El fundador de Foro Asturias, expresidente del Principado de Asturias y exministro, Francisco Álvarez-Cascos ha considerado este miércoles "ridículamente falsas" las acusaciones de la formación que le ha demandado por unos presuntos delitos continuados de "apropiación indebida y de administración desleal".

Así lo ha trasladado a los periodistas a la salida del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo donde ha prestado declaración durante más de cuatro horas.

El que fuera líder de la formación Foro Asturias ha indicado que en su declaración ha contestado a todo lo que le han preguntado de todas las partes.

"He reiterado que esta querella tiene su origen en los acontecimientos que se iniciaron hoy hace un año en la votación de la Comisión Directiva en la que una parte del partido no quería que nos presentáramos a las elecciones y otra parte sí, gracias a lo cual Isidro Martínez Oblanca fue elegido diputado", ha indicado Álvarez-Cascos.

Francisco Álvarez-Cascos ha manifestado que durante su declaración ante la juez ha intentado exhibir todos los documentos que acreditan la falsedad de las acusaciones, como la licencia de pesca que desde la actual directiva de Foro se ha indicado que cargó a la formación. "Esta licencia la he pagado yo como he hecho toda mi vida y como esto muchas más cosas", ha manifestado.

Antes de Álvarez-Cascos ha prestado declaración La presidenta de Foro y ex alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón que a su salida de los juzgados se ha limitado a manifestar que había ratificado la querella ante la juez.

El abogado de la formación, Luis Llanes, ha declarado ante los medios que Cascos ha dado contestación a todo lo que se le ha preguntado y ahora "habrá que contrastarlo con más pruebas". Nosotros mantenemos la acusación", ha indicado ante las preguntas de los periodistas, reiterando que "entienden que hay una serie de actuaciones que entienden no son las más correctas" y ha añadido que "este es un procedimiento en el que tendrán que pasar a declarar mucha gente.

La actual dirección de Foro decidió hace unos meses presentar una querella criminal contra su fundador, Francisco Álvarez-Cascos, por unos presuntos delitos continuados de "apropiación indebida y de administración desleal".

Lo hicieron "una vez revisadas las cuentas y la documentación del partido" al considerar que "hay indicios más que razonables de presuntas ir.regularidades, de presuntos delitos". Así, consideran que Cascos cargaba al partido gastos personales.

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha recriminado este miércoles a la vicepresidenta Carmen Calvo que se centre en hablar del "tardofranquismo y otras tonterías" mientras el PSOE vota en el Senado en contra de la iniciativa del PP para no congelar las pensiones.

Maroto ha respondido así a Calvo, quién este martes en la sesión de control de la Cámara Alta acusó al Partido Popular de querer "aprovechar" la pandemia para "debilitar" la calidad de la democracia española, al tiempo que reclamó a los 'populares' que dejen de ser un partido tardofranquista, y lo demuestren apoyando la ley de memoria democrática.

"Ayer Calvo habló mucho del tardofranquismo y otras tonterías. Hoy el PSOE vota en contra de la propuesta del PP para no congelar las pensiones en 2021", ha afirmado Maroto, en alusión a la moción que el Grupo Popular ha llevado a votación al Senado instando al Gobierno a no congelar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que han contado con el voto en contra del Grupo Socialista.

La senadora del PP Pilar Alía ha defendido esa moción del PP asegurando que subir impuestos conduce a congelar pensiones y los sueldos de los funcionarios. "De qué serviría subir impuestos si no hay renta qué gravar por cierre de empresas y destrucción de empleo. Así se pierde recaudación, así es como llegamos a congelar pensiones y salarios a los funcionarios", ha insistido en su intervención.

"CUESTIÓN DE PRIORIDADES"

Maroto ha criticado que a Calvo y al PSOE les "preocupe" hablar de la Ley de Memoria o el "tardofranquismo" cuando "a millones de españoles" lo que les preocupa, ha dicho, son sus pensiones o sus sueldos.

"Cuestión de prioridades", ha asegurado Maroto en un mensaje de Twitter, que ha recogido Europa Press, en el que además ha denunciado que el jefe del Ejecutivo "huya del Congreso" por su viaje a Bruselas y no responda a la preguntas de control de la oposición.

Insta al Gobierno a erigir un memorial en reconocimiento a los fusilados en el Cementerio del Este, entre ellos las 'Trece Rosas'

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley de "repulsa al intento de modificación y manipulación de la memoria a las víctimas de la represión franquista", un texto auspiciado por Unidas Podemos que ha recibido el voto en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y ante el que Ciudadanos se ha abstenido.

En su defensa de la iniciativa, el secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha cargado contra quienes "desprecian la importancia de la lucha contra la dictadura" y contra quienes "revictimizan" a sus víctimas con "insultos" o directamente reivindican el régimen franquista en gestos, a su juicio, incompatibles con espíritu de reconciliación.

También ha hecho alusión a las declaraciones realizadas por el secretario general del Vox, Javier Ortega Smith, acusando a las 'Trece rosas' --jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas fusiladas en 1939-- de "torturar, violar y asesinar vilmente" y de cometer "crímenes brutales en las checas", unas palabras en las que la Fiscalía vio indicios de delito de odio.

En concreto, el texto aprobado expresa el reconocimiento del Congreso a todas "las personas que lucharon por las libertades y la democracia en nuestro país", manifiesta "su repulsa al intento de modificación y manipulación de la memoria a las víctimas de la represión franquista", y subraya "la importancia de una nueva ley que ampare a las víctimas de la represión".

HOMENAJES PÚBLICOS

Precisamente, la iniciativa ha salido adelante una semana después de que el Gobierno del que forma parte Unidas Podemos aprobase el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática que amplía la Ley de Memoria Histórica vigente desde 2007.

La iniciativa recoge algunas de las medidas incluidas en ese anteproyecto como el impulso de homenajes públicos de reconocimiento a quienes lucharon por las libertades y la democracia.

Así, plantea que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática asuma a la mayor brevedad el compromiso de erigir un memorial en reconocimiento de las personas fusiladas por la dictadura franquista en el madrileño Cementerio del Este en terrenos de la Administración General del Estado.

En las tapias de ese cementerio (actual Cementerio de la Almudena) fueron fusiladas entre 1939 y 1944 unas 3.000 personas, entre ellas las 'Trece Rosas'. Según ha denunciado Unidas Podemos, el alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez Almeida, ha paralizado el memorial que había acordado construir el equipo de su predecesora Manuela Carmena.

El texto ha recibido el apoyo del PSOE, cuyo diputado Valentín García, ha cargado contra los presidentes y alcaldes del PP que "se han declarado en rebeldía" ante la Ley de Memoria Histórica de 2007 y a los que ha llamado "constitucionalistas a tiempo parcial".

"Si Tejero hoy entrara aquí no le haría falta todo lo que trajo, simplemente se sentaría y aplaudiría", ha comentado por su parte Gabriel Rufián (ERC) alertando del crecimiento de la ultraderecha. También han respaldado la iniciativa la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua y el diputado del PNV, Mikel Legarda.

EL PP CITA A CARRILLO

"La Transición no se cerró en falso", ha enfatizado por su parte el diputado de UPN Carlos García Adanero, mientras que Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha dicho que aunque podría estar de acuerdo con el fondo de la iniciativa, finalmente se ha abstenido, convencido de que recordar continuamente la dictadura y "sacar viejas heridas" no "conduce a nada".

En contra se han situado también el PP y Vox. La 'popular María Jesús Moro ha utilizado palabras del líder del PCE durante la Transición, Santiago Carrillo, para ensalzar el espíritu de reconciliación que la guió y ha criticado el "discurso victimista de memoria histórica" que, a su juicio, practican los partidos que integran el Gobierno.

Desde Vox, Francisco José Contreras, ha negado que los comunistas lucharan "por la democracia y la libertad" en el bando republicano. "Lucharon por una dictadura comunista que es lo que se hubiera establecido en España si hubieran ganado", ha dicho, reprochándoles que no hayan tenido "ni una palabra de piedad" con los asesinados por el Ejército de la República.

La aplicación para teléfonos móviles AlertCops ya dispone desde este miércoles de un icono específico para comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la ocupación ilegal de un inmueble. La alerta la puede tramitar afectados, propietarios, vecinos o cualquier otro usuario que detecte el ilícito.

Según ha informado el Ministerio del Interior, la nueva versión de la app con esta alerta, denominada "ocupación ilegal de vivienda", está disponible desde este miércoles en los 'markets' oficiales de aplicaciones.

Esta nueva funcionalidad se ha lanzado de forma paralela al nuevo protocolo de actuación establecido por la Secretaría de Estado de Seguridad ante las ocupaciones ilegales de inmuebles para Policía Nacional y Guardia Civil, que unifica criterios de actuación en la respuesta policial ante el allanamiento o la usurpación, en la línea de los ordenado por la Fiscalía General del Estado.

Al igual que sucede con el resto de alertas de la app, los usuarios también podrán adjuntar fotos o vídeos sobre el hecho. Las alertas serán remitidas al centro policial que se encuentre más cercano del usuario, donde se activará el protocolo de actuación para este tipo de hechos delictivos y que contempla que, ante los allanamientos de morada, Policía Nacional y Guardia Civil puedan proceder al desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante.

AlertCops es un servicio prestado a través de una aplicación gratuita en dispositivos móviles, que proporciona un canal directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicar un hecho del que se es víctima o testigo como robos, casos de violencia de género o, desde ahora, la ocupación ilegal de viviendas.

El total de casos confirmados de coronavirus en los últimos 7 días en la Comunidad de Madrid asciende a 23.706, lo que representa una incidencia de 355,8 casos por 100.000 habitantes, siendo Fuenlabrada, Alcorcón, Madrid y Torrejón de Ardoz los municipios más afectados, según el informe epidemiológico de vigilancia de Covid-19.

El informe correspondiente a la semana epidemiológica 38 ha sido presentado este miércoles en rueda de prensa por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, y de la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, quien ha indicado que "se observa una estabilidad en el número de casos".

En el periodo del 14 al 20 de septiembre, el 53 por ciento de los casos confirmados fue en mujeres y la mediana de edad de todos los casos fue de 39 años. Además, aproximadamente el 68 por ciento de los casos comprendían al rango de edad entre 15 y 59 años. En los últimos 14 días la mayor proporción de casos corresponden a personas entre 15 y 29 años.

Para el periodo del 11 de mayo al 20 de septiembre, la mayor proporción de ingresos en UCI corresponden a personas mayores de 50-79 años y las defunciones aumentan en proporción a partir de los 60-69 años siendo mayor en el grupo a partir de 80 años.

De acuerdo a la información disponible, el 39,8 por ciento de los casos tenían algún factor de riesgo para Covid-19.

Se observan diferencias estadísticamente significativas en la proporción de hombres y mujeres hospitalizados, ingresados a UCI y en las defunciones, siendo mayor la proporción en hombres para todos los indicadores descritos.

INCIDENCIA EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS

En los últimos 14 días la mayor incidencia acumulada fue registrada en Fuenlabrada, Parla y Alcobendas.

En los distritos de Madrid, la mayor incidencia acumulada en los últimos 14 días fue observada en Puente de Vallecas, Usera y Villaverde; mientras en los últimos 7 días fueron los distritos de Carabanchel, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal los que presentaron la mayor incidencia acumulada.

Actualmente hay 36 brotes activos, 4 en centros sanitarios, 11 en residencias de mayores, 2 en colectivos socialmente vulnerables y 12 en centros educativos, alguno de ellos en alguna universidad.

La firma de capital privado Capza ha adquirido una participación mayoritaria de la escuela de negocios española IMF Business School, especializada en el segmento de másters 'online', según explicó en un comunicado.

Los fundadores de la escuela, Carlos Martínez y Belén Arcones, mantendrán una "importante participación minoritaria" en la empresa, cuya valoración no ha sido detallada.

Con el apoyo de Capza, el IMF pretende implementar un ambicioso plan de crecimiento que implica ampliar su oferta académica y seguir internacionalizando al grupo, principalmente en América Latina.

IMF Business School fue fundada en Madrid hace más de 20 años y ha tenido unos 125.000 alumnos. La escuela ofrece 130 cursos en áreas como gestión, tecnología y salud, que desarrolla junto con expertos del sector, universidades y entidades especializadas.

"El posicionamiento de IMF como empresa 'online', su agilidad para adaptarse a las necesidades del mercado y su presencia en diferentes geografías de habla hispana confirman el gran potencial de la empresa", ha señalado José Tomas Moliner, director de Capza en España.

Se trata de la primera operación del fondo 'Capza 5 Flex Equity', que confirma la apuesta por el mercado español. La firma ya recaudó 450 millones de euros en el primer cierre de este fondo, que tiene un tamaño objetivo de alrededor de 500 millones de euros.

En esta operación, IMF fue asesorado por Finenza, mientras que Capza contó con la colaboración de PwC, King & Wood Mallesons y Allen & Overy.

La inversión en IMF es la tercera operación de 'Flex Equity' de Capza en España, tras las adquisiciones de Ivnosys, empresa de firma digital e identidad electrónica, y del conglomerado de clínicas de salud Dorsia, Eva y Origen Group.

A través de su fondo de deuda privada, en España, Capza ha financiado a la especialista en prevención de riesgos laborales ASPY, la cadena de hamburguesas Goiko Grill y la distribuidora de prótesis ortopédicas MBA.

La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha sancionado al Ayuntamiento de Sineu por el presunto incumplimiento de la ley de protección animal por el uso de animales vivos -gallo y conejo- en la fiesta del Cós del pasado 15 de agosto de 2019, según ha informado este miércoles la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba).

Esta entidad ha señalado que ha recibido un oficio del Govern con el que así se lo notifican y añaden que la cuantía de la sanción es de 3.000 euros. Según aseguran, el Ayuntamiento ha reconocido los hechos y ha efectuado el pago voluntario de la sanción.

Los hechos están tipificados como infracción muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 46 de la Ley de Protección de los Animales de Baleares.

Anpba ha opinado que se trata de una sanción de baja cuantía, aunque ve positivo que el Consistorio haya reconocido los hechos. Además, indica que, al existir ya un precedente administrativo, "supone una garantía de que, tras la resolución del procedimiento, ha quedado definitivamente eliminado el uso de animales vivos en las curses del Cós de Sineu".

Por otra parte, recuerdan que en el derecho positivo europeo, los animales han adquirido el estatus jurídico de "seres sensibles", reconocido en los protocolos anexos de los Tratados constitutivos de la Unión Europea (UE) y que su utilización en eventos de diversión es cada vez más rechazada por la sociedad.

La Agencia Antifraude ha requerido al Ayuntamiento de Valencia toda la documentación sobre los contratos adjudicados por el consistorio a la firma La Paisatgeria, una empresa de la que formó parte la directora general de Vivienda de la Generalitat, según ha informado el grupo popular en un comunicado, en el que recuerda que el PP denunció el "contrato exprés" y "a dedo" a esta firma para el diseño la remodelación de la plaza del Ayuntamiento.

La reclamación de la Agencia de Antifraude se extiende a todos los contratos realizados "a dedo" por el Gobierno de Ribó y PSOE con la empresa La Paisatgeria, así como los contratos que han firmado los integrantes de la empresa, y que ya han sido remitidos por el consistorio.

Entre ellos está el adjudicado este verano para la remodelación del proyecto de adecuación al uso público del recinto de las compuertas de la Gola del Puchol y su integración en un mirador cercano, con un importe de 14.800 euros, además de otro por 8.500 euros por la dirección de obras.

Esta firma fue la adjudicataria por la EMT del diseño de la reforma para cerrar al tráfico de la plaza y la habilitación de un carril bus, con los maceteros valorados en 1.400 euros cada uno de ellos. El presupuesto fue de 14.950 euros (IVA aparte), "lo que supuso quedarse sólo a 50 euros del límite legal", apunta el PP en el comunicado.

Al respecto, la portavoz del PP en el consistorio, María José Catalá, ha asegurado que la contratación del diseño y las obras provisionales de la plaza del Ayuntamiento, por importe de 1,2 millones de euros, "se hizo mediante 12 contratos, de los cuales ocho fueron a adjudicado a dedo sin pública concurrencia" y ha denunciado que se trata de una fórmula de contratación "a dedo de la que ha abusado reiteradamente los gobierno de Ribó y PSPV".

En esta línea, critica que el equipo de gobierno "ha otorgado más de 80 millones de euros a través de 16.000 contratos a dedo a lo largo de los cinco año en que gestionan el Ayuntamiento".

"Por tanto, que ahora la Agencia Antifraude pida a Ribó y el PSPV aclaraciones sobre la contratación a dedo del diseño de la plaza del Ayuntamiento no es de extrañar, porque esta contratación se hizo de manera exprés en tan solo tres días, y a una empresa de la que formaba parte como socia, días antes de la adjudicación, la directora general de Vivienda de la Generalitat", ha asegurado.

Catalá ha afirmado que "no es la primera vez que tanto el Interventor Municipal como la Agencia Antifraude han advertido al gobierno municipal para que frene este tipo de contratación que no garantiza la igualdad y la pública concurrencia de las empresas" y ha señalado que en el año 2016 "eliminaron la fiscalización previa a la tramitación de contratos menores para agilizar la concesión de contratos a dedo".

"Además, en los sucesivos Informes de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento vienen advirtiendo que un gran número de concejalías tiene en los contratos menores su principal herramienta de gestión, algo reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas".

El periodista Pere Valenciano --promotor del recurso contra el nombramiento de la anterior directora general de À Punt, Empar Marco, que ahora ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)-- asegura que el fallo judicial "demuestra que tenía razón": la elección fue un "tongo" y la exdirectiva "no era la persona idónea para la importantísima tarea de estar al frente de la radiotelevisión pública de todos los valencianos". Además, ha avanzado que va a estudiar "a fondo" con su abogado la sentencia para ver si cabe "tomar alguna actuación más".

Valenciano se ha pronunciado en estos términos, tras conocerse que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha anulado el nombramiento de la anterior directora general de la Sociedad Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana al considerar, entre otros motivos, que dos miembros de la comisión evaluadora de los candidatos incurrían en causa de incompatibilidad.

De este modo, la sala estima la apelación de uno de los aspirantes al cargo --el propio Pere Valenciano-- contra la sentencia previa de un juzgado que desestimó su recurso por falta de legitimación activa.

Ahora, Valenciano lamenta la lentitud de la justicia, aunque ha aseverado que "hoy es un día feliz porque se ha hecho justicia". Cree que la decisión judicial debe provocar "una reflexión y tener alguna consecuencia pública y en positivo" hacia su persona.

En este sentido, ha subrayado que "evidentemente" se le ha generado "un daño". "No solo porque se perjudicaron mis aspiraciones legítimas de ser director general, sino porque he pagado siendo vetado en À Punt, la televisión de todos los valencianos, mientras estuvo Empar Marco", asegura.

"FIASCO"

El periodista --que hace notar que con esta sentencia "también quedan en entredicho nombramientos de otros directivos"-- ha opinado que Marco "no era la persona idónea para la importantísima tarea" de dirigir la radiotelevisión pública "porque tenía el peor currículum y ha quedado demostrado", "no solo por la sentencia, sino por el fiasco que han supuesto los primeros años de À Punt, tanto en audiencia como por su escasa notoriedad entre la sociedad valenciana". "Se han perdido años valiosos y lo que mal empieza mal acaba", advierte.

Por otra parte, ha recordado que también se presentó al concurso público en el que finalmente resultó elegido Alfred Costa, actual director general de À Punt, y que tuvo dudas sobre la posibilidad de presentar otro recurso, algo que no hizo en ese momento "por la tardanza de la justicia respecto al primero".

"No sé lo que haré en ese sentido, pero, independientemente de lo que haga, considero a Alfred Costa una persona más capacitada que Empar Marco para ese puesto, siempre desde el punto de vista profesional puesto que no tengo absolutamente nada personal en contra de ella. Creo que algunas de las decisiones que está adoptando Costa van por el buen camino, el de que la radiotelevisión pública valenciana tenga mayor relevancia social".

El comité de dirección del Plan Procicat ha aprobado este miércoles la propuesta de las consellerias de Salud e Interior de la Generalitat de limitar las reuniones sociales, tanto en el ámbito público como privado, a un máximo de seis personas en toda Cataluña y no a diez como hasta ahora.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la limitación, que no se aplica a personas convivientes, tiene como objetivo reducir el número de contagios de COVID-19, que mayoritariamente se están produciendo en el ámbito interfamiliar y en el entorno social más próximo.

También se ha limitado "en coherencia" a seis el número de personas que pueden ocupar una mesa o agrupaciones de mesas en establecimientos de hotelería y restauración, tanto en espacios interiores como en terrazas.

El Procicat ha decidido no cerrar "por ahora" los parques infantiles, pero sí considera necesario reforzar las pautas para las familias para hacer un uso correcto, y al mismo tiempo los elementos de control por parte de las administraciones públicas locales.

Ha considerado que son un espacio de ocio beneficioso para los niños pero que su uso supone un "riesgo de contagio", especialmente por presentar superficies de contacto, por coincidir grupos estables diferentes y por la dificultar de mantener las distancias, al mismo tiempo que constata la presencia de adultos a cargos sin mantener distancia y comportando aglomeraciones.

Ha recordado a las familias que es necesario un "uso racional" de los parques infantiles para hacer una utilización segura y para evitar aglomeraciones, y recomienda que además del uso obligatorio de mascarilla a partir de los seis años --y si es posible entre los 3 y 5 años-- recomienda que solo un adulto acompañe a los niños, y ha instado a los ayuntamientos a reforzar los mensajes informativos en los accesos e incrementar la limpieza y desinfección.

REUS Y LA CERDAÑA

El Procicat ha aprobado prorrogar y modificar las medidas especiales en materia de salud pública en Reus (Tarragona), por un periodo de siete días, con las modificaciones de que el aforo permitido en actos religiosos se eleva al 50% y en las actividades culturales de artes escénicas y musicales al 70%.

Por último, el Procicat también ha aprobado aplicar restricciones a los municipios de la comarca de la Cerdaña por un periodo inicial de 15 días.

El Procicat recomienda que la población se mantenga en su domicilio y que solo salga para trabajar si no puede hacerlo a distancia, asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros docentes y hacer actividades de ocio infantil y juvenil.

También si no es para asistir y cuidar de personas mayores, menores, personas dependientes o vulnerables; desplazarse a bancos; acceder a comercios de alimentación, bebidas y materias primas, y otros establecimientos con cita previa.

Ha limitado el aforo de la hostelería y restauración, tanto en interior como en terraza, al 50% y con hora de cierre la 1 de la madrugada; la asistencia a actos religiosos al 50& y a actividades culturales al 70%.

El Gobierno español quiere organizar una conferencia internacional de donantes para ayudar a los migrantes centroamericanos, similar a la que promovió esta primavera junto a la UE para apoyar a los países que acogen a migrantes y refugiados venezolanos.

La iniciativa la ha anunciado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, en una reunión virtual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) para Centroamérica organizada en el marco de la 75 Asamblea General de la ONU.

"Sabemos que es posible, lo hicimos en plena pandemia para acompañar a los refugiados y migrantes de la crisis venezolana y movilizamos 2.500 millones de euros y lo vamos a hacer para Centroamérica", ha dicho la ministra española.

"Es importante impulsar con otros miembros de la plataforma iniciativas para movilizar fondos", ha explicado. Los miembros son Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, EEUU, Francia, Italia, Suecia, Suiza, la Unión Europea y Uruguay y España ejerce la presidencia durante 12 meses, hasta junio de 2021.

Para el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, "Centroamérica necesita más que nunca el apoyo de la comunidad internacional", y por eso ha llamado a fraguar una alianza en la que participe también el sector privado.

González Laya ha subrayado que las causas que están en el origen de los "desplazamientos forzosos" en Centroamérica --inseguridad como consecuencia de las maras, cárteles de la droga, desigualdad económica y social, inestabilidad política y social y degradación medioambiental-- se agravarán con la pandemia de Covid-19.

Así, ha subrayado la importancia de hacer visible esta situación para que no se convierta en una "crisis olvidada" como tantas otras. Su objetivo es sumar el apoyo de otros países a la plataforma MIRPS y atraer a a otros bancos de desarrollo aparte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también a empresas para que trabajen y hagan contratos en la región.

Además, el Gobierno español está hablando con los países de la región para poder atender sus necesidades concretas y en las próximas semanas impartirá un curso de capacitación en materia de asilo para funcionarios de países pertenecientes a la plataforma.

Por otro lado, la ministra ha avanzado que en 2021, cuando se cumplirá el bicentenario de las independencias de las repúblicas centroamericanas y de México, será un buen momento para "no solo poner en valor lo que fue esta historia compartida" sino también "mirar al futuro de manera conjunta y buscando abordar desde la corresponsabilidad los retos futuros".

González Laya ha reafirmado el apoyo de España a la integración centroamericana a través de mecanismos como el SICA para afrontar los desafíos transnacionales y también para "favorecer una gestión más ordenada de los flujos migratorios".

Además, ha señalado que España trata de favorecer el vínculo entre lo humanitario y el desarrollo, por ejemplo con acogida comunitaria de personas desplazadas, protección de colectivos vulnerables como las personas LGTBI y cooperación entre países con valores como la hospitalidad y el respeto a los derechos humanos.

La Policía Nacional ha lanzado este miércoles un vídeo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que, según explica, se dirige por primera vez al consumidor de prostitución, bajo el lema 'Si eres cliente, pagas su esclavitud'.

El objetivo, indica la Policía Nacional, es concienciar a la sociedad de que "más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata", es decir, "de un delito que sigue siendo rentable para las organizaciones criminales gracias a los beneficios económicos que aportan quienes pagan por este tipo de servicio".

El inspector jefe de la Brigada Central de lucha contra la trata, Ismael Delmas, ha explicado a los medios que el dinero que mueve esta industria que "usa a las personas como objetos", es "equiparable" al del tráfico de drogas y al de armas a nivel global.

Según ha indicado, el procedimiento de las mafias consiste en captar, principalmente a mujeres, a las que prometen un trabajo digno en España aprovechando la situación de extrema necesidad que viven en sus países de origen y, para conseguir esa supuesta nueva vida, las víctimas pagan grandes cantidades de dinero, en ocasiones todo lo que tienen, sin ser conscientes de que ese capital nunca se destinará a tal fin.

Una vez en España, las organizaciones criminales les informan de que han contraído una elevada deuda que deberán saldar ejerciendo la prostitución de manera forzosa, por lo que se verán obligadas a prostituirse durante años.

333 OPERACIONES EN LO QUE VA DE 2020

La Policía Nacional ha señalado que, durante el año 2019, la Policía Nacional realizó un total de 515 operaciones relativas a explotación sexual y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, liberando a 921 personas, de las que 896 eran mujeres. En estas operaciones fueron detenidos 481 autores de este delito. Además, apunta que, durante los primeros ochos meses de 2020, ya se han realizado 333 operaciones similares.

Para intentar reducir estas cifras, la Policía Nacional inicia esta campaña de concienciación que contará desde este miércoles con "una importante presencia en sus perfiles oficiales de Twitter, Facebook, Youtube e Instagram". Bajo el hashtag #SinClientesNoHayTrata, se lanzarán nuevos mensajes, vídeos y carteles para concienciar a sus seguidores de que pagar por mantener relaciones sexuales contribuye de manera directa a que miles de mujeres sean obligadas a ejercer la prostitución bajo amenaza de muerte para ellas y para su familia.

En su intervención, Delmas ha destacado las amenazas, coacciones y principalmente, el miedo, que pasan estas mujeres que son explotadas. Para los clientes que "sólo quieren saciar su apetito sexual", explica el inspector jefe, estas mujeres son "víctimas invisibles" y desde la Policía quieren que sean conscientes de su situación real y que esta salga a la luz.

Consecuencia de este miedo, ha añadido, es que muchas de ellas que consiguen que sus proxenetas y las mafias sean juzgadas, no corroboren su testimonio cuando llegan a testificar a los juicios. La Policía señala como "escollo" también en estos caso, la lentitud de la Justicia.

COLABORACIÓN CIUDADANA CONFIDENCIAL

"Las mafias cosifican a las víctimas y las convierte en objetos. Si no hay demanda, ese dinero no llegará nunca a las mafias que, a su vez, volverían a captar a otras chicas", ha indicado Delmas.

En el marco de la campaña, la Policía Nacional recuerda que está activo el número de teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para que cualquier ciudadano pueda aportar información si considera que conoce algún caso de trata de seres humanos. Ambas opciones, explica, son gratuitas, confidenciales y gestionadas directamente por agentes especializados.

En este sentido, señala que, desde 2013, la colaboración ciudadana a través de las denuncias realizadas por estos medios ha sido clave en investigaciones policiales relacionadas con este delito y en la liberación de las víctimas.

Un total de 67 docentes y 413 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 55 personas --cinco maestros y 50 estudiantes-- que han dado positivo en Covid-19 en 47 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el pasado lunes, 14 de septiembre.

Esto supone 16 nuevos positivos con respecto al último balance publicado este martes, según fuentes de la Consejería de Educación.

La Consejería recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 67 docentes aislados representan el 0,24% del total, y los 413 alumnos en cuarentena suponen el 0,14%.

En este sentido, en las últimas horas, el Colegio público La Aljorra (Cartagena) ha registrado un alumno positivo y ha generado un total de dos aislados: el positivo y un alumno; mientras que en el Colegio concertado Cristo Crucificado-Villa Pilar (Murcia) se ha contabilizado otro alumno positivo por lo que hay un total 16 aislados: el positivo, 13 alumnos y dos docentes.

En el Colegio público La Purísima (Molina de Segura) hay un alumno positivo y un total nueve aislados: el positivo y ocho alumnos; mientras que en el IES Vicente Medina (Archena) hay un alumno positivo y un total 12 aislados: el positivo y 11 alumnos; y en el Colegio público José Castaño (Murcia) hay un alumno positivo con un total dos aislados: el positivo y un alumno.

En el Colegio público Pintor Pedro Flores (Murcia) ha aparecido un alumno positivo y hay un total 17 aislados: el positivo, 12 alumnos y cuatro docentes; mientras que en el Colegio público Andrés Baquero (Murcia) hay un alumno positivo lo que ha generado un total de cinco aislados: el positivo y cuatro alumnos; y en el IES Jose Luis castillo Puche (Yecla) se ha detectado un alumno positivo y hay un total de dos aislados: el positivo y un alumno.

En el IES Sabina Mora (Torre Pacheco) hay un docente positivo lo que ha originado un total dos aislados: el positivo y un docente; en el Colegio concertado Santa Maria Micaela Adoratrices (Cartagena) hay un alumno positivo y un total 20 aislados: el positivo y 19 alumnos; en el Colegio público San José Obrero (Alcantarilla) hay otro alumno positivo y un total tres aislados: el positivo y dos alumnos.

Asimismo, en el Colegio público Juan Antonio López Alcaraz (Puerto Lumbreras) hay un alumno positivo y un total nueve aislados: el positivo, siete alumnos y un docente; en el Colegio público San Andrés (Murcia) hay un alumno positivo y un total siete aislados: el positivo y seis alumnos; y en el Colegio público San Félix (Cartagena) hay otro alumno positivo y un total de nueve aislados: el positivo, siete alumnos y un docente.

En el Colegio público La Santa Cruz (Caravaca de la Cruz) hay un alumno positivo y un total de tres aislados: el positivo y dos alumnos; y en el Colegio público Alcolea Lacal (Archena) hay un alumno positivo y un total de 12 aislados: el positivo, 6 alumnos y 5 docentes.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP y enmendada por CC en la que solicita que mejoren las condiciones de atención a los migrantes que llegan al archipiélago si bien los populares se quedaron solos en su petición de cese del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

La propuesta comprende, entre otras cosas, la creación de una red de atención y alojamientos estables, que se activen las derivaciones a la Península o la Unión Europea, impulsar acuerdos de cooperación con los países de origen y el reforzamiento del SIVE para evitar los naufragios.

Poli Suárez, del Grupo Popular, ha pedido el "cese inmediato" de Pestana por el "flagrante incumplimiento" de sus obligaciones y subrayó que "no se ha hecho nada" desde que la Cámara aprobó hace algunos semanas otra PNL donde pedía que se mejorara la gestión.

"Estamos desbordados", ha indicado, pues más de 200 personas siguen en la explanada del muelle de Arguineguín (Gran Canaria), remarcando que la visita del ministro del Interior en febrero a las islas, Fernando Grande-Marlaska, "no sirvió de nada", lo mismo que las vacaciones de verano de Pedro Sánchez en Lanzarote.

Suárez ha insistido en la "descoordinación, inacción y falta de compromiso" del Gobierno central con Canarias y acusó de "falta de respeto" al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, por dilatar su visita al archipiélago. "Debemos pedir su dimisión", ha comentado.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha criticado la "desidia y abandono" del Gobierno central hacia las islas y la complicidad de los grupos que apoyan al Ejecutivo canario, pues solo reaccionaron ante la "ignominia" del muelle de Arguineguín.

Ha cargado contra Escrivá, "que no se entera ni de sus competencias", y no ha apoyado el cese de Pestana porque "lo han dejado solo y abandonado" y solo serviría de "chivo expiatorio" para ocultar la mala gestión del Estado.

Ricardo Fernández (Cs) ha señalado que el repunte de pateras es "alarmante" debido a la "nefasta" política migratoria del Estado y la UE, que ha dejado a Canarias sin "herramientas" para atender este fenómeno.

Ha indicado que se necesitan más medios para dar un acogida digna a los migrantes y criticado el "plantón" de Escrivá al Gobierno de Canarias cuando el archipiélago se ha convertido en un "coladero" para la inmigración irregular.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la migración "es un drama social y humanitario" y frente "a guerras que no llevan a ningún lado" defendió el diálogo con el Estado para buscar soluciones.

RUIDO Y TACTICISMO POLÍTICO

Por Sí Podemos, Francisco Déniz ha criticado que el PP use la migración para "hacer política pura" y se preguntó si los vertidos en las costas, el elevado desarrollo urbanístico o el "saqueo" de recursos "no dañan" la imagen de Canarias en lugar de los migrantes acogidos en hoteles que proyectan la "solidaridad" de las islas.

Luis Campos, portavoz de NC, ha señalado que el Gobierno de Canarias ha actuado "con contundencia" para exigir al Estado que mejore la atención a los migrantes y ha aprovechado para pedir que se reedite el pacto canario por la inmigración, en línea de los acuerdos de la crisis de los cayucos de 2006, para elaborar políticas que mejoren la coordinación y atención.

Nira Fierro, del Grupo Socialista, ha acusado al PP de buscar "ruido y tacticismo político" en lugar de buscar soluciones, apuntando que "se está trabajando" para tener una red de alojamientos estables, reforzar la diplomacia con los países de origen o reactivar el Frontex.

Asimismo, ha subrayado que la PNL es una "censura" a la gestión del propio Partido Popular, que desde 2011 desmanteló toda la red de acogida a los migrantes.

El Arzobispado de Santiago genera un total de 5.123 puestos de trabajos directos, indirectos e inducidos en los 109 municipios que abarca la archidiócesis compostelana, donde cuenta con un patrimonio de 6.847 bienes que suman un valor de más de 300 millones de euros, según el estudio de impacto económico elaborado por un equipo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Las conclusiones de este estudio, el primero que se realiza sobre la archidiócesis santiaguesa, han sido presentadas este miércoles en una rueda de prensa en la que el arzobispado compostelano, Julián Barrio, ha estado acompañado por el ecónomo de la institución, Fernando Barros, y el profesor Xosé Antón Rodríguez, director del grupo responsable del trabajo.

Según el estudio, el arzobispado invierte en la sociedad 1,52 euros de lo que ingresa, procedente en un 36,7 por ciento de las donaciones y aportaciones de los fieles, un apartado que se ha visto mermado por la pandemia, lo que obligó a reducir en 5 millones el presupuesto anual de la archidiócesis (inicialmente eran 25 millones).

El capítulo de gastos de la entidad eclesiásitca se concentra principalmente en la acción pastoral asistencial y en las retribuciones del clero y el personal seglar, que concentran el 32 por ciento, respectivamente, del desembolso anual que hace la institución que encabeza Julián Barrio, quien ha destacado la voluntad de la archidiócesis de fomentar la "transparencia".

"El arzobispado no es una macroempresa, pero su colaboración es evidente, pasando desapercibida muchas veces", ha manifestado Barrio, que ha destacado el trabajo en el campo social que desarrollan en "parroquias, hospitales, guarderías, centros de acogida y orfanatos".

PATRIMONIO

Así las cosas, según datos del Catastro de 2020, el Arzobispado tiene en propiedad un total de 6.847 bienes que suman un valor de más de 300 millones de euros y se reparten casi a partes iguales entre rústicos y urbanos. De los urbanos, casi la mitad se dedican a usos religiosos, mientras que el 96% de los rústicos son para fines agrarios.

Además, 64 de los inmuebles que pertenecen al patrimionio de la archidiócesis tienen la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC). Destaca la Catedral y el casco histórico de Santiago, declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que conforman, para los encargados del estudio, "un conglomerado cultural y religioso de primer nivel mundial".

De hecho, el trabajo también mide el impacto de la diócesis en las redes sociales, donde destacan las fotografías que se suben a la red y que tienen como telón de fondo o protagonista el tempo compostelano o sus inmediaciones.

ACTIVIDADES

En el apartado de actividades, el estudio apunta que cada euro que la Iglesia compostelana destina a acciones pastorales o asistenciales "ahorra a la sociedad" en términos de coste aproximadamente 1,5 euros, lo que supone que estas actividades costarían en el mercado 2,5 veces más.

En este sentido, el profesor Xosé Antón Rodríguez ha señalado que el desempeño de estas tareas por parte de voluntarios es la principal explicación de la diferencia entre el coste de mercado y el que tiene para la entidad religiosa.

Por otra parte, el impacto de la archidiócesis en la economía gallega también se deja notar en el apartado turístico, pues cada euro que gastan los viajeros en el patrimonio del arzobispado genera 1,97 euros de producción, mientras que cada millón se traduce en 23,8 puestos de trabajo directos que, a su vez, crean 0,35 empleos indirectos o inducidos.

Por último, también se ha medido el desembolso realizado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de covid-19. En este sentido, el Arzobispado de Santiago destinó 150.000 euros a entidades sociales como Cáritas, las cocinas económicas de la capital gallega y A Coruña op ara el comedor social de Pontevedra. Por su parte, Cáritas dedicó 125.000 euros en ayudas en los últimos tres meses para atender a más de 3.800 familias y más de 7.000 personas.

Los sindicatos de enseñanza STERM y CCOO han considerado un "éxito" la jornada de huelga y creen que el profesorado ha lanzado un mensaje "claro" a la Consejería de Educación. Pese a los servicios mínimos "abusivos" y a las "difíciles circunstancias" afrontadas, afirman que un 50% del profesorado que podía hacer huelga "la ha secundado".

Las dos organizaciones sindicales valoran "muy positivamente" tanto la participación del profesorado en la huelga como las movilizaciones que han tenido lugar este miércoles en las puertas de los centros y en Murcia y Cartagena.

CCOO y STERM consideran que la implicación del profesorado en la huelga y en las movilizaciones de este miércoles "ha puesto de manifiesto el malestar que recorre los centros educativos de la Región" y ha lanzado a la Consejería "un claro mensaje de que la situación no es sostenible".

Así, denuncian que la jornada de huelga ha estado marcada por unos servicios mínimos "claramente abusivos que han impedido hacer huelga a muchas compañeras y compañeros". Pese a estos servicios mínimos, que oscilan "entre el 60% y el 90% de la plantilla" según el centro, un 50% del profesorado que podía hacer huelga "la ha secundado".

Lo que pone de manifiesto que el profesorado considera que la salud de la comunidad escolar "está en riesgo" y que el colectivo docente "está dispuesto a movilizarse hasta conseguir que la dotación de recursos materiales y humanos sea suficiente para garantizar la presencialidad segura en los centros educativos y la adecuada atención educativa a todo el alumnado.

Ambas organizaciones sindicales señalan que "es casi imposible en muchos centros garantizar las distancias de metro y medio entre el alumnado o la ventilación de las aulas y reiteran que la disminución de ratio es la principal medida para reducir la posibilidad de contagio y para atender al alumnado sin necesidad de expulsarlos de las aulas".

La aplicación de la semipresencialidad, en su opinión, "genera una atención desigual en función de la conectividad y los recursos de los centros educativos y del alumnado y supone una gran sobrecarga de trabajo para el profesorado que tiene que hacer frente a un curso escolar cargado de incidencias".

Por otro lado, insisten en que "se mantienen la desatención por la escasez de material de protección y la desprotección del profesorado, en especial de los colectivos vulnerables".

Las organizaciones sindicales convocantes agradecen al profesorado su participación e implicación en la huelga que, tanto desde los centros educativos como desde las movilizaciones convocadas en Murcia y Cartagena, ha puesto de manifiesto su compromiso con una escuela "segura e inclusiva".

STERM y CCOO han anunciado que continuarán con su "decidida apuesta" por movilizar al profesorado ante lo que consideran un atentado contra la salud de la comunidad educativa y no cejarán hasta que las demandas del profesorado sean atendidas por la administración.

Las instituciones de Ciudad Real han guardado un minuto de silencio este miércoles en la Plaza Mayor en la concentración de condena por el asesinato machista de la joven guatemalteca vecina de la capital, Nancy Paola Reyes por parte de su pareja en Santander. El Gobierno regional se personará como acusación para que todo el peso de la ley recaiga sobre el "culpable".

La concejala de Igualdad, Ana Belén Chacón, ha leído un manifiesto en el que se califica a la joven como "luchadora, una trabajadora, una de esas mujeres tan necesarias. Una joven que ha visto frustrados sus sueños de una vida mejor y los deseos de que su familia saliera hacia adelante por la brutalidad de la violencia de género".

Nancy es la mujer víctima número 34 en España de este año y la 1.067 desde el 2003, cuando se iniciaron los recuentos. Deja dos hijas, de 4 y 7 años, y a su familia (padres y hermanos) en Guatemala y en España.

En el texto se muestra el firme compromiso de todas las instituciones con la erradicación de la violencia machista y la repulsa contra los asesinatos de mujeres "y contra todo tipo de violencia ejercida sobre ellas, ya sea, psicológica, sexual, física o económica, en tanto que supone una violación de los derechos más fundamentales de las mujeres", ha informado el Ayuntamiento de Ciudad Real en nota de prensa.

"La Justicia será ahora la que tenga que hablar en este crimen machista. Y esperamos que lo haga con la contundencia que este tipo de comportamientos merecen", se afirma en el comunicado conjunto, en el que además se agradece el trabajo que han realizado las distintas unidades de la Comisaría de Ciudad Real y la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para el esclarecimiento de este caso.

"Todas las Instituciones de Ciudad Real estamos unidas frente a esta lacra. Pero los esfuerzos que todas y cada una llevamos a cabo desde nuestras competencias, no serán fructíferas sin la implicación y colaboración de la sociedad en su conjunto. La denuncia ante la menor sospecha de violencia machista en nuestro entorno es imprescindible para activar los mecanismos y la red de protección para las víctimas", continúa el documento.

La primera teniente de alcalde y concejala de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Eva María Masías, ha expresado en nombre del Ayuntamiento de Ciudad Real la condena más enérgica "ante un nuevo caso de violencia de género, con una de nuestras mujeres: una de las vecinas de esta ciudad".

Masías mostraba el apoyo del consistorio a la familia y amigos de Nancy, "a la que nos han arrebatado de una forma tan deliberada y tan macabra".

"Desde el Ayuntamiento seguiremos reafirmándonos en el compromiso de luchar contra esta lacra, contra esta forma de quitarnos los derechos y las libertades a las mujeres. Las mujeres nos merecemos minutos de vida y de felicidad. Merecemos minutos de libertad".

En la concentración han estado presentes concejales de diversos grupos políticos del Ayuntamiento de Ciudad Real, el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; y la subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María Angeles Herreros, entre otros responsables políticos.

CONCIENCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA

De su lado, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha aprovechado la concentración convocada en la capital para condenar esta muerte "para pedir a la ciudadanía que se conciencie de que hay que acabar con los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas".

Olmedo ha recordado que la última campaña puesta en marcha este verano por el Gobierno de Castilla-La Mancha hace referencia a esta necesidad con un lema muy directo, '¡Implícate!', y ha pedido a la sociedad que haga suyo este mensaje porque "la violencia contra las mujeres nos atañe a todos, ciudadanos y administraciones", ha aseverado.

La representante de la Administración regional en la provincia ha expresado el profundo rechazo del Ejecutivo de Emiliano García-Page de este último caso de violencia machista, ha informado la Junta en nota de prensa.

Carmen Olmedo ha trasladado el pésame a la familia de la víctima, en especial a sus dos hijas, que, además de perder a su madre, la han perdido cuando ésta estaba muy lejos intentando ganarse el sustento.

De su lado, la vicepresidenta de Igualdad de la Diputación, Petra Sánchez Bonales, ha condenado este nuevo asesinato machista "que ha sesgado la vida de una mujer joven en la plenitud de su vida, que deja dos hijas de corta edad y una familia y amigos desolados por la tristeza".

Sánchez Bonales ha destacado la importancia que en estos momentos tiene "la colaboración entre todas las administraciones para la lucha contra la violencia de género, así como la necesidad de que continúen las campañas de sensibilización que incidan en la igualdad entre mujeres y hombres para poder erradicar esta lacra machista", ha informado la Diputación en nota de prensa.

Castilla y León contabiliza un total de 49.422 positivos por coronavirus, 656 más que en la última estadística, de los cuales 17 han sido diagnosticados en la jornada anterior, según datos ofrecidos este miércoles por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas registran, asimismo, diez nuevos fallecimientos en hospitales, de manera que el número de decesos actual en este ámbito es de 2.246, mientras que las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 10.020, 74 más que en la jornada anterior.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 375--dos más--, la misma cifra que este martes, y el número total de casos de la COVID-19 a ellos vinculados aumenta hasta los 3.058.

Del total de brotes notificados, 42 corresponden a Ávila, los mismos que en la anterior estadística, 90 a Burgos --dos menos--, nueve a León --cuatro menos--, 43 a Palencia --uno más--, 41 a Salamanca --cinco más--, 28 a Segovia --cinco menos--, 32 a Soria --dos más--, 56 a Valladolid --seis más-- y 34 a Zamora --uno menos--.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 49.422 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 656 más. Según los datos de la Administración regional, 42.960 positivos han sido diagnosticados en test PCR.

VALLADOLID SUMA 256 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias y en total, Ávila suma 26 positivos más, con un total de 3.485; Burgos suma 41 positivos, con 7.196 en total; León 80 más, hasta 6.412; Palencia 54 más, con 2.843; Salamanca suma 115 más hasta un total de 8.054; Segovia incorpora 45 nuevos positivos hasta los 5.141 en total; Soria añade seis más hasta 3.497; Valladolid incorpora 256 positivos, hasta 10.348 --supera los 10.000 casos tras sumar un nuevo máximo diario desde el inicio de la pandemia--, y Zamora suma 33, hasta los 2.466.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.246, diez más. La mayor parte se registra en la provincia de Valladolid, con 435 fallecidos --dos más que este martes--, seguida por León, con 432 fallecidos --uno más--; a continuación figura Salamanca, con 411 --tres más--; Burgos, con 247 --dos más--; Segovia con 218 --los mismos--; Ávila con 168 --uno más--; Soria 126--uno más--; Zamora registra 114 --uno más--, y Palencia, 95 --sin cambios--.

En el caso de las altas, un total de 10.020, se han computado 2.248 en Valladolid; 1.801 en León; en Salamanca 1.592; en Burgos 1.191; en Segovia 1.002; en Ávila 790; en Soria 497; en Zamora 456 y en Palencia, 443.

MENOS PACIENTES INGRESADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 627 personas --nueve menos que este martes--, 546 de ellas en planta --diez menos que ayer-- y 81 en unidades de críticos, uno más.

Los pacientes en UCI se encuentran repartidos en diez hospitales de las distintas provincias, con 16 ingresados en el Clínico Universitario de Valladolid; 15 en el Río Hortega de la capital vallisoletana, diez en el Universitario de Burgos; nueve en el Complejo Asistencial de Salamanca; ocho en el Complejo de León; seis en los de Palencia y Zamora; cinco en Ávila; tres en el Complejo Asistencial de Soria y Segovia.

SEIS FALLECIDOS EN LA PROPIA RESIDENCIA

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 2.671 --siete más que en el último parte, de este martes-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.566 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 y otros 1.105, a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 2.671 finados, 1.748 personas han perdido la vida en su residencia o centro, seis más, mientras que otras 923 han fallecido en el hospital, uno más.

Un total de 32 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19 y 895 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, los datos de fallecidos se mantienen desde el pasado 3 de julio, con 252, de ellos 135 con positivo confirmado y 117 con síntomas compatibles. Además, hay 16 residentes hospitalizados, dos más que este martes, mientras que se contabilizan 658 usuarios con diagnóstico confirmado en estos meses.

Por otro lado, hay cuatro residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, cuatro más, mientras que otros 120 están aislados de forma preventiva sin síntomas.

Un jurado popular ha emitido un veredicto de culpabilidad respecto del hombre acusado de matar a cuchilladas al padre de su expareja en marzo de 2018 en su vivienda del Grao de Castelló, donde agredió sexualmente a la hija de ésta, entre otros hechos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los jurados le consideran por unanimidad culpable de los delitos de homicidio, quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, lesiones con instrumento peligroso, agresión sexual, lesiones psíquicas y dos delitos de amenazas.

En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal solicitaba 46 años de prisión para el procesado. En el mismo, el ministerio público indicaba que el acusado fue condenado en febrero de 2018 por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, sentencia que le prohíbía aproximarse a la que durante año y medio venía siendo su pareja.

La mujer presentó el 26 de marzo una denuncia en la que señalaba que, tras la anterior condena, reanudó la convivencia con el hombre por miedo y que había sido víctima de una serie de delitos cometidos sobre ella. La Policía Nacional procedió a valorar el riesgo de agresión hacia la denunciante, resultando "extremo", por lo que se decidió su ingreso en una casa de acogida.

Mientras estaba en dependencias policiales presentando la denuncia, el acusado efectuó a la mujer numerosas llamadas que, finalmente, fueron contestadas por un agente, que le comunicó que había sido denunciado y debía presentarse en dependencias policiales. Dicha noticia no fue del agrado del procesado, quien intentó localizar a la mujer para "darle el correspondiente escarmiento" por la denuncia.

Como ignoraba el paradero de la mujer, el 27 de marzo de 2018 el acusado se personó en el domicilio de la madre de su expareja, en el que residía ésta junto a su pareja desde hacía años y donde se encontraba pasando unos días la hija de la excompañera sentimental del procesado, de 22 años.

Tras abrirle la puerta, el acusado entró en el domicilio esgrimiendo un cuchillo y obligó a los tres a sentarse en un sofá, asegurando que les iba a matar. A continuación puso el cuchillo en el cuello de la hija de su expareja e intentó clavárselo en el corazón. Posteriormente, pidió a la chica que se desnudase.

En un momento dado, la pareja de la madre de su excompañera sentimental salió en defensa de la joven e intentó arrebatarle el cuchillo al procesado, cuando se inició una pelea entre ambos durante la cual el acusado le comenzó a dar cuchilladas hasta que la víctima cayó al suelo. Entonces el acusado se puso sobre él y le clavó reiteradamente el cuchillo, lo que le ocasionó lesiones que le provocaron la muerte.

La Fundación Endesa ha abierto el plazo de inscripción para laV edición de sus Premios a la Ecoinnovación Educativa, un proyecto que impulsa en colaboración con la*Fundación Europea Sociedad y Educación.

El objetivo de estos Premios es fomentar el interés por el medioambiente de los alumnos de los centros educativos de toda España promoviendo la responsabilidad, el compromiso y la cooperación en lapreservación del entorno.

La directora de Proyectos de Fundación Endesa, Begoña Muñoz de Verger, ha explicado que "desde su lanzamiento en 2016, más de 126.000 alumnos de 751 centros educativos de todo el territorio nacional han participado en estos Premios, aportando ideas y actitudes creativas, innovadoras y comprometidas con el medio ambiente entre los más jóvenes".

Los Premios a la Ecoinnovación Educativa nacieron a raíz del 'Ecobarómetro Fundación Endesa. Cultura ecológica y educación", una investigación social realizada por ambas Fundaciones y cuyo resultado puso de manifiesto la necesidad de fortalecer los conocimientos, actitudes, comportamientos y valores medioambientales de los jóvenes españoles.

Este Ecobarómetro se realizará de nuevo en los próximos meses para detectar los cambios que se han producido desde entonces en las percepciones de los jóvenes y sus resultados se harán públicos en2021.

La vicepresidenta de Sociedad y Educación, Mercedes Esteban Villar, ha destacado en la presentación de esta edición el elevado valor pedagógico y educativo creciente de los Premios a la Ecoinnovación, ya que "cada proyecto es una aportación sustancial y transversal al currículo de la etapa y una contribución a la diferenciación de cada centro. Todas las candidaturas van adquiriendo un mayor enfoque competencial, demostrando su capacidad de aunar conocimientos, comportamientos, actitudes y valores de responsabilidad y solidaridad en el cuidado y preservación del entorno próximo".

En el curso 2019-2020, la participación de los centros educativos aumentó un 69% respecto de la primera edición, reflejando así el creciente interés de los alumnos por la educación medioambiental. Sepresentaron 374 candidaturas procedentes de centros de toda España en alguna de sus tres categorías: "¿Qué es para ti la Naturaleza?", "Mi solución creativa a un problema medioambiental" y "¿Cómo mejorarías tu entorno?'.

De ellas, a pesar de las complicadas y excepcionales circunstancias derivadas del COVID-19, un total de 118 pudieron pasar finalmente a la fase de evaluación.

En Aragón, de los 10 proyectos admitidos en la IV Edición, 3 de ellos llegaron a presentarse finalmente, ya que las circunstancias de alerta sanitaria vividas dificultaron el avance de los proyectos. Así, estos 3 programas presentados fueron: 'Cultivo hidropónico: más ecológico y sostenible', del IES Pablo Serrano de Andorra; 'Mundo Animal', del IES Clara Campoamor de Zaragoza y 'Todos con Greta, mejoramos el entorno', del CEIP Emilio Díaz de Alcañiz.

En previsión de que los centros educativos y las candidaturas de este año se ven de nuevo afectadas por la pandemia, las bases de esta V edición incluyen especialmente la valoración del esfuerzo creativode profesores y estudiantes para salvar esas dificultades en el desarrollo y materialización de los proyectos.

La dotación de los Premios para cada una de las tres categorías consiste en un trofeo para cada finalista, la difusión nacional de su proyecto y una dotación económica para seguir desarrollando su iniciativa ambiental. En la Categoría 1 y Categoría 2 se entregará una dotación económica por un valor de 2.000 euros al centro ganador, por cada categoría, y en la Categoría 3, se entregará un premio de4.000 euros al proyecto ganador.

El registro de las candidaturas se realizará exclusivamente online mediante la cumplimentación del formulario disponible en la página web de los Premios, siguiendo las instrucciones contenidas en él y enlas bases legales, en las cuales se encuentran también detallados los requisitos de formato y criterios de evaluación.

El periodo de registro de las candidaturas comienza este miércoles, 23 de septiembre, y finalizará el martes 15 de diciembre.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vilagarcía de Arousa han liberado a cuatro mujeres prostituidas en esta localidad y han detenido a una pareja integrante de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos fueron denunciados el pasado febrero a través de una llamada telefónica en la que se alertaba de que una mujer se encontraba retenida en un piso y no la dejaban salir, además de obligarla a ejercer la prostitución.

Los agentes iniciaron la investigación y lograron contactar con la víctima por teléfono que afirmó haber sido amenazada con un cuchillo en el cuello por una mujer para obligarla a ejercer la prostitución.

En su declaración, la víctima indicó que en un primer momento vino de vacaciones a España y se trasladó a Vilagarcía para trabajar supuestamente como "masajista", ha destacado la Policía.

Una vez en el piso, donde vivían en compañía de esa mujer y su pareja, comenzaron las amenazas con el cuchillo, momentos en los que tenía que encerrarse en una habitación en compañía de otras chicas, mientras golpeaba la puerta y amenazaba con acuchillarlas, ha señalado la Policía.

La pareja se encargaba de gestionar el funcionamiento del piso donde se ejercía la prostitución. En concreto, el hombre publicaba los anuncios en una página web y acompañaba a las chicas en sus "salidas profesionales" a otros domicilios.

Mientras, la mujer se encargaba del control de los servicios, de su duración, del cobro y de las coacciones y amenazas con retirarles la documentación a las chicas y echarlas de España, ha relatado la Policía.

DELITOS

Por todo ello los agentes policiales detuvieron a los dos miembros de esta pareja el pasado 22 de septiembre por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, y amenazas. Los arrestados son naturales de Colombia de 42 y 30 años de edad, ambos con antecedentes policiales.

Esta operación se enmarca dentro del plan de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, han indicado las mismas fuentes.

La Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, ya que no queda reflejada la llamada en la factura telefónica.

Actualmente se cuenta también con 106 agentes formados como interlocutores sociales contra la trata de seres humanos. Estos expertos serán el punto de contacto permanente con las ONGs para fomentar la colaboración con las víctimas de trata de seres humanos, garantizar el intercambio mutuo de información, tendencias, estadísticas y promover los protocolos de coordinación que resulten necesarios para la asistencia a las víctimas y el apoyo policial especializado en la materia, ha explicado.

CCOO ha valorado positivamente que se haya repuesto el derecho al reconocimiento de accidente de trabajo en los casos de profesionales del sector sanitario y socio-sanitario contagiados por Covid, según ha señalado en un comunicado.

No obstante, cree que la nueva regulación que se aprobó ayer, "de nuevo en una norma ajena a la medida" (se incluyó en el decreto del teletrabajo), recupera el derecho y lo amplía, "aunque vuelve a incurrir en una corrección aún parcial", ya que extiende la cobertura hasta las personas que se contagiaron a partir de la declaración de la pandemia por parte de la OMS, pero continúa excluyendo a quienes se contagiaron antes de esa fecha.

No obstante, ha rechazado que se siga dejando en situación de inseguridad jurídica al personal de apoyo de los centros sanitarios y socio-sanitarios (limpieza o comidas), "que está igualmente expuesto al contagio de la enfermedad".

Asimismo, ha rechazado que siga sin reconocerse la naturaleza de enfermedad profesional de estos contagios, pese a que el virus SARS-CoV2 que produce la Covid sí está contemplado en los respectivos desarrollos reglamentarios que regulan esta contingencia.

Por otro lado, cree que el Real Decreto Ley aprobado ayer fue "una nueva oportunidad perdida" para que se reconozca el derecho al 'contador a cero' en prestaciones por desempleo de todas las personas que consumieron prestaciones durante el estado de alarma para que tengan también una protección social equiparable, en este sentido, a la que han tenido las personas que se vieron incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Así, recuerda que el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo previó esta situación, remitiéndola a una negociación inmediata que se desarrolló y acordó la Mesa de Diálogo Social alcanzó en julio para, "dando una solución diferente a la propuesta inicial", garantizar un nuevo subsidio extraordinario por desempleo durante tres meses, equivalente a lo que estuvo en vigor el estado de alarma, a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones desde el inicio del mismo.

Por ello, el sindicato que lidera Unai Sordo ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con dicho acuerdo y que esto se regule "a la máxima brevedad".

La diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, ha resaltado que "vivimos una realidad muy cambiante", y por eso, la Diputación de Guipúzcoa irá "adaptando e impulsando todas las medidas que sean necesarias, en base a las necesidades que demande cada momento" en las residencias de personas mayores del Territorio.

Peña ha comparecido este miércoles en las Juntas Generales, donde ha realizado un repaso en profundidad sobre la situación que viven los servicios y recursos sociales de Gipuzkoa, además de los planes, estrategias y medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia.

En su intervención, ha subrayado que el "principal reto" reside en "lograr el equilibrio perfecto entre la seguridad y el bienestar emocional" de las personas usuarias de los servicios sociales, y que el camino a recorrer es "largo", pero, según ha dicho, "lo seguiremos recorriendo de la mano, desde la prevención, la vigilancia y la adaptación constante".

"No podemos bajar la guardia", ha remarcado la diputada, quien ha asegurado que "la situación que vivimos ahora es diferente a la de marzo". "La incidencia del virus en marzo era mayor. Por eso las medidas adoptadas eran más restrictivas en todos los ámbitos. Ahora, sin embargo, estamos conviviendo con el virus, las calles están abiertas, las residencias también, y el riesgo es mayor", ha advertido.

Por eso, ha defendido que, gracias al Sistema de Vigilancia y Alerta, "adoptamos las medidas de manera quirúrgica, y revisamos permanentemente la situación de toda la red para adelantarnos al máximo posible y atajar así el avance del virus". Sin embargo, ha recordado que "no existe el riesgo cero", pero que las medidas adoptadas son "eficaces", y que la capacidad de adaptación de toda la red está "más que demostrada".

A día de hoy, en las residencias de personas mayores hay 55 casos activos de covid-19 en seis centros, y hay 60 personas trabajadoras contagiadas en 22 residencias. En la segunda ola, desde que se dieran los primeros casos positivos el 11 de agosto, 20 personas han fallecido y 14 ya se han recuperado.

La responsable foral de Políticas Sociales ha mostrado su "solidaridad y cercanía", así como su "inmenso" agradecimiento a todas las personas usuarias, familias y al personal de los centros residenciales "por su incansable trabajo, su dedicación, responsabilidad y compromiso".

Por otra parte, ha recordado que su Departamento encargó la elaboración de un estudio del impacto del covid-19 en los recursos sociales de Gipuzkoa, donde se recogerá el balance de la crisis sanitaria, la evaluación completa de las situaciones generadas, y se propondrán una serie de acciones de mejora, el cual, además, "recogerá las aportaciones de entidades, personas usuarias y familiares", y se completará para finales de septiembre.

A su juicio, "para adelantarnos al virus y lograr convivir con él, la clave está en fomentar la prevención y mantenernos alerta". En ese sentido, la diputada ha enumerado las acciones y medidas más relevantes adoptadas en el seno del Plan de Choque, como las que conforman el Sistema de Alerta y Vigilancia que está activo en los servicios y recursos sociales de Gipuzkoa.

PRUEBAS PCR

Entre ellas, ha citado la realización de PCR preventivas a personas usuarias y trabajadoras de los centros residenciales. Se ha activado un sistema de realización sistemática de pruebas PCR, con el doble objetivo de realizar mapeos periódicos, así como mapeos selectivos en situaciones de brote. Hasta el 19 de septiembre se han realizado un total de 13.626 pruebas.

Peña ha apuntado que se sigue trabajando en el suministro del material de protección individual (hasta hoy se han repartido, entre otros elementos, 900.000 mascarillas quirúrgicas, 50.000 mascarillas FFP2, 700.000 guantes y 700.000 batas), así como en las desafecciones y en el asesoramiento técnico de la mano de profesionales de Aita Menni.

También se ha reforzado la inspección en toda la red. De este modo, el servicio de Inspección de la Diputación sigue realizando visitas a los centros (47 inspecciones en la segunda ola), y también han revisado los planes de contingencia, prevención y de visitas elaboradas desde las propias residencias.

En lo referente a las salidas de los centros residenciales, se regulan en base a una serie de criterios, como son el contagio comunitario, la situación epidemiológica del entorno, así como los casos confirmado en los centros.

Por tanto, "las medidas se adoptan de manera quirúrgica y se revisan de manera periódica. Desde la prudencia y la responsabilidad compartida, las salidas se podrán seguir realizando en todos los centros donde la situación epidemiológica lo permita", ha explicado.

VISITAS

Las visitas en residencias se siguen realizando en todos los centros sin casos positivos, con la limitación de una persona por cada visita, no teniendo que ser la misma persona en todas ellas, que podrán hacer dos veces por semana y de una hora de duración. Esas medidas no se aplican en el caso de personas que se encuentren en proceso del final de la vida y en el caso de personas con deterioro cognitivo.

Asimismo, se ha reforzado el Plan de Formación iniciado en abril en materia de prevención y control, y se ha procedido a adaptar y abrir nuevos recursos y centros, para la atención de casos covid-19 derivados de las residencias, así como para la realización de cuarentenas preventivas.

En julio se habilitó la tercera planta del Hospital de Eibar con un total de 56 plazas y se contempla, asimismo, la activación en breve de más plazas con la finalidad de atender a casos covid-19, como para la realización de aislamientos. También ha recordado que se ha reformado y adaptado el centro San José de Ordizia, con el objetivo de que las instalaciones estuvieran preparadas para hacer frente a la covid-19 y cumpliera con las medidas previstas en su plan de contingencia.

Además de esas plazas para la atención de casos positivos como aislamientos, actualmente se han reducido preventivamente las plazas en los centros residencias y en los centros de día para facilitar los aislamientos en los propios centros.

"Hemos aprendido muchísimo, y así lo seguimos haciendo día a día", ha remarcado Maite Peña, quien ha destacado que "todas las personas que conformamos la red de servicios sociales estamos dando lo mejor de nosotras y la incertidumbre es mayúscula".

Finalmente, ha insistido en que la coyuntura actual "exige seguir extremando las precauciones", y ha afirmado que desde la Diputación Foral de Gipuzkoa "se sigue realizando un trabajo continuo de prevención, contención y seguimiento desde el inicio de la crisis sanitaria".

El vicepresidente y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha reprochado al Estado que haga dejación de sus competencias en política migratoria e intente responsabilizar a las instituciones canarias de las deficiencias en la acogida de los miles de personas que están llegando a las islas en los últimos meses a bordo de cayucos.

"No vamos a permitir que Canarias se convierta en Lesbos o Lampedusa; es obligación del Gobierno de España y de las autoridades europeas dar una respuesta en ese sentido, cumplir con su deber y respetar a la ciudanía e instituciones canarias".

Román Rodríguez se pronunció en estos términos tras ser preguntado por los periodistas sobre las palabras ayer en las Cortes del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien dijo que los ayuntamientos y cabildos canarios "se han puesto de perfil".

El vicepresidente aseguró que el principal problema es que el Gobierno de España "no ha acabado de entender que somos frontera sur del Estado y de la Unión Europea y que las políticas migratorias son de su responsabilidad".

Rodríguez recordó que durante las dos anteriores grandes crisis migratorias se evidenció esta realidad y se dio respuesta a la situación generada en cada momento. La primera de ellas se produjo entre 1999 y 2003, cuando arribaron unos 28.000 migrantes, y la segunda, entre 2004 y 2007, cuando llegaron unas 85.000 personas. En lo que va de este año otros 5.600 migrantes han alcanzado las costas del archipiélago.

En su opinión, "no es de recibo que quien tiene las competencias no las ejerza de manera debida y que el ministro cuestione a las instituciones del archipiélago cuando éstas y la ciudadanía canaria en su conjunto han obrado desde la solidaridad, la comprensión y la colaboración".

El vicepresidente subrayó que se trata de un fenómeno que es consustancial a la historia humanidad, "que se ha producido y se seguirá produciendo", pero que ahora, cuando coincide con una crisis económica y otra climática, se "recrudecerá".

Rodríguez recordó las sucesivas crisis migratorias que se han producido en Canarias en las últimas décadas e insistió en que "antes y ahora" éstas deben afrontarse desde cuatro ámbitos diferentes: actuaciones en los países de origen por la vía diplomática, económica y de seguridad; mejora de los sistemas y de la coordinación de los rescates; una acogida en instalaciones digna y limitada en número a cargo del Estado, y una política eficaz de derivaciones hacia el continente europeo.

Sobre este último aspecto, indicó que no hay ninguna razón para retener en las islas a los migrantes: "Debemos tener recursos para una acogida digna y humanitaria, pero esas personas tienen que circular hacia el continente. Sin derivaciones, como las que se hicieron en las anteriores crisis migratorias, no hay solución".

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una moción de Vox que reclamaba que se establecieran penas de cárcel para los 'okupas' y se mejorara la protección de los "legítimos titulares de los derechos reales" sobre los inmuebles objeto de 'okupación'.

La iniciativa, consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió hace una semana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido el apoyo de PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que el PRC se ha abstenido.

El texto, defendido desde la tribuna por Víctor Sánchez del Real, instaba al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que "todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión".

También le emplazaba a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estos delitos de usurpación en los que no concurre violencia o intimidación dentro de los recogidos en el artículo 795, de manera que se puedan resolver mediante juicios rápidos.

En paralelo, abogaban por modificar el artículo 553 en relación con los mismos delitos para dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en las mismas sin autorización judicial previa para detener a los 'okupas'.

"PATADA EN 24 HORAS"

"Al 'okupa' patada en 24 horas", ha resumido Sánchez del Real, quien ha acusado al Gobierno de "proteger a los 'okupas' desde sus mansiones" y al ministro del Interior de intentar vender "humo" en esta materia. "Los que asaltan nuestra propiedad asaltan nuestra libertad", ha denunciado.

De su lado, la 'popular' Ana Zurita ha señalado que la 'okupación es un problema gravísimo", en contra de lo que sostiene el vicepresidente Pablo Iglesias, ha tachado de "paripé" las medidas anunciadas por el Gobierno y ha pedido una "verdadera ley 'antiokupación' que proteja a las víctimas" y vaya mucho más allá de las "insuficientes" recetas de Vox.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha censurado la "demagogia" que, a su juicio, lleva a la "izquierda" a "negar este problema", obviando que se produce 8.000 'okupaciones' al año, muchas, ha señalado, dirigidas por mafias. "Hay que poner freno porque eso no va a hacer más que aumentar", ha avisado, recalcando que hay que "proteger a las víctimas" y quitarse "la venda ideológica" con esta cuestión.

También el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Sergio Sayas ha llamado a "plantar cara a la okupación", en línea con su compañero del Mixto, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, mientras que José María Mazón (PRC), ha justificado su abstención por considerar que basta con reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para atajar este fenómeno.

Aunque ha admitido que éste es un "problema grave", Mikel Legarda, del PNV, ha rechazado apoyar la moción de Vox, al que ha recriminado que lo relacione con la inmigración y que acuse al Gobierno de proteger a los "delincuentes" y al resto de grupos del Congreso de ser "cómplices".

El resto de grupo también ha descalificado de una u otra manera la moción de Vox. Así, la socialista Eva Bravo ha replicado que estas propuestas de dudosa constitucionalidad llegan "80 años tarde" porque incluyen medidas ya anunciadas por el Gobierno y la Fiscalía. "Hace 80 años lo que se 'okupó' ilegalmente fue la democracia española", ha apostillado la diputada, tras apuntar que la 'okupación' se triplicó durante los años de gobierno del PP.

La diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha cargado contra Vox por querer generar "alarmismo" creando "leyendas urbanas" sobre este tema para "sacar rédito político" cuando el verdadero problema, a su juicio, es la especulación y los altos precios de la vivienda.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha descalificado una moción desde su punto de vista "patrocinada por Securitas Direct" y los grupos "parapoliciales y filofascistas que se dedican a los desalojos". Ante esta afirmación, Sánchez del Real, ha negado haber cobrado por defender sus tesis y ha subrayado que sólo le mueve el interés general.

Rufián también ha remarcado que los allanamientos afectan al 0,060% de las viviendas en España para sentenciar que el temor a las okupaciones que pretende fomentar Vox no tiene fundamento. "Es mentira", ha aseverado, alertando de que con la crisis que se viene encima es más probable que muchos españoles estén "mucho más cerca de 'okupar' una casa de que se la 'okupen'.

Desde EH Bildu, Oskar Matute ha tachado de "bodrio" la moción y ha negado, amparándose la legislación vigente, que exista un riesgo de que en España a un ciudadano le invadan y desposean de su vivienda habitual o vacacional -porque eso no es 'okupación' sino allanamiento-- y que exista un problema "desbocado".

Matute ha aportado datos para avalar su tesis, ha negado que se pueda vincular 'okupación' con inmigración ilegal y ha acusado a Vox de pretender defender a los bancos y los grandes propietarios. También lo ha hecho el diputado del BNG, Néstor Rego, quien ha admitido que hay que buscar soluciones para los afectados, pero no las que plantea Vox que, a su juicio, busca "criminalizar la pobreza".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena i Sender, han firmado este miércoles un convenio de colaboración para fomentar el intercambio de información, experiencia y conocimientos y para colaborar en la planificación, preparación y respuesta ante situaciones radiológicas.

Asimismo, se constituirá una Comisión de seguimiento, vigilancia y control con tres representantes de cada una de las partes, según ha informado la Consejería a través de un comunicado.

Este convenio da continuidad a las funciones que en materia de planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica se están llevando cabo desde el año 2011 entre la Consejería de Fomento y Ambiente, a través de la Agencia de Protección Civil y el Consejo de Seguridad Nuclear reforzando el aprovechamiento mutuo de los recursos y experiencia de ambas instituciones.

La firma ratifica la cooperación de ambas partes en la planificación de las actuaciones necesarias para hacer frente a las emergencias radiológicas que pudieran afectar a los habitantes y al territorio de Castilla y León, además de la colaboración en materia de implantación y mantenimiento de la efectividad de los planes de emergencia radiológica de la Junta y la coordinación de las organizaciones de gestión de emergencias en caso de que se produzca un accidente radiológico que requiera la activación de los planes de emergencia.

Junta y CSN actuarán conjuntamente en estudios, ejercicios, simulacros y cualquier otra actividad que consideren necesaria para mejorar los planes de emergencia de la Junta de Castilla y León para hacer frente al riesgo radiológico y cooperarán en la adquisición de materiales y equipos comunes a ambas partes, que sean específicos y especializados para su utilización en situaciones de crisis.

Igualmente, el convenio contempla la cooperación en la formación técnica específica del personal de ambas partes, permitiendo la participación de sus miembros en las tareas formativas desarrolladas y el intercambio de información relativa a instalaciones, actividades y situaciones de riesgo radiológico para los habitantes o el medio ambiente de Castilla y León, estableciendo y manteniendo operativos los canales y sistemas de comunicación que sean precisos para hacerlo en el menor tiempo posible, entre otros.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio se crea una Comisión integrada por tres representantes de cada una de las administraciones, entre ellas, la Directora de la Agencia de Protección Civil en representación de la Junta de Castilla y León y la Directora Técnica de Protección Radiológica, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.

Esta comisión establecerá los criterios técnicos, directrices específicas, procedimientos, acuerdos o protocolos de actuación que se consideren necesarios en cada momento. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.