Unidas Podemos peleará para romper «las paredes de opacidad» que envuelven a la Casa Real y reprocha al PSOE, socios de Gobierno en coalición, que opte siempre por «proteger a los Borbones» ante las peticiones para crear una comisión de investigación en el Congreso, máxime cuando las investigaciones en torno al rey emérito Juan Carlos I sugieren «casi a una trama familiar».

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press el diputado en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, quien asegura que Juan Carlos I «era un corrupto» y por eso ha tenido que irse del país ante las «evidencias claras, no ya rumores» de delitos.

«No puede ser que nuestros socios del PSOE, entre proteger a los Borbones y proteger las instituciones, acaben decidiéndose por proteger a los Borbones (…) es algo que tiene que ver con la esencia misma de la democracia», ha lamentado.

Para el diputado, las informaciones sobre irregularidades que envuelven a la Casa Real dejan «más que evidente» que no se está «ante un caso personal» de Juan Carlos I sino que «casi vincula a toda la familia», pudiéndose hablar de «trama familiar.

Tras resaltar que su objetivo es el republicanismo, pues lo democrático es elegir al Jefe del Estado, Mena ha asegurado que van a seguir llevando iniciativas al Congreso y a todas las instituciones para arrojar transparencia sobre la Casa Real.

«Como mínimo la Casa Real tiene que pasar por el filtro de la transparencia y la fiscalización», ha desgranado para recalcar que el Congreso «no puede mirar para otro lado» ante estos escándalos. Por tanto, el dirigente de En Comú Podem ha insistido en que su deber es «tirar las paredes de la opacidad que protegen de la Casa Real.

COALICIÓN SÓLIDA

En cuanto a las discrepancias en el seno de la coalición del Gobierno, Mena ha dicho que es algo «normal» entre dos fuerzas políticas diferentes y que el balance del Ejecutivo es positivo, con compromisos cumplidos y otros por abordar, como la reforma laboral.

Por ello, ha descartado posibles cambios en el Consejo de Ministros, algo que «desmintió el propio presidente del Gobierno», dado que la coalición tiene «claro su rumbo», es «sólida» y lo será más con la suma de fuerzas progresistas y plurinacionales.

LOGRAR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DEL PROCÉS

Preguntado sobre si el apoyo de ERC a los Presupuestos contribuye a solventar el denominado conflicto en Cataluña, ha destacado que abordar los problemas de los catalanes con unas nuevas cuentas públicas ayuda junto a la vía de la mesa de diálogo, que algunos tratan de «boicotear por activa y por pasiva».

Pero sin duda un elemento que contribuirá es lograr que los presos del ‘procés’ puedan «estar en la calle», para lo cual ya han planteado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, una reforma del delito de sedición para lograrlo «más pronto que tarde». En este sentido Mena apuntó a su salida de prisión antes de los comicios catalanes del 14 de febrero.

Añadió que además de la vía del indulto, también la reforma del Código Penal es una propuesta que la mayoría parlamentaria «avala» y permite, además, evitar «disparates» como que «un sindicalista esté en la cárcel por protestar o que un activista acabe de la misma manera». Por tanto, estiman que en tres o cuatro meses la revisión del delito de sedición esté al final de tramitación.

Mena ha subrayado que «la judicialización de la política», que desplegó el expresidente Mariano Rajoy, fracasó «estrepitosamente» pues «encona más» el problema. «Espero que en un ejercicio de transparencia y sinceridad política el PP reconozca que se equivocó», ha emplazado.

EL MODELO ERC-JUNTS ESTÁ AGOTADO

Sobre los próximos comicios en Cataluña, Mena ha confiado en que estas elecciones sirvan para propiciar un «cambio político importante» ante el «gobierno agotado» de ERC y Junts, marcado por las «discrepancias internas y discusiones». «Es el peor gobierno posible en el peor momento posible», ha remachado.

A su juicio, el futuro de Cataluña pasa por «una mayoría y un gobierno progresista», que «cambie el rumbo» y recupere «los grandes consensos del catalanismo que se han perdido en los últimos tiempos». Y es que Cataluña no se puede «quedar anclada en el pasado de Junts y Convergencia».

La regulación de alquiler, la prorroga para impedir desahucios y la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, así como la incorporación de mejoras de la prestación, han sido los principales pulsos que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha echado y ganado en el Gobierno en las últimas semanas.

Estos enfrentamientos se han hecho más frecuentes coincidiendo con el cierre y la posterior tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), resolviéndose con compromisos favorables a la presión de Podemos y la interlocución directa en ocasiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Iglesias.

Podemos también ha conseguido que los Presupuestos se hayan acordado con el denominado ‘bloque de investidura’, con el voto favorable de ERC y EH Bildu, que los morados han ayudado a tejer, provocando que Ciudadanos se quede fuera pese a las voces de algunos barones socialistas que pedían que el acuerdo se cerrase con el partido de Inés Arrimadas.

La opción de Cs para negociar los Presupuestos fue un elemento de tensión en verano, con el rechazo explícito de Unidas Podemos a que su líder, Inés Arrimadas, pudiera influir en las cuentas públicas.

Finalmente, se solventó el asunto al pactarse una metodología que primaba a los socios de investidura en la negociación y explorar después el posible concurso de Cs. La fórmula se ha decantado por los socios de investidura preferidos por Iglesias, que han ido confirmando poco a poco su apoyo mientras la vía Cs se bloqueaba. Así, la geometría variable fracasaba, como destacó el presidente del grupo parlamentario Jaume Asens.

VIVIENDA, EL CENTRO DE LA CONTIENDA

Durante la tramitación parlamentaria del Presupuesto surgió otro conflicto entre los dos socios del Gobierno con la decisión de Unidas Podemos de suscribir una enmienda, precisamente con Bildu y ERC, para prorrogar la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos a la población vulnerable hasta finales de 2022.

La maniobra provocó un fuerte malestar en las filas socialistas y varios ministros afearon a Pablo Iglesias en público su comportamiento. Sin embargo, Sánchez e Iglesias recondujeron la situación el lunes con el compromiso de avanzar en la materia y que llevó al vicepresidente a anunciar el pasado jueves que habría un decreto al respecto dentro de dos semanas como máximo, con una negociación ya abierta.

La negociación presupuestaria entre socios también vivió fricciones cuando Iglesias presionó para lograr el compromiso de impulsar una regulación del precio del alquiler que evitara subidas abusivas de precios. La nueva disputa se cerró pocas horas antes de aprobarse el anteproyecto de Presupuesto en el Consejo de Ministros, con el compromiso de los socios, por escrito, de llevar la normativa al Congreso en un plazo de cuatro meses.

Otro pulso entre socialistas y ‘morados’, que ha vuelto a aflorar en la negociación presupuestaria, ha sido el del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Iglesias logró en mayor acelerar la puesta en marcha del que era uno de los principales compromisos del acuerdo de gobernabilidad, a pesar de que varios ministros del PSOE entendían que era una medida de calado que requería meses de preparación.

Finalmente vio la luz en mayo pero con problemas derivados de la burocracia para tramitar las ayudas, lo que llevó de nuevo a Iglesias a exigir en los Presupuestos mejoras para dotar de más rapidez a la prestación, reivindicación a la que accedió su socio.

También se solventó el malestar, transmitido al propio Sánchez, que generó en el vicepresidente su exclusión inicial de la comisión que controlará la ejecución de los fondos de recuperación europeos al garantizarse que se haría en el seno del Consejo de Ministros.

EL DEBATE GARANTIZA EL CUMPLIMENTO DEL PROGRAMA

A las tensiones se han sucedido mensajes de normalidad entre ambos partidos, que ven lógicos esos roces dentro de la coalición, la primera en un gobierno de carácter estatal.

De hecho, la formación morada reivindica ese debate sano entre posturas diferentes pues permite al Gobierno avanzar más rápido en sus políticas y garantiza que se cumple su programa, máxime en plena crisis Covid. El caso del Ingreso Mínimo Vital es un ejemplo recurrente en las intervenciones en cargos de Podemos.

Ambas fuerzas destacan la solidez de la coalición pese a tensiones y algunos reproches entre los socios, como pasó con la salida del país del rey emérito Juan Carlos I. Además, la relación entre Sánchez e Iglesias es fluida y su interlocución ha logrado pactos tras saltar las discrepancias.

En el futuro se augura de nuevo debate sobre la reforma laboral, un asunto que lleva generando tensiones desde los primeros días de vida de la coalición, cuando se comenzó a abrir el debate sobre si la derogación será total o parcial.

El principal desencuentro se materializó cuando el Grupo Parlamentario Socialista, Unidas Podemos y EH Bildu firmaron un acuerdo en el que se comprometían a su derogación integral; acuerdo que los socialistas matizaron horas después, limitando la derogación a los aspectos más lesivos de la normativa, y provocando de nuevo los recelos entre sus socios.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha señalado que EH Bildu está haciendo un camino «hacia la institucionalidad». «Aunque aún tienen un buen trecho que recorrer en el reconocimiento del dolor causado, no seremos nosotros quienes abortemos esa perestroika», añade.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Itxaso rechaza además que se haya producido entre PSOE y EH Bildu un intercambio de presos por presupuestos y subraya que todos los traslados estaban «previstos de antemano y se obra con absoluta transparencia».

Asimismo, y en referencia a la pandemia de covid-19, apunta que a la sociedad vasca lo que le importa es que llegue la vacuna cuanto antes, «no tanto quién se pone la medalla», y afirma que el Gobierno central ha dado «sobradas muestras de asumir con entereza el desgaste que tenga que soportar, a veces más allá de lo razonable por parte de la derecha».

Por otro lado, dice que el hecho de estar ante un Gobierno de coalición inédito y un Parlamento fragmentado requiere de «una capacidad de negociación y de una sofisticación de la política muy alto», algo que «está haciendo el PSOE».

También defiende la reforma fiscal pactada con ERC y acusa a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «populista». «Es lo que siempre hemos querido, que los nacionalistas, los independentistas, se comprometan en cuestiones de Estado. Si en vez del Gobierno de Madrid fuera el de Cataluña quien estuviese haciendo ese tipo de competencia desleal, ¿qué estaría diciendo la derecha?», pregunta, para añadir que el hecho de que los partidos independentistas «se comprometan con una mayor igualdad entre españoles es una buena noticia».

A su juicio, Podemos y EH Bildu «no hacen nada distinto de lo que hace el PNV, que es exhibir y aparentar influencia». «El Gobierno tiene necesidades parlamentarias y los grupos minoritarios se disputan el papel de socio preferente. No es mala noticia en absoluto para este país», considera.

EXIGENCIA ÉTICA

Además, dice respecto a EH Bildu que el nivel de exigencia ética y moral «no se reduce un ápice» y considera que la coalición soberanista está haciendo un camino «hacia la institucionalidad».

«Y aunque aún tienen un buen trecho que recorrer en el reconocimiento del dolor causado, no seremos nosotros quienes abortemos esa perestroika. Es más lenta de lo que algunos quisiéramos pero, en términos de compromiso con la estabilidad del Estado, es evidente que se está produciendo», expresa.

Por otro lado, asegura que es de «aurora boreal» pensar que apoyando los Presupuestos EH Bildu contribuye «a romper el régimen del 78» y reconoce que ve «a veces al PNV reprochando» a EH Bildu «la mochila del dolor causado con más fuerza de lo que lo hacía en los años 90».

Ciudadanos ha apostado por pactar los Presupuestos en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y se mantendrá en esta línea aunque Inés Arrimadas no haya logrado convencer al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que eligiera a su partido, en vez de a Esquerra y a Bildu, para acordar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

Desde el mes de octubre, y en algunas comunidades incluso antes, la formación naranja se ha dirigido a los distintos gobiernos socialistas para ofrecerse a negociar las cuentas públicas para el próximo año.

El argumento que sustenta esta posición de Cs, que en muchos casos supone un giro respecto a la que tenía en 2019, es el mismo que ha esgrimido Arrimadas para llegar a acuerdos con el Gobierno de España: el momento excepcional que se vive a causa de la crisis del coronavirus y la necesidad de consensos para adoptar las medidas que reclaman los ciudadanos en los ámbitos sanitario, económico y social.

A cambio de su ofrecimiento para negociar, la condición que suele poner Ciudadanos es que no se suban los impuestos a las clases medias, además de reclamar ayudas para pymes y autónomos, más recursos para la sanidad pública o un apoyo a la conciliación familiar.

UTILIDAD POLÍTICA Y RESPONSABILIDAD

Fuentes de la dirección de Cs han declarado a Europa Press que su objetivo es actuar con «responsabilidad» hacia los españoles y demostrar «utilidad política», pensando en «lo que es bueno en cada territorio. «No hay tacticismo», han asegurado.

Por ello, aseguran que la decisión de votar finalmente en contra de los PGE, tras constatar que el Gobierno no había cumplido sus condiciones presupuestarias y que había hecho «contrapartidas intolerables» a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y a EH Bildu, no influirá en su forma de actuar en las comunidades autónomas. «No tiene nada que ver, no es una negociación conjunta», han explicado.

En los últimos meses, Arrimadas ha repetido en numerosas ocasiones que su partido es «coherente», porque donde gobierna –como en Andalucía, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Murcia, junto al PP– insta a la oposición a llegar a acuerdos y en aquellas instituciones donde está en la oposición, como el Congreso de los Diputados, tiende la mano a gobiernos del PSOE.

Con esta actitud, Ciudadanos también consigue diferenciarse del PP y de Vox, a los que suele reprochar que «gritan mucho, pero no consiguen nada» para la gente porque desde la oposición adoptan una postura «cómoda» en lugar de sentarse a negociar.

Arrimadas lamenta, por ejemplo, que en España los ciudadanos se hayan acostumbrado a que el PP siempre pida la devolución de los Presupuestos presentados por gobiernos del PSOE y que los socialistas hagan lo mismo cuando las cuentas son de los ‘populares’.

«Podemos utilizar la pandemia para hacer un ‘reset’ en la política y entender que no somos enemigos y que podemos llegar a acuerdos entre los grandes partidos de Estado», defendió en una entrevista el fin de semana pasado.

FACILITAN LA TRAMITACIÓN DE LAS CUENTAS AUTONÓMICAS

Para demostrar que «otra forma de hacer política es posible», en palabras de la líder del partido liberal, han decidido no registrar enmiendas a la totalidad de los Presupuestos en la mayoría de las autonomías gobernadas, en solitario o en coalición, por el PSOE.

Y en las Cámaras legislativas donde el proceso va más avanzado, Cs ha facilitado la tramitación parlamentaria de los Presupuestos al votar en contra de la devolución de las cuentas reclamada por el PP u otros grupos de la oposición –en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura– o absteniéndose, como ha hecho en Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares.

Igual que la presencia de Podemos en el Gobierno de España no impidió que Arrimadas intentara pactar los PGE, la formación naranja no ha tenido problema en dialogar con gobiernos regionales de los que forman parte el partido morado u otras fuerzas políticas con las que tiene escasa sintonía, como Compromís.

En Cantabria, donde el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, es del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) pero el PSOE forma parte del Ejecutivo de coalición, Ciudadanos rechazó esta semana las enmiendas a la totalidad impulsadas por el PP y Vox.

En el caso de Asturias, la portavoz en la Junta General del Principado, Susana Fernánez, trasladó en una reunión al Gobierno del socialista Adrián Barbón que están «totalmente abiertos a negociar» los Presupuestos de 2021. Igualmente, en La Rioja, el portavoz de Cs, Pablo Baena, ha hecho una propuesta al Ejecutivo de Concha Andreu para trabajar en las cuentas del próximo año.

En Euskadi y Navarra, donde Ciudadanos también está en la oposición, debe consensuar las líneas de actuación con los partidos con los que se alió para concurrir a las elecciones: el PP en el País Vasco y UPN y el PP en Navarra.

EN NAVARRA, CHIVITE PREFIRIÓ A BILDU

En el País Vasco aún no se habla de los Presupuestos, pero en la Comunidad Foral la coalición Navarra Suma acabó registrando una enmienda a la totalidad de las cuentas presentadas por el Gobierno de coalición del PSOE, Geroa Bai y Podemos, que acabó siendo tumbada el pasado jueves en el Parlamento vasco.

A principios de septiembre, el portavoz de Cs en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, señaló que los Presupuestos navarros debían contar con «el mayor consenso posible para tener la mayor estabilidad» en el actual contexto de crisis provocada por el Covid-19 y dijo que dentro de Navarra Suma (NA+) propondría pactarlos con el Gobierno.

Ya en octubre, NA+ propuso a Chivite abstenerse en la votación de las cuentas de 2021 a cambio de que no pactase con EH Bildu, pero un mes después se anunció que esta formación había suscrito un acuerdo con el Ejecutivo foral para aprobarlas.

Esquerra Republicana (ERC), el PNV y EH-Bildu, socios presupuestarios del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, no asistirán un año más a la recepción oficial con motivo del Día de la Constitución que el Congreso celebra cada 6 de diciembre. Tampoco lo harán Junts, la CUP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), según confirmaron a Europa Press fuentes de estos partidos.

En los últimos años ERC, PNV, Bildu y Junts se han ausentado de ese acto institucional alegando que no tienen nada que celebrar, y en 2019 se sumaron al ‘plante’ la CUP, que se estrenó en el Congreso tras las elecciones generales de noviembre de ese año, y el BNG, que regresó al Palacio de la Carrera de San Jerónimo con un diputado tras varios años sin representación.

Tanto la antigua Convergència, actualmente integrada en Junts, como el PNV llegaron a enviar en el pasado algún tipo de representación institucional a esta ceremonia, especialmente en las legislaturas en las que habían logrado algún puesto en las Mesas del Congreso o del Senado. Pero son ya varias las ediciones en que ahora Junts y el PNV son baja.

Los que no faltarán previsiblemente a esta cita serán representantes de los grupos del PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos, y también se prevé la presencia de varios representantes del Grupo Mixto, del que, aparte de la CUP, también forman parte Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Regionalista Cántabro, Nueva Canarias, Foro Asturias y Teruel Existe. Está por ver qué hará Más País y Compromís.

El acto de este año tendrá lugar días después de que el Congreso apruebe los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con el apoyo precisamente de quienes mantienen un año más su boicot a esta ceremonia institucional con motivo del cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978.

EL ACTO SE TRASLADA AL EXTERIOR DEL CONGRESO

Precisamente este año, la segunda ola del coronavirus ha obligado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a trasladarla al exterior de la Cámara Baja, previsiblemente a la conocida como Puerta de los Leones.

Habitualmente esta efeméride tiene lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso, donde cada año suelen darse cita en torno a 700 invitados entre miembros del Gobierno, las más altas autoridades del Estado, así como diputados y senadores.

Sin embargo, las restricciones del aforo que ha traído consigo la pandemia han obligado a la Cámara a pensar un ‘plan b’ y buscar un espacio que garantice la asistencia de parte de esa representación habitual y la correspondiente distancia de seguridad interpersonal.

Por ello, Batet decidió ‘sacar a la calle’ el acto, en concreto a la Carrera de San Jerónimo, desde donde se prevé que pronuncie su tradicional discurso con motivo del aniversario de la Constitución ante las entre 200 y 250 personalidades que el Congreso prevé invitar este año.

Año tras año, tras ese discurso de la Presidencia, tenían lugar los habituales corrillos, conversaciones informales entre periodistas y políticos, pero este año el Congreso también ha decidido suprimir esta práctica con el fin de evitar las aglomeraciones y, con ellos, los riesgos de contagio del Covid.

SUSPENDIDAS LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

La evolución de la pandemia también ha provocado que el Congreso haya tenido que descartar este año las Jornadas de Puertas Abiertas que se celebran cada año en torno al 6 de diciembre. Estas jornadas, puestas en marcha cuando Federico Trillo ocupó la Presidencia de la Cámara, se vienen realizando desde 1997, por lo que, de celebrarse, la de este año habría sido la edición vigésimo cuarta.

Se trata de la segunda ocasión en 23 años que el Congreso se ve obligado a suspender este tradicional evento. La primera vez fue en 2012, cuando el entonces presidente, el ‘popular’ Jesús Posada, decidió no celebrarlas como consecuencia de las obras que se realizaban en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Europa Press Andalucía celebra el próximo miércoles 3 de diciembre, de la mano de la Fundación Unicaja y con el patrocinio de Atlantic Copper y Laboratorios Vir, una nueva edición de sus desayunos informativos en formato presencial con la participación del presidente ejecutivo de Martínez-Echevarría & Rivera Abogados y exlíder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, en esta ocasión en un formato de diálogo moderado por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

Tras varios meses sin poder desarrollar esta actividad por las limitaciones establecidas por el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del Covid-19, Europa Press Andalucía retomó el pasado 1 de junio sus desayunos informativos con el propio Marín en Sevilla y vuelve a celebrarlos este miércoles a las 10,00 horas en el Hotel Barceló Málaga adoptando las preceptivas medidas preventivas y de seguridad ante el coronavirus Covid-19 para participantes y asistentes.

En cumplimiento con la normativa vigente, el lugar donde se celebrará el desayuno habrá sido previamente limpiado y desinfectado de manera exhaustiva, mientras que en cada uno de los accesos se dispondrá de cartelería informativa recordando las medidas de seguridad.

Además será obligatorio el uso de mascarilla para entrar al salón, por lo que la organización la facilitará a la entrada a los asistentes en caso de no disponer de ella. También se distribuirá gel hidroalcohólico en la entrada y en diferentes puntos.

El acceso se realizará de manera escalonada para evitar aglomeraciones, manteniendo siempre la distancia de seguridad. La distribución del espacio también se adoptará para mantener la distancia de seguridad establecida entre los asistentes.

En consecuencia, el aforo será limitado, únicamente podrán acceder al evento aquellas personas que hayan confirmado asistencia previa presentación de un código QR y no se repartirá ningún material a los asistentes.

Para aquellos invitados que no puedan asistir de forma presencial, el desayuno informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, el canal de Youtube, la página de Facebook y el perfil de Twitter.

MÁS DE 70 EDICIONES

Los desayunos de Europa Press Andalucía superan ya las 70 ediciones en sus primeros seis años de vida y, desde su estreno en enero de 2014, por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna o María Jesús Montero.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de ATA, Lorenzo Amor; o el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta.

En apenas cinco años, ‘Los Desayunos de Europa Press Andalucía’ han sido además protagonistas de dos campañas electorales autonómicas, en 2015 y 2018. En ambas ocasiones contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Susana Díaz, Juanma Moreno, Juan Marín, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo.

Dejando a un lado el plano electoral, la política regional también ha tenido presencia destacada de la mano de los presidentes del Parlamento andaluz en este periodo, Juan Pablo Durán y Marta Bosquet, y de varios consejeros de la Junta como Rocío Blanco (Empleo), Javier Imbroda (Educación), María Jesús Montero (Hacienda), Francisco Javier Fernández (Turismo) o Antonio Ramírez de Arellano (Economía).

Igualmente, la política local ha tenido cabida en este foro de la mano de representantes como los alcaldes de Sevilla Juan Ignacio Zoido y Juan Espadas; Málaga, Francisco de la Torre; Granada, Francisco Cuenca; Córdoba, Isabel Ambrosio; o Almería, Ramón Fernández-Pacheco, junto a presidentes de diputaciones como Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; Málaga, Elías Bendodo; Jaén, Francisco Reyes; Córdoba, Antonio Ruiz; Huelva, Ignacio Caraballo; o Granada, José Entrena.

La diputada del PP por Vizcaya Bea Fanjul ha presentado ya su candidatura al XV Congreso de Nuevas Generaciones que elegirá al nuevo presidente de la organización juvenil en sustitución del gallego Diego Gago. También tiene intención de hacerlo el vicesecretario de Relaciones Internacionales de la organización juvenil, Carlo G. Angrisano, quien ha anunciado que el próximo martes formalizará su candidatura.

«Hay decisiones que maduran con horas de trabajo en equipo. He comunicado al presidente Pablo Casado y a nuestro secretario general, Teodoro García Egea, que el próximo martes formalizaré mi candidatura para NNGG», ha confirmado en su cuenta de Twitter Angrisano, sobrino del exdiputado de Cs Juan Carlos Girauta y que también es presidente de los Estudiantes Demócratas Europeos.

El cónclave de Nuevas Generaciones que elegirá a la nueva cúpula de la organización juvenil del PP tendrá lugar los días 23 y 24 de enero en Barcelona, en plena precampaña electoral de las elecciones catalanas que se prevén para el 14 de febrero.

Alrededor de 35.000 afiliados de Nuevas Generaciones podrán votar en este congreso a la nueva dirección de la organización juvenil y durante esos dos días se debatirán cuatro ponencias: educación, políticas sociales, retos de futuro y Europa.

EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS TERMINA EL DÍA 1

Por lo pronto, solo Fanjul y Angrisano han adelantado ya su voluntad de competir por la Presidencia de Nuevas Generaciones –cargo que ocupa desde abril 2017 el diputado gallego Diego Gago– pero el plazo para presentar candidaturas termina el próximo 1 de diciembre.

«Me presento», escribió el pasado martes Fanjul en su cuenta de Twitter, confirmando así su candidatura a la Presidencia de Nuevas Generaciones del PP. Acompañó este mensaje con un vídeo producido por Hemeroteca Films.

En la cita, la diputada vasca –que tiene 29 años y es muy activa en redes sociales– explica cómo quiere convencer a los jóvenes que quieren que lograr una casa, una familia o un proyecto de vida no sea «un sueño inalcanzable sino algo perfectamente posible». «Una nueva fuerza cohesionada, formada, entrenada e inconformista. Unas Nuevas Generaciones», afirma.

Fanjul, que logró el único diputado que tiene el PP por el País Vasco, fue una apuesta personal de Pablo Casado ante las generales de noviembre del año pasado, igual que Mari Mar Blanco (en Álava) e Iñigo Arcauz (Guipúzcoa). Sin embargo, solo ella logró escaño en el Congreso –dando al PP el escaño 89– después del recuento del voto de los españoles en el exterior (voto CERA), arrebatando así un diputado al PNV por la circunscripción de Vizcaya.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press, que barajaban estos días la posibilidad de que hubiera una sola candidatura de unidad ante este cónclave, sitúan a Fanjul como favorita en la carrera por la presidencia de Nuevas Generaciones.

ANGRISANO LO HA COMUNICADO A CASADO Y A EGEA

Angrisano ha señalado que registrará su candidatura el martes y ha confirmado que lo ha comunicado ya tanto a Casado como ha García Egea. «Hay decisiones que maduran con horas de trabajo en equipo», ha asegurado en un mensaje en Twitter.

Igual que su rival, ha optado por lanzar un vídeo en redes sociales para recabar apoyos, invitando a sus seguidores a sumarse a su proyecto. La cinta, en la que habla en varios idiomas, recopila uno de sus discurso ante jóvenes europeos en defensa del proyecto de la Unión. Además, alude a la situación de Cataluña.

«El nacionalismo que golpea mi tierra nos trata de catalanes de segunda por no pensar como ellos. Nos señalan y atacan por defender la unión y no la división. Quieren convencernos de que el futuro de Europa es más frontera, más odio y más desigualdad», asegura Angrisano.

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha defendido que el Govern establezca «alianzas más allá del independentismo» tras las elecciones catalanas, con partidos como los comuns y la CUP.

«El objetivo de la independencia no sólo lo mantenemos, sino que creemos que solo se podrá llegar defendiendo las cosas cotidianas. No es incompatible», ha explicado en una entrevista en ‘La Vanguardia’ este domingo recogida por Europa Press.

Preguntado por los socialistas catalanes, ha lamentado que el PSC con el que ERC llegó a pactos «ya no existe», y que con el que lidera el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no hay acuerdo posible.

Por ello, ERC descarta «totalmente» llegar a ningún pacto con los socialistas en el Parlament, porque sostiene que ambos partidos defienden proyectos incompatibles y que el PSC quiere conseguir los s que en las anteriores elecciones cosechó Cs.

Sobre si están más cerca del PSOE que del PSC, ha contestado: «Sí, hoy estamos mejor porque el PSOE es un partido de otro país. Y a veces eso hace que sea más fácil llegar a un punto de acuerdo».

PGE

Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha explicado que sin la pandemia habría sido distinta porque ERC ha pactado teniendo en cuenta el contexto de crisis por el Covid-19, y ha añadido: «Si el conjunto del independentismo catalán hubiera ido junto a negociar, los resultados habrían sido mejores».

Entre otros puntos –ha destacado– el acuerdo de los republicanos y el Gobierno incluye 450 millones para compensar «la falta de financiación de los Mossos», y la entrada de la Generalitat en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

También ha subrayado que el acuerdo alcanzado prevé que el Govern dé «su opinión antes de que el Estado presente el plan con todas las propuestas de fondos a Europa«, que ha defendido como una prioridad para la Generalitat.

CATALUNYA Y LA COMUNIDAD DE MADRID

Ha defendido la armonización fiscal que incluye el acuerdo sobre los PGE persigue aplicar sobre la Comunidad de Madrid las mismas técnicas que se aplican en el seno de la Unión Europea (UE) para evitar «paraísos fiscales», que tampoco quiere para Cataluña.

«La mejor forma de proteger nuestra soberanía fiscal es hacer que no haya nadie que utilice el hecho de ser capital de un Estado para conseguir una ventaja desleal», ha subrayado.

Preguntado por las diferencias de la gestión de la pandemia entre Cataluña y la Comunidad de Madrid –donde no la restauración no cerró–, ha defendido que las gráficas de contagios son distintos en las dos comunidades, y que «en términos de mortalidad de población» Cataluña está en una situación mejor.

«Si no hubiéramos decidido los cierres, ahora estaríamos en un confinamiento total», y ha recordado que en Alemania los bares siguen cerrados y en Francia no abrirán hasta mitades de enero.

GOVERN «EN BUENAS MANOS»

Ha sostenido que el «el Govern está en buenas manos» y ha destacado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat a través de una alianza en la que ERC ha hecho de rótula entre JxCat y los comuns, según ha destacado.

En las próximas elecciones –ha dicho– ERC pide el apoyo de la ciudadanía para hacer «replicable el acuerdo de presupuestos en Cataluña a otros ámbitos de la gobernanza» y seguir avanzando.

«También somos los que hemos conseguido que el Gobierno español se siente en una mesa de negociación en la que, como mínimo, han tenido que escuchar formalmente la defensa del derecho a la autodeterminación y la amnistía», lo que ha sostenido que deberá afrontarse también la próxima legislatura.

Y sobre su perfil como candidato, ha pedido a la gente fijarse en los hechos: «Yo no soy de la política espectáculo. Me gustan más los hechos y creo que así se avanza. Mi compromiso político, desde que era un adolescente, es la defensa de la independencia y lo hago en ERC».

Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son las autonomías que tienen el impuesto sobre Sucesiones más alto de toda España frente a Galicia, Cantabria y Andalucía, que tienen una cuota líquida de cero en este tributo. Respecto al impuesto de patrimonio, los ciudadanos de Aragón, Extremadura y Cataluña son los que más pagan, mientras que en Madrid, y algunas provincias del País Vasco es de cero.

Así se desprende del informe ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020’, elaborado y presentado en marzo por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) y que elabora una serie de ejemplos prácticos para poder comparar los tributos en las distintas Comunidades Autónomas.

El debate sobre la fiscalidad en las distintas Comunidades Autónomas ha salido recientemente a la luz por el preacuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y ERC para lograr una armonización fiscal en toda España y acabar con lo que el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, define como el «paraíso fiscal» de la Comunidad de Madrid.

Este preacuerdo contempla la creación de una comisión bilateral para estudiar una reforma fiscal integral y un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto de las grandes fortunas destinada a acabar con el «dumping» que achacan al gobierno regional madrileño respecto a otras comunidades y que, a juicio de Rufián, «supone un grave perjuicio para la clase trabajadora en un momento de emergencia social».

IMPUESTO DE SUCESIONES

En este informe están recogidos a grandes rasgos las figuras tributarias en cada Comunidad Autónoma, aunque, dependiendo de la autonomía, suelen actualizarse anualmente. Cada impuesto en las distintas comunidades tiene distintas variables en función de tramos, nivel de parentesco, etc. Por ello, se ejemplifica en un tipo de persona para poder conocer cómo está la situación en cada comunidad.

Respecto al impuesto de sucesiones, en el ejemplo práctico de un soltero de 30 años que hereda bienes por valor de 800.000 euros, donde más tributaría sería en Asturias, con una cuota líquida de 103.135,48; seguido de Castilla y León (81.018,76); Comunidad Valenciana (63.193,76); Aragón (55.466,81); La Rioja (32.342,86); Castilla-La Mancha (31.759,23) y Canarias (31.748,63).

A estos territorios les seguiría Navarra (17.000); Cataluña (9.796,89); Baleares (5.950); País Vasco (3.150); Murcia (1.640,49); Extremadura (1.587,96) y Madrid (1.586,04). Andalucía, Cantabria y Galicia tienen una cuota líquida de 0.

IMPUESTO DE DONACIONES Y EL DE PATRIMONIO

En el impuesto sobre donaciones, y poniéndonos en el caso de un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo, donde más tributaría sería en Castilla y León y Extremadura, ambos con una cuota líquida de 200.122,67; seguidos de Aragón (177.706,26); Asturias (176.700); Comunidad Valenciana (171.012,52); y Canarias (87.128,60).

Los siguientes serían Baleares, Cataluña y Galicia (56.000 los tres); La Rioja (51.031,28); Castilla-La Mancha (30.018,40); Navarra (16.000); País Vasco (12.000): Andalucía (2.081,59); Murcia (2.081,59) y Madrid (2.000,06). En este caso, Cantabria tiene una cuota líquida de 0.

Respecto al impuesto sobre el patrimonio, y bajo el ejemplo de un contribuyente con un patrimonio por valor de 800.000 euros sin tener en cuenta los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, el territorio dónde más se tributa es en Aragón (1.164,37); Extremadura (1.099,31); Cataluña (769,51); y Comunidad Valenciana (539,44).

Les siguen Navarra (475,59); Baleares (280); Andalucía, Cantabria y Murcia (240); Asturias (220); Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Guipúzcoa (200); y La Rioja (50). Sin embargo, en Madrid, Vizcaya y Álava es de 0.

ALGUNOS CAMBIOS EN LAS CCAA

Como se ha citado anteriormente, algunas Comunidades Autónomas suelen actualizar las figuras tributarias de manera anual. De este modo, en La Rioja hasta 2020 existía un 75% de bonificación de la cuota del impuesto de Patrimonio, que se eliminó con la Ley de Medidas Fiscales de 2020.

Por su parte, en Cataluña el Gobierno de la Generalitat decidió a mediados de este año aumentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como el IRPF.

La Guardia Civil ha detenido al guía de un centro de buceo por el fallecimiento de la investigadora oceanográfica María Casanova, quien perdió la vida al quedar atrapada en el interior del pesquero coreano Soo Yang, hundido en el puerto de la Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria.

El guía, un varón de 45 años, ha sido detenido en el marco de la operación Narcotis como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, esclareciendo así las causas del fallecimiento de María Casanova, de 27 años, tras realizar la inmersión en una zona de pecios hundidos denominada ‘los narcóticos’, en el exterior del muelle Reina Sofía.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre, cuando el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil fue alertado para el rescate de una submarinista que había desaparecido dentro del pecio hundido Soo Yang, en el área denominada ‘los narcóticos’, donde accedieron un grupo de submarinistas recreativos dirigidos por un guía.

Por tal motivo, los agentes iniciaron una investigación en la que detectaron diferentes ilegalidades, aparte de comprobar que el grupo de submarinistas carecía de una planificación específica obligatoria según la normativa para la realización de buceo previa a la inmersión que incluía una evaluación de riesgos, en la cual se debía haber tenido en cuenta, entre otras cosas, el lugar, profundidad, tiempo, consumo de aire y, sobre todo, experiencia y titulación del buceador.

Aún así, se llevó a cabo la inmersión superando la profundidad superior a la permitida y en el interior de un pecio, la cual, por sus características técnicas, lleva implícito unos riesgos extremos que requieren una experiencia, entrenamiento, habilidad y equipo especifico.

Por otro lado, los agentes pudieron comprobar que no se activó el correspondiente plan de evacuación según las manifestaciones vertidas en la investigación, concretamente al haber ascendido a superficie sin realizar el resto del grupo la correspondiente parada de seguridad, siendo conocedor por su trayectoria profesional de que si ascendían sin realizar la parada, ponía en peligro la vida de los otros buceadores.

Por tal motivo, los agentes procedieron a la detención del guía y director técnico de un centro de enseñanza de buceo de Las Palmas de Gran Canaria, así como al precinto policial del local para el correspondiente peritaje por la presunta autoría de un homicidio por imprudencia grave.

RESCATE COMPLEJO Y PELIGROSO

Los componentes del GEAS llevaron a cabo una maniobra muy complicada y peligrosa al tener que acceder al interior del buque, en el que en el primer día localizaron el cuerpo de la submarinista fallecida ubicado en una zona de difícil acceso con pasos angostos. A todo ello hay que sumarle la cantidad de limo que se levantaba por el paso de cualquier buceador, circunstancia que ocasionaba una desorientación extrema, provocando la pérdida de la salida aunque estuviera a escasos centímetros de distancia.

Aun con ello, los componentes del GEAS, en la segunda inmersión realizada, localizaron el cuerpo sin vida de la joven en el interior del pecio hundido hace más de 30 años, que se apoya en un lecho marino a 41 metros de profundidad, posición quilla al sol donde en su interior solo existen estructuras metálicas oxidadas y cortantes.

Con esta localización los agentes realizaron al día siguiente otras dos inmersiones para la recuperación y extracción del cuerpo y todo su equipo de buceo, que se encontraban en una zona de difícil acceso. Una maniobra compleja en la que los agentes del GEAS avanzaron al exterior de espaldas para minorizar los enganches continuos y los obstáculos en los pasos estrechos.

Asimismo, los mismos especialistas de buceo de la Guardia Civil que tuvieron que actuar para la búsqueda, localización y recuperación del cuerpo de la buceadora fueron testigos de los riesgos que llevaba implícita esa inmersión, quedando absolutamente fuera de los parámetros del buceo recreativo.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Homicidios – Personas de La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

El suplicatorio que el Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso para investigar a Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, será calificado este lunes por la Mesa del Congreso e iniciará así su tramitación en la Cámara Baja.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014. El diputado de Podemos se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa.

El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta –o delito leve– de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

UNA DECISIÓN ANTES DE DOS MESES

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, lo que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias sucederá el lunes. A partir de ahí, Batet tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia al afectado, bien sea en persona o por escrito, para que pueda presentar sus alegaciones en el plazo de diez días. Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

TODO EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, A PUERTA CERRADA

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).

En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.

Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.

32 SUPLICATORIOS APROBADOS

En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante; y el también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

La Marea Blanca marchará este domingo, a partir de las 12.00 horas, desde Neptuno hasta Colón para decir «¡basta! a la caótica y temeraria gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso».

Un total de trece organizaciones, entre las que se encuentran sindicatos, colectivos de sanitarios, plataformas en defensa de la sanidad pública y organizaciones vecinales, se han unido en esta movilización para exigir al Gobierno regional que «abandone su modelo de ‘ladrillazo’ como solución a la actual crisis y apueste de manera firme por el refuerzo de la atención primaria y hospitalaria con la contratación y consolidación de más personal sanitario».

En concreto, los organizadores son la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), Comisiones Obreras (CCOO Madrid), Confederación General del Trabajo (CGT), CSIT-Unión Profesional (CSIT UP), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS), Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca (MEDSAP-Marea Blanca), Plataforma Centros de Salud, Sanitarios Necesarios, Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS), SummAT (SUMMA 112- Asamblea de Trabajadores) y Unión General de Trabajadores (UGT Madrid).

Según un comunicado de los convocantes, aparte de las 13 organizaciones impulsoras, más de 4.000 personas y 150 entidades se han adherido al manifiesto que da origen a la movilización, donde denuncia «la situación tan dramática» generada por «las políticas irresponsables y privatizadoras del Gobierno de la Comunidad de Madrid».

Los convocantes han realizado un llamamiento a que las personas que se sumen a la marcha, que discurrirá desde la plaza de Cánovas del Castillo hasta la plaza de Colón, porten siempre mascarilla y mantengan en todo momento la distancia mínima de seguridad, para lo cual recomiendan acudir con un paraguas.

Comerciantes del Rastro han señalado que el Consistorio «incumplió los acuerdos pactados» sobre las condiciones de reapertura y confían en que mañana domingo se solventen «los graves errores del dispositivo anterior».

Según ha informado la asociación de comerciantes en un comunicado, hace una semana «no se respetó el eje continuado de doble dirección» desde la calle San Millán hasta Ronda de Toledo, el cual era «la base de los acuerdos con el Ayuntamiento» porque es el «articulador de todo el espacio histórico».

«Observamos que se aplicaron criterios que nadie entendía. Además de que no había señalización de entradas y salida, ni cartelería indicando los recorridos. Todo ello implicó situar a vendedores y visitantes en un laberinto sin lógica alguna que llevó a la indignación y desesperación», han apuntado.

Asimismo han lamentado que se invirtieran de forma unilateral las funciones de algunos de los accesos de salida por entrada, y viceversa, así como que calles que servían de enlace entre zonas fuesen cerradas, obligando a los visitantes a realizar «grandes rodeos».

Por estos motivos han elaborado un informe de los sucedido, apoyado en documentos gráficos, y lo han registrado a la atención del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, así como del concejal-presidente de distrito Centro, José Fernández, con el fin de que «se corrijan todas estas cuestiones a la mayor brevedad posible».

NUEVAS EXIGENCIAS

Por estos motivos, los comerciantes han exigido que se respete el acuerdo de reapertura del Rastro y que el eje articulador y continuado se establezca en doble dirección con entradas por la calle San Millán, Embajadores, Ronda de Toledo y Maldonadas, y con salida por Ruda, Juanelo, San Cayetano, Fray Ceferino González, Rodas, Mira el Sol y Casino.

También han reclamado que el control del aforo se realice según los punto de acceso, tal y como se acordó, y que no se divida la zona de la calzada de una calle para el control del mismo ya que conlleva «daños a los vendedores».

En la misma línea, los comerciantes han pedido que se respeten las calles que son de entrada y salida, que los accesos se mantengan abiertos y que se instale alguna señalización que indique el recorrido a seguir.

Asimismo han recogido las quejas de los propietarios de los quince puestos instalado en la plaza del Campillo, que han afirmado verse «aislados y desconectados del flujo de los visitantes». Exigen ser reubicados.

La Plataforma ‘Sijena Sí’ ha solicitado que se ejecute la sentencia que obliga a la devolución de las 111 piezas de arte sacro, propiedad de la diócesis de Barbastro-Monzón, que se encuentran en Cataluña.

De esta forma, este colectivo ha mostrado su apoyo al Obispado de Barbastro-Monzón y a su última petición de ejecución provisional de la sentencia que le da la razón sobre estos bienes, pertenecientes a parroquias de su territorio diocesano.

El portavoz de ‘Sijena Sí’, Juan Yzuel, ha resaltado que a pesar de haber 26 resoluciones a favor de Barbastro, el obispo de Lérida, monseñor Salvador Giménez, «ha decidido ir en contra de la obediencia de los tribunales».

«Nosotros apoyamos la petición de la Diócesis de Barbastro-Monzón y nos alegramos de que el Gobierno de Aragón también esté detrás y apoye al obispado» ya que todos «hemos de remar en esa dirección porque no habría ningún inconveniente en permitir esa ejecución, dado que son bienes siempre se podrían devolver», algo que ha confiado en que no ocurra.

Yzuel ha asegurado que la plataforma seguirá apoyando las acciones del obispo de Barbastro-Monzón, monseñor Ángel Pérez, que «siempre ha tendido la mano, desde el respeto a los más altos tribunales de la Iglesia Católica, y ha procurado el entendimiento y la colaboración con el obispado de Lérida, al igual que antes lo hicieran sus predecesores, Alfonso Milián y Juan José Omella.

El portavoz de ‘Sijena Sí’ ha añadido: «De la misma manera que se pidió que se ejecutase de forma provisional la devolución de los 97 bienes de Sijena y los jueces así lo hicieron, ahora también se podría realizar y esperamos que se facilite, sin perjuicio de que los juicios siguientes o apelaciones tengan el resultado que tengan».

JxCat proclamará este domingo su presidenciable a las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, tras una votación en primarias que se ha celebrado desde el viernes, con la incógnita aún de si el expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado Carles Puigdemont encabezará la lista.

En las primarias, en las que han podido votar telemáticamente un censo de 5.128 afiliados, compiten la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, después de que el viernes se retirara el tercer candidato , el abogado y economista Jordi Ferrés.

El ganador de estas primarias será «la persona que intentará ir a la investidura como presidente de la Generalitat», y en consecuencia optará a ser el relevo del expresidente Quim Torra.

REGLAMENTO DE PRIMARIAS

Esto no significa que el vencedor tenga que encabezar la lista en las elecciones, un puesto que podría ocupar Puigdemont acogiéndose al reglamento de las primarias, que incluye un artículo que permite a la Ejecutiva de JxCat completar la lista en cada una de las circunscripciones una vez se haya proclamado los resultados de las primarias como presidenciable y en las demarcaciones.

Además, Puigdemont ya advirtió de que quería estar en las listas y participar en las elecciones para «liderar y terminar el trabajo» llevado a cabo con el objetivo de culminar el proceso independentista.

PRIMARIAS EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES

Una vez se proclame el candidato del partido a la Presidencia de la Generalitat, arrancará el proceso de primarias para escoger a los principales integrantes de las listas de las cuatro circunscripciones catalanas.

El proceso servirá para escoger a mediados de diciembre las personas que ocuparán los tres primeros puestos en la circunscripción de Lleida y Tarragona, las cuatro primeras posiciones en Girona, y en Barcelona se elegirá a las ocho personas inmediatamente posteriores al que haya sido elegido como cabeza de lista.

A estas primarias se podrán presentar los afiliados y simpatizantes que lo soliciten si así lo aprueba la Ejecutiva de JxCat, y no se requerirá la presentación de avales.

Dado que el periodo de presentación de candidaturas no empezará hasta, como mínimo, el día después de la proclamación del presidenciable, se abre la puerta a que los posibles candidatos que salgan derrotados se puedan presentar a las primarias por las circunscripciones, lo que permitiría a Borràs y Calvet concurrir a ellas en caso de no vencer.