La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido este miércoles en el Congreso que no ve «sostenible» autorizar cambios en la potencia contratada de suministro energético sin penalización, tal y como se permitió durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19: «No son medidas que podamos mantener en el tiempo», ha dicho.
Y es que en la sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara Baja este miércoles la portavoz energética de Ciudadanos, Mari Carmen Martínez, ha dirigido una interpelación a la vicepresidenta cuarta para solicitarle la extensión de esta medida, que ha celebrado como «muy acertada» para aligerar los costes fijos de las empresas afectadas por las restricciones o la caída de la actividad, especialmente en los sectores agrícola y turístico.
Martínez Granados ha señalado que esta posibilidad permitió «respirar un poco» a estos sectores, «pero sólo durante unos meses», cuando la crisis «está durando mucho más» de lo esperado. Su intención pasaba por impulsar esta medida en la tramitación parlamentaria del decreto pero, ha lamentado, un año después sigue sin constituirse la ponencia por la ampliación de plazos en la Mesa del Congreso.
Sin embargo, Ribera ha dicho que esta medida «no es sostenible en el tiempo si no se traduce en un incremento muy notable del resto de consumidores», por lo que ha defendido otras medidas, como el plan de ayudas anunciado este miércoles por el presidente Pedro Sánchez de 11.000 millones para cubrir costes, o las medidas programadas por su departamento dirigidas a reducir los costes energéticos.
«No es posible imaginar un escenario técnico de coste cero donde los usuarios solo tengan que estar dados de alta unos meses», ha justificado Ribera, que cree que eso provocaría una «distorsión enorme» el coste del resto de consumidores.
CAMBIO EN EL SISTEMA DE CARGOS «EN LOS PRÓXIMOS MESES»
Ribera ha concedido que en el consumo energético «hay costes que son poco flexibles», y pese a la reducción del coste de la electricidad en el mercado marginalista, ha defendido medidas como el cambio de tarifa para reducir la parte fija y aumentar el peso de la variable y la modificación del sistema de cargos, un cambio que, ha dicho, «entrará en funcionamiento en los próximos meses».
Este cambio, estima Ribera, beneficiará a las pequeñas instalaciones de regadío o del turismo y la hostelería con una rebaja del coste energético en un 10%, y en un 8% para las grandes. Unido al Fondo de Sostenibilidad, espera que la rebaja alcance hasta el 21% al año en 2025 respecto al coste de 2019.
PROGRAMA PARA EL AUTOCONSUMO DE HASTA 400 MILLONES
Asimismo, Ribera ha destacado otras medidas con las que espera reducir el coste energético, como el fomento del autoconsumo en la industria y los servicios, con un próximo lanzamiento de ayudas por 200 millones de euros ampliables hasta 400 millones, «una de las primeras medidas», ha asegurado, del Plan de Recuperación.
También programas de ayuda para la rehabilitación de edificios en eficiencia energética, dotado con 300 millones, para el cual, ha dicho, hay comunidades «enormemente diligentes» en su aplicación y difusión, «pero otras en las que se ha ralentizado».
