El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha cifrado en un 8,7% la caída de ingresos tributarios en términos homogéneos hasta el mes de octubre en comparación al año pasado, y en un 10,1% la merma de la recaudación fiscal total.

Así lo ha señalado Gascón durante su intervención en un evento virtual organizado por Lefebvre sobre el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Según ha indicado Lefebvre en una nota, Gascón ha explicado que esta caída de los ingresos tributarios se debe a los aplazamientos concedidos en el primer semestre del año y supone una mejora en la coyuntura internacional en comparación con al año anterior.

Además, ha resaltado que es «positivo» que los ingresos caigan menos que la actividad, puesto que ese es el principal indicador de que las cosas van «razonablemente bien» en un país cuando se refiere a la aplicación del sistema tributario.

La semana pasada en el Senado la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, defendió que las previsiones de ingresos del Gobierno tienen un «grado de seguridad muy alto».

La previsión del Gobierno es que los ingresos tributarios cederán un 7,6% este año, hasta los 196.537 millones de euros, pero se elevarán un 13% en 2021, hasta los 222.107 millones, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos, gracias a la recuperación, una aportación de ingresos de 6.800 millones de euros derivada de los fondos europeos y la subida de impuestos.

La caída del 7,6% prevista sería la mayor en once años, ya que en los últimos ejercicios crecía de forma sostenida por encima del 10%, tras los desplomes durante los años de la anterior crisis, como 2008 (-13,5%) o 2009 (-16,9%).

Según indicó Bardón, los ingresos procedentes de los fondos europeos y el impacto de los cambios normativos llevarán a alcanzar unos ingresos no financieros de 255.631 millones, un 14,5% más, con un alza de los ingresos tributarios del 13%, hasta los 222.107 millones de euros.

LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

También han participado en el evento virtual el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez; el subdirector general de Ordenación Legal en el departamento de Inspección de la AEAT, Marcos Álvarez; el inspector en el departamento de Recaudación de la AEAT, Antonio Montero, o expertos como la catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia, Ana María Juan, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, Javier Martín, entre otros.

Gómez ha subrayado la importancia de regular los softwares de doble uso y las certificaciones exigidas en esta materia, mientras que Montero ha destacado que el proyecto de ley de prevención de lucha contra el fraude contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas y prohíbe por ley las amnistías tributarias».

Además, ha añadido, en relación con el nuevo sistema de recargos, que «no blinda la no sancionabilidad en un momento posterior si el contribuyente no ha regularizado y si es la administración la que comprueba».

Ha puntualizado también la posibilidad que recoge el proyecto de salirse de la «lista de morosos» incluso cuando el pago se efectúa fuera de plazo, así como la importancia de la precisión que sobre el plazo de ingreso «originario» se incorpora en la Ley General Tributaria.

Ana María Juan, por su parte, se ha referido al debate respecto a cuándo y cómo puede pedir la Inspección de los Tributos autorización para una entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, sobre lo que ha indicado que «el sistema actual debe, y puede, integrarse a través de unas instrucciones jerárquicas que minimicen los riesgos de desproporción, o falta de razonabilidad, y que eviten que la multiplicación de entradas domiciliarias se convierta en un objetivo en sí mismo».

Por último, Marcos Álvarez ha explicado que la disposición transitoria única del proyecto habilita, indirectamente y a través del trámite de audiencia, para que puedan aplicar el nuevo sistema de recargos aquellos contribuyentes que ya hubieran interpuesto recurso contra la regularización administrativa.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha negado a admitir que el informe del Consejo de Estado contra el decreto que valida el test de antígenos sea un «fracaso» y ha querido dejar claro que su función es defender los intereses de Canarias, con independencia del partido que esté gobernando el país.

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta del diputado nacionalista Pablo Rodríguez sobre previsión de realización de cambios en el Gobierno para afrontar con mayores garantías el resto de legislatura, y quien también afirmó que el dictamen del Consejo de Estado no es más que el «fracaso» del Ejecutivo canario.

Pablo Rodríguez también criticó que los cambios que ha hecho el Ejecutivo han llegado «tarde» y destacó, de forma irónica, que el presidente Torres haya contado con personas que estuvieron en gobiernos de Coalición Canaria: «Le facilitaremos algún teléfono más si lo necesita».

En su intervención, el consideró «absolutamente injusto» que «los mismos que decían que era un gesto valiente [la aprobación del decreto que valida los test de antígenos] no pueden decir ahora que, por las decisiones de otros, es un fracaso».

Torres afirmó que su Gobierno, formado por PSOE, NC, Podemos y ASG, está «más unido» que nunca a raíz de las adversidades, incluso más que al principio de la Legislatura. Dijo que está «preparado para afrontar los retos del presente y del futuro» y añadió que los cambios que se han hecho han sido «intentando buscar el bien común», aunque algunos de ellos hayan sido «traumáticos».

Señaló, asimismo, que cuando CC critica que el presidente tire de los «mejores gestores», haya gobernado quien haya gobernado, lo que está diciendo es que «pone por delante los intereses de Canarias a los de su partido», y se mostró convencido de que la sociedad canaria está «contenta» con que el Gobierno esté haciendo los «máximos esfuerzos» ante la situación que está viviendo el archipiélago.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este martes que las campañas de vacunación en los países de la UE podrán empezar «de inmediato» tras la primera autorización que llegará el lunes a una de las candidatas a vacuna por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), al tiempo que ha invitado a los gobiernos nacionales a coordinarse para que puedan empezar «el mismo día» a vacunar a sus ciudadanos, como prueba de unidad frente a la pandemia.

«Empecemos cuanto antes con la vacunación, juntos, a Veintisiete, con un inicio el mismo día. Dado que hemos avanzado unidos en esta pandemia, iniciemos la erradicación de este horrible virus juntos y unidos», ha pedido Von der Leyen, cuyo Ejecutivo no tiene competencias en materia sanitaria pero ha negociado en nombre del bloque los acuerdos con los laboratorios la compra de las vacunas.

Toda recuperación de la crisis generada por el coronavirus debe pasar primero por superar la pandemia, ha advertido Von der Leyen en una intervención ante el pleno del Parlamento europeo, para después recordar que será necesario que llegar a al menos el 70% de la población europea vacunada para poder frenar la propagación del virus.

También ha defendido que la UE ha comprado «más que suficientes» dosis para cumplir con la campaña de inmunización de los ciudadanos en todos los Estados miembro, por lo que el bloque podrá después dar parte de las vacunas a otros países más vulnerables en el exterior.

«Nadie debe pensar que estamos ya fuera de peligro, no cuando más de 3.000 europeos cada día o cuando los contagios y hospitalizaciones siguen aumentando en algunos Estados miembro», ha insistido la política alemana, que con todo ha defendido que hay «esperanza» y que la vacuna es prueba de que también hay buenas noticias.

Von der Leyen ha recordado además que el próximo lunes la primera candidata, la de Pfizer y BioNtech, «será autorizada» el próximo lunes por la EMA, con lo que la administración de la vacuna podrá comenzar «inmediatamente».

Una vez que la agencia europea dé su visto bueno aún será necesario que la Comisión Europea dé luz verde a la vacuna, pero Bruselas ya ha dicho que ha agilizado todos los procedimientos para que esa fase que normalmente lleva meses se pueda concluir en días.

Más tarde, un portavoz de Von der Leyen ha insistido en la importancia de que los Estados miembro se coordinen todo lo posible a la hora de iniciar sus respectivas campañas de vacunación y ha destacado que Bruselas ha ofrecido su «apoyo activo» a las autoridades de los Veintisiete para facilitar la distribución de las dosis y agilizar su inoculación en la población.

«Una vez que la vacuna sea aprobada es deseable que se empiece cuanto antes», ha insistido el portavoz comunitario Eric Mamer, para después recalcar que la Comisión hará «todo lo que pueda» que la autorización del fármaco pueda decidirse «en dos días» y está en contacto con los Estados miembro para ayudar a lanzar las campañas «tan rápido como sea posible».

Anteriormente, el Ejecutivo comunitario indicó que ha agilizado todos los procedimientos, incluida la consulta necesaria con los expertos de todos los Veintisiete, para reducir a un máximo de tres días un proceso que habitualmente lleva cerca de tres meses.

El portavoz también ha defendido la decisión de que el número de dosis que se distribuya de salida en cada Estado miembro venga determinado en base a la población de cada país, aunque no todos puedan empezar la vacunación el mismo día. «Es el reparto más justo que permitirá la distribución más correcta», ha zanjado Mamer.

Varios libreros independientes han reconocido este miércoles 16 de diciembre tras una reunión con representantes del Ministerio de Cultura que la declaración de servicio esencial en España «jurídicamente es difícil, por no decir imposible», pese a haber reunido más de 75.000 firmas apoyando esta petición.

«Al final, ante cualquier posible Estado de Alarma, son las autoridades sanitarias las que deciden qué servicios son esenciales según la gravedad. Hemos salido un poco decepcionados por eso, ya que no se puede cerrar una esencialidad antes de que se produzca otro posible estado de emergencia», ha señalado a Europa Press el promotor de la iniciativa, Rafael Soto.

Soto (de la librería Nakama) ha estado acompañado por varios libreros independientes de Madrid –Terry Craven, de la librería Desperate Literature; Cristina López de Vino a por letras; Begoña Loza de La esquina del zorro rojo y Pepe Olona, propietario de Arrebato Libros–. La reunión ha sido con la directora general del LIbro, María José Gálvez.

La petición en ‘change.org’, que ya va por las 76.726 firmas, ha sido respaldada por autores como Elvira Sastre o Javier Sierra. Soto ha apuntado que, pese a darla «por terminada», no la cerrará «por lo que pueda pasar». «Pero ahora vemos que una declaración tiene poco recorrido, porque dependerá de Sanidad y las comunidades autónomas», ha lamentado.

La declaración de servicio esencial supondría que los ciudadanos puedan acudir a las librerías en las zonas con restricciones y limitaciones comerciales o en caso de confinamiento domiciliario. Tal y como explica Soto, países como Bélgica o México ya han dado este paso, y dentro de España, una comunidad autónoma como Andalucía ha reconocido que las librerías «son fundamentales».

«Tenemos cierta decepción, pero es comprensible. Desde Cultura además nos han contado el compromiso por las librerías y nos sentimos muy contentos porque se han escuchado nuestras reclamaciones», ha remarcado el librero, quien reconoce que su sector ha sorteado mejor la crisis del coronavirus que otros profesionales de la cultura.

«Por ejemplo, estamos muchísimos mejor que técnicos de sonido, los conciertos, la música o el teatro, por la realidad que impone este virus. Pero sigo opinando que la cultura es segura, en todos los ámbitos», ha indicado, tras alertar de los riesgos de un nuevo confinamiento.

Las Navidades están cerca y son el período del año con el que muchas librerías consiguen salir adelante. Estamos más que preparados para garantizar la seguridad de nuestros lectores, que suelen acudir de forma individual a comprar libros. Llegado el caso de posibles confinamientos duros, si no nos lo ponen un poquito más fácil, muchas tendremos que cerrar», ha concluido.

El pasado mes de noviembre, coincidiendo con el Día de las Librerías, el sector resaltaba una «lenta recuperación del flujo de trabajo y ventas» en España, tras la crisis generada por la pandemia de coronavirus, pero con unas pérdidas del 22,5% en los tres primeros trimestres de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior.

El 78% de los periodistas contratados en medios ha realizado una cobertura informativa de la pandemia de la COVID-19 y el 80% reconoce que no tenía conocimientos específicos suficientes para ello, según el ‘Informe Anual de la Profesión Periodística 2020’, editado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y dirigido por el periodista Luis Palacio.

La investigación ha sido presentada este miércoles en un acto celebrado en la sede de la APM, con la participación de su presidente, Juan Caño, quien ha puesto de relieve el «orgullo» que siente la organización por seguir auspiciando este estudio «un año más», que sigue siendo «una verdadera radiografía de la hermosa profesión».

De este modo, el informe indica que el 77% de los periodistas cree que la calidad de la información sobre la pandemia es algo deficiente o muy deficiente. «Un porcentaje parecido reconoce que actualmente se necesita mayor especialización para trabajar como periodista», ha afirmado Luis Palacio.

En cuanto a la población española, el 43% de ciudadanos piensa que la cobertura de la Covid-19 está siendo excesiva, mientras que un 37% de los periodistas considera que ha sido buena y el 36% que cree que ha sido mala. Para Luis Palacio, lo que ha sucedido es un «hartazgo en la población» debido a que «se sigue haciendo una cobertura muy centrada en los datos» diarios.

Según indican los resultados de este informe, el 84% de los periodistas y el 93% de quienes se dedican a la comunicación empresarial o institucional han teletrabajado durante estos meses de emergencia sanitaria, siendo los principales problemas de ello la falta de espacio adecuado en sus hogares y la posibilidad de limitar los horarios de trabajo.

Las consecuencias derivadas de la pandemia del nuevo coronavirus también han tenido su impacto en el empleo, de modo que la cifra de periodistas parados ha crecido un 23% hasta los 8.636 profesionales, según cifras del SEPE a septiembre de 2020. El desempleo ha crecido más entre los hombres, pero las mujeres siguen representando casi dos tercios de los periodistas sin trabajo (62%).

En relación con el desempleo registrado por comunidades autónomas, la investigación apunta que donde más ha crecido respecto a septiembre de 2019 es en Baleares (121%), seguido de Cantabria (59%), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (36%), y Andalucía y Asturias (35%).

En este sentido, los datos procedentes de la encuesta de la APM reflejan que el 28% de los periodistas contratados y el 8% de los comunicadores ha sido incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Además, un 30% de los periodistas y un 41% de los comunicadores percibió un complemento salarial por parte de su empresa.

En cuanto a los profesionales que trabajan como autónomos, el informe 2020 de la Asociación de la Prensa de Madrid revela que en torno al 60% de ellos ha experimentado un descenso en los encargos recibidos de medios y empresas.

En su intervención, el autor del estudio ha llamado la atención sobre el número de periodistas autónomos que trabajan como falsos autónomos, es decir, «integrados en la estructura de una empresa que, en realidad, debería tenerles contratados». Según la encuesta, representan «un 14%, al que cabría añadir una parte del 18% que solo trabaja para un medio».

MÁS DE 40 HORAS SEMANALES

También ha crecido el número de periodistas y comunicadores que trabajó por encima del límite de las 40 horas semanales, respecto a 2019. En concreto, se han registrado porcentajes cercanos al 60%, debido a la dificultad de limitar los horarios laborales en el teletrabajo.

En términos salariales, el estudio refleja un deterioro en el caso de los periodistas, al tiempo que muestra una mejora en el caso de los comunicadores. «La situación de los autónomos es sensiblemente peor a la de los contratados», ha aclarado Palacio.

En relación con los principales problemas profesionales, destacan la mala retribución, el desempleo y la precariedad laboral, la falta de independencia de los medios, y la falta de rigor y neutralidad en el ejercicio profesional.

Por otra parte, Palacio ha apuntado que el informe vuelve a mostrar el escaso porcentaje de mujeres que ocupa puestos directivos, cuando en las redacciones, los porcentajes entre mujeres y hombres están equilibrados. «La brecha se va abriendo a medida que se consideran de mayor responsabilidad, dando como resultado un predominio de los hombres», señala el estudio.

No obstante, en el ámbito de la comunicación existe un mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos. En concreto, un 58% de quienes declaran ser directivos son mujeres.

El ‘Informe de la Profesión Periodística 2020’ se ha apoyado en una encuesta profesional a 1.201 periodistas, realizada en colaboración con otras organizaciones profesionales.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que el 14 de febrero habrá elecciones en Cataluña, y que para ello el 22 de diciembre firmará «el decreto de convocatoria» de los comicios.

«El 22, yo firmaré el decreto de convocatoria de las elecciones, y deberemos seguir trabajando para garantizar, no sólo la actividad electoral del 14 de febrero, sino también para la actividad de los servicios públicos, sociales y económicos», ha recalcado en la sesión de control en el Parlament en respuesta a la pregunta del líder del PP, Alejandro Fernández.

Todo ello después de que Fernández acusara al presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, de cuestionar que los comicios se puedan celebrar en la fecha prevista, y de reprocharles que se indignaran cuando, tiempo atrás, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, lanzó un «globus sonda» en la misma dirección.

«Cada vez que JxCat les aprieta las tuercas, les tiemblan las piernas. Exigimos que expliquen las condiciones de un eventual aplazamiento, sin ambigüedades. O acabaremos pensando que le tienen más miedo a las urnas que a la propia pandemia», ha apuntado el dirigente popular.

Aragonès le ha afeado que no asistieran a la reunión convocada por el Govern con los grupos en el Parlament para hablar de las elecciones y de los posibles escenarios en los que podrían posponerse.

RECUERDA A FORCADELL

El vicepresidente del Govern también ha replicado a Fernández que no tienen miedo a las urnas, y ha recordado que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell hace mil días que está en la prisión «por la defensa de las urnas, del parlamentarismo y por hacer de presidenta de este Parlament».

«Las urnas siempre y sobre todo. También sobre las cuestiones que no les gustan a ustedes, como el referéndum de autodeterminación», ha zanjado.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha enmarcado este miércoles dentro del derecho a la libertad de expresión el discurso en materia de inmigración pronunciado en el hemiciclo por el líder de Vox, Santiago Abascal, en el que, entre otras cosas ha asegurado que la inmigración ilegal provoca un aumento de la inseguridad y la violencia en las calles de toda España.

Batet se ha pronunciado en este sentido después de que la diputada de la CUP, Mireia Vehí, tomara la palabra para denunciar lo que ha definido como «discursos racistas» del líder de Vox, a quien ha recriminado que relacione la migración con el «terrorismo», la «delincuencia» y con «ir en contra de lo derechos de las mujeres».

En concreto durante su intervención en el Pleno en el que Pedro Sánchez hace balance del vigente estado de alarma, Abascal ha sostenido que el multiculturalismo «ha fracasado» ya en toda Europa y «es responsable del aumento de la delincuencia, la ausencia de integración y la islamización de barrios completos en Bruselas».

«Los españoles no quieren más atentados islamistas, que las mujeres estén obligadas a cubrirse o que los homosexuales tengan que esconderse», ha defendido sosteniendo que en España es «ya un problema real».

LA INMIGRACIÓN, «TOTALMENTE DESCONTROLADA»

Y en vez de afrontar este «problema gravísimo», ha acusado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de «alentar» el efecto llamada promoviendo una inmigración ilegal «totalmente descontrolada» en España pero que cree que está «muy controlada» en los países de origen.

Abascal ha sostenido que la llegada de inmigrantes ilegales a las costas de Canarias ha crecido hasta un 800 por ciento este año y los vecinos de las islas sufren con ello «un colapso de las infraestructuras y una grave crisis de inseguridad», además de la «muerte total» del turismo.

«No necesitamos que vengan miles de inmigrantes ilegales al año para pagar las pensiones. Ninguno de los ‘menas’ que roban, agreden o violan han venido a aportar nada a España», ha alertado en referencia a los menores que llegan solos a las costas españolas.

El líder de Vox ha aludido en este punto a inmigrantes que se alojan en «hoteles de lujo» o que se mueven «libremente» por todo el territorio, algunos ha asegurado que incluso infectados por Covid-19, mientras hay españoles en las calles o «sufren un estado de alarma permanente que de manera arbitraria e ilegal está recortando derechos fundamentales».

Abascal ha incluido en estas críticas a la Unión Europea, que liderada por unas élites «complacientes o pánfilas» y a la que ha pedido acciones coordinadas para el cierre de las mezquitas fundamentalistas y la expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio mujer o la yihad; así como la prohibición de erigir mezquitas promovidas por cualquier interpretación integrista del islam.

Vox también quiere que Europa defienda sus fronteras «con todos los medios a su alcance» para impedir el paso «de un solo inmigrante ilegal más» y facilitar su deportación «inmediata y forzosa. Para ello Abascal ha planteado la suspensión inmediata de toda colaboración con los países de origen su es necesario y se comprueba que están permitiendo la salida de sus ciudadanos para «invadir» las costas europeas y situar «en la inseguridad y falta de prosperidad a miles y miles de españoles».

Frente a una burocracia suicida que destina cuatro veces más de ayuda a la vecindad que a la gestión fronteras y control de la inmigración, queremos una Europa que proteja en primer lugar a los europeos y sus fronteras, la seguridad de los barrios, la conservación de su cultura secular, de su democracia y las libertades de aquellos más vulnerables», ha proclamado Abascal.

Además, ha asegurado que ya incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, hace un discurso «de sentido común» similar al de Vox, pero que si lo hubiera realizado su partido hubiera sido tildado de «fascista y xenófobo».

QUE SE RETIRE, IGUAL QUE CUANDO SE CRITICA AL REY

Cuando el máximo responsable de Vox ha terminado, Vehí ha pedido a la presidenta de la Cámara que le instara a retirar las alusiones que ha tachado de racistas, y que hiciera con él lo mismo que sugiere a los diputados de la CUP cuando critican a la Monarquía, pero Batet se ha negado incidiendo en que el discurso de Abascal está amparado por la libertad de expresión.

«En la Cámara, como usted sabe se respeta la libertad de expresión, los grupos hacen sus intervenciones en los términos que consideran y la Presidencia entiende que forman parte de esa libertad de expresión», ha zanjado Batet.

La Fiscalía de Madrid ha recurrido la puesta en libertad del bailador Rafael Amargo en la causa en la que se le investiga junto a otras tres personas por la presunta comisión de delitos de tráfico de droga y pertenencia a organización criminal, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

El pasado 3 de diciembre, la juez de Instrucción número 17 de Madrid, que estaba en funciones de guardia de detenidos, acordó dejar libre al artista con medidas cautelares, al igual que hizo con su mujer, con el productor de la obra ‘Yerma’ y con un amigo.

La magistrada adoptó esta decisión en contra del criterio del fiscal, que había solicitado prisión para los cuatro. Tras recibir la notificación del auto, el fiscal ha decidido recurrir la puesta en libertad de Amargo y del productor de ‘Yerma’ al entender que se den las requisitos legales para su ingreso en prisión provisional.

Ahora, el fiscal ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial la puesta en libertad provisional de los mencionados. En su escrito, interesa que se revoque el auto de la juez «en el sentido de acordar en su lugar la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza de los dos investigados» por los mismos delitos expuestos en la comparecencia del pasado 3 de diciembre, esto es, contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud y de pertenencia a grupo criminal.

«BASTANTES INDICIOS»

Para la Fiscalía existen «bastantes» indicios «acreditados» de la comisión de ambos delitos. De hecho, explica en su recurso que las dos personas investigadas se venían dedicando de manera «permanente» y «de común acuerdo» a la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente metanfetamina, en el distrito de Centro.

Los seguimientos a estas dos personas comenzaron a raíz de haberse observado un aumento «significativo» de actas de aprehensión de sustancia estupefaciente, especialmente metanfetamina, en dicha zona por lo que se estableció un dispositivo que pudo determinar el domicilio desde el que supuestamente se suministraba la sustancia «al observar un trasiego continuo de personas que entraban y salían a los pocos minutos del citado inmueble».

El referido domicilio resultó ser el de J. R. G. H. Previamente los compradores contactaban vía telefónica con una tercera persona para recoger la droga en dicha vivienda.

Consta, además, la grabación de una conversación con una tercera persona «con la que parece estar negociando la compra de un kilogramo de metanfetamina hablando de precios, cantidades y calidades diciendo que es para un productor de teatro».

La Fiscalía llega a la conclusión de que ambas personas actúan de manera «conjunta» en el desarrollo de su actividad ilícita «adquiriendo las sustancias de común acuerdo para luego repartirlas entre ellos y venderlas a terceros».

También recuerda que las sustancias intervenidas se encuentran dentro de las que causan grave daño a la salud. En concreto, precisa que la metanfetamina produce efectos sobre el sistema nervioso y posee un elevado poder adictivo y que «se considera jurisprudencialmente que existe notoria importancia a partir de los 30 gramos, por lo que la cantidad incautada excede notablemente del límite fijado».

Los detenidos están siendo investigados por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a organización criminal.

El abogado defensor, Cándido Conde Pumpido, ha señalado a Europa Press que están estudiando la causa para valorar que decisiones tomar respecto al proceso penal.

En el marco de las pesquisas policiales, se han practicado varios registros en los que la Policía Nacional se incautó de GHB, ketamina, 2CB y Popper; medicamentos, así como ocho móviles y unos 6.000 euros.

Concretamente, había 100 gramos de metanfetaminas, 40 de ketamina, tres botes de Popper, varias bolsitas de mefedrona, una bolsita de 2CB (más conocido como cocaína rosa, Nexus o Tucibi), dos pequeños botes de GHB (conocido como ‘éxtasis líquido’), una caja de testosterona de la marca Propandrol y un blíster de Viagra; además de una pequeño peso, 8 móviles (uno de ellos de tecnología antigua) y casi 6.000 euros en billetes de 100, 200 y 500 euros.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lance un plan de «rescate» para salvar la economía de Canarias y paliar la situación social que padece, además de por la pandemia, por la inmigración, mientras que desde Nueva Canarias, Pedro Quevedo, le ha pedido que lidere un «cambio» de las políticas migratorias en el seno de la Unión Europea.

Los dos diputados canarios han aprovechado este miércoles la presencia de Sánchez en el Pleno del Congreso para informarle de la situación que vive el archipiélago y exigirle medidas para mejorarla.

Así, Oramas ha vuelto a recalcar que Canarias ha de ser «una cuestión de Estado» y a emplazarle a acordar medidas con el Gobierno socialista del archipiélago. «Estamos a 2.500 kilómetros, hace falta coordinación, el hambre, la miseria y el abandono no pueden estar», ha aseverado, antes de avisar de que «Canarias no sólo no sólo es esté quedando atrás, sino que se la está tirando a la cuneta».

En este sentido, Oramas ha avisado de que en días la tasa de paro llegará al 60% en su comunidad, que el sector turístico está «a cero» por las nuevas restricciones aplicadas en Alemania y Reino Unido y que, encima, sigue sin haber «una hoja de ruta» para el fenómeno de la inmigración.

CAMPAÑA CONTRA LOS ANTIVACUNAS

También ha hablado de inmigración Pedro Quevedo, quien ha urgido a Sánchez a convencer a la Unión Europa de que modifique sus políticas en esta materia para afrontarla de modo más «realista» y «proactivo. Así, ha subrayado que las personas que este fenómeno no se ataja poniendo «armadas en la mar» porque quienes juegan la vida para llegar a Canarias lo hacen para poder comer.

Asimismo, ha reclamado que se prolonguen las ayudas a los sectores más afectados por la crisis más allá del 31 de diciembre. En el plano sanitario, ha exigido garantizar las medidas de transporte adecuadas para que la vacuna llegue en condiciones a lugares como el archipiélago y que se haga una campaña de información pública para frenar los mensajes de los «antivacunas».

El Gobierno ha hecho públicas este miércoles las condiciones que deben regir la subasta de las frecuencias de 700 MHz, una de las bandas prioritarias para el despliegue del 5G y cuya licitación está prevista para el primer trimestre de 2021, para la que se ha fijado un precio de salida total de 1.170 millones de euros.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha informado del inicio de una consulta pública sobre las condiciones del proceso, la primera que se realiza para una subasta de frecuencias y que estará abierta hasta el próximo 17 de enero.

Además, añade que las condiciones se someterán mañana de modo voluntario a la revisión entre pares en el seno del grupo de Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) de la Unión Europea, cuyo objetivo es que los Estados miembros intercambien experiencias y buenas prácticas sobre el proceso de asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

En concreto, el Gobierno español subastará ocho bloques de frecuencias: una concesión de 2×10 MHz, cuatro concesiones de 2×5 MHz, en la banda pareada 703-733 MHz y 758-788 MHz y tres concesiones de 5 MHz para comunicaciones solo descendentes en la banda 738-753 MHz.

El precio de salida para la subasta ha sido fijado en 340 millones de euros para el bloque de 2×10 MHz y en 200 millones de euros para cada uno de los cuatro bloques de 2×5 MHz. En el caso de los tres bloques de 5 MHz para enlace solo descendente el precio será de 10 millones de euros en cada uno.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales explica que para la fijación del precio de salida se han tenido en cuenta los precedentes de los precios de adjudicación obtenidos en los procesos anteriores para las bandas de 800 MHz y de 3,5 GHz.

«El motivo fundamental para ello es el reducido espectro disponible en esta banda de frecuencias, 30 MHz pareados; el límite fijado en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial dirigido a fomentar la competencia y la realidad actual del mercado de las telecomunicaciones en España», incide.

OBLIGACIONES DE COBERTURA

Por otro lado, el texto propone establecer un modelo de requisitos decobertura que se deben alcanzar en un plazo de tres desde la formalización de la concesión y que establece dos niveles, un primero obligatorio para los concesionarios de los bloques de 2×5 MHz y un segundo de requisitos adicionales para el bloque de 2×10 MHz.

En concreto, los operadores adjudicatarios tendrán que que proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, alcanzando el 50% de estas poblaciones en el primer año de vigencia de la concesión, el 75% el segundo año y el 100% el tercero.

Además, deberán dar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las capitales de provincia y a todas las capitales de las comunidades autónomas; a todas las autopistas, autovías y carreteras multicarril de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas y a las estacionesferroviarias de viajeros de líneas de alta velocidad.

Por su parte, el operadora que se adjudique el bloque de 2×10 MHz tendrá además la obligación adicional de proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes, alcanzando el 25% de estas en el primer año de vigencia de la concesión, el 60% en el segundo año y el 100% en el tercero.

OBLIGACIONES MAYORISTAS

Por otro lado, el Gobierno ha fijado para los cuatro bloques de 2×5 MHZ obligaciones de acceso mayorista a su red con el fin de fomentar su disponibilidad al conjunto de operadores desde el momento del inicio de los despliegues y de la prestación de servicios en esta banda, «de forma que los operadores que no resulten adjudicatarios de estas concesiones podrán prestar servicios 5G al conjunto de la ciudadanía desde el primer momento».

Esta obligación de acceso mayorista tendrá una duración limitada de cuatro años «con el objetivo de no lastrar las apuestas estratégicas y las prácticas comerciales de los licitadores adjudicatarios, fomentando a partir de ese plazo la consecución de acuerdos voluntarios entre diferentes clases de operadores».

La concesión de 2×10 MHz no lleva asociada obligaciones de acceso mayorista «en aras de maximizar el despliegue de la red e infraestructuras, la mayor extensión de los servicios y garantizar que se cumplan las exigentes obligaciones específicas de cobertura impuestas a este bloque».

DURACIÓN DE LAS CONCESIONES

El documento también recoge que la duración de las concesiones demaniales que sean otorgadas a los operadores de telecomunicaciones como resultado de esta licitación será de 20 años, la mayor posible, sin posibilidad de prórrogas y sin posibilidad de renovación automática.

El Gobierno entiende que este período es necesario para que los adjudicatarios puedan amortizar y rentabilizar la «importantes e ingentes» inversiones que tienen que realizar para desplegar redes y servicios con tecnologías 5G en esta banda de frecuencias, así como para cumplir las obligaciones de cobertura a exigir, generales y específicas, dentro de un modelo de negocio sostenible.

Los operadoras abonarán el precio fijado en la subasta en un solo pago, lo que, según el Ministerio, presenta ventajas para los licitadores adjudicatarios frente a un pago anual de la parte proporcional, más la aplicación del oportuno tipo de interés, durante toda la vida de la concesión, «habida cuenta del entorno actual de bajos tipos de interés y del acceso a la financiación de las empresas en el mercado financiero».

La licitación se desarrollará a través del mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA), que se llevará a cabo a través de Internet. El Gobierno destaca que este modelo permite conjugar «una buena dinámica en el desarrollo de la licitación, así comoseguridad de los licitadores en el proceso de toma de decisiones y formulación de pujas en el proceso de licitación».

En este sentido, recuerda que el modelo de la subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA) es el que se ha venido utilizando en los últimos años en España y el que mayoritariamente es usado tanto en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea (UE) como a nivel internacional.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el nuevo sistema de condicionalidad para recibir fondos europeos y que prevé la suspensión de las ayudas si la Comisión Europea detecta vulneraciones de los principios del Estado de derecho que puedan afectar a los intereses financieros del bloque.

Este mecanismo, al que se oponían Hungría y Polonia y por ello bloquearon el presupuesto comunitario de los próximos siete años y el fondo de recuperación, se aplicará finalmente a partir del 1 de enero de 2021.

El Ejecutivo comunitario será la institución encargada de concluir que se ha producido una violación del Estado de derecho y proponer la activación del mecanismo contra un Estado miembro, que contemplará la suspensión del desembolso de ayudas europeas.

El resto de Estados miembros dispondrá después de un plazo de un mes para votar las medidas propuestas por Bruselas por mayoría cualificada. Este periodo se podrá ampliar hasta los tres meses en casos excepcionales.

En todo caso, el proceso completo para que las instituciones puedan tomar medidas una vez identificados los riesgos prevé un máximo de 9 meses, frente a los 12 que preveía la propuesta legislativa inicial.

En las negociaciones con los Estados miembros, los eurodiputados consiguieron que el sistema de condicionalidad se aplicará, además de a casos de fraude y corrupción, a infracciones «sistémicas» de los valores fundamentales, como democracia o independencia judicial, cuando éstas afecten o amenacen con afectar a la gestión de los fondos europeos.

La normativa también recoge un sistema para protege a los receptores de los fondos cuando se apruebe la suspensión de los mismos, como estudiantes, agricultores o ONG, que podrán reclamar el pago de ayudas a través de una web de la Comisión Europea.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE pactaron la semana pasada una declaración en la que garantizaban a Budapest y Hungría que este mecanismo no se utilizaría para presionarles en otros campos, como la política migratoria. Con este movimiento consiguieron levantar su veto sobre el paquete presupuestario, pero no se modificó nada del mecanismo de condicionalidad.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se encuentra desde el martes en la isla de Gran Canaria en una visita oficial para conocer in situ la gestión migratoria que se está realizando en el archipiélago, motivo por el que visitará alguna de las instalaciones en las que se alojan a los inmigrantes llegados al archipiélago.

Asimismo, Fernández Marugán prevé mantener conversaciones con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, así como el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y con el Diputado del Común, Ángel Yanes, además de con representantes de la sociedad civil.

El Defensor del Pueblo se encuentra así en la isla de Gran Canaria, después de que hace un par de semanas tuviera que suspender el viaje como medida de precaución tras dar positivo una de las personas de su equipo con la que había mantenido contacto.

De todos modos, en las dos últimas semanas de noviembre dos equipos de la institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, han inspeccionado más de una veintena de centros e instalaciones relacionados con la llegada irregular de personas migrantes en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, según informó el Defensor del Pueblo en nota de prensa.

Estas visitas tenían como fin supervisar las condiciones de recepción, detención y posterior acogida de estas personas atendiendo al contexto de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

El resultado de las mismas fueron la formulación de las primeras resoluciones del Defensor, ya que tras la visita de los técnicos al muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), se detectaron «importantes carencias» que afectaban a la salud, así como a la integridad física, además a los derechos y garantías jurídicas de las casi 2.000 personas que permanecían en ese momento en el lugar, motivo por el que el Defensor recomendó al Ministerio del Interior la clausura inmediata de estas instalaciones.

Asimismo, trasladó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias las «deficiencias detectadas» en estas instalaciones, recomendando promover la coordinación con todas las administraciones competentes para aplicar las medidas necesarias para el aislamiento de las personas migrantes llegadas en situación irregular que resulten positivas en Covid-19.

Por otro lado, uno de los equipos visitó una nave del puerto de Las Palmas, que se utilizaba como lugar de detención y sobre las que se habían recibido varias quejas, detectando «numerosas carencias que dieron origen a sugerencias a la Jefatura Superior de Policía de Canarias para mejorar sus condiciones».

Actualmente, indicó, el Defensor está elaborando las conclusiones del resto de instalaciones visitadas, así como valorando y analizando las condiciones en las que se realiza la asistencia jurídica a las personas migrantes llegadas en patera y está «prestando especial» atención a la situación de los menores extranjeros no acompañados y a otros colectivos especialmente vulnerables como los solicitantes de asilo.

En las inspecciones se detectó un «número importante» de personas, en varios de los recursos, que afirmaban ser menores de edad, por lo que se ha dado traslado urgente de un listado con los datos de estas personas a la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, se ha iniciado una actuación de oficio con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para conocer la situación de los menores extranjeros no acompañados que están bajo la guarda y tutela de los servicios de protección de menores canarios.

Finalmente, Fernández Marugán resaltó el «esfuerzo realizado» por la administración canaria para hacer frente al «fuerte incremento de menores extranjeros no acompañados producido en el último año».

La Policía Nacional ha detenido este martes en la localidad madrileña de Las Rozas a un individuo de nacionalidad española por su presunta participación en delitos de autoadoctrinamiento yihadista y enaltecimiento terrorista. Se encontraba en un nivel «muy severo de radicalización» y sostenía por redes sociales que quería convertirse en «el mejor francotirador de DAESH» –Estado Islámico–.

Según informa en un comunicado la Policía, el detenido se dedicaba a difundir a través de Internet material de contenido yihadista, llegando incluso a ensalzar los atentados terroristas cometidos recientemente en Europa. Y en sus múltiples comentarios en redes sociales ensalzando la figura de los combatientes yihadistas, llegó a expresar su deseo de viajar a Siria, concretamente a la ciudad de Idlib, para incorporarse a la lucha armada.

La operación, que se ha llevado a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid en colaboración con la Comisaría General de Información, ha sido coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Gracias a las pesquisas policiales, los investigadores han constatado que este sujeto, un español converso, se había radicalizado rápidamente a través de autoconsumo de contenidos por Internet. La investigación comenzó el pasado mes de septiembre cuando los expertos en la lucha contra el terrorismo detectaron a un individuo alineado con los postulados de DAESH, y tras realizar la oportuna investigación comprobaron que había sufrido un cambio radical en su forma de vida, virando de llevar una vida occidentalizada a defender los preceptos más radicales del yihadismo.

ALABABA A LOS MUYAHIDINES

Lo investigado deja patente su avanzado estado de radicalización mediante una intensa actividad en las redes sociales, en las quevisualizaba y publicaba de manera constante contenidos de enaltecimiento a Estado Islámico. Entre los contactos de sus perfiles sociales figuraban de hecho combatientes yihadistas situados en zona de conflicto.

Además, los investigadores han constatado que de forma habitual, realizó comentarios alabando a los muyahidines –combatientes– y justificando los atentados terroristas perpetrados recientemente en Europa, como la decapitación de un profesor francés el pasado mes octubre.

Dado que era consciente de su actividad terrorista, tomó diferentes medidas de seguridad para evitar ser detectado, y así realizaba cambios constantes del lugar de pernoctación. De hecho ocupaba locales deshabitados que le permitieran disponer de un control total delexterior. Los elementos recabados durante la investigación, junto con las manifestaciones relativas al desprecio por su vida y su deseo de «ser mártir», llevaron a los agentes a proceder a su inmediata detención.

Ésta se produjo el martes de madrugada, y además de su detención, se practicó un registro en el lugar donde éste habitaba de forma okupa. Este miércoles el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, y se ha decretado su ingreso en prisión.

La tasa de paro entre las personas con discapacidad en España fue del 23,9% en 2019, 1,3 puntos menos que en 2018 y 10 puntos más que entre la población sin discapacidad, según los resultados del informe ‘El empleo de las Personas con Discapacidad. Año 2019’, del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio revela que en el año 2019 había 1,87 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), es decir, el 6,2% de la población total en edad laboral. De esta cifra, 638.600 eran activos.

Dentro de esta población activa con discapacidad se observó mayor porcentaje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años y menor representación de personas con estudios superiores que en las personas sin discapacidad.

Para la población ocupada con discapacidad (485.900 personas en 2019) se observaron las mismas diferencias en cuanto a sexo, edad y nivel educativo que las señaladas para los activos en comparación con los ocupados sin discapacidad. La distribución por antigüedad en la empresa fue similar en ambos grupos.

El porcentaje de asalariados con discapacidad en las empresas de 50 o más trabajadores del sector privado fue del 2,2%. En esta cifra están incluidas las entidades especializadas en la inclusión social de las personas con discapacidad.

En cuanto al paro, en la población con discapacidad había mayor porcentaje de hombres, de personas de 45 a 64 años y de desempleados con estudios primarios y secundarios que en los parados sin discapacidad. Por el contrario, había menor representación de parados con estudios superiores y de personas de 16 a 24 años.

MENOS PRESENCIA DE MUJERES

Al igual que para la población general, las mujeres con discapacidad tenían menos presencia activa en el mercado laboral. No obstante, su tasa de actividad estaba más próxima a la masculina que en la población sin discapacidad (33,3%, frente a 34,6%). La tasa de empleo de los hombres con discapacidad superó en 1,4 puntos a la de las mujeres. Para el resto de la población de 16 a 64 años, la diferencia fue de 12,4 puntos.

Por su parte, la tasa de paro de las mujeres con discapacidad fue superior a la de los hombres en 1,2 puntos. Para las mujeres sin discapacidad fue mayor en 3,7 puntos.

La tasa de empleo de los hombres con discapacidad aumentó en 0,3, puntos respecto a 2018, mientras que la de las mujeres disminuyó en 0,1 puntos. Por su parte, la tasa de paro bajó 2 y 0,4 puntos, respectivamente.

En 2019 se observó mayor incidencia del desempleo en la población más joven. Las mayores tasas de actividad se dieron en el grupo de 25 a 44 años, tanto para las personas con discapacidad como para el resto de la población.

Por su parte, los mayores descensos en las tasas de paro se dieron en el grupo de 16 a 24 años, tanto para la población con discapacidad (la tasa se redujo 1,7 puntos respecto a 2018) como en el resto de la población (bajó 1,8 puntos).

El estudio señala que la participación laboral está determinada por el tipo de intensidad de la discapacidad. La tasa de actividad para el grado de discapacidad de menor intensidad fue del 54% en 2019 y disminuyó progresivamente hasta el 12,7% para el grado superior de discapacidad.

Las personas con deficiencias auditivas presentaron las mayores tasas de actividad (56,8%) y las que tenían deficiencia mental, las menores (27,8%).

La mayoría de los trabajadores con discapacidad en 2019 eran asalariados, tenían contrato indefinido, jornada completa y desempeñaban su actividad en el sector Servicios. El 89,5% de las personas con discapacidad que trabajó lo hizo como asalariado (4,9 puntos más que las personas sin discapacidad); el 73,1% de los que trabajaban por cuenta ajena tenía contrato indefinido (0,7 puntos menos que la población sin discapacidad).

El 82,7% de los ocupados con discapacidad trabajaba a jornada completa, una proporción inferior a la de los trabajadores sin discapacidad (2,9 puntos menos). El 80,9% de los ocupados con discapacidad desempeñó su actividad en el sector Servicios, frente al 75,4% de quienes no tenían discapacidad.

REDUCCIÓN EN LAS COTIZACIONES

Entre las políticas destinadas a fomentar la actividad laboral del colectivo están las que favorecen su inserción en el empleo ordinario.El 26,7% de las personas con discapacidad ocupadas que cotizaron a la Seguridad Social en 2019 tenía algún tipo de reducción o bonificación en las cotizaciones. El porcentaje de asalariados con discapacidad con la modalidad de contrato específico de discapacidad fue del 26,6%.

Las reducciones y bonificaciones en las cuotas de cotización y la contratación específica beneficiaron, sobre todo, a la población masculina, al grupo de edad de 16 a 44 años, a los grupos de discapacidad asociados a deficiencia sensorial e intelectual y a las personas con grado de discapacidad superior al 65%.

Además, de cada 100 personas en edad laboral, 12 percibieron una prestación durante 2019. En el caso específico de las personas con discapacidad el sistema público de prestaciones benefició a 1,27 millones de personas. De ellas, 260.300 personas eran activas.

Entre las personas con discapacidad perceptoras de prestaciones, el 81,2% recibió la prestación debido a una incapacidad laboral. Por su parte, el 2,7% lo hicieron exclusivamente en términos no contributivos, es decir, sin haber cotizado previamente por ellas.

Otra medida de protección del colectivo de las personas con discapacidad lo constituye el reconocimiento de la Situación de Dependencia. En el año 2019 el 16,5% de las personas con discapacidad (309.400) tenía también reconocida oficialmente la situación de dependencia. De estas, el 10,3% permanecieron laboralmente activas.

Por comunidades autónomas, las mayores tasas de actividad dentro del colectivo de las personas con discapacidad en el año 2019 se dieron en Castilla-La Mancha (40%), Aragón (40%) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (46,3%). Por su parte, las menores tasas de actividad se registraron en Canarias (25,8%), Galicia (29,7%) y Andalucía (30,2%).