La plataforma ‘Más Plurales’, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, volverá a salir a la calle este miércoles 16 de diciembre para protestar contra la reforma educativa, la LOMLOE, también conocida como ‘Ley Celaá’.

En esta ocasión, el escenario elegido es frente a las puertas del Senado, donde continúa el trámite de esta nueva ley, después de que el 19 de noviembre se aprobara la norma en el Pleno del Congreso por 177 votos a favor, una mayoría absoluta exigida al tratarse de una Ley Orgánica.

La plataforma que abandera las movilizaciones de la concertada para intentar la paralización de la ley, también ha animado a concentrarse frente a las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas.

Con esta sería ya la quinta movilización de esta plataforma desde que se iniciara el trámite parlamentario de la ley, después de la concentración de vehículos celebrada el domingo 22 de noviembre por todas las ciudades de España y otras cuatro concentraciones frente a las puertas del Congreso en el mes de noviembre (el día 5, el 10 y el 13), así como protestas convocadas cada miércoles en los centros concertados de todo el país.

Todas estas movilizaciones se enmarcan en el calendario de acciones previstas de la campaña ‘Más Plurales, Más Libres, Más Iguales’ que ha puesto en marcha la plataforma –a la que también se han unido asociaciones de educación católica y de la educación especial– para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada «sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil».

Además, para esta Plataforma, esta norma supone un «ataque» a la concertada, pero también a la educación especial y a la educación católica.

De momento, el proyecto, que todavía tiene que ser debatido y votado en el Senado para luego regresar al Congreso –donde quedaría finalmente aprobada– contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de «demanda social» de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.

Para Más Plurales, la supresión de la «demanda social» de los centros privados sostenidos con fondos públicos «deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos», lo que para ellos supone un «ataque a la libertad» porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.

Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio «relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar».

Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar «con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.

La derecha española (PP, Cs y Vox), que votó en contra de la norma en el Congreso, también ha iniciado su propia campaña de desprestigio de la ‘Ley Celaá’, por lo que en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a esta Plataforma. De hecho, las tres formaciones ya anunciaron que recurrirían la ley ante el Tribunal Constitucional en caso de llegar ésta a aprobarse, lo que previsiblemente sucederá.

La concentración de este miércoles no será la última. El próximo domingo día 20 de diciembre, la Plataforma tiene previsto emular la concentración de vehículos del pasado 22 de noviembre por todas las ciudades de España.

El PSOE ha criticado que las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular vayan a adelantar la matriculación del curso escolar para «burlar» la nueva ley de educación, conocida coloquialmente como ‘Ley Celaá‘.

«Lo van a hacer para burlar la nueva ley de educación. Casado es un experto en trampas educativas, lo que no es de recibo es que quiera aplicarlas además a la educación de las comunidades autónomas donde gobierna», ha señalado este domingo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil.

En este punto, el portavoz socialista ha asegurado que «muchos españoles verían con buenos ojos que Casado dejara de pensar solamente en sí mismo y empezara a actuar con responsabilidad y con madurez».

Así, ha destacado que «un ejemplo más de esta falta de responsabilidad» es el anuncio del presidente del PP de que las comunidades autónomas en las que gobierna van a adelantar el plazo de matriculación del próximo curso escolar.

Gil también ha criticado a los populares por volver a «incidir en el error» en su veto a los Presupuestos Generales del Estado también en el Senado y ha señalado que el PP «rechaza formar parte de la solución a la crisis y apuesta por seguir formando parte del problema».

«Respecto al veto a la totalidad que ha presentado la derecha y la ultraderecha en el Senado, no nos sorprende», ha sentenciado Gil, destacando que el PP «sigue encadenando a la ultraderecha y se opone a unas cuentas que benefician a todos».

Para el portavoz socialista, estos Presupuestos son un «salto de gigante» para la cohesión social y para la vertebración territorial de España. En este sentido, ha celebrado que «no son solo los Presupuestos más sociales, sino que también van a reforzar como nunca antes la cohesión y la vertebración territorial de España».

Los Presupuestos Generales del Estado han llegado esta semana al Senado para su aprobación. «El debate en la Cámara Alta no es un trámite parlamentario, nos encontramos ante el que puede ser el paso definitivo para empezar a construir en base a los Presupuestos más sociales de la historia la España que necesitamos», ha dicho Gil.

«Estos Presupuestos cosecharon un gran consenso en el Congreso y trabajamos para aglutinar el mismo o mayor grado de apoyo para estas cuentas a su paso por el Senado. No hay tiempo que perder, desde el diálogo apelamos a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas», ha indicado el socialista.

En este punto, el portavoz del GPS ha recalcado que el objetivo es que estos Presupuestos sean aprobados «cuanto antes», por lo que en el Senado «se van a tramitar de la forma más ágil posible» para que puedan entrar en vigor a partir del próximo 1 de enero.

El fiscal de Sala experto en delitos económicos Juan Ignacio Campos, que lidera el equipo que investiga las tres diligencias abiertas en este departamento contra el Rey emérito Juan Carlos I, ha sido el único que se ha presentado para cubrir la plaza que dejará vacante por jubilación esta próxima semana el actual teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas.

Se da la circunstancia de que su nombre apareció en medios de comunicación como sustituto ya designado de Navajas antes de que concluyera el plazo para la presentación de aspirantes a este puesto el pasado 2 de diciembre, lo que motivó las críticas de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la Carrera.

En un comunicado, dicha asociación recordaba que aún cuando se desconocía si habría o no más peticionarios, estaba pendiente la celebración del Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de los fiscales, y «pese a que su opinión carece de carácter vinculante, merece ser respetado y tenido en consideración».

El Consejo Fiscal, tras el cual la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, propondrá su nombramiento, aún no convocado, se celebrará en todo caso antes de que finalice el año, según han señalado a Europa Press fuentes fiscales. El único candidato que se ha presentado al puesto es Campos.

Este Consejo será diferente del ya convocado para los días 17 y 18 de la próxima semana, que se ha reservado para el debate de los informes preceptivos que este órgano debe realizar sobre diferentes Anteproyectos de Ley, entre ellos el de Libertad Sexual.

Así, posteriormente y aún sin fecha, se celebrará un segundo Consejo donde irá la plaza vacante de teniente fiscal del Supremo y otros cargos aún pendientes de realizar en la cúpula de la Fiscalía según las mismas fuentes.

EL SUSTITUTO INSTITUCIONAL DE DELGADO

Campos, fiscal jefe de Sala de asuntos económicos, una vez nombrado por el Consejo de Ministros, pasará a ocupar el número dos de la Fiscalía en sustitución de Navajas, que se jubila en este cargo. Se trata de un puesto clave, pues el teniente fiscal del Supremo coordina la labor del Ministerio Público en las cinco salas del alto tribunal y es el sustituto del fiscal general en caso de viaje, enfermedad etc, a nivel institucional.

Navajas concluye su mandato y su larga carrera cuestionado por sus últimas intervenciones públicas, después de que el pasado mes de septiembre sorprendiera a propios y ajenos revelando en diversos medios de comunicación que no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 20 querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales «contaminados políticamente», entre los que mencionó expresamente a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.

También tuvo palabras gruesas para el ya exfiscal del ‘caso Villarejo’ Ignacio Stampa, por su presunta relación con una letrada de Podemos, si bien unas semanas después le pidió perdón públicamente y por escrito.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido de que se está trabajando con otras autonomías en «determinar» el término «allegado», algo que, ha advertido, no puede ser un concepto que se traduzca en «barra libre».

«Es un concepto amplio. Los allegados ya sabemos quiénes son, en fin, familiares o personas cercanas con los que sueles habitualmente pasar estas fiestas. No se trata de que haya un concepto de barra libre. El virus sigue entre nosotros y, por tanto, hay que actuar con responsabilidad: limitar al máximo la movilidad, reducir al máximo los contactos… Que todo el mundo entienda que son medidas que adoptamos para aprovechar el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho tanta gente a lo largo de tanto tiempo y no para tirar por tierra esos esfuerzos», señala en una entrevista que publica hoy Diario de León.

Mañueco hace un repaso de la situación epidemiológica actual y recuerda que la segunda ola empezó por las «grandes ciudades y las más abiertas». «En la comunidad autónoma de Castilla y León el pico se produjo entorno al 6 y el 8 de noviembre. Las medidas que tomamos en aquel momento, el esfuerzo de la sociedad y el sacrificio de los sectores afectados han dado resultado y las medidas han cumplido los objetivos deseados, están cumpliéndolos y esperamos que se sigan cumpliendo», añade.

Sobre el calendario de vacunación en la Comunidad, el presidente de la Junta incide en que todavía no podía precisar «mucho», pero su intención es que en todas las comunidades autónomas empiece el mismo día y que haya una coordinación «máxima» entre el Gobierno y las autonomías. «Ya se sabe que el primer sector que se va a vacunar son las residencias, que no sólo los residentes, sino también los trabajadores. El segundo sector va a ser el de los profesionales que trabajan en sanidad y luego, a partir de ahí, iremos precisando un poco más», añade.

Sobre la polémica con el ‘decretazo’ a los sanitarios, Mañueco admite que no lo explicaron «bien». En este sentido, quiere dejar claro su reconocimiento hacia todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario. «Y desde ese reconocimiento, el decreto lo que quería era garantizar, impulsar, proteger el diálogo en la mesa sectorial de negociación. Un mes después, el decreto en sí no ha afectado a la vida profesional y laboral de ningún sanitario. Es lo que dijimos desde el primer momento, pero teníamos que haber hecho un esfuerzo de explicación a los propios representantes sindicales», ha continuado para asegurar que está llevando «personalmente» las conversaciones con los representantes sindicales.

Sobre las ‘burbujas’ familiares de cara a las fechas navideñas, el presiden de la Junta avanza que las celebraciones en su casa contarán con cuatro personas, él, su mujer y sus dos hijas, y apela a que todos ejerzan esta responsabilidad y sean conscientes de que la situación que se está viviendo es «extremadamente complicada y difícil».

«Tenemos que tener claro que las navidades van a ser distintas a las de todos estos años pues porque, en fin, los abrazos, las reuniones numerosas, eso va a cambiar. Nuestro objetivo es no sólo celebrar estas navidades, sino sobrevivir estas navidades y poder celebrar las del año que viene, y las del siguiente. Por tanto, yo creo que tenemos que actuar con responsabilidad y dentro del ámbito familiar adoptar todas estas medidas de distancia, uso de mascarillas y ventilación frecuente que yo creo que son importantes», añade.

CENTRO EUROPEO DE CIBERSEGURIDAD.

Durante la entrevista también analiza la decisión de la Unión Europeo sobre el Centro Europeo de Ciberseguridad al que aspiraba León. En este sentido, Mañueco ha sido crítico con el Gobierno porque cree que no ha sido capaz de buscar aliados «suficientes» para una candidatura tan importante para la ciudad de León.

Creo que teníamos muchas esperanzas puestas desde la propia ciudad, desde la Junta, desde el Gobierno de España, pero yo creo que ahí está faltando peso político en Europa. Están metidos en otros líos y no han sido capaces de buscar las alianzas», ha lamentado.

Por último, con respecto a los movimientos a favor de una Región Leonesa reconoce que la identidad de cada uno es «absolutamente respetable». No obstante apela al marco jurídico establecido en la Constitución de 1978 ya que cree que en estos momentos España no está para «ningún tipo de aventuras territoriales».

«Debemos defender la Constitución y quienes directa o indirectamente intenten hacer del agravio político una bandera electoral me parece un error gravísimo», reflexiona para exigir un esfuerzo de integración, autoexigirse a la Junta un esfuerzo para explicar mejor que se hace y también un mayor esfuerzo de reequilibrio territorial en toda la comunidad autónoma.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado el próximo martes 15 de diciembre la deliberación a puesta cerrada para decidir si ordena o no a la Audiencia Nacional repetir el juicio contra el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi por el ‘caso Bateragune’ como consecuencia de la falta de imparcialidad del tribunal señalada en su día por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Esta posibilidad fue apuntada el pasado 18 de noviembre en un informe por la Fiscalía del Tribunal Supremo, después de que en julio el alto tribunal anulara la sentencia que condenó a Otegi por un delito de organización terrorista y solicitara expresamente un informe al Ministerio Público sobre las consecuencias procesales de la citada decisión.

En su escrito, el Ministerio Público respondió que a su juicio deben retrotraerse las actuaciones al momento de constituirse la Sala que juzgó el caso, lo que equivale a repetir el juicio.

Este posicionamiento de la Fiscalía coincide con las peticiones al respecto que realizó en su día la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo, vinculada a Vox. La defensa de Otegi y de otros juzgados por ‘Bateragune’, por su parte, habían pedido que la nulidad de las sentencias tuviera consecuencias en los registros de penados en los que el líder de Bildu sigue apareciendo.

De acogerse la petición fiscal, la Audiencia Nacional deberá juzgar de nuevo a Otegi, Rafael Diez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellerí por un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía se opuso a repetir este juicio tan sólo unas semanas antes de que la Fiscalía del Supremo emitiera su informe.

FALTA DE IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anuló el pasado 31 de julio la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista, siguiendo el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que determinó que la Audiencia Nacional vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el «temor legítimo» de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

No obstante, Estrasburgo no vio «ninguna evidencia» que llevara a pensar que en el tribunal había «animadversión personal» hacia los acusados, pero sí que las «dudas» de éstos estaban «justificadas». Así, rechazó «cualquier indemnización para los recurrentes en concepto de daño moral, considerando suficiente la constatación de la declaración de la vulneración del derecho solicitado.

En su sentencia de noviembre de 2018 –que adquirió firmeza en febrero de 2019–, el TEDH consideró que el juicio de la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, quien anteriormente, en marzo de 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior por enaltecimiento del terrorismo en el que estaba acusado también Arnaldo Otegi.

En aquella vista oral, Murillo preguntó a Otegi si condenaba a ETA y, ante la negativa de éste a ofrecer una respuesta, la juez le dijo que ya sabía que no le iba a contestar.

El Supremo apartó a la magistrada del caso, que ejercía de presidenta del tribunal, al apreciar en ella «prejuicio». La vista oral fue repetida y el exportavoz de Batasuna resultó absuelto en ese procedimiento.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ ha citado este jueves al empresario Javier López Madrid en calidad de investigado para conocer si encargó al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo agredir a la doctora Elisa Pinto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le cita para interrogarle tras acordar su imputación el pasado 23 de noviembre por un presunto delito de cohecho en la pieza separada número 24 del conocido como ‘caso Villarejo’. Precisamente con el levantamiento del secreto del sumario de la pieza 7 del caso, que investiga la operación ‘Kitchen’, salió a la luz un audio grabado por Villarejo en el que afirmaba, entre bromas, haber apuñalado a la doctora en 2014.

Ya en diciembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción encontró indicios suficientes que acreditarían la existencia de este encargo, por lo que consideró que era materia de la Audiencia Nacional, al margen de que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid decidiera llevar a juicio tanto a López Madrid como al comisario jubilado por las agresiones físicas que en su día denunció la doctora.

DENUNCIA DE LA DOCTORA

En concreto, Pinto denunció a López Madrid por acoso en los Juzgados de Instrucción de Madrid y después amplió su querella afirmando que había sufrido un apuñalamiento en 2014 con un bisturí en su propio gabinete médico. En 2017, reconoció al propio Villarejo como autor de aquella agresión.

Si bien en este proceso judicial no se ha investigado el origen de la presunta agresión, que a la luz de un extenso escrito con detalles que ha aportado la propia Pinto a la Audiencia Nacional, podría responder a un encargo de López Madrid a Villarejo similar a otros de los «trabajos» del comisario que ya están bajo la lupa en la Audiencia Nacional.

La propia Pinto solicitó que se la tuviese en cuenta como perjudicada por Villarejo a la luz de la macrocausa en la que está siendo investigado y por la que permanece en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Inicialmente, sus pretensiones fueron desestimadas, pero la defensa de Pinto recurrió con un escrito en el que aportaba diversos detalles que, en contraste con la documentación intervenida al comisario, llevaron a los investigadores a reconsiderar la posición.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará el martes a puerta cerrada la condena a prisión permanente revisable contra Ana Julia Quezada por el asesinato del niño de ocho años Gabriel Cruz en febrero de 2018 en una finca de Rodalquilar, en Níjar (Almería).

Los magistrados deliberarán sin vista los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el pasado mes de febrero ratificó la condena impuesta por la Audiencia de Almería a prisión permanente revisable, según han informado fuentes jurídicas.

Gabriel accedió la tarde del 27 de febrero de 2018 a acudir con Quezada a la finca familiar de Rodalquilar donde, «consciente de su superioridad» con respecto al niño por la diferencia de edad y de complexión, le provocó la muerte de manera «intencionada, súbita y repentina», señala la sentencia de la Audiencia de Almería.

La resolución recoge los hechos que declaró probados por unanimidad el jurado popular y remarca, para apuntalar la alevosía, la relación sentimental que mantenía en el momento de los hechos la acusada con el padre del menor, lo que habría generado confianza en el niño al estar «íntimamente vinculada a su entorno familiar».

Un criterio que el TSJA ratificó al afirmar que «la acusada aprovechó, por un lado, la inferioridad física de la víctima y, por otro, preparó un modo de ejecución de su plan criminal que neutralizaba la eventual defensa natural de un niño de ocho años».

Así, subrayó que el ataque contra el niño Gabriel fue alevoso porque «neutralizó las escasas defensas de la víctima», indicando que entra en juego la prisión permanente revisable «porque la muerte alevosa recayó en un menor».

ABSUELTA DE DOS DELITOS DE LESIONES PSÍQUICAS

El TSJA estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Quezada, por lo que la absolvió de dos delitos de lesiones psíquicas. No obstante, mantuvo la condena a dos años y medio por los dos delitos contra la integridad moral de los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez.

Para el TSJA, «difícilmente se puede concluir» que la intención de la acusada cuando dirigía públicamente «palabras de esperanza a los padres sabiendo que el menor estaba enterrado» fuese lesionarlos psíquicamente, sino que «su objetivo era no ser descubierta jamás».

Aún así, los magistrados consideraron que esta «cierta sobreactuación y protagonismo», unido a tales palabras de ánimo, es valorable «a fin de integrar un delito autónomo, por no ser necesarios o imprescindibles, ni siquiera propios de un simple autoencubrimiento». Por ello, mantuvieron los delitos de integridad moral.

Por último, el TSJA rechazó la nulidad del juicio y la repetición del mismo solicitada por la defensa, que quería que la vista se celebrara con un tribunal profesional y no un jurado. La acusación particular ejercida por los padres Gabriel también pidió la repetición del juicio al considerar que la presidenta del tribunal, Alejandra Dolero, «entró a dar opinión» cuando instruyó al jurado popular sobre la agravante de ensañamiento y la prueba pericial que avalaba su existencia.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, afirma que «la fuerza del PNV viene de la unidad interna», por lo que una de sus prioridades «máximas» tras ser reelegido será «mantener este clima de unidad interna y de cohesión dentro del partido, los batzokis y organizaciones territoriales».

En una entrevista al diario ‘Deia’, Ortuzar afirma que «es un buen momento» para el PNV y añade que «no es casualidad» que siempre que la formación jeltzale tiene «un buen momento electoral, es porque hay una buena sintonía interna».

«Nuestra fuerza viene de la unidad interna. Ese es uno de los elementos claves que el partido tiene que mantener y, desde luego, va a ser una de mis prioridades máximas: mantener este clima de unidad interna y de cohesión dentro del partido, los batzokis y organizaciones territoriales», asegura.

Ortuzar, que afronta un tercer mandato al frente el EBB con una ejecutiva de continuidad, advierte de que estamos en una situación «muy excepcional, no solo por la pandemia, pero especialmente por ella, y eso requiere gente experimentada, que ya se haya tenido que mover en aguas turbulentas.

Probablemente, añade, en su reelección «también ha pesado el buen momento que vive el partido, la paz interna, y la capacidad de atracción social que estamos teniendo electoralmente, y han querido premiar a los que hemos llevado al partido a esa situación».

«Pero no me cabe la menor duda de que, en la retina de la gente, también está que el partido tiene que ir juntando eslabones, que la cadena no se pare, y hay que empezar a mover el banquillo. Yo mismo he mandado ese mensaje. Los que estamos ahí tenemos una clara vocación de no perpetuarnos en el poder, y dar pasos para que el partido se renueve», afirma, para avanzar que en los próximos cuatro años una de sus «tareas fundamentales» va a ser «crear el clima para que el partido pueda decidir dentro de cuatro años cuál es su mejor futuro y en manos de quién hay que dejarlo».

Preguntado sobre si interpreta el aval de las bases como un respaldo para continuar en la misma línea política ‘pragmática’ y los acuerdos transversales con el PSE, opina que sí. A su entender, «hay una asunción, no en nuestras bases, sino en el país, de que eso es bueno para este momento histórico».

«Sin sacralizar nada, frente a esa política de trincheras y de bloques a la que se nos quiere llevar y que estamos viendo que en Madrid hay quien quiere que cristalice como una manera de establecer una política inmovilista, nosotros somos más de tender puentes, de marcar más lo que nos une que lo que nos diferencia. Hay que asumir la pluralidad de la sociedad vasca y entenderse entre diferentes», mantiene.

ACUERDO REFRENDADO EN LAS URNAS

En ese sentido, defiende que Euskadi tiene hoy un acuerdo que «ha sido refrendado en las urnas, que tiene mayoría absoluta en el Gobierno vasco y las diputaciones, que da estabilidad política y que, quitando el paréntesis de la pandemia, se había revelado como un gran factor de relanzamiento económico».

«Esa política es buena. A nosotros no nos gusta lo que está pasando en Madrid, a pesar de que estemos colaborando», dice, para explicar que al PNV le gustaría que las mayorías «no se hicieran contra nadie» y, en ese sentido, dice tener la sensación de que «algunos actores políticos en Madrid quieren construir mayorías de manera excluyente, cuando en un momento como éste, siempre que haya coherencia, lo importante sería sumar cuantas más fuerzas mejor».

Así, se refiere a Podemos y dice que «lo hace casi exclusivamente para preservar su proyecto político, no porque sea lo bueno para el país». «Si con esa fórmula de acuerdo con ERC y EH Bildu espanta a C’s y no digo ya al PP, a Sánchez solo le queda la capacidad de mirar hacia la izquierda, y queda como un rehén de Podemos. No me gustaría que eso viniera a Euskadi. Sería malo para la sociedad vasca importar ese modelo de bloques tan cerrados que, además, es un bloque más de tentación de poder que para transformar», advierte.

Tras recordar que el Presupuesto General del Estado está en fase de aprobación en el Senado, y el PNV ha votado que sí, subraya que «es menos transformador y progresista y tiene menos capacidad de acción social que el Presupuesto vasco». «No tengo ningún problema en debatir con quien quiera de Podemos o de Bildu y hacer un análisis objetivo partida a partida. Los que en Madrid han dado su sí, aquí quieren dar el no», indica.

Sobre el apoyo de EH Bildu a las cuentas del Gobierno Sánchez o el pacto puntual entre el PSE y Podemos en Irun, Ortuzar cree necesario estar «muy atentos a los movimientos que haya porque, nos gusten o no, puede haber una pulsión» y destaca que al PSE es «al que colocan en un brete, cuando sería el mayor perjudicado de esa opción». «Tendremos que sacar los mejores resultados y hacer ver a otras fuerzas, en este caso al PSE, que la mejor opción para este país en el corto y medio plazo, y espero que en el largo, sigue siendo la actual», insiste.

En relación a la propuesta de Podemos de tratar las cuentas con el PSE, Ortuzar cree que ha sido «un intento muy infantil de meter la cuña donde no hay ranura». Así, señala que el PSE y el PNV tienen «una larga trayectoria de encuentros y desencuentros», de la que han «aprendido» y tienen «clara la prioridad», que las instituciones «estén bien gobernadas» y «estos juegos florales están muy fuera de la prioridad como para que al Gobierno vasco y las diputaciones les afecten».

Tras afirmar que «la foto de la mayoría que ha aprobado el Presupuesto en Madrid sin el PNV sería una foto más en blanco y negro», el dirigente jeltzale dice que el «primer» objetivo para los próximos cuatro años es «salir» de la pandemia del covid-19 y el «segundo» sería «fortalecer las estructuras económicas del país y la creación de empleo.

PONENCIA DEL ESTATUS

Tras insistir en que hay que poner toda la atención en la pandemia, cree que eso «no es incompatible con ir abriendo ámbitos de actuación en los otros campos». En ese sentido, se refiere a la Ponencia del nuevo estatus, que «no partiría de cero», sino de «unos trabajos muy avanzados». «Otra cosa es que hacer las cosas a tiempo puede relanzar un proyecto, y hacerlas a destiempo puede matar buenos proyectos», advierte.

Sobre las informaciones que apuntan a que el PP desea acercarse al PNV en Madrid y Euskadi, Ortuzar dice que «no deja de ser curioso que uno se entere por la prensa» y añade que «es más fácil descolgar los teléfonos». Tras señalar que siguen «con mucha atención los movimientos del PP», reconoce que vieron «con buenos ojos el giro discursivo de Casado en la moción de censura marcando esa frontera tan nítida con Vox», pero le gustaría que «el discurso vaya acompañado de hechos, y, todavía, en los hechos, el PP está un poco atenazado».

En cuanto a su relación con Pablo Iglesias, dicen que hablan «a menudo», aunque «cuando a él le interesa». «Nos tiene respeto, la relación personal es buena y la relación política es de colaboración, pero se nota que le molestamos, porque desmontamos gran parte de su teoría: solo las izquierdas marxistas de su estilo son las buenas, y el resto somos sospechosos, incluido el PSOE. Le rompemos esa foto, ese blanco o negro, porque no somos blanco o negro», concluye.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado mañana a declarar a los notarios a los que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez acudió para protocolizar unos mensajes que supuestamente cruzó con el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sobre la operación ‘Kitchen’.

También ha convocado al ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño para corroborar si alguno de ellos fue el autor de uno de los mensajes que aparecen en las actas notariales. Ambos están imputados en esta pieza separada número 7 del caso ‘Tándem’, que investiga el operativo parapolicial desplegado en 2013 para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 puso fecha a estas declaraciones una semana después de aceptar la petición de Fiscalía Anticorrupción de convocar a los notarios Enrique A. Franch Quiralte y Alberto Vela Navarro-Rubio para «acreditar plenamente la identidad del emisor/receptor de los mensajes obrantes en su teléfono móvil y que fueron protocolizados en los meses de junio y octubre de 2019 por el investigado Francisco Martínez».

PRESUNTA VIOLACIÓN DE SECRETOS

Aunque ambos notarios están citados en calidad de testigos, Vela Navarro-Rubio podrá estar durante su declaración acompañado por un letrado por si pudiera verse perjudicado en la investigación abierta contra él por un presunto delito de violación de secretos.

El fedatario pudo cometer el delito el pasado mes de marzo cuando se puso en contacto con Martínez –con quien mantiene una relación de amistad– para preguntarle cómo se podían borrar unos mensajes, según explicaba el juez en el auto en el que le llamaba a declarar y además acordaba incoar diligencias e inhibirse a favor de un juzgado de Mahón (Menorca), a petición de Anticorrupción.

Esta conversación podría haber tenido lugar después de que se le requiriera judicialmente, y con la expresa advertencia del carácter secreto de las actuaciones, una copia del acta notarial de los mensajes protocolizados.

El ex ‘número dos’ de Interior defendió ante el juez, así como en un recurso contra la imputación del notario, que la eliminación de estos ‘whatsapps’ estarían relacionados con un «chiste con imágenes subidas de tono».

Pese a que estaba citado presencialmente, el juez ha permitido que Vela declare por videoconferencia desde los juzgados de instrucción de Mahón tras alegar que su desplazamiento hasta Madrid provocaría el cierre de su notaría durante todo el día, además de impedirle el cuidado de sus hijos por la tarde.

NO SE ACLARÓ NADA EN EL CAREO

Las citaciones llegan después de que los fiscales concluyeran que en el careo que se celebró el pasado 13 de noviembre entre el exministro del Interior y el ex secretario de Estado de Seguridad no se aclaró ninguna de las contradicciones que ambos habían manifestado previamente en sus respectivas declaraciones como investigados por la operación ‘Kitchen’.

De hecho, según han apuntado fuentes jurídicas, es previsible que el juez vuelva a llamar a interrogar a uno de los dos protagonistas de ese careo sobre su papel en ese operativo parapolicial, sufragado con fondos reservados, y creado en 2013 para sustraer la información comprometedora del PP que guardaba Bárcenas.

Con todo ello, los fiscales solicitaron al juez García Castellón que llamara a declarar a los notarios, ya que en contra de los que sostiene Martínez, el exministro niega ser autor de los mensajes e incluso cuestionó el modo en el que se levantaron las actas notariales.

LOS MENSAJES PROTOCOLIZADOS

Entre los mensajes protocolizados aportados a la causa se encontrarían el enviado en el verano de 2013 en el que supuestamente Fernández Díaz pide a Martínez que averiguara si el chófer de Bárcenas era un confidente policial. En otro, Martínez insta al entonces ministro a hablar después de que éste «tenga el contacto Cecilio», que es como se denomina al CNI en el argot policial.

Otro mensaje registrado sería aquel en el que se informaría de que «la operación se hizo con éxito», en referencia al volcado de la información que contenían «2 iphones y 1 Ipad», que presuntamente serían del extesorero del PP. El auto recuerda que Francisco Martínez aclaró que se trataba de un reenvío y Fernández Díaz expuso que es «inverosímil» que él como ministro lo hubiera redactado, ya que es un «texto de un operativo».

Así, para verificar esta versión, el juez de ‘Kitchen’ también ha convocado a los comisarios Pino y García Castaño porque «parece razonable inferir que ese mensaje pudiera haber sido enviado en origen por alguno de aquellos miembros de la cúpula policial», con los que, además, el exministro admitió haber tenido «frecuentes contactos».

El magistrado recordaba en ese auto que el exjefe de la UCAO afirmó en una de sus declaraciones que el volcado de los citados dispositivos se hizo bajo sus órdenes en octubre de 2013 y así lo corroboraron agentes policiales adscritos a dicha unidad policial.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cumplió dos años en funciones el pasado 4 de diciembre, continúa cumpliendo con sus atribuciones legales ajeno a la polémica política sobre la intención de PSOE y Podemos de sacar adelante una reforma para evitar que puedan hacer nombramientos en la cúpula judicial una vez concluya su mandato.

Así, la Comisión Permanente del pasado jueves aprobó elevar al último Pleno del año, que se celebra el jueves 17 de diciembre, la aprobación de varias bases de convocatoria de plazas que se quedan ahora vacantes en el Supremo por jubilación de magistrados en cuatro Salas del Tribunal Supremo (de lo Civil, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), así como las relativas a otras vacantes en los tribunales superiores del País Vasco y Extremadura y en varias audiencias provinciales.

Igualmente, se aprobó poner en marcha un plan de presentación telemática de las solicitudes para la participación en los concursos de provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, excepto la cobertura de plazas del Tribunal Supremo reservadas a juristas de reconocida competencia, que se convoquen a partir de 2021.

A ello se unirá, según fuentes de este órgano consultadas por Europa Press, la posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces retome los nombramientos que quedaron aplazados de nuevo tras el último amago de renovación de esta institución, que finalmente parece haber quedado paralizada por la falta de acuerdo entre PSOE y PP hasta al menos la celebración de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

La inclusión o no de estos nombramientos en el último Pleno del año, que se celebra el 17 de diciembre, se conocerá previsiblemente este lunes y dependerá de que se alcance un amplio consenso entre los sectores conservador y progresista para designar a los nuevos magistrados respecto de 17 plazas que están preparadas para ser cubiertas en diversos órganos, entre civiles y togado militares, una de ellas en la Sala de lo Social del Supremo.

Tras conocer los planes del Gobierno de coalición, la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial se muestra crítico y «molesto» con la Propuesta de Ley de reforma de PSOE y Podemos dirigida a evitar que este órgano no pueda realizar nombramientos clave hasta que no sea renovado.

Las principales críticas tienen que ver con la forma empleada por los grupos sustentados por el Gobierno en funciones para plantear su propuesta, la de la Proposición de Ley, que supone una fórmula de tramitación legislativa ‘express’ que «hurta» al propio CGPJ y al resto de órganos consultivos la posibilidad de informar sobre las intenciones de la reforma.

LA REFORMA CGPJ, CONTRAVIENE LA PRACTICA EUROPEA

Según fuentes del sector conservador de este órgano, eludir el pronunciamiento del Consejo sobre una modificación legislativa de sus competencias contraviene los estándares europeos establecidos al respecto, en especial al tratarse de unos cambios que afectan directamente al propio Consejo, que se regula además por ley orgánica.

La idea, sin embargo, no es novedosa. Así, los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta (quien fue diputado por este partido) y de IU Concha Sáez, vienen reclamando que se limite la realización de determinadas funciones por un Consejo General del Poder Judicial (CGP) que se encuentra ‘en funciones’ desde el 4 de diciembre de 2018, en especial la de realizar nombramientos, que es lo que plantea la Propuesta hecha pública este miércoles.

La mayoría del órgano del gobierno de los jueces, sin embargo, considera que están perfectamente legitimados para hacer nombramientos, si algunos se plantean por qué desde la propuesta legislativa hoy presentada no se ponen los mismos ‘peros’ en relación con otras funciones, como son las disciplinarias.

Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta proposición de ley antes de que finalice el año, lo que se une a la reforma del Poder Judicial que registraron para tratar de desbloquear su renovación, paralizada de momento a la espera de que el PP acceda a desbloquear el relevo del cupo de juristas.

De hecho, la limitación de competencias con periodo caducado del CGPJ ya era una cuestión que se recogía en dicha reforma y que ahora, con la nueva iniciativa, se define con mayor precisión.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado este martes al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo, al ex subdirector del mismo área en la energética Rafael Girona Hernández y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño para que declaren como investigados por encargar presuntamente al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo espiar al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

Araujo, Fernández Rancaño –ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado– y Girona se encuentran investigados por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos en el marco de la pieza separada número 21 del caso ‘Tándem’, en la que se investiga desde finales de 2019 si Repsol y Caixabank habrían recurrido en 2011 a Villarejo y su socio Rafael Redondo –también investigados– para evitar que Sacyr se hiciera con el control de la energética.

El juez instructor del caso ‘Tándem’ también quiere escuchar la versión de los directivos de Sacyr, por lo que también ha convocado este jueves a Del Rivero, al encargado de Seguridad de Sacyr Rodrigo Álvarez Vázquez y al antiguo director financiero de Repsol YPF Fernando Ramírez Mazarredo, quienes acudirán a la cita judicial en calidad de testigos.

El magistrado explica en su auto del pasado 23 de noviembre en el que acordaba la imputación de los que fueran responsables de Seguridad que los servicios contratados a Villarejo, «tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en REPSOL YPF SA para tomar el control de la compañía»,

CONTROL DE REPSOL

Según el contexto que expone la resolución, Sacyr habría llegado a un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes acccionistas de Repsol, para hacerse con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

Una maniobra que fue detectada por Repsol, que, con la ayuda de CaixaBank, paralizó de manera temporal el desarrollo del plan elaborado por Luis del Rivero, retirándolo de la presidencia de Sacyr Vallehermoso, y haciendo lo mismo con su hijo y con uno de sus colaboradores claves, Rodrigo Álvarez Vázquez, que era el encargado de Seguridad.

Tras la salida de Del Rivero de la Presidencia en octubre de 2011, éste trató de contraatacar contra el presidente de Repsol, del que trató de obtener información delicada, apunta el juez.

De probarse estos hechos, ésta no sería la única ocasión en la que Villarejo habría investigado al expresidente de Sacyr, pues en la pieza 9 del caso Tándem también se investiga un supuesto encargo similar por parte del BBVA.

RIVER, LR O RIO

El principal objetivo del ‘Proyecto Wine’ era Del Rivero (al que se le denomina LR, Rio o River), pero también se espió a su esposa Natividad Martínez, a Rodrigo Álvarez (al que llamaban Cid), y a Fernando Ramírez (denominado Maza). Asimismo, se interesó recabar información de Pemex, que días antes de conocerse la estrategia de Sacyr realizó una compra de acciones de Repsol.

El encargo se realizó al Grupo Cenyt y se debía ejecutar durante los últimos meses de 2011 y durante la primera mitad de 2012. Tal y como recuerda el magistrado, Villarejo en esa fecha aún era comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Durante el tiempo que Cenyt trabajó en este asunto, y según consta en los oficios de Asuntos Internos, redactaron hasta seis informes y se registraron varias ‘charlas’ con los clientes (Araujo y Fernández Rancaño). En uno de los documentos, denominado ‘IF1Wine’, se refleja el estudio económico elaborado por Cenyt para el desarrollo del proyecto, y en él ofrecía la posibilidad al cliente de escoger entre dos opciones de precio de ejecución de los servicios.

La primera opción tenía un precio de 925.000 euros, en la que se incluía una garantía de éxito de 475.000 euros que debía abonarse al final si los objetivos llegaban a cumplirse. La opción B, era más económica, pero en ella Villarejo no aseguraba el resultado del proyecto, por lo que el precio se reducía hasta los 675.000 euros.

LOS INFORMES DE VILLAREJO Y SUS MEDIOS

En ese mismo documento, Villarejo y su socio detallaban los medios humanos y técnicos que utilizarían, como ocho dispositivos I.C. de comunicaciones, cuatro dispositivos de contramedidas, bases estáticas, doce coches y cinco motos para vigilancia, software y hardware para acceder a determinados bancos de datos, y hasta equipos de captación de audio en ambientes hostiles.

En otro de los archivos consta un resumen de los contactos personales y telefónicos de Del Rivero y en otros documentos se hace referencia al acceso y uso habitual del análisis de tráfico de llamadas por parte del Grupo Cenyt o se detallan incluso los rastreos que se ha realizado durante la operación y los balizamientos que se han hecho.

Entre lo requisado por la Policía, se halló además sobre ‘Wine’ multitud de documentación, como un ‘mapa definitivo de situación’ del proyecto, o un documento denominado ‘IFWF5-29 6 12’ que se centraba en el desarrollo del Movimiento Izquierda Anticapitalista y de sus promotores.

Además, el juez señala que, gracias a lo intervenido, se ha tenido conocimiento de que Villarejo y Redondo se hacían con información de los investigados por medio de «la obtención y análisis de su tráfico de llamadas telefónicas». «Lo que implica el acceso a la conservación de datos a los que las compañías telefónicas vienen obligadas de acuerdo con lo establecido en la Ley (…) y sin que conste que Villarejo disponga de la autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves», señala.

LAS FACTURAS DE CENYT A REPSOL Y CAIXABANK

En los registros también se encontraron cuatro facturas derivadas de este proyecto por un importe total de más de 280.000 euros, que fueron abonadas por los clientes Repsol y CaixaBank en una cuenta que era de Cenyt. La policía hizo tras tener esas cuatro facturas un estudio de trazabilidad del dinero y descubrió hasta siete abonos en dos cuentas de Cenyt con cargo a Repsol y CaixaBank cuyo montante ascendería a 413.600 euros.

Con esa cifra, la policía indagó entonces sobre el destino dinero y vio que contra las cuentas donde se recibía se realizaron cargos por valor de 370.578 «cuya ejecución ha sido factible gracias a la recepción de los fondos indicados». Según indica el auto, así se movió el dinero a otras cuentas de mercantiles, detrás de las cuales estaba el propio Villarejo.

Agentes de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, han detenido a dos personas, de nacionalidad española, vinculadas a la supremacía blanca, como presuntos autores de los delitos de incitación al odio contra extranjeros, tenencia de armas y explosivos, enaltecimiento del terrorismo racista y contra la salud pública.

Estas nuevas detenciones se enmarcan, según ha informado el Ministerio del Interior, en la misma investigación contra la supremacía blanca que se precipitó el pasado 11 de septiembre tras tener conocimiento de que uno de los investigados pretendía suministrar sustancias químicas para inhibir la voluntad de una mujer con el objetivo de mantener relaciones sexuales.

En ese dispositivo policial, se detuvo a dos hombres, de nacionalidad española, en Pobla de Cérvoles (Les Garrigues) y en Campello (Alicante).

La investigación se inició a finales del 2019, cuando se localizó en internet un documento publicado por uno de los investigados, a modo de ideario y guía programática, que tenía muchos elementos en común con otros escritos hechos por terroristas vinculados a la supremacía blanca.

Todos los investigados están vinculados a dicha ideología racista que defiende la superioridad de la raza blanca por encima del resto. Las gestiones de investigación permitieron comprobar cómo los cuatro detenidos incitaban a cometer ataques similares, especialmente contra personas de otras razas.

En esta ocasión, los investigadores han constatado que los detenidos pretendían, a través del cultivo y venta de sustancias psicotrópicas, obtener mecanismos de financiación que les permitieran crear, junto con el resto del grupo, las «comunidades blancas aisladas y armadas».

La investigación ha permitido identificar a los dos nuevos detenidos que habrían participado en los hechos. Estas personas ocupaban un nivel jerárquico, dentro de los canales de difusión, similar al de los primeros detenidos.

Las detenciones de esta segunda operación han sido llevadas a cabo el 10 de diciembre en Pamplona (Navarra) y en Ronda (Málaga), localidad donde también se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de uno de los detenidos. Los agentes intervinieron diversa simbología de carácter nacionalsocialista, sustancias estupefacientes, armas blancas así como material informático.

Los investigadores también han podido comprobar que los detenidos fundamentan su ideario supremacista en tres aspectos: «Su marcado nacionalismo blanco que justifican con una base científica que posiciona a los blancos por encima del resto de razas humanas».

En segundo lugar «su postura antisistema»; consideran que la actual clase política gobernante quiere perjudicar a los blancos y por ello favorece la inmigración clandestina norteafricana hacia Europa. Por último, como tercer aspecto relevante, «la justificación del uso de la violencia» y «el enaltecimiento de acciones terroristas producidas hacia inmigrantes o colectivos No blancos».

Su actividad consistía en hacer difusión de estas ideas en sitios web y en diferentes canales de mensajería instantánea. Con sus perfiles, se dedicaban a difundir mensajes de contenido racista contra otros colectivos por razón de su raza, origen, creencias, manifestaciones políticas, sexo u orientación sexual.

Igualmente publicaban mensajes donde se ensalza a terroristas como Brenton Tarrant, autor del asesinato de 51 personas en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch (Nueva Zelanda) el 15 de marzo de 2019.

Por otra parte, defendían en sus mensajes y en documentos que habían publicado, la creación de «comunidades blancas» aisladas y autosuficientes en entornos rurales. Manifestaban su intención de abastecerse de armas y prepararse para lo que llamaban «la guerra racial», que esperaban con inmediatez y que creían que podían provocar si encendían la chispa mediante algún ataque.

Según decían y defendían, prepararse para este conflicto, sería la única forma en que la raza blanca podría sobrevivir a la llegada de otros colectivos de extranjeros que, siempre según sus manifestaciones, actualmente se está produciendo de forma masiva en los países occidentales.

Con el objetivo de crear una de estas comunidades, dos de los investigados, que fueron arrestados el pasado 11 de septiembre, vivieron durante unos meses en dos casas aisladas en la localidad de Pobla de Cérvoles (Les Garrigues). En el primer dispositivo de septiembre se detuvieron a estas dos personas, una de ellas en esa misma localidad y la otra en El Campello (Alicante).

Durante la investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción 4 de Lleida, se pudieron identificar a las personas que había detrás de los usuarios virtuales, se recopiló el detalle de la actividad delictiva de los investigados en la red y se controló la supuesta comunidad aislada que pretendían crear.

Esta operación es considerada de especial relevancia para los investigadores, dado el creciente extremismo del Nacionalismo Blanco de ultraderecha, que supone una clara amenaza para la seguridad a corto y medio plazo.

Los detenidos han pasado a disposición judicial y han quedado en libertad con cargos con la obligación de presentarse a firmar periódicamente en el Juzgado.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha impulsado un proyecto de atención al enfermo crítico complejo que permitirá, a través de vehículos hospitalizados y circuitos acordados, garantizar la «equidad territorial y el acceso a diagnósticos» desde cualquier punto de la geografía catalana, según ha explicado su director, Adrià Comella.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas acompañado de la directora del área de servicios asistenciales de CatSalut, Xènia Acebes, y la directora del área de organizaciones y profesionales del CatSalut, Sara Manjón.

Acebes ha destacado que el sistema atiende a cerca de 1.400 pacientes al año con estas características, sin contar a aquellos enfermos críticos complejos derivados de la pandemia de coronavirus, aunque con la capacidad actual podrían atender hasta 2.000.

Así, han adquirido –por valor de 3 millones de euros– dos unidades de apoyo vital avanzado especializadas en el manejo de críticos complejos para la atención y el traslado de dichos pacientes en unas «condiciones determinadas», que están en funcionamiento desde el 15 de noviembre.

La partida también incluye la compra de un camión para los casos que requieran Ecmo –una máquina que sustituye temporalmente la función del pulmón o el corazón– dado que el aparato necesario para hacer esta oxigenación es «muy grande y el número de profesionales es más elevado».

CONOCIMIENTOS

Las unidades se administran desde el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) así como desde los cinco hospitales con «más conocimientos» en el manejo de críticos y en el uso de las tecnologías que requiere el tratamiento de estos pacientes; todos, próximos a Barcelona y que son los que aportarán los profesionales especializados.

Estos centros son el Hospital Clínic, el Hospital Vall d’Hebron y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona; el Hospital de Bellvitge, de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y el Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelona).

Acebes ha explicado que otro de los objetivos del plan es que este conocimiento ultraespecializado que se concentra en estos centros de Catalunya «salga y sea capaz de llegar a una amplitud mucho más grande» del sistema sanitario.

PACIENTES

Estos críticos complejos son, entre otros, pacientes neurocríticos, pacientes con insuficiencia aguda refractaria a todos los tratamientos, pacientes en estado de choque cardiógeno y pacientes con sangrados internos por causas respiratoria y urológica, entre otros.

Acebes ha subrayado la importancia de que el diagnóstico y el tratamiento de estos personas sea «lo más precoz posible» y que su traslado hasta el centro donde tienen que recibir la terapia finalista se realice con las máximas condiciones de seguridad y calidad.

EQUIPO

Así, estas unidades se dirigirán a un punto de la geografía catalana ante la necesidad de un crítico complejo para hacer una valoración del paciente y determinar si se puede realizar la atención ‘in situ’ o si es preciso el traslado a un centro hospitalario.

Estarán formadas por un intensivista y una enfermera especializada en pacientes críticos de alguno de estos cinco hospitales además de un médico y una enfermera del SEM, y, en caso de requerir Ecmo y otras tecnologías más avanzadas, se incorporarán cirujanos y más enfermeras.

Estos profesionales forman parte de un grupo estable de unas 70 personas, tienen un perfil determinado en base a los criterios acordados entre los cinco hospitales y el SEM, y, según Manjón, tienen «la voluntad» de formar parte de estas unidades.

El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete y a otras ocho personas contará esta semana con una de las testificales clave, la del que fuera abogado de la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’, Miquel Roca. Servirá para arrojar luz sobre cuál fue el papel de los principales acusados y si realmente ofrecieron retirar la acusación a cambio de dinero.

Según una providencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso Europa Press, Roca –quien también es uno de los padres de la Constitución Española– deberá declarar en calidad de testigo el viernes 18 de diciembre.

La vista oral se celebra, desde que arrancara en enero de este año, en la sede de San Fernando de Henares y se ha visto afectada en varias ocasiones por suspensiones temporales debido a las incidencias provocadas por positivos en Covid-19.

En esta causa, el Ministerio Fiscal solicita para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.

Para la que fuera abogada de la acusación en el ‘caso Nóos’, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra ocho personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 16 y los 66 años y 10 meses de prisión.

LOS TRES MILLONES DE EUROS

Según el escrito de acusación del fiscal, La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien «seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda» y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.

Pero Bernad, en su declaración ante el tribunal el 17 de julio aseguró que el abogado Miquel Roca le ofreció a través de un intermediario 3 millones de euros a cambio de que su sindicato retirara la acusación contra la infanta Cristina en la causa por la que fue condenado su marido Iñaki Urdangarin.

Bernad, en su comparecencia señaló además que el contacto con Roca se hizo a través de un amigo personal, Jaime Alonso, presidente del sindicato Fuerza Nacional del Trabajo, y que fue a través de él como le contactaron para que retirara la acusación.

Esta persona le indicó que el ofrecimiento venía de Roca y él le respondió que no se podía fiar de ese «pájaro» porque siempre andaba intrigando. Tras una primera reunión, mantuvieron hasta cuatro más en las que le comunicó que insistían porque era «una cuestión de Estado».

Ese mismo día, el secretario general de Manos Limpias también explicó que a preguntas de su letrado Miguel Bueno que también fue contactado previamente para conseguir su retirada como acusación en Nóos por gente de diversos ámbitos como el de la magistratura o el militar, pero citó sólo el nombre de Leandro de Borbón –ya fallecido–, quien le insistió varias veces para ver si podía hacer algo para que no se manchara la imagen de la Casa Real.

También recordó que tras una reunión infructuosa con Jaume Giró –directivo de La Caixa– en la que le llegó a ofrecer un crédito a un empresario amigo de Bernad a cambio de que retirara la acusación contra la infanta, el por entonces presidente de La Caixa Isidre Fainé se reunió con él en Barcelona, era 2015.

«EL REY TE RECIBIRÁ»

En esa reunión, a la que asiste también Giró, le traslada la preocupación que hay en Casa Real por la infanta –ésta trabajaba para la entidad–, que lo están pasando mal y le pide «a ver qué se puede hacer». «Le digo que a esas alturas del proceso es difícil, y me comenta que no quieren compensar con nada, ni con dinero y que solo apelan al sentido de responsabilidad», recordó Bernad.

Tras esa reunión quedaron en articular bien el asunto porque si desistían de la imputación después de tanto, la opinión publica iba decir que bajo cuerda se habían «llevado pasta». Bernad recordó que Fainé le comentó que si prosperaba lo que habían hablado, el Rey le recibiría.

«Me dice Fainé que si prospera, el actual Rey me recibirá en Zarzuela para darme las gracias», ha apuntado, para luego explicar que a partir de ahí el tema de la desimputación de la infanta lo trató con un abogado del que fuera presidente de La Caixa.

Si bien muchas personas están disfrutando ahora de vidas más largas y saludables, las actuales edades de jubilación están planteando desafíos tanto para los responsables políticos como para los jubilados. Un nuevo estudio ha examinado la posibilidad de aumentar la edad de jubilación sobre la base de la relación entre la esperanza de vida laboral y los aspectos de salud importantes para la capacidad de trabajo de las mujeres y los hombres en Europa.

La esperanza de vida ha aumentado de forma constante en muchos países del mundo debido, entre otras cosas, a los avances en la atención sanitaria y a la adopción de estilos de vida más saludables por parte de las personas. Al mismo tiempo, la fertilidad ha ido disminuyendo o se ha estabilizado en niveles bajos, lo que ha dado lugar a un notable aumento de la proporción de adultos mayores en esas poblaciones.

Esta situación plantea un riesgo para la sostenibilidad financiera en varios ámbitos de los sistemas de seguridad social, uno de los cuales es el de las pensiones, ya que la mayoría de los países europeos proporcionan pensiones públicas a sus ciudadanos. La edad de jubilación y las medidas para apoyar una vida laboral más larga se están debatiendo ampliamente en el ámbito de la Unión Europea, y muchos países ya han iniciado y aprobado cambios para aumentar gradualmente la edad oficial de jubilación. Sin embargo, una cuestión pertinente que ha surgido en este contexto es la magnitud del potencial para aumentar aún más la vida laboral, dado el estado de salud de las personas.

En este estudio, publicado en la revista ‘European Journal of Aging’, investigadores del Instituto Federal de Investigación Demográfica de Alemania analizaron si hay potencial para aumentar en general la edad de jubilación. Basaron su análisis en la relación entre la esperanza de vida laboral y tres esperanzas de salud que representan aspectos de salud importantes para la capacidad de trabajo y la empleabilidad entre las edades de 50 y 59 años, así como las edades de 60 y 69 años para las mujeres y los hombres en Europa.

«Hay varios estudios sobre la relación entre la jubilación y la salud a nivel individual, pero los estudios a nivel de la población son raros y nos sorprendió encontrar que las diferencias en la salud y la esperanza de vida laboral no se habían cuantificado antes. Queríamos ver cuán grande es el potencial para aumentar aún más la vida laboral, dado el estado de salud de las personas y también cómo este potencial difiere entre hombres y mujeres para diferentes grupos de edad y entre diferentes grupos socioeconómicos», explica uno de los autores del trabajo, Eike Loichinger.

Para ello, los investigadores analizaron la relación entre la esperanza de vida laboral y la esperanza de salud, diferenciando entre tres dimensiones de salud, a saber, la salud física, la salud cognitiva y la salud general. Además, analizaron la heterogeneidad en la esperanza de vida laboral y los tres resultados de salud por la educación. El análisis se centró específicamente en los grupos de edad de 50 a 59 años y de 60 a 69 años, ya que son, y seguirán siendo, los más afectados por los futuros aumentos de la edad de jubilación.

Las conclusiones indican que, en general, hay posibilidades de aumentar el número previsto de años económicamente activos tanto para los hombres como para las mujeres de 60 a 69 años de edad. Sin embargo, un análisis específico de la educación reveló grandes diferencias entre los subgrupos socioeconómicos de la población en lo que respecta a la magnitud de ese potencial. Por ejemplo, los hombres de 60 años de edad en Suecia con baja educación pueden esperar trabajar 4,2 años más. Esto aumenta a seis años más cuando tienen una educación de nivel terciario.

En cuanto a su salud física, los hombres con un bajo nivel de educación pueden esperar 8,4 años de buena salud y 8,7 años cuando tienen una educación de nivel terciario. En Bulgaria, los hombres de la misma edad con un nivel de educación terciaria pueden esperar trabajar 4,5 años más y esperar 5,7 años más en buena salud física. Sus contrapartes con un bajo nivel de educación pueden esperar solo 2,7 años en buena salud física, durante los cuales también se espera que trabajen.

«La heterogeneidad entre los grupos de educación en cuanto a la salud y la capacidad de trabajar más allá de las edades de salida del mercado laboral actualmente observadas debe tenerse en cuenta cuando se prolonga la vida laboral. Nuestros resultados indican un potencial para extender la vida laboral más allá de los niveles actuales. Sin embargo, las diferencias significativas en el número de años previstos de buena salud entre personas con diferentes niveles de educación requieren políticas que tengan en cuenta esta heterogeneidad», concluye otra de las autoras, Daniela Weber.