alegría de Carmona (Sevilla) hay 22 casos (16 residentes y seis trabajadores) y en la residencia La Alameda de Carmona (Sevilla) se registran 21 positivos (15 residentes y seis trabajadores).

MÁS DE 3.500 MUERTES DURANTE TODA LA PANDEMIA

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 211.123 casos confirmados --3.673 de ellos en las últimas 24 horas-- y ha alcanzado las 3.549 muertes tras sumar 55. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 18.088, 315 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.605, tras sumar 25 en 24 horas, y el número de curados es de 94.601 después de sumar 2.881 más.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 3.549 muertes desde el inicio de la pandemia --55 más en 24 horas--, Sevilla con 756 --ocho más-- se mantiene como la provincia con más fallecidos seguida por Granada con 719 --nueve más--, Málaga con 575 --diez más--, Jaén con 450 --siete más--, Cádiz con 375 --cinco más--, Córdoba con 380 --once más--, Almería con 195 --tres más- y Huelva con 99 --dos más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 211.123 desde el inicio de la pandemia --3.673 más en 24 horas--, liderados por Sevilla con 50.953 casos --855 más--, seguida de Granada con 40.372 casos --508 más--, Málaga con 31.279 --447 más--, Cádiz con 21.687 --789 más--, Córdoba con 21.488 --232 más--, Jaén con 20.765 --276 más--, Almería con 16.202 --309 más-- y Huelva con 8.377 --257 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 18.088 --315 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 4.208 --77 más--, seguida por Málaga con 3.421 --52 más--, Granada con 3.203 --63 más--, Jaén con 2.011 --41 más--, Córdoba con 1.973 --20 más--, Cádiz con 1.595 --43 más--, Almería con 1.106 --17 más-- y Huelva con 571 --dos más--.

De ellos, 1.605 han pasado por la UCI en Andalucía, 25 más en 24 horas, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 342 --cuatro más--, seguida de Málaga con 290 --dos más--, Granada con 241 --tres más--, Córdoba con 207 --seis más--, Jaén con 173 --tres más--, Cádiz con 160 --tres más--, Almería con 152 --cuatro más-- y Huelva con 40.

CASI 95.000 CURADOS

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 94.601 en toda la región, 2.881 más en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 21.199 --454 más--, seguida de Sevilla con 18.657 --672 más--, Granada con 12.051 --341 más--, Almería con 10.765 --114 más--, Córdoba con 10.287 --260 más--, Cádiz con 9.861 --251 más--, Jaén con 9.124 --610 más-- y Huelva con 2.657 --179 más--.

SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción han solicitado que se declare de manera urgente a las lagunas costeras como el primer hábitat en peligro de desaparición y reiteran su petición, realizada ya hace un año, de que se apruebe el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.

Las dos ONG han analizado el estado de conservación del hábitat de interés comunitario y prioritario y alertan del peligro de desaparición de estos enclaves por los impactos directos y extremos que han documentado. En concreto, advierten de que su futuro es "claramente incierto" si no se adoptan medidas urgentes y globales que reviertan su situación.

Las ONG consideran que no será factible proteger la salud de los ecosistemas y las personas sin profundos cambios en el modelo agrario y la gestión de las cuencas, gestionando las demandas, reasignado caudales e impidiendo la entrada de contaminantes con el objetivo de garantizar las necesidades hídricas de los hábitats.

En su opinión, las políticas de conservación de la naturaleza deben de dejar de ir desacopladas a las políticas sectoriales cuya insostenibilidad en el marco de influencia de lugares como el Mar Menor, la Albufera y Doñana --que aglutinan más del 90% de la superficie total de las lagunas costeras en España-- se agudiza, llevando al colapso a sus hábitats prioritarios y todos los servicios ambientales que aportan a la sociedad.

El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición forma parte del contenido del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que debe elaborarse por las diferentes administraciones siguiendo la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007.

En este contexto, recuerdan la oportunidad de esta solicitud tras la publicación del informe sobre el estado de los hábitats del Estado espñol (2013-2018) que refleja que tan solo el 9 por ciento de los hábitats de interés comunitario está en un estado de conservación favorable en España, porcentaje que baja del 7% si únicamente se atiende a los hábitats de agua dulce.

El reciente informe sobre el Estado de la Naturaleza en la Unión Europea, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, apunta como presiones más preocupantes las prácticas agrícolas y forestales insostenibles, la expansión urbana y la contaminación, que amenaza la supervivencia de hábitats y especies en toda Europa, y reconoce que los Estados miembros siguen sin aplicar en su totalidad las directivas de protección de la naturaleza y demás legislación en materia medioambiental de la Unión Europea.

De este modo, alertan que las lagunas costeras, que son uno de los hábitats prioritarios para la Unión Europea y principal hábitat en espacios protegidos de la Red Natura 2000, como el Mar Menor (que acoge el 40% de la superficie total del hábitat en España), Donaña (28%) y la Albufera de Valencia (20%). Para estas organizaciones la realidad es que más del 90% del hábitat presente en España sufre graves problemas que ponen en riesgo su futuro y motivan una alarmante pérdida de biodiversidad.

Tras la revisión realizada se hace evidente el colapso ambiental en el Mar Menor que ha provocado un desequilibrio ecológico en su hábitat debido al grave proceso de eutrofización de sus aguas; la sobreexplotación de los recursos hídricos en Doñana que compromete el estado de conservación de los hábitats y especies que dependen del agua, y la crisis ambiental que persiste en la laguna costera de la albufera de Valencia que, debido a la deficiente e insuficiente calidad en los aportes de agua, presenta un estado hipereutrófico (falta de oxígeno y elevada concentración de nutrientes en el agua) que impide recuperar la biodiversidad del humedal.

En definitiva, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife instan al Minnisterio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que aprueben de manera urgente de las lagunas costeras como el primer hábitat en peligro de desaparición de España, teniendo en cuenta el reconocimiento "oficial del drástico deterioro" en la composición, estructura o funciones ecológicas de este hábitat y el alto riesgo de transformación irreversible en una parte significativa de su área de distribución por las diferentes administraciones públicas con responsabilidades en planificación hidrológica y conservación de la naturaleza de los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a seis años de cárcel impuesta a un delincuente reincidente del municipio de Galapagar a instancias de un procedimiento abierto por el Ayuntamiento de esta localidad al contar con más de 70 detenciones por la comisión de un amplio abanico de delitos.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se desestima el recurso interpuesto contra el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que el condenado ha sido detenido en numerosas ocasiones, constando en diligencias judiciales que ha sido puesto a "disposición judicial hasta sesenta veces en el plazo de un año por delitos de violencia de género, robos y atentados contra la autoridad".

Siempre quedaba en libertad a la espera de juicio, tiempo en el que de nuevo volvía a delinquir. En este caso, el Ayuntamiento de Galapagar decidió presentarse como acusación popular por primera vez tras la comisión por parte de D. D. P. I. de tres robos con fuerza en diferentes establecimientos del municipio, y herir a un agente de Policía Local con un arma blanca.

Por tanto, el Ayuntamiento inició el proceso personándose como acusación popular y además instó para que el agente de Policía Local herido fuera representado en el procedimiento por los letrados del consistorio, conformándose como acusación particular.

Tras su detención el 24 de enero de 2020 en una operación por parte de Guardia Civil y Policía Local, gracias a la colaboración ciudadana, el letrado del bufete LL&HH Abogados que representaba al Ayuntamiento en este procedimiento consiguió que el detenido ingresara ese mismo mes en prisión provisional y sin fianza.

Se decretó su ingreso debido a la extrema posibilidad de reiteración delictiva y por la alarma social que generaba en Galapagar hasta que hubiera sentencia firme, finalmente confirmada.

La sentencia condena al acusado "como autor penalmente responsable de un delito de robo con violencia en concurso ideal con un delito de atentado y un delito leve de lesiones, así como de un delito continuado de robo con fuerza", a la suma de seis años y siete meses de cárcel, además de a indemnizaciones a los afectados en concepto de responsabilidad civil.

PERSONACIÓN

El Ayuntamiento de Galapagar subrayado que mantiene su compromiso de afianzar la seguridad en el municipio, "erradicando la delincuencia apoyándose en la legislación vigente, abordando el problema de la delincuencia local reincidente no solo desde la prevención policial y la colaboración vecinal, sino también desde un punto de vista jurídico-penal para continuar con el descenso de criminalidad en nuestra localidad".

Por ello, la concejala de Seguridad Ciudadana, Mercedes Nuño Masip, ha asegurado que "el equipo de Gobierno de Galapagar seguirá estudiando los casos" en los que puedan presentarse "como acusación particular para seguir descendiendo el nivel de criminalidad el municipio".

"Tampoco debemos descuidarnos por lo que seguimos apelando a la colaboración ciudadana, que resulta esencial en estos casos", ha reseñado la edil.

La Consejería de Salud Pública y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Melilla han anunciado este viernes, después de 35 días de cierre total, que a partir del próximo lunes, 23 de noviembre, podrán reabrir los cafeterías, bares, restaurantes y locales de copa con limitaciones, tanto en horario como en aforo.

A pesar de ello, los hosteleros se han concentrado este viernes porque hay una parte del sector que no está satisfecho con las condiciones de reapertura y para exigir el pago inmediato de las ayudas, algunas de las cuales no se han pagado desde que se inició la crisis sanitaria en marzo con el cierre durante el confinamiento del primer estado de alarma.

El titular de Salud Pública, Mohamed Mohand, ha declarado que tras un acuerdo entre la asociación y su área "podemos anunciar que el próximo lunes 23 de noviembre el sector podrá abrir de nuevo sus puertas". Mohand ha añadido que "la situación epidemiológica nos permite iniciar un proceso de flexibilización de medidas" tras pasar de cerca de 2.000 casos positivos a 1.181 de este viernes.

DE 7 A 20 HORAS Y SOLO TERRAZAS

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Melilla ha detallado que su Junta Directiva y una Comisión de hosteleros han dado luz verde al Plan de desescalada acordado con el consejero de Salud Pública y técnicos del área, que establece que se reabrirá la hostelería a partir de este lunes 23 noviembre "en horario de 07.00 a 20.00 horas, y ampliar la venta a domicilio hasta las 23.00 horas.

Además, ha concretado más limitaciones establecidas para la reapertura, entre ellas ha destacado la prohibición de consumir en el interior de los locales y sus barras. "Sólo se podrá consumir en terraza, con un máximo de diez mesas, y un máximo de cuatro personas por mesa".

Asimismo, ha indicado que en dichas terrazas tiene que existir una distancia de un metro y medio entre mesas, no se podrá fumar y tampoco se podrán celebrarse eventos.

La asociación ha avanzado que a partir del siguiente lunes al de la reapertura, concretamente el 30 de noviembre, "se aplicarán otras medidas" que no ha detallado.

Por último, ha advertido que "desde nuestra asociación velaremos por el cumplimiento de estas normas y pondremos en conocimiento de las autoridades cualquier irregularidad al respecto" al tiempo que ha avisado que "se impondrán sanciones a aquellos establecimientos que incumplan las restricciones" por parte de las autoridades policiales y sanitarias.

La cifra de nuevos casos en la Región de Murcia se ha situado en 264 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido trece personas. Se trata ocho varones y cinco mujeres de 75, 83, 89, 80, 85, 84, 87, 69, 85, 96, 88, 86 y 78 años. De ellos, dos pertenecían al municipio de Villanueva del Río Segura, dos a Caravaca, dos a Murcia, y el resto a San Pedro del Pinatar, Cartagena, Albudeite, Aledo, Alcantarilla, Ceutí y Alguazas.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 533, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este jueves a las 23.59 horas.

El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 50.862 casos, de los que 49.156 han sido acreditados mediante PCR o test de antígenos, y 1.706 a través de pruebas de anticuerpos.

De los 264 nuevos casos, 72 corresponden al municipio de Murcia, 26 a Cartagena, 20 a San Javier, 16 a Yecla, 15 a Caravaca de la Cruz, 13 a Torre Pacheco, 12 a Jumilla, 11 a Los Alcázares, 11 a Lorca, 10 a puerto Lumbreras, 9 a Alcantarilla, 6 a Mazarrón, 6 a Mula, y 5 a Cieza. El resto están repartidos entre diversas localidades

El número de casos activos se sitúa en 10.418 en la Región de Murcia (727 menos que en la jornada anterior), de los que 534 están ingresados en centros hospitalarios (37 menos). De ellos, 109 se encuentran en cuidados intensivos (la misma cifra que el día anterior).

El resto, 9.884, permanecen en aislamiento domiciliario (690 menos) y hay 38.205 personas curadas, 978 de ellas el día anterior. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 470.057 PCR y antígenos y 78.537 de anticuerpos.

El Consejo de Patrimonio Histórico ha aprobado este viernes, en su 87ª reunión, que Menorca Talayótica sea la candidata oficial española para ser inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en el año 2022.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa telemática la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco, junto al secretario general de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte, Javier García.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha expresado su satisfacción tras el anuncio y ha destacado los siete años de trabajo conjunto entre el Ejecutivo autonómico y el Consell de Menorca para reconocer el "valor" de la Menorca Talayótica. "Seguiremos trabajando con ilusión y esfuerzo para que la isla cuente con un reconocimiento que ya tienen Ibiza y la Serra de Tramuntana de Mallorca", ha señalado.

Armengol ha recordado que el camino "ha sido largo", por lo que ha agradecido "el trabajo inmenso" realizado desde el Consell de Menorca y desde el equipo que ha dirigido la candidatura. Asimismo, ha resaltado la importancia de "elaborar propuestas y promover la investigación, restauración y difusión de este patrimonio único y excepcional".

Por su parte, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha asegurado que esta oportunidad "es fruto del trabajo colectivo de la sociedad menorquina", a la que ha agradecido su compromiso con la preservación de la historia. Mora ha remarcado la labor realizada por Cipriano Marín, quien ha estado al mando de la dirección de la candidatura, y por el conseller de Cultura del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria.

"Esta oportunidad llega en un momento en el que se hace doblemente relevante por el contexto de la pandemia y la incertidumbre que impera en nuestras vidas", ha indicado Mora, a la vez que ha añadido que la candidatura "invita a la esperanza y a seguir trabajando".

COMPROMISO DE MENORCA CON LOS BIENES CULTURALES Y NATURALES

Durante su intervención, el conseller de Cultura del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria, ha recordado que la isla ya intentó en 2017 la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. A pesar de que no se consiguió en aquella ocasión, ha asegurado que ese intento permitió que se reconociese "el potencial" de Menorca.

El conseller ha explicado que la Menorca Talayótica se articula en nueve áreas territoriales --que incluyen diversos monumentos y el paisaje que los rodea-- las cuales muestran los vestigios materiales de la prehistoria de la isla.

Entre las fortalezas de la candidatura, Maria ha destacado "la extraordinaria densidad que tiene Menorca en cuanto a bienes de la prehistoria y su excepcional estado de conservación", así como la convivencia entre estos bienes y el trabajo de los menorquines para preservarlos.

Por último, ha considerado que, en el momento actual marcado por la pandemia y el cambio climático, la Menorca Talayótica "lanza al mundo un mensaje de reivindicación y una llamada a preservar un planeta digno y habitable". "Querríamos que la presentación de Menorca sea una llamada a que las actividades humanas sean compatibles con la salvaguarda de los bienes culturales y naturales", ha reclamado el conseller, quien ha añadido que "desde este momento esta candidatura es la candidatura de todas las comunidades autónomas".

Según ha explicado la directora general de Bellas Artes, a partir de ahora, desde Menorca se trabajará de manera estrecha con el Ministerio de Cultura y con el embajador de la Unesco, para realizar todos los pasos necesarios y conseguir que la Menorca Talayótica se incorpore en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en el año 2022.

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que ningún estudiante de la comunidad autónoma pasará de curso con suspensos en la etapa de Bachillerato y ha reivindicado al respecto la cultura del esfuerzo y del mérito que, a su juicio, no propugna la futura nueva ley de Educación, que ve como "un error" y como una norma "claramente mejorable".

Este es uno de los anuncios que ha realizado el presidente de la Junta tras reunirse este viernes con los representantes de las organizaciones representativas de la enseñanza concertada en la Comunidad con los que ha analizado las repercusiones de la futura ley de Educación que, según ha reprochado, vacía de competencias al Estado al que ha acusado de hacer dejación de funciones ante la "necesaria" coordinación que demanda el estado autonómico.

"Deja en manos de las comunidades autónomas la regulación que le corresponde a él", ha lamentado el presidente de la Junta ante las repercusiones de una norma que ve como un "pacto contra el Estado" ya que, según ha criticado, va en contra de la lengua oficial del país, el castellano, y en contra de la cultura del esfuerzo y del mérito que se debe exigir a los estudiantes, momento en el que ha anunciado que en Castilla y León no se pasará de curso con suspensos en Bachillerato.

Fernández Mañueco ha criticado también que la ley educativa del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos renuncie a establecer criterios comunes, como un currículo común o requisitos iguales para todos a la hora de promocionar y de obtener títulos oficiales, con una referencia expresa a la EBAU única, "nuevamente sepultada", según sus palabras, cuando se trata de una de las principales reivindicaciones de la Junta de Castilla y León.

Además y tras pedir una vez más un Pacto de Estado por la Educación y por la reducción de la brecha digital, el presidente de la Junta ha cargado contra una ley que ha llevado a la división y la confrontación cuando debería unir.

"Es un ejemplo de la más vieja política", ha sentenciado Fernández Mañueco quien ha lamentado también que el Gobierno de la nación haya querido "imponer" su ley "en el peor momento" que vive el país, en referencia a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

"Es el momento de resolver y no de crear problemas", ha reflexionado el presidente de la Junta que ha advertido de la "bajísima calidad democrática" de una norma de "marcado carácter antiguo y sectario" que, según ha asegurado, no ha buscado el consenso ya que, entre otras cosas, ha "orillado" a las comunidades autónomas.

Ciudadanos ha registrado este viernes, coincidiendo con el Día Internacional de la Memoria Trans, una ley para reconocer la igualdad social del colectivo LGTBI en toda España y en la que recoge que los tratamientos de transición y reasignación sexual de los trans se incluya en el Servicio Nacional de Salud (SNS).

En una rueda de prensa en la Cámara baja, la portavoz de Igualdad de los naranjas, Sara Giménez, se ha mostrado "orgullosa" de este texto en el que, según ha indicado, se recoge "la situación específica de las personas transexuales", abordando diferentes aspectos que mejoran, según ha indicado, la "libertad" de estas personas para "amar" o "expresar su sexualidad".

Con esta ley, ha indicado la diputada, se busca "armonizar" la legislación española, ya que en la actualidad no existe una legislación trans en todas las comunidades autónomas y, por tanto, los derechos del colectivo "no están garantizados igualmente" en todo el país.

Para Giménez es necesaria esta iniciativa ante "los discursos de Vox" y al "radicalismo feminista del PSOE" y su intención de "contraponer la realidad de las mujeres trans a la realidad del feminismo". A su juicio, "establecer una lucha entre causas de igualdad es un retroceso" y, por ello, ha defendido la necesidad de "luchar y avanzar en el reconocimiento de igualdad".

UN CONSEJO ESTATAL LGTBI

En concreto, el texto registrado, reconoce, de forma definitiva, que la homosexualidad y la transexualidad no son enfermedades y recoge incluir en la cartera del Sistema Nacional de Salud, los tratamientos de transición y reasignación sexual.

Además, incluye la creación de un Consejo Estatal LGTBI que "vele por el apoyo a las personas del colectivo" y la puesta en marcha de un marco integral y común de derechos en todo el territorio nacional para "garantizar la igualdad social de las personas LGTBI y protegerles de la discriminación y los delitos de odio por razón de su orientación sexual y de su identidad de género".

Giménez ha puesto en valor, además, el "avance en sensibilización" que supone este texto, con el objetivo de que la ciudadanía "no se ponga la venda" ante los problemas de las personas trans. En este sentido, ha señalado que, según los últimos estudios, un 85% de los trans "tienen problemas para encontrar trabajo", mientras que un 58% de los menores trans sufren acoso en el colegio.

Asociaciones de jueces y fiscales valoran con cautela el contenido del Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) hecho público esta semana, que otorga la instrucción penal a los fiscales y reforma las normas decimonónicas que regían el derecho procesal en nuestro país. Exigen que para poder aplicarla se precisará una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dote de mayor autonomía a los nuevos instructores.

Desde Foro Judicial Independiente (FJI) o la Asociación de Fiscales (AF) señalan incluso que debería dotarse a los fiscales de la misma independencia que tienen lo jueces.

En todo caso, el Anteproyecto recibe una mayor acogida entre los fiscales que entre los jueces. Otra idea común en las asociaciones consultadas que la reforma de la instrucción penal en España venga acompañada de los necesarios medios materiales y humanos para la Fiscalía, ya que este cambio a coste cero es inasumible.

Así, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrrera, María Jesús del Barco, se coloca en una posición contraria a la reforma si esta no conlleva un cambio legislativo del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Mientras exista el principio de dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal se daña seriamente la imagen de independencia de la labor que puedan hacer los fiscales en la instrucción", ha señalado a Europa Press.

A juicio de Del Barco, la imagen de la Justicia se encuentra ya dañada por el hecho de que la actual fiscal general, Dolores Delgado, saliera del Ministerio de Justicia para entrar directamente el la cúpula de la fiscalía, y es precisamente ese nombramiento del fiscal o fiscala general por parte del Gobierno lo que despierta sus recelos respecto a la futura reforma. "El Gobierno puede pensar que por irden jerárquico el fiscal puede acabar haciendo lo que diga el ministro", ha añadido. EL MODELO HABITUAL EN EUROPA

Jorge Fernández Vaquero, de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV), recuerda que la reforma busca implantar el modelo de instrucción que existe en otros países, donde el configura como un árbitro en el proceso y que por eso la parte acusadora, la Fiscalía, se encarga de la investigación.

No obstante, añade que no basta con decir que hay que imponer el modelo que se usa en nuestro entorno y no es posible pretender el cambio del modelo de instrucción sin abordar previamente la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la garantía de imparcialidad.

Afirma, al igual que la portavoz de la APM que el cambio de modelo quizá no es muy buena idea "en las circunstancias actuales", que se caracterizan por un deterioro de la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal porque la FGE es la anterior ministra de Justicia y tiene una vinculación evidente con el partido de Gobierno. La implantación de la ley no obstante, tal y como recuerdan desde el Ministerio de Justicia, tendrá una 'vacatio legis' de al menos seis años.

También apunta problemas de independencia la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, que señala igualmente a que la Fiscalía se encuentra actualmente fuertemente jerarquizada y al hecho de que al fiscal general lo designe el Gobierno.

"No basta con modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, porque siempre va a haber jerarquización, alguien que diga qué causas se incoan y cuáles no. No basta con que haya autonomía, tiene que haber independencia".

Para la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Ascensión Martín, la reforma es aceptable en el sentido en que se trata de adoptar el modelo anglosajón, pero lo importante es que esta vez se ponga en marcha tenga una extensa 'vacatio legis'.

Así, Martín ha recordado que el modelo de instrucción fiscal ya se hace con menores desde 1992 y la experiencia es "bastante positiva".

MEJOR VISTA ENTRE FISCALES

La opinión sobre los proyectos del Gobierno mejora cuando se pregunta a las asociaciones de fiscales. Así, Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, señala que están perfectamente capacitados para hacer la instrucción, pues los fiscales conocen perfectamente los asuntos que les tocan desde su inicio y están especializados en determinados tipos delictivos.

"Es beneficioso que se asuma la investigación por parte del fiscal, porque nos acerca a muchos países de nuestro entorno, pero no puede ser que se asuma de cualquier manera y a cualquier precio", advierte.

Así coincide con las asociaciones de jueces en que no sería serio afrontar esta reforma sin una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que es la que verdaderamente urge." Si nosotros llevamos la instrucción no solo debemos ser imparciales y neutrales, sino que tenemos que aparentarlo-ha añadido-. Si quien dirige la Fiscalía General del Estado no tiene esa apariencia, nos va ensombreciendo".

Entre sus propuestas, que la etapa de mandato del fiscal general no coincida con la del Gobierno que lo nombra (que sea superior, cinco años), de modo que cuando un Gobierno sucede a otro deba mantener al fiscal general; que el Consejo Fiscal tenga más fuerza de representación de los fiscales frente al fiscal general y que pueda incidir en las decisiones más relevantes en cuanto a organización, nombramiento y funcionamiento de esta insstrución y que se disponga de autonomía presupuestaria, al estilo del Consejo General del Poder Judicial.

También considera Dexeus que si el misterio Fiscal está incluido dentro del Poder Judicial y, por tanto, hemos de participar de las características del Poder Judicial en cuanto a la independencia de sus miembros.

Igualmente alude al derecho comparado Juan Antonio Frago, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ya que el de fiscal instructor es el modelo que se sigue prácticamente en toda América y en toda Europa.

"Lo que ocurre es que aún así es necesario tanto el cambio del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal como una dotación de medios o abandonar otras competencias que tenemos actualmente, como en derecho de familia, social, contencioso y mercantil", añade, coincidiendo con la práctica totalidad de opiniones.

Por ello, Frago señala que aconsejable sería adoptar medidas para blindar a los fiscales individualmente pero sin que la Fiscalía adquiera las características de los jueces. "Eso se puede conseguir cambiando el tiempo de duración del mandato del FGE, porque ahora mismo tiene el problema de que, si cesa el Gobierno, automáticamente cae también el fiscal general.

Teresa Peramato, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) es la que muestra más entusiasmo por la reforma, que califica de "esencialísima" al constituir el actual modelo de juez instructor una "rareza" de nuestro país en el contexto europeo. Ha recordado que el propio borrador del Anteproyecto que ha circulado esta semana señala en una disposición adicional necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y esta es una oportunidad buenísima para hacerlo.

En este punto, ha recordado en declaraciones a Europa Press la necesidad de reforzar la autonomía de la Fiscalía en su estructura interna, y cree que los planes de la reforma, que pasan por crear unidades de investigación a cuyo frente se coloque un coordinador permitirá poder hacerlo.

La ventaja del proyecto, según Peramato, pasa por la previsión de las unidades de investigación, en las que participarán diferentes fiscales con diferentes especialidades en un mismo asunto, lo que reforzará la efectividad, exhaustividad y rapidez en las investigaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la aprobación de la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como 'ley Celaá', en el Pleno del Congreso es "el primer paso" en la revolución y modernización del sistema del sistema educativo y formativo español.

Así lo ha indicado este viernes en el acto de presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española en La Rioja, junto a la presidenta del Gobierno de esa región, Concha Andreu.

El presidente del Gobierno ha destacado que se trata de "una ley que está pensada, está diseñada con un objetivo bien claro y es iniciar un proceso de transformación y modernización del sistema educativo y formativo", que "lance definitivamente" a España a" un escenario de progreso y desarrollo de justicia social".

"No hay avance más cierto, seguro para una sociedad, que aquel que garantiza la equidad y la excelencia de nuestro sistema educativo y, por tanto, a nuestra juventud", ha declarado Sánchez, al tiempo que ha defendido que "con una educación moderna, competitiva, adecuada también a las necesidades de las empresas, España avanzará impagable hacia ese futuro" que están empezando a construir.

En su intervención ante, el presidente del Ejecutivo ha puesto de relieve que "la única forma" de conseguir empleo de calidad es abordar una "gran" revolución y modernización del sistema educativo y formativo, "no porque haya sido malo".

A su juicio, el sistema ha sido "bueno, equitativo" y ha gozado de "altas cotas de excelencia", pero es necesario cambiarlo "en este nuevo mundo" donde se desconoce qué oferta la laboral van a tener los que ahora son niños y los empleos que van a poder crear las empresas.

En este contexto, Sánchez ha puesto de relieve que, para lograr este objetivo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española destina casi una quinta parte del total al ámbito educativo, y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 contemplan dotaciones destinadas a la política de Educación que ascienden a un total de 4.893 millones de euros, un 70,2 por ciento más que en 2020.

En este sentido, Pedro Sánchez ha hecho hincapié en que estos recursos económicos se destinarán al sistema general de becas y ayudas al estudio, al Plan Educa Digital para reducir la brecha digital y al Plan Proa para prevenir el abandono escolar temprano, entre otras acciones.

Finalmente, el presidente del Gobierno ha asegurado que la Formación Profesional (FP) es "una de las prioridades absolutas" de su gabinete, por lo que ha anunciado que en los próximos meses el Ejecutivo va a probar una nueva ley de FP.

La Comunidad de Madrid se cerrará perimetralmente durante 10 días, desde las 00.00 horas del 4 de diciembre, viernes, hasta las 00.00 horas del lunes 14, según ha anunciado este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covi-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

"La movilidad en torno a ese puente tan amplio con tantos días festivos es tan grande que por precaución tomamos una medida quirúrgica, como es la de cerrar solamente esos días", ha explicado en la rueda de prensa semanal para actualizar las medidas contra la transmisión del Covid-19.

Zapatero también ha dicho que sigue vigente el toque de queda desde las 00.00 horas hasta las 6.00 horas, y ha instado a "evitar todo movimiento innecesario", así como a guardar la distancia de seguridad, a usar correctamente la mascarilla, a lavarse las manos "constantemente" y ventilar "correctamente" los espacios cerrados.

"Estamos en un momento crítico y queremos ser muy cautelosos porque este camino todavía va a ser largo", ha advertido Zapatero, quien ha señalado que por primera vez en la segunda ola la incidencia acumulada a 14 días baja de los 300, al situarse en 297, como muestra de que la Comunidad de Madrid va "por el buen camino.

Asimismo, ha mencionado otras cifras "esperanzadores", como la reducción de casos positivos en un 65,21 por ciento respecto al pico máximo, así como el descenso de un 43,4 por ciento de hospitalizados en planta desde el pico máximo y de un 23,7 por ciento de los ingresados en UCI, descensos "muy importantes" pero que no les permiten relajarse, "ni mucho menos" confiarse.

"Pedimos una vez más este esfuerzo a los madrileños y lo hacemos porque queremos disminuir aún más la incidencia acumulada, porque queremos proteger a los ciudadanos, y porque queremos llegar en las mejores condiciones posibles a la Navidad", ha aseverado.

CIERRES 'POR DÍAS'

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se mostró contraria a los cierres perimetrales más días de los necesarios cuando se decretó el estado de alarma y apostó por que se hicieran únicamente en momentos donde la movilidad era elevada. Así, el Gobierno regional decretó el cierre para el puente de Todos los Santos, en el que se suelen producir un millón de desplazamientos, y de La Almudena.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acabó cediendo a la petición de la Comunidad pero indicó que en el futuro si se quería un cierre inferior al establecido en el decreto del estado de alarma debía comunicarse primero al Gobierno central.

Durante esta semana, tanto el vicepresidente, Ignacio Aguado, como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no han adelantado la decisión pero sí se han mostrado partidarios de actuar "con prudencia".

"NO HAY NINGÚN CAMBIO DE CRITERIO"

Zapatero ha asegurado que "no hay ningún cambio de criterio" del Gobierno regional en cuanto a la duración de los cierres, y ha dicho que se han basado en la información recabada de años anteriores sobre la movilidad que se produce en Madrid en estas fechas habitualmente, que "duplica o incluso triplica en algunos días la movilidad en otros fines de semana o en otros puentes".

"Es una situación prenavideña en la que se acumulan muchas personas que vienen a Madrid por motivos diferentes, por tanto nos parecía una medida de cautela en el sentido de evitar desplazamiento tanto hacia dentro como hacia fuera", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que "hay que hacer este esfuerzo" para seguir disminuyendo la incidencia del Covid-19 en la región lo máximo posible con vistas a la Navidad.

Zapatero ha asegurado que Ayuso está "perfectamente informada" de la decisión, que es "una propuesta de Salud Pública, que se habla en la Consejería de Sanidad y luego se habla con la presidenta de la Comunidad, como no puede ser de otra manera.

"Lo que hemos adoptado es una medida que nos parece una medida prudente", ha recalcado Zapatero, quien ha subrayado que "el motivo fundamental es por precaución", y ha insistido en que "es un puente especial", por lo que ha asegurado que son "consecuentes".

En la misma línea, ha defendido que es una medida "coherente" con lo que está haciendo la Comunidad de Madrid "en la línea de seguir bajando la transmisión lo más posible, sobre todo con vistas a la llegada de la Navidad".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este viernes el "jugueteo político" y "el ruido de debates estériles" que se ha generado, a su juicio, en torno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha defendido que son unas cuentas públicas "imprescindibles" para la recuperación, con las que no "gana" el Gobierno sino España y "todos y cada uno de los territorios".

Así lo ha asegurado durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que ha realizado este viernes en la Rioja, en clara alusión a la polémica que se ha generado por el apoyo de EH Bildu a las cuentas públicas.

Asimismo, Sánchez ha reivindicado de nuevo el "respaldo histórico" que cosecharon los PGE en su primer trámite en el Congreso, al rechazarse las enmiendas a la totalidad con el voto de 198 diputados, y ha afirmado que espera que puedan ser aprobados antes de que acabe el año.

El movimiento de EH Bildu ha generado fuertes críticas por parte de PP, Ciudadanos y Vox, pero también malestar en las filas socialistas, al que han puesto voz algunos dirigentes territoriales como los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; y Aragón, Javier Lambán; e históricos exgirigentes como Alfonso Guerra o Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El presidente del Gobierno remitió precisamente este jueves una carta a los militantes socialistas para pedirles que "estén a la altura" y contribuyan a defender la necesidad de sacar adelante los Presupuestos con el mayor apoyo posible. Y denunció que los "adversarios del Gobierno" solo quieren desviar la atención "con asuntos del pasado como la lucha antiterrorista".

CRITICA EL "JUGUETEO POLÍTICO"

En su comparecencia de este viernes, Sánchez ha vuelto a defender la necesidad de que esas cuentas "imprescindibles" se aprueben en el Congreso antes de que acabe el año, y ha afirmado que con ellas, no es el Gobierno el que "gana", sino España y "todos y cada uno de los territorios".

Asimismo, Sánchez ha asegurado que lo que ocupa al Gobierno es la recuperación del país tras la pandemia "y no el simple jugueteo político". "Nos ocupa la posibilidad de aprovechar una oportunidad histórica y no el ruido del debate estéril y accidental que en muchas ocasiones caracteriza a la política española", ha criticado.

Por otra parte, ha afirmado que el Gobierno sigue "trabajando intensamente en la Unión Europea para llegar pronto a un acuerdo que permita empezar a disponer de los fondos europeos ya en enero de 2021, en el contexto de esos nuevos Presupuestos".

"Es un camino que comenzó a recorrerse la semana pasada al recibir el respaldo histórico en el Congreso en el rechazo de las enmiendas a la totalidad, y que esperamos culminar en la próximas semanas antes de que finalice el mes de diciembre", ha manifestado.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha apuntado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico acometerá de forma prioritaria las actuaciones en materia de saneamiento y depuración para zanjar los procedimientos de infracción y multas de la Unión Europea a España por incumplir la Directiva de Agua a través de 1.000 millones de euros del Fondo de Recuperación.

Durante la presentación al público del Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), Morán ha explicado que el Ministerio ha elaborado durante dos años --desde julio de 2018-- este instrumento que permitirá gestionar los planes que se pongan sobre la mesa en el futuro en materia de planificación hidrológica en España.

"Probablemente, el primer plan sea el que va a venir respaldado por el Fondo de Recuperación de la UE, que aportará a la Dirección General del Agua unos 1.000 millones de euros y de estos una parte importante irá al ámbito del saneamiento y la depuración", ha comentado el secretario de Estado que ha precisado que fundamentalmente el Plan DSEAR está orientado a las actuaciones que dependen de la Administración General del Estado.

En ese sentido, Morán ha explicado que se ha decidido incorporar todo el catálogo de proyectos de saneamiento y depuración que tienen abiertos procesos de infracción de la UE puesto que será "lo primero" que se ejecutará dentro de los contenidos del citado plan, porque es necesario "resolver con urgencia".

El plan, que cuenta con unas 150 páginas, está abierto a exposición pública desde el 22 de octubre hasta el 31 de diciembre, para que la población y partes interesadas puedan presentar sus comentarios y alegaciones de cara a su posterior aprobación definitiva que según Morán y el subdirector general del agua, Victor Arqued, estiman que podría producirse en los primeros meses de 2021.

En ese sentido, el secretario de Estado se decidió integrar un conjunto de actuaciones y planes enmarcados en un sistema de gobernanza de cara a la herramienta en el futuro para integrar el saneamiento, la depuración, la eficiencia, el ahorro y la reutilización "como parte del modelo de gestión del agua" que el Gobierno quiere "implantar".

"Ahora, dos años después, el documento se socializa para someterlo al conjunto de la ciudadanía y sobre todo al sector. Ha tenido un recorrido de amplia base técnica, dos años para testar de forma seria dónde estamos y qué instrumentos podríamos contar", ha comentado.

De este modo, una vez que el documento sea "sólido" se incorporará a la estructura del tercer ciclo de planificación hidrológica para el periodo 2021-2027, que deberá estar concluida a finales del próximo año para su entrada en vigor "a inicios" de 2022.

Durante la presentación pública del Plan Dsear, el director general del Agua, Teodoro Estrela, ha destacado que se trata de un instrumento de gobernanza que da soporte a la planificación hidrológica; recoge las medidas para resolver los problemas actuales; detecta y diagnostica los problemas al tiempo que recoge los criterios y propuestas de actuación para incorporarlas a la planificación hidrológica, "sobre todo en las actuaciones de la administración central del Estado".

En ese contexto, ha detallado que España está por debajo de la media europea en inversión per capita en saneamiento y depuración y en estos momentos, hay más de 500 núcleos urbanos que no están conformes con la Directiva comunitaria.

Asimismo, ha destacado que la reutilización del recurso es "esencial" para España que tiene "problemas" para atender las demandas, "dificultades" para cumplir con los caudales ecológicos y acuíferos sobrexplotados. "Desde el Plan Nacional de Reutilización en 2010 no ha habido un avance sobre esta materia", ha lamentado.

El plan establece los criterios, los principios orientadores de la planificación hidrológica que están basados en el Pacto Verde Europeo y la Transición Ecológica, la Adaptación al cambio climático.

En definitiva, ha señalado que una vez aprobado el plan sea aprobado a principios de 2020, sus resultados se incorporarán a los planes hidrológicos para.

El subdirector general de Planificación Hidrológica, Víctor Arqued, por su parte, ha explicado los detalles del plan y ha recordado que España está pagando "unas sanciones muy importantes" a Europa, por lo que se necesitan "nuevas formas de actuar. Así, ha manifestado que el plan es ambicioso pero realista para dar los pasos precisos de forma que se pueda lograr que el futuro del agua en España no sea igual que en el pasado.

Por último, ha definido que una vez termine la consulta pública se modificará el estudio ambiental estratégico y se elaborará la propuesta final del Plan DSEAR con las aportaciones recibidas. Una vez que todo esté aprobado "a finales de febrero o marzo" su contenido se incorporará a los organismos de cuenca y a la planificación hidrológica para el periodo 2021-2027, que deberá aprobarse antes de final de 2021. "Podríamos retrasarnos algo, pero no deberíamos retrasarnos mucho", ha advertido.

La acusada de matar al hijo de su pareja en Elda (Alicante) en agosto de 2017 ha asegurado en la última sesión del juicio por dicha causa que "intentó salvar al niño hasta final" y que "la mentira destrozó su vida, la de sus padres y la de los familiares".

"Sufro y vivo atormentada por ese error, lo siento mucho por mentir, tendría que haberme llevado al niño al campo y nada de esto hubiera pasado, nunca podremos asimilar en la vida ese dolor porque soy madre de dos niños pequeños", ha declarado la mujer durante el derecho a última palabra.

Asimismo, durante la quinta y última sesión del juicio, que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Alicante, tanto las acusaciones como la defensa han ratificado sus conclusiones sobre los hechos. Tanto el Ministerio Fiscal como las dos acusaciones particulares --la madre del menor y la Generalitat-- solicitan prisión permanente revisable mientras que la defensa ha pedido la libre absolución.

En su última declaración, la acusada ha señalado que ha reconocido la "mentira del simulacro" y que "estuvo mal". "Ni yo misma sé lo que pasó y estoy muy arrepentida por haber estado callada tanto tiempo, la mentira me destrozó la vida, traté de salvar al niño hasta el final", ha añadido.

Momentos antes, las partes ya habían elevado a "definitivas" los informes de conclusiones finales sobre los hechos. La Fiscalía ha mantenido que la mujer estranguló al niño de ocho años y lo hizo de una manera "violenta, sorpresiva y preparada". El Ministerio Público ha centrado su intervención en exponer que el niño "no murió atragantado por un trozo de jamón", tal y como declaró la acusada en la primera sesión del juicio.

La Fiscalía ha rechazado, además, que la mujer "se bloqueara" mentalmente debido a los hechos, y que una vez "se desbloqueó" pudiera preparar todo el escenario para simular un asalto de dos hombres a la vivienda. Pudo abrir la ventana y gritar o salir corriendo con el niño a la calle, pero una persona que no actúa así y no lía la que lio", ha señalado la fiscal.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la madre del menor se ha adherido a las conclusiones del Ministerio Fiscal y ha indicado que la acusada "en ningún momento intentó ayudar al niño"."Lo que alega no tiene base, fue un estrangulamiento con un tejido blando a lazo, los sanitarios no sacaron ningún bolo alimenticio, ni ninguna loncha de jamón, de la garganta del menor", ha concluido la acusación particular.

Por último, la defensa ha negado ante el jurado que existiera esa "premeditación" que mantienen las acusaciones, puesto que ese día la familia "tenía previsto acudir al campo" de los padres de la acusada, y fue el menor quien se negó a ir.

Respecto a la versión del supuesto estrangulamiento, la defensa ha expuesto que se han producido contradicciones entre las versiones otorgadas durante la instrucción y la que se ha expuesto en la Audiencia, además de que "no se tomaron muestras del contenido gástrico", en referencia a la presencia de trozos de jamón.

"Ante la duda, pedimos una sentencia de no culpabilidad, hasta su padre retiró la acusación hacia ella ante las dudas que tenía; recuerden, además, que la que era su pareja alegó que la relación entre el menor y ella era buena y que eran dos familias que se estaban integrando", ha indicado la defensa.

Por último, se ha añadido que la acusada actuó presa del "pánico" y ha pedido la eximente de "miedo insuperable" ante la posibilidad de perder a su pareja cuando estaba embarazada de tres meses y, además, lo ocurrido podía afectar a la relación con su hijo biológico, que entonces tenía tres años.

El niño fallecido era un menor de acogida cuyos padres se habían separado. La madre era la titular del acogimiento familiar permanente mientras que el padre, un conocido preparador de atletismo, lo tenía en el último año en régimen de visitas.

La causa ha quedado vista para sentencia. El próximo lunes, 23 de noviembre, el jurado trasladará el veredicto al magistrado, quien procederá a su lectura para resolver la acusación hacia la mujer.

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha reclamado este viernes "lealtad" y "coordinación institucional" para afrontar la reactivación económica y social tras la pandemia de COVID, y ha advertido de que la Xunta debe transferir recursos a las entidades locales porque España no es "un Estado piramidal" y debe haber colaboración transversal.

Así lo ha manifestado en su comparecencia en la comisión de reactivación económica, social y cultural de Galicia, celebrada en el Parlamento autonómico.

Abel Caballero ha subrayado que la coordinación entre administraciones e instituciones es "imprescindible" para afrontar la recuperación porque lo contrario "significará no usar eficientemente los recursos". "Se necesita un nuevo marco y un nuevo modelo, la unión de todos los actores. No es un buen sistema decidir unilateralmente, tiene que haber acuerdo y diálogo", ha incidido.

Al respecto, ha lamentado que, en Galicia, se llega "tarde" en lo que respecta a la articulación de proyectos territoriales y ha pedido que las administraciones "se concierten" para actuar en áreas como la industria, las universidades, la sostenibilidad, las grandes infraestructuras o la innovación. Así, ha reclamado atención a sectores como la automoción, el naval, el turismo o el comercio.

"IMPORTANCIA" DE LAS ACCIONES LOCALES

El alcalde de Vigo ha subrayado que, en el contexto de la pandemia, "fueron los ayuntamientos los que asumieron una parte muy importante" de la acción, especialmente en materia de políticas sociales y de protección a personas vulnerables, y ha vuelto a denunciar que, pese a que el gobierno gallego recibió fondos del Ejecutivo central, no transfirió "ni un solo euro" de esos recursos a los ayuntamientos.

Caballero ha recordado que, entre las responsabilidades asumidas por las entidades locales, están las ayudas a comerciantes y hosteleros, y ha mostrado su "estupefacción" por el fondo de 17 millones anunciado por la Xunta para el sector y que supondría "una ayuda de 500 euros a cada establecimiento".

"Culpar a los de arriba (Gobierno central) y pasar las responsabilidades a los de abajo (ayuntamientos) sin recursos es un modelo llamado a fracasar. Esto no es un estado piramidal", ha advertido el regidor olívico.

Finalmente, ha insistido en denunciar el "oscurantismo inmenso" de la Xunta en la pandemia, ha repetido que no ha tenido información de los contagios "hasta hace dos semanas". "Estuvimos a oscuras durante 6 meses. Y, al menos en el caso de Vigo, hay que duplicar las PCR, multiplicar los rastreadores y reforzar la Atención Primaria", ha proclamado.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que su Ejecutivo "será preciso y decidido" a la hora de aprovechar "las enormes posibilidades" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Para ello, ha destacado, se impulsará un proyecto de 'enoregión', La Rioja será "referente del español" y se llevará a cabo una "profunda transformación hacia lo ecológico y lo sostenible" con la Ciudad del Envase y el Embalaje.

"Desafíos formidables ante los que nos jugamos una parte importante del futuro de los riojanos" y que debemos materializarlo "todos juntos" porque "tenemos una oportunidad extraordinaria ante nosotros que debemos aprovechar", ha afirmado la presidenta.

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones durante la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al museo Würth de Agoncillo para presentar a una treintena de empresarios el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

Previamente a la intervención del presidente, Andreu ha explicado que, ante estos momentos que vivimos a causa de la pandemia del coronavirus, "debemos ir a la par" porque todo ello "condicionará el rumbo de La Rioja y de España para los próximos años".

Por ello, ha insistido, "entre todos tenemos que imaginar, diseñar y construir el futuro de esta tierra y de España" de la mano también "de la Unión Europea".

Además, la presidenta regional ha apostado por hacer de este Plan "una palanca de cambio" y una ventaja competitiva que se vertebrará desde la digitalización y la sostenibilidad "como ejes claves". Se trata, ha dicho Andreu, "de modernizar la economía para transformar nuestra comunidad autónoma".

PROYECTO DE 'ENOREGIÓN'

Así las cosas, Andreu ha defendido el impulso del proyecto de 'enoregión' porque "La Rioja es tierra de vino. Algo que trasciende de lo productivo para convertirse en una seña de identidad".

Por tanto, ha insistido, el proyecto de 'enoregión' consolidará La Rioja como líder en la producción vitivinícola además de como destino enoturístico mundial y también como punto de investigación y generación de conocimiento.

Con esta acción, ha continuado, "transformaremos la cadena de valor del vino para aumentar su competitividad e impulsar un desarrollo sostenido y sostenible". Además "recuperaremos su legado histórico y patrimonial y lo digitalizaremos, para ser referentes mundiales en enoturismo y dar a conocer la cultura que tanto amamos en esta tierra.

"CUNA DEL ESPAÑOL"

Además, "como cuna del español", ha proseguido, "vamos a convertir a La Rioja en referente del español y punto de referencia para la implantación de cualquier iniciativa transformadora ligada a la lengua que nos une: investigación, formación, emprendimiento, innovación e industria".

En palabras de Andreu, el Proyecto Cuna del Español promoverá una industria de desarrollo de contenidos y aprendizaje del idioma, de difusión digital de nuestra lengua más allá de nuestras fronteras, y del turismo ligado a la lengua y a nuestro rico patrimonio histórico y cultural.

En definitiva, La Rioja será "una cuna del español tecnológica y global que promoverá la cohesión social y la igualdad y que impulsará el desarrollo rural".

LA RIOJA, TIERRA EMINENTEMENTE INDUSTRIAL

Concha Andreu ha explicado que, además, "somos una tierra eminentemente industrial" gracias "a nuestra privilegiada posición en el mapa" que "nos convierte en atractivo para cualquier empresa" pero "sobre todo para llevar a cabo una profunda transformación hacia lo ecológico y sostenible gracias a la Ciudad del Envase y del Embalaje" que integrará un parque industrial para las empresas del sector, un Centro Tecnológico Nacional de Referencia y un laboratorio europeo de innovación en la materia.

"Vamos a apostar por la innovación abierta y el emprendimiento. Por impulsar nuevas inversiones empresariales y fomentar elcrecimiento de las ya existentes. Potenciaremos la transformacióndigital y ecológica del sector", ha afirmado.

Y, además, como el futuro, "el de La Rioja también es digital" y para ello el proyecto Territorio Digital de Servicios "convertirá la región en un laboratorio universal y experimental de soluciones innovadoras que acelerarán el desarrollo económico y social, no solo de nuestro territorio, sino también de todas aquellas regiones en las que las soluciones testadas en la comunidad autónoma puedan aplicarseposteriormente".

Se trata de "innovar" para "impulsar nuevas inversiones empresariales y apoyar a las que existen con la potenciación digital y ecológica del sector".

Todo con el fin de "impulsar la igualdad de oportunidades entre el ámbito urbano y no solo en lo social. Digitalizando la prestación de servicios públicos, promoviendo el emprendimiento, impulsando la alfabetización digital y desarrollando los recursos de forma eficiente e inteligente".

"Y todo esto no lo haremos solos, no podemos hacerlo solos", ha afirmado, "como en aquellos meses cuando garantizamos las existencias de material sanitario ante la pandemia del coronavirus".

"Este reto, ilusionante y complejo -ha continuado- lo tenemos que encarar con la iniciativa privada y las personas, con nuestras empresas más punteras y con la colaboración entre lo público y privado". Todo ello "será fundamental para el crecimiento de los fondos europeos", ha destacado la presidenta.

"ORGULLO POR LA RIOJA"

Durante su intervención, la presidenta ha querido mostrar su "profundo orgullo" por La Rioja y, sobre todo, "por los hombres y mujeres que la habitan" porque "cuando peor lo estábamos pasando disteis un paso al frente para asegurar las existencias de material de protección para el personal sanitario, el sociosanitario, y para los trabajadores de los servicios esenciales".

En este sentido, ha recordado, "decenas de empresas riojanas, trabajaron en coordinación con el Gobierno de La Rioja y la Fundación Riojana para la Innovación, y reorientaron sus cadenas de producción".

Aún así, ha continuado, "el momento sigue siendo complicado, para todos. Pero estoy segura de que, pese a las dificultades, doblegaremos cada envite de la enfermedad hasta que llegue la vacuna".

Desde el Gobierno, ha indicado, "estamos poniendo las medidas necesarias e implementando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance en el plano sanitario, en el social y en el económico. Siempre con el objetivo de no dejar a nadie atrás".

A pesar de ser tiempos "difíciles, la presidenta se ha mostrado "optimista" por el paquete de ayudas "más ambicioso de lahistoria reciente de nuestro continente: el Mecanismo para laRecuperación y Resiliencia. Una respuesta extraordinaria a lasextraordinarias circunstancias que afrontamos".

La de encarar ese horizonte próximo de recuperación basado en lapuesta en marcha de proyectos relacionados con ejes decrecimiento estratégicos: la lucha contra la despoblación, la transición energética, la conectividad digital, la protección de los ecosistemas naturales, la transformación de nuestra economía hacia un modelo más sostenible, la promoción de la investigación y la ciencia, la adaptación de los sistemas educativos a la era digital y la modernización de las Administraciones Públicas, la eliminación de la brecha de género, la solidaridad intergeneracional y la cohesión social".

"Ese horizonte, hoy, está más cerca. Pues el Ejecutivo autonómico y Gobierno de España estamos totalmente alineados con lasprioridades de la Comisión Europea para habilitar este esfuerzo deinversión", ha finalizado.

La Generalitat ha licitado el estudio geotécnico para iniciar las obras para retirar el monumento franquista del río Ebre a su paso por Tortosa (Tarragona), y calcula que los trabajos puedan empezar en junio de 2021.

Lo ha explicado la consellera de Justicia, Ester Capella, en rueda de prensa en la ribera del río junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Tortosa, Meritxell Roigé.

Capella ha explicado que este viernes se ha licitado el estudio para asegurar el lecho del río, donde trabajará una grúa de gran tonelaje, y ha detallado que en enero se licitarán las obras de retirada del monumento, y calculan que podrá empezarse en junio, cuando el caudal del río será menor e implicará menos riesgo en los trabajos.

Ha añadido que ya cuentan con un estudio que avala la viabilidad de retirar el monumento, "un proyecto ejecutivo que detalla paso a paso el proceso de deconstrucción", para el que ya han solicitado licencias al Ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica del Ebre.

La consellera ha reprochado que el Gobierno no haya retirado el monumento desde la aprobación de la Ley de memoria histórica, y ha criticado que su permanencia "demuestra la debilidad de la democracia española y la profundidad de la huella del franquismo".

Capella ha también ha criticado que el Estado haya negado ser propietario del monumento: "No lo quiere nadie porque nadie quería asumir la responsabilidad de retirarlo", y ha pedido que no haya trabas ni atrasos al conceder las licencias de obras.

ARAGONÈS: "UN TRABAJO QUE DEBERÍAN HACER ELLOS"

En la misma línea, Aragonès ha reclamado que no haya impedimentos: "Esperamos que el Estado no tenga la tentación de hacer un trabajo que deberían hacer ellos. Estamos dispuestos a borrar todo lo que enaltezca una dictadura que queremos bien lejos".

Ha reprochado que "este monumento se mantiene en pie porque durante demasiado tiempo el Estado español ha aplicado la política de la desmemoria, este Estado que no ha pedido perdón por el presidente Companys es el mismo que no ha hecho limpieza de la guerra".

Aragonès ha pedido no dar ninguna legitimación al fascismo ni a "esta extrema derecha que en el Estado español representa Vox y que algunas fuerzas como PP y Cs con sus pactos han contribuido a blanquear".

TORTOSA PIDE RECONSTRUIR UN PUENTE

La alcaldesa de Tortosa ha afirmado que si el consistorio no había retirado el monumento hasta ahora era por falta de competencias, y ha pedido que la decisión no comporte enfrentamientos: "Para mucha gente, este monumento, más allá de su origen, ha formado parte de la ciudad. Nos guste o no, diferentes generaciones han crecido en Tortosa sin verlo como un símbolo del franquismo sino que lo han tratado como parte del paisaje".

Roigé también ha pedido al Govern que, una vez retirado el monumento, utilicen la pilastra que lo sustente para construir un pasadero que conecte ambos lados de la ciudad, para recuperar "el paso histórico del puente destruido durante los enfrentamientos en Tortosa durante la guerra", y que se sustentaba sobre la misma pilastra que el monumento.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha reprochado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que sugiera "deslealtad" de la formación en el seno del Gobierno de coalición con la enmienda a los Presupuestos para paralizar todos los desahucios y le ha recordado la "fuga" del rey emérito y la fusión de Bankia con Caixabank.

Así lo ha indicado en Twitter en referencia a las declaraciones de este viernes de Robles, quien ha recordado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez. "Y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno", ha espetado la ministra, criticando que Podemos actúe, a su vez, como Gobierno y oposición.

La titular de Defensa le ha pedido a su compañero de gabinete un poco de "humildad" a la hora de desempeñar su labor. "No me gusta que en el ámbito político haya personas que piensen que sirven mejor a los ciudadanos que otro. No hay un catálogo de que es lo mejor y lo peor", ha sostenido.

Unas palabras que ha confrontado Serra al aludir la fusión de Bankia y Caixabank, algo que fue criticado por la formación morada, y la "fuga" del rey emérito, dado que el propio Iglesias desveló que mantuvo una "discusión fuerte" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no informarle este verano de la salida de España de Juan Carlos I.

"Pero 'la deslealtad' es tratar de conseguir que a las familias vulnerables no las echen de sus casas en mitad de esta pandemia", ha enfatizado Serra sobre la enmienda presentada junto a ERC y Eh Bildu, algo que en el Grupo Parlamentario Socialista y en varios ministros del PSOE ha generado malestar.

Por tanto, la también portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha aseverado que la "responsabilidad de Estado y la lealtad de este gobierno debe ser proteger a la gente".

BELARRA TAMBIÉN CARGA CONTRA ROBLES

No ha sido el único 'roce' entre dirigentes de Podemos con Margarita Robles, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha vuelto a replicar a la titular de Defensa y le ha afeado que "quizás esté haciendo daño" al Gobierno al convertirse en la "ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox".

Belarra ya cargó ayer contra Robles al decirle que la prohibir los desahucios de la población vulnerable demuestra la voluntad de gobernar para todos, "no sólo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión" después de que Robles arremetiera contra la posición de Unidas Podemos sobre los desahucios y el conflicto en el Sáhara.

PODEMOS DEFIENDE SU POSTURA

Desde Unidas Podemos han defendido que se comunicó al PSOE la presentación de dicha enmienda y se les invitó a sumarse, por lo que no puede causar malestar. No obstante, mantiene la mano tendida para buscar un acuerdo con los socialistas durante la tramitación parlamentaria de los PGE.

Además, diversos cargos han defendido que buscar la paralización de los desahucios supone lealtad al principal compromiso de la coalición, su acuerdo de gobierno y el programa político del Ejecutivo.

Mientras Pablo Iglesias subrayó esta semana que la paralización de los desahucios, que defiende Unidas Podemos, tiene "enemigos muy poderosos" pero ha destacado que su obligación es "empujar" para "revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias".

"Gobernar es eso", aseguró el también líder de Podemos en Twitter para enfatizar que no les votaron "para hacer amigos" sino para lograr "con las fuerzas que tienen" la prohibición de los desahucios de población vulnerable.