La comunidad autónoma de Extremadura ha marcado un nuevo récord de contagios en la última jornada al confirmar 309 casos positivos de Covid-19 por PCR, así como cuatro fallecidos, y se declaran once nuevos brotes de coronavirus.

La Dirección General de Salud Pública ha detectado en las últimas 24 horas un total de 462 casos sospechosos de coronavirus y ha descartado 312, mientras que se han dado 219 altas, lo que hace un total de 10.318 personas curadas desde el inicio de la pandemia.

Los hospitales extremeños cuentan en estos momentos con 169 personas ingresadas con coronavirus, 15 de ellas en UCI, según los datos aportados por la Junta de Extremadura en nota de prensa.

De los cuatro fallecidos con Covid-19, dos de ellos pertenecen al Área de Salud de Mérida, que son un varón de 90 años de Almendralejo y una mujer de 87 años de la residencia Rosalba, mientras que también ha fallecido una mujer de 97 años del brote de los pisos tutelados de Cabeza del Buey, y un varón de 81 años de Badajoz. En total, el número de fallecidos en la comunidad asciende a 656 desde el inicio de la pandemia.

Además, en las últimas 24 horas se han comunicado 11 brotes nuevos, situados en Alconchel (3 positivos y 65 contactos); Villanueva del Fresno (7 casos y 48 contactos); Cáceres (8 casos y 15 contactos); dos en Alcuéscar (9 positivos y 25 contactos / 6 casos y 36 contactos); Valverde de la Vera (20 casos y contactos en investigación); Llerena (29 casos y 93 contactos); Fuente de Cantos (6 casos y contactos en investigación); Guareña (7 positivos y 20 contactos); Talaveruela (8 casos y contactos en investigación), y Villafranca de os Barros (6 casos y 95 contactos).

Por su parte, también se han cerrado otros 11 brotes en la última jornada, que son el 70 de Torreorgaz; el 74 de Alía; el 75 de Cáceres; el 97 de Trujillo; el 78 de Alcuéscar; dos en Talarrubias, el 152 y el 164; el 174 y el 175 de Plasencia; el 214 de Montijo, y el 192 de Serradilla.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

En cuanto a los datos por áreas de salud, la de Badajoz ha notificado 57 casos positivos confirmados en la última jornada, y cuenta con 31 pacientes ingresados, 2 de ellos en UCI. Ha detectado 127 casos sospechosos y ha descartado 20, mientras que desde el inicio de la pandemia acumula 45 fallecidos y se han curado 2.186 pacientes.

Por su parte, el Área de Salud de Cáceres declara 49 casos positivos, y en la actualidad tiene 37 pacientes ingresados y ninguno en UCI, ya que los dos pacientes que había en ella han pasado a planta de hospitalización. Ha notificado 94 casos sospechosos y ha descartado 72, y en total han fallecido 305 personas y se han dado 2.581 altas.

El Área de Salud de Mérida tiene 63 positivos confirmados, y 32 pacientes hospitalizados, 5 de ellos en UCI. Además, ha notificado 59 casos sospechosos y descartado 70. Ha registrado 43 fallecidos y 1.345 altas.

Respecto al Área de Salud de Plasencia ha notificado 37 casos positivos, y tiene 16 pacientes ingresados, 4 de ellos en UCI. Ha detectado 28 casos sospechosos y descartado 32, y desde el inicio de la pandemia acumula 85 víctimas mortales y 839 pacientes curados.

Así, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notifica 18 casos positivos, y tiene 22 pacientes hospitalizados, 4 de ellos en UCI. Ha detectado 81 casos sospechosos y ha descartado 90, y en total ha registrado 65 fallecidos y 1.524 altas.

En cuanto al Área de Salud de Navalmoral de la Mata, ha notificado 36 casos positivos, y tiene 8 pacientes ingresados. Ha registrado 25 casos sospechosos y descartado 15, y en total acumula 60 fallecidos y 840 pacientes curados.

Finalmente, el Área de Salud de Coria registra 21 casos positivos y tiene 10 pacientes ingresados, mientras que el de Llerena-Zafra notifica 28 casos positivos, y cuenta con 13 pacientes hospitalizados.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Toledo, ha decretado medidas especiales en varias localidades más de Toledo.

En Pepino y Calera y Chozas se decretan medidas especiales nivel 3. Entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Calera y Chozas un total de 40 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 860,1 casos/100.000 habitantes.

Por todo ello, y en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se propone aplicar en el municipio de Calera y Chozas medidas complementarias de salud pública de Nivel 3 durante 14 días prorrogables en función de la situación epidemiológica, ha informado la Junta en un comunicado.

En Pepino, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Pepino un total de 40 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.309,3 casos/100.000 habitantes. Por todo ello, y en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se propone aplicar en el municipio de Pepino medidas complementarias de salud pública de Nivel 3 durante 14 días prorrogables en función de la situación epidemiológica.

Por otro lado, en Seseña y Ugena se prorrogan las medidas especiales nivel 2, mientras que en Illescas y Yuncos se rebajan las medidas especiales del nivel 3 al nivel 2.

En Seseña entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Seseña un total de 66 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 255,5 casos/100.000 habitantes.

Entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Ugena un total de 21 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 388,1 casos/100.000 habitantes.

Entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Yuncos un total de 54 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 481,2 casos/100.000 habitantes.

Entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Illescas un total de 139 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 481,1 casos/100.000 habitantes.

Desde la Consejería de Sanidad se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que los mismos se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, ha resuelto adoptar medidas especiales de nivel 2 en Moral de Calatrava ante la evolución del coronavirus en el municipio.

Entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio un total de 31 casos de COVID-19, lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 588,1 casos por 100.000 habitantes, ha informado la Junta en un comunicado.

De este modo, la tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días, próxima a 600 casos por 100.000 habitantes; el elevado número de casos registrados en los últimos siete días y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 40 indican que el municipio de Moral de Calatrava se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria, lo que exige la adopción de medidas de Nivel 2, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.

Entre estas medidas, se procede al cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.

Asimismo, se suprime el servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente.

Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.

Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones, tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.

Se procede asimismo a la suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de servicios de estancias diurnas de personas mayores.

Asimismo, se suspenden las visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales, tales como distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas y resto de medidas de prevención.

No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su regreso, deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese momento. Si se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.

En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad o de menores, entre otros, estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento.

Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas, supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.

Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50 por ciento de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal. Se restringe el número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10) y en eventos sociales como bodas y bautizos (máximo 25).

Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no permitidas en la vía pública. Se procede a la suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.

Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pinturas, idiomas, etc). Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por particulares. Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios, así como de bibliotecas y museos.

Los hoteles solo podrán contratar el 75 por ciento de su capacidad, y el uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 50 por ciento.

Cierre de la piscina municipal y otras instalaciones recreativas o deportivas abiertas al público, independientemente de su titularidad pública o privada. Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25 por ciento de su capacidad.

Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.

Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22.00 y las 8.00 horas. En las tiendas y demás establecimientos comerciales se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento.

Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50 por ciento, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar ocho nuevas aulas en la Comunidad, concretamente un grupo en Ávila, dos aulas en Salamanca, una en Segovia, dos en Soria y dos en Valladolid.

En Ávila, el aula afectada se encuentra en el Colegio concertado Santísima Trinidad, de El Tiemblo, mientras que en Salamanca la medida afecta a grupos del Colegio Concertado Montessori y del Colegio Concertado María Auxiliadora, ambos en la capital.

En Segovia se encuentra en cuarentena un nuevo grupo en el CEIP Peñascal en la capital; en Soria, un aula de segundo de Infantil del CEIP Fuente del Rey de la capital tras el positivo de un alumno en la tarde del miércoles y el CC Santa Teresa de Jesús, también en la capital, en tanto que en Valladolid la medida afecta a un aula del CEIP Nuestra Señora del Villar en Laguna de Duero y otra del CEIP Tierra de Pinares en Mojados.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 124 aulas en cuarentena en Castilla y León, según los datos facilitados por la Administración autonómica.

Asimismo, ya se conocen los primeros resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 133 casos de alumnos y 16 de trabajadores con PCR positiva.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, ha enviado 50.000 test rápidos de detección de la covid-19 a los servicios de prevención de las tres universidades gallegas, que procederán a realizar un cribado con ellos entre sus alumnos.

En concreto, para la Universidad de A Coruña se destinarán 11.649 test para el campus de la ciudad herculina y 1.945 para el de Ferrol; mientras que en la USC se usarán 16.834 test en el campus de Santiago y 3.039 en el de Lugo. En lo relativo a la Universidad de Vigo, 8.646 test irán al campus de la ciudad olívica, 3.502 al campus de Pontevedra y 3.967 al campus de Ourense.

A pesar de que Sanidade considera el universitario un entorno seguro, el departamento de la Xunta mantiene una "vigilancia específica" de las ciudades que cuentan con facultades o escuelas universitarias, ya que estos ámbitos están constituidos por personas jóvenes con mayor probabilidad de ser asintomáticos, lo que dificulta una detección precoz de la enfermedad.

Además, recuerda Sanidade, son, en general, personas con "una gran frecuencia de interacciones sociales", lo que "multiplica las posibilidades de transmisión". Estas cuestiones, junto con "una menor percepción del riesgo", constituyen "factores que pueden derivar en el empeoramiento de la situación epidemiológica".

Por ello, Sanidade ha hecho un llamamiento para "concienciar y responsabilizar a este colectivo" para que, en sus actividades privadas, mantengan "todas las medidas de seguridad" y reduzcan sus interacciones sociales, "evitando reuniones con personas no convivientes, fiestas en los pisos o aglomeraciones".

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha confirmado este jueves que una profesora de la escoleta municipal de Santa Gertrudis ha dado positivo en Covid-19, por lo que una treintena de alumnos de dos y tres años deberán iniciar una cuarentena de diez días, según indicaciones de la Conselleria de Salud .

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la empresa concesionaria ha encargado una desinfección del centro para que este viernes el resto de alumnos puedan seguir con su asistencia habitual.

A los padres de los pequeños afectados directamente por el aislamiento se les remitirá una circular por parte de la concesionaria del servicio con las indicaciones que deben seguir durante este tiempo.

Igualmente, a los padres del resto de alumnos del centro se les dirigirá otro comunicado para ofrecerles la máxima información y garantizarles que se adoptan todas las medidas higiénicas y sanitarias necesarias para evitar cualquier riesgo en las instalaciones.

Desde el Ayuntamiento han deseado una pronta recuperación a la maestra afectada y han recordado la necesidad de respetar todos los procedimientos y protocolos sanitarios establecidos.

El Círculo de la Sanidad ha exigido al Gobierno que apruebe una reducción permanente del IVA de productos y materiales necesarios para luchar contra la pandemia de COVID-19, como guantes y mascarillas, incluyendo en esta medida no solo a empresas y organizaciones sociales, sino a las familias.

En este sentido, el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, afirma que "es comprensible que adoptar medidas contra la pandemia lleva tiempo, pues el Gobierno, el resto de administraciones, el sector sanitario y el conjunto de la sociedad afrontamos una crisis sin precedentes en muchas décadas". "Pero llevamos ya siete meses desde que la pandemia llegó a España y no es admisible que haya cuestiones tan básicas a las que se le siga sin dar una respuesta", lamenta.

Así, pone en valor que el Ejecutivo aprobara en abril una exención del IVA para productos como mascarillas, batas, geles hidroalcohólicos y guantes, entre otros, una medida de la que se podían beneficiar empresas y organizaciones del sector sociosanitario. Esta decisión fue prorrogada por el Consejo de Ministros en agosto, con vigencia hasta el 31 de octubre, y se enmarcó en una ley encaminada a dar mayor margen de gasto a los ayuntamientos que el Congreso de los Diputados tumbó posteriormente, provocando "gran incertidumbre".

"No podemos estar con esta inquietud con temas tan serios. Es preciso que el Gobierno apruebe de forma estructural, no solo para estos meses, una reducción del IVA para estos materiales y que se puedan beneficiar también los ciudadanos particulares", señala Ángel Puente, quien denuncia "el sinsentido que supone que es obligatorio el uso de mascarillas para salir a la calle, pero que, a su vez, cobren un impuesto como si se tratara de productos de lujo.

Más allá de esta exención puntual, de forma ordinaria, los respiradores; las mascarillas; las batas quirúrgicas; depresores linguales; adaptadores de toma de oxígeno; drenajes; guantes; pijamas desechables; pañales; gorros de cirujano y enfermería, y cubrezapatos, entre otros, se encuentran gravados al 21 por ciento. Igualmente, Ángel Puente critica que estén gravados al tipo máximo servicios como la limpieza de hospitales, la seguridad de centros sanitarios, logística sanitaria, transporte de productos biosanitarios, etc.

"Evidentemente, lo apremiante es atender a una reducción del IVA durante la pandemia, pero lo urgente no puede eclipsar lo importante, que es revertir la subida del IVA que se aprobó en la anterior crisis económica y no perseverar en el error", añade el presidente del Círculo de la Sanidad, que pide al Ejecutivo que descarte cualquier subida del IVA a la sanidad privada en los presupuestos para 2021.

Un total de 135 docentes y 1.077 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 432 personas --24 docentes y 408 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 178 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone siete nuevos positivos --dos docentes y cinco alumnos--, con respecto al último balance aportado por la Comunidad este miércoles.

La Consejería recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 135 docentes aislados representan el 0,5% del total, y los 1.077 alumnos, el 0,38%.

En concreto, un total de 1.892 estudiantes y 177 profesores aislados han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Así, en las últimas horas, instituto Villa de Abarán (Abarán) ha registrado un alumno positivo y un total de seis aislados: el positivo y cinco alumnos, mientras que el instituto Vega del Thader (Molina de Segura) ha sumado un alumno positivo y un total de dos aislados: el positivo y un alumno.

En el colegio público El Mirador (San Javier) se ha registrado un docente positivo y un total de 22 aislados: el positivo y 21 alumnos (aula de infantil), y en el instituto Juan de la Cierva (Murcia) se ha registrado un alumno positivo y dos aislados: el positivo y un alumno.

En el instituto Aljada (Puente Tocinos, Murcia) hay un alumno positivo y nueve aislados: el positivo, cinco alumnos y tres docentes (aula abierta), y en el colegio concertado Mirasierra (Torreagüera, Murcia) hay un alumno positivo y un total de ocho aislados: el positivo, cinco alumnos y dos docentes.

Por último, en el colegio concertado Sagrado Corazón (Los Dolores, Cartagena) se ha registrado un docente positivo y seis aislados: el positivo y cinco alumnos.

La Xunta de Galicia, a través del Servicio de Gardacostas de Galicia, ha pasado al nivel mínimo de emergencia --la situación 1-- la activación del Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) tras constatar la eliminación de la mancha de fuel localizada esta semana en la ría de Arousa.

De ello ha informado la Xunta en un comunicado, en el que explica que tomó esta decisión atendiendo a la mejora de la situación y en consonancia con Salvamento Marítimo del Estado, que coordina el operativo.

Con todo, la Administración autonómica ha señalado que las embarcaciones del Servizo de Gardacostas que participan en el operativo se mantienen en la zona, eliminando restos superficiales y realizando labores de dispersión mecánica. Tras ello, se irán retirando de forma progresiva.

En este mismo operativo, los medios de la Xunta que se sumaron a los de Salvamento Marítimo del Estado son los buques 'Irmáns García Nodal' y 'Paio Gómez Chariño' y las patrulleras Punta Falcoeiro y Punta Roncadoira con personal del Servizo de Gardacostas y del InstitutoTecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), que realizó seguimiento de la mancha mediante boyas durante todo el operativo.

A ellos se sumaron este jueves drones de la Axencia Galegade Emerxencias para la inspección del área afectada. Además, el subdirector xeral del Servizo de Gardacostas, Lino Sexto, y el Intecmar mantienen de forma preventiva el cierre cautelar en el único polígono de bateas que estaba abierto en la zona, el Ribeira B.

Los niveles de activación del plan Camgal se adaptan a los utilizados por Protección Civil según indica el Sistema Nacional de Respuesta y son Situaciones 0, 1, 2 e 3. La situación 0 se activa cuando se sospecha que una contaminación significativa puede llegar a la costa, tanto procedente del mar como de una instalación en tierra. La situación 1 hace referencia al nivel mínimo de emergencia, la dos al medio y la 3 al máximo.

La Guardia Civil ha recuperado este jueves en Alemania un busto romano robado en 2010 en la localidad gaditana de Bornos. Se trata de la cabeza de Antonia Minor, hija menor de Marco Antonio y Octavia y madre y abuela respectivamente de los emperadores Claudio y Calígula. La pieza data del siglo I y es, según el instituto armado, "un perfecto ejemplo del retrato romano imperial adaptado a las tradiciones y modos locales de la Hispania romana".

La Policía Criminal de Baviera ha entregado esta tarde el busto a la Guardia Civil en el Consulado de España en Múnich, culminando una investigación coordinada por la Sección de Patrimonio Histórico que llevó a la localización del busto en una casa de subastas en Munich.

La pieza fue descubierta en el yacimiento de Carissa Aurelia en los años 60 del siglo XX. Durante años estuvo expuesta en el Ayuntamiento de Bornos y más tarde en el Centro de Interpretación del Castillo-Palacio de los Ribera, hasta que, a finales de 2010, fue robada de la vitrina en donde se mostraba al público.

Desaparecida durante casi una década, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla José Beltrán Fortes localizó la pieza casualmente mientras estaba expuesta temporalmente en la Gliptoteca de Munich (Alemania), hecho que puso inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil y las autoridades españolas.

En el acto de entrega han estado presentes Harald Pickert, presidente de la Policía Criminal de Baviera; Ralf Hennecke, asistente del presidente de la Policía Criminal, así como el cónsul general Francisco Pascual de la Parte; y el oficial de enlace de Guardia Civil ante la BKA, comandante César Sánchez Sutil.

La labor de la Guardia Civil ha contado con el asesoramiento técnico de la Subdirección General de Registros y Documentación de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte de España, quien coordinará junto a la Guardia Civil el transporte y traslado definitivo de la cabeza a España.

En la operación ha participado también la Policía Criminal de Baviera (BLKA), la División K53 de Protección Nacional e Internacional de Bienes Culturales del Ministerio de Estado de Cultura alemán, la Embajada de España en Berlín y el Consulado General de España en Munich.

El sector crítico a la dirección de IU ha formalizado este jueves se precandidatura, encabezada por el dirigente José Antonio García Rubio y que cierra "simbólicamente" el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; de cara a liderar el partido en la próxima asamblea federal y con el objetivo de evitar la fusión con Podemos.

"Con todo respeto para todos, no queremos que nos dirija Pablo Iglesias (líder de Podemos), que no ha sido elegido por ningún órgano de IU", ha explicado en declaraciones a Europa Press García Rubio, para resaltar que este proyecto busca preservar "la soberanía" plena del partido.

Por tanto, los afiliados y cargos de IU agrupados en este sector buscan evitar que "bajo el paraguas" de la unidad popular se "encubra" un proyecto de fusión con Podemos, formación con la que existen posturas "divergentes".

SU LEMA "IU, LA IZQUIERDA NECESARIA"

Bajo el lema 'IU, la izquierda necesaria', la precandidatura ha remitido hoy a la Comisión de Organización los nombres de los precandidatos que la conforman, con dos listados de 31 mujeres y 31hombres.

García Rubio se encuadra en el sector crítico al actual coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, a través de la corriente '+Izquierda' y ha desempeñado cargos en áreas de empleo y economía del partido.

La candidatura integra afiliados de 10 federaciones de IU (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Madrid, Navarra, País Valenciano y Rioja) con presencia de cargos y excargos políticos de IU, entre los que destaca el regidor de Zamora, quien cierra simbólicamente la lista.

Con esta inclusión se hace un guiño a los partidarios de la conocida como 'Declaración de Zamora', que defiende el proyecto político autónomo de IU.

Aparte, participan en ella militantes de todos los partidos estatales integrados en IU, independientes y miembros destacados de distintos sectores; afiliados y cuadros de diferentes sindicatos y personas activas en los movimientos sociales y en las mareas en defensa de los servicios públicos.

El equipo que conforma la precandidatura también subraya la presencia en la lista de la política y escritora Lidia Falcón y otras mujeres vinculadas al Partido Feminista, en virtud de que su afiliación a IU es siempre individual. También incorporarán personas de organizaciones LGTBI.

"NO ENCUBRIR LA FUSIÓN CON PODEMOS"

Ahora, sus miembros están elaborando un documento "alternativo" a las tesis de la ponencia de la dirección, que se terminará de redactar una vez sea público el documento oficial, y que apuesta por una IU como "movimiento político y social", con una política de alianzas "positiva" pero "que no encubra" bajo fórmulas de convergencia la "fusión de hecho con Podemos".

"Queremos recuperar la autonomía política de IU", ha asegurado el cabeza de lista del sector crítico para recalcar que, con ello, no se quiere decir que no se produzcan acuerdos políticos, pero bajo las fórmulas que preserven el espacio e identidad del partido.

También ha destacado que "no es posible" un proyecto estratégico comín entre ambas fuerzas políticos porque son "diferentes", como se ve en las visiones sobre la concepción del país, la relación con los nacionalismos o sobre el feminismo.

Por ello, García Rubio defiende que en esta asamblea federal IU debe decir "clara e inequívocamente" hacia dónde se dirige en el futuro, "sin ambigüedades" que "confundan" a la afiliación y con el debate sobre cómo se reforzará la soberanía de la formación.

La precandidatura expresa también "una fuerte preocupación por la pluralidad de IU" y su confección se ampliará de cara al 22 dediciembre, plazo establecido por las normas de la XII para presentar la candidatura definitiva.

EL PCE APUESTA POR SUPERAR IU

La asamblea federal de IU iba a celebrarse inicialmente este verano pero fue aplazada a enero a raíz de la crisis del coronavirus. Según el calendario que maneja la organización, el 22 de diciembre es el plazo límite para presentar candidaturas a liderar el partido.

De cara a esa cita, el Partido Comunista de España (PCE) defenderá la necesidad de "superar" IU y lograr un proceso de convergencia que amplié la actual Unidas Podemos, que no debe limitarse a una "alianza electoral".

Para ello, la formación que dirige el diputado Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos, es concretar ese nuevo sujeto político con un "mínimo de cohesión territorial que permita trascender el proyecto de unidad electoral que es Unidas Podemos".

Agentes de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y FBI han desarticulado en una operación coordinada por EUROPOL una organización transnacional dedicada al blanqueo de beneficios procedentes de ciberataques y estafas informáticas. Con todas las pruebas recabadas se estima que la actividad de blanqueo llevada a cabo en España superaría los 800.000 euros en un solo año.

La organización operaba a nivel mundial, especialmente en Europa y América, y ofrecían sus servicios a grupos criminales informáticos. Según la Policía, la operación no tiene precedentes en su ámbito debido a su envergadura, ya que ha supuesto la práctica de 40 registros domiciliarios en Letonia, Bulgaria, Reino Unido, Italia y España (2), así como la detención de 19 personas en Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y España (4).

El entramado en España se había servido de 106 cuentas bancarias, abiertas con pasaportes falsificados, que recibían grandes cantidades de dinero asociadas a actividades de ciberdelitos desde países como Alemania, Italia o Estados Unidos, y con los que pretendían blanquear más de 825.000 euros.

En España, la investigación policial se inició el mes de marzo de 2019 cuando la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detectaron una organización criminal internacional altamente estructurada y especializada en monetizar el producto de cibercrímenes cometidos por grupos de criminales informáticos a diferentes países.

El entramado criminal ofrecía un servicio consistente en aportar una serie de cuentas bancarias controladas por mulas, previamente reclutadas en varios países por miembros de la organización. La primera finalidad era recibir transferencias de dinero procedente de estafas informáticas y también ofrecer métodos para enmascarar el origen ilícito del dinero y avalar la integración de los beneficios en los circuitos financieros legales.

ASENTADOS EN BARCELONA

Los investigadores constataron que la organización también estaba siendo investigada por otras policías por hechos criminales en sus países, entre ellas el FBI, y que una parte de la organización se había establecido en la ciudad de Barcelona. Este grupo estaba integrado principalmente por personas originarias de Letonia que llegaban a Cataluña con el encargo de abrir estas cuentas bancarias, a los cuales recibían y transferían el dinero obtenido fraudulentamente.

Gracias a las gestiones de investigación, se pudo identificar un total de 27 personas, que actuaban como mulas bancarias, que abrieron cuentas en Barcelona con documentación obtenida fraudulentamente con connivencia de una gestoría establecida cerca de Barcelona, ciudad desde donde se realizaban transferencias a cuentas otros países para enmascarar el origen ilícito y dificultar su rastro.

El obispo emérito de Ciudad Real, Antonio Algora, ha fallecido este jueves, 15 de octubre, fiesta de santa Teresa de Jesús, con 80 años de edad, de un fallo multiorgánico.

Según ha informado la Diócesis en un comunicado, Algora ha fallecido en torno a las 16.00 horas. Durante 13 años fue obispo de la Diócesis de Ciudad Real y desde 2016, obispo emérito.

Algora ingresó en el Hospital de La Paz de Madrid el pasado 20 de septiembre, con diagnóstico de neumonía bilateral provocada por la COVID-19. Durante los veinticinco días en los que ha estado ingresado, sin salir de la gravedad, ha tenido momentos que animaban a la esperanza en su recuperación, aunque pudiese ser un proceso lento.

En los últimos días había dado signos de recuperación porque la infección había remitido, la presión arterial se le había estabilizado y cada vez aguantaba más la respiración de manera autónoma. Sin embargo, este jueves el equipo médico ha informado del fallo multiorgánico que ha derivado en su muerte.

"Le encomendamos especialmente a la Virgen María, a la que tanta devoción y cariño ha mostrado a lo largo de su vida. Rogamos oraciones por su eterno descanso a todo el pueblo de Dios, laicos, monasterios y casas religiosas, consagradas y consagrados, sacerdotes y parroquias. El Señor, que es buen pagador, le premie con misericordia", ha indicado la Diócesis en su comunicado.

BIOGRAFÍA

Antonio Ángel Algora Hernando nació en La Vilueña (Zaragoza), el día 2 de octubre de 1940. Cursó los Estudios Eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Madrid. El 23 de diciembre de 1967, fue ordenado sacerdote y quedó incardinado en la que entonces era la Archidiócesis de Madrid-Alcalá y hoy son tres diócesis Madrid, Alcalá y Getafe. Estudió Sociología en el Instituto Social León XIII, de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid.

Desde 1968 a 1973 desempeñó el cargo de Consiliario de las 'Hermandades del Trabajo', en Alcalá de Henares. Trasladado a Madrid como consiliario de los jóvenes de las Hermandades del Trabajo, sustituyó al fundador, don Abundio García Román, en 1978, como Consiliario del Centro de Madrid.

El 9 de octubre de 1984, fue nombrado Vicario Episcopal de la Vicaría VIII de la Archidiócesis de Madrid. El 20 de julio de 1985, fue nombrado Obispo de Teruel y Albarracín. Fue consagrado Obispo el 29 de septiembre de ese mismo año por el Nuncio Apostólico en España, Monseñor Taglaferri.

El día 20 de marzo de 2003, al aceptar el Santo Padre la renuncia, por razones de edad, de Mons. Torija al gobierno pastoral de nuestra diócesis, fue nombrado Obispo de Ciudad Real, con el título honorífico de Prior de las Órdenes Militares. Tomó posesión el día 18 de mayo de 2003 en la Santa Iglesia Catedral Basílica, de manos de don Rafael Torija.

El 2 de octubre de 2015, después de doce años como obispo prior de la diócesis de Ciudad Real, presentó la renuncia al gobierno de la diócesis por razones de edad. El 8 de abril de 2016 se anunció que lo sucedería Gerardo Melgar Viciosa, en ese momento obispo de la diócesis de Osma-Soria, que tomó posesión el 21 de mayo de 2016.

Desde ese momento, Antonio Algora ha residido en Madrid, celebrando la eucaristía a diario en la parroquia Santa María la Mayor y San Julián, en el distrito madrileño de Tetuán. Además, ha continuado acompañando a Hermandades del Trabajo, tal y como comenzó en sus primeros años de sacerdocio.

OTROS DATOS DE INTERÉS

En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, y como tal, obispo responsable del Departamento de Pastoral Obrera desde el año 1990. También fue miembro, desde 1993, del Consejo de Economía y el responsable del Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia hasta noviembre de 2016.

Además fue miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de 1987 a 1999. Ha sido también miembro de la 'Junta San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia', que se creó con el encargo de preparar la Declaración y la promoción de la figura del nuevo Doctor.

También fue presidente de la Fundación Pablo VI y, en los años en los que fue obispo de Ciudad Real, copresidente de la Comisión Mixta Iglesia-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Con el cambio en la organización de la Conferencia Episcopal y la aprobación de sus nuevos estatutos en noviembre de 2019, quedó como miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción humana. De marzo de 2020 a septiembre de 2020 fue el obispo responsable del Departamento de Pastoral Obrera de esa Comisión Episcopal.

Investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza han analizado el alcance de la pandemia Covid-19 en los servicios sociales de más de 60 municipios españoles en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid.

Una investigación que estará en funcionamiento hasta septiembre de 2021 y que realizará un seguimiento detallado de cómo se están enfrentando a los retos derivados de la pandemia, según ha informado la Complutense en un comunicado.

Las investigadoras han estudiado el alcance de la crisis desde que se decretó el estado de alarma hasta septiembre de 2020 y lo han plasmado en un informe recientemente publicado. En él, se pone de manifiesto cómo los centros de servicios sociales municipales tuvieron que reorganizar radicalmente su forma de trabajar, atendiendo a quienes demandaban ayuda por teléfono, email, WhatsApp, etc.

En muchos casos la salud de estas profesionales se ha visto afectada por "el estrés, la angustia y contención emocional" que han realizado con los grupos de población más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social.

Las profesionales de este sistema dicen sentirse satisfechas con la tarea desarrollada, sin embargo, critican la falta de medios y la sobrecarga de trabajo al que se han visto sometidas.

"IRRUPCIÓN DE NUEVOS PERFILES"

En esta línea, en el informe se alerta de la irrupción de nuevos perfiles de personas usuarios que hasta el momento desconocían dónde se encontraba su centro de servicios sociales de referencia. Cuentan cómo ha afectado a miles de familias que vivían del sector servicios y, especialmente, de empleos de la economía sumergida.

También la demora en el cobro de los ERTES ha supuesto que en los meses de marzo y abril no quedara "nada" del presupuesto anual destinado a emergencia social en numerosos ayuntamientos de España.

Del mismo modo que ocurre en el sistema sanitario, las dificultades y las demandas sociales cotidianas se sumaban a las generadas por la pandemia. De esta forma, se ha añadido la dificultad que supone no poder realizar entrevistas presenciales o visitas domiciliarias afectando directamente a intervenciones en violencia de género o de seguimiento de menores en situaciones de riesgo.

La dependencia aparece como otro de los ámbitos más perjudicados, tal y como afirma una trabajadora social entrevistada. "Las valoraciones de dependencia se dejaron de hacer en marzo y no se sabe cuándo se van a retomar" con las implicaciones que este retraso puede tener miles de personas dependientes y sus familias, aseguran.

En cuanto a previsiones de futuro se teme "lo peor" en algunos territorios, especialmente ligados a la estacionalidad (economías altamente dependientes del turismo o el trabajo agrícola), así como cuando medidas como los ERTES toquen a su fin.

El "deseo común" es que la presión hacia un trabajo asistencialista "no acabe" con los programas de intervención social que trabajan desde la prevención, la participación y la construcción de sociedades inclusivas.

En los próximos meses se continuará analizando el impacto de la pandemia en este sistema. Además, se estudiarán nuevas prácticas profesionales, así como los diferentes retos a los que se enfrenta el sistema público de servicios sociales.

El presidente del comité de empresa de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha avanzado que están ultimando una denuncia para presentar ante Fiscalía con las "ilegalidades" que, a su juicio, existen en la compraventa de la instalación.

"Estamos en una situación muy crítica", ha reiterado, en declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de empresa tras una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

"Hay suficiente documentación e información para que se obre con contundencia", ha recalcado incidiendo en que van a "elaborar" la denuncia y "presentarla" ante Fiscalía. "Desde el acuerdo de compra-venta y lo que pasó desde aquel momento", ha dicho tras la venta de Alcoa al fondo Parter y este, posteriormente, al Grupo Riesgo.

Corbacho ha vuelto a denunciar que en ese proceso por parte de Alcoa hubo "mala fe". "Quiso deshacerse por capítulos del aluminio primario en España" y, por ello, ha exigido una solución al Gobierno que, a su juicio, pasa por "la intervención" tanto de las plantas de A Coruña y Avilés, actualmente Alu Ibérica, y la de Alcoa, en San Cibrao (Lugo).

PLAN INDUSTRIAL

En respuesta a este anuncio, el Grupo Industrial Riesgo insiste en que el proceso de venta de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés "se ha llevado a cabo cumpliendo todos los requisitos normativos y de procedimiento exigidos para la adquisición en nuestro país".

"Incluso, el acuerdo, ha sido rectificado, posteriormente, ante notario, a petición del vendedor original, reconfirmándose la adhesión a todos los contratos". Por otra parte, indica que las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés "se están gestionando actualmente bajo las directrices de un plan industrial claro y definido, que actualmente se está aplicando".

Dentro de este plan industrial y concretamente a la planta de A Coruña se ha destinado una inversión de 1,3 millones de euros para su conversión a gas natural, necesaria para garantizar una producción sostenible. "También en esta planta se ha realizado ya la reparación del horno 1B, con el que se aumentará la producción en un 25%".

"Con estos pasos, la dirección de Alu Ibérica trabaja en reconvertir las plantas a la producción de aluminio verde circular", añade en un comunicado.

POSTURA DEL GOBIERNO

Por su parte, el delegado del Gobierno, Javier Losada, ha trasladado al comité que el Ejecutivo "comparte sus preocupaciones acerca de la actividad industrial de la actual factoría", ha informado al término de la reunión.

Durante el encuentro, al que ha asistido la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, ha reafirmado, según explica la Delegación del Gobierno, que se "mantiene firme el compromiso que adoptó cuando se produjo la venta de la fábrica". "Supervisar el proceso y este Gobierno lo está cumpliendo", recalca.

Así, les ha explicado que tanto el Ministerio Fiscal como Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo y Abogacía del Estado están analizando las denuncias y los informes de la empresa propietaria para confirmar si existen "incumplimientos del contrato de compraventa".

"Y, en consecuencia, actuar en defensa de la actividad industrial y de los trabajadores". "Estamos comprobando todos los datos por si es preciso tomar decisiones por vía administrativa o incluso por la vía judicial".

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha confirmado este jueves 188 nuevos positivos de COVID-19 registrados en la jornada del miércoles y tres personas fallecidas: un hombre de 62 años y dos mujeres de 100 y 88 años. Las dos últimas eran usuarias de un centro residencial sociosanitario.

Este miércoles también se registraron 18 hospitalizaciones de personas diagnosticadas en días anteriores. Sin embargo, no hubo nuevos ingresos en UCI.

Los servicios sanitarios realizaron un total de 3.954 pruebas PCR. Según la Consejería de Salud, con esas pruebas realizadas este miércoles, la tasa de positividad se ha situado en el 4,7%.

La consejería recuerda que permanecen activos los llamamientos de los gimnasios AltaFit-Natahoyo y MacFit, de Gijón, y Quirinal 14 Sport, de Avilés; así como los de los establecimientos hosteleros La Panoya de Cenera (Mieres), Casa Eliseo (El Entrego) y El Duende de Trubia (Oviedo). Quienes hayan visitado estos locales deben llamar al teléfono 984 100 400 o rellenar el formulario disponible en el enlace de Astursalud (https://www.astursalud.es/en/formulario-pcr).

El Sespa contactará con los afectados para valorar la indicación de una PCR. Mientras tanto, estas personas deben limitar su vida social, vigilar su estado de salud y cumplir con rigor las medidas de protección: lavado frecuente de manos, uso correcto de la mascarilla y mantenimiento de la distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio.

Las autoridades sanitarias insisten en que, aun siendo importante la realización de la prueba en estos términos, lo fundamental son las medidas de protección y prevención.

RECOMENDACIONES

Además, piden a la ciudadanía que limite la actividad social y reduzca la movilidad, salvo que sean absolutamente necesarias por razones laborales o familiares, durante los próximos 15 días. Esta es una de las medidas que se aplican desde la pasada medianoche, en la que Asturias entró en una fase 2 de desescalada modificada a la actual situación epidemiológica para reducir los contagios y, por lo tanto, la gravedad y mortalidad por la pandemia.

Salud insiste en que las personas mayores de 65 años o con patologías crónicas que viven fuera de entornos residenciales han de extremar las medidas de protección y seguridad, evitar actividades grupales y encuentros en sitios cerrados.

Entre el paquete de medidas, también figura la prohibición de la venta de alcohol en gasolineras y en comercios minoristas a partir de las diez de la noche. Tampoco estará permitido el consumo en barra y se limitan a seis las personas que pueden sentarse en una mesa en establecimientos de hostelería y restauración.

Además, la Dirección General de Salud Pública suspenderá las nuevas solicitudes para la realización de eventos multitudinarios. Por su parte, las entidades organizadoras de actividades previamente autorizadas por el comité técnico de valoración deberán reevaluar los riesgos y extremar la precaución.

La Dirección General de Salud Pública subraya la importancia de la responsabilidad individual de las personas que están pendientes del resultado de una PCR o que son consideradas contactos estrechos para que restrinjan su vida social, permanezcan en sus domicilios, vigilen su estado de salud y cumplan estrictamente la cuarentena.

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.959 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.633 corresponden a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 40 fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves, con datos a cierre del día anterior.

Los datos reflejan un ligero aumento de los nuevos casos en comparación con los notificados este miércoles (2.731, de los que 1.602 se atribuían a las últimas 24 horas) así como en el número de fallecidos, con seis más.

El número de pacientes hospitalizados ha vuelto a bajar ligeramente hasta situarse en 2.612, pero el de pacientes en UCI ha subido de 461 a 463, con 343 altas hospitalarias en el día de ayer.

Por su parte, el número de pacientes bajo atención domiciliaria por atención primaria se ha reducido en más de la mitad con respecto al informe del miércoles hasta situarse en 5.120.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado un total de 280.553 casos positivos y 17.200 fallecidos por Covid, según datos de Sanidad Mortuoria (4.890 en centros sociosanitarios, 11.232 en hospitales, 1.057 en domicilios y 30 en otros lugares).

Además, un total de 62.629 pacientes han requerido hospitalización, 5.502 han requerido UCI y 57.279 han recibido el alta hospitalaria, mientras que 467.504 han recibido atención domiciliaria por atención primaria.

Un total de 14 usuarios de residencias de Álava ha superado el coronavirus en los últimos días, con lo que el número de residentes en centros de mayores recuperados de la enfermedad asciende ya a 137 durante esta segunda ola de la pandemia.

Se han recuperado todas las personas afectadas por el virus en las residencias privadas Colisée Miñano y Nuestra Señora de Okon (Bernedo), que han quedado libres de covid-19, según ha informado la Diputación Foral de Álava.

También han superado la enfermedad otras nueve personas residentes en las viviendas comunitarias privadas Agure Arkaiate y Florida Etxea, aunque aún registran residentes positivos en coronavirus.

Son cuatro los centros residenciales en Álava que aún registran positivos con covid-19 entre las personas usuarias. En total, 137 personas que viven en residencias alavesas se han recuperado de la enfermedad en esta nueva etapa de la pandemia.

El PP, ERC, Ciudadanos, Junts, el PNV y EH-Bildu han avalado este jueves en el Pleno del Congreso el decreto ley con la regulación del trabajo a distancia, si bien todas estas formaciones han exigido al Gobierno su tramitación como proyecto de ley para poder introducir cambios a través de enmiendas.

Estas formaciones han avanzado su apoyo a la convalidación del decreto ley durante su debate en la Cámara este jueves, señalando también que el contenido está auspiciado por el acuerdo con los sindicatos CC.OO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, si bien varios han criticado que la fórmula del decreto ley haya impedido realizar aportaciones antes de su entrada en vigor.

Diego Movellán, del PP, ha señalado que el propio Consejo Económico Social (CES) ha criticado que, tras dar el aval al texto, luego este ha sido modificado durante su tramitación, afeando las "prisas" del Ministerio de Trabajo por aprobar las normas.

Por parte de Vox, Mireia Borrás ha lamentado que la ausencia del reparto de gastos no dé certidumbre a las empresas, ni al trabajador sobre un posible aumento en el IRPF por los equipos proporcionados al poder ser considerados salario en especie, por lo que ha reclamado que se fijen estas partidas como "conceptos retribuidos exentos de cotización y tributación"

PNV Y Cs CELEBRAN QUE SE DELEGUE EN LA NEGOCIACIÓN

También Iñigo Barandiaran (PNV) ha advertido "cierta contradicción" entre este instrumento y el elogio al diálogo social, si bien ha celebrado el acuerdo social y ha valorado positivamente, al igual que María Muñoz (Cs), que haya "suficiente flexibilidad" en la norma y delegue en el acuerdo entre empresa y trabajador cuestiones no reguladas.

Una vía que otros grupos, como EH-Bildu y el BNG han cuestionado pues cree que estas "indefiniciones", como ha dicho Mertxe Aizpurua, "tienen riesgos" que puedan desembocar en una mayor desigualdad o incluso situaciones de explotación. La portavoz de Bildu ha reclamado un mayor nivel de definición, además de que esta regulación abra la puerta a un replanteamiento de las jornadas laborales, con menos horas o incluso menos días.

También ha echado en falta el portavoz laboral de ERC, Jordi Salvador, sanciones para empresas que vulneren aspectos de la desconexión digital, o concreción sobre cómo fichar en el teletrabajo, avanzando que reclamará que todo trabajador pueda acogerse a esta regulación, aun no alcanzando el 30% de jornada a distancia.

Ferrán Bel, de Junts, ha felicitado a la ministra Yolanda Díaz por los acuerdos conseguidos, pero también ha abogado por vincular esta ley con una "reforma horaria", como la que impulsa el Parlament de Cataluña.

"SIN ORGANIZACIÓN, LOS DERECHOS SON PAPEL MOJADO"

Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, ha asegurado comprender, e incluso compartir ciertas críticas, pero ha celebrado la regulación como la conquista de un nuevo derecho, que se impida el despido por una negativa a teletrabajar y ha subrayado que "la única forma de garantizar derechos es organizarse y luchar", pues sin ello "los derechos quedarían en papel mojado". "Seguiremos legislando, pero que la gente no olvide que lo que hace falta es organizarse y luchar para que lo que pone el BOE se haga realidad", ha concluido.

Por parte del PSOE, su diputada María Dolores Narváez Bandera ha reivindicado la importancia de "adelantarse" y regular el teletrabajo pues la necesidad de trabajar a distancia "entraña el riesgo de que sean más las mujeres que se acojan a él", aumentando las responsabilidades de las mismas y, por ello, "perpetuando el rol de género tradicional". "Lo hemos visto y lo hemos sufrido durante el confinamiento cuando las escuelas estaban cerradas", ha dicho.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reconocido como accidente laboral la baja por ansiedad de un profesor de una ikastola. El centro de enseñanza interpuso una demanda contra el trabajador y la resolución señala que es el propio centro quien creó "sin fundamento" la situación laboral que culminó en un proceso psicológico de baja, según ha informado el sindicato Steilas.

El profesor comenzó a trabajar para una ikastola de Mungia en el 2009 y causó baja, por primera vez en su vida laboral, durante el curso 2018/2019. La baja se prolongó durante cuatro meses.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social acreditó "la existencia de un conflicto público y notorio entre la ikastola y todo o parte de su profesorado" y "un aumento en la carga de trabajo" que asignaron al profesor para ese curso escolar, "sobre todo en materias que no se corresponden con su formación académica"; y resolvió que la baja es "derivada de accidente de trabajo".

La ikastola y la mutua Asepeyo se mostraron en desacuerdo con la resolución del INSS e interpusieron sendas demandas contra el trabajador y el INSS. El Juzgado de lo Social de Bilbao ratificó lo resuelto por el INSS y la ikastola recurrió la sentencia. Finalmente, ha sido el TSJPV quien ha desestimado su recurso y ha vuelto a ratificar la sentencia del Juzgado de lo Social.

Existe, según la sentencia del TSJPV, "una clara relación de causa efecto entre el incremento de asignaturas/alumnos y el proceso de baja médica", pese a que "la empresa refiere una serie de argumentos destinados a demostrar que no es para tanto".

El alto tribunal vasco señala también que "la empresa no explica cuál es la justificación de ese repentino incremento", aumento que el tribunal califica de "decisión atípica".

"La perplejidad aumenta, --prosigue la sentencia--, cuando conocemos que de todos los profesores es el único que ha tenido ese doble incremento laboral; evento que tampoco se explica". "No es extraño que ante la situación laboral creada por la recurrente sin fundamento, culmine con un proceso psicológico de baja, para lo cual no existen otras causas", añade.

La resolución judicial también señala que "sorprende que la empresa intente minusvalorar su problemática" y añade que "tampoco puede ponerse en duda y sin más el criterio médico". Sostiene que la ikastola "realiza una lectura parcial e interesada del informe del Centro de Salud Mental de Derio" (Osakidetza) al omitir información de "suma importancia", falta en la que también incurre cuando "pretende desmentir la existencia del incremento laboral.

Por ello, el TSJPV condena a la ikastola al pago de las costas causadas, al pago de parte de los honorarios de la letrada del profesor y a la pérdida del depósito efectuado para recurrir.

En la actualidad el profesor se encuentra en situación de excedencia. La decisión del Consejo Rector de llevarle a los tribunales, pese a haber sido la ikastola la responsable de la situación laboral que le ha impedido ejercer su trabajo y la negativa de la empresa a reconocer su responsabilidad en el daño causado, han llevado al profesor a tomar, por el momento, esta decisión", ha indicado Steilas.

Según ha recordado el sindicato, no es la primera vez que un tribunal reconoce el origen laboral de la baja de un trabajador de la misma ikastola. Así lo hizo el Juzgado de lo Social de Bilbao en 2019, después de que el TSJPV declarase que "el daño grave para la salud de la trabajadora" se materializó por "la omisión de medidas preventivas". La ikastola fue condenada a "indemnizar a la trabajadora en concepto de daños y perjuicios".

El PP, ERC, Ciudadanos, Junts, el PNV y EH-Bildu han avalado este jueves en el Pleno del Congreso el decreto ley con la regulación del trabajo a distancia, si bien todas estas formaciones han exigido al Gobierno su tramitación como proyecto de ley para poder introducir cambios a través de enmiendas.

Estas formaciones han avanzado su apoyo a la convalidación del decreto ley durante su debate en la Cámara este jueves, señalando también que el contenido está auspiciado por el acuerdo con los sindicatos CC.OO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, si bien varios han criticado que la fórmula del decreto ley haya impedido realizar aportaciones antes de su entrada en vigor.

Diego Movellán, del PP, ha señalado que el propio Consejo Económico Social (CES) ha criticado que, tras dar el aval al texto, luego este ha sido modificado durante su tramitación, afeando las "prisas" del Ministerio de Trabajo por aprobar las normas.

Por parte de Vox, Mireia Borrás ha lamentado que la ausencia del reparto de gastos no dé certidumbre a las empresas, ni al trabajador sobre un posible aumento en el IRPF por los equipos proporcionados al poder ser considerados salario en especie, por lo que ha reclamado que se fijen estas partidas como "conceptos retribuidos exentos de cotización y tributación"

PNV Y Cs CELEBRAN QUE SE DELEGUE EN LA NEGOCIACIÓN

También Iñigo Barandiaran (PNV) ha advertido "cierta contradicción" entre este instrumento y el elogio al diálogo social, si bien ha celebrado el acuerdo social y ha valorado positivamente, al igual que María Muñoz (Cs), que haya "suficiente flexibilidad" en la norma y delegue en el acuerdo entre empresa y trabajador cuestiones no reguladas.

Una vía que otros grupos, como EH-Bildu y el BNG han cuestionado pues cree que estas "indefiniciones", como ha dicho Mertxe Aizpurua, "tienen riesgos" que puedan desembocar en una mayor desigualdad o incluso situaciones de explotación. La portavoz de Bildu ha reclamado un mayor nivel de definición, además de que esta regulación abra la puerta a un replanteamiento de las jornadas laborales, con menos horas o incluso menos días.

También ha echado en falta el portavoz laboral de ERC, Jordi Salvador, sanciones para empresas que vulneren aspectos de la desconexión digital, o concreción sobre cómo fichar en el teletrabajo, avanzando que reclamará que todo trabajador pueda acogerse a esta regulación, aun no alcanzando el 30% de jornada a distancia.

Ferrán Bel, de Junts, ha felicitado a la ministra Yolanda Díaz por los acuerdos conseguidos, pero también ha abogado por vincular esta ley con una "reforma horaria", como la que impulsa el Parlament de Cataluña.

"SIN ORGANIZACIÓN, LOS DERECHOS SON PAPEL MOJADO"

Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, ha asegurado comprender, e incluso compartir ciertas críticas, pero ha celebrado la regulación como la conquista de un nuevo derecho, que se impida el despido por una negativa a teletrabajar y ha subrayado que "la única forma de garantizar derechos es organizarse y luchar", pues sin ello "los derechos quedarían en papel mojado". Seguiremos legislando, pero que la gente no olvide que lo que hace falta es organizarse y luchar para que lo que pone el BOE se haga realidad", ha concluido.

Por parte del PSOE, su diputada María Dolores Narváez Bandera ha reivindicado la importancia de "adelantarse" y regular el teletrabajo pues la necesidad de trabajar a distancia "entraña el riesgo de que sean más las mujeres que se acojan a él", aumentando las responsabilidades de las mismas y, por ello, "perpetuando el rol de género tradicional". "Lo hemos visto y lo hemos sufrido durante el confinamiento cuando las escuelas estaban cerradas", ha dicho.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha afirmado que la Administración Pública va a pasar a formar parte de las diez políticas palanca que van a permitir que España lleve a cabo un plan de reformas, "que será un punto de inflexión".

Así lo ha señalado durante su intervención para pedir la convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley que regula el teletrabajo en la Administración Pública, donde ha dejado claro que la regulación del trabajo a distancia en la Administración supone "abrir un camino hacia una Administración Pública del Siglo XXI".

"Sin lo público y sin los empleados públicos, la respuesta a esta pandemia no hubiese sido la misma", ha apostillado la ministra, tras señalar que cree que el teletrabajo va a ser "un hito fundamental" en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno.

Darias ha explicado que cada Administración será la encargada de concretar cuáles son los medios tecnológicos necesarios para desempeñar la actividad y ha indicado que la modalidad del trabajo a distancia debe ser "expresamente autorizada" y hacerse "con arreglo a criterios objetivos", pero también ser compatible con la modalidad presencial.

Asimismo, ha asegurado que el teletrabajo no puede suponer "ni un incumplimiento de la jornada ni del horario". "Las tareas que sean susceptibles de teletrabajar tienen que poder serlo y el empleado público debe tener las competencias digitales necesarias para su desempeño", ha apuntado Darias.

No obstante, la ministra ha subrayado que esta modalidad no es "ordinaria ni absoluta", puesto que la ordinaria sigue siendo la presencial. También ha señalado que será cada Administración la que decidirá cómo combinar el trabajo presencial con el teletrabajo. "Es voluntario y reversible", ha recordado.

También ha aprovechado para recordar que esta modalidad puede ser aplicable a más de dos millones de empleados públicos de todo el país y señalar que esta es una norma básica y aplicable tanto al personal funcionario como al laboral.

"Parte de un marco común y compartido entre todas las administraciones públicas. Eso sí, cada Administración dispondrá de un plazo de seis meses para adaptar esta regulación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) a su propio ámbito autonómico que le corresponda", ha resaltado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que, "a fecha de hoy", la Administración sanitaria gallega no tiene previsto el confinamiento perimetral de Santiago de Compostela y cree que la evolución negativa en la capital gallega puede frenarse si se logra "controlar los brotes en pisos universitarios".

Eso sí, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, ha puesto con fuerza el foco en estas fiestas universitarias y ha advertido de que, si las medidas tomadas no son suficientes --como la prohibición de reuniones de más de diez personas que no convivan--, el comité clínico puede proponer nuevas decisiones.

"Esas reuniones de no convivientes se pueden reducir a cinco", ha ejemplificado, en referencia a alguna de las medidas "posibles" que, de continuar con la línea actual, sería "lógico" intensificar.

Del mismo modo y, aunque ha subrayado que "hoy" no está previsto el cierre de la capital gallega y que confía en que se pueda controlar la evolución de la covid-19 para "mantener la actividad económica" en la ciudad, también ha esgrimido que, si llegado el momento se tiene que dar este paso, se hará. "Lo anunciaríamos con antelación", ha dicho.

No en vano, en su intervención inicial en la que ha repasado la situación epidemiológica de la Comunidad, Feijóo ha recalcado que, tras la capital ourensana y los otros municipios de esta provincia que ya están con cierre perimetral, el estado de la ciudad compostelana es el que más preocupa a la Administración gallega.

A modo de argumento, se ha referido a los datos de incidencia acumulada. "El número de casos en Santiago en los últimos siete días es de 140 por 100.000 habitantes frente a los 82 de la media gallega y de 200 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a los 137 de la media gallega", ha ejemplificado.

COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Feijóo, quien también ha aludido al dictamen del Consello Consultivo que, según ha defendido, ratifica la "competencia plena" de los municipios para la instrucción de multas por vulnerar medidas decretadas frente a la pandemia, ha defendido que en el caso de la capital gallega y de su alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, hay una colaboración "activa" para intentar localizar fiestas de estudiantes y "actuar con contundencia" ante as mismas.

Feijóo también ha apelado a endurecer la ordenanza para disuadir a los jóvenes de seguir participando en este tipo de fiestas con reflexiones como que podrían hacer frente a la sanción "poniendo cinco euros cada uno" porque "la multa es pequeña". "Tiene que ser más contundente", ha esgrimido, en la misma jornada en la que Bugallo ha ratificado que se incrementarán las multas.

Asimismo, Feijóo ha rechazado y ha abogado por "volver a repensar" que las multas puedan fijarse en función de franjas horarias. "El riesgo de contagio desde el punto de vista sanitario es el mismo a las 11 de la noche que a las dos de la madrugada", ha alegado.

MENSAJE A LOS JÓVENES

Finalmente, preguntado por si lo que está fallando para la evolución del covid en Galicia es la actitud de los jóvenes, Feijóo, quien previamente había puesto el foco en las fiestas universitarias, ha incidido en que las condiciones físicas de este colectivo pueden favorecer que la enfermedad se pase de forma asintomática o con carácter leve, lo que provoca "la sensación" de que no se contagia.

Sin embargo, ha apelado a extremar la prudencia y ha recordado que "la prioridad" de los jóvenes es preservar "la salud y la vida" de sus padres y abuelos, para los que podría tener consecuencias fatales sufrir el virus. "Es imprescindible recordarlo", ha zanjado.

"LAS AULAS NO SON UN ELEMENTO DE RIESGO"

Finalmente, sobre el papel de las universidades, ha destacado que los protocolos y su aplicación son "correctos".

"Las aulas no son un elemento de riesgo, sino el ocio personal y dentro de los domicilios de los estudiantes. Hay ciudades que han tenido que poner toque de queda, espero y deseo no tener que llegar a esta situación", ha zanjado.

La crisis económica derivada de la pandemia se ha colocado en octubre como el primer problema nacional seguida del coronavirus, con una presencia en el 39,6% y el 38,3% de los cuestionarios, respectivamente, y desplazando al paro a la tercera plaza de la lista que mensualmente elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En el último barómetro, hecho público este jueves, se detecta un importante incremento de la preocupación por la situación económica y la sanitaria. Las menciones a ambas suben en torno a diez puntos respecto al sondeo de septiembre.

El trabajo de campo del estudio se realizó durante los primeros siete días de octubre, en plena polémica por el cierre de parte de la Comunidad de Madrid en aplicación del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que luego tumbó un tribunal, pero terminó antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma en la región.

En concreto, las menciones a la crisis económica se sitúan en el 39,6% --frente al 29,7% de septiembre cuando era el segundo problema-- y también suben, en su caso once puntos, las alusiones a al Covid-19 y a la falta de recursos para hacer frente a la pandemia, que llegan al 38,3%, aún lejos del 49,3% del pasado mes de abril.

EL PARO, EN SU MÍNIMO HISTÓRICO

Estas importantes subidas han provocado que el paro, que había vuelto a liderar la lista de problemas desde junio, ahora caiga a la tercera posición, perdiendo casi seis puntos respecto al mes anterior y marcando un 25%, su cota más baja de la serie histórica. En marzo, antes del estallido de la pandemia aparecía citado como un problema en el 59,8% de las encuestas.

Por detrás del desempleo figura el mal comportamiento de los políticos (20,7%) y la quinta plaza es para la sanidad, con un 20%, 6,5 puntos más que en septiembre y por encima del 19,8% que reunió en marzo, al inicio de la primera ola de la enfermedad.

Tras la sanidad, aparecen hasta cuatro categorías que hacen referencia a los "problemas políticos" y la actuación de los representantes públicos y que copan de la sexta a la novena plaza de la tabla de problemas del país.

El pasado mes de enero, tras confirmar el nuevo Gobierno a José Félix Tezanos como presidente del organismo, el CIS modificó las categorías que desde hacía décadas figuraban en la tabla de problemas de España y dividió en tres apartados las menciones negativas hacia los políticos que antes se agrupaban en una y que se había consolidado como la segunda preocupación de los encuestados.

TEZANOS DIVIDE EN CINCO LOS PROBLEMAS VINCULADOS A LOS POLÍTICOS

Ahora las alusiones a los problemas políticos se dividen hasta en cinco apartados: el "mal comportamiento de los políticos", con un 20,7% de menciones, "los problemas políticos en general" (18,9%), la "falta de acuerdos, de colaboración y de unidad" (11,8%), lo que "hacen los partidos" (8,5%) y "la acción del Gobierno y los partidos o políticos concretos" (7,1%).

A esto se añade que desde el pasado mes de marzo, el CIS ya no pregunta por la situación política y únicamente pide opinión a los encuestados sobre la situación económica general y personal.

En concreto, en octubre marcan récord quienes descalifican la coyuntura económica del país. Es "mala o muy mala" para 86,7% --un porcentaje que sube 7,8 puntos respecto al mes anterior-- y supera en 46 puntos la cifra de antes del inicio de la pandemia (40,3%).

En el ámbito personal en octubre un 56,3% admite tener "buena o muy buena" situación económica, frente al 20,6% que confesaba tenerla "mala o muy mala".

SUBE LA PREOCUPACIÓN POR LA MONARQUÍA, PERO EN EL 1%

El sondeo refleja también que la inquietud por la corrupción y el fraude sigue en descenso (ahora sólo aparece en el 4,3%, frente al 17,9% con el que empezó 2020) y ya es el décimocuarto problema. Por contra, tras la polémica por el veto del Gobierno a Felipe VI en el acto de entrega de despachos judiciales el pasado 25 de octubre, se han incrementado las alusiones a la Monarquía como un problema.

En concreto, repiten su récord histórico de junio de 2014, cuando Juan Carlos I anunció su decisión de abdicar. Sigue siendo un porcentaje muy bajo --en septiembre se había anotado un 0,5%-- pero ya figura en el puesto 21 de una tabla de 45 categorías, mientras que el mes anterior estaba en el 30.