Castilla y León destina más de dos millones de euros para gestionar la crisis sanitaria

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha recibido la comunicación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se declaró la emergencia de la contratación de la adquisición de 300.000 mascarillas y 200.000 test rápidos de antígenos, así como del servicio de transporte del personal y material relacionados con la campaña de vacunación en distintas áreas de salud de Castilla y León, cuyo importe global ha ascendido a 2.055.900 euros.

En concreto, se ha dado cuenta de la declaración de emergencia que se llevó a cabo con el fin de poder contratar la compra de 300.000 mascarillas quirúrgicas, por importe de 150.000 euros y de 200.000 test rápidos de antígenos, por importe de 1.060.000 euros.

También ha comunicado la emergencia de la contratación del servicio de transporte del personal y material correspondiente a la campaña de vacunación COVID-19, cuyo importe ha ascendido a 845.900 euros.

Así en el Área de Salud de Ávila, el servicio será prestado por RadioTaxi Ávila por un importe máximo de 46.000 euros; en la de Burgos, el servicio será prestado por Asociación Burgalesa del Taxi-Abutaxi por un importe máximo de 71.000 euros; en la de León, el servicio será prestado por Radio Taxis Legio por un importe máximo de 165.000 euros; en la El Bierzo, por la Asociación Radiotaxi Ponferrada por un importe máximo de 38.500 euros; en la de Palencia, por RadioTaxi Palencia por un importe máximo de 46.000 euros; en la de Salamanca, por Asociación Provincial Auto-taxi de Salamanca por un importe máximo de 104.500 euros; en la de Segovia, por la Asociación Profesional Radio taxi Segovia por un importe máximo de 68.200 euros; en la de Soria, por Cooperativa Autotaxi de Zaragoza por un importe máximo de 46.000 euros; en la de Valladolid-este y Valladolid-oeste, por la Sociedad Cooperativa Limitada Radio-taxi Valladolid por un importe máximo de 192.500 euros, y en la de Zamora, por la Asociación de Taxis Autotaxi Zamora por un importe máximo de 68.200 euros.

La justificación de emergencia se enmarca, según recalca la Junta, en la declaración del estado de alarma que se produjo el 14 marzo pasado, en el marco de la gestión permanente de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y en la legislación autonómica recogida en la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, que determina que, con el objetivo de garantizar la prestación integral, eficaz y homogénea en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, en este caso a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente desarrolla el Sistema de Protección Ciudadana que garantiza la asistencia al ciudadano ante situaciones de emergencia y urgencia.

Por otro lado, la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España, en el marco de la Comunicación de la Comisión Europea de 15 de octubre de 2020, establece los elementos clave que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de las estrategias de vacunación.

Asimismo, determina la existencia de puntos críticos diferenciales con los programas de vacunación habituales y que requieren una serie de medidas extraordinarias que no pueden abordarse con los medios propios utilizados en campañas ordinarias o puntuales de vacunación.

Estas condiciones extraordinarias en el transporte y almacenamiento de algunas vacunas y su distribución en viales multidosis requieren planificar las citaciones (rutas, horarios y servicios) para evitar la pérdida de dosis, cumplir con la necesidad de mantener la distancia física y con las medidas preventivas exigidas durante el proceso de vacunación.