El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, ha denunciado que desde que empezó la pandemia del Covid-19 la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 35.000 personas pero no porque se las haya atendido sino porque han fallecido.

"Desde que empezó el Covid-19 se ha reducido en 35.000 personas la lista de espera de atención a la dependencia porque se han muerto. La reducción de la lista de espera está en los cementerios", ha exclamado José Manuel Ramírez.

Así lo ha indicado este lunes 21 de septiembre durante la jornada virtual 'Consecuencias del Covid-19 en las personas con la enfermedad de Alzheimer y sus familiares cuidadores', organizada por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer (CEAFA) con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

Ramírez ha criticado los "recortes inmisericordes" que se han hecho desde el año 2012 y ha culpado a todos los gobiernos desde entonces, también al actual porque, según ha advertido, no ha destinado a dependencia lo que la ley dice que debe aportar: "1.500 millones de euros". En este sentido, ha apelado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

"El vicepresidente de Derechos Sociales tiene que poner dinero al sistema de atención a la dependencia", ha exigido Ramírez, al tiempo que ha añadido que no se puede esperar a los Presupuestos Generales del Estado porque entre las "peleas", los políticos "tienen como rehenes a los más vulnerables".

Según ha precisado, 32.035 personas fallecieron sin haber salido de la lista de espera en los primeros seis meses del año. "¿Cómo podemos soportarlo? Y el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni un solo euro", ha insistido.

A su juicio, en el tema de la dependencia, en España hay "unos gobernantes insumisos, que no cumplen la ley". "Tenemos unos gobernantes sin alma que desde hace tiempo entienden que esta ley se la pueden saltar a la torera", ha criticado.

Ramírez ha lamentado que en medio de la crisis social del Covid-19 "se ha recortado en servicios sociales", algo que ha calificado de "inmoralidad". Por ejemplo, ha indicado que la atención residencial ha disminuido un 9%, que hay unas 4.200 personas menos atendidas en domicilio o 5.000 plazas menos en centros de día, lo que ha provocado que se pierdan más de 11.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, ha denunciado el cierre de 15.000 plazas en residencias de personas que han fallecido. "En lugar de dar esa cama a los 100.000 grandes dependientes, no se las han dado, se ha cerrado la puerta", ha declarado.

LAS CUIDADORAS, UNAS "LUCHADORAS"

Igualmente, ha avisado de que se está avanzando hacia "un sistema low cost de la dependencia" con un incremento de las prestaciones bajas, con casi 6.000 millones de euros menos, que se han dejado de invertir desde 2012. Finalmente, ha animado a las cuidadoras de personas con Alzheimer, en un 90% mujeres, a las que ha definido como unas "luchadoras".

También la presidenta de CEAFA, Cheles Cantabrana, ha puesto en valor el trabajo que realizan las cuidadoras no profesionales, poniendo énfasis en lo que ha supuesto para ellas el confinamiento: "Ha sido emocionalmente muy duro".

Igualmente, ha criticado la "defección" del Gobierno español por no cumplir con los compromisos que habían adquirido con el sistema de la dependencia. "La ley no está bien desarrollada ni dotada económicamente. Las autonomías han hecho un esfuerzo de una forma u otra, pero el Estado ha sido una decepción", ha subrayado.

Cantabrana también se ha referido al drama de las residencias durante la pandemia, donde han fallecido al menos 23.242 mayores desde el pasado mes de marzo, según el último recuento con fecha de 18 de septiembre. "Todos estamos asustados de lo que ha pasado en estos centros, han quedado en entredicho", ha indicado.

Por su parte, el neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Guillermo García Ribas, ha constatado que el "tsunami" del Covid-19 ha provocado un "incremento del deterioro" cognitivo de los enfermos de Alzheimer y ha advertido de que aún no se conocen cuáles serán los "efectos a largo plazo.

Además, ha puesto de relieve que estas personas tienen "dificultad para entender" la situación de pandemia y muestran "rechazo a las medidas de higiene". "A la mayoría les ha trastocado", ha asegurado.

UN "PARÓN" EN LA INVESTIGACIÓN DEL ALZHEIMER

Otro de los efectos de la pandemia, según ha precisado, ha sido la "finalización prematura" de algunos ensayos clínicos sobre el Alzheimer y prevé que la nueva ola "va a hacer que se retrase todavía más la investigación". "Debemos superar el miedo para que continúe la investigación y esto no suponga un parón más en nuestra esperanza de encontrar una cura para la enfermedad del Alzheimer", ha subrayado.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que "la telemedicina ha venido para quedarse" y ha apostado por buscar cómo aplicar estas nuevas tecnologías a la población anciana y dependiente.

Las asociaciones de jueces han advertido este lunes que el proyecto de Ley para reformar la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica puede conllevar que "decenas de miles de medidas" vuelvan a los juzgados y ello sin previsión presupuestaria y sin refuerzo de juzgados.

En un comunicado conjunto firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente hacen así referencia a la posibilidad contemplada en las disposiciones transitorias de aplicar la nueva Ley, al momento de entrar en vigor, a los procedimientos judiciales relativos a la capacidad de las personas que ya estén en trámite.

Así, en la reforma de la ley, que desde julio se encuentra en trámite parlamentario de enmiendas, se recoge en las disposiciones transitorias que la totalidad de medidas que hasta ese momento se hayan adoptado judicialmente en relación a la capacidad de las personas, puedan ser revisadas por los tribunales a la luz de la nueva regulación, previa petición de parte (obligatoria en muchos supuestos).

"Estamos hablando, en el mejor de los casos, de decenas de miles de medidas que podrían volver a los juzgados. Ello se hace sin dotación presupuestaria alguna ni previsión de creación de órganos judiciales que permita absorber la avalancha de asuntos que los juzgados, la mayoría de ellos sin especializar en la materia, van a recibir", ha denunciado.

En este sentido, han alertado que si se mantiene esta previsión el resultado va a llevar a una "sobrecarga" de dichos juzgados, "con el consiguiente retraso en la tramitación de los asuntos, muchos deellos particularmente sensibles". "En concreto, se verán perjudicadas justo aquellas personas con discapacidad a las que precisamente la ley trata de apoyar, al enterrar sus asuntos en órganos judiciales insuficientes y sin apoyos ni medios bastantes", han indicado.

Por todo ello, las cuatro asociaciones de jueces han trasladado su confianza para que este "grave error de cálculo" puede ser corregido en la tramitación parlamentaria.

El Obispado de Ibiza y Formentera ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra la medida del Govern que afecta a los lugares de culto.

El administrador diocesano, Vicente Ribas, así lo ha comunicado a los fieles, a quienes ha dirigido un carta en la que les explica que el pasado día 15 la consellera de Salud, Patricia Gómez, hacía publica la resolución en la que se adoptaban una serie de medidas temporales para la contención de la Covid-19.

Entre las medidas, Ribas recuerda que se suprime la actividad de los lugares de culto, con excepción de la celebración de funerales, que podrán hacerse siempre que no se supere el 33 por ciento de la capacidad y con un máximo de 15 personas.

Así, lamenta que la consellera ha decidido cerrar las dos parroquias de la ciudad de Ibiza situadas dentro de la zona confinada.

Para el administrador diocesano, se trata de una medida "desproporcionada e injustificada" y, por ello, cuestiona los criterios objetivos que han llevado a la responsable de Salud a nivel autonómico a la adopción de suprimir el culto.

Según Ribas, tras esta supresión "no hay absolutamente ningún criterio objetivo, excepto la pura y más absoluta arbitrariedad". También ha recordado que la libertad religiosa, "como casi todo el mundo sabe, puesto que parece que hay quien lo desconoce, está recogida por la Declaración de los Derechos Humanos y en las constituciones o cartas magnas de todos los países que se declaran y son democráticos".

En la carta a los fieles también manifiesta que "ni lo justo ni lo ético no puede ser confundido con lo legal. Los problemas éticos deben ser resueltos en el campo ético y no en el jurídico. La ley no puede suplantar ni a la justicia ni a la ética. No todo lo legal es siempre ético". Además, Ribas afirma que "se impone denunciar todos los abusos que se cometan en nombre de la justicia".

Sobre la pandemia, Ribas considera que no se está ante un problema cualquiera, ni en medio de una crisis sanitaria (como otras en la historia) para olvidarse de ella y de sus consecuencias una vez superada. De hecho, se está ante una cuestión de gran envergadura para la "memoria histórica", ha concluido.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza 'Dina', de la macrocausa 'Tándem', ha acordado no admitir la querella presentada por el partido político Vox contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; contra su exasesora Dina Bousselham; el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa y la abogada de Podemos Marta Flor, según han confirmado fuentes jurídicas.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, da la razón así a la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito de la semana pasada pedía inadmitirla porque los delitos que les imputaba no serían competencia del juez que instruye el caso por no haber conexividad entre los delitos investigados y los que se detallaban en la querella.

A esto, el fiscal jefe Anticorrupción añadía que al haber aforados entre los querellados (Iglesias y Stampa) la causa correspondería en todo caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"La querella interpuesta por Vox debería haber sido inadmitida de plano (...) y debe ser inadmitida en caso de que se subsanen los defectos procesales", señalaba el fiscal para luego añadir que la razón era que "su contenido no guarda conexión con el objeto procesal de la pieza y se dirige a personas aforadas".

En su querella, Vox les imputaba hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en el que Flor comenta determinada información que habría obtenido del representante del Ministerio Público. En concreto, la querella se presenta por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.

Tanto la postura del Ministerio Público como la resolución del juez van en la línea de lo defendido por los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que en su auto de la semana pasada readmitían a Iglesias como perjudicado en la causa, y explicaban que en caso de investigarse nuevos posibles delitos que no tuvieran que ver con la organización supuestamente criminal de Villarejo, esos hechos debían instruirse en otro órgano que no fuera la Audiencia Nacional.

En esta pieza número 10 'Dina' se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham en 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía, así como las publicaciones de los mismos en medios. Documentos que estaban en ese terminal aparecieron en dos carpetas alojadas en un disco duro y un pendrive que fueron hallados en el registro del domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, principal investigado de la macrocausa 'Tándem'.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado la Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores, un documento que incluye un diagnóstico y establece unos objetivos concretados en seis líneas de actuación, y materializados en 37 medidas, para avanzar en la recuperación de estas especies, encargadas de la polinización del 78% de las flores silvestres y del 84% de los cultivos de la Unión Europea.

Estas poblaciones prestan un servicio ecosistémico esencial valorado, en el caso del sector agrícola español, en unos 2.400 millones de euros anuales, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por otro lado, en la reunión, presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha acordado el reparto territorial de más de 20,7 millones de euros para programas vinculados con la protección del medioambiente.

En concreto, los fondos se dirigirán a actuaciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la gestión de residuos; la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano; la protección de especies en situación crítica; y la promoción del desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de Parques Nacionales.

La conferencia ha aprobado los criterios de reparto y la distribución de fondos sobre las actuaciones del PIMA Cambio Climático, la Política de Residuos y el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Residuos, así como la distribución de la dotación correspondiente a las actuaciones del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el reparto de fondos en Áreas de Influencia de los Parques Nacionales.

CONSERVACIÓN DE LOS POLINIZADORES

La Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores parte de un diagnóstico de este grupo biológico esencial para la conservación de la biodiversidad, la preservación de la producción primaria y la alimentación humana. Pese a su importancia, las poblaciones de estas especies "se han reducido drásticamente en los últimos años".

A partir de este análisis, que identifica las amenazas que sufren las especies que participan en la zoopolinización, la Estrategia fija objetivos en seis áreas de acción: Conservación de especies amenazadas y sus hábitats; Promoción de hábitats favorables; Mejoras en la gestión, y reducción de los riesgos derivados de plagas, patógenos y especies invasoras; Reducción del riesgo derivado del uso de productos fitosanitarios; Apoyo a la investigación; y Acceso a la información y divulgación sobre su papel en la conservación de la biodiversidad y de actividades económicas como la agricultura

Para cumplir estos objetivos, la Estrategia detalla 37 medidas que incluyen, entre otras, la identificación y conservación de las poblaciones más amenazadas; la implementación de infraestructuras verdes para conservar especies y hábitats; o la integración, en el marco de los Programas de Desarrollo Rural, de acciones específicas relacionadas con la conservación de los hábitats de los polinizadores en el contexto de la actual Política Agrícola Común (PAC).

Además, incluye la mejora de hábitats naturales y seminaturales en entornos agrícolas a través de las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente en el contexto de la actual y la futura PAC; la promoción en apicultura de la raza autóctona Apis mellifera iberiensis para la conservación de la diversidad genética; y la promoción de sistemas que minimicen la exposición de los polinizadores a los productos fitosanitarios, evitando su dispersión y afección a franjas de vegetación no objetivo del tratamiento.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDIO URBANO

Otro de los puntos de la Conferencia se centró en el reparto territorial de los fondos del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Cambio Climático. En total, se han distribuido 9 millones de euros dirigidos a actuaciones de adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, donde reside el 80 por ciento de la población española.

Los beneficiarios de los fondos serán entidades locales y municipios con un tamaño inferior a 100.000 habitantes. En el caso de las actuaciones para el diseño e implantación de Zonas de Bajas Emisiones, el Plan se dirige a entidades de entre 50.000 y 100.000 habitantes.

La territorialización de los fondos aprobados se ha llevado a cabo en función de proyecciones climáticas -concretamente, de las necesidades de refrigeración en cada territorio-, del número de municipios menores de 100.000 habitantes y de la población en municipios menores de 100.000 habitantes, estableciéndose un máximo de 1 millón de euros y un mínimo de 100.000 para cada administración autonómica.

La Conferencia Sectorial también ha autorizado la distribución de 5,87 millones de euros procedentes de PIMA de Residuos y de las líneas presupuestas asignadas a la Política de Residuos.

El objetivo es promover actuaciones que permitan reducir las emisiones de GEI asociadas al sector y, por otro lado, avanzar en la consecución de los objetivos nacionales y comunitarios en esta materia. Entre ellas se encuentran iniciativas de recogida separada de biorresiduos, construcción de instalaciones de compostaje y recogida separada de aceite de cocina usado para la fabricación de biocarburante.

AYUDAS PARA ESPECIES EN SITUACIÓN CRÍTICA

Por otro lado, el orden del día del encuentro ha incluido el acuerdo para el reparto de un millón de euros dedicados a la corrección de tendidos eléctricos en Castilla y León, Galicia e Islas Canarias.

Además, se ha acordado destinar otro millón de euros para acciones de conservación de cuatro especies declaradas "En situación crítica": 453.852 euros se dedicarán a la conservación del urogallo cantábrico -y en concreto, a su nuevo centro de cría en Castilla y León-; 252.986 euros se centrarán en trabajos de conservación del visón europeo en La Rioja; 95.200 euros irán a tareas de conservación de la cerceta pardilla dentro de la Comunitat Valenciana; y 80.000 euros irán destinados a los trabajos de conservación de la Jara de Cartagena, en Murcia.

En cuanto al reparto de fondos de Áreas de Influencia de los Parques Nacionales, cuyo presupuesto total asciende a 3 millones de euros, su objetivo es promocionar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los 15 Parques Nacionales que componen la Red, formada por 169 municipios en los que viven alrededor de 1,5 millones de personas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado como nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional al comisario principal Rafael Pérez Pérez, que será el máximo responsable de Policía Judicial, y a Agustín Alonso-Carriazo López, nombrado subdirector general de Recursos Humanos y Formación.

El primero sustituye a Eloy Quirós tras su jubilación y el segundo a Pilar Allúe, después de que la 'número tres' del cuerpo, una de las portavoces de la Policía en las comparecencias en Moncloa durante el estado de alarma por el coronavirus, dejara la cúpula para ser consejera de Interior en la Embajada de España en Roma.

El tercer nombramiento comunicado este lunes, todos a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, es el de María Alicia Malo Sánchez, que pasará a ser la nueva responsable de la División de Cooperación Policial Internacional.

Según ha informado Interior, Rafael Pérez Pérez es licenciado en Derecho y, además de contar con diversos diplomas y cursos de especialización, ha participado como ponente en numerosas actividades formativas, sobre todo referidas al ámbito del tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales.

El nuevo comisario general de Policía Judicial ingresó en la Escuela Superior de Policía en 1980 y ascendió a comisario principal en 2017. De él dependerán orgánicamente relevantes unidades de investigación como la UDEF, la UDEV o la UDYCO.

A lo largo de su carrera profesional, Pérez Pérez ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, en la Brigada Central de Crimen Organizado y en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, entre otros. Hasta su actual nombramiento era secretario general de la Comisaría General de Policía Judicial y ocupó el cargo de jefe interino tras la jubilación de Eloy Quirós el pasado mes de agosto.

Alonso-Carriazo López, por su parte, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de contar con otros diplomas y numerosos cursos de especialización y formación. Ingresó en la Policía Nacional en 1983 y, tras sucesivos ascensos, alcanzó la categoría de comisario principal en 2016.

A lo largo de su carrera profesional ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad tanto en el ámbito operativo como de gestión. Hasta ahora era el máximo responsable de la División de Personal de la Dirección General de la Policía, puesto que desempeñaba desde finales de 2017.

Por último, la comisaria principal Alicia Malo Sánchez es licenciada en Filología Hispánica, posee un máster en Dirección Estratégica de Seguridad Pública y cuenta con conocimientos avanzados en alemán, árabe e inglés. Además, ha participado en diversas actividades formativas especializadas en relaciones internacionales y ha sido ponente en cursos de especialización en seguridad en embajadas, de seguridad para diplomáticos o de misiones en zonas de conflicto, entre otros.

Ingresó en la Policía Nacional en 1990, ascendió a inspectora jefa en 2005, a comisaria en 2012 y a la máxima categoría de la Policía Nacional en 2020. Hasta su actual nombramiento ha estado destinada en la Comisaría General de Policía Judicial, en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas y en la División de Cooperación Policial Internacional, donde se encontraba al frente de la secretaría general.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha dictado este lunes dos instrucciones para permitir que los progenitores nacionales de terceros países de menores ciudadanos de la Unión Europea, incluidos españoles, puedan obtener una tarjeta de residencia.

El objetivo es "garantizar un entorno estable para el desarrollo del menor", según informa el Ministerio en un comunicado. Además, con esta medida da respuesta a una demanda de múltiples colectivos e instituciones, como el Defensor del Pueblo.

De esta forma, se "aporta seguridad jurídica" a dos colectivos que, hasta el momento, se veían expuestos a una situación de irregularidad sobrevenida si no cumplían con los requisitos exigidos a la hora de renovar su autorización de residencia.

Entre estos requisitos, destacaba la necesidad de justificar tanto para sí mismo como para los miembros de su familia la tenencia de un seguro de enfermedad y de acreditar recursos suficientes que garantizasen que su estancia no iba a suponer carga económica alguna para el Estado.

Si bien, a partir de ahora, la concesión o la prórroga de la tarjeta de residencia deja de estar condicionada a los criterios sobre la procedencia de sus recursos económicos, según precisa el Ministerio.

En concreto, aquellos progenitores nacionales de terceros países de menores ciudadanos de la Unión que no cumplan con los requisitos exigidos podrán acogerse a la figura del arraigo familiar y acceder a la prórroga de dicha autorización, tal y como marcan tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo.

En segundo lugar, cuando se trate de un progenitor nacional de un tercer país de un menor de nacionalidad española, accederán igualmente a la autorización de residencia. Asimismo, la instrucción determina que la concesión o denegación de dicha autorización no podrá en ningún caso basarse en criterios automáticos.

Salud Pública ha confirmado 271 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 en Aragón tras la realización de 2.619 pruebas PCR, siendo la fecha de referencia este domingo, 20 de septiembre, según recoge el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. La tasa de positividad es del 10,35 por ciento y se ha contabilizado un 37 por ciento de asintomáticos.

Por provincias, 199 casos corresponden a Zaragoza, por 59 detectados en Teruel y 10 en Huesca, habiendo tres casos sin procedencia determinada. Se han autorizado 230 altas epidemiológicas. Del total, el 57 por ciento son pacientes de entre 35 y 44 años, mientras que el 39 por ciento tiene de 25 a 34 años y el 15 por ciento de uno a catorce años.

Por zonas básicas de salud, 31 son de Andorra (Teruel), 12 de Híjar (Teruel), 11 de Casetas, 11 de Universitas, 10 de Delicias Sur y 10 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

También se han detectado nueve casos en la de Caspe; 8 en Calatayud Urbana, 8 en Fernando el Católico; 8 en Hernán Cortés; 7 en Miralbueno-Garrapinillos; 6 en Calatayud Rural; 6 en Morata de Jalón; 6 en Rebolería; 6 en Torre Ramona; 5 en Delicias Norte, Las Fuentes Norte, María de Huerva, Oliver y Valdefierro; cuatro en Alcorisa, Alfajarín, Calanda, Independencia, Parque Goya, Sagasta-Ruiseñores; Valdespartera-Montecanal.

Además, se han registrado tres casos en Alagón, Huesca capital sectores uno y tres; Teruel Ensanche, Utebo y Zalfonada; dos en Actur Norte y Sur, La Almozara, La Bombarda, Daroca, Ejea, Fuentes de Ebro, Madre Vedruna-Miraflores; Romareda-Seminario; San José Centro, Norte y Sur, San Pablo, Venecia y Zuera. Por último, con un solo caso se encuentran Alcañiz, Barbastro, Binéfar, Calaceite, Cedrillas, Gallur, Mora de Rubielos, Sádaba, Santa Isabel y Villamayor. Hay 11 casos de zonas de salud no identificadas.

HOSPITALIZACIÓN

En los hospitales aragoneses hay 489 camas ocupadas por pacientes COVID, 425 en planta y 84 en UCI, y un total de 1.421 camas convencionales disponibles, así como 63 camas UCI disponibles.

De esta forma, hay 52 pacientes COVID en el Hospital Royo Villanova, 47 en planta y cinco en UCI; 13 en el Provincial de Zaragoza, 10 en planta y tres en UCI; 97 en el Miguel Servet, con 75 y 22, respectivamente; ocho en planta en el Hospital de la Defensa; 132 en el Clínico, de los que 20 están en UCI.

Hay 10 en el centro sanitario Ejea-Cinco Villas; siete en el Hospital Ernest Lluch; 33 en el San Jorge de Huesca, siete en UCI; 14 en el de Barbastro, con tres en UCI; seis en el C.S. Fraga-Bajo Cinca; 18 en el Obispo Polanco, cuatro en UCI; tres en el San José de Teruel; 40 en el Hospital de Alcañiz.

En cuanto a los hospitales privados, hay tres en la Clínica de la MAZ; cuatro en la Montepellier, todos en planta; uno en la Clínica Nuestra Señora del Pilar; siete en el Hospital Quirón; 38 en San Juan de Dios; y tres en la Clínica Santiago.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha entregado este lunes las Creus de Sant Jordi a 29 personalidades y 15 entidades, a los que ha calificado de "ejemplo y reflejo de lo que es Cataluña".

En una entrega en el Palau de la Generalitat, que se ha realizado en tres bloques por las medidas de prevención por el coronavirus, ha señalado que las Creus de Sant Jordi son "un símbolo de determinación, de resistencia y de lucha".

Ha afirmado que la entrega de las Creus de Sant Jordi desde 2018 están marcadas por la "excepcionalidad", a la que este año se añade la pandemia, que ha obligado a cambiar el formato de otros años en el Teatre Nacional de Cataluña (TNC).

Torra ha destacado que Cataluña es un pueblo con historia y alma, y ha añadido que "sin cultura no hay libertad.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha defendido que los premiados son "constructores de pensamiento crítico" y que son necesarios los referentes, y ha subrayado que la cultura es un elemento de transformación.

PREMIADOS

Las Creus de Sant Jordi han reconocido a los hermanos Roca, al pintor y escultor Miquel Barceló --cuyo galardón ha recogido Joan Roca--; la deportista Laia Sanz y los activistas por la memoria histórica Carme Salvador y Guillem Agulló, padres del asesinado en 1993 Guillem Agulló.

También han sido reconocidos la coreógrafa Sol Picó; la diseñadora Miriam Ponsa; la pianista, pedagoga y compositora Àngels Alabert; el doctor e ingeniero industrial Josep Amat; la pintora Roser Bru; la historiadora Martina Camiade; la bióloga Purificación Canals; el poeta Antoni Canu, y la bioingeniera Teresa Capell; la actriz y directora escénica Imma Colomer y el historiador del arte Eduard Carbonell, entre otros.

Se ha distinguido a entidades como Pallasos sense Fronteres; la Associació Recvll Blanes; las aulas de extensión universitaria para gente mayor en la Universitat de Barcelona (UB); la Banda Municipal de Música de Alcanar; el Ecomuseu de les Valls d'Àneu; la Federació d'Entitats Excursionistes de Cataluña; la Fundació Sanitària Sant Pere Claver; Associació Cultural Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre y Taller Àuria SCCL, entre otras.

UNIDOS POR EL ESFUERZO

En nombre de los premiados, el cocinero Joan Roca ha subrayado que "la más alta institución del país" les reconoce, y ha subrayado que los galardonados están unidos por el esfuerzo y la dedicación a los otros.

La actriz y directora de escena Imma Colomer ha tenido un recuerdo para los políticos catalanes en prisión y en el extranjero, y ha destacado el hecho de que haya paridad entre los galardonados: "No es un gesto simbólico, es indispensable".

Colomer ha defendido la lengua catalana, ha subrayado que Cataluña ha vivido en los últimos tiempos situaciones "de una gravedad que no se hubiese imaginado", y ha defendido la cultura como un bien de primera necesidad.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Almería ha ratificado la resolución de la Junta de Andalucía por la que se ordena una cuarentena preventiva para las once personas que el pasado sábado fueron puestas en libertad desde el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), custodiado por la Policía Nacional, a pesar de haber estado en contacto estrecho en una patera con un positivo en covid-19 que, en su caso, fue evacuado por los servicios médicos para su aislamiento y seguimiento correspondiente.

En su auto, dictado este mismo lunes, el juez avala la decisión adoptada el pasado día 19 por la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para que los afectados por el contacto con un caso positivo fueran trasladados al centro habilitado en Víznar (Granada) para su control sanitario al menos hasta el 30 de septiembre. No obstante, dicho traslado no llegó a producirse.

"Han dejado en las calles de Almería a once migrantes contactos directos de un positivo. Han decidido cambiar las reglas de juego a mitad de partida", ha señalado al respecto durante este fin de semana a través de su cuenta de Twitter la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ya que, según se defiende desde el Ejecutivo andaluz este tipo de traslados se había realizado hasta ahora por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El magistrado avala la decisión "proporcionada" y "excepcional" de la Junta para efectuar el aislamiento de los afectados "por razones de salud pública y humanitarias y por tiempo limitado" fin de conseguir la "contención" del virus. "Se hace inevitable la intervención de la administración para proteger la salud colectiva, ante el riesgo de contagio existente, en la situación actual de pandemia", añade el juez.

Los 12 afectados fueron rescatados el pasado miércoles cuando la patera en la que viajaban fue interceptada, de modo que fueron evacuados hasta el Puerto de Almería donde, a su llegada, se realizó eltriaje sanitario y las pruebas de detección de covid-19, lo que dio lugar a un positivo. Así, las autoridades sanitarias decretaron el aislamiento y seguimiento de esta persona al tiempo que ordenaron la cuarentena de sus contactos estrechos.

Fue entonces cuando la Junta, "a efectos de evitar posibles trasmisiones en aras de salvaguardar la salud pública del resto de la ciudadanía", ordenó que se procediera al "aislamiento forzoso de modo puntual, temporal, excepcional y por razones de salud pública y humanitarias hasta que el Gobierno de España dentro de sus competencias designe un recurso habitacional adecuado para su aislamiento". No obstante, tras el periodo de detención de 72 horas, los once contactos estrechos fueron liberados.

Cabe indicar que esta ratificación judicial es una de las herramientas de las que dispone la autoridad sanitaria para respaldar aquellas medidas que considere urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental "a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el apoyo, si así fuese necesario, de la policía local del ayuntamiento concernido", según recoge el protocolo de actuación elaborado por la Secretaria de Estado de Migraciones.

Desde que la Junta de Andalucía habilitó dos espacios de cuarentena para positivos o casos sospechosos de covid-19 en Víznar (Granada) y Algeciras (Cádiz), han sido 55 las personas con contacto estrecho las que han sido derivadas desde Almería a estos centros para su aislamiento preventivo, siendo efectuados estos traslados por parte del Gobierno central, según han asegurado desde la Junta.

El Congreso de los Diputados va a rehabilitar el interior uno de sus edificios, el situado en la Plaza de las Cortes, número 9, y ha abierto un concurso para adjudicar el contrato de las obras con un valor estimado de 9,6 millones de euros, que se pagarán con cargo a la cuenta de remanentes de la Cámara.

Este edificio, que antiguamente acogía dependencias destinadas a los grupos parlamentarios, lleva en desuso desde 2006 y tiene que ser sometido a una reforma integral de su interior para poder ser de nuevo utilizado.

Como los otros cuatro edificios en los que se reparten las dependencias parlamentarias, es propiedad de Patrimonio Nacional, pero está cedido al Congreso.

El contrato para su rehabilitación tiene un presupuesto base de licitación sin impuestos de 8.019.492,33 euros y un valor estimado global de 9.623.390,80 euros, según consta en el pliego.

10 MESES DE OBRAS

Las empresas que quieran presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 10 de octubre y se estima que las obras duren un máximo de diez meses.

El Congreso ya invirtió 3,7 millones en 2015 para garantizar la estabilidad del edificio, que antes de aquellas obras ya estuvo meses protegido por andamios.

El inmueble, construido originalmente para viviendas en 1918 y diseñado por el arquitecto Cesáreo Iradier, fue acondicionado en 1985 para acoger despachos de los grupos de los parlamentarios, una cafetería y hasta un pequeño gimnasio en el sótano.

En 2006, las oficinas de los grupos parlamentarios se trasladaron a los edificios en los que tenían sus sedes el Banco Exterior y el Banco de Crédito Industrial, que pasaron a formar parte del recinto parlamentario, y pese a que entonces se proyectó una nueva reforma del edificio de la Plaza de las Cortes, finalmente se renunció al proyecto por la crisis.

Ahora se ha optado por recuperar este proyecto pendiente y se ha licitado el concurso, pero se ha decidido cargar los gastos a la cuenta de remanentes del Congreso, que supera ya el presupuesto anual de la Cámara y se acerca a los 105 millones. En concreto, hasta el pasado mes de marzo la Cámara acumulaba 104.724.593,38 euros de remanentes.

La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo se ha reunido este lunes tras diez años sin convocarse y lo hace con una renovación que incluye el aumento a 22 de las formaciones que lo han suscrito y han establecido una serie de propuestas para su renovación como la ampliación de su ámbito en vigor a las esferas autonómicas y estatal o retirar privilegios en asignación económica a quienes incurran en esta práctica.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presidido este lunes la reunión del pacto tras la reactivación del mismo que tuvo lugar el pasado 29 de julio, en la que se acordó esta cita para dar cuenta de las nuevas formaciones que se adhieren y las propuestas de renovación del acuerdo.

Entre las renovaciones, el Pacto suma 14 nuevos miembros y se han propuesto nuevas aportaciones al mismo como trasladar el acuerdo del pacto, referido hasta ahora al escenario local, al ámbito del Congreso de los Diputados y Senado, otras instituciones y asambleas autonómicas, promoviendo así un nuevo acuerdo que sume todas las esferas: estatal, autonómica y local.

Las propuestas consideran el transfuguismo asimismo como una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por los ciudadanos en las urnas. En este sentido, señalan que los partidos políticos deben ser ejemplares y contundentes contra esta lacra, porque el tránsfuga es responsable de quebrar con su actuación la voluntad popular.

Igualmente, se plantea que los tránsfugas no reciban privilegios en asignación económica, ni premios por quebrar la voluntad popular y que el nuevo consenso se materialice en una reforma legislativa con rango de ley.

DENUNCIAS EN ESTELLA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Secretaría del Pacto Antitransfuguismo ha recibido ya dos denuncias, una de ellas presentada por Unión del Pueblo Navarro en relación con un posible caso de transfuguismo de dos ediles de la corporación del Ayuntamiento de Estella (Navarra) y otra del PSOE en relación con otro posible caso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado 13 de julio.

Estas denuncias y aquellas otras que puedan plantearse podrán analizarse a partir del momento en que se apruebe la renovación de los compromisos del Pacto, mediante la actualización de la Adenda correspondiente, y la elección de los nuevos expertos independientes.

Tras este primer encuentro, la Comisión de Seguimiento ha acordado celebrar próximamente una nueva reunión tras las negociaciones para la modificación del Pacto, la actualización de la Adenda y la renovación del grupo de expertos.

Tras estos cambios, forman a partir de ahora parte del Pacto Antitransfuguismo un total de 22 fuerzas políticas con representación parlamentaria. En concreto, a PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y BNG, que ya formaban parte del pacto original, se sumarán ahora Unidas Podemos, Ciudadanos, Galicia en Común, PAR, Cataluña en Común, Agrupación Socialista de la Gomera, Partido Socialista de Cataluña, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Equo, Más País, Mes per Mallorca, Compromís y Geroa Bai.

Además de la ministra, a este encuentro han acudido también el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernandez Spínola, y la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez. Los representantes de las distintas formaciones políticas adheridas al Pacto han intervenido por videoconferencia.

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, ha denunciado que desde que empezó la pandemia del Covid-19 la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 35.000 personas pero no porque se las haya atendido sino porque han fallecido.

"Desde que empezó el COVID-19 se ha reducido en 35.000 personas la lista de espera de atención a la dependencia porque se han muerto. La reducción de la lista de espera está en los cementerios", ha exclamado José Manuel Ramírez.

Así lo ha indicado este lunes 21 de septiembre durante la jornada virtual 'Consecuencias del Covid-19 en las personas con la enfermedad de Alzheimer y sus familiares cuidadores', organizada por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer (CEAFA) con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

Ramírez ha criticado los "recortes inmisericordes" que se han hecho desde el año 2012 y ha culpado a todos los gobiernos desde entonces, también al actual porque, según ha advertido, no ha destinado a dependencia lo que la ley dice que debe aportar: "1.500 millones de euros". En este sentido, ha apelado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

"El vicepresidente de Derechos Sociales tiene que poner dinero al sistema de atención a la dependencia", ha exigido Ramírez, al tiempo que ha añadido que no se puede esperar a los Presupuestos Generales del Estado porque entre las "peleas", los políticos "tienen como rehenes a los más vulnerables".

Según ha precisado, 32.035 personas fallecieron sin haber salido de la lista de espera en los primeros seis meses del año. "¿Cómo podemos soportarlo. Y el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni un solo euro", ha insistido.

A su juicio, en el tema de la dependencia, en España hay "unos gobernantes insumisos, que no cumplen la ley". "Tenemos unos gobernantes sin alma que desde hace tiempo entienden que esta ley se la pueden saltar a la torera", ha criticado.

Ramírez ha lamentado que en medio de la crisis social del COVID-19 "se ha recortado en servicios sociales", algo que ha calificado de "inmoralidad". Por ejemplo, ha indicado que la atención residencial ha disminuido un 9%, que hay unas 4.200 personas menos atendidas en domicilio o 5.000 plazas menos en centros de día, lo que ha provocado que se pierdan más de 11.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, ha denunciado el cierre de 15.000 plazas en residencias de personas que han fallecido. "En lugar de dar esa cama a los 100.000 grandes dependientes, no se las han dado, se ha cerrado la puerta", ha declarado.

Igualmente, ha avisado de que se está avanzando hacia "un sistema low cost de la dependencia" con un incremento de las prestaciones bajas, con casi 6.000 millones de euros menos, que se han dejado de invertir desde 2012. Finalmente, ha animado a las cuidadoras de personas con Alzheimer, en un 90% mujeres, a las que ha definido como unas "luchadoras".

Las residencias de Navarra registran en estos momentos 50 casos activos por Covid-19 y se ha detectado un nuevo brote en el centro asistencial de la localidad de Funes, con dos nuevos casos.

Por otra parte, sobre los brotes activos, se han detectado dos nuevos casos en el centro para personas con discapacidad de San José, y en el psicogeriatrico-salud mental de Mentalia, en Olave, hay que añadir otros dos casos, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

En la actualidad, hay 50 casos activos (la semana pasada eran 31), de los que permanecen en residencias 13 pacientes sintomáticos y ocho asintomáticos. Otros cinco se encuentran ingresados en centros hospitalarios y 24 más han sido trasladados a los recursos intermedios de Pamplona y San Adrian.

Por otra parte, se han producido ya 18 altas epidemiológica, sin necesidad de aislamiento posterior. En lo relativo a profesionales, son 36 los positivos sintomáticos (frente a los 35 de la pasada semana) y 21 los asintomáticos, (13 la pasada semana).

Asimismo, se han producido seis fallecimientos, todos ellos en centros hospitalarios, de personas procedentes de centros residenciales desde el pasado 1 de julio.

Respecto a los centros de personas con discapacidad, hay 16 casos activos, de los cuales cuatro están hospitalizados, dos son asintomáticos y permanecen en los centros y 12 más están en los recursos intermedios. No ha habido ningún fallecimiento desde el pasado 1 de julio.

En todos los casos, se ha activado el protocolo para este tipo de centros en Navarra y todo el personal trabajador y residente de los cinco se va a someter a pruebas para la detección del Covid-19 en las próximas horas.

Las visitas y las salidas de las residencias han quedado restringidas hasta que deje de haber casos activos en ellas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados que la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se tramita en el Congreso de los Diputados, sea "plenamente respetuosa" con los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque el texto no menciona directamente a las personas con discapacidad, recoge expresiones que en opinión del movimiento CERMI deberían suprimirse, como "persona plenamente capaz y consciente"; "en plena capacidad de obrar"; "enfermedad invalidante"; "limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación"; "situación de incapacidad de hecho: situación en el que el paciente carece de entendimiento y de voluntad suficiente para gobernar su vida de forma autónoma sin que necesariamente haya resolución judicial de capacitación", e "impedido físicamente".

Para el CERMI, estas expresiones son "imprecisas, inapropiadas y muchas veces incorrectas desde una consideración exigente de derechos humanos". "Pueden dar pie a interpretaciones indeseables de la futura ley en relación a las personas con discapacidad", lamentan.

En este sentido, recuerdan que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión a España, formuló recomendaciones, entre las que se encontraba la de "velar por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación".

Por ello, el CERMI defiende que la regulación de la eutanasia debe aludir a las personas que presentan "una condición, estado o situación de salud caracterizado por la presencia de una enfermedad o patología graves e incurables que ocasionen padecimientos continuos e insoportables en los términos establecidos en esta ley", evitando los términos anteriores.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En relación con el consentimiento informado, aunque está ampliamente citado en la iniciativa legislativa, afirman que "no recoge ningún tipo de salvaguarda ni procedimiento para que el mismo sea accesible e inclusivo y ofrezca todas las garantías a las personas con discapacidad que quieran ejercer este derecho".

Para resolver esta cuestión, la plataforma representativa de la discapacidad en España plantea la incorporación a la ley de una disposición adicional específica sobre personas con discapacidad que recoja que "en los procedimientos que hayan de seguirse en virtud de lo establecido en esta ley para solicitar y recibir ayuda para morir, cuando se trate de personas con discapacidad, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas".

Asimismo, el CERMI pide que se indique explícitamente que se facilitarán "las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y de los demás derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico".

De igual modo, insta a que se establezca que "las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas".

Cantabria ha registrado otros 56 nuevos casos de coronavirus y cuenta con 1.887 activos, de los que 76 se encuentran hospitalizados, 10 de ellos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y 1.811 en cuarentena domiciliaria.

Según los datos de este domingo facilitados hoy por la Consejería de Sanidad, la cifra de casos nuevos es igual a la del día anterior, mientras que los activos han aumentado en 16 y los hospitalizados en cuatro.

Durante la semana pasada (38), se ha registrado un descenso del número de casos, pasando de los 860 de la anterior a 595.

En la última jornada no se ha registrado ningún fallecimiento a causa del coronavirus en Cantabria, por lo que el número total se mantiene en 229.

De acuerdo con las cifras actualizadas, los acumulados positivos en la región desde que comenzó la pandemia ascienden a 7.194, de los que 6.278 se han detectado mediante pruebas PCR y 916 a través de test de detección de anticuerpos.

En cuanto al número de personas curadas se eleva a 5.078, lo que supone el 71 por ciento del total.

En total, se han realizado en esta comunidad 179.330 test desde el principio de la epidemia, lo que supone 30.850 por 100.000 habitantes.

El Tablao Torres Bermejas de Madrid, tras más de siete meses cerrado, será el único de España que abrirá sus puertas de nuevo al público de forma permanente, según ha informado el tablao.

Concretamente, el Tablao Torres Bermejas reabrirá sus puertas el próximo viernes 25 de septiembre con unas "estrictas" medidas higiénicas y sanitarias, entre las que destaca la instalación de una mampara de metacrilato en el escenario para mayor seguridad tanto de los artistas como del público.

Los tablaos flamencos en España llevan cerrados desde el pasado mes de marzo y solo en Madrid se han anunciado el cierre definitivo de al menos seis de ellos --algunos míticos como Casa Patas o Café de Chinitas--. En el año 2019, los tablaos consiguieron atraer a más de 6,8 millones de visitantes internacionales, un dato que en estos momentos de pandemia está siendo la propia cruz del sector.

Además de la barrera de protección, el Tablao Torres Bermejas ha implementado un complejo protocolo de seguridad para garantizar que el establecimiento sea un espacio 'Covid free' tanto para sus trabajadores como para sus clientes.

Así, en la entrada del local se ha instalado una cámara termográfica de medición de temperatura corporal capaz de detectar personas con fiebre a un metro y medio de distancia, con una precisión de +-0.5ºC. Este sistema permitirá, de forma inmediata, controlar y en su caso limitar el acceso al tablao.

Una vez dentro, se purificará el aire con un sistema que emite activamente iones positivos y negativos que se propagan por la sala y que suprimirán los efectos de los virus, se realizarán labores continuas de desinfección homologadas tanto por la normativa española como la europea y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad, lo que ha obligado a reducir el aforo a un tercio de su capacidad.

Desde este viernes sólo podrán disfrutar del espectáculo 50 personas, que deberán llevar la mascarilla cuando no estén comiendo y que, en todo momento, tendrán acceso a dispensadores de soluciones hidroalcohólicas, bien en su propia mesa o en el conjunto del establecimiento.

El Tablao Torres Bermejas, que a partir de este fin de semana abrirá todos los viernes y sábados con dos sesiones (a las 19 y a las 21 horas), seguirá ofreciendo a sus clientes el servicio de restaurante.

Para ello, y con el objetivo de limitar el contacto con la carta física del restaurante, se han implementado soluciones digitales que permiten acceder desde el móvil a los contenidos de la misma mediante un código QR.

El Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el problema de falta de enfermeros que están sufriendo algunas comunidades autónomas para hacer frente al COVID-19 es responsabilidad de falta de planificación política.

"La culpa de que no las haya es de los mismos políticos y gestores que se negaron en su momento a planificar adecuadamente las plantillas de profesionales sanitarios, planteando soluciones a tiempo para evitar el déficit. Pedimos una estrategia y un plan nacional de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud que solucionara este problema de una vez", ha señalado en un comunicado, respondiendo a Ayuso, quien ha afirmado que "no podemos contratar más enfermeras porque ya no quedan".

Pérez Raya recuerda que la Organización Colegial de Enfermería lleva "décadas" avisando de que España "sufre un déficit de enfermeras en comparación con los países de nuestro entorno europeo, pues tenemos una escasez de estas profesionales que nos sitúa a la cola de Europa.

Llevamos también décadas avisando de las grandes diferencias que existen en el número de enfermeras que tienen las distintas comunidades autónomas hasta el punto de que en algunas de ellas supone un atentado contra el principio de igualdad del Sistema Nacional de Salud: es imposible recibir los mismos cuidados en Murcia, con 459 por cada 100.000 habitantes, que en Navarra, con 860, por ejemplo (Madrid 668)", lamenta.

"Nuestros representantes políticos sabían perfectamente que no había suficientes enfermeras y que tenían que actuar. También sabían, porque existen estudios científicos que les hemos entregado en mano, que la falta de enfermeras afecta directamente a la mortalidad de los pacientes y a su calidad de vida. Y, aun así, han ido dejando pasar el problema, negándose a tomar medidas concretas. En vez de poner en marcha la planificación que siempre les hemos pedido, nos daban la razón y le pasaban la 'patata caliente' a sus sucesores", ha comentado en un comunicado.

Para los enfermeros, "la única solución que existe es incentivar a las enfermeras para que doblen turnos o puedan compatibilizar varios puestos de trabajo". "Pero para ello es necesario ofrecerles unas condiciones laborales dignas ya que este trabajo, que supone un sobreesfuerzo enorme a las enfermeras, debe estar bien remunerado, porque las comunidades autónomas están ofreciendo sueldos y complementos ridículos para unos profesionales sanitarios que se están jugando la vida en sus centros", agrega.

"Esto es como el cuento de Pedro y el lobo, y el problema es que el lobo, que ha acabado llegando, se llama coronavirus y se ha llevado por delante decenas de miles de vidas en España. Algún día los políticos de todo signo que nos han gobernado y nos gobiernan tendrán que responder por qué se negaron a planificar un crecimiento de enfermeras acorde a las necesidades reales de la población", ha añadido.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el periodo 2021-2010, que define 81 líneas de acción en distintos sectores socieconómicos de España y organizados en 18 ámbitos, como la salud humana, el agua y los recursos hídricos, el patrimonio natural, la biodiversidad y las áreas protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.

El Plan, que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció hace 15 días que era "inminente" y formaba parte del paquete normativo del Gobierno para luchar contra la emergencia climática.

Las medidas de adaptación buscan evitar o reducir los riesgos económicos, sociales, ecológicos y favorecer una preparación mejor para recuperarse del cambio climático, de modo que el Plan es un "instrumento de planificación" para identificar las mejores orientaciones para los distintos sectores y lograr un país menos vulnerable y más resistente ante el cambio climático.

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dicho que una de las prioridades para "hacer las cosas bien" contra la emergencia climática es precisamente el plan de adaptación al cambio climático, del que ha destacado la amplia participación con que se ha elaborado y considera que será una herramienta fundamental en este contexto de recuperación en el que España se plantea qué futuro quiere para la generación presente y para la futura.

En ese sentido, ha destacado que "la acción climática no es un comportamiento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post COVID" y supone el esquema nacional para la gestión del riesgo, al tiempo que confía en que dará certeza a los inversores y permitirá orientar mejor la recuperación económica.

En definitiva, a su juicio, contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar el medio rural, a prepararse para un turismo de más calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad".

En esa línea, prevé que se evitarán y minimizarán los daños del cambio climático, se aportará más estabilidad económica y social y nuevas oportunidades ya que las inversiones en una adaptación planificada, pueden crear nuevas actividades económicas y posibilidades de empleo y reducir la incertidumbre asociada al cambio del clima.

El Plan que se aprobará previsiblemente este martes incluye 81 líneas de acción en los distintos sectores socioeconómicos del país organizadas en 18 ámbitos de trabajo para el periodo 2021-2030.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la temperatura media en el conjunto de España ha subido alrededor de 1,7 grados centígrados desde la época preindustrial (1ºC en el conjunto del planeta), el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 kilómetros cuadrado en un plazo de 20 años.

El nuevo plan reforzará de los instrumentos de información y seguimiento de las políticas públicas de adaptación, incluyendo informes sobre riesgos climáticos y, por primera vez, 30 indicadores que deberá aportar una visión dinámica de los efectos derivados del cambio climático y los progresos obtenidos en materia de adaptación.

Asimismo, plantea también siete líneas de trabajo transversales en materia de vulnerabilidad territorial y social; efectos transfronterizos del cambio climático; enfoque de género; prevención de la mala adaptación e incentivos perversos; costes y beneficios de adaptación e inacción y orientación a la acción.

El primer borrador del plan se sometió a información pública del 4 de mayo al 30 de junio, un periodo en el que se recibieron más de 1.500 observaciones de 182 organizaciones y personas. A continuación, el borrador del plan fue sometido a la consideración de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el Consejo Nacional del Clima y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

El Tribunal Constitucional (TC) ha incluido en el orden del día del Pleno de esta semana la deliberación sobre el fondo del recurso presentado por el Gobierno contra el Plan de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 de la Generalitat de Cataluña, si bien es poco probable que esta misma semana se de a conocer la sentencia, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

A finales del pasado mes de junio el tribunal de garantías acordó mantener suspendido este plan autonómico, entre otros motivos, porque su vigencia "podría ocasionar unos perjuicios a la política exterior española que, en el caso de que finalmente fuera declarado inconstitucional, serían de imposible reparación".

El plan, aprobado hace un año, vio suspendida su vigencia tras ser recurrido por el Gobierno en octubre de 2019. En el auto de prórroga dictado por el TC el pasado 23 de junio ya se apreciaba que el plan catalán menoscaba la posición y la imagen internacional de España, en cuanto a su ejecución "de carácter omnicomprensivo y los objetivos que persigue va en detrimento del interés general que se expresa en la acción exterior española.

Además, el Tribunal adelantaba en este auto que "el plan recurrido puede crear la apariencia de que Cataluña es un sujeto de derecho internacional, lo que determinaría que se establecieran aparentes relaciones internacionales difícilmente reversibles si finalmente se declarase que el plan impugnado es inconstitucional".

Cuando fue presentado, el Govern explicó que su plan de acción exterior se dividía en cuatro a en cuatro ejes --presencia, excelencia, influencia y compromiso-- que se concretaban en 15 objetivos estratégicos, de los que se derivan 41 objetivos operativos sectoriales y 127 actuaciones.

Las acciones que recoge el documento buscan, según explicó en su día la Generalitat, convertir a Cataluña en "un actor internacional aún más influyente y de prestigio", y para ello quieren coordinar la acción exterior de todos los departamentos, y por primera vez se recoge la participación del Govern en instituciones y órganos de la UE, organismos internacionales y redes de cooperación territorial. El Gobierno sin embargo recurrió su posible inconstitucionalidad, y ahora el TC dará por zanjado el asunto con su sentencia sobre el fondo.

La entoncces portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó que en ese plan se omite toda referencia al Estado como competente en relaciones internacionales y a la función de coordinación que realiza el Gobierno en este apartado.

Tampoco se mencionan otros organismos y "sujetos" de la acción exterior, ni la normativa española que se aplica, y existe una "falta de rigor" en los términos que se emplean.

El Gobierno envió un requerimiento a la Generalitat en agosto, dos meses después de la aprobación del plan, advirtiéndole de que no era competente para aprobar una iniciativa con esos contenidos, pero el Ejecutivo catalán respondió "negativamente", es decir, afirmando que no pensaba corregir nada.

DOCTRINA PARA LA LEY VASCA DE ABUSOS POLICIALES

Por otra parte, el Pleno del TC podría acordar esta semana la desestimación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario del PP contra determinados artículos de la ley vasca de abusos policiales aprobada en abril de 2019, que daba una nueva redacción a la normativa de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo.

Se trataría de aplicar la doctrina que ya instauró el tribunal el pasado mes de julio respecto a un recurso similar instado por Ciudadanos, según las mismas fuentes.

En dicha resolución, el tribunal de garantías confirmó la constitucionalidad de la norma al entender que retende el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en ese periodo y concluyó que "no hay en la tarea" de la Comisión de Valoración puesta en marca por el Gobierno Vasco para analizar y resolver las solicitudes de víctimas de abusos policiales "posible calificación jurídica de eventuales actos o conductas punibles".

La ley fue aprobada en abril de 2019 en un pleno de la cámara autonómica el que un diputado de Bildu llamó nazis a miembros policiales que habían acudido a la sesión. Votaron a favor PNV y PSE, en contra el PP y se abstuvieron Bildu y Elkarrekin Podemos.

El propósito de la norma fue el de reconocer derechos y reparar a quien haya sufrido "una vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política" entre 1978 y 1999 y recaerá en distintos órganos del Gobierno vasco la tarea tramitar y resolver los expedientes.

RECURSOS ANTERIORES

La norma modificaba otra similar aprobada en 2016, que no pudo ser desarrollada porque el gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante el Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez retiró el recurso tras un acuerdo con el Gobierno vasco y la ley pudo ser finalmente aprobada.

El artículo más polémico es el que dice que las vulneraciones de derechos humanos supuestamente sufridas "se podrán acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa" que las reconozca o "por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo", añadiendo que esa acreditación "no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal".

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha llamado este lunes a "la responsabilidad y la unidad para" ganar la batalla al COVID-19 "y lograr la recuperación socioeconómica de La Rioja".

Con todo, ha señalado que la situación en la comunidad es de "seria preocupación", ante lo que ha advertido que, si la curva de contagios no remite, se podrán tomar "medidas más restrictivas".

La presidenta ha mantenido este lunes, día en el que se celebra la festividad de San Mateo (fiesta de la vendimia y de Logroño, suspendida este año por el coronavirus), varios encuentros con los medios para analizar la situación de la región y valorar los retos de este nuevo curso político.

En estos encuentros, la presidenta ha querido lanzar un mensaje de ánimo y un llamamiento a la colaboración a la población. "Su actuación responsable es necesaria para frenar la pandemia, porque cada gesto cuenta", ha apuntado.

"Que no tengan duda de que, por parte del Gobierno, de su Gobierno de La Rioja, conmigo al frente como presidenta, estamos tomando las medidas necesarias en cada momento y así lo seguiremos haciendo", ha añadido la mandataria riojana.

Andreu ha señalado que el Gobierno regional va a "velar por no dejar a nadie atrás" y va a poner todas las herramientas, medios y valentía que la situación requiere, "perfectamente coordinados con el resto de Administraciones locales y amparados y apoyados en todo momento por el Gobierno de Pedro Sánchez".

La presidenta ha destacado la cercanía del Gobierno de España, que ha "guiado, acompañado, asesorado y aportado partidas económicas", atendiendo a las necesidades en cada situación. En este sentido, ha incidido en el trabajo realizado en La Rioja de forma coordinada entre administraciones, regional y nacional, así como ayuntamientos.

Y, por ello, ha apelado a la colaboración y a trabajar unidos, también con la oposición, "con un objetivo común: salir juntos de esta situación de incertidumbre y de pandemia. "Entre todos conseguiremos ganar la batalla al COVID-19 y lograr la recuperación socioeconómica de La Rioja", ha apuntado.

Concha Andreu ha explicado que la situación de la pandemia en La Rioja es de "seria preocupación", con 1.169 casos activos, 23 brotes, 8.760 personas en cuarentena y 104 ingresadas, de las que 21 están en la UCI, lo que implica una ocupación del 71 por ciento en las camas del Hospital San Pedro.

Por ello, ha recordado "la importancia de respetar las medidas de seguridad sanitaria y no relajarse". "Las decisiones que tomemos se tienen que basar en datos, y si la curva de contagios no disminuye, nos veremos obligados a tomar medidas mucho más restrictivas para evitar la saturación sanitaria", ha asegurado.

En este ámbito, el sanitario, la presidenta ha señalado que se partía de una situación "bajo mínimos" generada durante los últimos 25 años, especialmente en Atención Primaria, que ha habido que reforzar, igual que el Servicio de Urgencias o las camas de UCI, que se han duplicado.

"Todo ello, mientras se enfrentaba una pandemia de carácter mundial, una situación sin precedentes para cualquier administración", ha resaltado.

Andreu ha querido destacar igualmente la labor realizada en el ámbito educativo, los protocolos de seguridad articulados en los centros y los resultados que se están obteniendo gracias a este trabajo previo, coordinado con los ayuntamientos. "Es un entorno seguro, controlado, donde se siguen los protocolos", ha señalado.

REESTRUCTURACIÓN DEL GOBIERNO

La presidenta se ha referido igualmente a los cambios en la estructura del Gobierno de La Rioja, que, en sus palabras, "responden a necesidades instrumentales, orientadas a facilitar la operativa y las decisiones, mejorar la coordinación de emergencias, reforzar el área de salud o vincular las políticas activas de empleo al desarrollo autonómico.

En este sentido, ha apuntado que han podido surgir diferencias internas en cuanto a la organización estructural del Gobierno, "pero el objetivo y el fondo nos une y nos unirá siempre: llevar a cabo este programa socialista, que tanto hemos defendido y que ya está dando sus frutos en La Rioja".

Andreu ha destacado también "el apoyo, sin fisuras" de Podemos en este primer año de legislatura del Ejecutivo de coalición, así como el trabajo conjunto realizado con IU.

Por último, ha hablado la presidenta riojana de los Presupuestos de la comunidad para el próximo año. Unas cuentas en las que el Gobierno de La Rioja "trabaja ya", y que será, ha señalado, "un presupuesto de base 0".

Se estructurará en torno a los objetivos del Gobierno de España y la Unión Europea, sostenibilidad, eficiencia energética, refuerzo de las políticas públicas, reto demográfico e igualdad, y que "serán unas cuentas sociales, de refuerzo sanitario y económico y de refuerzo de los servicios públicos".

El exconcejal de ERC y extercer teniente de alcalde de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) Jordi Pesarrodona ha declarado este lunes ante el Juzgado Penal 2 de Manresa (Barcelona), donde ha sido juzgado por un presunto delito desobediencia el 1-O al no dejar acceder a la Guardia Civil a un centro escolar.

En declaraciones a los medios antes del juicio, Pesarrodona ha criticado que el procedimiento es "ensañamiento contra una persona, la señalamos y la castigamos".

"Creo que el juicio está ganado antes de entrar por una razón: ellos han perdido aunque me condenen", ha aseverado al llegar al Juzgado, donde le han acompañado entre otros la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y el diputado de la misma formación en el Parlament Eduard Pujol.

En el juicio también han declarado tres testigos, se ha desarrollado "sin incidencias" y, por iniciativa del Juzgado, ha intervenido un traductor catalán-castellano para el fiscal, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En el auto de procesamiento, la jueza señala que el 1 de octubre de 2017, sobre las 10.15 horas, Pesarrodona, en su calidad de teniente de alcalde, estaba en el Ceip Joncadella tras haberse constituido las mesas, y junto a otras personas cerraron las puertas del centro al ver llegar a la Guardia Civil.

MULTA E INHABILITACIÓN

El mismo texto recoge que Pesarrodona manifestó a los agentes "que actuaban en función de la Ley catalana y no les dejarían entrar", pese a que sabía que el Tribunal Constitucional había suspendido el referéndum, y la jueza concluye que existen motivos suficientes para atribuirle un presunto delito de desobediencia grave.

Por estos hechos, la Fiscalía ha pedido para Pesarrodona una inhabilitación de dos años además de una multa de 5.400 euros.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha reclamado este lunes "la misma lealtad" mostrada esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a los partidos que conforman su Gobierno en alusión al PSOE y a Podemos ante las críticas por las restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno regional en 37 áreas sanitarias de la región.

En una intervención en el 24 horas de 'TVE', el consejero madrileño ha subrayado que lo que piden los ciudadanos es que se pongan "todos a trabajar de forma conjunta y leal", indicando que la reunión de esta mañana entre Sánchez y Ayuso iba en ese sentido.

"Hay que buscar espacios comunes para luchar contra el virus entre las dos administraciones. Es lo que piden los ciudadanos y los enfrentamientos políticos en este momento no son positivos", ha reseñado el secretario de Justicia e Interior del PP.

Por ello, ha dicho que reclama también "esa misma lealtad a los partidos que conforman el Gobierno tanto Podemos como el PSOE", dado que "ambos, sobre todo Podemos, está alentando manifestaciones que buscan lo contrario a lo que se pide".

Hay que tener un poco de lealtad, no con la Comunidad de Madrid sino con los ciudadanos. Responsabilidad. Por eso, no es edificante ver a Podemos y al PSOE apoyando manifestaciones, al margen de que las medidas puedan ser criticadas más o menos", ha reprochado.

A preguntas sobre si eso no le parece contradictorio, ha señalado que "pedir más recursos está bien", pero ha agregado que no lo está plantear que los ciudadanos se concentren. Estamos en una democracia con libertad de expresión pero hay algo muy importante que es proteger la salud de nuestros ciudadanos", ha reseñado.

De este modo, ha llamado a la lealtad por parte de "todos para combatir el virus y después ya, se volverá a la dialéctica política que una democracia exige".

Preguntados por la críticas del ministro de Universidades, Manuel Castells, al tachar de "clasistas" las medidas acordadas por el Gobierno regional, López ha recordado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya en el mes de junio y el pasado 11 de septiembre recomendó , especialmente a la Comunidad de Madrid, lo que denominó como confinamiento selectivo.

"Fue el ministro el que nos pide este tipo de medidas. Lo que me importa es lo que diga el ministro Illa y no el ministro de Universidades", ha reseñado.

NO SE PUEDE PONER UN POLICÍA EN CADA CALLE

En cuanto a cómo va a hacer Madrid cumplir con las restricciones, López ha recalcado que no se puede poner a un policía en cada calle, por lo que hay que confiar en la responsabilidad de los ciudadanos.

"Habrá controles aleatorios para evitar que se incumpla la norma. Es fundamental contar con los ciudadanos. Hay que tener miedo al virus y no a la sanción. Esperemos que duré 15 días o un mes", ha destacado.