La sección primera de la Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a 15 años de prisión a un exmilitar que asesinó a un vecino de Ordes con el que previamente había mantenido una discusión de madrugada en el campo de la feria de esa localidad.

Según ha informado el TSXG, tras la disputa, según consideró probado el tribunal del jurado, sobre las 4,00 del 17 de julio de 2016, el acusado apuñaló a la víctima en el cuello cuando caminaba por la calle Compostela en dirección a su domicilio.

Así, el ataque se produjo "sorpresivamente" y en una zona que estaba "mal iluminada y escasamente transitada", por lo que la víctima careció de posibilidad de defensa, según consta en la sentencia.

En el fallo, el magistrado presidente tribunal del jurado indica que "una única puñalada, certera y fulminante, determinó la muerte inmediata de la víctima", cuyo cuerpo "no presentó ninguna herida de defensa".

TENÍAN ENEMISTAD

Además, en la resolución se considera acreditado que el condenado y el fallecido, "dedicados habitualmente a la venta al por menor de drogas", tenían enemistad y que el día de los hechos tuvieron una pelea, tras la cual la víctima se marchó para su casa y llamó por teléfono para pedir la presencia de una patrulla policial. Posteriormente "fue degollado por el acusado, que tenía entrenamiento militar".

En el cadáver solo apareció el perfil genético del sospechoso, cuyo vehículo fue detectado a la hora y en el lugar del suceso. Además, le sustrajo el teléfono móvil a la víctima, que fue posicionado "en una vía de escape compatible con la ruta de vuelta del acusado a su casa".

Pocos días después de los hechos, el condenado y su familia se trasladaron a Madrid y, después, él viajó Colombia. "Todos los indicios confluyen y determinan que solo el acusado estuvo en situación de cometer el hecho", señala el magistrado presidente.

El Real Automóvil Club de España (RACE) y UNITAR - United Nations Institute for Training and Reserach (Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones) han anunciado este miércoles la renovación del acuerdo por el que se creó CIFAL Madrid por un periodo de tres años más (2020-2023).

"A través de este nuevo convenio ambas entidades refuerzan su compromiso en impulsar la Seguridad Vial Global mediante acciones formativas, campañas y actividades educativas para contribuir a lograr el recientemente renovado hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3.6 de la ONU", ha indicado el RACE.

En concreto, ha detallado que el citado objetivo es "reducir a la mitad el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico en el mundo para 2030, contribuyendo a mejorar la conducta de los usuarios de la carretera a través de la concienciación, formando a profesionales que impulsen medidas preventivas y aumentando el conocimiento de los factores de riesgo entre la población".

CIFAL Madrid, gestionado por el RACE, es el primer y único centro especializado de formación en seguridad vial de las Naciones Unidas. "Nuestro centro impulsa la capacitación de profesionales mediante la formación e-learning, los seminarios, el desarrollo de cursos prácticos y, en el nivel más alto de formación, la capacitación mediante cursos universitarios de posgrado en colaboración con la Universidad Europea, que cuenta con 46 profesores y 300 horas lectivas, y que actualmente se ofrece online por la COVID-19", ha señalado.

Finalmente, ha añadido que, de forma complementaria, CIFAL Madrid RACE ha impulsado eventos y jornadas formativas en España y en Latinoamérica, colaborando con otros países en sus respectivos proyectos.

La Comisión Europea ha pedido este miércoles a los gobiernos europeos que compartan más y mejor información en la lucha contra el coronavirus, por ejemplo sobre la capacidad de los hospitales y de sus unidades de cuidados intensivos de cara a explorar tratamientos transfronterizos ante el riesgo de colapso de algunos centros.

Así lo ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa para presentar una batería de nuevas propuestas para reforzar la coordinación entre los socios frente al avance de la segunda ola de contagios, que ha dado lugar a una "situación muy grave" en la que más de un millón de europeos se ha contagiado solo en a lo largo de la última semana.

Por eso, la jefa del Ejecutivo comunitario ha pedido medidas "valientes" para contener el avance del virus, coordinando la campaña de vacunación a escala europea y con un enfoque común sobre el acceso a test rápidos, por ejemplo, al tiempo que ha avisado de que "ningún Estado miembro" podrá dejar atrás la pandemia mientras no lo hagan también el resto de socios.

Para todo ello, Bruselas, que espera presentar en diciembre una primera propuesta para iniciar el camino hacia una 'Unión de la Salud', apela de nuevo a la solidaridad y coordinación de los Veintisiete para evitar que la capitales vuelvan a la gestión disonante de la primera ola, cuando los Estados miembro cerraron fronteras interiores y bloqueaban el comercio de material esencial como las mascarillas.

El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a discutir este jueves por videoconferencia sobre una mejor coordinación, y de cara a esta cita Von der Leyen ha adelantado que les pedirá que apuesten por los test rápidos y presenten planes nacionales para la detección del virus en un plazo de dos semanas que permitan coordinar una estrategia europea para su despliegue.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha concedido que es consciente de que los test rápidos no son por el momento tan fiables como las PCR, sobre todo en el caso de pacientes asintomáticos, pero ha insistido en que serían pruebas "complementarias" en especial de cara a la detección masiva de contagios.

En este sentido, el microbiólogo y experto asesor de Von der Leyen para esta crisis, el belga Peter Piot, ha apuntado la necesidad de contar con test "más fiables, rápidos y baratos" para contener la expansión de la pandemia que ha alcanzado ya la infección comunitaria por lo que su rastreo se complica.

Piot, que ha coincidido con Von der Leyen en recalcar que las próximas navidades serán "diferentes" y ha avisado del riesgo de una "tercera ola" si se relaja el control demasiado pronto, se ha mostrado convencido de que "el comportamiento individual de cada uno lo que marcará la diferencia".

Además, y aunque ha subrayado que las medidas de confinamiento en los Estados miembro no son iguales a las de primavera, Piot ha avisado de que "sin duda es necesario un grado de confinamiento para contener" los contagios y evitar más muertes.

VACUNAS

Sobre la vacuna, el experto ha recordado que aunque se espera contar con los resultados de los ensayos clínicos de algunas candidatas antes de final de año ello "no quiere decir que haya una vacuna disponible de inmediato", sino que durante un tiempo deberá combinarse las campañas de vacunación con el mantenimiento de las medidas clave como el porte de mascarilla y la higiene de manos. "No se volverá a la normalidad de un día al otro", ha zanjado.

"Habrá que esperar quizá a final de año para ver si hay una vacuna" y llevará tiempo hasta saber si tenemos una vacuna "eficaz y segura" que genere la inmunidad suficiente para distribuir una primera generación, ha dicho Von der Leyen, quien ha estimado que a partir de abril se podrá contar con entre 20 y 50 millones de dosis al mes.

La política alemana también ha insistido en la necesidad de que los países proporcionen información fiable al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) para contar con una visión clara de la situación epidemiológica antes de tomar nuevas decisiones, pero también ha llamado a los europeos a instalar en sus dispositivos las aplicaciones para el trazado de contactos de riesgo y animado a los países a agilizar su interoperabilidad europea.

Otra de las iniciativas sobre las que Bruselas insistirá en las próximas semanas, ha dicho Von der Leyen, es sobre la necesidad de contar con un formulario único para los viajeros que facilite su localización en caso de riesgo y que esté disponible online para asegurar un formato armonizado.

El coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, Adolfo Barrena, ha abogado por que la Comisión Europea consigne partidas presupuestarias para descontaminar zonas con presencia de lindano y ha incidido en que dispone de "herramientas" para actuar en este sentido.

Preguntado en el marco de una rueda de prensa telemática, Barrena ha lamentado que la Comisión Europea se haya puesto "de perfil" ante la presencia de este compuesto y ha asegurado que su eliminación es una cuestión de "voluntad política". Así, ha incidido en que la descontaminación de zonas con presencia de lindano debía haberse abordado en el momento en el que fue prohibido por la Unión Europea, en 2005.

En concreto, este miércoles representantes de Ecologistas en Acción y de Izquierda Unida quienes han llevado a Bruselas la situación en la cuenca del Gállego, en Huesca, el caso de O Porriño, en Pontevedra, y otros puntos contaminados por este químico en la comunidad vasca.

Posteriormente, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea y al Gobierno de España que remitan información sobre los programas en marcha para la descontaminación de lindano en Aragón, País Vasco y Galicia, y ha planteado que el Ejecutivo español invierta parte de los fondos de recuperación europeos para poner solución a este problema medioambiental.

A este respecto, el coordinador de IU en Aragón ha valorado que se haya reconocido este "problema" y que se haya abordado la "antítesis" entre la directiva marco del marco del agua y las directivas de consumo de la misma, y ha urgido una respuesta a la contaminación.

Además, la eurodiputada de IU Sira Rego ha incidido en la necesidad de que se articulen instrumentos de inspección a nivel europeo para conocer la situación. También ha recordado que se han realizado peticiones para solicitar la eliminación de este residuo desde 2013 y ha observado una "falta de acción" al respecto por parte del Parlamento Europeo.

LEGISLACIÓN SOBRE AGUA POTABLE

Adicionalmente, el eurodiputado de EH Bildu Pernando Barrena ha esperado que se pueda modificar la legislación del agua potable para establecer su calidad tras referirse a la presencia de contaminación en la zona del embalse vasco de Oiola.

Otro de los peticionarios, Carlos Alonso, de Ecologistas en Acción, ha valorado que haya quedado "constancia verbal y escrita" las denuncias reflejadas en la petición sobre el lindano presentada. Así, ha asegurado que la contaminación por el mismo representa un "problema europeo" que también afecta a la salud pública y que exige una actuación coordinada, por lo que ha comprometido que la entidad mantendrá sus demandas.

Fernando Vázquez, miembro de la misma entidad ecologista, ha recordado que se han acometido limpiezas de suelos en el País Vasco, pero ha señalado que es momento de "dar un paso más". Por ello, ha avanzado que Ecologistas en Acción promoverá un encuentro europeo el próximo mes para reflejar la presencia de lindano en distintos puntos de la UE.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Sabiñánigo (Huesca), Mariano Polanco, ha resaltado que esta localidad es la que cuenta con un mayor volumen de residuos de lindano de la UE y ha apostado por que se lleve a cabo un estudio para conocer cómo afecta su presencia a la población.

CONTAMINACIÓN EN O PORRIÑO

Por su parte, la portavoz de la Plataforma Antilindano da Louriña de O Porriño (Pontevedra), Patricia Sío ha remarcado que el problema de esta localidad es que cuenta con 1.000 toneladas de residuos esparcidos en distintas zonas. Además, ha valorado se haya abordado esta situación en la Eurocámara, aunque ha asegurado que la respuesta que se obtenga dependerá de "la tutela que se dé a nivel estatal".

También ha criticado que la Xunta no haya mantenido una posición "proactiva" al respecto y el "escaqueo" del Ayuntamiento de O Porriño respecto a sus competencias. Adicionalmente, ha recordado que el Gobierno gallego encargó un estudio sobre la presencia de lindano en la zona cuyos resultados no han sido trasladados al gobierno local ni a la ciudadanía.

En la misma línea, el coordinador de Esquerda Unida en O Porriño, Pedro Ocampo, ha lamentado que solo se haya dispuesto de unos minutos para abordar un "problema tan grande".

Ciudadanos ha constatado que el Gobierno ha atendido las peticiones que le trasladó para que fueran tenidas en cuenta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por ello, descarta presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso y confirma su voluntad de negociarlos. Concretamente, afirma haber limitado subidas impositivas y tener el compromiso del Ejecutivo de que no aumentará el impuesto al diésel.

Tras conocer las ideas generales del proyecto de Presupuestos para 2021, en cuya elaboración no han participado, en Cs consideran que se han incorporado las "líneas naranjas" que habían marcado.

A través de conversaciones discretas con Moncloa durante las últimas semanas, el partido de Inés Arrimadas había puesto una serie de condiciones para poder sentarse a negociar a partir de ahora, las cuales enmendaban el acuerdo presupuestario de 2019 entre el PSOE y Unidas Podemos en lo relativo a la política tributaria.

Entre esas peticiones de Ciudadanos que ahora aparecen reflejadas en el proyecto de Presupuestos, está, según su versión, la renuncia a una "subida ideológica e indiscriminada" de los impuestos, ya que solo se prevé incrementar el IRPF a las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros anuales, y que ya no se plantee una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes corporaciones.

En relación con el IRPF, Cs había trasladado que no aceptaría un incremento para las rentas a partir de 130.000 euros, pero el umbral de 300.000 les parece bien porque "no afecta a la clase media y trabajadora".

NO AUMENTAR EL IVA DE LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD PRIVADAS

Además, fuentes de la formación naranja han destacado que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha aceptado no aumentar al 21% el IVA de la educación privada y concertada y de la sanidad privada e incrementar los recursos para sanidad y educación, y también han celebrado que exista un plan de lucha contra el fraude, como habían reclamado.

Respecto al aumento del impuesto al consumo de diésel, en Cs afirman que tienen el "compromiso" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para que, a través de una enmienda, esa subida finalmente se elimine en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos. "Si quieren un sí a los PGE, es una condición que estamos pidiendo, y hay un compromiso de que nuestra petición se pueda cumplir", han subrayado fuentes del partido liberal.

En cuanto a la decisión de subir del 10% al 21% el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, indican que es una medida que también se está adoptando en Europa.

Una vez incorporadas sus peticiones, en Ciudadanos descartan presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos en el Congreso y están dispuestos a apoyar la tramitación del proyecto del Gobierno.

"INVIABLE" UNA FOTO FINAL JUNTO A ERC Y BILDU

Su intención es participar en la negociación de las cuentas públicas para tratar de mejorarlas con sus aportaciones, que definirán una vez analicen los detalles del proyecto de ley que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Tal y como ha aclarado el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, no se puede dar por hecho que Cs vaya a votar a favor de los Presupuestos al final del proceso, sino que simplemente se han cumplido las condiciones mínimas para sentarse a hablar sobre ellos.

Sobre la posibilidad de que los PGE de 2021 se aprueben con el respaldo de Ciudadanos y, a la vez, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, Bal ha dicho que ve "inviable" esa foto final, teniendo en cuenta que ERC insiste en pedir la reactivación de la mesa de diálogo sobre Cataluña y la excarcelación de los condenados por el proceso independentista.

Por tanto, cree que "los Presupuestos estarán con Cs o estarán con Bildu y Esquerra", pero "todos juntos en esa foto parece muy, muy difícil, por no decir imposible".

En la formación naranja dan por hecho que el Gobierno hablará con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox, para intentar conseguir el máximo número de apoyos posible. Lo que les parecería "totalmente anómalo" es que accediera a mezclar las cuestiones presupuestarias con las reivindicaciones de los independentistas.

UNOS PRESUPUESTOS "LO MÁS SENSATOS POSIBLE"

Por su parte, Cs trabajará para lograr que los PGE de 2021 sean "lo más sensatos posible", asumiendo que no serán sus Presupuestos ideales, que tienen diez diputados y que por ahora no han tomado parte en la negociación.

De momento, el Ejecutivo de Sánchez no se ha puesto en contacto con ellos para comenzar las reuniones, pero el partido naranja ya tiene preparado a su equipo negociador, formado por la secretaria general, Marina Bravo, el vicesecretario primero, Carlos Cuadrado, el vicesecretario adjunto, José María Espejo-Saavedrea, y Edmundo Bal.

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha manifestado que los datos del coronavirus en Cantabria "no son nada buenos" y que la evolución de la pandemia es "rápidamente progresiva hacia el empeoramiento", por lo que no se descarta tomar medidas restrictivas adicionales.

Y especialmente de cara a este puente de Todos los Santos, ha avanzado que "es posible" que se aplique alguna medida relacionada con la restricción de la movilidad.

Así lo ha dicho Rodríguez este miércoles en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, para informar de la situación del Covid-19 en la región.

El consejero ha insistido en que los datos "no son nada buenos" en Cantabria, que en la jornada de ayer martes sumó 171 casos nuevos y una víctima más, una mujer de 97 años con comorbilidades que eleva el número de fallecidos a 248.

Además, el número de casos activos sigue creciendo y se sitúa en 1.799, y con él el de hospitalizados, que evoluciona "lentamente" pero de forma negativa.

El consejero ha destacado que el número de ingresos está siendo "muy superior" al de altas y por tanto está aumentando la ocupación hospitalaria. En concreto, la semana pasada hubo 60 hospitalizaciones y solo 24 altas, ha detallado.

A día de hoy son 100 los ingresados, 16 de ellos en UCI, y están distribuidos en los hospitales de Valdecilla (63), Sierrallana (20), Laredo (11) Tres Mares (6).

En cuanto al patrón de los hospitalizados, la media de edad es de 72 años, con una distribución similar por sexos, y la mayoría (el 61%) ingresan con diagnóstico de neumonía.

El resto de activos que no requieren hospitalización, 1.699, se encuentran en cuarentena domiciliaria. Además, hay en total 4.388 personas aisladas en sus hogares entre los positivos y los contactos que han dado negativo en las pruebas pero tienen que guardar cuarentena.

El total de positivos acumulados desde el inicio de la pandemia asciende a 10.283, de los cuáles 9.302 se han detectado mediante PCR y 981 a través de test detección anticuerpos. En cuanto a los curados, son ya 8.236, el 80% del total.

En la región se han realizado 231.052 test, lo que supone 39.748 por 100.000 habitantes. En este sentido el consejero ha destacado el "esfuerzo" que se está haciendo y ha indicado que la semana pasada se batió un nuevo récord con la realización de 11.570 pruebas, de las cuales fueron positivas el 10,5%.

Aunque ha lamentado que la semana pasada se cerró con 1.095 nuevos casos, duplicando la cifra de la anterior.

Así, la incidencia acumulada a los 14 días se sitúa actualmente en 322 casos por cada 100.000 habitantes, la positividad de las pruebas PCR en el 11,1% y el porcentaje de camas UCI ocupadas por casos Covid en el 15%.

En cuanto a los grupos de población afectados, el mayoritario sigue siendo el de 30 a 45 años (engloba en 22% de los contagios), seguido "muy de cerca" por el de 15 a 30 años y el de 45 a 60.

El consejero y la directora general se han referido también a los indicadores de evolución de la pandemia y de asistencia sanitaria, destacando que los primeros señalan que la evolución diaria es "claramente mala" y muestran un nivel de alerta "muy elevado"; mientras que los segundos, que se refieren a la ocupación de hospitales y UCI, son "desfavorables" aunque muestran una tendencia "más lenta, pero en todo caso negativa".

GRUPOS BURBUJA Y ÁMBITO EDUCATIVO

Navas ha destacado la importancia de reducir en las próximas semanas los grupos burbuja de convivencia, es decir, los grupos de personas que se relacionan habitualmente y sin medidas de seguridad, en los que entrarían los convivientes y miembros de la familia que residen en otros domicilios, compañeros o personas cercanas con las que se suele tener contacto.

La recomendación de Salud Pública es "hacer las burbujas pequeñas" para que hagan de "cortafuegos" del virus y relacionarse durante la próxima semana solo con las personas que entrarían dentro de dicho grupo.

Por otro lado, Navas ha destacado que la exposición del virus en el ámbito educativo se mantiene "estable" gracias al cumplimiento de las medidas de seguridad, por lo que ha dado las gracias por su esfuerzo a la comunidad educativa.

Actualmente hay 113 colegios y cinco residencias con casos positivos, y se espera que la semana que viene sea "complicada" por el festivo y la semana de descanso escolar, que puede suponer un aumento de contactos.

El PP pedirá este jueves al Gobierno "rectificar" la "intolerable injerencia" en Navarra que a su juicio recoge el acuerdo suscrito a finales de 2019 entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, por el que los nacionalistas vascos se comprometieron a apoyar la investidura del líder socialista.

Se trata de una de las proposiciones no de ley que los 'populares' registraron el pasado febrero en el Congreso, aún con Cayetana Álvarez de Toledo de portavoz, y que someterán a debate y votación en la Comisión de Política Territorial del Congreso.

"ABSOLUTO DESPRECIO" HACIA NAVARRA

En ese acuerdo, Sánchez y Ortuzar pactaron, entre otras cuestiones, traspasar en el periodo de seis meses las competencias de tráfico a Navarra y que los objetivos de déficit correspondientes al País Vasco y Navarra, así como los criterios de reinversión del superávit de las entidades locales, se discutan de forma bilateral en las respectivas comisiones mixtas de Concierto.

Desde el PP consideran "sorprendente, por no decir indignante", que un presidente entonces en funciones y el líder de un partido político que dirige el Gobierno de Euskadi actúen "con absoluto desprecio" hacia Navarra, acordando asuntos que corresponden "en exclusiva" a las instituciones forales.

Y, por ello, reclamarán a los grupos que apoyen su propuesta para que el Gobierno "no tome en consideración" los acuerdos suscritos entre el PSOE y el PNV en lo que a Navarra se refiere.

VASCOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA EN FUNCION DEL IDIOMA

En la misma sesión, Vox llevará otra iniciativa con la que persigue que el Ejecutivo haga todo lo que esté en su mano para garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución en el País Vasco y, en consecuencia, el derecho de todos los vascos "a no ser discriminados" por usar el castellano en sus relaciones con las administraciones públicas.

Los de Santiago Abascal plantean esta propuesta, a raíz del decreto de noviembre de 2019 en el que el Gobierno vasco reconoce que entre sus objetivos está el de "normalizar y fomentar el uso del euskera en la administración local con el objetivo de convertirla en lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades".

Y es que sostiene que este decreto supone "favorecer" la eliminación del castellano de las comunicaciones entre las entidades locales y los administrados y "dividir" a los vascos en ciudadanos de primera y de segunda en función de la lengua que empleen, lo que, de facto, supone una vulneración de la Constitución.

Partidos, entidades independentistas y sociedad civil han exigido este miércoles la libertad de los detenidos en el marco de la de la operación de la Guardia Civil que ha acabado con la detención de diversas personas relacionadas con este colectivo por un presunto desvío de fondos públicos al independentismo, entre los cuales David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler y Josep Lluís Alay

"El conjunto del soberanismo y los demócratas de este país exigimos la libertad inmediata de todas las personas detenidas en esta causa política contra el independentismo", recoge el manifiesto que han consensuado y que ha leído el actor Pepe Plana.

Según el texto, la operación ha evidenciado de nuevo que "la represión" no para después de que se hayan efectuado más de 30 registros y detenciones de activistas, empresarios y altos cargos del Govern.

"La represión tiene múltiples caras, pero siempre un mismo objetivo: limitar los derechos fundamentales de la ciudadanía y utilizar el miedo para perseguir la disidencia política", constatan.

Al acto ha acudido el expresidente de la Generalitat, Quim Torra; la consellera de Presidencia en funciones y portavoz del Govern, Meritxell Budó; la vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; el diputado de la CUP Carles Riera; el portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, y el presidente del PDeCAT, David Bonvehí.

También ha intervenido en el acto, que ha montado la empresa Events --registrada este mismo miércoles en el marco de dicha operación--, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

La ONG Provivienda ha presentado este miércoles el informe '¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler', del que se desprende que siete de cada diez inmobiliarias rechaza de forma explícita alquilar a migrantes.

Según ha explicado la organización, este estudio -financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- aborda el problema de la discriminación en la vivienda de personas extranjeras, especialmente de aquellas nacidas fuera de la UE.

El objetivo es "visibilizar la discriminación" que sufre este colectivo y sugerir alternativas desde las políticas públicas", según ha explicado el director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez.

Sobre el contenido del estudio, la ONG destaca que el 70% de las inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación y, de las restantes, una amplia mayoría acepta otras formas más sutiles, como reclamar un mayor número de garantías adicionales a las personas de otros países.

La responsable del área de Investigación de Provivienda, Elena Martínez, explica que, "en un primer contacto, en igualdad de condiciones, si pensamos en una familia con dos personas adultas y dos menores, a la extranjera se le niega mucho más las visitas a los pisos anunciados en Internet".

Para llegar a estos resultados se han realizado 1.836 llamadas respondiendo a anuncios de alquiler reales, a través de la metodología del testing inmobiliario. La clave del estudio es la búsqueda de respuestas distintas a dos tipos de llamadas telefónicas: de una persona autóctona y de una extranjera.

Dichas llamadas se complementan con las de otra, que se presenta como propietaria de una vivienda y que contacta a agencias inmobiliarias pidiendo explícitamente no alquilar a una persona inmigrante.

"El exceso de documentación requerida, el incremento de las garantías adicionales, engaños sobre las disponibilidad de viviendas o la presentación de cláusulas abusivas" son algunas de las manifestaciones discriminatorias que se han detectado al realizar este estudio.

Del mismo modo, la ONG denuncia "la ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación, desemboca en procesos de exclusión residencial". Por eso, ha señalado Martínez, "el acompañamiento del tercer sector y de las instituciones públicas es una pieza fundamental para luchar contra este grave problema".

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

Ante esta situación, la ONG urge a aprobar la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que contemple de forma clara el ámbito de la vivienda.

Además, recomienda la puesta en marcha de servicios de información y asesoramiento especializados, el impulso de servicios de mediación en alquiler, la formación a agentes clave, el reconocimiento de buenas prácticas inmobiliarias o, en el plano más restrictivo, la aplicación del derecho administrativo sancionador, e incluso penal para las situaciones más graves.

Provivienda también ve "imprescindible" complementar las medidas antidiscriminación con aquellas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas.

"La anunciada Ley del Derecho a la Vivienda, así como el aumento en los Presupuestos Generales del Estado en políticas públicas son una buena oportunidad para mejorar la garantía de los derechos humanos", ha concluido Eduardo Gutiérrez.

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han obligado a la Consejería de Educación a cerrar siete nuevas aulas en la Comunidad.

La medida afecta este miércoles a tres grupos en Burgos, un aula en León, una en Palencia, una de Valladolid y otra de Zamora. En estos momentos, hay un total de 136 aulas en cuarentena en Castilla y León, según los datos facilitados por la Consejería.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos.

En concreto, de las 136 aulas cuarentenadas 13 son de Ávila; 20 de Burgos; 25 de la provincia de León; 13 de Palencia; once de Salamanca; seis de Segovia; seis de Soria; 36 de la provincia de Valladolid y seis de Zamora.

En cuanto a los resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena, desde que empezara el curso se han confirmado 171 casos de alumnos y 23 de trabajadores con PCR positiva. Ocho de esas confirmaciones se han producido en la última jornada y corresponden a ocho alumnos.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

La Consejería de Salud ha confirmado 333 nuevos casos de covid-19 diagnosticados ayer martes. Asimismo, ayer se registró el fallecimiento de tres mujeres de 76, 78 y 81 años, y de dos hombres de 84 y 90. Dos de las personas fallecidas residían en un centro sociosanitario.

En las últimas 24 horas, se han registrado 72 ingresos por coronavirus en planta y 10 más en UCI. En total, hay 444 pacientes covid hospitalizados, entre confirmados y sospechosos. Además, otras 61 personas afectadas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, se produjeron 53 altas hospitalarias.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó el martes 3.960 pruebas PCR, por lo que la tasa de positividad se sitúa en el 8,4%.

RECOMENDACIONES

Las autoridades sanitarias piden a la ciudadanía que limite su vida social y la movilidad para frenar la trasmisión del virus, ya que la situación es crítica por el aumento de ingresos hospitalarios y de personas en estado grave, lo que provoca un incremento de los fallecimientos.

Así, la Dirección General de Salud Pública aconseja a las personas mayores de 65 años o con patologías crónicas que viven fuera de los entornos residenciales que extremen las medidas de protección y seguridad. También les pide que renuncien a las actividades grupales y a los encuentros en lugares cerrados.

También insta a la población a formar burbujas sociales para frenar el aumento de los contagios, que se están produciendo especialmente en los encuentros privados entre familiares y amistades.

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha expresado su rechazo a que "siga adelante" la propuesta del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos para reformar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al dudar de su constitucionalidad y considerar que "menoscaba gravemente la independencia" del órgano de Gobierno de los jueces. Además, ha realizado un llamamiento a los responsables políticos para que "alcancen los acuerdos oportunos" para su renovación.

En una reunión extraordinaria celebrada este viernes, el Pleno del órgano de gobierno del TSJPV ha aprobado, por nueve votos a favor y tres votos en contra, un acuerdo en el que expresa su "respeto institucional a quien ostenta la facultad de impulsar las iniciativas legislativas", pero también el "compromiso ético" que obliga "a todos los jueces a demandar que las reformas legales respeten la independencia judicial como garantía básica de los ciudadanos, sustentado en el apartado quinto de nuestros principios de ética judicial".

Por ello, la Sala de Gobierno expresa su "profunda preocupación" por la Proposición de Ley del PSOE y Unidas Podemos, "dirigida a modificar la mayoría necesaria para elegir y nombrar a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial".

En su opinión, esta reforma "presenta fundadas dudas de constitucionalidad, al eludir el consenso parlamentario exigido por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 108/1986 y dejar en manos de la mayoría de gobierno --sea cual fuere-- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial".

RECOMENDACIONES EUROPEAS

El órgano de Gobierno del TSJPV cree que esta modificación "se aleja de las recomendaciones efectuadas por las instituciones europeas, que vienen reclamando, desde hace tiempo, la necesidad de evitar la imagen de politización de la Justicia, que se proyecta con la designación íntegramente política de los miembros del CGPJ, y compromete la posición de España en la UE, al rebajar el estándar de independencia judicial exigible en un estado democrático".

"En estos difíciles momentos que atraviesa nuestro país como consecuencia de la pandemia por la covid-19 resulta más importante que nunca mantener la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, lo que exige apartarlo de la confrontación política", apunta el texto aprobado.

Por ello, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco muestra su rechazo a que "la reforma siga adelante, al menoscabar gravemente la independencia del órgano de gobierno de los Jueces", e insta a los responsables políticos "a alcanzar los oportunos acuerdos, apartándose de soluciones que mermen aún más la independencia del CGPJ".

El acuerdo ha contado con el voto discrepante de Garbiñe Biurrun, presidenta del TSJPV en funciones, Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, e Ines Soria, juez decana de Barakaldo (los tres asociados a Juezas y Jueces para la Democracia), por entender que esta cuestión "excede las competencias de la Sala de Gobierno".

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado que el Gobierno regional está estudiando cómo adaptar la prohibición de reuniones durante las 00 a las 6 horas, que aprobó el 24 de septiembre, al estado de alarma.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el decreto firmado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que adecua las medidas al estado de alarma no lo recogiese y las ampliase a seis personas.

Según ha desvelado, los técnicos de la Consejería de Sanidad están trabajando junto con la Abogacía General para ver de qué manera "se puede recoger esa voluntad bajo el paraguas del estado de alarma". "Imagino que en las próximas horas darán una solución", ha apuntado.

Aguado ha hecho hincapié en que ya recogieron su "voluntad" de que no se produjesen en la orden. Así, ha explicado que se está trabajando en esta línea, en ver "cómo esta medida", que siguen considerando "necesaria", se acopla al nuevo marco tras el estado de alarma para que no solo existan el toque de queda para que no se pueda salir del domicilio sino que además no puedan existir reuniones.

"No debemos reunirnos en los pisos, en las casas, no debemos hacerlo por un tema de convencimiento propio porque esa ahí donde se están produciendo el 80 por ciento de los contagios. Hasta que se pueda resolver ese problema jurídico, este encaje de la normativa, sí que ruego a los madrileños que sigan siendo igual de responsables", ha declarado.

El colectivo de abogados Alerta Solidària ha presentado una querella por los presuntos delitos de usurpación de estado civil, identidad digital y revelación de secretos a la portavoz de la organización juvenil independentista La Forja, en el marco de una supuesta trama de espionaje a movimientos sociales de Cataluña que varias organizaciones independentistas han hecho pública este miércoles.

La querella, presentada el lunes, detalla que se desconoce la identidad de los autores, y recoge un correo electrónico enviado desde su mail corporativo de la universidad que "en ningún caso envió ni autorizó a nadie a escribir en su nombre", y en el que se proporcionaba un teléfono de contacto que tampoco era el suyo, y reclama investigar la IP que se usó para mandarlo así como la titularidad del móvil.

Varias organizaciones independentistas han dado este miércoles una rueda de prensa frente a la Conselleria de Interior en la que el letrado de Alerta Solidària Xavier Pellicer ha afirmado que han "destapado una trama de espionaje al independentimo y a los movimientos sociales que apunta en algunos casos a la Generalitat", y que según ha publicado 'La Directa' también ha afectado a periodistas de VilaWeb y está supuestamente relacionada con los Mossos d'Esquadra y el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI).

Pellicer ha explicado que desde enero de 2020 varias organizaciones de izquierdas y movimientos sociales han "recibido correos electrónicos falseados por parte de actores desconocidos, con la clara intencionalidad de obtener información interna" como sus organigramas, estatutos y calendarios de reuniones.

Ha afirmado que también ha afectado al Sindicat de Llogaters, además de grupos libertarios y de la Esquerra Independentista, y ha aclarado que "no en todos los casos se ha podido acceder a las IP y saber de dónde provenían" aunque ha asegurado que algunas provenían del CTTI y del complejo central de Mossos, otras seis de Madrid y una de Vic (Barcelona).

La portavoz de La Forja, Lluna Berlanga, quien ya se ha querellado por estos hechos, ha llamado a hacer "una denuncia colectiva contra las prácticas delictivas cometidas en el cuerpo de Mossos", de quienes ha dicho que hacen juego sucio.

"Una parte del cuerpo está luchando en la trinchera del Estado español. Harán lo que haga falta, pisarán los derechos civiles y las leyes que sea necesario para hacer frente al independentismo y a los movimientos sociales", y en referencia al Govern ha pedido que investiguen el caso y expulsen a los agentes que puedan estar implicados.

Por su parte, la portavoz de Arran, Adriana Roca, ha asegurado que además de recibir mails de falsos remitentes, "se ha accedido a dos cuentas corporativas de la organización" para enviar mensajes pidiendo información interna y enviar correos al Sindicat de Llogaters, al grupo de apoyo a los detenidos en la operación Judas y a portavoces del colectivo de abogados Alerta Solidària.

"Como mínimo en dos ocasiones me han enviado, a mí como portavoz de Arran, correos a mi mail personal pidiendo información sobre el organigrama con el pretexto de invitarme a charlas", y ha asegurado que se trata de una práctica habitual de control social.

CONSELLERIA Y MOSSOS LO NIEGAN

En un comunicado tras publicarse estas informaciones, la Conselleria de Políticas Digitales ha afirmado que no ha "realizado ninguna actuación de espionaje, ni suplantación de identidad, ni accesos no autorizados", y ha señalado que la red corporativa de la Generalitat está centralizada y la gestiona el CTTI, de modo que la administración navega principalmente con IP adscritas al CTTI.

"Las conexiones desde cualquier ordenador ya sea una escuela, una delegación del Govern o cualquier otra dependencia aparecen siempre con el nombre del CTTI", ha explicado, y ha señalado que la función del centro es dar conectividad a toda la Generalitat.

Por su parte, los Mossos han negado también en un comunicado que hayan suplantado identidades digitales, y han remarcado que siempre que sus agentes "realizan diligencias de investigación en calidad de policía judicial, lo hacen bajo control judicial".

El cuerpo policial ha añadido que "en el ejercicio de estas funciones, los Mossos d'Esquadra no han llevado a cabo ninguna acción como la que describe el artículo ni similar".

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que el Ejecutivo foral no baraja "en este momento" un confinamiento como el aplicado en marzo y abril para frenar los contagios de Covid-19.

Induráin ha indicado que esta opción es "la última medida" y ha señalado que precisamente las medidas restrictivas que se están tomando en las últimas semanas buscan "evitar llegar a esta situación". "El confinamiento duro que todos tenemos en mente, el que vivimos, en este momento no es algo que estamos barajando, porque es la última medida", ha dicho, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, después de que este martes el director general de Salud, Carlos Artundo, planteara que se podría plantear un confinamiento "más duro" que el actual si las medidas en vigor no surten efecto.

La consejera de Salud ha incidido en que es necesaria "la implicación y la participación de la población" para que las medidas restrictivas adoptadas sean "efectivas". "Estamos poniendo en marcha todas estas medidas y las vamos evaluando, no tenemos contemplada ninguna otra y si se contemplaran iríamos informando", ha asegurado.

Así, por ejemplo, sobre un cierre perimetral de municipios, como se ha decidido en Euskadi, Induráin ha señalado que Navarra "tomó la medida pionera del cierre perimetral de toda la Comunidad, que luego ha sido seguida por otras Comunidades". "Medidas de otro tipo, que también se están estudiando en otras comunidades, vamos a ir viéndolas", ha indicado, para insistir en que "ahora lo que toca" es cumplir las medidas que están en vigor, "que son importantes, que son muy duras, y que sabemos la repercusión que tienen en las personas, en las familias". "Tenemos que sacar el máximo rendimiento entre todos", ha dicho.

Por otro lado, la consejera ha sido preguntada sobre la posibilidad de reforzar el teléfono de atención sanitaria 948290290 ante el elevado número de llamadas que recibe, un asunto sobre el que ha reconocido que "es un teléfono que tiene mucha ocupación" pero "también tiene muchas líneas y se han reforzado los profesionales".

Además, ha señalado que, al inicio de curso, cuando surgieron dudas relativas al ámbito de educación, se puso en marcha un teléfono específico para el área educativa, a lo que se unió también el teléfono 012 para otro tipo de dudas, todo ello con el objetivo de descongestionar las llamadas al teléfono de atención sanitaria.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha pedido a Suiza que localicen al arquitecto Norman Foster para que declare como testigo en la causa que investiga el presunto desfalco del Campus de la Justicia de Madrid. Asimismo, ordena a las autoridades helvéticas que procedan a su detención si el arquitecto se niega a comparecer.

El titular del Juzgado Central número 5 dictó un auto el pasado 23 de octubre en la que libra una comisión rogatoria a Suiza para que averigüen su domicilio con el fin de citarle a declarar como testigo en esta causa por videoconferencia el próximo 14 de diciembre.

El juez instructor adopta esta decisión después de que Reino Unido, a quien emitió a principios de año una Orden Europea de Investigación (EOI) con el mismo objetivo, contestara hace un mes que Foster reside en Suiza y que "debido a las restricciones impuestas por covid-19 y, a las medidas de cuarentena, no le es posible desplazarse hasta Reino Unido".

Según consta en la documentación remitida por la Unidad de Asistencia Internacional de Delincuencia Especializada Central británica al juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, Foster estaba dispuesto a viajar a Londres para comparecer como testigo, pero la crisis sanitaria se lo impedía.

En este sentido, la policía británica indica en su escrito que la Asesoría Jurídica de Foster and Partners había comunicado que "no tendría problema alguno en proporcionar por escrito la información solicitada por España", pero que no sabía "qué han de hacer para colaborar con la investigación".

EN "PARADERO DESCONOCIDO"

Con todo ello, el juez de la Audiencia Nacional pide a Suiza que "teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en paradero desconocido, y que han sido infructuosas las gestiones realizadas para la averiguación de su domicilio, se interesa que por las autoridades policiales competentes, se proceda a la averiguación de domicilio de Norman Foster, a efectos de su localización y citación".

El magistrado recuerda a las autoridades helvéticas que dicha citación debe hacerse "con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer".

En caso de que no se presente a la citación, el magistrado de la Audiencia Nacional ordena que "se proceda a su detención, al objeto de ser conducido por la fuerza pública al lugar que se fije para la práctica de la diligencia y así garantizar su cumplimiento".

UN CONTRATO POR MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA, una empresa de titularidad cien por cien pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de unificación de sedes judiciales. La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014 con Cristina Cifuentes al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Foster fue contratado en 2006 por el Gobierno de Esperanza Aguirre para construir dos de las 14 edificaciones interconectadas por una red de túneles que compondría el complejo urbanístico de la Ciudad de la Justicia, que finalmente quedó inacabada y en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado entonces 355 millones de euros.

En concreto, según expone la resolución de De la Mata, se le habría encargado levantar la sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia por 13, 7 millones de euros. Aunque en 2009, el gobierno madrileño y el despacho de arquitectos Foster and Partners firmaron el acta de suspensión del contrato, ya se habría facturado hasta 10,6 millones de euros por los trabajos realizados.

La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos societarios. Se encuentran investigados ocho personas, entre ellos el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada; el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños; el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid (CJM), Alicio de las Heras.

El juez afirma en su auto que la declaración del arquitecto serviría para esclarecer los hechos que están siendo investigados, ya que *ha quedado indiciariamente acreditado, entre otros elementos: la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico- organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc.

DOS INFORMES FISCALIZADORES

El juez De la Mata y la Fiscalía Anticorrupción, entre otras cosas, basan la investigación en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus de la Justicia que arroja diversas irregulares en distintos ámbitos.

La Cámara de Cuentas cifraba el importe total de la contratación analizada en 355.577.355,92 euros para un proyecto del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, que no llegó a tener ni luz.

Sin embargo, la defensa del exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia e Interior Alfredo Prada solicitó el archivo de la causa apoyándose en un informe del Tribunal de Cuentas, que expone numerosa documentación de la sociedad Ciudad de la Justicia de Madrid (CJM) de la que la Cámara de Cuentas de Madrid decía no disponer y concluye que no cabe apreciar indicios suficientes sobre un daño material de daño a los caudales públicos.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que ha ordenado la operación de este miércoles con 31 registros y una decena de investigados, lleva más de un año investigando si el presunto desvío de fondos procedentes de subvenciones públicas recibidas por la Fundación Catmón y la Asociación Igman, afines a la extinta CDC, pudieron servir para financiar el proceso soberanista o al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, según documentación del sumario consultada por Europa Press.

El juez investigaba si la estancia de Carles Puigdemont en Bruselas se financió a través de subvenciones supuestamente desviadas a fundaciones vinculadas al proceso independentista, y que según sus cálculos han recibido en seis años unos dos millones de euros.

Este miércoles, el juzgado ha ordenado la operación por presuntos delitos como malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, y/o desórdenes, en el marco de una pieza secreta durante un año y medio hasta este miércoles, en el que se ha levantado el secreto.

SUMARIO

Según un informe de la Guardia Civil de hace un año, que consta en el sumario de la causa, existe una anotación en la documentación intervenida sobre una reunión del "molt Honorable Presidente MHP (Puigdemont) con referencias a 100.000 euros y a los Mossos" y concreta que en esos momentos desconocían si se trataba de una subvención o no.

Se investiga en la causa si "con disposiciones de fondos públicos, obtenidas de forma irregular (coacciones a los técnicos), se benefició a ciertos partidos o personas concretas de forma injusta" vinculados con el proceso independentista, según este documento.

En un escrito del fiscal, se explica que anotaciones del presidente de la Fundación Catmón, Víctor Terradellas, uno de los principales investigados en la causa, en la documentación intervenida durante la operación, pueden referirse a "apoyos" que recibió el expresidente Puigdemont en su estancia en Berlín en abril de 2018.

También apunta a una subvención directa a Catmón por 100.000 euros concedida por la Conselleria de Presidencia de la Generalitat en 2015 y otra de 23.000 euros en 2017.

El fiscal pide prestar especial atención a los indicios aportados por la Guardia Civil sobre posible irregularidad de las subvenciones otorgadas al investigado Víctor Terradelles y a "sus indudables influencias en personas cercanas al poder en la Generalitat" como era Carles Puigdemont.

Terradellas, que fue detenido en una primera fase de la causa en mayo de 2018, es un expolítico catalán que en el año 2011 fue nombrado secretario de Relaciones Internacionales de CDC, y era editor de revistas como 'ONGC' y 'Catalan International View', y presidente de Catmón, cuya finalidad es "el conocimiento y reconocimiento de la nación catalana en la escena internacional.

INICIO DEL CASO

La investigación del juzgado se centra en la concesión presuntamente fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Diputación de Barcelona o de otros entes de la Generalitat como el Consell Català de l'Esport a varias instituciones y fundaciones como Catmón e Igman, afines a la extinta CDC, por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La investigación se inició con las denuncias a través de las quejas de diferentes técnicos de la Diputación, y documentos que fueron entregados de forma anónima al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), de donde parte de la investigación del 3%.

Se constató que fondos para cooperación al desarrollo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación que iban históricamente a ONG empezaron a concederse a entidades y fundaciones de la órbita de CDC.

Según consta en el sumario, entre 2011 y 2015 la Asociación Igman obtuvo 1,3 millones de euros, 119.514 de la Diputación, y la Fundación Catmón, 735.900 en ese periodo, 145.899 de la Diputación.

La Policía Nacional ha practicado tres detenciones en San Sebastián en una nueva operación bajo la dirección de la Audiencia Nacional relacionada con el yihadismo. La operación parte de una investigación de la Comisaría General de Información e incluye varios registros relacionados con los arrestados, que son de nacionalidad marroquí. Las actuaciones están coordinadas por el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional que dirige Ismael Moreno.

En otra operación de la Policía a mediados de octubre, que contó con la participación de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión de dos yihadistas detenidos en Melilla y Mogán (Las Palmas de Gran Canaria).

Formaban parte de una célula que reclutaba mujeres para "extender la verdadera religión" tras aceptar matrimonios polígamos para que su descendencia se convirtieran en futuros muyahidines.

El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) ha diseñado por quinto año consecutivo la muestra de una selección de 30 cultivares de calabaza que han crecido en la huerta para dar la bienvenida al otoño con un objetivo educativo y divulgativo y así dar a conocer más información sobre este producto, más allá de su relación con la fiesta de Halloween.

Los visitantes podrán disfrutar de cultivares curiosos como 'bip max', 'maza de Hércules', 'Peter Pan' o 'cabello de ángel, o la tradicional 'calabaza del peregrino', toda una institución para el RJB-CSIC dentro de la variedades de ejemplares por la historia que encierra y a la que los más pequeños llamen 'cantimplora' o 'pera gigante'.

La exposición es para todos los públicos y estará visible en la huerta del jardín durante las próximas semanas hasta que los ejemplares seleccionados ya no estén en condiciones de ser expuestos. Una vez terminada la muestra, las calabazas sobrantes se donarán a comedores sociales.

El centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) explica que la calabaza es una herbácea rastrera y trepadora, de la familia de las cucurbitáceas. En zonas de la huerta próximas a la exposición, se pueden ver calabazas que se han desarrollado colgadas de los arcos y guías.

Según su uso, se clasifican en comestibles (para humanos y ganados) y ornamentales. Las plantas cuyo fruto es comestible son anuales. Normalmente se emplean en cremas, guisos, potajes o guarnición. La variedad, de color blanco con dibujos verdes y forma esférica más o menos alargada, se la conoce como 'confitera de cidra'. Con su pulpa se prepara el cabello de ángel.

La hostelería compostelana toma las calles en defensa del sector. Cientos de personas se han concentrado y se han manifestado en Santiago para denunciar las consecuencias de las restricciones que sufren estos locales y el escenario crítico al que se ven sometidos y para reclamar a la Xunta que impulse un plan de rescate, con medidas de apoyo específicas que permita sacar a estos negocios de una situación "límite".

Los responsables de estos locales insisten en que no son un problema, sino "parte de la solución" y apelan a que el sector representa cerca del 20 por ciento del PIB gallego y se ve sometido a medidas "desproporcionadas", a pesar de que el Ministerio de Sanidad reduce los brotes en locales de ocio a un 2,1% del total y al 4,7% de los casos activos.

El sector se concentró sobre las 11,00 horas en la Praza do Obradoiro compostelana, con un cumplimiento escrupuloso de la normativa y de las medidas de distanciamiento interpersonal. Los actores Federico Pérez y Patricia Vázquez pusieron voz al manifiesto y a las reivindicaciones de los negocios compostelanos, que denuncian la situación "insostenible" en la que se encuentran.

Los trabajadores y representantes de estos negocios reclaman diálogo y que la Asociación de Hostelería y del ocio nocturno pueda estar en los foros en los que se debate y se discute sobre el sector y censuran que "no existe un plan de rescate, más allá de anuncios improvisados que no se concretan", de la mano del Gobierno gallego.

En este sentido, denuncian la "criminalización" a la que se ven sometidos, del mismo modo que en otros sectores de la sociedad, a pesar de que Galicia es el tercer territorio por la cola en número de casos por 100.000 habitantes y de que su actividad estuvo marcada por el cumplimiento "escrupuloso" de las medidas de seguridad, como demuestra la "práctica inexistencia de sanciones que existen".

MEDIDAS DE SEGURIDAD

De hecho, la seguridad marcó completamente la protesta. La marcha salió del emplazamiento con filas totalmente organizadas por las propias entidades convocantes, y que han estado vigilantes durante todo el trayecto de la manifestación.

La comitiva estuvo compuesta por cientos de trabajadores y caras conocidas de los locales y negocios de la capital gallega, tanto del ocio nocturno como de la propia restauración.

En declaraciones a los medios, Lois López, de la directiva de la Asociación Hostelería Compostela, ha calculado el apoyo del sector en la manifestación entre 1.500 y 2.000 personas y lo ha reivindicado para evidenciar el rechazo a las medidas "desproporcionadas" que sufren, las mismas que otros territorios que cuentan con una incidencia acumulada "que triplica" la gallega.

En todo caso, "si esas medidas son las que tienen que ser y si no hay otra manera de combatir a la pandemia", ha advertido, deben acompañarse de un plan de rescate económico para que estos negocios puedan afrontar los gastos fijos y no se vean obligados a decretar el cierre.

Al respecto, ha asegurado que los cálculos que manejan indican que el 30 por ciento de los establecimientos se verán obligados a "cerrar definitivamente" en caso de que no existan estas ayudas, necesarias para "poder seguir manteniendo estos negocios".

APOYAR A LOS PERJUDICADOS

La marcha contó, a su vez, con el apoyo de los diferentes grupos políticos de la corporación compostelana y con la presencia del regidor local, Xosé Sánchez Bugallo.

El alcalde ha trasladado su respeto al cumplimiento de la normativa, una cuestión que no es "contradictoria" con la necesidad de que se impulsen medidas para aquellos sectores que "se ven gravísimamente afectados" por la ejecución de estas restricciones y que están en situaciones "muy precarias", al tener que seguir asumiendo el pago de alquileres e impuestos, entre otros.

"Esto es como una guerra y hay un mando único. Si se quiere ganar la guerra lo que no podemos dedicarnos es a cuestionar las directrices que establece ese mando", ha reconocido, pero para advertir a "quien dicta" estas directrices de que tiene que "ser consciente del alcance y consecuencias" de estas medidas y elaborar un plan de compensaciones para apoyar a los perjudicados.

El Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha urgido este miércoles al Partido Popular a sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ya avisan que si no existe disposición en sentarse a hablar tendrá que seguir adelante con su reforma judicial, según han señalado fuentes de Moncloa.

Sin embargo, fuentes de la cúpula del PP responden al Ejecutivo que la primera de sus condiciones es que retirase la proposición de ley que registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para rebajar la mayoría parlamentaria en la elección del CGPJ, algo que, según subrayan, aún no se ha producido.

MONCLOA VE LA PELOTA EN EL TEJADO DE CASADO

En Moncloa creen que la pelota está en el tejado de Pablo Casado y que es el PP el que debe mover ficha tras el gesto que hizo Pedro Sánchez el pasado jueves --tras anunciar el Grupo Popular su "no" a la moción de censura de Vox-- anunciando que paralizaba la polémica reforma de la ley del Poder Judicial.

Según fuentes del Ejecutivo, el presidente del Gobierno ha dado un paso al ofrecer "parar la reforma" y sin embargo, siguen sin acuerdo. Por eso, ya avisan que no creen que puedan esperar mucho tiempo más si el primer partido de la oposición no se mueve.

GÉNOVA EXIGE ANTES QUE SE RETIRE LA REFORMA JUDICIAL

Sin embargo, el PP hace hincapié en que el Gobierno no ha retirado su reforma judicial, que es su "primera condición" para que puedan sentarse a hablar de este asunto. "Si la retiran, estaremos operativos, pero tienen que retirarla", insisten fuentes de la dirección del PP, que sitúan a su vez la pelota en el campo de juego del Gobierno.

Aparte de esa retirada, el primer partido de la oposición exige además al Gobierno de Pedro Sánchez "excluir" a Podemos de esa negociación y avanzar en la despolitización de la Justicia. A este respecto, el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que quiere "reforzar la independencia judicial".

"El PP ha dicho cuáles son las condiciones para continuar con las negociaciones. En primer lugar hay que retirar la proposición de ley que tiene como objetivo controlar el poder judicial. No caben trampas", declaró el pasado jueves desde Logroño la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamara.

La Plataforma Concertados, junto a varias organizaciones que representan a la enseñanza concertada, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña informativa y de protesta 'Más plurales, más libres, más iguales' contra la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida popularmente como 'Ley Celaá'.

Así lo ha dado conocer este miércoles el portavoz de la iniciativa, Jesús Muñoz de Priego, en una rueda de prensa 'online', en la que ha afirmado que la LOMLOE "es una muy mala ley, lo es en todo, sin excepción". "Lo es en cuanto al momento elegido, lo es en cuanto a las formas utilizadas y lo es también en cuanto al contenido", ha manifestado.

El portavoz ha avanzado algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo: de forma inmediata, una campaña de concienciación 'online' a través de la web de 'Más plurales, más libres, más iguales' y sus perfiles en las redes sociales principales; un manifiesto ya disponible en su web y una recogida de firmas contra la LOMLOE y en defensa de un sistema educativo plural que garantice la libertad de enseñanza y la convivencia de diferentes proyectos educativos que se entregarán en el Congreso de los Diputados.

También se pondrán en marcha, a partir de la próxima semana y durante el mes de noviembre, los 'miércoles de protesta' con concentraciones en los centros educativos una vez finaliza la jornada escolar, coordinados por las AMPAS y los consejos escolares; y los martes, a partir de noviembre, habrá movilizaciones ante el Congreso y las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Además, se ha lanzado la campaña del lazo naranja, como signo visual de las reclamaciones, que se colgarán en los centros escolares.

Respecto a las movilizaciones en la calle, el portavoz ha explicado que tendrán lugar "en la forma y momento que se estime oportuno", porque "depende mucho" de cómo va evolucionando la tramitación parlamentaria. No obstante, ha asegurado que, en este momento, se baraja que se realice no con personas sino con vehículos.

En su intervención inicial, Muñoz de Priego ha declarado que una pandemia mundial como la del coronavirus "no es el mejor momento" para promulgar una norma, "entre Estados de alarma, en una situación crítica sanitaria y, por ende, económica sin precedentes".

El portavoz ha explicado que esta situación excepcional ha hecho que se "hurte" el debate parlamentario, así como "agrede interesadamente el debate social", algo que ha calificado de "imperdonable" cuando se trata de una ley educativa. Así, ha argumentado que en los procesos electorales precedentes los partidos políticos reconocieron que la sociedad en su conjunto estaba reclamando un Pacto de Estado por la Educación y una "ley de consenso".

"Evidentemente, la LOMLOE no va a ser esa ley de consenso", ha declarado Muñoz de Priego, para después añadir que "ni siquiera ha buscado el diálogo" argumentado el rechazo a la participación de la comunidad educativa en la tramitación parlamentaria de la norma en las Cortes.

"UNA VUELTA" A LA LOE "CATORCE AÑOS DESPUÉS"

En cuanto al contenido del proyecto de ley, el portavoz de la iniciativa también se ha mostrado crítico, al considerar que constituye "una vuelta" a la Ley Orgánica de Educación (LOE) "catorce años después". "Lo peor de la LOMLOE ni siquiera es eso. Es el ataque que hace a las libertades públicas de los ciudadanos y, en particular, a la de elección y de enseñanza", ha enfatizado.

Entre los "agravios" de la 'Ley Celaá' a las libertades, Muñoz de Priego ha destacado que "elimina la demanda social como criterio a tener en cuenta en la programación de las plazas por parte de la Administración"; "se inventa un derecho a la educación pública".

Asimismo, ha criticado que la ley "posterga la asignatura de Religión, aún más de lo que ya está" e "impone" una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, "una especie de educación para la ciudadanía revivida, con las críticas de adoctrinamiento que ya tuvo esa asignatura y que se basaba en la imposición de valores no consensuada por la sociedad ni previamente elegida por los padres".

Además, el portavoz de la iniciativa de la enseñanza concertada ha apuntado que la norma "ataca la educación diferenciada, abocándola a la no financiación con fondos públicos o incluso a su desaparición", y ha añadido que "vuelve a limitar las funciones de gobierno de los centros concertados".

"La aparición, otra vez, del concejal en los consejos escolares de los centros concertados sólo puede valorarse como la pretensión de intromisión de un comisario político", ha subrayado, para después agregar que la 'Ley Celaá' "cuestiona la supervivencia" de los centros de educación especial y "no garantiza la educación en el idioma español".

De este modo, organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza concertada, junto con federaciones y asociaciones de padres y madres, han anunciado esta campaña estatal, que tendrá acciones paralelas en cada comunidad autónoma. Ante la situación de pandemia, el portavoz de la iniciativa ha asegurado que todas las actuaciones tendrán en cuenta esa circunstancias y se seguirán las indicaciones sanitarias.

El portavoz de la iniciativa ha afirmado que esta convocatoria de protesta se dirige a todas aquellas personas que creen en la libertad de enseñanza, independientemente de la titularidad del centro en el que estudien sus hijos, y ha señalado que el objetivo último sería paralizar la 'Ley Celaá' y lograr una norma educativa de consenso basada en un Pacto de Estado. En este punto, ha reconocido que "a estas alturas resulta harto improbable", por lo que esperan que la Ley sea "lo menos mala posible" y puedan producirse modificaciones en el proceso de tramitación.

En el acto de presentación de la campaña, la directora de comunicación de Escuelas Católicas, Victoria Moya, ha explicado que esta iniciativa pretende defender un sistema educativo "plural e inclusivo", en el que tengan cabida todas las personas.

CASI 4 MILLONES DE FAMILIAS AFECTADAS

En este sentido, Moya ha alertado de que este proyecto de ley afecta a más de 260.000 profesionales; cerca de cuatro millones de familias "a las que se limita el derecho a elegir" la educación de sus hijos; 3,3 millones de alumnos que eligen cursar la asignatura de religión en centros públicos y privados; y más de 9.300 centros de la red concertada y privada que "ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos".

Las entidades que participan en este campaña son la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Escuelas Católicas, Escuela Cristina de Cataluña, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), la Federación de Enseñanza de USO (feUSO), LibresParaElegir.org, #ReliEsMás, YoLibre.org, ¡VenyVerás!, y la Federación Madrileña de Familias Numerosas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado este miércoles que el actual decreto de estado de alarma, aprobado el pasado domingo, "no permite confinamientos domiciliarios, ni de un día, ni de dos días, ni de fin de semana", aunque no ha descartado que puedan incluirse en el futuro.

Illa ha respondido así, en una entrevista en TV3, a la propuesta de la Generalitat de implantar un confinamiento total en Cataluña el próximo sábado y domingo; aunque ha recordado que el decreto sí que permite que las Comunidades Autónomas ordenen "confinamientos perimetrales muy estrictos".

"Creo que hay un abanico de posibilidades previas que nos podrían permitir estabilizar y rebajar la curva", ha afirmado Illa, que ha descartado que el Gobierno cambie el decreto en los próximos días para permitir un confinamiento domiciliario de fin de semana.

El ministro ha añadido que el pasado lunes se reunió con la Consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, y que ésta mencionó la idea de los confinamientos domiciliarios, pero que el ejecutivo catalán aún no la ha planteado al Gobierno: "Una petición formal yo no la tengo en este momento.

El ministro ha mostrado su apoyo a las medidas tomadas hasta ahora por el Govern, que ha considerado proporcionadas a la situación epidemiológica, aunque ha recordado que "estas medidas no dan frutos de hoy para mañana, sino que tardan un período de tiempo en poder hacer efecto".

Andalucía suma este miércoles 28 de octubre 33 muertos por coronavirus Covid-19 en 24 horas, 19 menos que la víspera pero quinta mayor cifra en la segunda ola de la pandemia, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 2.042 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, 781 menos que este martes.

La provincia de Jaén con once muertes, Sevilla con nueve y Granada con ocho concentran la mayoría de los 33 decesos de la jornada, que también suman dos fallecidos en Málaga y Córdoba y uno en Almería. Las provincias de Cádiz y Huelva no registran muertes este miércoles.

Después de ser superada por Sevilla la víspera, la provincia Granada vuelve a encabezar los casos confirmados en 24 horas con 454, seguida por Sevilla con 335, Málaga con 316, Jaén con 226 y Córdoba con 201. Por debajo de los 200 positivos diarios figuran Almería con 187, Huelva con 165 y Cádiz con 158.

Por su parte, los hospitales andaluces registran una nueva jornada de aumento de su presión asistencial con 2.312 pacientes ingresados por Covid-19, 50 más en 24 horas y 745 más que hace una semana, mientras que el número de ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sube hasta los 293, once más que este martes y 95 más que hace siete días.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, Sevilla continúa como la provincia con más pacientes y más ingresos en UCI, con 668 hospitalizados, de los que 78 están en UCI, seguida de Granada con 558 y 75 en UCI, Málaga con 237 y 37 en UCI, Jaén con 232 y 28 en UCI, Cádiz con 225 y 30 en UCI, Córdoba con 222 y 26 en UCI, Almería con 67 y 12 en UCI, y Huelva con 83 y seis en UCI.

CUATRO NUEVOS BROTES EN RESIDENCIAS DE MAYORES

En relación con los brotes en residencias de mayores, Salud ha indicado que en la Residencia Nuestra Señor de la Misericordia de Loja (Granada) hay 74 casos confirmados --49 residentes y 25 trabajadores-- y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24horas, mientras que en la Residencia La Granja de Jerez (Cádiz) hay 41 confirmados --32 residentes y 9 trabajadores--; en la Residencia Santa Clara Los Milagros de Málaga se mantienen 20 casos y se ha notificado un fallecimiento --3 en total--; y en la Residencia Jesús Nazareno de Córdoba hay 67 casos --49 residentes y 18 trabajadores-- y se ha notificado una muerte.

Además, en la Residencia San Andrés de Córdoba se registran 33 casos confirmados --30 residentes y 3 trabajadores--, y se han declarado cuatro nuevos brotes: en la Residencia Santa Teresa de Linares (Jaén) hay 17 casos confirmados --4 residentes y 13 trabajadores--; en la Residencia Santo Cristo del Bosque de Bacares (Almería) hay 18 casos --13 residentes y 5 trabajadores--; en la Residencia Regina de Churriana de la Vega (Granada) hay diez casos confirmados; y en la Residencia La Alegría de Carmona (Sevilla) hay diez casos confirmados --8 residentes y 2 trabajadores--.

Por otro lado, la Consejería de Salud aclara que en el comunicado de este martes se imformó de un nuevo brote en la Residencia Geriátrica Mixta de Linares (Jaén) con diez casos confirmados, y que por error se notificó que los afectados eran ocho residentes y dos trabajadores, cuando realmente es al contrario. Además, indica que en las últimas 24 horas, los casos confirmados en esta residencia han subido a once, estando afectados dos residentes y nueve trabajadores.

Por último, informa de que en el brote declarado en la Residencia de Estudiantes Les Roches de Marbella (Málaga) hay 55 casos confirmados.

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 121.733 casos confirmados, 2.042 en 24 horas, y ha alcanzado las 2.435 muertes tras sumar 33 en un día. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 12.888, 182 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.253, tras sumar 12 en 24 horas, y el número de curados alcanza los 49.697, después de sumar 1.125 en 24 horas.

JAÉN SUMA ONCE MUERTES EN 24 HORAS

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.435 muertes desde el inicio de la pandemia --33 más en 24 horas--, Sevilla con 513 --nueve más-- y Málaga con 479 --dos más-- se sitúan como las provincias con más fallecidos, seguidas de Granada con 424 --ocho más--, Jaén con 287 --once más--, Cádiz con 274, Córdoba con 241 --dos más--, Almería con 150 --uno más-- y Huelva con 67.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 121.733 desde el inicio de la pandemia --2.042 más en 24 horas--, liderados por Sevilla, con 28.040 casos --335 más--, seguida de Málaga con 21.958 positivos --316 más--, Granada con 21.239 --454 más--, Córdoba con 13.012 --201 más--, Cádiz con 11.431 --158 más--, Jaén con 11.478 --226 más--, Almería con 10.881 --187 más--, y Huelva con 3.694 --165 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 12.888 --182 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 2.941 --54 más--, seguida por Málaga con 2.735 --13 más--, Granada con 2.082 --45 más--, Jaén con 1.384 --26 más--, Córdoba con 1.344 --23 más--, Cádiz con 1.188 --siete más--, Almería con 854 --cinco más-- y Huelva con 360.

De ellos, 1.253 han pasado por la UCI en Andalucía, 12 más en 24 horas, con la provincia de Málaga a la cabeza con 255, seguida de Sevilla con 251 --tres más--, Granada con 173, Córdoba con 154, Jaén con 137 --tres más--, Cádiz con 132 --dos más--, Almería con 114 --cuatro más-- y Huelva con 36.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 49.697 en toda la región, 1.125 más en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 13.371 --381 más--, seguida de Almería con 7.938 --68 más--, Sevilla con 7.614 --153 más--, Granada con 5.440 --129 más--, Cádiz con 5.181 --145 más--, Córdoba con 5.069 --200 más--, Jaén con 4.067 --24 más-- y Huelva con 1.017 --25 más--.

La Guardia Civil ha detenido a 21 personas en la operación desarrollada este miércoles bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en el que se investigan el desvío de fondos de personalidades ligadas al independentismo catalán, así como irregularidades en la recalificación de terrenos.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, las detenciones y los 31 registros en Barcelona y Girona practicados esta mañana se enmarcan en la tercera fase de explotación de la Operación Volhov. Los 21 arrestados están acusados por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

La operación se lleva a cabo como derivación de las Diligencias Previas 111/16, instruidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que venía investigando un presunto desvío de fondos públicos cuyo origen era la Diputación de Barcelona y la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanas.

COMPLEIX VILLABUGATTI

Según la Guardia Civil, durante la investigación los agentes descubrieron la "supuesta prevaricación en la recalificación de terrenos rústicos para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en la localidad Cabrera de Mar (Barcelona), en la zona denominada Compleix Villabugatti".

"Además de la recalificación se constataron adjudicaciones de obra por procedimientos no reglados, irregularidades por parte del Departament d'Educació de la Generalitat de Cataluña en la concesión del concierto de la escuela y la modificación irregular del terreno de rústico a urbanizable, mediante la recalificación municipal aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Cabrera de Mar", según añade la nota de la Guardia Civil.

Según ha adelantado El Confidencial, la recalificación de Villabugatti está relacionada con el empresario Xavier Vendrell, uno de los detenidos en el operativo de este miércoles.

Se trata de un exdirigente de ERC y antiguo militante de Terra Lliure y fue diputado y conseller de Gobernación en el tripartito de Pasqual Maragall, pasando luego a la actividad en el mundo empresarial. Así, presidió la Cámara de Comercio Colombo-Catalana y ejerció como consejero delegado de los grupos Barcelona Export Group y Biomek Group.

DIFERENTES VÍAS DE FINANCIACIÓN

La Guardia Civil ha añadido que en esta causa se investigan "diferentes vías de financiación con fondos públicos de actividades irregulares ajenas al destino legal que dicho dinero tendría por objeto". Por este motivo, y en el proceso de las 31 entradas y registros, se ha intervenido "gran cantidad de documentación, así como soportes informáticos y telefonía móvil para su estudio y análisis". La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Además de Vendrell, la Guardia Civil ha detenido este miércoles a David Madí, Oriol Soler y Josep Lluís Alay, entre otros empresarios y personalidades ligadas al independentismo y, especialmente, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, según adelantaron fuentes de la investigación.

Según señaló a primera hora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la operación se enmarca en delitos relacionados con la corrupción y desórdenes públicos, y se remonta a la investigación que arrancó en 2016 por supuesto desvío de fondos públicos desde la Diputación de Barcelona. Fuentes de la investigación han confirmado que se rastrea la relación de los detenidos con el Tsunami Democrátic, la plataforma que lideró los disturbios por la sentencia que condenó hace un año a los líderes independentistas.

Otros de los investigados son el presidente de la Plataforma ProSeleccions Catalanes, Xavier Vinyals; empresarios relacionados con eventos deportivos como Antonio Fuste; Roc Aguilera; el alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir, y el interventor delegado, Jordi Serra; y Pilar Contreras y Marta Molina.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles proponer al Congreso de los Diputados la modificación de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia para introducir varios cambios que la hagan "más precisa y más respetuosa" con las personas con discapacidad.

La propuesta de reforma de este documento, que se aprobó de forma unánime en la Cámara baja en 2002, será remitida al Congreso por el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito, y responde a la petición que la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) hizo llegar al vocal y presidente del Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ, Juan Manuel Fernández.

Según ha explicado el órgano judicial, los cambios del texto propuestos comienzan por sustituir la expresión "los más débiles" del Título II de la Carta por la de "personas en situación de vulnerabilidad".

El Foro Justicia y Discapacidad considera que "el desconocimiento de la sociedad civil y de los poderes públicos respecto de las características y necesidades concretas de los distintos colectivos de personas con discapacidad puede llegar a situarles en una situación de inferioridad y de desigualdad de oportunidades".

ELIMINAR "MUDO" E "INTÉRPRETE DE SIGNOS"

Esta circunstancia sin embargo, explican, no debe llevar a pensar que "son más débiles", sino "que se encuentran en una situación que las hace más vulnerables".

También se propone sustituir el término "discapacitado" del segundo apartado del título II por la expresión "personas con discapacidad", ya que el primero "transmite la idea errónea de que la persona está limitada en todas sus capacidades". El objetivo es utilizar la fórmula "más exacta la situación de las personas que tienen una discapacidad y ven limitados algunos aspectos de su vida cotidiana".

El CGPJ quiere también suprimir los términos "mudo" e "intérprete de signos" del punto 30 de la Carta. A su juicio, la definición de "mudo" resulta "inapropiada" debido a que el mutismo puede no ser causado por la sordera, sino por otras causas.

En relación con la expresión "intérprete de signos", se consideraincorrecta e imprecisa porque los signos, de forma aislada, no tienen un significado gramatical pleno; sin embargo, la lengua de signos tiene una estructura y una gramática propias que utilizan las personas signantes y las personas sordociegas que emplean este sistema de comunicación.

Del mismo modo, quieren hacer una mención expresa a los servicios de videointerpretación en el punto 30, por entender que son "básicos e imprescindibles para las personas con discapacidad sensorial".

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles la creación de una ventanilla única para centralizar el control de las aduanas de entrada del bloque, por las que entran al año bienes por valor de 3,5 billones de euros, además de simplificar los procedimientos y hacerlos más digitales.

La crisis del coronavirus, argumenta Bruselas, ha subrayado la importancia de tener un sistema "sólido" de controles en aduanas que permita que el comercio "fluya fácilmente" y al mismo tiempo "proteja a los ciudadanos europeos, las empresas y el medio ambiente". Este hecho "será incluso más importante a medida que siguen creciendo los intercambios comerciales y los retos relacionados con la digitalización y el comercio electrónico".

"La digitalización, la globalización y la naturaleza cambiante del comercio presenta tanto riesgos como oportunidades. Para enfrentarse a estos desafíos las autoridades de aduanas deben actuar como una sola, con un enfoque más holístico a los muchos controles y procedimientos necesarios para un comercio fluido y seguro", ha expresado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que en la actualidad las formalidades que se deben cumplir en las fronteras del bloque "involucran a muchas autoridades diferentes" a cargo de diferentes sectores como la salud, el medio ambiente, el sector primario o la cultura. Esto conlleva que las empresas que importan o exportan bienes tienen que remitir información relevante a todas estas autoridades, cada una con sus portales específicos y procedimientos.

Así, el objetivo de la ventanilla única de aduanas será reducir la carga administrativa de las compañías, mejorar la eficiencia en la aprobación de bienes que entran en la UE e impulsar una mejor cooperación y coordinación digital entre las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros.

La propuesta que ha desvelado este miércoles la Comisión, sin embargo, será solo un "primer paso" de un proyecto "ambicioso" que exigirá "importantes inversiones tanto en la UE como en los Estados miembros" y conllevará una "aplicación gradual" de la iniciativa durante aproximadamente una década.

Para ello, los socios comunitarios tendrán que invertir dinero para transformar su legislación nacional de aduanas y sus procedimientos de control, así como para actualizar los sistemas informáticos.

A lo largo de este proceso, los Estados miembros tendrán que poner en marcha su propia ventanilla única, a través de la cual las empresas puedan transmitir la información relacionada con los bienes que quieren importar o exportar. Estos portales nacionales serán conectados después a una plataforma europea que desarrollará el Ejecutivo comunitario.

En última instancia, la ventanilla única europeo reemplazará la "multitud de diferentes portales que utilizan las autoridades responsables de los controles fronterizos", creando así un enfoque "mucho más simplificado y coordinado".

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha acusado este miércoles al PP de remar contra los intereses de España y le ha emplazado a "tejer consensos: "Dejen de visitar embajadas pidiendo que la UE no nos conceda los fondos que tanto necesitamos", ha dicho en el pleno del Congreso.

En respuesta a una interpelación de la 'popular' Valentina Martínez Ferro sobre el "grave deterioro de la imagen de España", González Laya ha dicho que el PP no quiere ver que la pandemia no es una crisis exclusiva de y, como en otras ocasiones, ha acusado a los 'populares' de "deslealtad".

A su juicio, "si hay algo que daña" la imagen de España es la "enorme polarización y tensión" a la que los 'populares' contribuyen. "No sé si quieren apagar fuegos o echar gasolina, se ofrecen como bomberos pero tienen actitudes de pirómanos", ha remarcado.

De hecho, ha recalcado que el Gobierno ha tenido que dedicar esfuerzos a "desmentir afirmaciones de sus compañeros de filas en el Parlamento europeo" contra el primer estado de alarma. "España era un infierno, era lo que estaban diciendo", ha avisado.

"La imagen de España es también la del consenso que podamos construir y en estos meses ha quedado la imagen fuera de nuestras fronteras de que había fuerzas políticas que maniobraban para erosionar al Gobierno y eso no se lo merecen los ciudadanos", ha zanjado.

La jefa de la diplomacia y la diputada se han acusado mutuamente de no ver la realidad de España. "Me preocupa su incapacidad para ver la realidad porque no le permite afrontarla. Que crea que el problema de su imagen exterior es el PP y no sus socios de coalición es preocupante", ha advertido Martínez Ferro.

La 'popular' también ha cargado contra la pretensión de aprobar un estado de alarma de seis meses, "sin control parlamentario, acabando con la seguridad jurídica y destrozando el ánimo de los españoles y la esperanza de la recuperación", porque eso tendrá "consecuencias en la credibilidad y la confianza exterior" en España,

Sin embargo, la ministra ha replicado que la votación del estado de alarma será uno de los tres momentos en los que el PP puede demostrar su "voluntad de cooperación" por el bien de la imagen de España. Los otros dos son la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La ministra ha instado a los 'populares' contribuir a la imagen de España y a "no dar la razón a Antonio Machado con eso de que en España de cada 10 cabezas nueve embisten y una piensa".

Martínez Ferro ha leído en la tribuna una sucesión de titulares y fragmentos de texto de prensa internacional muy duros con España y su gestión de la pandemia y ha responsabilizado al Gobierno por su "pésima gestión sanitaria", su "nula gestión económica" y por provocar una "crisis institucional.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, medios suficientes para afrontar la amenaza del hambre porque "ahora no cabe la excusa de la sorpresa, ni de la improvisación".

Hernández, acompañado por los ediles Maite Pacheco e Ignacio Benito, ha visitado este miércoles la despensa solidaria de la parroquia de San Juan de Dios y la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Eugenia, en Villa de Vallecas.

La parroquia reparte una media mensual de 80 toneladas de alimentos, 9.000 pañales y otros productos de higiene. La Escuela de Hostelería ha llegado a servir hasta 15.000 menús diarios desde el 7 de abril para familias vulnerables y personal sanitario.

Hernández ha alertado de que las consecuencias económicas y sociales de esta segunda ola pueden ser similares a los ya sufridos en la primera, "con el agravante de que muchas empresas no han podido recuperarse todavía" y, sobre todo, teniendo en cuenta que "el crecimiento anual del paro en Madrid es del 38 por ciento, más del doble de la tasa de crecimiento anual en España, que no llega al 16.

CRECE LA BRECHA DEL PARO FEMENINO

También ha destacado el incremento del paro femenino y que, según la última EPA, "la tasa de paro en la ciudad de Madrid está por encima de la de la Comunidad, cuando generalmente es al revés". Para el portavoz municipal, todos estos datos implicarán un crecimiento de la demanda de atención social, "empezando por las necesidades más básicas, como la alimentación".

Por ello ha exigido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que "dispongan de los medios necesarios para afrontarla porque "ahora no cabe la excusa de la sorpresa ni de la improvisación".

Pepu Hernández se ha mostrado preocupado por el retraso del Gobierno municipal en poner en marcha las medidas de emergencia previstas en los Acuerdos de la Villa, sobre todo los refuerzos de las plantillas en Servicios Sociales y de emergencia y la Tarjeta Familias, "que debería estar ya operativa".

El edil ha hecho hincapié en el que esta segunda ola va a coincidir con la llegada del frío, de modo que "hay que reforzar los recursos de la Campaña del Frío y también disponer de otros para quienes tienen vivienda pero no medios para calentarse".

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha defendido la necesidad de aplicar "cualquier medida que garantice que el virus no se expanda más", como el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana este fin de semana por el Puente de Todos los Santos y más a largo plazo.

"No nos tiene que temblar el pulso", ha aseverado a preguntas de los periodistas en Alicante, algo que ha justificado rechazando la falsa dicotomía entre salud y economía porque "sin vida no hay economía".

Otra ha hecho hincapié en que "cualquier medida eficaz para frenar la pandemia se ha de tomar" y ha asegurado que ella aboga por "medidas más restrictivas, más contundentes" que el cierre perimetral de la Comunitat durante solo un fin de semana.

Más allá de este cierre, ha pedido un pensamiento colectivo poniendo a Wuhan (China) como ejemplo porque "ya van sin mascarilla tras 75 días cerrados a cal y canto". "Más vale un tiempo de restricciones más contundentes", ha insistido.

Sobre las fiestas navideñas, Oltra (Compromís) ha enfatizado: "Salvar la Navidad es que esté todo el mundo en la mesa aunque no podamos estar en la misma: es que nadie falte en la mesa. Si tenemos que estar en mesas separadas, ya vendrán otras Navidades".

De lo contrario, ha alertado que se puede generar "un pozo de tristeza, melancolía y desesperanza en la gente, que cuando cree que se acaba la pandemia vuelve a empezar. "Lo que tenemos que hacer es acabar", ha reivindicado, porque "más vale una vez 'colorao' que ciento amarillo" y "la gente quiere ver ya el final del túnel".

NO BAJAR LA GUARDIA EN LAS RESIDENCIAS

La también consellera de Políticas inclusivas ha llamado a "no bajar la guardia" en las residencias de mayores aunque ha reconocido que de momento estos centros están logrando "contener" la evolución del virus.

"Con toda la prudencia del mundo, porque este virus es muy maldito, todavía hay que desentrañarlo, y cada día cambia la situación, es indudable que hemos aprendido de la primera oleada y del terrible mes de abril que fue muy doloroso en las residencias", ha aseverado.

Pero, ha recalcado, "hay que cumplir los protocolos a rajatabla: máxima prudencia, material de protección, higiene de manos, distancia social y cumplimiento estricto de las medidas tanto de la Conselleria de Igualdad como de Sanidad para proteger y protegernos".