La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha advertido de que las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la situación migratoria en Canarias «llegan tarde».
La organización señala en un comunicado que el repunte migratorio que vive el archipiélago «se inició en su primer ciclo en septiembre de 2019» y ha tenido «un inaudito incremento a partir de septiembre del año en curso» que, a su juicio, «requería más determinación».
Así, aunque admite el «esfuerzo realizado por la administración estatal», señala que «no contar con una red de acogida humanitaria estable en un territorio fronterizo» como Canarias «ha socavado tanto los derechos de las personas que llegan».
«La separación de niñas y niños de sus padres, que se corrigió, la ausencia o deficiencia en la asistencia letrada de las personas, un derecho fundamental, el hacinamiento en el muelle de Arguineguín, la descoordinación entre ministerios y la lenta puesta en marcha de una red de acogida humanitaria está lastrando una gestión», ha señalado la EAPN.
PROPUESTAS
Según ha indicado, el objetivo «loable» de las autoridades ha sido «no dejar a nadie sin un lugar en el que dormir», pero, según apunta, esto está conduciendo a un «callejón sin salida», con «más de 6.000 personas que ahora mismo duermen en hoteles que quedaron cerrados por la crisis turística derivada de la pandemia».
Para la entidad, todas las medidas que el Gobierno pueda poner en marcha para mejorar la situación en Canarias «debe de ser acompañada por más recursos». Además, llama a que se amplíe la red de protección, que ponga especial atención al sinhogarismo y que se hagan derivaciones ágiles, transparentes y periódicas a la península.
Del mismo modo, proponen que se haga pedagogía sobre los desplazamientos de personas y, también, que se impulse más trabajo directo con los países de origen para conseguir dos objetivos: generar vías legales, ordenadas y seguras y apuntalar condiciones de vida que hagan que migrar sea una opción, un derecho, pero no una cuestión de vida o muerte.
«En definitiva, las medidas puestas en marcha deberían ser integrales y, efectivamente, no dejar a nadie atrás, porque lo contrario significará discriminar y avivar la pugna entre personas desfavorecidas, especialmente en esta situación de crisis», ha señalado EAPN.
