La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha afirmado que la Administración Pública va a pasar a formar parte de las diez políticas palanca que van a permitir que España lleve a cabo un plan de reformas, "que será un punto de inflexión".

Así lo ha señalado durante su intervención para pedir la convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley que regula el teletrabajo en la Administración Pública, donde ha dejado claro que la regulación del trabajo a distancia en la Administración supone "abrir un camino hacia una Administración Pública del Siglo XXI".

"Sin lo público y sin los empleados públicos, la respuesta a esta pandemia no hubiese sido la misma", ha apostillado la ministra, tras señalar que cree que el teletrabajo va a ser "un hito fundamental" en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno.

Darias ha explicado que cada Administración será la encargada de concretar cuáles son los medios tecnológicos necesarios para desempeñar la actividad y ha indicado que la modalidad del trabajo a distancia debe ser "expresamente autorizada" y hacerse "con arreglo a criterios objetivos", pero también ser compatible con la modalidad presencial.

Asimismo, ha asegurado que el teletrabajo no puede suponer "ni un incumplimiento de la jornada ni del horario". "Las tareas que sean susceptibles de teletrabajar tienen que poder serlo y el empleado público debe tener las competencias digitales necesarias para su desempeño", ha apuntado Darias.

No obstante, la ministra ha subrayado que esta modalidad no es "ordinaria ni absoluta", puesto que la ordinaria sigue siendo la presencial. También ha señalado que será cada Administración la que decidirá cómo combinar el trabajo presencial con el teletrabajo. "Es voluntario y reversible", ha recordado.

También ha aprovechado para recordar que esta modalidad puede ser aplicable a más de dos millones de empleados públicos de todo el país y señalar que esta es una norma básica y aplicable tanto al personal funcionario como al laboral.

"Parte de un marco común y compartido entre todas las administraciones públicas. Eso sí, cada Administración dispondrá de un plazo de seis meses para adaptar esta regulación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) a su propio ámbito autonómico que le corresponda", ha resaltado.

La Fiscalía Provincial de Almería ha endurecido este jueves su acusación contra el Ionel M., el hombre acusado de asesinar a su hijo de ocho años en el sótano de su vivienda en Balerma (Almería) para el que pide inicialmente prisión permanente revisable, al entender que su actuación supuso un "acto de venganza y control final de su pareja" en el marco de la violencia de género, por lo que ha solicitado dicha agravante en su informe final durante el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial.

El Ministerio Público ha introducido esta agravante ante la prueba practicada en sala durante las diferentes sesiones del juicio, entre la que ha valorado especialmente la prestada por los médicos forenses que exploraron al acusado, al que tacharon de "simulador" al tiempo que descartaron que sufriera una "enfermedad metal" o que no supiese lo que hacía cuando "decidió libremente" acabar con la vida del menor en el domicilio familiar en abril de 2018.

Así, ha apuntado que el crimen llega como consecuencia de "una violencia que va creciendo" en el seno de la pareja, con lo que la "explosión de los hechos" se produce en el momento en que se avecina la separación entre ellos. "El asesino no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso", ha insistido el fiscal Manuel Hermoso, quien conforme a la explicación de los forenses ha apreciado ese "acto de control y dominio hacia su pareja" a través del hijo menor de ambos.

Asimismo, en su informe final ha señalado además las agravantes de parentesco, que facilitó el acceso a la víctima, y de alevosía en este caso en tres vertientes: sorpresiva, ya que hizo bajar al menor al sótano antes de atacarlo por la espalda con un cuchillo que llevaba oculto; de prevalimiento, dada la "descompensación" de fuerzas entre ambos individuos; y por indefensión, puesto que el niño fue conducido a una "ratonera" como era el sótano, al que se accedía por una escalera de caracol y contaba con puertas de acceso, lo que "reducía mucho las posibilidades de escape del menor".

De otro lado, el Ministerio Público ha introducido también la atenuante de confesión, ya que tras producirse el crimen se mantuvo en el lugar hasta la llegada de los agentes, a los que manifestó los hechos; un aspecto ante el que la acusación particular ejercida por la letrada Laura Martínez Rubia ha expresado su discrepancia al entender que "si no reconocía los hechos su fin maquiavélico no tenía sentido", dado que su intención "era hacer daño" a la madre del pequeño.

Las acusaciones sí se han mostrado de acuerdo en desechar la existencia de una alteración psíquica en el momento de los hechos tal y como ha solicitado la defensa, para la que este extremo podría suponer, al menos, una eximente incompleta de responsabilidad. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han subrayado la prueba practicada por los forenses para asegurar que el acusado no actuó ante un "brote psicótico", una versión que habría avalado con su testimonio el médico que trató al acusado en prisión.

En esta línea, han insistido en la actuación calculada del acusado, quien tras ejecutar el crimen fue capaz de lavar el cuchillo, ir a por el hermano de la víctima para mostrarle el cuerpo y llamar "varias veces" a su pareja por teléfono, entre otros comportamientos. "Fue un acto frío", ha resumido el fiscal.

Desde la acusación particular se ha insistido además en que el comportamiento del acusado habría conllevado la comisión de dos delitos de lesiones psíquicas, sobre la madre y hermano de la víctima, a través de un crimen en el que además ha introducido la agravante de ensañamiento al entender que el acusado aumento "deliberadamente el dolor y sufrimiento" del menor.

Por su parte, la defensa ha insistido en el que el acusado confesó el crimen "desde el primer momento" y se ha acogido a la declaración de los "doctores especialistas" quienes aseguraron que el hombre tenía "alteradas sus capacidades psíquicas", por lo que ha estado "más de un año de tratamiento". "El acusado padece una enfermedad mental", ha insistido la defensa, quien aboga por el internamiento del acusado en un centro médico.

La abogada de la defensa ha sostenido a lo largo del juicio que su patrocinado "está diagnosticado de diferentes patologías psiquiátricas" y que, desde un primero momento, "confesó el crimen". "Él no ha negado los hechos, pero tampoco los planeó. Ese día se levantó así y una vez más escuchó voces que le decían: mátalo, mátalo, y lo hizo", mantuvo al tiempo que remarcó que dos años antes estuvo en tratamiento "por la Seguridad Social por un trastorno psicótico de la personalidad".

El juicio, que preside la magistrada Társila Martínez, entra ahora en su recta final con la entrega en los próximos días del objeto de veredicto al jurado popular para su deliberación y pronunciamiento.

HECHOS

Los hechos tuvieron lugar el 20 de abril de 2018, entre las 15,00 y las 15,15 horas, cuando el hombre estaba solo en la vivienda con sus dos hijos ya que su mujer había salido a trabajar a los invernaderos y su cuñado, que vivía con ellos, había ido a dar un paseo.

El fiscal explica el plan bajo el que el acusado habría actuado con la "firme intención" de dar "una muerte cierta" a su hijo menor, para lo que pidió al hermano de la víctima, de once años, que les "dejase a solas".

Así, de acuerdo con el escrito, el hombre pidió al pequeño de ocho años que le acompañase al sótano de la casa, del que "solo se puede salir subiendo unas escaleras hacia la vivienda", mientras que "llevaba escondido un cuchillo.

Una vez a solas en la habitación, donde el menor se encontraba "confiado al estar con su padre y sin posibilidad de huida", el hombre habría sacado "sorpresivamente" el cuchillo con el que, de forma "intencionada", le habría realizado un corte desde atrás, de modo que el pequeño no tuviera posibilidad alguna de repeler la agresión, según el documento.

La Fiscalía expone en un duro relato de los hechos la "gran desproporción de fuerzas entre la víctima y el agresor", del que el menor habría tratado de "soltarse" aunque sin conseguirlo, por lo que falleció por la pérdida de sangre entre las 15,15 y las 15,30 horas.

QUISO HACER DAÑO A LA FAMILIA

El escrito de acusación incide además en la actuación posterior del presunto asesino con respecto a su mujer, a la que habría llamado por teléfono para confesar los hechos, y con respecto a su otro hijo, al que "condujo al lugar del crimen", le mostró el cuerpo y le dijo que "lo había matado porque su madre tenía un amante" al tiempo que le aseguró que a él no lo iba a matar.

Para el Ministerio Público, el acusado actuó sabedor de que la visión del cuerpo del menor iba a producir en su hermano "un profundo desgarro emocional y psíquico" dada su "cruel e inhumana forma de actuar" que ha creado lesiones psíquicas en él por las que aún se encuentra bajo tratamiento.

"Guiado por el mismo ánimo de causar un daño psíquico", el acusado llamó a su mujer y le contó lo que había hecho, por lo que acudió rápidamente al domicilio.

Al llegar a la vivienda, el acusado "persistiendo en su intención de producirle una lesión psíquica", la culpó de la muerte del menor "por no querer irse a Rumanía con él", de forma que ahora podía "quedarse con su amante porque él iba a la cárcel".

La Fiscalía sostiene que, en los años previos al día del crimen y, en concreto, desde que la pareja contrajo matrimonio en octubre de 2006, tuvieron lugar diferentes episodios de violencia de género, ya que el acusado "sometió progresivamente a su esposa a un control cada vez mayor, obsesionado con que tenía un amante".

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha mejorado su propuesta de oferta de empleo público de 2020 para la Administración General del Estado con un incremento de unas 1.923 plazas respecto a su planteamiento inicial, hasta un total de 15.236 plazas, si bien los sindicatos señalan que sigue siendo insuficiente al continuar por debajo de la oferta del año pasado. Las partes se reunirán el lunes para concluir la negociación, según han indicado a Europa Press en fuentes sindicales.

En concreto, el Gobierno ha elevado su propuesta inicial en 1.923 plazas al plantear ahora un oferta de empleo público de 15.236 plazas (8.061 plazas de acceso libre y 7.175 de promoción interna), frente a la primera propuesta de ayer que contemplaba 13.313 plazas (7.066 plazas de acceso libre y 6.247 de promoción interna).

Pese a la mejora, los sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT) señalan que la oferta sigue siendo inferior a la del año pasado, que alcanzó las 19.688 plazas (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna), si bien en esta cifra se incluían los anexos referidos a los empleados públicos de Justicia, personal estatutario de Defensa, algunos funcionarios de la administración local o docentes de Ceuta y Melilla, entre otros, mientras que ahora se están negociando solo las plazas en la AGE y habría que añadir a la cifra total esa parte. Además, los tres sindicatos han pedido un detalle de la disgregación de las plazas por sectores.

El Gobierno ha fijado la última reunión para el próximo lunes como fecha límite para concluir la negociación con la oferta de empleo público definitiva, haya o no acuerdo, con la intención de convocar a continuación la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas y poder aprobar la nueva oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre.

LOS SINDICATOS PIDEN MÁS PLAZAS Y MEJORAS EN LA DISTRIBUCIÓN

El responsable de AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el Gobierno ha apurado su oferta en acceso libre lo que da "de sí" los topes en las tasas de reposición que permite la ley de Presupuestos, que fija un 100% de las bajas vegetativas del año anterior y servicios prioritarios y el 75% para los servicios no prioritarios.

En cualquier caso, Álvarez considera que hay "margen" para subir en promoción interna al no haber tope y espera que se pueda incrementar la oferta en unas 1.000 plazas de promoción y otras 1.000 en acceso libre en la parte referida a los anexos del personal estatutario de hospitales militares, funcionarios y secretarios de la administración local, Justicia y Educación, que no se está abordando actualmente, para acercarse a la cifra de la oferta del año pasado.

UGT ha demandado negociar un plan de ordenación de recursos humanos a largo plazo en vez de ir "parcheando" de año en año, si bien pide un aumento de las plazas, sobre todo en promoción interna, si finalmente ese es el esquema que elige Función Pública.

Asimismo, desde CCOO consideran que la propuesta ofrecida este jueves tendría que haber sido el "punto de partida de mínimos", que pasa por la aplicación estricta de los criterios presupuestarios (tasa de reposición del 100% para determinados sectores, 75% para el resto e incremento del 5% adicional por alto volumen de jubilaciones).

En cualquier caso, denuncia que continúa la pérdida de empleo neto, por lo que considera "imprescindible" la negociación de una OEP extraordinaria para los ámbitos con mayores dificultades y riesgo de colapso del servicio público y la atención a la ciudadanía, como ha sucedido en 2017 y 2018.

El secretario de Empleo del sector estatal de la AGE de FSC-CC.OO., Javier Martínez, ha precisado a Europa Press que el sindicato apuesta por que el número de 10.989 puestos, que fueron los de la OEP ordinaria del año pasado, se destinen a fortalecer los colectivos y servicios públicos que la OEP ordinaria no alcanza: personal laboral y cuerpo general C2 auxiliar de atención al público, como SEPE, Seguridad Social, AEMPS, Extranjería, investigación, Instituciones Penitenciarias, Documentación.

De su lado, fuentes de CSIF esperan que haya un aumento de la oferta, ya que la nueva propuesta sigue "muy lejos" de las cifras del año pasado, tras advertir ayer de que se pone en riesgo la "viabilidad" de la AGE y podría haber "colapso" en el SEPE y la Seguridad Social.

15.000 PUESTOS PENDIENTES DE CONVOCATORIA

CSIF recuerda que la AGE ha perdido en los últimos diez años, entre enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según datos del Registro Central de Personal, lo que supone una pérdida de 12 empleados públicos al día.

A esto se suma que el 19,2% ciento de la plantilla tiene más de 60 años y por tanto está a las puertas de la jubilación.

CC.OO. pide dotar a la OEP de medidas que garanticen un desarrollo ágil, ya que actualmente más de 4.500 aspirantes de las OEP 2017, 2018 y 2019 tienen procesos aprobados y llevan meses a la espera de incorporarse a la Administración y hay 15.000 puestos pendientes de convocatoria o en desarrollo, algunos desde hace más de dos años.

Igualmente, reclama instrumentos de diagnóstico del empleo público, que permitan identificar las necesidades reales del servicio público y de la ciudadanía, tal y como se había acordado en OEP previas.

La gallega Yolanda Díaz es la ministra de Unidas Podemos mejor valorada por los votantes de la formación, con mejor nota incluso que el líder del partido morado, Pablo Iglesias, y que la también compañera de gabinete Irene Montero, según se refleja en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre, hecha pública este jueves.

La ministra de Trabajo figura en cuarto lugar en la lista de ministros mejores valorados en el barómetro del CIS, por detrás de la vicepresidenta Nadia Calviño, la única que aprueba cn una nota media de 5, y de los ministros Slavador Illa (Sanidad) y Margarita Robles (Defensa), ambos con 4,7.

Yolanda Díaz saca una nota media de 4,7 puntos en el conjunto de la encuesta, pero si cruzamos las respuestas con el recuerdo de voto de los entrevistados, los votantes de Unidas Podemos en las elecciones de noviembre de 2019 le otorgan un notable, concretamente 7,3 puntos.

Es una nota superior a la que, entre los electores de Unidas Podemos, cosechan el vicepresidente Pablo Iglesias, líder del partido, que se queda en los 6,6 puntos, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que obtiene una nota de 6,4 entre sus votantes.

GARZÓN, MEJOR QUE IGLESIAS PERO POR DETRÁS DE LA MINISTRA

Ni siquiera el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que en encuestas del CIS de hace un año ya sacaba mejor nota que Iglesias en la valoración de líderes, llega a los niveles de la ministra de Trabajo. En concreto, el ministro de Consumo obtiene 6,8 puntos en el electorado de Unidas Podemos, medio punto por debajo de Yolanda Díaz.

En todo caso, el ministro propuesto por Unidas Podemos que saca peor nota es el titular de Universidades, Manuel Castells, al que los electores de la coalición sólo otorgan poco más de un aprobado, 5,6 puntos, lo que hace que su media general se quede en 3,4.

La Junta de Castilla y León ha prohibido el consumo en barra en los establecimientos hosteleros y fumar en sus terrazas "de manera radical" y ha limitado las reuniones privadas a seis personas.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrado este jueves, en la que ha concretado que las medidas entrarán en vigor cuando se publiquen este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Igea ha advertido de que se van a intensificar las medidas y su control en Castilla y León y ha reclamado que las mismas sean iguales para todo el país.

El portavoz de la Junta ha señalado al respecto que han puesto a funcionar todos los servicios de inspección de la Administración y a día de hoy hay más de 8.400 denuncias, de los que 1.400 expedientes corresponden a competencias de la Junta por COVID-19 y se están abriendo expedientes sancionadores con sanciones que pueden llegar a los 120.000 euros.

Vamos a ser inflexibles con este asunto", ha advertido Francisco Igea, quien ha agregado que tienen que ser capaces de explicar a toda la Comunidad que la seguridad de todos depende del comportamiento individual de cada uno y no se va a permitir poner en riesgo la salud y la vida de la gente.

En cuanto a eventos previstos como el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, previsto en Valladolid del 9 al 11 de noviembre, Igea cree que es "complicado" que se celebre este certamen "sin barra" pero ha aclarado que no va a solicitar concretamente su suspensión sino al Ayuntamiento vallisoletano, al igual que al de León y todos los de la Comunidad que permanezcan las barras cerradas, se mantengan las distancias de seguridad y, mientras no haya otras disposiciones, ha apuntado que las medidas son "iguales para todos, independientemente de las circunstancias".

Igea ha aclarado que se tiene muy buena relación con los alcaldes, y se va a hacer el esfuerzo "máximo" por mantenerlas, incluido el de Valladolid, Óscar Puente, el de su ciudad, que "está teniendo un comportamiento excepcional en las últimas semanas".

SECTORES MÁS AFECTADOS

Por otro lado, dada la situación y ante la crisis y ante la petición de ayudas y planes de rescate de los hoteleros, el vicepresidente de la Junta ha recordado que ya hay muchas cosas contempladas, abiertas líneas de financiación en colaboración con Iberaval, por ejemplo, pero también se pretenden incluir en el plan de choque que se está negociando en el marco del Diálogo Social.

Francisco Igea ha añadido que son conscientes de que son los sectores más afectados, con la hostelería "a la cabeza", y el compromiso es prestar la ayuda más efectiva para su mantenimiento.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha recordado que han pedido a la hostelería y establecimientos comerciales que fueran cómplices y explicitaran el aforo en las puertas de sus locales para que se sepa cuánta gente puede haber y si el aforo está completo no se entre.

Casado ha reiterado que se está en una situación de emergencia sanitaria y es "importantísimo" ser respetuosos con las "burbujas domésticas", mantener las unidades de convivencia y medir mucho "burbujas sociales", personas con las que se está por trabajo u otras razones, y minimizar el contacto lo máximo posible.

"Sin responsabilidad individual no lo vamos a conseguir", ha aseverado Casado, quien ha insistido en que es "muy importante" hacer lo que corresponde como aislarse si se tienen síntomas, se está a la espera de PCR, si se ha estado con un positivo, etcétera, algo muy importante porque cree que no se está haciendo bien y posiblemente sea uno de los elementos que favorece más la infección.

La Junta ha decretado el confinamiento perimetral y ha aprobado medidas restrictivas a partir de la noche del viernes al sábado en Salamanca al registrar una incidencia acumulada de 504 casos por cada 100.000 habitantes, una positividad superior al 10 por ciento y un nivel de UCI en la Comunidad por encima del 35 por ciento.

Así lo ha señalado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha comparecido junto al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.

Casado ha concretado que Salamanca comienza el periodo de restricción limitación de movilidad y aforo desde la noche del viernes al sábado, algo que ya se ha comunicado al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

A partir de entonces, se pondrán en marcha limitaciones contenidas en la resolución del 30 de septiembre de declaración de actuaciones coordinadas por transmisión no controlada del virus.

Las medidas consistirán en el confinamiento perimetral, la limitación de aforos en el culto, velatorios y entierros, así como en hostelería e instalaciones deportivas.

En cuanto a la situación en universidades como la de Salamanca, la consejera de Sanidad ha explicado que ha tenido una reunión con los rectores que ha sido "muy productiva", pero ha aclarado que la preocupación no es sólo en la universidad.

En el caso concreto de Salamanca ha aclarado que preocupa "especialmente" el porcentaje de positividad entre los 15 y los 29 años, lo que engloba "algo más que población universitaria" y ha asegurado que "gran parte" de los universitarios lo hace bien, pero un porcentaje pequeño que lo esté haciendo mal "hace mucho daño" a toda la sociedad.

VAEl vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha exigido al Gobierno central que asuma sus competencias y ponga en marcha medidas homogéneas en todas las comunidades autónomas porque, a su juicio, es "intolerable" que cada autonomía imponga sus propias restricciones.

Así, Castilla y León confía en que el Consejo de Salud que se celebra este jueves apruebe un plan con tres niveles de riesgo y medidas de restricción, algo que, como ha recordado Igea, la Comunidad lleva "solicitando desde hace muchos meses".

Ante esta situación, Igea ha advertido que de no aprobarse este plan de medidas coordinadas la Junta lo pondrá en marcha para intentar paliar el nivel de contagios en la Comunidad, ya que incluye restricciones en diversas actividades.

El Gobierno debe ejercer de una vez su obligación legal de gestionar las alarmas de la OMS y las que se prevén en la Ley de Salud Pública, no podemos seguir con medidas diferentes para las mismas situaciones en diferentes territorios, no se puede seguir así", ha señalado, al tiempo que ha considerad "inadmisible" que se estén dando respuestas "diferentes" ante "situaciones iguales.

"Somos una nación y el Gobierno tiene que ejercer como Gobierno de la nación", ha manifestado el vicepresidente.

Por su parte, la consejera de Sanidad ha incidido en la necesidad de adoptar medidas ante la posibilidad de una segunda ola de coronavirus "virulenta" y que ya está llevando a otros países de la UE a tomar "medidas drásticas".

Así, ha insistido en que el Gobierno se comprometió en febrero a establecer un plan con umbrales que permitieran determinar niveles de alerta y gravedad. "A día de hoy esto debería estar aprobado". "Es necesario actuaciones de respuesta coordinada para evitar la transmisión de Covid-19", ha defendido Casado.

Entre los indicadores a tener en cuenta para poner en marcha los niveles de alerta Casado ha detallado la necesidad de evaluar la incidencia acumulada de casos tanto en siete como en 14 días, la incidencia de contagios en siete y 14 días para mayores de 65 años, trazabilidad y casos en UCIs y hospitales.

Según la propuesta el máximo nivel de riesgo se alcanzaría con un número de contagios de 250 casos por cada 100.000 habitantes junto con la suma del resto de parámetros, con lo que, como ha explicado Casado y dada la situación actual, Castilla y León se colocaría en el pico.

"Si no se pone en marcha para España se podrá en Castilla y León, lo ideal es que fuera una opción coordinada en toda España ante una situación altamente compleja y difícil", ha detallado Casado ante el debate que hoy se plantea en la Comisión de Sanidad y cuyas medidas deberán se refrendadas el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud.

Por último, la consejera ha asegurado que el Comité de Expertos en la reunión mantenida con el Consejo de Gobierno el pasado martes planteó la necesidad de implantar medidas "más restrictivas" en la Comunidad con carácter general.

La evolución de la pandemia en los centros gallegos se mantiene estable este jueves, aunque próxima a la línea del medio millar de contagios. Las cifras totales registran 484 casos y niveles similares al día anterior y la gran mayoría de ellos se siguen dando en el área de influencia de Ourense, el 38 por ciento, el principal foco de incidencia de la COVID-19 en Galicia.

La situación que se vive en estas instalaciones, sin embargo, obliga a mantener cerradas un total de 25 aulas en estas instalaciones, además de la escuela infantil María Ana de Celanova, que cuenta todavía con al menos dos positivos confirmados.

El área de Ourense sigue registrando más casos cada día y suma ya 184 contagios, con siete unidades clausuradas y una guardería cerrada. Entre los más destacados se encuentra la escuela infantil Los Juglares, con cuatro positivos y un aula clausurada.

El municipio de O Carballiño, además, cuenta con ocho positivos en dos centros, el propio instituto Nº1 y el centro privado Sagrado Corazón. En la localidad de As Burgas, por su parte, se registran los casos más preocupantes, entre ellos el CPR Luís Vives con siete contagios y un aula cerrada, el María Auxiliadora con nueve, el Santa Teresa de Jesús con 10, el Santo Ángel con ocho y una unidad afectada y el IES do Couto, con siete contagios confirmados.

A Ourense le siguen A Coruña y Santiago, con 76 y 73 positivos, como las áreas más afectadas por la COVID-19. En la zona de influencia de la capital gallega hay dos escuelas infantiles cuentan con un aula cerrada y cinco y tres positivos confirmados, en concreto A Magdalena de Ames y Salgueiriños de Compostela.

En Moraña, por su parte, el CPI Plurilingüe Santa Lucía asciende a un total de seis positivos, un brote que ha obligado a cerrar una de sus unidades, mientras que el IES Antón Alonso Ríos de Tomiño registra hasta siete contagios.

FERROL, EN ASCENSO

Por otro lado, el área de Ferrol sigue incrementando el número de positivos confirmados y alcanza ya los 21, aunque se sitúa junto a Lugo (con 18) como una de las menos afectadas de toda Galicia. Vigo, por su parte, alcanza los 70 contagios, mientras que el área de Pontevedra y O Salnés desciende hasta los 42.

El balance facilitado por las autoridades sanitarias incluye además nuevos centros en los que se han detectado positivos por COVID-19, entre ellos el Padres Franciscanos de A Coruña, el IES Rego da Trabe de Culleredo y el CEIP Plurilingüe de Centieiras, en Fene.

También se suman el CPI de Xanceda de Mesía, el CEIP Alfonso Rodríguez Castelao de Ordes, el CRA de Teo, el CRA de Monterrei, el CPR Plurilingüe Guillerme Braun de Pereiro de Aguiar, el IES Carlos Casares de Viana do Bolo, y el CPR Colegio Hogar A Fundación y el CEIO Frián-Teis, ambos de Vigo y este último con un aula cerrada.

Unidas Podemos ha pedido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez una implicación "clara y contundente" de España para garantizar que los procesos electorales previstos en los próximos tiempos en distintos países de América Latina sea "democráticos, justos, libres y transparentes".

Ésta es la solicitud que los socios del PSOE en el Ejecutivo han plasmado en una proposición no de ley que han registrado este jueves en el Congreso, tan sólo unos días antes de que Bolivia celebre elecciones, y en un momento en que las democracias en la zona están atravesando un momento "complicado", según ha apuntado en rueda de prensa el diputado de Galicia en Común, Antón Gómez Reino.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Unidas Podemos sostiene que las democracias latinoamericanas se encuentran en un "difícil" situación que "pone en riesgo" su propia continuidad y estabilidad, "especialmente --dicen-- en aquellos países donde existen importantes sospechas de uso indebido de las instituciones del Estado para deslegitimar, perseguir o inhabilitar a la oposición" de cara a los comicios venideros.

Por ello, Gómez Reino considera "imprescindible" que el Ejecutivo sea "activo" y "colabore" para que las distintas citas con las urnas en Bolivia, Chile o Ecuador, Brasil, México Paraguay, República Dominicana, Uruguay o Costa Rica se celebren "con garantías" para todas las opciones políticas, "dando seguimiento a las múltiples denuncias de persecución a la oposición en diversos países de la región".

PREOCUPACIÓN POR LOS COMICIOS EN BOLIVIA

En concreto, tanto Gómez Reino como el portavoz de IU en el Congreso y líder del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago, han puesto en foco en Bolivia, que este domingo elegirá a su nuevo presidente y donde las elecciones estarán organizadas por un Gobierno "golpista de facto", algo admiten que les preocupa.

Santiago ha subrayado la necesidad de asegurar que esos comicios se celebren con normalidad y que, por tanto, se permita trabajar a los observadores internacionales. En la delegación española que viajará a La Paz, según ha informado, participarán, entre otros, los diputados de Unidas Podemos Gerardo Pisarello y Lucía Muñoz Dalda.

En su proposición, también piden al Ejecutivo que colabore con las autoridades gubernamentales y sanitarias de los países latinoamericanos con elecciones a la vista para garantizar las condiciones sanitarias rente al Covid, y que refuerce los planes de cooperación con la zona para la promoción de la participación democrática y los valores asociados a ella, como la construcción de paz, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la justicia social.

Andalucía registra este jueves 1.971 casos de Covid-19, después del récord diario en la segunda ola de este miércoles con 2.302 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabilizan once fallecidos en 24 horas, cifra superior a los seis del miércoles y notablemente inferior a las 41 muertes del martes.

Los positivos de esta jornada suponen la cuarta cifra más alta de contagiados en la segunda ola, así los 1.971 positivos son inferiores a los 2.302 casos del miércoles, récord de contagiados en la segunda ola, y a los 2.004 del pasado sábado, que suponían el quinto récord diario consecutivo tras los 1.997 registrados el viernes 9 --tercera cifra superior a los casos de esta jornada--, los 1.910 del jueves 8, los 1.907 alcanzados el miércoles 7 y los 1.788 contabilizados del martes 6.

La provincia de Sevilla vuelve a liderar el aumento de contagios confirmados por PCR y test de antígenos en las últimas 24 horas, con 653 positivos más. Estos positivos elevan el total de contagiados en la provincia sevillana desde el inicio de la pandemia a 18.397 casos, por delante de Málaga, con 18.376 positivos.

Granada ha sumado 360 casos en 24 horas, seguida por Jaén con 321. Por debajo de 200 aparece Málaga con 193, Cádiz con 158 y Córdoba con 156. Con cifras inferiores al centenar sólo se encuentran Almería con 84 y Huelva con 46.

SIETE MUERTES EN SEVILLA

Por su parte, de las once muertes registradas este jueves, siete se han contabilizado en Sevilla, dos en Málaga y una en Cádiz y en Jaén. Almería, Córdoba, Granada y Huelva no suman fallecidos en esta jornada.

Los hospitales andaluces han aumentado este jueves su presión asistencial con 1.220 pacientes ingresados por coronavirus Covid-19, récord en la segunda ola de la pandemia con diez más en 24 horas y 192 más que hace una semana, de los que 166 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), cinco más que este miércoles y 27 más que hace siete días.

Sevilla repite como la provincia con más hospitalizados con 360 --44 de ellos en UCI--, seguida de Málaga con 167, 27 en UCI; Granada con 209, 28 en UCI; Córdoba con 122, 20 en UCI; Cádiz con 134, 18 en UCI; Jaén con 128, doce en UCI; Almería con 56, doce en UCI; y Huelva con 44, cinco en UCI.

La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 8.603 casos diagnosticados por PCR, con 469 hospitalizados, 17 ingresados en UCI y 80 fallecidos en toda Andalucía.

112 BROTES EN LA ÚLTIMA SEMANA CON 858 CASOS

El parte diario de la Consejería de Salud y Familias informa además de que durante la última semana se han comunicado al Ministerio de Sanidad 112 brotes con 858 casos confirmados por PCR y test de antígenos, lo que supone un descenso en relación con los 148 brotes y 1.132 positivos de la semana anterior.

Por provincias, Sevilla repite como la que concentra mayor número de brotes con 27 con 199 positivos, seguida de Jaén, con 23 brotes y 148 casos confirmados; Granada, con 19 focos y 161 positivos; Cádiz con 14 brotes y 114 contagios y Málaga, con 13 brotes y 111 afectados. Las provincias que han registrado menos de diez brotes en la última semana son Huelva, con siete focos y 48 casos, Almería, con cinco brotes y 42 contagios, y Córdoba, con cuatro brotes y 35 positivos.

SEIS FALLECIDOS Y DOS NUEVOS BROTES EN RESIDENCIAS

La situación más preocupante sigue concentrada en las residencias de mayores, donde este jueves la Consejería de Salud notifica seis fallecimientos en centros de la provincia de Málaga: cinco muertes en la residencia Cuevas de San Marcos --ocho en total-- y una en la residencia Sierra de las Nieves de Guaro, que eleva la cifra de fallecidos en este centro a 17.

Además, en esta jornada se han detectado dos nuevos brotes en residencias de mayores: la residencia Madre de Écija (Sevilla) ha detectado 25 casos --16 residentes y nueve trabajadores-- y la residencia Vitalia de San Fernando (Cádiz) ha registrado 13 positivos --doce residentes y un empleado--.

UN BROTE EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Un brote de Covid-19 ha sido detectado en el Hospital Provincial de Córdoba, con nueve casos. Además, el foco detectado en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) asciende a 18 positivos. Por su parte, los casos confirmados en el brote laboral declarado en la localidad almeriense de Pulpí alcanzan los 110 y en el brote del centro de menores de Zagra (Granada) ha habido un reajuste y el número de confirmados baja a doce. El resto de brotes no presentan cambios en relación a la jornada del miércoles.

ANDALUCÍA SUPERA LOS 85.000 CONTAGIOS

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 85.456 casos confirmados por PCR, 1.971 en 24 horas --tras sumar 2.302 el miércoles--, y ha alcanzado las 2.097 muertes tras sumar once en 24 horas.

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 11.043, 102 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.139 tras sumar cuatro en 24 horas y el número de curados alcanza los 39.760 --799 más en 24 horas--.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.086 muertes desde el inicio de la pandemia --once más en 24 horas--, Málaga repite como provincia con más fallecidos con 436 --dos más-- por delante de Sevilla con 429 --siete más--, Granada con 367, Cádiz con 243 --una más--, Jaén con 231 --una más--, Córdoba con 203, Almería con 126 y Huelva con 62.

SEVILLA SUPERA A MÁLAGA EN CASOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Por su parte, los casos confirmados por PCR o antígenos alcanzan los 85.456 desde el inicio de la pandemia --1.971 más en 24 horas--, liderados por Sevilla que con 18.397 positivos --653 más-- ha superado los casos de Málaga, con 18.376 positivos --193 más--, seguida de Granada con 12.269 --360 más--, Córdoba con 9.231 --156 más--, Almería con 8.991 --84 más--, Cádiz con 8.835 --158 más--, Jaén con 7.261 --321 más-- y Huelva con 2.096 --46 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 11.043 --102 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 2.505 --17 más--, seguida por Sevilla con 2.426 --34 más--, Granada con 1.722 --ocho más--, Jaén con 1.148 --nueve más--, Córdoba con 1.110 --14 más--, Cádiz con 1.044 --13 más--, Almería con 787 --seis más-- y Huelva con 301 --uno más--.

De ellos, 1.139 han pasado por la UCI en Andalucía, cuatro más en 24 horas, con la provincia de Málaga a la cabeza con 241 --tres más--, seguida de Sevilla con 217, Granada con 164 --uno más--, Córdoba con 133, Jaén con 121, Cádiz con 120, Almería con 107 y Huelva con 36.

CASI 40.000 CURADOS

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 39.760 en toda la región tras sumar 799 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 10.073 --236 más--, seguida de Almería con 6.866 --147 más--, Sevilla con 6.306 --86 más--, Granada con 4.488 --121 más--, Cádiz con 4.116 --73 más--, Córdoba con 3.739 --118 más--, Jaén con 3.380 --seis más-- y Huelva con 780 --uno más--.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que la intención de España es que la futura Política Agraria Común (PAC) tenga un "acento mediterráneo". Esto va a significar, y así se propondrá, que el sector de frutas y hortalizas se encuadre en la ayuda básica de la renta del primer pilar.

"Todo eso estará ligado --ha continuado-- con una sensibilidad particular en relación con la realidad valenciana y la estructura de las explotaciones de la Comunitat Valenciana, que tendremos muy presentes en esa PAC".

Planas, que ha realizado este anuncio en una rueda de prensa junto al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha remarcado también "la buena noticia" de que se ha conseguido de cara a los nuevos reglamentos comunitarios que "los programas operativos de frutas y hortalizas no tengan un techo presupuestario previo, sino que estén en función de las necesidades y en las realidades de gasto y empleo de fondos".

En su intervención, el ministro ha informado asimismo de que siete comunidades autónomas comenzarán a partir de este viernes, 16 de octubre, a abonar los anticipos de la PAC, lo que supone una cantidad cercana a los 2.000 millones de euros. De ellos, 31 millones corresponden a la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Ximo Puig ha recalcado que se trata de "una noticia histórica para la Comunitat Valenciana, porque es una reivindicación casi tan vieja como la PAC".

"Desde el principio queríamos que la agricultura mediterránea tuviera acomodo en el primer pilar de la PAC, en que hubiera rentas directas a los agricultores ya partir de esta posición del Gobierno de España espero que esto se produzca".

"Es un avance sustancial para mantener la vida digna de los agricultores y continuar haciendo esta agricultura competitiva; es un paso adelante extraordinariamente significativo", ha insistido el dirigente autonómico.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado este jueves a la Generalitat que lidere una política catalana de sinhogarismo, destine fondos Covid-19 a los equipamientos extraordinarios que la ciudad ha puesto en funcionamiento para personas sin hogar y que abra un equipamiento metropolitano para este colectivo.

En una carta dirigida al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, Colau ha puesto en valor el "sobreesfuerzo económico y organizativo sin precedentes" que ha hecho Barcelona a raíz de la pandemia para atender a personas sin hogar creando siete equipamientos extraordinarios con 750 plazas en total.

La alcaldesa ha expuesto que durante este año el Ayuntamiento habrá añadido al presupuesto de sinhogarismo 15 millones, que se suman a los 35 millones anuales que ya se destinaban a este ámbito, por lo que ve "muy insuficiente" los 925.000 euros otorgados por la Generalitat procedente del fondo extraordinario estatal.

Además, Colau ha pedido al Govern que se implique en la financiación de los dispositivos de acogida en la Fira de Barcelona de Montjuïc, que suponen 1,5 millones de euros, para poder recuperar la capacidad de los dos pabellones en caso de rebrotes ante el incremento de casos de Covid-19.

CENTRO METROPOLITANO

Colau ha destacado que, antes de la pandemia, en el resto del área metropolitana "el número total de plazas no llegaba a 80 y en el resto de Catalunya poco más de 100", y ha alertado de que en los últimos dos años el 50% de las personas que se dirigían a los servicios de atención de personas sin hogar de Barcelona llevaban menos de tres meses en la ciudad.

En ese sentido, ha estimado que, como mínimo, el 25% de las personas acogidas durante los últimos meses por el Ayuntamiento tenía su residencia fuera de la ciudad: "Por lo tanto, Barcelona está ejerciendo de capital de Catalunya, asumiendo la falta de estrategia territorial y el vacío de equipamientos en todo el territorio".

Es por eso que ha pedido a la Generalitat que ponga en funcionamiento un centro de atención de emergencia metropolitano que de respuesta inmediata a la necesidad de alojamiento generada por la crisis y pueda recibir las derivaciones de los servicios sociales municipales de toda la zona metropolitana.

"Que Cataluña empiece a creerse que hay un problema de sinhogarismo que no es de la ciudad de Barcelona, que es del conjunto de Cataluña, especialmente del área metropolitana", ha sentenciado Colau en una rueda de prensa en la que ha anunciado la apertura de un nuevo centro para mujeres sin hogar, en el distrito de Horta-Guinardó.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha acogido este jueves la presentación del foro 'Periodismo 2030', un espacio de debate sobre la profesión periodística, impulsado por los periodistas Fernando Jáuregui y Sergio Martín.

En el acto de presentación han participado el presidente de la APM, Juan Caño, y el director general de la Fundación AXA, Josep Alfonso. "Hoy es nuestra puesta de largo de un programa que, por lo menos, va a durar un año y seguramente más", ha explicado Jáuregui, que ha añadido que se trata de reflexionar sobre el "futuro" de la profesión.

En este sentido, ha indicado que, en la actualidad, existe un periodismo "de la nueva era", ya que "en los últimos años se ha acelerado la transformación de los mecanismos de información, el periodismo presencial, el periodismo de papel, los muros de pago".

El objetivo es, a través de más de veinte debates sectoriales, profundizar en cuestiones como el futuro de la prensa de papel; los muros de pago; la supervivencia ante las redes sociales; las 'fake news'; el periodismo espectáculo; hacia dónde van las radios y las televisiones; lo que se va a enseñar en las Facultades de Ciencias de la Información; o qué va a ser de la libertad de expresión, tal como era.

Precisamente, el primer encuentro, titulado 'El futuro de las tertulias políticas', ha tenido lugar este jueves con Jáuregui, Sergio Martín, de TVE; Cristina de la Hoz, de El Independiente; Carmelo Encinas, de 20Minutos; Esther Esteban; José María Crespo, de Público, y Elsa García de Blas, de El País.

Jáuregui ha detallado que el foro 'Periodismo 2030' estará presente en todas las comunidades españolas y que se está realizando, junto a GAD3, una encuesta a 4.300 ciudadanos para conocer qué piensa la sociedad de la profesión de su ética, cómo se informa, etc. Posteriormente, estos materiales se recogerán en un libro, que se publicará la próxima primavera, junto a la Editorial Almuzara.

De este modo, se completará el primer año de existencia con la celebración de un congreso nacional, previsto para el 17 de septiembre de 2021 en la sede de Netflix en Tres Cantos (Madrid), donde se explicarán los resultados de los más de veinte debates sectoriales. Para años posteriores y a partir del congreso, se creará un observatorio sobre el 'nuevo periodismo'.

En el acto de presentación, Sergio Martín ha afirmado que se trata de un proyecto "muy ambicioso" y ha destacado que cuanta "mayor participación" en el mismo de colegas de profesión y de la sociedad civil "mucho mejor". "Lo que queremos es conocer cómo pensamos entre todos que debe ser el periodismo futuro, el presenta ya", ha remachado.

Para el presidente de la APM, que ha actuado de anfitrión del evento, este programa es "muy sugestivo" y una "maravillosa iniciativa". "La APM, indudablemente, apoya cualquier reflexión seria sobre el futuro de nuestra profesión", ha manifestado Caño.

Por su parte, el director general de la Fundación AXA ha puesto de relieve que su organización es muy partidaria "de la reflexión, del diálogo y del debate y, sobre todo, en aspectos tan importantes como la información veraz y responsable, que contribuye sin duda al desarrollo de cualquier sociedad libre y democrática". "Ahí, el rol de los periodistas es absolutamente fundamental", ha recalcado Alfonso.

'Periodismo 2030' cuenta con el apoyo de la Fundación AXA, la Asociación de la Prensa de Madrid, GAD3, la Editorial Almuzara, la agencia de las Naciones Unidas para la Formación (Unitar-ONU) y varias facultades de Ciencias de la Información como la de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha anunciado que también acudirán a los tribunales, como ha avanzado el PSOE, si se confirma que se ha producido la retirada de la placa dedicada a Francisco Largo Caballero de la fachada en la que residió, en Chamberí, mediante un procedimiento administrativo "irregular".

La retirada de la placa es uno de los puntos aprobados en la moción de Vox, respaldada por PP y Cs en el último Pleno, así como la eliminación de las denominaciones dedicadas a Largo Caballero e Indalecio Prieto en el callejero de la capital.

"Una cuestión que se aprueba en el Pleno después tiene que hacerse el expediente, tiene que darse una orden por escrito. ¿Quién ha dado esta orden? ¿El alcalde, José Luis Martínez-Almeida? ¿. "Es profundamente irregular. Esta placa (instalada en 1981) está protegida en el catálogo del patrimonio del Ayuntamiento, que dice explícitamente que es una placa no trasladable", ha indicado.

"Queremos ver dónde está esa orden por escrito. Intuimos que es profundamente irregular y desde Más Madrid lo vamos a llevar a los tribunales si se confirman nuestras sospechas", ha destacado. La retirada de la placa es "una actuación antidemocrática que va contra la memoria democrática de la ciudad".

Preguntada por el apoyo de PP y Cs a la moción, Maestre ha contestado que "es el pago más explícito hasta ahora por su sillón porque Almeida tiene su sillón de alcalde y Begoña Villacís tiene su sillón de vicealcaldesa gracias a los votos de la extrema derecha".

"Tras acabar a martillazos con el nombre de los 2.800 fusilados en la tapia de la Almudena, hoy acaban a martillazos con la placa que es memoria democrática de Madrid" y todo como "pago a Vox por los servicios prestados", ha zanjado la concejala de Más Madrid.

El número de españoles a favor de tomar medidas de control y aislamiento más exigentes ha aumentado del 53 al 62,4 por ciento, lo que significa que los que prefieren continuar como hasta ahora bajan hasta el 20,1 por ciento de la población, según el Barómetro Especial de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Asimismo, un 2,5 por ciento afirma que se deberían tomar medidas dependiendo de cada zona, mientras que permanecen estable la población que duda o desconoce qué medidas deberían tomarse (7,4%). Además, un 1,6 por ciento apuesta por el desarrollo de nuevas medidas más eficaces y mejor planteadas; el 1,2 por ciento pide el cumplimiento de las medidas, más control y penalizaciones y un 1,1 por ciento afirma que se deben imponer medidas de concienciación ciudadana y responsabilidad.

Llama la atención que solo el 0,3 por ciento de la población considere que, ante la situación actual de la pandemia en España, sean los expertos quienes impongan las medidas a tomar, y que un porcentaje mayor (0,4%) afirme, cuando la cifra global de personas infectadas por coronavirus ha superado los 908.056 casos, que no se debe tomar ninguna medida. Sorprende igual el 0,4 por ciento que considera que son necesarias medidas menos exigentes.

La encuesta, que se ha realizado sobre 2.924 personas, muestra que son mayoritariamente las mujeres (63%) las que apoyan las medidas más estrictas, y por edades, también lo son las personas de entre 55 y 65 años las que más apoyan esta medida (65,4%), los de 25 a 34 años (63,7%) y los de 34 a 44 años (63%).

BAJA LA PREOCUPACIÓN, DEL 93% AL 51%

Si el pasado mes de septiembre el 93,8 por ciento de los encuestados reconocía que les preocupan "mucho" o "bastante" los efectos de la pandemia, este dato se mantiene en un 93,4 por ciento de la población. Al igual que los que aseguran estar "poco" o "nada" preocupados que afecta al 8,8 por ciento, especialmente entre los menores de 18 años, entre los que más de uno de cada diez asegura que esta pandemia no le quita el sueño.

Preguntados por si les preocupan más los efectos de esta crisis sobre la salud o sobre la economía y el empleo, en esos momentos claramente les preocupa más la salud (40,9%) frente a los efectos económicos y laborales (23,4%), aunque un 34,9% asegura que le preocupan ambos por igual.

Por sexo, son las mujeres (41,9%) y la población de 55 a 64 años (48,1%) los que están más preocupados por la salud, y los hombres (27,3%) y los jóvenes de 18 a 24 años (39,9%) lo que se preocupan por la economía y el empleo.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido de nuevo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que levante el estado de alarma en Madrid y le ha acusado de estar generando "más incertidumbre y zozobra" en esta segunda ola de la pandemia, "hasta el caos". Además, ha denunciado el "radicalismo" que sufren el PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y lo ha achacado a que la izquierda lleva 25 años sin gobernar en esta región.

"Señora (Adriana) Lastra, para radicalismo, el que sufre este partido y la presidenta de Madrid", ha espetado Gamarra a su homóloga en el PSOE, Adriana Lastra, después de que ésta hubiera asegurado que Pablo Casado es el "líder más extremista" y, con Ayuso, arrastra al PP "al radicalismo".

¿. En ese momento, la portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, ha hecho con la mano el gesto de robar así como el de apuntar con una pistola y disparar.

El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha llamado a todos los diputados de la Cámara regional a "guardar la compostura" y le ha pedido al portavoz del PP, Alfonso Serrano, que también dejase de señalar. Posteriormente, García ha defendido en Twiter que ella "estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo", ha indicado que estaba "imitando el gesto" que le hacía el portavoz del PP y ha ironizado con que se le da mejor pedir que "dejen de robar".

En el Pleno del Congreso, el líder de Más País, Iñigo Errejón, ha pedido a Gamarra que retire sus aseveraciones sobre este asunto alegando que no eran verdad. Según ha añadido, el PP solo busca que no se hable del "inmenso desastre" de la gestión de Ayuso. "No todo vale", ha espetado a la bancada del PP.

GAMARRA PIDE LEVANTAR EL ESTADO DE ALARMA

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha afeado a Illa que no haya informado de los criterios científicos en los que se sustenta el estado de alarma en Madrid y ha señalado que en su intervención "ha dejado claro que no hay informes que avalen" esa medida excepcional.

Gamarra ha recalcado que el Gobierno ha generado "más incertidumbre y zozobra", llegando "hasta el caos", y le ha echado de nuevo en cara que decidiera apartarse de la "lealtad y la colaboración" con la Comunidad de Madrid para "imponer" el estado de alarma tras recibir "la llamada de Pedro Sánchez".

Una vez más ha criticado que en estos meses el Gobierno no haya adaptado el marco normativo para afrontar la pandemia y ha saludado que hoy el ministro haya hecho mención a la Ley 3/86 de Salud Pública. Dicho esto, ha afirmado que "como demócrata tiene la obligación y responsabilidad de levantar ese estado de alarma y volver a la legislación ordinaria" porque "ni entonces ni ahora" la Comunidad de Madrid supera los indicadores fijados.

"Sabe perfectamente que esta media no es proporcional, ni la idónea ni la necesaria. Tiene la responsabilidad de levantar ese estado de alarma", ha insistido Gamarra, para añadir que el Gobierno "sabe" que no la va a prorrogar porque no tiene suficientes apoyos parlamentarios para hacerlo.

"NINGÚN HOMBRE ME ESCRIBE LO QUE TENGO QUE DECIR"

Sin embargo, le ha preguntado si el ministro "la volverá a acordar posteriormente". "¿Cambiará los indicadores y volverá a adoptar decisiones excepcionales con los derechos y las libertades de los españoles?", ha interpelado.

Después de que Illa dijera varias veces a Gamarra que entendía que ella estaba hablando por Casado, ha recalcado que en España "hace muchísimo tiempo" que las mujeres tienen voz propia. "A mi ningún hombre me dice y me escribe lo que yo tengo que decir", ha espetado al ministro.

La Policía Nacional ha recuperado en Bruselas un cuadro del pintor Joaquín Sorolla valorado en tres millones de euros en una investigación que ha culminado con la detención del propietario de la obra, un condenado anteriormente en el 'caso Malaya', como presunto autor de un delito de insolvencia punible.

El propietario de la obra es, según informan fuentes policiales, el empresario Carlos Sánchez, que ya fue condenado en su momento por la Audiencia Provincial de Málaga en la Operación Malaya y que volvió a ser detenido en esta ocasión como presunto autor de un delito de insolvencia punible.

Sobre la obra, titulada 'Antes de la corrida', existía una orden de intervención emitida por la Audiencia Provincial de Málaga en el marco de la Operación Malaya, lo que motivó que agentes especializados en Patrimonio Histórico abrieran una investigación que comenzó el pasado mes de junio y que incluyó el registro de una vivienda con la finalidad de localizar una serie de obras que debían haber sido entregadas tiempo atrás a la autoridad judicial.

El cuadro de Sorolla es una de las obras que se buscaba y ha sido entregado esta mañana por parte del depositante en la sede de la Embajada de España en Bélgica, según ha informado la Policía.

OBRAS VENDIDAS HACE CUATRO AÑOS

La primera diligencia de búsqueda resultó infructuosa al no encontrarse ninguna de las obras reclamadas, manifestando el propietario que las había vendido hacía unos cuatro años a una sociedad. Los agentes revisaron entonces los permisos de exportación y comprobaron que al cuadro buscado se le había concedido una autorización de salida de España con posibilidad de venta.

Los investigadores constataron que la obra pictórica había sido expuesta en una feria de arte y antigüedades de Nueva York. No obstante, al advertir el depositante que sobre la obra podría existir algún tipo de reclamación, se retiró de la venta. Avanzando en la investigación se constató que la obra había sido depositada por la persona que había solicitado el permiso de exportación en unos almacenes de Bruselas.

Una vez se tuvo conocimiento fehaciente, a través de las gestiones llevadas a cabo por el agregado de Policía Nacional en la Embajada de España en Bélgica, del lugar donde se encontraba la obra, se comunicaron los hechos a la Audiencia Provincial de Málaga, que emitió el preceptivo auto al depositante para que hiciera entrega de la misma en la sede de la Embajada, extremo que se ha llevado a cabo esta mañana.

Carlos Sánchez, detenido de nuevo por estos hechos, obtuvo en diciembre de 2017 la libertad condicional tras ser condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por blanqueo de capitales, cohecho y fraude en el 'caso Malaya'.

Acción contra el Hambre (ACH) ha alertado del cambio de hábitos alimentarios a consecuencia de la pandemia en España, donde los hogares más vulnerables compran "menos pescados, carne y productos frescos". Así se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en la que se ha advertido de que la crisis sanitaria amenaza la alimentación mundial.

La organización considera que la relación entre desempleo y una mala alimentación es bidireccional. No solo come peor quien ve reducidos sus ingresos, sino que el deterioro de su estado de salud por un cambio de dieta reduce sus posibilidades de empleo", alerta el responsable de salud y nutrición de Acción contra el Hambre, Antonio Vargas.

Por ello, Acción contra el Hambre está integrando una nueva línea de trabajo en sus programas de empleo en España para incorporar buenos hábitos nutricionales y saludables como factor clave para la empleabilidad de las personas.

La organización cree que todo apunta a que la COVID-19 duplicará el número de personas en situación de crisis alimentaria antes de final de año, alcanzando los 265 millones de personas y un incremento de más de un 14% el porcentaje de niños que podrían morir cada mes por desnutrición como consecuencia de la pandemia, lo que se traduciría en 10.000 muertes infantiles más por mes.

Aunque admite el epicentro mundial de la pandemia no esté en los países con más hambre, el golpe para los sistemas alimentarios, la caída de las economías informales o la reducción de los servicios de prevención y tratamiento de la desnutrición hacen temer un aumento del hambre.

La ONG alerta también de que el cierre de fronteras y la ruptura de los mercados han provocado una hiperinflación que en muchos países está llevando a la población a pasar hambre en mercados abastecidos. En Siria, por ejemplo, el coste de la canasta básica de alimentos ha aumentado un 240%.

Además del impacto económico, también advierte de los efectos directos de la salud: "el colapso de sistemas sanitarios con la enfermedad, o simplemente el miedo de la población a acercarse a lugares que podían estar repletos de carga viral, ha dejado sin atender a otras enfermedades.

Esto es especialmente grave en el caso del tratamiento de la desnutrición, y también lo es la suspensión de los programas de prevención. Se estima que el número de niños y niñas desnutridos aumentará un 14% con la pandemia, lo que se traduciría en 10.000 muertes infantiles más por mes", afirma Vargas.

SITUACIÓN EN EL MUNDO

En América Latina, con países como Perú o Colombia a la cabeza de las cifras de contagios, se calcula que 29 millones caerán en la pobreza tras la pandemia.

En África, donde la enfermedad no ha tenido ni la intensidad ni la letalidad de otras regiones, preocupa especialmente el impacto sobre un sistema de salud ya frágil antes de la pandemia.

En Oriente Próximo, la subida del precio de alimentos básicos parece imparable mientras que en Filipinas, el país con la cuarentena más larga, las distribuciones de alimentos han sido cruciales en zonas donde los mercados se han quedado sin abastecimiento.

El Barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre refleja un retroceso en las dos formaciones que componen el Gobierno, tanto el PSOE como Unidas Podemos, mientras suben el PP y Vox.

Así, el CIS otorga al PSOE una estimación de voto del 30,8%, siete décimas por debajo de su dato del mes anterior y su peor registro desde el pasado mes de enero, antes de la crisis del coronavirus. Aún así, sigue por encima del 28% que obtuvo en las generales de noviembre.

El PP, que en septiembre había marcado su cota más baja de los últimos meses, registra ahora un 18,9%, ocho décimas por encima del anterior barómetro pero aún por debajo del 20,8% que logró en las urnas hace casi un año.

Eso hace que la distancia entre los dos grandes partidos, que en septiembre había llegado a los 13,4 puntos, se quede ahora en 11,9, todavía mayor que los 7,1 puntos de ventaja que sacó el PSOE cuando ganó las generales.

UNO DE CADA CINCO VOTANTES YA TIENE DECIDIDO APOYAR AL PSOE

En cuanto al voto directo, si mañana se celebrasen las elecciones, una quinta parte de los encuestados ya tiene claro su papeleta para el PSOE (20,8% de intención de voto) frente al 11,3% que tiene decidido apoyar al PP. Eso sí, un tercio de los entrevistados declina pronunciarse o dice que no votaría.

La encuesta se basa en 2.924 entrevistas telefónicas de una muestra de 1.099 municipios de 50 provincias. El trabajo de campo se hizo en los primeros siete días de octubre, en plena segunda ola del coronavirus, pero también tras la imputación del presidente catalán Quim Torra, la polémica por el veto al Rey en el acto de entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona o los problemas judiciales de Podemos y su líder, Pablo Iglesias.

El caso es que Unidas Podemos, la otra formación del gobierno de coalición, también retrocede, con una estimación de voto en octubre del 11,7%, medio punto por debajo de su dato del mes de septiembre y ya un punto por debajo de su último resultado electoral. La coalición de Más País con Compromís, por su parte, marca un 1,8% en la encuesta, algo mejor que en las urnas.

VOX RECUPERA LA TERCERA PLAZA TRAS PRESENTAR LA MOCIÓN

Por contra, Vox experimenta un ascenso y desbanca del podio a Unidas Podemos. El partido que lidera Santiago Abascal, que acababa de registrar su moción de censura, marca en el barómetro de octubre una estimación de voto del 12,5%, ocho décimas mejor que el mes anterior. Aún así, el CIS le sitúa tres puntos por debajo de su éxito electoral del 10N.

Ciudadanos sigue con un voto fluctuante en las encuestas del CIS: así, en octubre cuenta con una estimación de voto del 8,8%, que es casi dos puntos menos que en septiembre pero el mismo porcentaje que antes del verano. En todo caso, el CIS le ve mejor que en las ultimas elecciones, cuando se quedó en el 6,8% y sólo diez escaños.

En el resto de partidos, se ve que en Cataluña, tras la inhabilitación de Torra, ERC gana medio punto y marca un 3,3% mientras que Junts y la CUP se quedan casi igual, con el 1,8% y el 0,5% respectivamente. Por su parte, el PNV sigue por delante de Bildu: 1,3% frente al 1,1%.

VALORACIÓN DE LÍDERES

La valoración de líderes mantiene al socialista Pedro Sánchez en cabeza, con una nota media de 4,5 puntos, seguido a un punto por Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Detrás aparecen Pablo Iglesias (Podemos) y Pablo Casado (PP), con 3,3 y 3,1 puntos respectivamente, y cierra la lista el presidente de Vox, Santiago Abascal, con 2,4.

Sánchez es también el político preferido para presidir el Gobierno, mencionado por el 25,3% de los entrevistados frente al 9,1% de Casado o el 5,6% de Abascal. Además, un 29,6% muestra bastante o mucha confianza en el presidente del Gobierno, frente a un 67,9% que desconfía. Casado sigue ofreciendo peores datos: un 85,9% admite tener poca o ninguna confianza en el líder del PP, y sólo un 10,9% se fía de el.

Abengoa ha vuelto ampliar el plazo para cerrar su acuerdo de reestructuración, que expiraba este jueves, a espera de que la Junta de Andalucía encuentre una solución para poder participar con su financiación en el plan de rescate del grupo.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa indica que, "una vez obtenidos los consentimientos necesarios al efecto", se ha procedido a extender de nuevo el plazo para la aportación del compromiso de apoyo financiero de la Juntade Andalucía, así como el plazo para el cierre de la operación hasta el próximo 23 de octubre.

El pasado 25 de septiembre, el grupo de ingeniería y energías renovables anunció que había logrado el respaldo de sus acreedores a su acuerdo de reestructuración, con lo que su rescate quedaba pendiente de la participación de la Junta de Andalucía, que debía confirmar su apoyo financiero de 20 millones de euros antes de finalizar el septiembre.

Sin embargo, el grupo presidido por Gonzalo Urquijo ya se vio obligado a ganar 15 días de tiempo por parte de sus acreedores para intentar buscar una solución que desbloqueara la negativa del Gobierno andaluz a participar en la reestructuración y poder sacar adelante así su plan de rescate.

LA JUNTA BUSCA UN MARCO JURÍDICO

Esta misma semana, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ya manifestó que los Servicios Jurídicos del Gobierno andaluz estaban analizando la existencia de un marco jurídico que permita ayudar financieramente a Abengoa, abriendo así la puerta a reconducir la participación en el plan de rescate de la compañía.

En este sentido, indicó que la solución pasaba evidentemente por buscar una financiación que necesita la empresa y que estaría por encima de los 20 millones de euros.

Abengoa ha calificado siempre como "necesaria e imprescindible" esta refinanciación de la Junta para el rescate de la compañía y ha destacado que todos los grupos de interés han realizado "importantes sacrificios" para poder mantener la actividad de la empresa y los empleos.

PLAN DE RESCATE

El pasado mes de agosto, el grupo culminó la firma del acuerdo con sus acreedores, que le permitiría esquivar la amenaza de quiebra que existía sobre la empresa ante la falta de liquidez que sufría, con la obtención de nueva financiación, así como la reestructuración de su deuda para cumplir su plan de negocios actualizado.

Después de retrasarse en varias ocasiones la resolución final de la firma, el grupo alcanzó un acuerdo que le permitía poder seguir adelante.

Así, Abengoa, que en 2016 ya esquivó el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros, cerraba un nuevo plan de 'rescate' financiero, el tercero en los últimos años, tras los de 2017 y 2019.

ABENEWCO 1, LA SOCIEDAD CABECERA

El acuerdo supone que AbenewCo 1, que es la sociedad cabecera de todos los negocios y para cuyas necesidades se deberán usar exclusivamente todos estos nuevos fondos, recibirá un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que se ha solicitado la garantía del ICO al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19, que será nueva liquidez.

Además, se suscribirá una nueva línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, todo ello con el objeto de financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo encabezado por AbenewCo 1 hasta finales de 2021. Estas líneas de avales cuentan con la cobertura de Cesce por un 60% del tramo internacional.

Adicionalmente, está previsto que la Junta de Andalucía también aportase 20 millones de euros adicionales en este plan de rescate, que está todavía pendiente.

Abengoa SA ostentará una participación minoritaria del 2,7% (post dilución) en el capital social de la nueva sociedad AbenewCo 1, sobre la que se articulará la reestructuración de la compañía para garantizar su viabilidad con el nuevo plan de rescate, si logra solventar su situación de desequilibrio patrimonial.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha cargado este jueves duramente contra el PP y ha acusado al partido de Pablo Casado de situarse con Vox en la "foto de Colón antisanitaria" y en el "bloque de los negacionistas" por su postura en esta segunda ola de la pandemia del coronavirus, sus "provocaciones" y sus "ditirambos imaginarios".

"No son más que los teloneros de la moción de censura de Vox", ha denunciado Illa en respuesta a las críticas de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, durante el debate en el Congreso del decreto del estado de alarma que aprobó el Gobierno el pasado viernes para limitar la movilidad en la Comunidad Madrid.

En este sentido, ha avisado al PP de que "si hablan con Vox, piensan como Vox, se explican como Vox, y tienen su mismo estilo", no se pueden "extrañar" si todos los españoles piensan que "el PP que es como Vox".

Asimismo, ha avisado de que, aunque intenten "confundir a los españoles, no lo lograrán". "No convencerán y no ganarán. Esta vez, no", ha sentenciado Illa, dirigiéndose directamente a Casado, tras señalar en varias ocasiones que entendía que era el líder de los 'populares' el que hablaba por Gamarra.

En todo caso, el ministro ha asegurado que el Gobierno no va a entrar en esas "provocaciones" porque está centrado en luchar contra el virus, y ha instado al PP a hacer lo mismo y a poner el "máximo empeño, no en derribar al Gobierno, si no al virus".

"BATALLA CONTRA EL VIRUS, NO CONTRA EL COMUNISMO"

En este sentido, Illa ha avisado al diputado de Vox, Juan Luis Steegmann --médico de profesión--, de que no están "en una batalla contra el comunismo sino contra el virus". "Usted es médico, no confunda sobre los problemas reales de este virus", ha reprochado.

"Haríamos todos bien en no politizar esto y en ir todos juntos", ha reclamado el ministros, antes de exigir al diputado de Vox "un respeto" para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y su equipo, "que llevan trabajando horas, horas y horas desde el mes de enero" para luchar contra al COVID-19, "con criterios de independencia, profesionalidad" y tomando decisiones "muy difíciles"

Y ante las reiteradas peticiones de ambos portavoces de levantar el estado de alarma en Madrid, Illa ha defendido que las medidas que se aplicaron con el decreto "no tienen nada de arbitrarias", porque son las mismas para toda España, ni tampoco nada de "autoritario", porque se pactaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

A este respecto, ha criticado que las mismas medidas que el Gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso tacha de "dictatoriales", se entiendan y apliquen en otras Comunidades y otros países como actualices "sabias y correctas. "Intentemos no caer en estas contracciones que solo confunden a la ciudadanía", ha reclamado una ve más.

Illa también ha reafirmado después que "en Madrid el objetivo no es bajar de 500 casos por 100.000 habitantes sino doblar la curva y mantenerla baja, en parámetros homologables a Europa. "Esto va a requerir esfuerzo, lealtad institucional", ha remarcado.

Y en su última intervención en el debate, el ministro ha insistido en que la fórmula para luchar contra el virus es "una detección precoz", "muchas PCR", y actuar "rápido, sin demora, y con contundencia proporcional a la realidad de cada territorio".

Tras defender la aplicación del estado de alarma en Madrid, como un instrumento jurídico para mantener las restricciones de movilidad, porque la situación es muy "preocupante", ha insistido en que dado que "hay retrasos en las notificaciones", hay que valorar los datos de evolución de la pandemia "con prudencia".

Previamente, ante la advertencia del portavoz de Más Páis, Íñigo Errejón, sobre la necesidad de adoptar más medidas en la Comunidad por la alta incidencia el virus, Illa ha reconocido que efectivamente "hay que tomar más medidas", como las que ya se prevén en el plan de respuesta temprana que aprobó en verano el CISNS. Además, ha señalado que este documento se sigue actualizando.

EL ESTADO DE ALARMA, "ULTIMÍSIMO RECURSO"

Eso sí, Illa ha señalado posteriormente, en su respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, Illa que efectivamente la legislación sanitaria es suficiente para tomar las medidas necesarias para frenar la expansión del virus, tal y como se demostrado, a su juicio, en varias Comunidades, y que el estado de alarma es el "ultimísimo recurso". "Ahora bien, si hay que ejercerlo, hay que ejercerlo", ha defendido.

Asimismo, ha coincidido con el portavoz de Ciudadanos, Edumundo Bal --a quien ha agradecido el apoyo de su grupo a las medidas del Gobierno en estos meses--, en la necesidad de "ir todos juntos", como "primer elemento clave" en la lucha contra el virus.

Además, ha defendido que el Gobierno ha reconocido errores porque "todo el mundo ha cometido errores en el combate", y pero ha avisado de que si hay uno que no van a cometer es "el de no actuar" y no asumir su responsabilidad.

"El Gobierno de España está en un pulso contra le virus, contra nadie más. Y en eso estamos y seguiremos estando, con criterios de coordinación, cooperación y lealtad institucional", ha afirmado.

ALABA LA GESTIÓN DE NAVARRA, A LA CABEZA DE TEST EN EUROPA

Ante las quejas del diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, a la gestión que está haciendo el Gobierno navarro liderado por la socialista María Chivite, Illa ha defendido que en esta Comunidad se están "tomando medidas acertadas", aunque no ha descartado que tengan que endurecerse.

Asimismo, ha alabado que "es la Comunidad que más tets hace y que está a la cabeza de Europa, no solo de España. "Ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido, hace más del doble que la media nacional", ha destacado.

Illa ha cerrado su primer turno de respuesta a los portavoces agradeciendo a la socialista Adriana Lastra que haya reivindicado el papel de los miles de concejales que luchan contra le virus y alertando de que la antipolítica "es el peor servicio que nos podemos hacer".

"El pulso que tiene el Gobierno no es con nadie, con ninguna administración, alcalde, ciudad o territorio. Es un pulso contra el virus, sin dejar a nadie atrás. Todos juntos por favor venzamos este virus", ha zanjado después, en su último turno de palabra.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha calificado este jueves de "inadmisibles" las amenazas denunciadas por el juez Manuel García-Castellón, instructor en la Audiencia Nacional de la denominada pieza 'Dina' que ha derivado en una petición al Tribunal Supremo para que se investigue por tres delitos al vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Durante su participación en un acto celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid, Delgado ha manifestado expresamente que las amenazas a un juez "son inadmisibles en este y en muchos de los casos," porque al fin y al cabo los jueces y fiscales son "funcionarios públicos".

"Nos podemos equivocar y hacerlo muy bien, podemos estar sometidos a nuestra crítica profesional, podemos estar sometidos a una alabanza profesional, pero lo que no podemos ser es objeto de amenazas bajo ningún concepto", ha subrayado.

En cuanto a las críticas referidas por el juez, Delgado ha señalado que "una cosa es la libertad de expresión, pero ésta debe ejercerse dentro de unos márgenes, teniendo en cuenta cuales son esos márgenes en función del sujeto que recibe esta critica", según ha establecido el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

"Es inadmisible que se ataque a un operador jurídico por el hecho de trabajar, independientemente del acierto o desacierto que puede tener", ha insistido, para añadir que los jueces y fiscales hablan a través de sus escritos.

"Esos ataques lo único que hacen es perturbar algo que a la ciudadanía le importa, que es el sosiego e independencia personal que los operadores jurídicos necesitamos para ser certeros en nuestras decisiones. Eso está fuera de toda duda", ha incidido.

Tras su intervención en el foro, que ha versado sobre todas las actuaciones que emprendió su departamento para asegurar la labor de los fiscales durante el confinamiento por covid-19, Delgado ha sido preguntada por temas de actualidad judicial, si bien ha evitado pronunciarse sobre los más polémicos.

Así, ha rechazado manifestarse sobre la postura de la Fiscalía Anticorrupción contraria a que se abra causa a Iglesias en el Supremo por posibles delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos en relación con lo datos de el teléfono móvil que fue robado a su excolaboradora Dina Bousselham. "No hablo de temas que se están investigando, pero es que además yo no tengo ninguna intervención en ese asunto", ha manifestado en relación con el informe que coordina el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas.

En cuanto a la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) instada por el PSOE y Podemos para cambiar las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Delgado se ha limitado a señalar, en términos muy generales que "hay que oír a los operadores jurídicos y a los administrados" porque la finalidad debe ser siempre la mejora del servicio público.

Sobre las advertencias a nuestro sistema de designación de vocales del Consejo por parte de organismos internacionales como el Grupo contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, Delgado ha explicado que éstas fueron realizadas en 2013 tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que dio lugar al actual Consejo, de carácter muy presidencialista. El informe posterior, tras la vuelta atrás de esta reforma en 2018, eliminó dichas críticas.

Delgado también se ha referido al informe que realizó el teniente fiscal Navajas contrario a la admisión de las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia, para señalar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aún tiene que resolver si las admite o no.

A AZNAR LE PUSIERON UN CENTENAR QUERELLAS POR IRAK

Así ha explicado que el encargo se realizó al teniente fiscal al tratarse de un asunto de relevancia, si bien ello es algo normal en la forma de funcionar de la Fiscalía, puesto que al igual se hizo en 2003 con ocasión de las más de cien querellas que se presentaron contra el que fuera presidente de Gobierno José María Aznar por su postura en la guerra de Irak.

Tampoco ha querido pronunciarse Delgado sobre quien sustituirá a Navajas, que se jubila el próximo mes de diciembre, limitándose a señalar que la plaza debe ser convocada formalmente y los aspirantes a la misma deben presentar su currículum y un proyecto de actuación.

"Debemos basar los nombramientos en el mérito y que todos se puedan explicar en base a esos méritos y capacidad", ha manifestado para justificar después que por ello "es imposible" que en estos momentos pueda adelantar el nombre de la persona a la que tiene pensado designar en el puesto de Navajas. "Además se tiene que celebrar un Consejo Fiscal, que es la representación democrática de la carrera", ha añadido.

Sobre las polémicas declaraciones de Navajas sobre otros compañeros fiscales del Supremo, de los que dijo que estaban "contaminados politicamente", Delgado ha admitido que en su departamento, al igual que ocurre en todas las instituciones, existen "tensiones", si bien lo importante es que éstas "No perturben el trabajo cotidiano".

Ha añadido que además se cuenta con instrumentos de resolución de estos conflictos, que ahora mismo están en marcha si bien "esto no significa nada". Con esta última manifestación Delgado dijo referirse tanto a Navajas como a la que fue su antecesora en el cargo Consuelo Madrigal, de la que ha recordado que escribió un artículo sobre la gestión de la pandemia "que fue muy comentado fuera y dentro de la fiscalía", si bien ha incardinado ambas actuaciones en la libertad de expresión.

UGT propuso a Liberty House la compra de las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés junto a la de Cervo (Lugo). "Ha salido en las conversaciones", según ha reconocido el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, en declaraciones en Santiago coincidiendo con el congreso de esta sección en Galicia.

En cualquier caso, para "no presionar", ha evitado responder a la pregunta de si la empresa, parte del grupo GFG Alliance e interesada en la compra de la fábrica de A Mariña, baraja la opción de hacerse también con las otras dos factorías que con anterioridad eran propiedad de Alcoa.

"Se lo hemos planteado los sindicatos. Nos gustaría. Y ellos conocen la realidad", ha apuntado Pedro Hojas, antes de urgir a las administraciones a que "se vuelquen" con este inversor, para "que no se canse" y desista de la operación, ante la negativa de Alcoa de venderle la planta de San Cibrao.

Y es que, según ha advertido el sindicalista, la venta de las fábricas de A Coruña y Avilés fue "fallida" y realizada "bajo la mentira y el engaño", dada la crisis que todavía les afecta.

En este escenario es en el que UGT considera que hay que "revertir esa venta" y buscar "una solución conjunta" para las factorías de las tres localidades.

SIEMENS-GAMESA

Por otra parte, también ha reclamado al Gobierno "que intervenga" en relación con la situación de Gamesa, y que declare "nula la venta a Siemens" en caso de que se quiera "ir" y dejar de producir en España. "No podemos permitir este goteo continuo", ha avisado.

"No se lo podemos permitir, se tiene que comprometer", ha resaltado, en referencia a un proceso de "deslocalización" de la producción por parte de la compañía. "Si se quiere ir, que la administración intervenga y declare nula la venta a Siemens", ha concluido.

En el contexto de la actual crisis por la pandemia de la covid-19, el portavoz de UGT FICA ha urgido avanzar en el "pacto por la industria", ya que de momento "no ha habido ninguna reunión" en esta materia.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha considerado que el toque de queda que ya se ha implantado en Francia puede ser una medida "eficaz" para frenar la transmisión del virus, ahora en niveles "preocupantes".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Casado ha defendido la necesidad de "actuar pronto" ante los niveles de contagio registrados en el conjunto del país, por lo que ha defendido la adopción de medidas de forma conjunta y coordinada para "contener una situación muy peligrosa".

Sobre la posibilidad de implantar un toque de queda en el conjunto del país, ya que se trata de una medida que sólo se puede aplicar a nivel general y no por autonomías, fue una de las cuestiones que, según Casado, se planteó este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud aunque finalmente no se adoptó la medida.

Me parece que puede se una medida, lo que está claro es que donde se producen los contactos es en el entorno sociofamiliar, ahí es donde nos vamos de un sitio a otro, de una casa a otra", ha explicado, tras lo que ha señalado que "si la situación empeora mucho y está en riesgo la salud de todos habrá que tomar decisiones complejas.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que podría ser una medida eficaz aunque no se puede adoptar de manera aislada, por lo que ha insistido en la importancia de impulsar medidas homogéneas en el conjunto del país.