La diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, ha resaltado que "vivimos una realidad muy cambiante", y por eso, la Diputación de Guipúzcoa irá "adaptando e impulsando todas las medidas que sean necesarias, en base a las necesidades que demande cada momento" en las residencias de personas mayores del Territorio.

Peña ha comparecido este miércoles en las Juntas Generales, donde ha realizado un repaso en profundidad sobre la situación que viven los servicios y recursos sociales de Gipuzkoa, además de los planes, estrategias y medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia.

En su intervención, ha subrayado que el "principal reto" reside en "lograr el equilibrio perfecto entre la seguridad y el bienestar emocional" de las personas usuarias de los servicios sociales, y que el camino a recorrer es "largo", pero, según ha dicho, "lo seguiremos recorriendo de la mano, desde la prevención, la vigilancia y la adaptación constante".

"No podemos bajar la guardia", ha remarcado la diputada, quien ha asegurado que "la situación que vivimos ahora es diferente a la de marzo". "La incidencia del virus en marzo era mayor. Por eso las medidas adoptadas eran más restrictivas en todos los ámbitos. Ahora, sin embargo, estamos conviviendo con el virus, las calles están abiertas, las residencias también, y el riesgo es mayor", ha advertido.

Por eso, ha defendido que, gracias al Sistema de Vigilancia y Alerta, "adoptamos las medidas de manera quirúrgica, y revisamos permanentemente la situación de toda la red para adelantarnos al máximo posible y atajar así el avance del virus". Sin embargo, ha recordado que "no existe el riesgo cero", pero que las medidas adoptadas son "eficaces", y que la capacidad de adaptación de toda la red está "más que demostrada".

A día de hoy, en las residencias de personas mayores hay 55 casos activos de covid-19 en seis centros, y hay 60 personas trabajadoras contagiadas en 22 residencias. En la segunda ola, desde que se dieran los primeros casos positivos el 11 de agosto, 20 personas han fallecido y 14 ya se han recuperado.

La responsable foral de Políticas Sociales ha mostrado su "solidaridad y cercanía", así como su "inmenso" agradecimiento a todas las personas usuarias, familias y al personal de los centros residenciales "por su incansable trabajo, su dedicación, responsabilidad y compromiso".

Por otra parte, ha recordado que su Departamento encargó la elaboración de un estudio del impacto del covid-19 en los recursos sociales de Gipuzkoa, donde se recogerá el balance de la crisis sanitaria, la evaluación completa de las situaciones generadas, y se propondrán una serie de acciones de mejora, el cual, además, "recogerá las aportaciones de entidades, personas usuarias y familiares", y se completará para finales de septiembre.

A su juicio, "para adelantarnos al virus y lograr convivir con él, la clave está en fomentar la prevención y mantenernos alerta". En ese sentido, la diputada ha enumerado las acciones y medidas más relevantes adoptadas en el seno del Plan de Choque, como las que conforman el Sistema de Alerta y Vigilancia que está activo en los servicios y recursos sociales de Gipuzkoa.

PRUEBAS PCR

Entre ellas, ha citado la realización de PCR preventivas a personas usuarias y trabajadoras de los centros residenciales. Se ha activado un sistema de realización sistemática de pruebas PCR, con el doble objetivo de realizar mapeos periódicos, así como mapeos selectivos en situaciones de brote. Hasta el 19 de septiembre se han realizado un total de 13.626 pruebas.

Peña ha apuntado que se sigue trabajando en el suministro del material de protección individual (hasta hoy se han repartido, entre otros elementos, 900.000 mascarillas quirúrgicas, 50.000 mascarillas FFP2, 700.000 guantes y 700.000 batas), así como en las desafecciones y en el asesoramiento técnico de la mano de profesionales de Aita Menni.

También se ha reforzado la inspección en toda la red. De este modo, el servicio de Inspección de la Diputación sigue realizando visitas a los centros (47 inspecciones en la segunda ola), y también han revisado los planes de contingencia, prevención y de visitas elaboradas desde las propias residencias.

En lo referente a las salidas de los centros residenciales, se regulan en base a una serie de criterios, como son el contagio comunitario, la situación epidemiológica del entorno, así como los casos confirmado en los centros.

Por tanto, "las medidas se adoptan de manera quirúrgica y se revisan de manera periódica. Desde la prudencia y la responsabilidad compartida, las salidas se podrán seguir realizando en todos los centros donde la situación epidemiológica lo permita", ha explicado.

VISITAS

Las visitas en residencias se siguen realizando en todos los centros sin casos positivos, con la limitación de una persona por cada visita, no teniendo que ser la misma persona en todas ellas, que podrán hacer dos veces por semana y de una hora de duración. Esas medidas no se aplican en el caso de personas que se encuentren en proceso del final de la vida y en el caso de personas con deterioro cognitivo.

Asimismo, se ha reforzado el Plan de Formación iniciado en abril en materia de prevención y control, y se ha procedido a adaptar y abrir nuevos recursos y centros, para la atención de casos covid-19 derivados de las residencias, así como para la realización de cuarentenas preventivas.

En julio se habilitó la tercera planta del Hospital de Eibar con un total de 56 plazas y se contempla, asimismo, la activación en breve de más plazas con la finalidad de atender a casos covid-19, como para la realización de aislamientos. También ha recordado que se ha reformado y adaptado el centro San José de Ordizia, con el objetivo de que las instalaciones estuvieran preparadas para hacer frente a la covid-19 y cumpliera con las medidas previstas en su plan de contingencia.

Además de esas plazas para la atención de casos positivos como aislamientos, actualmente se han reducido preventivamente las plazas en los centros residencias y en los centros de día para facilitar los aislamientos en los propios centros.

"Hemos aprendido muchísimo, y así lo seguimos haciendo día a día", ha remarcado Maite Peña, quien ha destacado que "todas las personas que conformamos la red de servicios sociales estamos dando lo mejor de nosotras y la incertidumbre es mayúscula".

Finalmente, ha insistido en que la coyuntura actual "exige seguir extremando las precauciones", y ha afirmado que desde la Diputación Foral de Gipuzkoa "se sigue realizando un trabajo continuo de prevención, contención y seguimiento desde el inicio de la crisis sanitaria".

El vicepresidente y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha reprochado al Estado que haga dejación de sus competencias en política migratoria e intente responsabilizar a las instituciones canarias de las deficiencias en la acogida de los miles de personas que están llegando a las islas en los últimos meses a bordo de cayucos.

"No vamos a permitir que Canarias se convierta en Lesbos o Lampedusa; es obligación del Gobierno de España y de las autoridades europeas dar una respuesta en ese sentido, cumplir con su deber y respetar a la ciudanía e instituciones canarias".

Román Rodríguez se pronunció en estos términos tras ser preguntado por los periodistas sobre las palabras ayer en las Cortes del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien dijo que los ayuntamientos y cabildos canarios "se han puesto de perfil".

El vicepresidente aseguró que el principal problema es que el Gobierno de España "no ha acabado de entender que somos frontera sur del Estado y de la Unión Europea y que las políticas migratorias son de su responsabilidad".

Rodríguez recordó que durante las dos anteriores grandes crisis migratorias se evidenció esta realidad y se dio respuesta a la situación generada en cada momento. La primera de ellas se produjo entre 1999 y 2003, cuando arribaron unos 28.000 migrantes, y la segunda, entre 2004 y 2007, cuando llegaron unas 85.000 personas. En lo que va de este año otros 5.600 migrantes han alcanzado las costas del archipiélago.

En su opinión, "no es de recibo que quien tiene las competencias no las ejerza de manera debida y que el ministro cuestione a las instituciones del archipiélago cuando éstas y la ciudadanía canaria en su conjunto han obrado desde la solidaridad, la comprensión y la colaboración".

El vicepresidente subrayó que se trata de un fenómeno que es consustancial a la historia humanidad, "que se ha producido y se seguirá produciendo", pero que ahora, cuando coincide con una crisis económica y otra climática, se "recrudecerá".

Rodríguez recordó las sucesivas crisis migratorias que se han producido en Canarias en las últimas décadas e insistió en que "antes y ahora" éstas deben afrontarse desde cuatro ámbitos diferentes: actuaciones en los países de origen por la vía diplomática, económica y de seguridad; mejora de los sistemas y de la coordinación de los rescates; una acogida en instalaciones digna y limitada en número a cargo del Estado, y una política eficaz de derivaciones hacia el continente europeo.

Sobre este último aspecto, indicó que no hay ninguna razón para retener en las islas a los migrantes: "Debemos tener recursos para una acogida digna y humanitaria, pero esas personas tienen que circular hacia el continente. Sin derivaciones, como las que se hicieron en las anteriores crisis migratorias, no hay solución".

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una moción de Vox que reclamaba que se establecieran penas de cárcel para los 'okupas' y se mejorara la protección de los "legítimos titulares de los derechos reales" sobre los inmuebles objeto de 'okupación'.

La iniciativa, consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió hace una semana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido el apoyo de PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que el PRC se ha abstenido.

El texto, defendido desde la tribuna por Víctor Sánchez del Real, instaba al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que "todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión".

También le emplazaba a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estos delitos de usurpación en los que no concurre violencia o intimidación dentro de los recogidos en el artículo 795, de manera que se puedan resolver mediante juicios rápidos.

En paralelo, abogaban por modificar el artículo 553 en relación con los mismos delitos para dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en las mismas sin autorización judicial previa para detener a los 'okupas'.

"PATADA EN 24 HORAS"

"Al 'okupa' patada en 24 horas", ha resumido Sánchez del Real, quien ha acusado al Gobierno de "proteger a los 'okupas' desde sus mansiones" y al ministro del Interior de intentar vender "humo" en esta materia. "Los que asaltan nuestra propiedad asaltan nuestra libertad", ha denunciado.

De su lado, la 'popular' Ana Zurita ha señalado que la 'okupación es un problema gravísimo", en contra de lo que sostiene el vicepresidente Pablo Iglesias, ha tachado de "paripé" las medidas anunciadas por el Gobierno y ha pedido una "verdadera ley 'antiokupación' que proteja a las víctimas" y vaya mucho más allá de las "insuficientes" recetas de Vox.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha censurado la "demagogia" que, a su juicio, lleva a la "izquierda" a "negar este problema", obviando que se produce 8.000 'okupaciones' al año, muchas, ha señalado, dirigidas por mafias. "Hay que poner freno porque eso no va a hacer más que aumentar", ha avisado, recalcando que hay que "proteger a las víctimas" y quitarse "la venda ideológica" con esta cuestión.

También el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Sergio Sayas ha llamado a "plantar cara a la okupación", en línea con su compañero del Mixto, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, mientras que José María Mazón (PRC), ha justificado su abstención por considerar que basta con reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para atajar este fenómeno.

Aunque ha admitido que éste es un "problema grave", Mikel Legarda, del PNV, ha rechazado apoyar la moción de Vox, al que ha recriminado que lo relacione con la inmigración y que acuse al Gobierno de proteger a los "delincuentes" y al resto de grupos del Congreso de ser "cómplices".

El resto de grupo también ha descalificado de una u otra manera la moción de Vox. Así, la socialista Eva Bravo ha replicado que estas propuestas de dudosa constitucionalidad llegan "80 años tarde" porque incluyen medidas ya anunciadas por el Gobierno y la Fiscalía. "Hace 80 años lo que se 'okupó' ilegalmente fue la democracia española", ha apostillado la diputada, tras apuntar que la 'okupación' se triplicó durante los años de gobierno del PP.

La diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha cargado contra Vox por querer generar "alarmismo" creando "leyendas urbanas" sobre este tema para "sacar rédito político" cuando el verdadero problema, a su juicio, es la especulación y los altos precios de la vivienda.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha descalificado una moción desde su punto de vista "patrocinada por Securitas Direct" y los grupos "parapoliciales y filofascistas que se dedican a los desalojos". Ante esta afirmación, Sánchez del Real, ha negado haber cobrado por defender sus tesis y ha subrayado que sólo le mueve el interés general.

Rufián también ha remarcado que los allanamientos afectan al 0,060% de las viviendas en España para sentenciar que el temor a las okupaciones que pretende fomentar Vox no tiene fundamento. "Es mentira", ha aseverado, alertando de que con la crisis que se viene encima es más probable que muchos españoles estén "mucho más cerca de 'okupar' una casa de que se la 'okupen'.

Desde EH Bildu, Oskar Matute ha tachado de "bodrio" la moción y ha negado, amparándose la legislación vigente, que exista un riesgo de que en España a un ciudadano le invadan y desposean de su vivienda habitual o vacacional -porque eso no es 'okupación' sino allanamiento-- y que exista un problema "desbocado".

Matute ha aportado datos para avalar su tesis, ha negado que se pueda vincular 'okupación' con inmigración ilegal y ha acusado a Vox de pretender defender a los bancos y los grandes propietarios. También lo ha hecho el diputado del BNG, Néstor Rego, quien ha admitido que hay que buscar soluciones para los afectados, pero no las que plantea Vox que, a su juicio, busca "criminalizar la pobreza".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena i Sender, han firmado este miércoles un convenio de colaboración para fomentar el intercambio de información, experiencia y conocimientos y para colaborar en la planificación, preparación y respuesta ante situaciones radiológicas.

Asimismo, se constituirá una Comisión de seguimiento, vigilancia y control con tres representantes de cada una de las partes, según ha informado la Consejería a través de un comunicado.

Este convenio da continuidad a las funciones que en materia de planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica se están llevando cabo desde el año 2011 entre la Consejería de Fomento y Ambiente, a través de la Agencia de Protección Civil y el Consejo de Seguridad Nuclear reforzando el aprovechamiento mutuo de los recursos y experiencia de ambas instituciones.

La firma ratifica la cooperación de ambas partes en la planificación de las actuaciones necesarias para hacer frente a las emergencias radiológicas que pudieran afectar a los habitantes y al territorio de Castilla y León, además de la colaboración en materia de implantación y mantenimiento de la efectividad de los planes de emergencia radiológica de la Junta y la coordinación de las organizaciones de gestión de emergencias en caso de que se produzca un accidente radiológico que requiera la activación de los planes de emergencia.

Junta y CSN actuarán conjuntamente en estudios, ejercicios, simulacros y cualquier otra actividad que consideren necesaria para mejorar los planes de emergencia de la Junta de Castilla y León para hacer frente al riesgo radiológico y cooperarán en la adquisición de materiales y equipos comunes a ambas partes, que sean específicos y especializados para su utilización en situaciones de crisis.

Igualmente, el convenio contempla la cooperación en la formación técnica específica del personal de ambas partes, permitiendo la participación de sus miembros en las tareas formativas desarrolladas y el intercambio de información relativa a instalaciones, actividades y situaciones de riesgo radiológico para los habitantes o el medio ambiente de Castilla y León, estableciendo y manteniendo operativos los canales y sistemas de comunicación que sean precisos para hacerlo en el menor tiempo posible, entre otros.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio se crea una Comisión integrada por tres representantes de cada una de las administraciones, entre ellas, la Directora de la Agencia de Protección Civil en representación de la Junta de Castilla y León y la Directora Técnica de Protección Radiológica, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.

Esta comisión establecerá los criterios técnicos, directrices específicas, procedimientos, acuerdos o protocolos de actuación que se consideren necesarios en cada momento. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra detectó este martes 421 nuevos casos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.441 pruebas PCR (el día que más pruebas se han hecho), con un 12,2% de positivos, en una jornada en la que se registró el fallecimiento de un hombre de 67 años.

La red sanitaria integrada de Navarra acoge, tras el balance de altas y bajas, a 222 pacientes en los diferentes centros hospitalarios y modalidades, con una ocupación estable en la UCI de 25 personas ingresadas.

Desde la perspectiva geográfica, Pamplona y Comarca registraron el 55% de los positivos, seguidas del Área de Tudela, con el 19% y el Área de Estella, con el 6% de los casos. El resto de positivos (20%) se reparten por otras zonas de Navarra, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

En cuanto a las franjas de edad, en la jornada de ayer el grupo mayoritario fue el de 45 a 59 años, con un 25%; seguido por el de 15 a 29 y 30 a 44, ambos con un 22%; a continuación, el grupo de menores de 14 años con un 17%. Finalmente, el grupo entre 60 y 75 años, con un 11%, y mayores de 75 años, con un 3%. La edad media de los nuevos casos baja a los 37,2 años. En cuanto al género, el 48% son mujeres y un 52%, hombres.

Desde el punto de vista epidemiológico, este martes se produjeron en Navarra 22 nuevas hospitalizaciones por Covid-19, ninguno en la UCI, como causa principal de ingreso.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, hay 222 personas ingresadas con Covid-19, catorce más que ayer. Se incluyen aquí todos los pacientes hospitalizados en la red sanitaria integrada, en los centros públicos y privados. Por modalidades, 25 se encuentran en puestos UCI y 33 en hospitalización domiciliaria. Los 164 pacientes restantes están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

Navarra es la comunidad que más PCR realiza en relación a su población, con una tasa de 2.940 PCR por 100.000 habitantes, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, y es la segunda comunidad en incidencia global en los últimos 14 y 7 días, con tasas de 622 y 310 por 100.000 habitantes, respectivamente.

Durante esta última semana, el Ministerio de Sanidad cifra la ocupación de camas Covid-19 en un 9,5%, ocupando la octava posición en esta estadística oficial.

Respecto a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectadas por Covid-19, según informa el Servicio Navarro de Salud, en la actualidad hay 91, y en la última semana se han producido 36 nuevos contagios.

En cuanto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, si se suman los casos de ayer se sitúa en 15.876 personas y el número total de fallecimientos es de 563, con un índice de letalidad del 0,2%.

INFORME DE LA ÚLTIMA SEMANA

El último informe epidemiológico del ISPLN, correspondiente a la semana del 14 al 20 de septiembre, muestra para Navarra una tasa de casos confirmados por PCR de 303 por 100.000 habitantes, similar a la de la semana anterior.

El 64% de los nuevos casos fueron asintomáticos y el 58% contactos de otros casos confirmados. En el 35% de los casos la transmisión ocurrió en el domicilio y otros muchos casos ocurrieron en el contexto de reuniones familiares y de amigos. El ámbito laboral y escolar se asoció con el 7% de los contagios.

Los menores de 5 años han dado lugar al 4% de los casos confirmados y el conjunto de menores de 15 años, al 15%. En esta última semana, el 51% de menores de 5 años y el 59% de entre 5 y 14 años habían adquirido la infección en el ámbito domiciliario, frente al 12% y 8% del ámbito escolar.

En lo que se refiere a la distribución de los casos por grupos de edad, han disminuido los casos en los grupos de edad menores de 35 años y han aumentado los mayores de esta edad. Así, el grupo de mayores de 65 años ha pasado del 10 al 14% de los casos.

La incidencia ha descendido ligeramente en el Área de Tudela, aunque sigue teniendo la tasa más alta (400 por 100.000 habitantes) y se ha mantenido con pocos cambios en las de Pamplona (272 casos por 100.000) y Estella (221 casos por 100.000 habitantes) con lo que se han reducido las diferencias geográficas.

Por otra parte, sigue aumentando el número de ingresos hospitalarios por Covid-19. Entre el 14 y el 20 de septiembre, 125 casos necesitaron ingresos hospitalarios, frente a los 105 de la semana anterior. Además, se han producido 13 ingresos en la UCI (6 la semana anterior), y nueve defunciones atribuibles a Covid-19.

DATOS "PREOCUPANTES"

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha afirmado que los datos "no comprometen la respuesta del sistema sanitario navarro, pero sí pueden condicionarlo" y son "preocupantes", por lo que ha afirmado que "hay que rebajarlos antes de meternos en la temporada invernal".

En todo caso, Induráin ha afirmado que los datos reflejan que "hay una tendencia estable en el sentido de que se sigue manteniendo un equilibrio entre las medidas de contención y la actuación de la sociedad y la expansión del virus".

No obstante, ha dicho que se trata de "un equilibrio que es frágil y cada vez se sitúa en cifras más altas de casos diarios". "Hemos pasado de un centenar a mitades de verano a superar los 300 últimamente, lo que aunque no compromete la respuesta del sistema sanitario navarro, sí que puede condicionarlo, y en esta fase nuestro objetivo es tratar de inflexionar el número de contagios para recuperar al máximo la actividad sanitaria ordinaria, es decir, compaginar la actividad Covid y no Covid".

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP y enmendada por CC en la que solicita que mejoren las condiciones de atención a los migrantes que llegan al archipiélago si bien los populares se quedaron solos en su petición de cese del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

La propuesta comprende, entre otras cosas, la creación de una red de atención y alojamientos estables, que se activen las derivaciones a la Península o la Unión Europea, impulsar acuerdos de cooperación con los países de origen y el reforzamiento del SIVE para evitar los naufragios.

Poli Suárez, del Grupo Popular, ha pedido el "cese inmediato" de Pestana por el "flagrante incumplimiento" de sus obligaciones y subrayó que "no se ha hecho nada" desde que la Cámara aprobó hace algunos semanas otra PNL donde pedía que se mejorara la gestión.

"Estamos desbordados", ha indicado, pues más de 200 personas siguen en la explanada del muelle de Arguineguín (Gran Canaria), remarcando que la visita del ministro del Interior en febrero a las islas, Fernando Grande-Marlaska, "no sirvió de nada", lo mismo que las vacaciones de verano de Pedro Sánchez en Lanzarote.

Suárez ha insistido en la "descoordinación, inacción y falta de compromiso" del Gobierno central con Canarias y acusó de "falta de respeto" al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, por dilatar su visita al archipiélago. "Debemos pedir su dimisión", ha comentado.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha criticado la "desidia y abandono" del Gobierno central hacia las islas y la complicidad de los grupos que apoyan al Ejecutivo canario, pues solo reaccionaron ante la "ignominia" del muelle de Arguineguín.

Ha cargado contra Escrivá, "que no se entera ni de sus competencias", y no ha apoyado el cese de Pestana porque "lo han dejado solo y abandonado" y solo serviría de "chivo expiatorio" para ocultar la mala gestión del Estado.

Ricardo Fernández (Cs) ha señalado que el repunte de pateras es "alarmante" debido a la "nefasta" política migratoria del Estado y la UE, que ha dejado a Canarias sin "herramientas" para atender este fenómeno.

Ha indicado que se necesitan más medios para dar un acogida digna a los migrantes y criticado el "plantón" de Escrivá al Gobierno de Canarias cuando el archipiélago se ha convertido en un "coladero" para la inmigración irregular.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la migración "es un drama social y humanitario" y frente "a guerras que no llevan a ningún lado" defendió el diálogo con el Estado para buscar soluciones.

RUIDO Y TACTICISMO POLÍTICO

Por Sí Podemos, Francisco Déniz ha criticado que el PP use la migración para "hacer política pura" y se preguntó si los vertidos en las costas, el elevado desarrollo urbanístico o el "saqueo" de recursos "no dañan" la imagen de Canarias en lugar de los migrantes acogidos en hoteles que proyectan la "solidaridad" de las islas.

Luis Campos, portavoz de NC, ha señalado que el Gobierno de Canarias ha actuado "con contundencia" para exigir al Estado que mejore la atención a los migrantes y ha aprovechado para pedir que se reedite el pacto canario por la inmigración, en línea de los acuerdos de la crisis de los cayucos de 2006, para elaborar políticas que mejoren la coordinación y atención.

Nira Fierro, del Grupo Socialista, ha acusado al PP de buscar "ruido y tacticismo político" en lugar de buscar soluciones, apuntando que "se está trabajando" para tener una red de alojamientos estables, reforzar la diplomacia con los países de origen o reactivar el Frontex.

Asimismo, ha subrayado que la PNL es una "censura" a la gestión del propio Partido Popular, que desde 2011 desmanteló toda la red de acogida a los migrantes.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha librado al inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo de ser juzgado por los delitos cometidos por la presunta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo actividades de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012, al admitir un recurso contra su procesamiento.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 propuso el pasado mes de julio a un total de 105 personas, entre ellas al inspector, por presuntamente facilitar, agilizar y realizar trámites de extranjería a cambio de dávidas y recompensas. Miguel Ángel Gómez Gordo es hermano del comisario imputado en la pieza 'Kitchen' del conocido como 'caso Villarejo' por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados.

El magistrado deja sin efecto su decisión al admitir el recurso presentado por Gómez Gordo contra el auto en el que propone juzgarle. La defensa del inspector recuerda que todos los hechos relacionados con el inspector de Extranjería ya fueron investigados en una pieza separada denominada 'funcionarios' y en la que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el sobreseimiento respecto de Gómez Gordo, por lo que entiende que debe mantenerse dicho pronunciamiento.

OTROS RECURSOS DESESTIMADOS

Por otro lado, el juez Calama ha desestimado los recursos presentados por otros once investigados en la denominada 'Operación Emperador'. Según explica el magistrado en su auto del pasado mes de julio por el que acordó el pase de diligencias previas a procedimiento abreviado, la red liderada por Gao Ping es una "compleja macroorganización criminal de carácter internacional" que estaba "compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Para ello, la red habría constituido un "entramado de sociedades pantalla al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros" y habría confeccionado "los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas", señala la resolución.

Por su presunta implicación en esta trama, el juez de la Audiencia Nacional también propuso juzgar a Ignacio Jordá González, actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, por supuestamente enviar capital de su propiedad a China y utilizar sus mercantiles para justificar movimientos de dinero con facturas falsificadas. Igualmente, entre el centenar de procesados se encuentran empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado de activos.

LA ORGANIZACIÓN SE ESTRUCTURA EN TRES BLOQUES

Según detalla el juez en su escrito, la trama liderada por Gao Ping se estructuraba en tres bloques. El primero estaba compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y que distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, organizadas con dos contabilidades paralelas, con el único propósito de eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública.

Ese material posteriormente se centralizaba en naves industriales como las del polígono de Cobo Calleja, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, y en la localidad toledana de Seseña, y de ahí era distribuido a sus clientes que estaban repartidos en todo el territorio nacional. Esta primera trama de la organización transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros, explica el auto.

El segundo bloque estaba integrado por ciudadanos que tenían elevados saldos bancarios en paraísos fiscales, que requerían dinero en efectivo en España y que contactaban con los investigados, que a su vez tenían dinero metálico y querían transferirlo ilícitamente a cuentas bancarias localizadas en el exterior. Por actuar como intermediarios y facilita la salida de dinero de la organización de Gao Ping cobraban comisiones entre el dos y el tres por ciento.

Por último, el juez instructor describe un tercer grupo formado por ciudadanos de origen chino dedicados al fraude fiscal y blanqueo de capitales y que utilizaban diversas vías para conseguir el retorno del dinero a China. Realizaban un envío masivo de dinero camuflado en falsas remesas de inmigrantes, se servían del transporte físico por carretera para remesar el dinero desde países con menor control respecto al blanqueo de dinero, o bien utilizaban la vía aérea para trasladar capitales sin declarar.

Canarias ha registrado hasta el momento un total de 12.353 casos acumulados de covid-19, lo que supone 151 más (que proceden de 4.402 PCR) respecto al día de ayer, y también se han producido dos nuevos fallecimientos, ambos en Gran Canaria, por lo que la cifra se sitúa ya en 219 muertes.

Con datos de la Consejería de Sanidad cerrados a las 14.00 horas, del total de casos, 6.718 continúan activos, 143 menos que este martes, al subir las personas que han recibido el alta médica hasta las 5.416.

Por su parte, del total de casos activos, 6.444 están recibiendo asistencia en casa (-35), 212 están hospitalizados (-6) y 62 están ingresados en UCI (+2).

En cuanto a las pruebas PCR, en Canarias se han realizado hasta ahora 335.030 pruebas PCR, 4.402 de ellos en la última jornada, con un índice positivos del 4,62%.

DESGLOSE POR ISLAS

Por islas, la que más positivos acumulados tiene es Gran Canaria, que cuenta con 6.978 afectados, 67 nuevos de ellos en las últimas 24 horas. De esta cifra, 4.741 son casos activos, 3.964 de ellos en la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, hay que lamentar otras dos muertes que ascienden el número de fallecidos a 79.

Tenerife, por su parte, ha sumado 63 casos en la última jornada, hasta un total de 3.552 positivos acumulados, 1.632 de ellos activos y registrado 124 muertes desde el inicio de la pandemia.

Lanzarote cuenta con 1.032 positivos acumulados, 7 nuevos; Fuerteventura, con 536 positivos acumulados, (+14); La Palma, 174 positivos acumulados y ningún caso nuevo; El Hierro, con un acumulado de 46 y sin nuevos casos, y, por último, La Gomera, con 35 positivos acumulados, ninguno en las últimas 24 horas.

Los fallecidos por islas se reparten de la siguiente manera: 124 fallecidos en Tenerife; 79 en Gran Canaria; 8 en Lanzarote, y 6 en La Palma, y 2 en Fuerteventura.

El comité clínico que asesora a la Xunta en medidas para prevenir la expansión de la COVID-19 ha decidido imponer las medidas restrictivas vigentes en varios municipios gallegos al Ayuntamiento de Vilagarcía, extenderlas a la zona de O Milladoiro, en el entorno de Santiago de Compostela, e implantar las restricciones especiales del barrio de O Couto, en Ourense, a otras calles de la ciudad.

Así, desde esta medianoche, la ciudad de Ourense verá ampliada su área de restricciones especiales, ya vigentes en una parte del barrio de O Couto (concretamente en las calles Antonio Puga, Doutor Fleming, Xesús Soria y Avenida de Portugal).

Estas medidas de mayor intensidad, que en su día también afectaron al barrio lucense de A Milagrosa y al municipio de Arteixo, implican --además de las restricciones genéricas-- la limitación de reuniones privadas o en la calle a un máximo de cinco personas, que también es el grupo máximo que se puede atender en negocios de hostelería. Cafeterías y bares no pueden servir en el interior.

Tras la reunión del comité clínico, estas medidas se implantarán también en el espacio delimitado por las calles Progreso (desde el Puente Romano hasta el cruce con la calle Praza de Abastos), Irmáns Sexta, Avenida de Portugal, Camiño Lobisome, Salto do Can, Carballo, Sobreira y la nacional 525 --desde el cruce con la calle Sobreira hasta la Ribeira Sacra--. También afectarán a la Avenida Ribeira Sacra hasta el Puente Romano.

MEDIDAS GENERALES

En cuanto a las medidas generales, el comité ha decidido incluir a Vilagarcía en los ayuntamientos con restricciones vigentes, así como algunas calles de la zona de O Milladoiro, en el Ayuntamiento de Ames. En este último caso, se incluyen los dos lados de la Avenida Rosalía de Castro y la calle Anxeriz, en las interacciones con las calles Raxoeira, Pardiñeiros y Figueira.

En estas áreas estará vigente la limitación de aforos al 50% en establecimientos comerciales, de restauración o de hostelería, así como la reducción en celebraciones, velatorios y lugares de culto. En hostelería está prohibido el consumo en barra y las reuniones se limitan a 10 personas como máximo.

Además de las nuevas incorporaciones, el comité ha dado el visto bueno a la prolongación de las medidas en Santiago, Silleda, Lalín, Lugo, Ourense, Poio, Pontevedra, Vilaboa, Marín y Verín, así como en algunos barrios de la ciudad de A Coruña.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que pide al Gobierno regional que cierre los prostíbulos y ponga en marcha un Plan contra la prostitución que incluye medidas de apoyo a las mujeres víctimas de trata y explotación sexual.

Así lo ha anunciado hoy en Getafe la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Sánchez Acera, acompañada en su visita a esta localidad del Sur por la alcaldesa, Sara Hernández, así como por la portavoz de Mujer del PSOE en la Cámara regional, Lorena Morales.

"Le pedimos a la Comunidad de Madrid que actúe, que actúe contra la violencia sexual. No solamente contra los proxenetas y las mafias, sino que también proteja a las mujeres que están sometidas a estas mafias", ha señalado Sánchez Acera.

La portavoz adjunta ha resaltado que la PNL contiene tres líneas estratégicas para poner en pié un "auténtico" plan integral de lucha contra la prostitución, que debe ser dotado de los recursos suficientes para garantizar su efectividad.

Por su parte, la diputada autonómica Lorena Morales ha incidido en los tres ejes principales de que consta la propuesta. Así, se pondría en marcha un paquete de medidas de apoyo a las personas en situación de prostitución y trata que les ofrezcan la posibilidad de un futuro "digno", dando asistencia y recuperación integral.

Para ello, los socialistas creen que es preciso "facilitar el acceso a la Renta Mínima de Inserción, ampliar la red de pisos de acogida, garantizar la asistencia jurídica, sanitaria y psicosocial que precisen las víctimas de trata y explotación".

Un segundo bloque de medidas tiene que ver con la prevención y sensibilización, que son las bases para "la desaparición de la prostitución y de la explotación sexual", según la parlamentaria del PSOE.

Así, se contemplarían programas que "desincentiven el consumo de sexo de pago, especialmente dirigidos a los jóvenes, prohibición de la publicidad de prostitución por cualquier canal, imposibilidad de contratar publicidad institucional en cualquier medio o plataforma de comunicación que admita publicidad de sexo de pago.

Por último, actuaciones contra los proxenetas, las mafias y todos aquellos que, de una u otra forma "se benefician del mercado del sexo". "Aquí, se reclama el cierre inmediato de todos los prostíbulos que operan en la región, sancionar a los clientes que consuman prostitución e instar al Gobierno de España a aprobar una ley contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución", han reivindicado.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem' ha acordado admitir la personación como perjudicado del abogado Felipe Izquierdo en la pieza 9 de la macrocausa en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo. Admite además la querella que ha presentado el perjudicado y que se dirige contra el expresidente de la entidad Francisco González.

Según el auto del juez, además de contra González --ya investigado en el marco de esta pieza 9--, la querella va contra el actual jefe de auditoria interna de BBVA, y director de gabinete de presidencia en los años a los que se refiere la presente querella, Joaquín Gortari, y contra el propio BBVA. Izquierdo alega que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y Gortari.

En la querella, el abogado señala que los hechos, de los que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, son cuanto menos constitutivos de los presuntos delitos de cohecho activo, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

En el escrito de Anticorrupción que resuelve en favor de la admisión de la querella, se indica que la investigación objeto de la presente pieza separada "se extiende a los hechos que son objeto del escrito de querella".

El Ministerio Público, recuerda que en esta pieza se indaga sobre las contrataciones que desde 2004 altos directivos del BBVA, a través de su entonces jefe de seguridad Julio Corrochano, se habrían efectuado en nombre y provecho de la entidad con el entramado empresarial de Villarejo (Grupo Cenyt). La relación se mantuvo durante 13 años y el comisario habría percibido más de diez millones de euros.

Por medio de Cenyt, Villarejo se dedicaba a desarrollar proyectos de gestión de crisis para empresas, que en realidad "consistirían en servicios de inteligencia ilícitos e incompatibles con la labor policial" del comisario a cambio de "elevadas sumas de dinero".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha informado este miércoles de que su formación ha presentado diez enmiendas a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), impulsada por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, que incluye medidas que consideran "fundamentales" para el sistema educativo como el MIR para el profesorado o que un 65% del currículum académico sea de carácter nacional.

Según ha explicado, en rueda de prensa en el Congreso, se trata de una serie de medidas que han consensuado con la comunidad educativa y que empiezan por buscar garantías para "la libertad d elección de las familias" sobre la educación de los hijos, como por ejemplo, en la educación concertada. También ha señalado Casado la intención del PP de conseguir "el prestidio de los docentes", de ahí que propongan la creación de una prueba similar al MIR de los sanitarios, pero para los profesores.

Las enmiendas presentadas también proponen que haya una el 65% de currículum académico nacional, entre cuyas materias deben incluirse las de materias conocidas como STEM , reclacionadas con las ciencias y la tecnología, y que el castellano sea "lengua curricular en toda España" y que en aquellas comunidades autónomas donde tengan lenguas cooficiales "pueda haber trilingüismo, entre inglés, castellano y la lengua cooficial".

Casado también se ha referido a la necesidad de "defender la educación especial" y, sobre ella también se ha presentado una enmienda, así como sobre la "implantación y progresión" de la FP Dual en todo el territoro nacional.

CRITICA LA ACTITUD DEL GOBIERNO

El presidente de los 'populares' ha destacado también la intención de su partido de "reforzar la Alta Inspección Educativa frente al adoctrinamiento" en comunidades autónomas en donde, según ha indicado, son los partidos nacionalistas los que están a cargo de las competencias educativas. Finalmente, el PP incluye también enmiendas para que se realice "una evaluación naciona de conocimientos" y "una EBAU para toda España".

"Esperamos que se atiendan estas enmiendas imprescindibles", ha indicado el líder del PP, acompañado de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, la portavoz de Educación en el Congreso, Sandra Moneo y la vicesecretaria de Política Social del partido, Ana Pastor, que, según ha indicado, se encargarán de negociar en la tramitación de esta ley.

Casado ha criticado la actitud del Ejecutivo en la tramitación de esta norma. Primero, ha indicado, en el estado de alarma "plantea la contrarreforma" y en la actual "segunda oleada" de la pandemia "finaliza el plazo de enmiendas para tramitarlo definitivamente".

Las formaciones tienen de plazo hasta este miércoles para presentar las enemiendas a la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá', que a partir de ahora comienza la etapa de ponencia en su tramitación, en donde las formaciones negociarán la incorporación de sus enmiendas a la norma presentada por el Ejecutivo.

La Audiencia Nacional ha ordenado prisión provisional para los presuntos autores de la muerte de dos jóvenes melillenses a bordo de su embarcación en aguas marroquíes el 27 de octubre de 2013", aunque para hacer efectiva esta resolución sería necesario que el reino alauí aceptara la extradición de los tres militares a España, algo que de momento no ha ocurrido tras casi ocho años desde que ocurrieron estos sucesos en 'Punta Negri', aguas marroquíes situadas a unos 35 kilómetros de la ciudad española de Melilla.

Según ha informado a Europa Press el despacho de abogados ILOCAD, fundado y dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional comunicada e incondicional para un comandante y dos sargentos "por la presunta muerte de los jóvenes ametrallados por una patrullera de Marruecos en 2013".

ILOCAD ha señalado que la causa de Emin Mohamed Driss, de 20 años, y Abdeselam Ahmed Ali, apodado Pisly, de 24, presuntamente asesinados mientras navegaban en una embarcación autorizada para navegar por aguas marroquíes "ha dado un paso importante en la investigación" después de que el tribunal español haya señalado a estas tres personas como "presuntos autores del tiroteo que causó la muerte de los dos jóvenes en octubre de 2013".

Igualmente, el despacho de abogados ha destacado que la Audiencia Nacional ha decretado la emisión de las órdenes europea e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como la comparecencia judicial en las 72 horas siguientes a que sean puestos a disposición judicial.

LOS HECHOS

Los hechos sucedieron el 27 de octubre de 2013, cuando los dos ciudadanos españoles conocidos como Emin y Pisly murieron al parecer como consecuencia de los disparos que recibieron desde la Patrullera de Costa nº 116 de la Base Naval nº 5 en Alcazarseguir perteneciente a la Marina Real del Reino de Marruecos. Los jóvenes navegaban en aguas jurisdiccionales marroquíes a bordo de una embarcación tipo Zodiac, con matrícula y bandera española, y que "estaba autorizada para navegar por aguas marroquíes", según ha asegurado ILOCAD.

La petición del despacho de abogados, que actúa pro bono y ha venido solicitando esta diligencia de investigación que ahora se ha acordado pese a la oposición del Ministerio Fiscal, ha visto como resultado el auto acordando la petición de prisión provisional, así como las mencionadas órdenes europea e internacional de detención y entrega de los presuntos autores.

"Hoy podemos celebrar la buena noticia para las familias de las víctimas, representadas por este despacho, y que en todo momento se han sentido desprotegidas y abandonadas", ha indicado ILOCAD.

Al respecto, ha aseverado que "en ningún momento, desde que se sucedieron los hechos, ni el Gobierno español ni el marroquí han dado explicación alguna ni han impulsado la investigación de los asesinatos".

Por último, han destacado que, tras la desestimación del archivo de la causa, tal y como pedía la Fiscalía, la Audiencia Nacional ha decretado este auto de prisión provisional ante el cual aún es posible la interposición de un recurso de reforma y/o subsidiario de apelación.

Los padres de Emin y Pisly, Driss Mohamed y Abdeslam Ahmed, desde que ocurrieron los hechos, han organizado varias manifestaciones y han celebrado concentraciones mensuales en estos casi ocho años para reclamar justicia por la muerte de sus hijos.

VERSIÓN MARROQUÍ

Sobre lo ocurrido el 27 de octubre de 2013, en Marruecos se ha registrado la versión oficial ofrecida por la agencia oficial de noticias de Marruecos MAP, que informó el día de los sucesos de que los hechos habrían ocurrido en una zona próxima denominada 'Punta Negri' después de que los dos jóvenes "desatendieran el alto de la Marina Real marroquí y huyeran". Durante la persecución, añadió la agencia, "los agentes tuvieron que realizar disparos después de que presuntamente los melillenses quisieran embestirles con su embarcación".

Por último, la MAP informó de que "la Policía marroquí sospecha que podrían dedicarse al narcotráfico" si bien la propia MAP admitió que "en la lancha no se encontraron sustancias estupefacientes".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dejado sin efecto este miércoles la progresión al tercer grado penitenciario de Iñaki Urdangarin.

Así se recoge en dos resoluciones que la Audiencia de Palma ha dictado este miércoles.

En una primera resolución, la Sección Primera estima el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el auto de 3 de septiembre dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid sobre la clasificación de grado de Iñaki Urdangarin.

La Sala revoca la decisión del Juzgado y, por tanto, deja sin efecto la progresión al tercer grado penitenciario, y se mantiene así el segundo grado.

De acuerdo la Audiencia de Palma, "no se desprende de la conducta global del interno una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad".

Por otra parte, en la segunda resolución dictada este miércoles, la Sala estima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto del pasado 13 de agosto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid.

En el auto, relativo a las salidas los fines de semana de Urdangarin, la Sala estima que la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario es "prematura".

El abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, Mario Pascual Vives, defendió este martes que la Audiencia de Palma rechazara el recurso de la Fiscalía y concediera el tercer grado penitenciario a su cliente, como ya tienen el expresidente balear Jaume Matas y su exsocio Diego Torres.

En una entrevista, Pascual lamentó que "otras personas en igualdad de circunstancias y de trato lo tienen desde hace meses. Es difícil de entender e incluso de aceptar" esta diferencia, dijo en alusión a los también condenados por el caso Torres y Matas.

Los usuarios de residencias de la red foral de Bizkaia podrán salir de paseo, por el entorno del centro residencial y acompañados preferiblemente por el mismo familiar o allegado, mientras que la Diputación mantendrá el actual régimen de visitas, limitadas a una persona por residente, que podrá realizar, al menos, dos visitas por semana, de una hora de duración máxima cada una.

La Diputación Foral de Bizkaia ha emitido una Orden Foral, que entrará en vigor este jueves, en la que regula las salidas y visitas de familiares y personas allegadas en centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad del territorio.

Según ha informado en un comunicado, en la orden, la Diputación considera "fundamentales" las visitas para "el bienestar emocional de las personas residentes". Por ello, "y atendiendo a la evidencia científica disponible hasta la fecha y los protocolos de vigilancia epidemiológica actualizados", las visitas deben ser complementadas con salidas, "materializándose prioritariamente como paseos terapéuticos, al tratarse de una medida terapéutica que contribuye a minimizar la repercusión que el confinamiento genera en las personas ingresadas en centros residenciales así como una actividad que pretende contribuir al cuidado y promoción de la salud.

La nueva Orden Foral regula conjuntamente las salidas y las visitas, al considerar que "son elementos esenciales en la salud física y emocional de las personas residentes" aunque estas se harán "en todo caso, dentro siempre de las limitaciones necesarias para evitar la expansión del COVID-19, y cumpliendo con todas las garantías sanitarias y bajo estrictas medidas de control".

De esta forma, las salidas de las personas residentes serán, prioritariamente, paseos terapéuticos, en espacios abiertos del entorno de la residencia, acompañados por personas familiares o allegadas, preferiblemente con la misma persona del exterior, "aunque se podrá hacer excepciones en función de las circunstancias".

También "deberán extremarse todas las medidas de higiene, protección individual y pautas de distancias, medidas que deberán ser supervisadas por el personal del centro".

VISITAS

Respecto a las visitas, éstas se seguirán realizando en los centros residenciales del territorio limitadas a una persona por residente, extremando las medidas de prevención e higiene, con horarios programados y con una duración máxima de una hora al día. Se posibilitarán, al menos, visitas dos veces por semana por persona residente, y preferiblemente la realizará la misma persona. Estas visitas presenciales deberán completarse con otros sistemas alternativos y telemáticos como las videollamadas o videoconferencias.

En todo caso, la orden señala que el centro autorizará mayores frecuencias y diversidad de las visitas y salidas "en función de las circunstancias personales de la persona residente, vínculo y dinámica previa a la declaración el estado de alerta sanitaria".

Estas medidas no están circunscritas a situaciones de finales de vida, donde la orden recoge que "se deberá proporcionar a las familias la posibilidad de una despedida con la persona residente".

Cada centro residencial elaborará un documento con el protocolo detallado para las salidas y visitas, adaptado a la estructura y características concretas del centro, y con las medidas necesarias para evitar la transmisión del virus entre la persona visitante y la residente, y a la inversa.

Este documento deberá ser aprobado por un equipo multidisciplinar del centro y el máximo referente asistencial del mismo, y deberá estar a disposición del Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social.

Las medidas adoptadas por la Diputación Foral de Bizkaia son de aplicación a todos los centros residenciales del territorio, si bien esta consideración de carácter general tendrá "excepciones preventivas, temporales y revisables en función de la situación epidemiológica de la comunidad o municipio en el que se inserta cada centro".

La Inspección Fiscal ha abierto una información previa tras recibir una denuncia de una asociación de abogados de izquierdas contra la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal por el contenido de un artículo muy crítico con la gestión de la pandemia por el Gobierno que publicó en el diario El Mundo el pasado 3 de mayo.

La tramitación de este asunto, es independiente de la investigación también interna que ha abierto la Inspección en relación con las manifestaciones realizadas por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, quien en recientes entrevistas apuntó que dos compañeros habían tratado de "influirle" sobre el sentido del informe que él estaba realizando en relación con las querellas presentadas contra el Gobierno por su forma de llevar la crisis sanitaria.

La denuncia, cuya presentación obliga al menos un somero estudio, según las fuentes consultadas, fue presentada recientemente por el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda pese a que el artículo fue publicado hace casi cinco meses. Consideran que el contenido del artículo debe ser merecedor de sanción disciplinaria.

Sobre la investigación de las presiones denunciadas por Navajas, el decreto de incoación de las diligencias no señala contra quien se dirigen las actuaciones, si bien uno de los fiscales apuntados en las entrevistas en las que señaló presiones es Madrigal. La indagación se ciñe por el momento al análisis de lo dicho por el teniente fiscal de Supremo, tras lo cual se estudiará si merece ser objeto de un expediente disciplinario contra algún miembro de la Carrera Fiscal en particular.

El fiscal Navajas explicó que no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 60 querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales "contaminados políticamente".

Según su relato, cuando comenzaron a presentarse las querellas contra el Gobierno por el coronavirus algunos fiscales acudieron a su despacho para intentar influenciarle sobre el fondo de este asunto. En concreto, apuntó a Consuelo Madrigal y a "otro compañero" cuyo nombre no quiso revelar. "Son fiscales de altísima consideración pero que en este asunto concreto están contaminados ideológicamente", dijo.

Estas manifestaciones provocaron el malestar entre las asociaciones de fiscales al considerar que estaban "fuera de lugar". Así, para la Asociación de Fiscales, "tachar ideológicamente a los compañeros está fuera de lugar", pues recuerda que el Ministerio Público, como institución, prevé mecanismos para valorar la profesionalidad y actuación de los fiscales y que cada fiscal puede hacer uso de ellos para defender sus intereses.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también comparte que las afirmaciones de Navajas "no contribuyen, en modo alguno, a transmitir una imagen de unidad de actuación y de absoluta independencia o autonomía de Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones".

La alcaldesa de La Carolina (Jaén), Yolanda Reche, ha condenado la agresión sufrida por la directora del colegio Manuel Andújar tras el confinamiento de tres de sus aulas y ha exigido a la Junta de Andalucía que "cumpla con su obligación".

Reche, en un comunicado, ha apuntado que la Administración autonómica "debe informar a las familias de lo que está ocurriendo, debe poner a disposición de cada colegio e instituto todo lo que necesiten, ya sea más personal o más recursos para hacer frente a la pandemia", al tiempo que ha recordado a la Junta que "es su obligación garantizar la seguridad del profesorado, equipos directivos y comunidad educativa. Se sienten solos y a la deriva frente a una crisis sanitaria sin precedentes".

Ha incidido en que no se puede "consentir manifestación de violencia alguna" y que ante lo ocurrido "la comunidad educativa debe permanecer unida en unos momentos difíciles". "Somos conscientes de las complicaciones del presente curso, pero, desde luego, el profesorado y los equipos directivos se están dejando la piel en frenar lo máximo posible la propagación del covid a pesar del poco apoyo que reciben de la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias", ha dicho.

Los hechos ocurrieron a la salida del centro educativo cuando el padre de una alumna se acercó a la directora en actitud agresiva y según la denuncia, la insultó, amenazó y hasta le tosió en la cara.

"No podemos culpar a los colegios de lo que está ocurriendo", ha dicho Reche, que ha añadido que "las cifras son malas en todo el país". Ha incidido en que "la Consejería de Educación no ha hecho los deberes garantizando una vuelta al cole segura", mientras que "equipos directivos y profesorado hacen lo que pueden con los pocos medios con los que cuentan".

La alcadesa ha pedido "calma" porque "nadie es culpable de un nuevo contagio", aunque sí ha apuntado que "sí que es responsabilidad de la Junta no haber puesto a disposición de los centros materiales y los recursos necesarios".

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido un "esfuerzo a las partes" para lograr un acuerdo sobre Gibraltar y ha lamentado "la incertidumbre que se cierne ante una posible falta de acuerdo antes de la fecha del 1 de enero", en la que se producirá la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En una nota, el alcalde ha destacado que "en los últimos meses se habían producido avances y el silencio sobre las negociaciones erasignificativo de que todo iba bien y que el espíritu de consenso y de acuerdo siempre estaban encima". "Sin embargo, ahora vemos como en las últimas semanas aparecen disparidad de criterios y dificultades que hacen complejo que se pueda alcanzar un consenso", ha indicado el alcalde.

Ruiz Boix, también responsable del área de relaciones con Gibraltar de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ha pedido "un nuevo esfuerzo a todos los miembros de las dos partes que conforman esa mesa de negociación, tanto al equipo que preside la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que siempre se ha mostrado dispuesta al acuerdo, como al equipo que lidera Fabian Picardo, del que la desconfianza es negativa y el no ruido de los últimos tres meses hacía pensar que todo iba de forma favorable".

Por ello, el alcalde ha señalado que confía en que "cuanto antes, haya nuevos silencios que permitan pensar que se va a alcanzar un acuerdo". "Para todos los vecinos transfronterizos el que se esté hablando de incorporar a Gibraltar a ese espacio Shengen puede ser positivo y hay que lograr los puntos de encuentro que beneficien a los más de 300.000 habitantes de la zona, de las dos zonas de la frontera", ha concluido.

El portavoz del comité de huelga de los Médicos Internos Residentes (MIR) de Catalunya, Alex Mayer, ha advertido de que seguirán con las concentraciones hasta que se llegue "a un acuerdo decente" con las patronales y el Institut Català de la Salut (IC) que, a su juicio, todavía está muy lejos de alcanzarse.

Mayer ha explicado este miércoles en declaraciones que mantienen la huelga prevista a partir del próximo lunes hasta el viernes: "Tendremos que seguir con las movilizaciones, no tenemos otra opción".

Sobre las negociaciones con las patronales y el ICS, Mayer ha criticado que se encuentran con "una pared enfrente" por lo que, si no se desencalla esta situación, los MIR catalanes están llamados a la movilización la próxima semana.

En relación a los primeros tres días de huelga, Mayer se ha mostrado satisfecho, ha destacado el seguimiento de "entre el 80 y el 90%" que, a su juicio, ha sido masivo y ha añadido que cuentan con el respaldo del resto de profesionales sanitarios.

Según cifras de la Conselleria de Salud de la Generalitat, el lunes la huelga tuvo un seguimiento del 37,28% durante el turno de mañana, del 40,04% el martes y del 51,65% este miércoles.

RECLAMACIONES

Los médicos han resumido sus reclamaciones en tres bloques: formación, condiciones laborales y mejoras retributivas, y han destacado que muchas de ellas ya están "contempladas por la ley".

Los MIR reclaman que el 15% de la jornada ordinaria se destine a formación de su especialidad, porque actualmente "no tienen horas para ello", así como disponer de 10 días al año para participar en actos formativos.

En cuanto a las condiciones laborales, piden que las jornadas sean de 35 horas semanales y se cumplan las 12 horas de descanso ininterrumpido después de las guardias, así como las 36 de descanso semanal.

También exigen un incremento en el sueldo base --de unos 16.000 euros brutos al año-- para "dejar de ser mileuristas", y también en el pago de las horas de guardia.

Mayer ha dicho que desde 2010 los MIR catalanes cumplen funciones "esenciales" en el sistema sanitario catalán cuando todavía deberían estar formándose.

El diputado de NC, Pedro Quevedo, ha pedido ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 para Canarias ajustados a la "realidad potencialmente catastrófica" que reflejan los datos económicos y sociales de la pandemia.

Según ha informado el partido nacionalista, el portavoz ha incluido en su disposición a apoyar la cuentas de Montero el cumplimiento de las leyes del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal (REF) así como la asignación de los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE) con el mismo criterio empleado por Bruselas, en función del daño causado por el coronavirus en los territorios.

Quevedo apuntó que la realidad de la situación es que el 10% de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) de todo el Estado están en Canarias, "más del doble de lo que nos tocaría" con el 4% de la población estatal residente en las islas.

Se trata, dijo, de un hecho que revela la obligatoriedad de la prórroga de esta herramienta hasta el restablecimiento de la actividad productiva y la contención de los rebrotes. La caída del Producto Interior Bruto (PIB), el segundo trimestre de 2020, es de 14 puntos "superior" a la media estatal.

Por el mismo motivo, Quevedo reclamó el compromiso del Ejecutivo estatal de aprobar un plan turístico singular, una propuesta que además fue defendida por NC y secundada sin votos en contra por la Cámara Baja.

"EN CANARIAS ESTAMOS HACIENDO NUESTRO TRABAJO"

Para el nacionalista, en Canarias "estamos haciendo nuestro trabajo" a través de la elaboración del plan de medidas para la reactivación social y económica, en desarrollo del pacto suscrito por la práctica totalidad de la sociedad canaria.

También se refirió al trabajo iniciado por la Consejería de Hacienda para tener unos nuevos presupuestos canarios, que sean aprobados para su entrada en vigor el 1 de enero de 2021.

En cuanto a las prioridades de las cuentas canarias, expuso que están el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, el apoyo a las personas y sectores más vulnerables y afectados y la estimulación de la demanda a través de la inversión pública.

"Pero Canarias --avisó-- necesita un conjunto de actuaciones superiores porque sola no puede responder, como tampoco ningún otro territorio".

Por este motivo, y para elaborar las cuentas para 2021 del cuatripartito, Quevedo resaltó que se necesita "despejar una serie de incógnitas".

El primero, tal y como detalló, el objetivo de estabilidad (déficit, deuda y techo de gasto). En segundo lugar, concretar los ingresos a cuenta de la financiación autonómica, que representan el 72% de los ingresos de la comunidad.

Aquí, Quevedo abogó porque se use el mismo criterio de 2020, es decir, que "no atiendan" al ciclo económico negativo. Es "decisivo para las necesidades" de las islas ya que, en caso contrario, la pérdida ronda entre los 500 y los 650 millones de euros.

Del mismo modo, explicó que los ingresos tributarios canarios van a sufrir una disminución de unos 450 millones de euros respecto a los presupuestos iniciales de 2020. Un elemento más que, sumados a los anteriores, revelan que Canarias dejará de tener unos 1.000 millones de euros, una cifra "monstruosa", recalcó.

Para NC, hay un asunto "pendiente" de 2018. La "urgente" transferencia de los 500 millones de euros que la comunidad ganó al Estado por sentencia del Tribunal Supremo (TS) por el incumplimiento del convenio de carreteras.

Con todas estas medidas, Pedro Quevedo cree que Canarias estará en condiciones de tener unas cuentas similares a las de 2020 y, como aseguró, "podríamos afrontar las necesidades" existentes.

Finalmente, por estos mismos motivos, el diputado nacionalista volvió a solicitar la autorización para el endeudamiento a largo plazo para disponer del mismo en el caso de que no se actualice la financiación autonómica.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la proposición no de ley impulsada por el movimiento 'Regularización Ya', por la que se instaba al Gobierno a realizar una regularización generalizada de todas las personas que actualmente viven en España. La iniciativa ha contado con el voto a favor de los firmantes de la misma, Unidas Podemos, ERC, Eh Bildu, Junts, BNG, Compromís y Más País-Equo, y ha sido rechazada por PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

La proposición no de ley votada, que se debatió en la sesión parlamentaria de este martes, es una enmienda a la totalidad de otra propuesta registrada por ERC en la que se reclamaba una regularización exprés para migrantes en los ámbitos de la Sanidad, los cuidados y el sector agrario. El mismo día de su debate, la formación independentista, acompañada de otros partidos, decidió autoenmendarse y ampliar esa regularización a todos los extranjeros residentes en el país.

Este cambio no gustó a PSOE y PNV, que reprocharon a los independentistas sus formas. Los socialistas señalaron, además, que estaban "mintiendo" a los ciudadanos al reclamar esta regularización ya que, según explicó la portavoz del PSOE en el debate, Pilar Cancela, ni la legislación española ni la europea, vigentes en la actualidad, permiten esta medida, ya que se habla de una regulación "individualizada" y "tasada".

Aún así, la socialista tendió la mano desde la tribuna del Congreso para una reforma de la Ley de Extranjería y del reglamento de la misma para poder mejorar esta situación de los inmigrantes.

La portavoz del PP en esta materia, Elvira Velasco, ha rechazado, por su parte, la iniciativa señalando que su partido ha presentado propuestas "relevantes" en cuanto a la contratación de personas migrantes y cree que este es el camino a seguir, mientras su homóloga de Vox, María Teresa López, ha señalado que esta medida supondrá un "efecto llamada" para la llegada de inmigrantes.

Ciudadanos, que tampoco ha apoyado la iniciativa ha criticado, a través de su diputado Pablo Cambronero, que la propuesta acusara, en uno de sus puntos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad de "detener por motivos raciales", algo que, según ha indicado es "falso, ridículo e insidioso".

EL RESTO DE PARTIDOS DEFENDIERON LA PROPUESTA

En el lado contrario, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufían, defendió la iniciativa leyendo un comunicado redactado por el movimiento en el que los inmigrantes reivindicaban que forman parte del país y son "conscientes de los desafíos" que deja la pandemia en España. El independentista llamó a dejar las "diferencias políticas" ante temas como este.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en esta materia, Bel Pozueta, ha llamado pidió "recompensar" a las personas en situación administrativa irregular que han "aportado como las que más" durante la crisis sanitaria, una labor que también ha puso en valor la portavoz de Más País-Equo, Inés Sabanés, recordando que los migrantes han estado "en la primera fila" de los cuidados y de otros trabajos esenciales "durante la crisis". Los representantes de BNG y CUP, Néstor Rego y Albert Botrán, respectivamente, también denunciaron que la ausencia de regularización es el motivo por el que los trabajos asignados a los migrantes están "precarizados".

Junts, por su parte, reconoció no estar de acuerdo con todos los puntos de la iniciativa, pero, según explicó su diputada Mariona Illamola, no quieren "obstaculizar" un debate en la Cámara que consideran "necesario", mientras que la representante de Unidas Podemos en este debate, Isabel Franco, acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y a su vicepresidente, Ignacio Aguado, de compartir el "discurso de odio" en sus intervenciones cuando aseguran que los inmigrantes son foco de contagio del Covid o cuando "confinan" el sur de la autonomía.

Andalucía suma este miércoles 23 de septiembre 1.551 casos de coronavirus Covid-19 confirmados por PCR, la segunda mayor subida diaria desde el inicio de la pandemia detrás de los 1.617 registrados el viernes 18 de septiembre, según el parte de la Junta de Andalucía, que contabiliza 12 fallecidos en las últimas 24 horas, los mismos que la víspera.

La cifra diaria de contagios de este miércoles supera también los 1.536 diagnosticados de este martes --que hasta ahora era la segunda mayor subida diaria--, los 1.480 positivos del pasado sábado 19 y supone casi el doble de los 812 registrados este lunes 21.

Por otro lado, los hospitales alcanzan los 1.019 pacientes ingresados, cinco menos en 24 horas y 87 más que hace una semana, de los que 136 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), sin cambios en los últimos dos días y 15 más que hace siete días.

511 POSITIVOS EN MÁLAGA Y 405 EN SEVILLA

La provincia que suma mayor número de positivos en las últimas 24 horas vuelve a ser Málaga, con 511, seguida de Sevilla, con 405. Bastante por detrás se sitúan Cádiz, con 200; Granada, con 133; y Córdoba, con 132. Por debajo del centenar figuran Jaén, con 75; Almería, con 60; y Huelva, con 35.

Las 12 muertes de este miércoles, los mismos que la víspera, se concentran principalmente en las provincias de Granada con cuatro y Sevilla y Córdoba con tres, a los que se suman Cádiz y Málaga con uno cada una.

La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 6.352 casos diagnosticados por PCR, con 508 hospitalizados, 27 ingresados en UCI y 42 muertos en toda Andalucía.

El principal foco de preocupación sigue localizado en las residencias de mayores, donde se han producido ocho fallecimientos más en las últimas 24 horas, ambas en la Residencia Yate Vitalia Alcolea de Córdoba, donde hay 22 casos confirmados --13 residentes y nueve trabajadores--.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta ha informado que los geriátricos más afectados son el de Domusvi Azalea de Marbella (Málaga) con 105, Sierra de las Nieves de Guaro (Málaga) con 82 --69 residentes y 13 trabajadores, Utrera (Sevilla) con 94 casos confirmados --85 residentes y nueve trabajadores-- y Orpea Sierra de Córdoba, donde hay 87 --64 residentes y 23 trabjadores--.

También se elevan los casos en la residencia Vitalia de La Rinconada (Sevilla) hasta los 54 --46 residentes y ocho empleados-- y en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, también hasta los 54 --27 residentes, 23 trabajadores y cuatro familiares--.

Actualmente, 1.019 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 136 se encuentran en UCI. Sevilla repite como la provincia con más hospitalizados con 287 --33 de ellos en UCI--, seguida de Málaga con 213, 31 en UCI; Cádiz con 138 hospitalizados, 26 en UCI; Granada con 129, diez en UCI; Córdoba con 128, 13 en UCI; Jaén con 68, siete en UCI; Almería con 43, 14 en UCI; y Huelva con 13, dos en UCI.

De acuerdo con los datos acumulados de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 53.721 casos confirmados por PCR, 1.551 más en 24 horas, después de sumar 1.536 el martes, 812 el lunes, 743 el domingo, 1.480 el sábado, 1.617 el viernes, 1.389 el jueves y 915 el pasado miércoles. La región alcanza las 1.730 muertes por Covid-19 tras sumar 12 en las últimas 24 horas.

MÁS DE 700 CURADOS

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 9.133, 110 más en 24 horas, después de aumentar en 140 el martes, 55 el lunes, 49 el domingo, en 106 el sábado, en 94 el viernes, en 141 el jueves y 118 el pasado miércoles. La cifra de pacientes que han pasado por UCI se eleva a los 987 tras sumar seis y el número de curados llega a los 25.590, hasta 731 más.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 1.730 muertes en Andalucía --12 más en 24 horas--, Málaga se mantiene como la provincia con más fallecidos con 355 --uno más--, seguida de Sevilla con 337 --tres más--, Granada con 312 --cuatro más--, Cádiz con 214 --uno más--, Jaén con 200, Córdoba con 145 --tres más--, Almería con 112 y Huelva con 55.

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR alcanzan los 53.721 desde el inicio de la pandemia --1.551 más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 14.326 --511 más--, seguida por Sevilla con 9.074 --405 más--, Almería con 7.285 --60 más--, Granada con 6.403 --133 más--, Cádiz con 5.843 --200 más--, Córdoba con 5.683 --132 más--, Jaén con 3.919 --75 más-- y Huelva con 1.188 --35 más--.

SEVILLA, A LA CABEZA DE HOSPITALIZADOS POR DÍA CON 42

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 9.133 en Andalucía --110 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 2.202 --16 más--, seguida por Sevilla con 1.812 --42 más--, Granada con 1.499 --siete más--, Jaén con 948 --13 más--, Cádiz con 891 --once más--, Córdoba con 837 --16 más--, Almería con 692 --tres más-- y Huelva con 252.

De ellos, 987 han pasado por la UCI en toda Andalucía, seis más en 24 horas, con la provincia de Málaga a la cabeza con 203, seguida de Sevilla con 187, Granada con 154; Cádiz con 106, Jaén con 102, Córdoba con 103, Almería con 98 y Huelva con 34.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 25.590 en toda la región tras sumar 731 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 5.830 --248 más--, seguida de Almería con 4.012 --69 más--, Granada con 3.533 --19 más--, Sevilla con 4.024 --317 más--, Jaén con 2.586 --siete más--, Córdoba con 2.510 --16 más--, Cádiz con 2.515 --48 más-- y Huelva con 580 --siete más--.

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la proposición no de ley de Más País-Equo que reclamaba una reforma fiscal "de solidaridad" para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, con un nuevo impuesto a la banca, otro a grandes fortunas, la supresión de 'agujeros' en el Impuesto sobre Sociedades, el 'destope' de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de tramos adicionales extraordinarios en el IRPF hasta del 60%.

La iniciativa ha sido rechazada por el PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, el PNV, UPN, y Foro Asturias, mientras que ha sido apoyada por Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP, Compromís y el BNG. Por su parte, Unidas Podemos, el PRC y Nueva Canarias han decidido abstenerse.

Las dos formaciones que sustentan el Gobierno de coalición ya avanzaron el martes que no apoyarían la iniciativa defendida en el Pleno por el portavoz, Íñigo Errejón, y que contenía buena parte de las medidas del programa fiscal con el que Unidas Podemos concurrió a las últimas elecciones generales.

Coincidiendo en la necesidad de contar con una fiscalidad "justa y progresiva", la diputada del PSOE Montse Mínguez pidió tener en cuenta el "contexto actual" de crisis económica, y defendió adoptar estas medidas "de forma progresiva" y "en varias velocidades". En todo caso, aseguró que en los próximos Presupuestos, por parte del Gobierno de coalición, "en ningún momento se van a subir los impuestos a autónomos, pymes y clase media y trabajadora".

También compartió el "diagnóstico" y las propuestas planteadas por Más País el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello. "Pero no se trata de tener ideas, sino de tener fuerza para ponerlas en marcha", apostilló, instando en este punto a que "esa fuerza se incluya en propuestas en el Presupuesto" por parte de la "mayoría progresista".

"EN EL FONDO SABEN QUE ES LO CORRECTO"

"Creo que en el fondo saben que es correcto", afirmó, por su parte Errejón, advirtiendo tanto a PSOE como a Unidas Podemos de que "van a pagar el mismo precio por ser valientes que por no serlo".

"Tienen que tener cuidado. El problema no es la polarización política, es la polarización social, el miedo y la incertidumbre de los de abajo", aseveró, exigiendo que "a las expectativas puestas en el Gobierno progresista no se les puede defraudar". "No desaprovechemos la oportunidad", concluyó.

RECARGO PARA RECUPERAR EL RESCATE Y TAPAR AGUJEROS EN SOCIEDADES

Esta batería de medidas, recogida en una proposición no de ley registrada el pasado abril, contemplaba modificaciones en diferentes impuestos, la reconversión de algunos y la creación de otros, como el dirigido a entidades financieras beneficiadas "directa o indirectamente del rescate público de 2013", a las que Más País pide aplicar un recargo de 10 puntos en el tipo nominal al que están sujetos en el Impuesto sobre Sociedades.

En Sociedades, pide suprimir todo beneficio fiscal que no tenga finalidad social o ambiental para las grandes empresas, incluyendo las compensaciones de bases imponibles negativas, con un tipo efectivo mínimo del 15% sobre beneficio contable, y a la vez reducir el tipo nominal a pymes al 23%.

En el IRPF, solicita partir nuevos tramos "extraordinarios" para rentas más altas, a partir del 47% para rentas superiores a 100.000 euros, hasta alcanzar el 60% aplicable a rentas por encima de los 600.000 euros, la revisión de deducciones en estos tramos y una igualación progresiva a los tipos nominales de las rentas de capital, dirigida a una igualación con las rentas del trabajo.

RECONVERTIR PATRIMONIO EN UN IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS

En materia del Impuesto sobre el Patrimonio, Más País pide convertirlo en un Impuesto sobre Grandes Fortunas armonizado por comunidades, con un tipo de entre el 1% y el 1,7% para patrimonios netos superiores a millón de euros, y del 2% para superiores a los dos millones de euros.

En Sucesiones y Donaciones, insta a avanzar hacia una armonización "para evitar la descalificación de la transmisión sucesoria y asegurar su progresividad" en todas las comunidades, así como impulsar también esta armonización a nivel europeo para evitar 'dumping fiscal' entre países.

REVISAR EL RÉGIMEN DE SOCIMIS Y SICAVS Y PERSEGUIR EL GRAN FRAUDE

Por otro lado, demanda revisar el régimen fiscal de las Socimis y las Sicavs, con un tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos, reforzando el cumplimiento de la normativa, y reorientar los recursos de la Agencia Tributaria hacia la persecución del gran fraude.

En este sentido, plantea aumentar sus recursos, reducir el umbral de delito tributario a 50.000 euros, y ampliar los períodos de prescripción de los mismos. Asimismo, propone crear juzgados especializados en delitos fiscales, al igual que existe en los concursos empresariales.

Respecto a los nuevos impuestos impulsados por el Gobierno y aprobados ya en el Congreso, los de servicios digitales y transacciones financieras, Más País pide agilizar el primero y aumentar su gravamen previsto al 5% sobre la base imponible, y mejorar el segundo para incluir contratos derivados sobre divisas y materias primas, de permuta de incumplimiento crediticio y operaciones de alta frecuencia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que es de una "extraordinaria gravedad" que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda conceder indultos a los condenados por sedición por el 1-O y ha anunciado que si llegan a aprobarse su partido recurrirá al Tribunal Supremo. Aunque ha dicho que su formación ejercerá una oposición "firme" para "parar" la "degradación institucional" que se está produciendo en España, ha animado a "partidos de ámbito regionalista y nacionalista" a alzar la voz y denunciarlo.

"Si Sánchez no defiende los intereses de España, si se le cae ya la careta y revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España", ha afirmado Casado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del 'procés' comenzará la próxima semana.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, tras la sesión de control al Gobierno, ha avanzado que si la medida de gracia llega a aprobarse su formación acudirá al Supremo. A su entender, no se trata de un "lapsus" sino que forma parte del "cronograma" que el Gobierno tiene planteado para esta legislatura.

Tras asegurar que ya en campaña electoral Pedro Sánchez no aclaró si indultaría a los líderes independentistas, ha asegurado que se trata de un hecho de una "extraordinaria gravedad" que "la propaganda, los eslóganes y las mentiras del Gobierno no deberían ocultar".

Casado ha dicho que espera que el PP, que ejerce una oposición "firme y legítima", pueda "parar" lo que está pasando pero ha señalado que hay partidos "de ámbito regionalista y nacionalista que deberían ser conscientes de lo que está pasando" y denunciarlo.

Y DENUNCIA QUE MIENTRAS SÁNCHEZ "HUYA A BRUSELAS"

El presidente de los 'populares' ha criticado que Pedro Sánchez "huya a Bruselas" mientras el ministro de Justicia anuncia esta tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del 'procés' comenzará la próxima semana.

"Sánchez huye a Bruselas en una cumbre cancelada el día en que España entra oficialmente en recesión, el Rey es vetado por el Gobierno en Cataluña, la vicepresidenta pacta los Presupuestos con Bildu y el ministro de Justicia anuncia la tramitación de los indultos a los condenados por sedición", ha asegurado, para añadir que todo esto se produce "el mismo día que hay más muertes por Covid en la segunda oleada que Sánchez negaba el 5 de julio diciendo que estaba derrotado el virus".

Casado ha afirmado que "no entiende" que aquellos que "dieron un golpe a la Constitución" ahora puedan recibir un indulto por parte del Ejecutivo o la "amnistía de facto a la carta, a través de la modificación del delito de sedición". A su entender, si se revisan las Constituciones de otros países del entorno se verá lo que recoge su ordenamiento jurídico ante esos comportamientos.

"El PP es incompatible con dar indultos a aquellos que han sido condenados por dar un golpe a la Constitución española y con modificar el Código Penal a la carta para favorecer a los que han cometido graves delitos", ha aseverado, para añadir que los pasos del Gobierno van en la línea de "destruir las instituciones".

"DEGRADACIÓN INSTITUCIONAL"

Tras subrayar que las ideas en España "no se persiguen", ha recalcado que en este caso están hablando de delitos cometidos por los dirigentes independentistas. "Cuando se comete un delito, robar en un supermercado o declarar la independencia de una de las comunidades de España alentando la violencia en varias manifestaciones previas, eso no puede tener un indulto", ha resaltado.

Casado ha aprovechado para denunciar la "degradación institucional" que está sufriendo España y ha señalado que "no tiene parangón en ningún país del entorno". "Tiene que detenerse ya", ha solicitado, asegurando que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha convertido en "abogada defensora de Podemos y comisaria política al servicio" del PSOE.

Dicho esto, ha resaltado que el PP no va a ser "cómplice y palmero de esa degradación institucional" sino que será "un freno a la deriva" que, a su juicio, "está rozando los límites de lo que una democracia parlamentaria puede soportar".

REFORMA "A LA CARTA" DE LOS DELITOS SEDICIÓN Y REBELIÓN

Casado ha afirmado que el Gobierno debería estar ocupado en un nuevo marco normativo que ayude a hacer "limitaciones de movilidad eficaces" para contener el Covid-19 "en vez de plantear una reforma de los delitos de sedición y rebelión a la carta para favorecer a los que han dado un golpe a la legalidad y están negando la historia criminal de unos terroristas que mataron a 850 inocentes".

Aparte de impedir esos indultos, Casado ha señalado que su partido se centrará en "cualificar" los delitos de sedición y rebelión como el PP ya planteó en su programa electoral y planteará que "acaben ya los acercamientos de presos etarras, algunos con delitos de sangre, a cambio de la derogación de la reforma laboral o los Presupuestos".

De la misma manera, ha dicho que el PP seguirá exigiendo un plan de choque económico que extienda los ERTES hasta la próxima primavera, baje impuestos y ofrezca un año de carencia a los créditos ICO, entre otras medidas.

Euskadi ha registrado este pasado martes 405 nuevos contagios de covid-19, lo que supone 91 más que el día anterior, y un porcentaje del 4,1% respecto al total de pruebas PCR realizadas. Además, en la semana del 14 al 20 de septiembre ha habido 62 fallecimientos con covid-19 como causa directa.

Según los datos hechos públicos este miércoles por el Departamento vasco de Salud, a lo largo de este martes se efectuaron 9.760 pruebas PCR, de las que 405 fueron positivas, lo que supone el 4,1% del total, con lo que se vuelve a incrementar el porcentaje de contagios sobre el total de pruebas respecto a la jornada anterior, cuando se llevaron a cabo 8.519 pruebas PCR en Euskadi, de las que un 3,6% fueron positivas (un total de 314).

De este modo, la cifra de nuevos contagios se ha incrementado en Vizcaya hasta los 177 (diez más que el día anterior). Bilbao acumula el mayor número de casos, 46 frente a los 34 de la jornada anterior, seguido de Barakaldo con 22 positivos, Leioa con 18 y Getxo con once nuevos contagios.

Por su parte, en Álava se han dado 51 casos (uno menos), de los que 46 corresponden a Vitoria (dos menos que en la jornada anterior), y en el caso de Guipúzcoa se han detectado 169 contagiados (82 más). En San Sebastián los nuevos casos ascienden a 40, el doble que en la jornada anterior, mientras que suben a 17 en Irún, a diez en Zarautz y a siete en Arrasate-Mondragon.

Asimismo, este martes se han producido ocho casos en personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, las mismas que en la jornada precedente.

Tras analizar los datos acumulados en la semana del 14 al 20 de septiembre, el Departamento de Salud ha indicado que ha habido 62 fallecimientos con covid-19 como causa directa.

En los hospitales vascos, a lo largo de este martes ingresaron en planta 29 personas por covid, frente a las 33 del día anterior, y en las UCI hay actualmente 56 pacientes con esta enfermedad, lo que supone una menos que el día previo. En total, permanecen hospitalizados en planta 275 pacientes afectados de covid-19.

El índice RO (el número reproductivo básico que indica cuántas personas son susceptibles de ser contagiadas en promedio por un solo infectado) se sitúa en 0,98 para el conjunto de Euskadi, igual que en la jornada anterior.

EDADES

Del total de 405 nuevos positivos, 228 son mujeres y 177 hombres.Por edades, se concentran las mayores cifras de positivos en las franjas comprendidas entre 20 y 29, con 62 nuevos contagios, y entre 40 y 49, con 60 positivos. Otros 56 casos se han dado en personas de 50 a 59 años, 41 positivos entre edades de 10 a 19 años y otros 41 casos en personas de entre 60-69 años. Los niños menores de nueve años concentran 38 casos y los de 30 a 39 años, otros 38 nuevos contagios.

Entre el colectivo de mayores --más propensos a sufrir complicaciones graves por covid que las de otros grupos de edad--, se han registrado 29 nuevos casos entre personas de entre 70 y 79 años, 21 nuevos positivos entre los mayores de 80 a 89 años 24 casos y 20 en mayores de 90 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado el trabajo de mediación de la OTAN en el Mediterráneo oriental para rebajar la tensión militar entre Grecia y Turquía, a los que ha instado a "aprovechar la oportunidad" para resolver mediante el diálogo la crisis en la región.

Durante su visita a la sede de la organización militar en Bruselas, Sánchez ha valorado positivamente el anuncio de Ankara y Atenas de que participarán en un diálogo, a iniciativa de Alemania, para discutir sus diferencias en el Mediterráneo, insistiendo en que es "un paso en la buena dirección" y un "signo de generosidad" por parte de ambos aliados de la OTAN. "Ahora tenemos una gran oportunidad y debemos no caer en provocaciones, tenemos que continuar en esta dirección", ha señalado.

España considera que el diálogo entre Turquía y Grecia es el camino para abordar la disputa sobre su frontera marítima y la plataforma continental, por ello ha indicado que la OTAN y la UE deben contribuir a que el proceso llegue a buen puerto.

En paralelo, el Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha emitido un comunicado oficial en el que saluda el anuncio de las conversaciones y agradece los esfuerzos de Alemania, del presidente del Consejo Europeo y del Alto Representante, que han tenido "en todo momento con el activo apoyo de España y que empiezan a dar su fruto".

La ministra, Arancha González Laya, desveló la semana pasada que Sánchez habló por teléfono en dos ocasiones con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, además de con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en una cumbre de países del sur de la UE. Por su parte, la ministra viajó a Ankara y a Atenas este verano.

"España tiene la esperanza de que este importante paso dado por ambas partes sirva para consolidar la desescalada de la tensión en el Mediterráneo Oriental", finaliza el comunicado.

Sánchez ha mantenido la agenda de reuniones bilaterales que tenía organizada en Bruselas, aunque el Consejo Europeo del jueves y el viernes se ha cancelado, y su ausencia del pleno del Congreso ha motivado críticas de la oposición. Sánchez y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han comparecido en una declaración sin preguntas, en inglés y ceñida a cuestiones relacionadas con la Alianza Atlántica.

El presidente del Gobierno ha tenido buenas palabras para Stoltenberg, del que ha destacado su trabajo para mantener los canales de comunicación abiertos entre aliados de la OTAN y que haya puesto en marcha un mecanismo para evitar una escalada militar en el Mediterráneo. Todo esto, preservando los principios de solidaridad de la organización, ha subrayado el mandatario español.

EL PROCESO EN LA OTAN EN MARCHA

Aparte de la iniciativa alemana, la OTAN mantiene un proceso técnico enfocado en acordar un mecanismo que sirva para desactivar la tensión militar en aguas del Mediterráneo, ante el riesgo real de que estalle un conflicto aún de forma accidental entre griegos y turcos. Según ha explicado el secretario general de la OTAN en su intervención, los contactos siguen su curso y se han logrado "buenos progresos".

El proceso de la OTAN viene a complementar el liderado por la diplomacia alemana y, según ha indicado la organización, estos esfuerzos son normales dentro de la Alianza Atlántica y ya se realizaron en la crisis entre Atenas y Ankara a mediados de los 90 con buenos resultados.

PAPEL DE ESPAÑA EN LA OTAN

Sobre el papel de España en la OTAN, Sánchez ha insistido en que el país es "un socio responsable" y un "firme creyente" en el multilateralismo como mejor método para proteger los intereses y valores de los 30 aliados de la organización militar.

Además ha mencionado el despliegue regular de tropas españolas en el marco de las misiones de la OTAN, lo que, a juicio del jefe del Ejecutivo, constituye el mejor ejemplo del compromiso de España con la Alianza. "Me gustaría hacer un llamamiento a la cohesión y la solidaridad. Son la piedra angular de nuestra alianza transatlántica, y debemos protegerlas y mantenerlas", ha asegurado.

Al tiempo, el líder socialista ha apuntado que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la vigencia de una organización como la OTAN y su importante papel como plataforma para impulsar el multilateralismo.

Por su lado, Stoltenberg ha agradecido su "compromiso continuo" con las operaciones y misiones de la Alianza Atlántica. "Desde Afganistán a Irak, pasando por los grupos de combate en Letonia y la contribución en la vigilancia aérea en el Báltico", ha enumerado, a la vez que ha destacado la "dedicación y profesionalismo" de los militares españoles.

En el marco de la crisis del coronavirus, el político noruego ha reivindicado a las Fuerzas Armadas españolas por su trabajo durante la crisis del coronavirus, apoyando los esfuerzos civiles para combatir la pandemia.

Y ha asegurado que comparte con Sánchez la apuesta por mantener la Alianza "unida y fuerte". "En estos tiempos de incertidumbre la OTAN está del lado de España y España del lado de la OTAN", ha resumido el político noruego.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender cautelarmente la orden del Ministerio de Sanidad de 14 de agosto por la que se aprobó el cierre de discotecas, sala de baile y bares de copas y la apertura de locales de hostelería hasta la 1 de la madrugada por el incremento de nuevos casos positivos.

La medida cautelar fue solicitada por la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon), que impugnó dicha orden ministerial, y el tribunal rechaza suspenderla mientras se resuelve sobre el fondo del asunto. La Sala ya denegó el pasado 20 de agosto la medida cautelarísima -lo que significa que debe resolverse en 48 horas-- solicitada por la misma federación al considerar que primaba la salud pública al interés económico de las discotecas.

Un argumento que mantienen los magistrados, pues según explican en el auto el ministerio dirigido por Salvador Illa adoptó esta decisión debido a la situación epidemiológica y el riesgo generalizado para la población debido al incremento constante de casos positivos por coronavirus.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recoge en su auto los argumentos esgrimido por el Ministerio de Sanidad para adoptar esta decisión y señala en un auto que "aunque la situación no es comparable a la sufrida en los meses de marzo y abril, se observa un incremento constante de casos de contagios en todo el territorio que va progresivamente generando un número creciente de casos graves que requieren hospitalización e ingresos en Unidades de Cuidados críticos".

Asimismo, los magistrados han tenido en cuenta que Sanidad también especificaba que "durante las últimas semanas, se ha incrementado el número de brotes generados en el ámbito social, que suponen casi el 40% de los mismos" y que entre estos brotes, los más importantes son aquellos relacionados con reuniones familiares o de amigos y los producidos en locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno.

Así, la Sala concluye que pese a ser evidentes los perjuicios que la resolución impugnada puede acarrear a la hostelería y al ocio nocturno, "es el interés público el que resulta más necesitado de protección a la vista de las circunstancias descritas en la orden impugnada y no rechazadas por la parte recurrente".

Ciudadanos ha reiterado este miércoles su rechazo a cualquier tipo de indulto o "privilegio" que se pueda conceder a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, pero por ahora mantiene su intención de negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz de Ciudadanos en el Senado y en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha criticado la "empatía" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los presos del 'procés' después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciara en el Pleno del Congreso que las solicitudes de indulto comenzarán a tramitarse la próxima semana.

"Con nosotros, señores del PSOE, no cuenten para indultos ni para privilegios de ningún tipo", ha dicho en el Senado la portavoz de Cs, que ha señalado que los líderes independentistas condenados "cometieron delitos gravísimos, pisotearon los derechos de más de la mitad de los catalanes" y, además, "no se arrepienten de esos delitos y amenazan día tras día con volver a cometerlos".

Roldán no ha aclarado si esto afectaría a la voluntad de su partido de negociar los Presupuestos de 2021, pero fuentes de la dirección de Cs han admitido que no les ha gustado que Campo, al responder a una pregunta de Laura Borràs (Junts per Catalunya), aludiera a la tramitación de las peticiones de indulto recibidas por el Gobierno.

A su modo de ver, estas palabras son un guiño más del Ejecutivo a las formaciones nacionalistas. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que de momento no se ha concedido ningún indulto, el partido presidido por Inés Arrimadas seguirá apostando por negociar los PGE con Sánchez.

En la formación naranja sostienen que si se negaran ahora a hablar de los Presupuestos, estarían dando una excusa al Gobierno para pactarlos con fuerzas independentistas --como Esquerra, Bildu o JxCat-- argumentando que no tiene más remedio porque la vía de Cs ya no es posible. Y eso es, precisamente, lo que quieren evitar.

NO CUESTIONAR EL TRABAJO DE LOS JUECES

Roldán ha afirmado que plantear esos indultos es "un acto profundamente irresponsable" con el cual el Gobierno "incumple la Constitución", que establece el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley.

En su opinión, sería "nefasto" que los ciudadanos recibieran el mensaje de que ciertas personas "tienen carta blanca para hacer lo que quieran" simplemente "por ser políticos". Y "no vamos a consentir que se esté constantemente cuestionando el trabajo de los jueces y tribunales, y menos aún con criterios de oportunidad política", ha añadido.

La senadora de Ciudadanos ha subrayado que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de los condenados "tendrán que cumplir la pena que está prevista en las leyes".

Por ello, ha exigido "cerrar la puerta a cualquier tipo de indulto, ya sea explícito o implícito", al recordar que el Gobierno catalán es el que tiene las competencias penitenciarias. "Quienes están custodiando a los presos del 'procés' son sus compañeros de partido, sus compañeros de golpe", ha apuntado.

"CESIONES CONTINUAS" AL SEPARATISMO

Por otro lado, Roldán ha lamentado las "cesiones continuas al separatismo" y el "acercamiento constante" que, a su juicio, ha mostrado Sánchez con los condenados por el referéndum y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Según ha denunciado, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos practica desde hace tiempo "una empatía, siempre interesada", con personas que "han hecho mucho daño" a España, y ha mencionado tanto la cuestión de los indultos como el pésame que dio Sánchez a EH Bildu por el suicidio de un etarra en la cárcel.

"Ma pregunto qué es lo que será mañana. Nos podemos esperar cualquier cosa", ha afirmado. La dirigente del partido naranja ha indicado que los presos del 'procés' incumplieron las leyes "a sabiendas" de que luego podrían ser condenados, por lo que les ha instado a ser "valientes" ahora "para aceptar las consecuencias de sus actos".

CAÑAS: "SE LO ESTÁN PREPARANDO PARA QUE VUELVAN A INTENTARLO"

También se han pronunciado sobre este asunto el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, y el eurodiputado Jordi Cañas. A través de un mensaje en Twitter, Garicano ha preguntado a Sánchez "a cuántos votos en Presupuestos se cotiza cada indulto", aludiendo a la posible negociación de los Presupuestos Generales del de 2021 con los partidos independentistas.

"Mercadear con la Justicia a cambio del apoyo en el Congreso de quienes quieren liquidar España es una humillación para nuestro país, que desfallece ante la enorme hemorragia de vidas y empleos que sufrimos", ha dicho al Gobierno, refiriéndose a la crisis del coronavirus.

Cañas, por su parte, ha advertido de las consecuencias de "indultar a quienes amenazan con volver a delinquir" y de "modificar el Código Penal para rebajar las penas por sedición", como también plantea el Ejecutivo.

"Se lo están preparando todo a los separatistas para que vuelvan a intentarlo, esta vez con la garantía de que nunca les pasará nada. Así se suicidan las democracias", ha escrito.

La juez de Instrucción número 23 de Madrid, María Isabel Garaizaba, ha suspendido las declaraciones previstas para mañana del caso en el que investiga a siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid por la presunta comisión de dos homicidios imprudentes en relación al amianto, han informado a Europa Press fuentes próximas al caso.

En un comunicado, CC.OO. ha lamentado que se produzca otro aplazamiento dado que el anterior señalamiento fijado para las comparecencias de los investigados también se vio aplazado. Quedan por ahora pendientes las fechas fijadas para los días el 6 y 7 de octubre.

El sindicato ha señalado que "aumenta la preocupación de la plantilla, tras la última circular publicada por la Dirección de Metro de Madrid, reconociendo que existen 371 ubicaciones con presencia de amianto, repartidas en las 301 estaciones y dependencias de las instalaciones de Metro.

Este riesgo debería estar eliminado lo antes posible, desamiantando todos los trenes e instalaciones mucho antes del año 2025, fecha prevista para ello según las constantes declaraciones de la Dirección a los medios de comunicación", ha indicado.

"Mientras tanto, los compañeros afectados y los familiares de los ya fallecidos, están muy fatigados de toda la burocracia y triquiñuelas judiciales que viene utilizando los abogados de la empresa, y están teniendo que sufrir un año tras otro los afectados", ha agregado.

En la causa judicial, los denunciados son F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., Coordinadoras de Prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; y E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y prevención laboral.

También están denunciados J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; J. O., perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005.

HOMICIDIO IMPRUDENTE

Hace casi un año, la sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra los investigados por la presunta comisión de tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y los otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.

Las primeras en comparecer ante la magistrada fueros las viudas de los trabajadores fallecidos como consecuencia de su exposición al amianto, quienes reclamaron Justicia por la vía penal. También desfilaron ante la juez varios trabajadores de Metro, entre ellos delegados sindicales.

El pasado marzo, un responsable de Mantenimiento de Material Móvil de Metro de Madrid declaró ante la juez que informó en 2013 a superiores en un informe que alertaba de la presencia de amiento en trenes e instalaciones del suburbano.

En noviembre de 2018, se hizo pública un acta del Comité de Salud Laboral de Metro de Madrid de febrero de 2013 que recogía que sindicatos solicitaron a la compañía si había presencia de amianto o fibrocemento en unas bajantes de PVC y que el representante de la Dirección comentó que había informes de 2003 sobre ello.

El informe del Comité de Salud de Metro de Madrid elaborado en 2003 apuntaba que había presencia de amianto en numerosas estaciones y trenes de la compañía. Ante la Asamblea de Madrid, directivos y exdirectivos de Metro señalaron que desconocían la existencia de este informe.

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles una proposición de ley presentada por el Partido Popular para recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, y que proponía penas de cárcel de 8 a 10 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo a la autoridad que convocase ese referéndum ilegal.

La iniciativa, que los 'populares' ya habían planteado infructuosamente en el Congreso de los Diputados, ha decaído con el voto en contra de los socialistas. En concreto, la proposición ha sido rechazada por 156 votos en contra, recibiendo 106 votos a favor.

La votación de la proposición 'popular' se ha producido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase en la campaña electoral de las generales de noviembre que recuperaría el delito de organización de referendos ilegales.

Eso mismo le ha recordado el senador 'popular' Carlos Floriano, que no cree que su propuesta fuese fruto de una "declaración acalorada". "Pero sus preocupaciones ahora son otras, quizás en la forma en que se da salida a los presos del procés o el indulto por la puerta de atrás", ha lamentado.

Precisamente, Floriano ha cargado contra el Gobierno después de anunciar que los indultos del procés comenzarán a tramitarse la próxima semana. "Es un pago por la investidura y por los Presupuestos. Eso es instaurar los privilegios, leyes ad hoc a quienes interesa por mantener el poder", ha espetado, provocando los aplausos de la bancada 'popular'.

Con todo, el propio Floriano ha apelado al PSOE y al bipartidismo para tratar de lograr su apoyo. "El bipartidismo fue capaz de armar el tejido constitucional con derechos y libertades de los que hemos disfrutado con derechos y libertades. Y debemos seguir disfrutándolos y dejárselo a nuestros nietos. Es importante que anticipemos la respuesta", ha asegurado.

La respuesta por parte del Grupo Socialista ha venido por parte de Artemi Rallo, que ha preguntado al PP si creen que es "el mejor momento para tirar el Código Penal a la cabeza de nadie". "Ustedes, que acumulan decenas y decenas de causas penales contra la corrupción", ha apuntado.

Así, Rallo ha aseverado que las dos grandes preocupaciones del PP ahora deberían ser la 'operación Kitchen' y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y, además, del exsenador David Erguido, después de que éste haya presentado su dimisión tras ser citado por el juez que instruye la trama Púnica.

"Ustedes están en otra cosa, en el ruido", ha asegurado, para después acusar al PP de estar "obsesionado con Vox" y de azuzar el conflicto catalán "a la búsqueda del provecho partidista". "Por este camino no tienen nada que hacer. Es una batalla totalmente perdida", ha advertido el socialista.

LOS INDEPENDENTISTAS SOSTIENEN QUE VOTAR NO PUEDE SER DELITO

La intervención del senador del PP ha provocado las críticas del parlamentario de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, que ha calificado de "inaudito que en pleno siglo XXI existan formaciones que consideran que con el mazo y solo con el mazo serán capaces de suplir su falta de ingenio político".

"Así no nos convencerán, y tampoco nos derrotarán", ha defendido Elejabarrieta, que ha instado al PSOE a seguir la vía iniciada por los socialistas en Bélgica. "Han dicho que iniciarán un proceso de conversaciones con los nacionalistas flamencos. El diálogo, la negociación y el acuerdo son la base", ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de Junts per Catalunya Josep Maria Cervera ha asegurado que esta proposición de los 'populares' confirma que se realizó "un uso sesgado" del Código Penal para perseguir hechos que no podían ser "delictivos" tras el referéndum independentista del 1 de octubre.

"Conductas que en estos momentos que se quieren incorporar tampoco podían ser consideradas delictivas", ha continuado, para después señalar que "no procedía ningún tipo de acción" legal contra los miembros del Govern, de la ANC ni de Omnium Cultural.

CIUDADANOS CARGA CONTRA EL PSOE POR LOS INDULTOS A PRESOS DEL PROCÉS

En este contexto, el senador de Mès per Mallorca, Vicenç Vidal Matas, ha sostenido que "consultar al pueblo nunca es un delito" y ha criticado que el PP intente retrotraerse 15 años atrás. "En democracia, la participación, cuanto más mejor. Debemos avanzar en participación. No basta con votar cada cuatro años", ha afirmado.

Así, la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán ha defendido la importancia de "recuperar" el delito para evitar que el independentismo "intente hacer pasar por democrático lo que no es más que una imposición totalitaria". "No lo olviden, el separatismo ha utilizado el referéndum como fin y no como un medio", ha añadido.

En esta línea, Roldán ha lamentado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya adelantado que la próxima semana se tramitarán los indultos a los presos del procés. "Ni indultos ni privilegios de ningún tipo para personas que cometieron delitos gravísimos y que pisotearon los derechos de la mitad de los catalanes", ha exigido.

A juicio del senador del PNV Imanol Landa, "ni la judicialización política es el camino ni la aplicación del código penal es la solución". "Es innegable que será la política, sustentada en el diálogo y el acuerdo, la que posibilitará la salida al conflicto. ¿Cuándo se va a abordar con madurez democrática esta cuestión", se ha preguntado.

El Tribunal Supremo ha citado para el 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés para que declare por la investigación abierta en su contra por un presunto delito de maltrato a su mujer.

El magistrado del Supremo Andrés Martínez Arrieta --instructor del caso-- también ha citado en la misma fecha para declarar como testigos a la mujer de Valdés, dos particulares, un médico del SUMMA, los miembros de la Policía Local de Majadahonda que intervinieron en el incidente y a cinco guardias civiles destinados en el municipio madrileño.

La citación llega días después de que Valdés solicitara acogerse a una baja por motivos de salud que le apartará temporalmente de las deliberaciones del TC, ya que se encuentra ingresado en un hospital de Madrid desde hace varios días.

Fuentes del entorno del magistrado han indicado que éste espera recibir el alta hospitalaria en una semana, por lo que en principio no tiene previsto solicitar un aplazamiento.

Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado el pasado 11 de agosto por agentes de la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda, después de que unos vecinos llamaran a la Guardia Civil tras escuchar una fuerte discusión con su mujer en el interior de la vivienda.

Estuvo detenido unas horas pero finalmente la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar la salud y la edad de Valdés, de 75 años, y en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Aunque inicialmente el asunto recayó sobre este juzgado de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, el magistrado está aforado ante el Supremo, de modo que la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal es la única que puede investigarle.

"BASE INDICIARIA SUFICIENTE"

El pasado 15 de septiembre, la Sala Segunda abrió una causa penal a Valdés al apreciar indicios de la comisión de los delitos de maltrato recogidos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal, misma posición adoptada por el juzgado de Majadahonda y la Fiscalía.

A criterio de dicha Sala, las declaraciones de dos testigos y la de un agente, a pesar de las del propio Valdés y su esposa, "conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias" para esclarecer los hechos.

Además de los interrogatorios a Valdés, su mujer y los testigos, entre las pruebas a practicar por el Supremo estaría un informe pericial sobre los efectos en el magistrado de la medicación que toma por la enfermedad que padece.

El Tribunal Constitucional ya ha salido de manera oficial en defensa del magistrado y ha apelado a respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia "mientras continúe el procedimiento judicial en curso".

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar el próximo mes de noviembre a un hombre para el que la Fiscalía solicita 12 años de prisión por presuntamente comprar con 'bitcoins' vídeos de pornografía infantil y al que, además, supuestamente le intervinieron en su ordenador miles de archivos de contenido pedófilo, entre ellos uno de su sobrina desnudándose.

Esta investigación, según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, fue fruto de la colaboración internacional de la Guardia Civil con la Agencia Policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre un portal web de la denominada 'Dark Net' o 'red oscura'.

El acceso a dicha página, señala el ministerio público, requería que sus usuarios pagaran con 'bitcoins' o subieran archivos de pornografía infantil, determinando los investigadores que el acusado realizó, supuestamente, "al menos cuatro pagos a la plataforma" en mayo de 2016 y también presuntamente subió vídeos entre junio de dicho año y diciembre de 2017.

En el registro del domicilio del procesado y de sus ordenadores se localizaron almacenados "miles de archivos conteniendo pornografía infantil", indica esta acusación en su escrito, apuntando que algunos de los vídeos subidos a la plataforma eran "especialmente degradantes o vejatorios". Según los informes, consta que desde 2016 al menos 189 archivos "fueron descargados y distribuidos por el acusado".

Además, se localizó un vídeo de su sobrina cuando esta tenía 13 o 14 años, que fue grabada por una cámara "sin que se diera cuenta cuando se desnudaba para cambiarse de ropa", según ha puesto de manifiesto la investigación; hechos que fueron denunciados en septiembre de 2019.

Para el fiscal, se trata de un delito de distribución y posesión de pornografía infantil "especialmente degradante" y de otro de producción de este tipo de pornografía; solicitando que se le imponga al acusado la pena de nueve años de prisión por el primero y tres años por el segundo.

Asimismo, la acusación pública insta a que se le impongan la medida de libertad vigilada de nueve años y que se le prohíba al acusado desempeñar empleo o profesión relacionado con menores durante el mismo periodo de tiempo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que finalmente el Rey no vaya a Cataluña a entregar los despachos a los nueves jueces, un acto al que no había faltado ningún año, y ha culpado de ello al Gobierno de Pedro Sánchez, ya sea por no garantizar la seguridad del jefe del Estado en una parte de España, lo que tacha de "tercermundista", o bien por ceder ante los independentistas que protestan ante Felipe VI, lo que juzga "inadmisible".

En declaraciones en el Congreso, Casado ha señalado que el PP ya ha pedido explicaciones al Gobierno por este episodio pues considera que en "una nación centenaria" y la cuarta economía del euro no encajan las explicaciones que han trascendido.

El líder del PP espera que "no sea verdad" que el Gobierno considere que la Policía y la Guardia Civil no son capaces de proteger la seguridad del jefe del Estado en Cataluña, pues sería "algo vergonzoso" que situaría a España a un nivel de países tercermundistas

A su juicio, más bien parece que "el Gobierno cede ante los independentistas y no permite que el Rey de todos los españoles no pueda entregar los despachos" en Cataluña, un boicot que ya pasó con los premios Princesa de Girona y que se intentó en la ronda de viajes de los Reyes por las distintas comunidades tras el estado de alarma derivado del coronavirus.

QUE PIERDAN TODA ESPERANZA

Casado ha querido dejar claro que la Monarquía parlamentaria se aprobó en la Constitución de 1978, con un "abrumador respaldo" en Cataluña, y que Felipe VI es Rey porque así lo decidieron las Cortes Generales hace seis años, por lo que ha recomendado "perder toda esperanza" a quienes piden su abdicación y cuestionan la Jefatura de Estado. "El PP no lo permitirá", ha enfatizado.

En todo caso, el líder del PP considera que "el culpable de esto es Pedro Sánchez, que calla y otorga para seguir en el poder", y "eso es algo absolutamente inadmisible".

El PNV llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana su proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana impulsada por el PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz con el fin de que, esta vez sí, esta pueda llegar a ver la luz, puesto que quedó varada hace dos legislaturas.

La llamada 'Ley Mordaza' por sus detractores, que contempla 44 supuestos con faltas que pueden ser sancionadas con hasta 600.000 euros, fue aprobada en 2015 en solitario por el PP y acabó recurrida en el Tribunal Constitucional por toda la oposición.

Contó con el rechazo de asociaciones y ONG al entender que vulneraba derechos de los ciudadanos, pero también cosechó el respaldo de la mayoría de organizaciones sindicales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que exigen que se respete su derecho a la intimidad o que se sancionen las faltas de respeto a la autoridad.

La Cámara admitió a trámite en 2017 dos proposiciones de ley distintas para acabar con la 'Ley Mordaza': una presentada por el PSOE para suprimir toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992 y que es la conocida como 'Ley Corcuera' por el entonces ministros del Interior socialista, y otra del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992.

SE LLEGÓ A MODIFICAR MÁS DE LA MITAD DE LEY

Finalmente, tras meses y meses de continuas ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas a ambas propuestas, la ponencia comenzó a trabajar en octubre de 2018 sobre la iniciativa impulsada por el PNV llegando a modificar más de la mitad de la ley 'popular', pero la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones para el 28 de abril de 2019 provocó su paralización al poner fin la legislatura.

En la legislatura corta que siguió a esos comicios, el PNV volvió a registrar su proposición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero también decayó con la disolución de las Cortes ante la repetición de las elecciones de noviembre de ese mismo año, e hizo lo propio el pasado mes de diciembre, con el inicio de la presente legislatura.

Y será en la sesión plenaria del próximo martes cuando la Cámara decida si acepta o no que el texto de los nacionalistas vascos comience de nuevo su andadura parlamentaria. Todo apunta a que así será porque es más que probable que el PSOE y Unidas Podemos lo apoyen.

De hecho, en su acuerdo para el Gobierno de coalición, ambos partidos pactaron sustituir la 'Ley Mordaza' por una nueva norma que "garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica".