El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha declarado este viernes que el que fuera director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde le remitió el acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes tras "reiteradas" llamadas del entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken solicitando dicho documento.

"Toda la documentación se remitió a la Consejería de Educación. El número de llamadas fue numerosa. Detectamos claras irregularidades administrativas en la información remitida al Rectorado", ha subrayado Ramos, quien ha comparecido como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid contra la exdirigente popular por un delito de falsedad documental. Cifuentes afronta una pena de tres años y tres meses de cárcel.

La declaración de Ramos tiene lugar después de que esta mañana Cifuentes manifestara que la Secretaría del rector le remitió el acta con firmas falsificadas y sin que ella se lo hubiera solicitado, un hecho que no podía imaginar.

"Yo entregué en esa fecha el TFM. Hice exclusivamente una exposición de las líneas generales. Desconozco quienes conformaban ese tribunal. Eso corresponde a la universidad. Yo desconocía que el TFM tuviera un acta específica. No dude del acta remitida por el rector de la URJC --Javier Ramos--, persona que para mi tenía todas las garantías y toda la presunción de veracidad", ha subrayado.

DEFENDER EL "BUEN HACER DE LA URJC"

En su comparecencia, el rector ha narrado que la tarde del 20 de marzo de 2018, un día antes de que se destapara el caso, le llamó el vicerrector de postgrado y le comentó que iba a aparecer en un medio "unas irregularidades de un máster que cursó en 2012 la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Siendo conocedor de los estándares de calidad de la URJC, mi experiencia previa es que estos hechos no ocurren y entendía que era un acto desagradable más de la pelea política que se suele ver en los medios y no le dí importancia", ha reconocido.

El rector acudió el 21 de marzo a la universidad sin "mayor preocupación" y a las 8.25 horas fue a su despacho con la intención de acudir a una reunión que tenía agendada. "(María Teresa) Feito --exasesora de Educación, funcionaria de la URJC y acusada-- me estaba esperando a la entrada de mi despacho", ha recordado.

"¿Cuando usted la ve, relacionó su presencia a esta noticia?", le ha preguntado la fiscal, a lo que ha respondido que no recuerda que pensó en ese momento. "Recuerdo que cuando yo llego estaba el dirCom de la universidad y estaba Feito. Recuerdo que la señora Feito aportó información sobre lo publicado. Hablamos de las presuntas irregularidades", ha indicado.

Tras ello, ha comentado que relacionó a Feito con Cifuentes, "ya que no había otra explicación para que fuera en relación con otros hechos que no fueran por los publicados contra Cifuentes".

"La presión mediática subía por minutos. Empezaron a aparecer unidades móviles en el campus de Móstoles y había sensación de que los hechos se precipitaban. Los profesores se alarmaban. Hubo varias fases; una primera de incredulidad y otra de recabar información", ha recordado.

ACTA REMITIDA POR CONDE

Llamó entonces a Álvarez Conde para averiguar lo que había pasado seis años antes y se intentó recabar información. "Tuve una idea de lo que pudo pasar y empezó una segunda fase de dar explicaciones a los medios porque queríamos demostrar el buen hacer de la universidad", ha señalado.

Al ser preguntado sobre por qué no se reunió con Cecilia Rosado, que era la directora del máster, ha indicado que la información que tenían es que era Álvarez Conde el director del máster. Esa tarde, llamó a Cifuentes para asegurarse que la información que habían reconstruido era la correcta. Pero no contestó a la llamada.

"Nunca estuve a solas con Álvarez Conde afortunadamente. Le llamé y le pedí que acudiera al Rectorado a esclarecer lo ocurrido. Cuando llega, estábamos un grupo de seis personas y nos informó de lo que había ocurrido. Nos dijo que tenía el TFM en su posesión", ha añadido.

Uno de los hechos que le sorprendió es que a primera hora de la mañana apareciera la funcionaria Amalia Calonge con el correo de Pablo Chico donde le solicitaba el cambio de la calificación de una asignatura relativa a 'Financiación'.

"Llamé al consejero Rafael Van Grieken. Queríamos que alguien dejara claro que esa noticia era resultado de una pelea política y no del mal hacer de la universidad. Nuestra angustia era dejar claro que cuando se expide un título responde a una formación de calidad", ha dicho.

Así, ha recalcado que recibió numerosas llamadas del consejero pidiendo el acta y ha dicho que habló con la jefa de Gabinete de Cifuentes para acordar quien daba explicaciones para "dejar claro el buen hacer de la URJC".

"Nos dijeron que ellos no iban a dar una rueda de prensa y entendimos que teníamos que explicar nosotros los hechos", ha indicado. "Conde dijo que el acta obraba en su poder y firmó una declaración acerca de que tenía el acta de defensa. Esa información me llega por correo tras las reiteradas llamadas del consejero", ha agregado.

IDENTIFICARON ERRORES GRAVES

Tras ello, ha hablado de las "inconsistencias" que apreció en la rueda de prensa sobre la idea que tenía de lo que había ocurrido en el curso académico 2011/2012 dado que identificaron errores administrativos graves.

"Se había defendido el TFM sin tener aprobadas todas las asignaturas. No estaba aprobada una asignatura, la del profesor Pablo Chico. Había habido un fallo. Otro era que Amalia Calonge, que cambió el acta, no debería haber estado autorizada para cambiar ese acta. No tenía responsabilidades sobre postgrado. Recibimos la llamada del director de 'eldiario.es' que nos comentaba que podía demostrar que no habíamos contado la verdad", ha relatado. Con estos indicios, procedieron esa tarde a solicitar que analizaran estas cuestiones.

Sobre el acta, ha detallado que Conde le remitió el acta a su correo personal, ya que le llamó y le pidió el documento tras "reiteradas llamadas del consejero". A los pocos minutos, recibió un correo de Conde con el acta.

"En el mismo instante, lo reenvié a mi secretaria para que procediera a su reenvió", ha recalcado. "La URJC es una universidad de excelente calidad y mi único objetivo era dejar patente que la URJC hacía bien su trabajo", ha finalizado.

El abogado de Cifuentes, el letrado José Antonio Choclán, ha preguntado a Ramos si alguien del entorno de su defendida le preguntó sobre el acta, a lo que el rector ha contestado que solo Álvarez Conde.

Cantabria ha cerrado este viernes otras seis aulas, cinco en centros de Primaria y una en Secundaria, y mantiene en cuarentena a un total de 555 alumnos por contacto estrecho con Covid en el ámbito educativo, 335 en el primer nivel educativo -Infantil y Primaria- y 220 en el resto de etapas.

Los cierres afectan a cuatro colegios de Infantil y Primaria, concretamente a dos aulas del Altamira de Camargo y una del Juan Herrera de Camargo, La Milagrosa de Polanco y San Pedro Apóstol de Arnuero; así como a una de Secundaria en el IES Castroverde de Santander.

Además de las clases cerradas, en Infantil y Primaria se ha puesto en cuarentena a un grupo de dos alumnos y un trabajador -personal no docente- del centro Santísima Virgen de Valvanuz de Selaya.

Por el contrario, en este nivel han finalizado las cuarentenas de 14 clases, cuyo alumnado se reincorporará de forma presencial el lunes.

Se trata de las aulas del Elena Quiroga (dos aulas), San Agustín, Manuel Cacicedo y Mercedes, en Santander; Cantabria y Valle de Reocín, en Reocín; Sagrados Corazones (dos aulas), en Torrelavega; Los Puentes, en Colindres; Pepe Alba, en Laredo; La Milagrosa, en Polanco; Marqués de Valdecilla, en Medio Cudeyo; y Rodríguez de Celis, en la Hermandad de Campoo de Suso.

Así, a día de hoy se encuentran cerradas 18 aulas de Educación Infantil y Primaria del total de 2.654 en la región, lo que supone una incidencia del coronavirus del 0,67% en este ámbito.

SECUNDARIA

En cuanto a ESO, Bachillerato Y Formación Profesional (FP), además de cerrar un aula en el IES Castroverde de Santander se han establecido cuarentenas preventivas para varios grupos de alumnos y docentes de seis centros.

En concreto, del IES Miguel Herrero de Torrelavega (para 12 alumnos), Villajunco de Santander (diez), Centro de FP López Vicuña de Santande, antiguo María Inmaculada (cinco), El Astillero (uno) y Santísima Virgen de Valvanuz (uno).

A estos cierres, todos a causa de positivos confirmados en alumnos, se suma el del José Campo de Ampuero, donde se ha puesto en cuarentena a cuatro profesores por el positivo en un docente.

Por su parte, en estas etapas ha finalizado el cierre del aula del Sagrada Familia de Camargo y las cuarentenas parciales de los centros Decroly, María Reina Inmaculada, Augusto González Linares y Santa Clara, en Santander; IES Nueve Valles, en Reocín; Santísima Virgen de Valvanuz, en Selaya; Lope de Vega, en Santa María de Cayón; Bernardino Escalante, en Laredo; Valentín Turienzom en Colindres; María Telo, en Los Corrales de Buelna; José Zapatero Domínguez, en Castro Urdiales; y Monstesclaros, en Reinosa.

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO) ha solicitado que los docentes y personas trabajadoras del sector de la enseñanza sean considerados por las administraciones públicas como grupos prioritarios en el proceso de vacunación contra la Covid-19 al igual que sucede en otros países, en los que los docentes sí han sido considerados personal prioritario por el riesgo de exposición y capacidad de transmisión que tiene.

"La exposición que el personal de los centros educativos tiene a un posible contagio de la Covid-19 es muy alta debido a que están muchas horas con un número elevado de alumnos en el aula, lo que supone un factor de riesgo muy elevado. Por eso, desde la Federación de Enseñanza de USO consideramos que el personal docente, el de Administración y Servicios y el Complementario de las redes pública, concertada y privada debe ser considerado igualmente prioritario en el segundo grupo de vacunación contra el coronavirus. De esta manera se conseguiría la máxima seguridad y salud para todos quienes intervienen en el proceso educativo de nuestros alumnos", ha sostenido la secretaria general de Feuso Andalucía, María de la Paz Agujetas, en un comunicado de prensa.

Desde la Federación de la USO en Andalucía se insiste en la necesidad de prestar especial atención al colectivo de profesorado de mayor edad y que puede ser más vulnerable ante la Covid-19. Este grupo se suele concentrar en los centros de enseñanza concertada -casi 600 centros sólo en Andalucía-, ya que en la pública pueden alcanzar el 100% de jubilación incluso con 60 años.

Desde FEUSO Andalucía se ha conseguido ya que la Consejería de Educación y Deporte permita al profesorado de la concertada que reúna los requisitos que pueda acceder -con recursos propios de los centros- a la jubilación parcial con una reducción máxima del 75% de la jornada laboral.

"Nuestro objetivo es conseguir que los docentes de todos los centros sostenidos con fondos públicos consigan un trato igualitario, más necesario que nunca en la actual situación de emergencia sanitaria en la que las personas de mayor edad peor lo están pasando", ha subrayado Agujetas.

En relación a esto, FEUSO ha recordado la necesidad de actualizar los protocolos de prevención de riesgos laborales en el ámbito educativo, que fueron realizados en base al 'Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV 2', emitido por el Ministerio de Sanidad el 8 de junio de 2020. En el caso de la enseñanza, se generalizó que todos los trabajadores se sitúan en un Nivel de Riesgo 1 (NR1), es decir, que tienen una baja probabilidad de exposición al virus.

Dicha categorización es, a todas luces, "insuficiente", ya que se está adoptando en base a un criterio, "el trabajo sin contacto con personas sintomáticas", que no se ajusta a la realidad. Esta decisión excluye la posibilidad de que los empleadores puedan adoptar medidas encaminadas a la adaptación del puesto de trabajo de algunos de sus trabajadores, especialmente a los grupos vulnerables y de más de 60 años.

A muchos de estos trabajadores no se les ha realizado ningún estudio, ni evaluación, ni reconocimiento médico, por lo que siguen realizando las mismas tareas educativas en los mismos puestos, en contra de los propios criterios del Ministerio de Sanidad.

Desde este sindicato también se pone el foco sobre la situación de los trabajadores de los centros de Atención a la Discapacidad, a los que se deben priorizar e incluso igualar a los colectivos sociosanitarios dado el papel que desempeñan más allá del educativo, más si cabe con personas que suelen padecer varias patologías y por lo que presentan una situación de especial vulnerabilidad ante el coronavirus.

FILTROS HEPA PARA TODOS LOS CENTROS

Por otro lado, la Federación de Enseñanza de USO también ha solicitado al Ministerio de Educación y Formación Profesional que facilite la instalación de medidores de CO2 en las aulas de todos los centros educativos del país, sin distinción, con la finalidad de analizar la ventilación y reposición del aire en las aulas, para así evitar contagios y no exponer al profesorado, trabajadores y alumnado a las bajas temperaturas que están soportando por una ventilación inadecuada.

Junto a esa petición también se insta a que se formen a los coordinadores Covid-19 de los centros educativos en el manejo de estos medidores, para lo cual el sindicato FEUSO ha desarrollado el Plan Ventilados, que permite ventilar las aulas de una manera más científica y racional. El sindicato pone gratuitamente a disposición de la comunidad educativa esta herramienta informática que aportará la información necesaria a los Centros y profesores que deseen utilizarla.

FEUSO reclama a la administración pública que, debido a la alta propagación del virus y al incremento de contagios que se están produciendo en estos momentos, se actualicen los protocolos para hacer frente al Covid-19 en los centros educativos y en las aulas.

La Junta Electoral Central (JEC) ha informado de que las Juntas Electorales de Zona serán competentes para valorar y resolver si está suficientemente justificado el motivo que alegue un elector para no formar parte de una mesa electoral el 14F, por motivos relacionados con el Covid-19.

En el documento de acuerdos de la JEC para las elecciones del 14F, el órgano ha manifestado que la celebración de las elecciones en un contexto de pandemia constituye una circunstancia "que indefectiblemente afectará al desarrollo del proceso en esta materia".

Tal como dice la JEC, las Juntas Electorales de Zona valorarán y resolverán sobre la conveniencia o no del certificado médico que debe acompañarse en los "casos en los que se alegue una enfermedad como causa impeditiva de la incorporación a la mesa electoral".

Por otro lado, en cumplimiento del artículo 26.3 de la LOREG, la JEC ha recordado que cada uno de los miembros de la mesa tendrán dos suplentes y que, ante eventuales ausencias, se aplicará lo dispuesto en el artículo 80 de la misma ley.

Así, si el presidente no ha acudido, le sustituye su primer suplente y si no el segundo; en caso de que este tampoco haya acudido, toma posesión como presidente el primer vocal o el segundo vocal.

MESA ELECTORAL

En el caso de que la mesa no puede constituirse por la ausencia de un presidente y dos vocales, los miembros de la mesa, los suplentes o la autoridad gubernativa deberán realizar "una declaración de los hechos acaecidos y la enviarán por correo certificado a la Junta de Zona, a quien comunicarán también estas circunstancias telegráfica o telefónicamente".

En ese caso la Junta designará libremente a las personas que tendrán que constituir la mesa electoral, pudiendo incluso ordenar que forme parte de ella alguno de los electores que se encuentre presente en el local; en todo caso, la Junta informará al Ministerio Fiscal "de lo sucedido para el esclarecimiento de la posible responsabilidad penal de los miembros de la Mesa o de sus suplentes que no comparecieron".

Si una hora después del inicio de la votación la mesa aún no se ha podido constituir, el presidente, los vocales o la autoridad gubernativa lo comunicarán a la Junta de Zona, "que convocará para nueva votación en la mesa, dentro de los dos días siguientes".

Las personas jóvenes, que partían de una posición más vulnerable en el mercado laboral, están siendo las más damnificadas por la pandemia, según las conclusiones preliminares del estudio 'El empleo juvenil en España ante las crisis de la Covid-19 y su impacto en la desigualdad laboral por género desde un enfoque intersectorial'.

Crue Universidades Españolas y Banco Santander han presentado este viernes las conclusiones preliminares del informe, de la mano de su investigadora principal, Mª Angels Cabasés, de la Universidad de Lleida.

La investigación, que estará finalizada en el plazo de seis meses, apunta a una mayor precarización en el colectivo femenino --menor tasa de empleo, mayor tasa de contratos temporales y mayor tasa de paro--, con especial agravamiento si se consideran variables como la nacionalidad o el nivel de estudios.

"Además, se han detectado nuevos obstáculos para su incorporación al mercado laboral, porque los sectores que habitualmente brindan a los jóvenes su primera experiencia a la vida laboral, son los más afectados por las medidas de distanciamiento social", ha explicado Cabasés. Durante los meses de confinamiento, se acentuó todavía más la desaparición de jóvenes del mercado laboral.

El estudio también se centra en los aspectos cualitativos, los factores que inciden en la desigualdad por género, las posibles estrategias adoptadas por el colectivo juvenil ante esta situación sobrevenida y analiza el papel de la formación universitaria para conseguir mejores contratos, igualmente bajo una mirada de género, y cómo afecta la precariedad laboral juvenil en el acceso a los estudios superiores.

En el acto de presentación, la delegada de Crue Universidades Españolas para Políticas de Igualdad y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada en iniciativas como el Fondo Supera Covid-19, dotado con 8,5 millones de euros.

Ha defendido además la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la investigación y, en concreto, en los estudios que abordan el impacto de crisis como la asociada al coronavirus. Según ha explicado, esta crisis afecta a las mujeres de manera relevante en tres dimensiones: los cuidados, el empleo y la violencia de género.

"En los cuidados, sabemos que las mujeres asumen más las tareas domésticas y el cuidado de personas menores y dependientes; en el caso de la Universidad, ha quedado claro que la producción científica de las mujeres ha descendido precisamente por esto. En el empleo porque parten de una situación de desigualdad en un contexto de destrucción de empleo y en la violencia de género que ha quedado agravada en los momentos de confinamiento", ha explicado Alcón.

Por su parte, la directora de Santander Universidades, SmartBank y Universia España, Susana García Espinel, ha afirmado que en España existe una brecha entre la oferta y la demanda de empleo y que, por motivos estructurales, es junto con Grecia, el país de la UE con la mayor tasa de desempleo.

"Y sin embargo no somos capaces de cubrir algunas vacantes por existir un desajuste entre las competencias actuales de los profesionales y las demandadas del mercado", ha manifestado García Espinel.

En este contexto, ha asegurado que en Santander Universidades una de sus prioridades fundamentales es "la de impulsar un ecosistema de reskilling y upskilling para garantizar una formación efectiva en competencias digitales, habilidades de liderazgo o idiomas para mejorar la empleabilidad y competitividad de los jóvenes, clave en el mercado laboral actual y en el que está por venir, porque como bien se desprende del proyecto de investigación, Angels, a mayor formación mayor tasa de empleo".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA ENFRENTAR EL FUTURO

En la presentación también han participado, entre otros, la exministra de Trabajo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y la vicepresidenta del Consejo de Santander España, Isabel Tocino.

Isabel Tocino ha destacado la celebración del evento como "un ejemplo clarísimo de participación y colaboración público-privada" y ha explicado que a Santander lo que le preocupa en estos momentos es la empleabilidad como un objetivo prioritario.

"En el 2021 hay que tomar grandes decisiones fundamentalmente en el área de las personas y en la gestión del talento, que es lo que nos traerá que todos estos jóvenes, que son la savia nueva y que lo han pasado especialmente mal, sean los que tomen esa nueva dirección", ha subrayado.

Por último, Fátima Báñez ha afirmado que "es el momento de que todo el talento de un país se ponga a disposición de las personas y especialmente de aquellas que más nos necesitan y los ciudadanos merecen que el sector público y el privado vayan de la mano; este trabajo de investigación es un ejemplo".

Los centros residenciales de la provincia de Huelva --todo tipo de centros-- registran, a fecha del 22 de enero, un total de 104 casos confirmados entre usuarios de las mismas, así como 216 en aislamiento preventivo. De los casos confirmados, diez se encuentran hospitalizados, según en informe emitido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, en estos centros hay un total de 58 casos confirmados entre los trabajadores y siete con síntomas de sospecha. Asimismo, se mantiene habilitado un centro medicalizado en la Asociación Frater en Huelva capital, que comenzó a operar el pasado 29 de octubre y que, aunque se abrió en principio para 25 camas actualmente hay 28 pacientes, según ha indicado este viernes la delegada de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro. Este centro se abrió para aliviar las residencias de mayores cuando las mismas no se pudiera sectorizar.

De este modo, las residencias con más afectados en la provincia son la residencia de mayores DomusVi, de La Palma del Condado, que cuenta con 54 contagios --37 residentes y 17 trabajadores-- y la residencia Orpea de Aljaraque, con 33 usuarios y 16 trabajadores afectados.

Por otra parte, la residencia para personas mayores 'San José', de El Cerro del Andévalo, registra ocho usuarios afectados, así como seis trabajadores, mientras que la de las Hermanas Oblatas de la capital tiene dos casos, un usuario y un trabajador. Otras ocho residencias de la provincia suman 18 trabajadores positivos.

RESIDENCIA DE LA PALMA DEL CONDADO

Con respecto a la residencia DomusVi de La Palma del Condado, el alcalde de la localidad, Manuel García Félix, ha señalado que el brote "ya va de paso", ya que se produjo el lunes de la pasada semana, así como que se encuentra "controlado", además de que "todos los afectados son asintomáticos".

De este modo, el regidor ha mostrado su satisfacción porque no haya habido que lamentar ningún caso grave en una población "tan vulnerable" ante el Covid-19 como son las personas mayores.

De la misma forma, García Félix ha subrayado que el Consistorio ha prestado su colaboración con el centro y ha ayudado en tareas de desinfección.

La borrasca 'Hortensia', que ha afectado a Galicia en las últimas horas, ha causado un accidente en O Porriño (Pontevedra) tras la caída de varios árboles en la A-55 y el levantamiento de la cubierta de un edificio de Redondela (Pontevedra), que ha impactado en el tejado del ayuntamiento, donde ha creado un agujero.

En declaraciones, el concejal de Medioambiente de Redondela, Roberto Villar, ha precisado que las fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas provocaron el levantamiento de la cubierta de un inmueble anexo al edificio consistorial que golpeó el tejado de este último, lo que generó un agujero de "varios metros cuadrados".

Del mismo modo, ha apuntado que efectivos de los servicios municipales se han desplazado a una vivienda de Camiño da Bruxa, en Chapela, en cuyas inmediaciones se produjo la caída de un árbol. Como consecuencia, se vieron afectados el muro, el porche, un alero del tejado y el cableado telefónico del inmueble, así como dos vehículos. Dado que la compañía aseguradora comunicó que no prestaría asistencia hasta pasadas 72 horas, efectivos municipales retiraron los restos del árbol.

Adicionalmente, se detectó la caída de un árbol en la rúa Cubilló, en Chapela, que fue preciso retirar dado que obstaculizó el paso en la vía, así como el desplazamiento de contenedores y letreros en distintos puntos del término municipal. El edil ha señalado que el temporal también afectó al suministro eléctrico en las parroquias de Redondela.

ACCIDENTE EN O PORRIÑO

Por otra parte, la borrasca 'Hortensia' produjo la caída de varios árboles sobre la A-55, a la altura de O Porriño, lo que causó una colisión en cadena de varios vehículos en la madrugada de este viernes que no dejó heridos.

Así, tras ser requerida por el 112 Galicia, la agrupación de voluntarios de Protección Civil ha retirado los árboles, caídos en el punto kilómetrico 22, en sentido Tui, en la recta del polígono de As Gándaras.

Además, el servicio de Protección Civil ha recogido árboles caídos en las zonas de Filgueira-Mosende y Casal do Vello-Torneiros y la carretera PO- 331, que discurre entre O Porriño y Gondomar. También ha retirado un poste telefónico desprendido en Torneiros y chapas de un galpón en Chenlo, además de achicar balsas de agua en varios puntos del casco urbano de O Porriño y el polígono de A Granxa.

MÁS DE UN CENTENAR DE INCIDENCIAS EN VIGO

Mientras, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha explicado que entre las 22,00 horas de este jueves y las 8,00 horas de este viernes los bomberos y la Policía Local atendieron 114 incidencias debido a la borrasca 'Hortensia'.

En concreto, ha indicado que el temporal afectó a 34 árboles, dos ventanas de viviendas situadas en edificios, un arco de la iluminación navideña, un poste y un muro y causó la inestabilidad de un andamio de obra, que requirió de la actuación de efectivos municipales.

Paralelamente, la borrasca desplazó 32 contenedores y provocó la caída de cuatro chapas y planchas y cinco vallas, así como la de una persona que se encontraba en un cajero. El regidor también ha señalado que tres zonas de la ciudad se quedaron temporalmente sin suministro eléctrico a causa del temporal.

Asimismo, en el campus universitario se alcanzaron rachas de viento de 77 kilómetros por hora, que en las Illas Cíes ascendieron a 105 y, en las inmediaciones del Puerto de Vigo, a 91.

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta actualmente con 171 aulas en el modelo de enseñanza telemática como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, lo que supone el 2,7 por ciento de las clases de Infantil y Primaria en la región.

Así, las autoridades sanitarias han comunicado a la Consejería de Educación y Empleo el inicio de la cuarentena de 29 aulas, de 26 centros educativos de la región debido a casos de Covid-19 confirmados entre su alumnado o profesorado.

Estas clases se localizan en Cáceres, en los CEIP Donoso Cortés (1) y Extremadura (1) y en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (1); en Badajoz, en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción (1), en el Centro de Educación Especial Los Ángeles (1), en el Colegio Ramón Izquierdo (1) y en el Colegio Santa María Assumpta (1); en Don Benito, en el Colegio de Educación Especial Las Cruces (1) y en el CEIP Francisco Valdés (1).

En el Colegio Nuestra Señora de los Dolores, de Arroyo de la Luz (1); en el CEIP San José, de Calamonte (1); en el CRA El Manantial, de Escurial (1); en el CEIP Nuestra Señora de Altagracia, de Garrovillas de Alconétar (1); en el CEIP José Virel, de La Albuera (1); en el CEIP Hernán Cortés, de Medellín (1); en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada, de Miajadas (1); en la Escuela Infantil Colorines, de Moraleja (2); y en el CEIP Meléndez Valdés, de Ribera del Fresno (1).

También en el CEIP Amalia de Sajonia, de Santa Amalia (2); en el CEIP Torres Naharro, de Torre de Miguel Sesmero (2); en el CRA La Encina, de Manchita (1); en el CEIP El Pilar, de Villafranca de los Barros (1); en el CEIP Ángel Santos Pocostales, de Alburquerque (1); en el CEIP Miralvalle, de Plasencia (1); en el CEIP Pedro Vilallonga Canovas, de San Vicente de Alcántara (1); y en el CEIP Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata (1).

Mientras duren sus cuarentenas, el alumnado seguirá el proceso de aprendizaje a distancia desde sus casas, según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

AULAS QUE RETOMAN LAS CLASES EL LUNES

De igual modo, las que retomarán ya el próximo lunes, día 25, las clases presenciales son 52 aulas, de 41 centros educativos de la región.

En concreto, en Badajoz, en los CEIP Luis de Morales (2), San Fernando (1), Enrique Segura Covarsí (1), Ciudad de Badajoz (1), Guadiana (1) y en los Colegios El Tomillar (1), Puertapalma (1) y Nuestra Señora de la Asunción (2); en Mérida, en los Colegios Santa Eulalia-Escolapias (1) y Nuestra Señora de Guadalupe-Josefinas- (1) y en el CEIP Octavio Augusto (1); en Villafranca de los Barros, en los Colegios San José (1) y Nuestra Señora del Carmen (1); en Plasencia, en los CEIP Alfonso VIII (1) y Miralvalle (1).

También en el CEIP Divino Maestro, de Ahigal (1); en el CEIP Cervantes, de Alange (3); en el CEIP Nuestra Señora de la Soledad, de Gargáligas (1); en el CEIP Ejido, de Jaraíz de la Vera (1); en el CEIP José Virel, de La Albuera (1); en el CEIP Nuestra Señora de Chandavila, de La Codosera (1); en el CEIP Nuestra Señora de las Nieves, de La Zarza (1); en el CEIP Jesús Romero Muñoz, de Los Santos de Maimona (2); en el CEIP Fray Alonso Fernández, de Malpartida de Plasencia (1); en el CEIP Francisco Parada, de Medina de las Torres (1); y en el CEIP El Llano, de Monesterio (1).

Asimismo, en el CEIP Virgen de la Vega, de Moraleja (2); en el CEIP Francisco Ortiz López, de Olivenza (1); en el CEIP Santa Rosa de Lima, de San Martín de Trevejo (1); en el CEIP Batalla de Pavía, de Torrejoncillo (2); en el CEIP San Juan, de Torremayor (2); en el CEIP Adolfo Díaz Ambrona, de Valdelacalzada (1); en el Colegio María Inmaculada, de Zafra (1); y en el CEIP Padre Manjón, de Montijo (1).

Igualmente, en el CEIP San Pedro y San Pablo, de Valdehornillos (1); en el CEIP Nuestra Señora de la Soledad, de Aceuchal (1); en el CEIP Miguel Primo de Rivera, de Alcántara (4); en el CEIP Nuestra Señora de la Luz, de Arroyo de la Luz (1); en el CEIP Nuestra Señora de Guadalupe, de Burguillos del Cerro (1); en el CEIP El Rodeo, de Jerez de los Caballeros (1); y en el CEIP Inmaculada Concepción, de Torremejía (1);

Además, el CEIP Santos Mártires, de Portezuelo, retoma también ya el próximo lunes, día 25, al completo las clases presenciales. Sólo cuenta con un aula, con seis estudiantes.

La Junta de Andalucía amplía desde las 00.00 horas de este sábado 23 de enero el cierre perimetral a un total de 399 municipios de la comunidad que registraban este jueves una tasa de incidencia del Covid-19 superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, entre ellos todas las ciudades de más de 100.000 habitantes a excepción de Sevilla.

Para 185 de esos 399 municipios la Junta dictará además el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estas medidas han sido adoptadas por los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias reunidos este jueves para analizar los datos epidemiológicos.

Según la última de actualización de municipios afectados desde esta medianoche por restricciones difundida por la Junta, Granada es la provincia que registra más localidades con cierre perimetral (91), seguida de Jaén (57), Málaga (55), Almería (47), Sevilla (39), Córdoba (39), Huelva (31) y Cádiz (30). Igualmente Granada concentra la mayor cifra de municipios con suspensión de toda actividad no esencial (42), seguida de Almería (32), Jaén (27), Málaga (26), Córdoba (19), Sevilla (16), Huelva (13) y Cádiz (8).

GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA

Los 42 municipios de Granada sin actividad no esencial desde este sábado son Pórtugos, Sorvilán, Capileira, Alamedilla, Huélago, Beas de Granada, Algarinejo, Montillana, Calicasas, Cogollos de la Vega, Moclín, Padul, Torre-Cardela, Ventas de Huelma, Fornes, Benalúa de las Villas, Alfacar, Campotéjar, Colomera, Íllora, Iznalloz, Láchar, Nívar, Pinos Puente, Piñar, Gorafe, Morelábor, Pedro Martínez, Busquistar, Polopos, Turón, Chauchina, La Malahá, Huétor Santillan, Peligros, Villanueva de Mesía, Cogollos de Guadix, Diezma, Huéneja, Bubión, Ugíjar y Huétor Santillán.

Todos ellos también tendrán activo desde este sábado el cierre perimetral junto a otros 49 con tasa superior a 500 casos: Alhendín, Alquife, Armilla, Castilléjar, Cenes de la Vega, Chimeneas, Cúllar, Darro, Las Gabias, Guadix, Lanteira, La Peza, Santa Fe, Granada, Juviles, Carataunas, Deifontes, Dilar, Dúrcal, Fuente Vaqueros, Gójar, Loja, Maracena, Montejícar, Pulianas, Salar, Valderrubio, Villa de Otura, La Zubia, Albuñol, Salobreña, La Taha, Cortes y Graena, Benalúa, Pedro Martínez, Dehesas de Guadix, Purullena, Morelábor, Baza, Zújar, El Valle, Albuñuelas, Quéntar, Nigüelas, Ogíjares, Huétor Vega, Moraleda de Zafayona, Churriana y Vélez deBenaudalla.

Las 27 localidades de Jaén con actividad no esencial prohibida desde este sábado son Arroyo del Ojanco, Cazalilla, Orcera, Torredelcampo, Castellar, Guarromán, Los Villares, Segura de la Sierra, Villarrodrigo, Campillo de Arenas, Hornos, Noalejo, Baeza, Begíjar, Torreblascopedro, Baños de la Encina, Quesada, Cabra delSanto Cristo, Villacarrillo, Beas de Segura, Navas de San Juan, Rus, Lupión, Chiclana de Segura, Jódar, Ibros y Villatorres.

Todas ellas tendrán además activo desde este sábado el cierre perimetral junto a otros 30 con tasa por encima de 500 casos: Villanueva del Arzobispo, Santo Tomé, Torreperogil, Jamilena, Canena, Santiago de Calatrava, Valdepeñas de Jaén, Génave, Huelma, Castillo de Locubín, Úbeda, Bailén, Bélmez de la Moraleda, Linares, Alcaudete, Carboneros, Puente de Génave, Jaén, La Puerta de Segura, Mengíbar, Pegalajar, Siles, La Iruela, Cazorla, Escañuela, Fuerte del Rey, Torres, Santisteban del Puerto, Hinojares y Pozo Alcón.

En Málaga, los 26 municipios sin actividad no esencial desde este sábado son Mollina, Villanueva del Trabuco, Cútar, Arriate, Ronda, Alameda, Almargen, Teba, Cañete la Real, Benamocarra, El Borge, Salares, Alfarnate, Alfarnatejo, Vélez-Málaga, Alcaucín, Moclinejo, Alhaurín el Grande, Ardales, Coín, Monda, Álora, Algatocín, Cartajima, Igualeja y Faraján.

Todos ellos tendrán además activo desde este sábado el cierre perimetral junto a otros 29 con tasa superior a 500 casos: Periana, Humilladero, Torremolinos, Alozaina, Archidona, Cortes de la Frontera, Casabermeja, Viñuela, Campillos, Carratraca, Tolox, Cártama, Estepona, Manilva, Fuengirola, Mijas, Marbella, Benalmádena, Málaga, Rincón de la Victoria, Algarrobo, Canillas de Albaida, Comares, Sayalonga, Villanueva del Rosario, Benarrabá, Gaucín, Genalguacil y Alhaurín de la Torre.

ALMERÍA, SEVILLA Y CÓRDOBA

Los 34 municipios de Almería sin actividad no esencial desde este sábado son Alhama de Almería, Almócita, Benahadux, Carboneras, Fiñana, Gádor, Níjar, Pechina, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Sorbas, Tabernas, Viator, Albox, Antas, Arboleas, Chirivel, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Fines, Los Gallardos, Garrucha, María, Mojácar, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Taberno, Urrácal, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Vera y Adra.

Todos ellos también tendrán desde este sábado cierre perimetral junto a otros 23 con tasa superior a 500 casos: Abla, Almería, Beires, Canjáyar, Gérgal, Huécija, Huércal de Almería, Lucainena de las Torres, Padules, Armuña del Almanzora, Bédar, Cantoria, Huércal Overa, Líjar, Macael, Pulpí, Serón, Turre, Balanegra, El Ejido, Felix, Laujar de Andarax y Roquetas de Mar.

Las 16 localidades de Sevilla sin actividad no esencial desde este sábado son Algámitas, El Garrobo, El Palmar de Troya, Gilena, Las Cabezas de San Juan, La Puebla de Cazalla, Pruna, Santiponce, Benacazón, La Algaba, Osuna, San Nicolás del Puerto, Burguillos, Los Palacios y Villafranca, El Viso del Alcor y LaPuebla de los Infantes.

Todas ellas también tendrán desde este sábado cierre perimetral junto a otros 23 con tasa superior a 500 casos: Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, La Rinconada, La Roda de Andalucía, Lantejuela. El Saucejo, Cantillana, Castilblanco, Casariche, Utrera, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Lora de Estepa, Umbrete, Estepa, Aznalcóllar, Dos Hermanas, El Cuervo, Almensilla, Espartinas, Arahal, Peñaflor y Bormujos.

Los 19 municipios de Córdoba sin actividad no esencial desde este sábado son Añora, Belalcázar, Belmez, Benamejí, Los Blázquez, El Carpio, Dos Torres, Fuente La Lancha, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Iznájar, Nueva Carteya, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros y Valsequillo.

Todos ellos también tendrán desde este sábado cierre perimetral junto a otros 20 con tasa superior a 500 casos: Alcaracejos, Almodóvar del Río, Cabra, Cañete de las Torres, Córdoba, Encinas Reales, Espiel, Fernán-Núñez, Fuente Obejuna, La Guijarrosa, Hornachuelos, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba, Moriles, Obejo, Palma del Río, Santa Eufemia, Santaella y Villanueva de Córdoba.

HUELVA Y CÁDIZ

Las 13 localidades de Huelva sin actividad no esencial desde este sábado son Ayamonte, La Palma del Condado, Lepe, Villanueva de los Castillejos, Encinasola, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Isla Cristina, Calañas, Berrocal, El Cerro de Andévalo, Castaño del Robledo y Paymogo. Todas ellas también tendrán desde este sábado cierre perimetral junto a otras 18 con tasa superior a 500 casos: Punta Umbría, San Juan del Puerto, Alosno, Villarrasa, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Aljaraque, Beas, Aracena, Cartaya, La Nava, Cortegana, El Almendro, Huelva, Minas de Riotinto, Aroche, Corteconcepción y Chucena.

Los ocho municipios de Cádiz sin actividad no esencial desde este sábado son Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Martín del Tesorillo, San Roque, San José del Valle y Trebujena. Todos ellos también tendrán desde este sábado cierre perimetral junto a otros 22 con tasa superior a 500 casos: Algeciras, Tarifa, Benalup-Casas Viejas, Cádiz, Chipiona, Conil, Chiclana, Vejer, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Arcos, Algodonales, El Gastor, Espera, Olvera, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime y Villamartín.

La incidencia a 14 días de COVID-19 en Baleares se sitúa en los 704 casos por 100.000 habitantes, según la información validada por Epidemiología, que muestra que en el conjunto de las Islas continúa la tendencia al alza y ha registrado un nuevo incremento de un 10 por ciento respecto a hace una semana.

Así, se ha pasado de registrar 638,1 casos por cada 100.000 habitantes a 704,6, de acuerdo con lo recogido en el informe 35 del Servicio balear de Epidemiología que se publica este viernes y que incluye información hasta el 21 de enero.

Formentera es esta semana la isla que registra un incremento más alto de la incidencia a 14 días (un 173 por ciento más), rompiendo así la tendencia a la baja que se constataba en el último informe publicado por Epidemiología. Ha pasado de 239,5 casos por 100.000 habitantes en dos semanas (29 diagnósticos verificados) que registraba la semana anterior a una tasa de 652,3 (79 positivos en 14 días).

Ibiza también registra un aumento importante de su incidencia (un 115 por ciento más en sólo una semana). A fecha de 21 de enero su incidencia a 14 días es de 1.817,6 casos por cada 100.000 habitantes (2.684 positivos en dos semanas) mientras que la semana pasada era de 845,8 (1.251 casos confirmados).

Menorca también ha visto que la incidencia ha subido los últimos días. De los 255,9 casos por cada 100.000 residentes (239 diagnósticos) de la semana pasada a los 414,4 (387 positivos en 14 días) que recoge el informe publicado este viernes por el Servicio balear de Epidemiología. En este caso, el incremento semanal es de un 62 por ciento.

En la isla de Mallorca la incidencia registra una bajada de un 15 por ciento respecto de hace una semana. La IA14 se sitúa esta semana en los 552,3 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la pasada era de 649,1. De 5.816 casos detectados en 14 días, ahora registra 4.949.

MUNICIPIOS Y ZONAS BÁSICAS DE SALUD

Asimismo, entre los datos que facilita este estudio figuran las tasas de incidencia acumulada por municipios y por zonas básicas de salud. Estos datos pueden variar respecto de los que ofrece cada día la Conselleria de Salud y Consumo y que tienen como referencia la positividad de las pruebas PCR y de antígenos, indicador que también se considera válido para tener información diaria de la evolución de la pandemia de Covid-19.

Por municipios, los que registran hoy por hoy una incidencia más elevada la última semana (incidencia a siete días por cada 100.000 habitantes) son el de Ibiza, con 789 positivos la última semana y una IA7 de 1.584 casos, seguido de Sant Antoni de Portmany con 265 positivos y una IA7 de 1.007,4 y Santa Eulària des Riu, con 309 positivos en una semana y una IA7 de 812,8.

En cambio, en Deià, Estellencs, Fornalutx, Maria de la Salut y Sant Lluís no se ha detectado ningún positivo la última semana.

PERFIL DE LA PERSONA AFECTADA

En total, desde el inicio de la pandemia y hasta el 21 de enero, el Servicio balear de Epidemiología ha validado 47.563 diagnósticos positivos de SARS-CoV-2 a la comunidad (7.259 en Ibiza, 372 en Formentera, 38.356 en Mallorca y 1.576 en Menorca), un 79 por ciento (37.605) de los cuales han presentado síntomas, mientras que un 21 por ciento (9.958) han sido asintomáticos.

De estos, 410 han sido catalogados como casos llegados de otras comunidades autónomas y 170 importados de otros países. 1.265 han sido usuarios de residencias geriátricas y 1.699 sanitarios. 539 defunciones han sido validadas como causa de la COVID-19 hasta que se cerró la elaboración de este informe, 191 de las cuales correspondían a personas que vivían en residencias (un 35 por ciento del total).

El informe de Epidemiología también hace un análisis completo del perfil de personas afectadas por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia: establece que el grupo de edad más numeroso ha sido el de las personas de entre 40- 49 años (8.636 casos), seguido de los de 30-39 años (8.153) y de 20-29 (7.364).

El informe 35 del Servicio balear de Epidemiología también establece diversas figuras con información sobre la letalidad y la tasa de mortalidad de la enfermedad en las personas diagnosticadas en las Islas.

En cuanto a la letalidad, con los casos acumulados hasta la fecha es de un 1,1 por ciento (un 0,9 por ciento en mujeres y un 1,3 por ciento en hombres). Por grupos de edad, la letalidad es de un 16,2 por ciento en las personas mayores de 90 años, de un 12 por ciento en las personas de entre 80 y 89 años, de un 5,4 por ciento en el grupo de entre 70-79 años, de un 1,1 por ciento en los de 60-69, de un 0,3 por ciento en los de 50-59 y de un 0,1 en los de 40-49 años.

648 BROTES DETECTADOS

El informe 35 elaborado por el Servicio balear de Epidemiología ofrece información sobre los brotes, es decir de agrupaciones de tres casos o más de COVID-19.

Hasta la publicación del estudio, en las Islas se han detectado hasta 648 desde que comenzó la pandemia, 61 la última semana y 300 con investigación aún abierta.

En total, se han diagnosticado 5.348 casos positivos asociados (aproximadamente el 12 por ciento del total). Un 40 por ciento de los brotes (258) fueron de ámbito mixto, un 24 por ciento (157) de ámbito familiar, y un 14 por ciento (91) fueron originados en reuniones sociales.

En 638 brotes el caso primario era autóctono. La media de casos por brote detectado en las Islas ha sido de ocho positivos, mientras que los mínimos han registrado tres casos y el máximo (caso de residencia geriátrica) tuvo 94 casos asociados.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 1.117 casos positivos de Covid-19 confirmados, así como 18 personas fallecidas.

Igualmente, en los hospitales extremeños hay ingresadas 672 personas, 77 de ellas en UCI. Asimismo, se han dado 642 altas, lo que equivale a un acumulado de 41.264 altas.

En la jornada se ha registrado, también, el fallecimiento de 18 personas con diagnóstico Covid-19 positivo, lo que supone un total de 1.303 desde el inicio de la pandemia en Extremadura.

Así, el Área de Salud de Mérida comunica cuatro fallecidos, en concreto, un varón de 83 años de Aldea de Cortegana, una mujer de 88 años de Villafranca de los Barros, un varón de 83 años de Almendralejo y un varón de 85 años de La Nava de Santiago.

Mientras, el Área de Salud de Badajoz notifica seis fallecidos, en concreto, cuatro mujeres de Badajoz de 67, 92, 81 y 69 años; un varón de 71 años de Olivenza y un varón de 81 años de Villar del Rey, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Asimismo, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva registra cuatro fallecidos, en concreto, una mujer de 65 años de Don Benito, un varón de 87 años de Castuera, un varón de 84 años de Herrera del Duque y un varón de 75 años de Cabeza del Buey.

También, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata notifica el fallecimiento de un varón de 96 años de Navalmoral de la Mata; el Área de Salud de Cáceres registra el fallecimiento de una mujer de 92 años de Torrecillas de la Tiesa; el Área de Salud de Coria comunica el fallecimiento de un varón de 77 años de Portaje; y el Área de Salud de Plasencia notifica el fallecimiento de una mujer de 84 años de Plasencia.

ÁREAS DE SALUD

En concreto, el Área de Salud de Badajoz notifica 403 casos confirmados. Tiene 214 pacientes hospitalizados, 25 de ellos en UCI. Registra 182 fallecidos y ha dado 11.122 altas.

De su lado, el Área de Salud de Cáceres ha notificado 152 casos positivos. Tiene 109 pacientes ingresados, de los que 11 están en UCI. Acumula 404 fallecidos y ha dado 6.338 altas.

Igualmente, el Área de Salud de Mérida registra 180 casos confirmados. Tiene 121 personas hospitalizadas, de las que 19 están en UCI. Acumula 164 fallecidos y ha dado 7.715 altas.

Mientras, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 113 casos positivos. Hay 105 pacientes hospitalizadas, de los que 13 están en UCI. Acumula 153 víctimas mortales y 5.188 pacientes curados.

Por su parte, el Área de Salud de Plasencia registra 91 casos positivos. Tiene 53 pacientes hospitalizados, de los que 9 están en UCI. Ha registrado un total de 159 fallecidos y ha dado 3.041 altas.

También, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 49 casos confirmados. Tiene 21 pacientes ingresados y ha registrado 93 fallecidos. Ha dado 2.606 altas.

A su vez, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 79 casos positivos. Tiene 32 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 83 fallecidos y ha dado 3.362 altas.

De su lado, el Área de Salud de Coria registra 50 casos positivos. Tiene 17 pacientes hospitalizados. Un total de 65 personas han fallecido y se han dado 1.892 altas.

Un total de 311 docentes y 3.483 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguno de los 1.809 casos positivos en Covid-19 --244 docentes y 1.565 alumnos-- que han conllevado cuarentenas en 415 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone 57 nuevos positivos --44 alumnos y 13 profesores-- con respecto al último balance aportado por la Comunidad este jueves.

La Consejería de Educación recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 311 docentes aislados representan el 1,1% del total, y los 3.483 alumnos, el 1,2%.

Además, 11.140 estudiantes y 1.146 profesores han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Respecto a la situación de los centros, el Colegio concertado Santa Isabel (Alquerías-Murcia) 1 alumno positivo y un total de 21 aislados (el positivo y 20 alumnos del Aula de Infantil); el IES Ramón Arcas Meca (Lorca) ha contabilizado 1 alumno positivo y un total de 4 aislados (el positivo y 3 alumnos); y el IES San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz) ha sumado 1 alumno positivo y un total de 3 aislados (el positivo y 2 alumnos).

El Colegio público Juan de la Cierva (Casillas-Murcia) 1 alumno positivo y un total de 15 aislados (el positivo, 13 alumnos y 1 docente del Aula de Infantil); el Colegio público Nuestra Señora de los Remedios (Torrealta-Molina de Segura) 1 alumno positivo y un total de 18 aislados (el positivo, 16 alumnos y 1 docente del Aula de Infantil).

Asimismo, el Colegio público Mariano Aroca López (Murcia) 1 alumno positivo y un total de 35 aislados (el positivo, 32 alumnos y 2 docentes del Aula de Infantil); el IES La Florida (Las Torres de Cotillas) 1 alumno positivo y un total de 3 aislados (el positivo y 2 alumnos); y el Colegio público Méndez Núñez (Yecla) 1 alumno positivo y un total de 20 aislados (el positivo, 17 alumnos y 2 docentes del Aula de Infantil).

El IES El Bohío (Los Dolores-Cartagena) 1 alumno positivo y un total de 6 aislados (el positivo y 5 alumnos); la Escuela de Educación Infantil Torreagüera (Murcia) 1 docente positivo y un total de 8 aislados (el positivo y 7 alumnos); el Colegio concertado CEI (Murcia) 1 alumno positivo y un total de 4 aislados (el positivo y 3 alumnos).

El IES Villa de Abarán (Abarán) ha contabilizado 2 alumnos positivos sin relación y un total de 5 aislados relacionados con el primer caso (el positivo y 4 alumnos) y un total de 4 aislados (del segundo caso (el positivo y 3 alumnos); mientras que la Escuela de Educación Infantil Infante Juan Manuel (Murcia) 1 docente positivo y un total de 11 aislados (el positivo, 9 alumnos y 1 docente).

El Colegio público El Romeral (Molina de Segura) 1 alumno positivo y un total de 26 aislados (el positivo, 19 alumnos y 6 docentes del Aula de Infantil); el IES Los Albares (Cieza) 1 alumno positivo y un total de 6 aislados (el positivo y 5 alumnos); y el Colegio público Corazón de Jesús (Lorca) 1 alumno positivo y un total de 6 aislados (el positivo y 5 alumnos).

El Colegio concertado Escuela Equipo (Murcia) 1 alumno positivo y un total de 3 aislados (el positivo y 2 alumnos); el Colegio concertado La Merced-Fuensanta (Murcia) 1 alumno positivo y un total de 22 aislados (el positivo, 20 alumnos y 1 docente del Aula de Infantil).

El Colegio concertado La Sagrada Familia (Cartagena) ha sumado 2 alumnos positivos sin relación y un total de 7 aislados relacionados con el primer caso (el positivo y 6 alumnos) y un total de 9 aislados del segundo caso (el positivo y 8 alumnos).

El Colegio público Hernández Ardieta (Torre Pacheco) ha contabilizado 2 docentes positivos (sin relación) y un total de 10 aislados relacionados con el primer caso (el positivo y 9 alumnos) y un total de 3 aislados del segundo caso (el positivo y 2 docentes); mientras que el IES Cañada de las Eras (Molina de Segura) 1 alumno positivo y un total de 6 aislados (el positivo y 5 alumnos).

El IES Mediterráneo (Cartagena) 1 alumno positivo y un total de 3 aislados (el positivo y 2 alumnos); y el Colegio público José Antonio (Fuente Álamo) cuenta con 2 alumnos positivos (familiares) y un total de 20 aislados relacionados con el primer caso (el positivo, 10 alumnos y 1 docente del Aula de Infantil) y un total de 5 aislados del segundo caso (el positivo y 4 alumnos).

El Colegio público Joaquín Carrión Valverde (San Javier) 2 alumnos positivos (sin relación) y un total de 13 aislados relacionados con el primer caso (el positivo, 11 alumnos y 1 docente del Aula de Infantil) y un total de 12 aislados del segundo caso (el positivo, 10 alumnos y 1 docente de Infantil).

El Colegio público Pedro Rodríguez (Cieza) 1 docente positivo y un total de 8 aislados (el positivo, 5 alumnos y 2 docentes); el Colegio público Maestro Jesús Ferrer (Las Torres de Cotillas) 1 docente positivo y un total de 27 aislados (el positivo y 26 alumnos del Aula de Infantil); y el Colegio público José Robles (Lorca) 1 alumno positivo y un total de 8 aislados (el positivo y 7 alumnos).

El Colegio concertado La Inmaculada (Cartagena) tiene 2 alumnos positivos (sin relación) y un total de 23 aislados relacionados con el primer caso (el positivo, 21 alumnos y 1 docente del Aula de Infantil) y un total de 20 aislados (del segundo caso (el positivo, 18 alumnos y 1 docente del Aula de Infantil).

El Colegio concertado María Inmaculada (Águilas) cuenta con 3 alumnos positivos (familiares) y un total de 9 aislados relacionados con el primer caso (el positivo, 7 alumnos y 1 docente) y un total de 9 aislados del segundo caso (el positivo y 8 alumnos del Aula de Infantil) y un total de 11 aislados del tercer caso (el positivo, 9 alumnos y 1 docente).

La Escuela de Educación Infantil San Basilio (Murcia) 1 positivo externo (no entra en las estadísticas de Educación) y un total de 3 aislados (3 alumnos); mientras que la Escuela Superior de Arte Dramático (Murcia) 1 docente positivo y un total de 5 aislados (el positivo, 1 alumno y 3 docentes).

La Escuela de Educación Infantil La Naranja (Beniaján-Murcia) 1 alumno positivo y un total de 15 aislados (el positivo, 13 alumnos y 1 docente del Aula de Infantil); el Colegio público Nuestra Señora de Belén (Murcia) 1 alumno positivo y un total de 4 aislados (el positivo y 3 alumnos); y el IES Sabina Mora (Roldán-Torre Pacheco) 1 alumno positivo y un total de 2 aislados (el positivo y 1 alumno).

El Colegio concertado Santa María de la Paz (Murcia) 1 docente positivo y un total de 91 aislados (el positivo y 90 alumnos de 6 Aulas de Infantil); el Colegio público Nuestra Señora de Loreto (Santiago de la Ribera-San Javier) 1 alumno positivo y un total de 2 aislados (el positivo y 1 alumno) y el Colegio Deitania (Totana) 1 alumno positivo y un total de 22 aislados (el positivo y 21 alumnos del Aula de Infantil).

El IES Aljada (Puente Tocinos-Murcia) cuenta con 2 alumnos positivos (sin relación) y un total de 6 aislados relacionados con el primer caso (el positivo y 5 alumnos) y un total de 2 aislados del segundo caso (el positivo y 1 alumno.

El Colegio Pablo Gil Castillo (Sangonera la Seca-Murcia) 1 docente positivo y un total de 11 aislados (el positivo y 10 alumnos del Aula de Infantil); el Colegio público Jacinto Benavente (Alcantarilla) 1 alumno positivo y un total de 5 aislados (el positivo y 4 alumnos) y el Colegio concertado San Vicente de Paúl (Cartagena) 1 alumno positivo y un total de 23 aislados (el positivo, 21 alumnos y 1 docente del Aula de Infantil).

El IES Francisco Cascales (Murcia) ha sumado 2 alumnos positivos (sin relación) y un total de 3 aislados relacionados con el primer caso (el positivo y 2 alumnos) y un total de 3 aislados (del segundo caso (el positivo y 2 alumnos); y el Colegio de Educación Especial Santísimo Cristo de la Misericordia (Murcia) 1 alumno positivo y un total de 2 aislados (el positivo y 1 alumno.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado la "inacción" en la que, a su juicio, se ha instalado el Gobierno de Pedro Sánchez ante la situación "dramática" de la pandemia del coronavirus en España, algo que ha calificado de "incomprensible".

En rueda de prensa en la sede de Cs, Arrimadas ha advertido de que en este momento "los datos son dramáticos, los peores registrados durante toda la pandemia", ya que la incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos catorce días es de casi 800 por cada 100.000 habitantes, el 36% de las camas de UCI de los hospitales están ocupadas por enfermos de Covid-19 y en la última jornada se registraron 400 fallecimientos.

Según la líder de la formación naranja, "muchos sanitarios ven con desesperación, los ciudadanos con indignación y los gestores con mucha preocupación que el Gobierno no actúa, que sigue en la inacción".

"Es incomprensible que con estos números no haya tomado ni una sola medida en estas últimas semanas", ha añadido, al señalar que las comunidades autónomas han pedido esta semana al Ejecutivo central que actúe o que, al menos, "se las deje actuar" y su respuesta ha sido "no hacer absolutamente nada".

TERCERA OLA "DESCONTROLADA" EN TODA ESPAÑA

Respecto al "confinamiento inteligente" que ha propuesto Ciudadanos para frenar la transmisión del virus --acompañado de una aceleración del proceso de vacunación, pruebas de diagnóstico masivas, más teletrabajo y ayudas directas a los sectores afectados--, a Arrimadas le han preguntado si ese cierre se debería aplicar en todos los territorios o en aquellos en una peor situación.

En su opinión, "quien marca la estrategia nacional, la respuesta a esta tercera ola, debe ser el Gobierno", que tiene que definir una serie de "criterios" para evaluar la situación en cada lugar y las medidas a adoptar cuando se cumplen esos criterios.

Tras indicar que en cada comunidad autónoma, provincia o territorio las circunstancias pueden ser diferentes y que algunas registran peores datos que otras, ha afirmado que "la situación es dramática en toda España" porque la tercera ola "está descontrolada". Según ha recordado, se considera que hay riesgo extremo cuando hay más de 250 casos por cada 100.000 habitantes y actualmente la media nacional roza los 800.

Sobre la posibilidad de que la Unión Europea cierre las fronteras interiores para atajar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus, más contagiosas, la presidenta de Ciudadanos ha defendido que la decisión que se tome al respecto sea "cuanto más consensuada, mejor".

Lo que viene reclamando Cs desde hace tiempo son "mayores controles fronterizos", según ha destacado, para asegurarse de que los viajeros que llegan a España procedentes de otros países no están infectados con el virus.

Por otro lado, Arrimadas ha informado de que Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir que se elimine el IVA de las mascarillas FPP2/KN95, que, según ha dicho, en España se siguen gravando con un tipo del 21% "como si fueran objeto de lujo". "Es una medida justa y sensata que garantiza la equidad en el acceso a un bien de primera necesidad", ha subrayado.

Con esta iniciativa se pretende que el Pleno de la Cámara Baja inste al Gobierno a "eliminar, de forma excepcional y hasta que remita la pandemia de Covid-19" en España, "el IVA aplicado a todo tipo de mascarillas, incluyendo especialmente las FPP2/KN95", y también "a los geles hidroalhólicos de naturaleza biocida".

MASCARILLAS FFP2, LAS MÁS EFECTIVAS EN ESPACIOS CERRADOS

El partido naranja sostiene que las mascarillas son uno de los elementos más efectivos para limitar la propagación del virus porque este se transmite por aerosoles.

Recalca que las quirúrgicas previenen el contagio de terceros si el portador es positivo, mientras que las FPP2 o K95 previenen el contagio tanto del portador como de terceros, y por ello critica que el Ejecutivo central criticara en su momento la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de entregar de forma gratuita una mascarilla FFP2 a cada ciudadano.

"Se ha demostrado que son las más efectivas para prevenir contagios, especialmente allí donde más se producen, en los espacios cerrados con escasa ventilación", apunta Ciudadanos.

Por otro lado, lamenta que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos hablara de una supuesta prohibición europea --que la Comisión Europea negaba que existiera-- para negarse a reducir el IVA de las mascarillas, tras lo cual aceptó bajarlo del 21% al 4% únicamente para las mascarillas quirúrgicas desechables, no para las FPP2.

Cs señala que, ante las cifras récord de contagios que se están registrando en la Unión Europea, países como Alemania han declarado la obligatoriedad de las mascarillas FFP2, e insiste en que no se cobre el IVA en este producto para que su coste "no cree una brecha de protección que afecte especialmente a los más vulnerables".

El coordinador de IU Aragón y portavoz de esta formación en las Cortes autonómicas, Álvaro Sanz, pedirá al consejero de Educación, Felipe Faci, en el pleno del parlamento de la próxima semana que explique los recursos extra, tanto de nuevo profesorado, como de espacios nuevos, que se han dedicado a la vuelta a la presencialidad.

Sanz hará especial incidencia en las medidas básicas de prevención, y, en concreto, sobre la distancia interpersonal de 1,5 metros en las aulas, ha informado IU en una nota de prensa, tras la decisión del Gobierno de Aragón de que los alumnos de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de primero de Bachillerato se estén incorporando a las enseñanza cien por cien presencial en este segundo trimestre del curso académico.

IU Aragón ha explicado que se "congratula" de esta decisión ya que la situación de semipresencialidad del primer trimestre "ha demostrado que era muy negativa para la evolución académica y socioafectiva del alumnad"o.

Esta formación ha recordado que el pasado 3 de septiembre, a través de su Área de Educación, ya hizo un análisis de la normativa y decisiones del Gobierno de Aragón, "discrepando totalmente de la medida de semipresencialidad y así se lo trasladó al consejero del ramo, Felipe Faci", ha contado.

Según ha detallado, no compartía que si el resto de alumnado podía estar en clase durante la jornada completa porque las condiciones sanitarias lo permitía, no puedieran hacerlo los de tercero y cuarto de la ESO, Bachillerato y FP.

"La enseñanza presencial es equidad y calidad y si faltan espacios, los centros también pueden utilizarse por las tardes, como ocurrirá en determinados procesos de FP", planteó IU en ese momento, que consideró que la decisión de aplicar la semipresencialidad en esos curso fue por "ahorro económico".

PROPOSICIÓN NO DE LEY

IU ha rememorado también que las Cortes de Aragón aprobaron el pasado 19 de noviembre una proposición no de ley presentada por su agrupación parlamentaria sobre recursos humanos en educación, que incluía "buscar fórmulas alternativas" para evitar la semipresencialidad.

Entre otras cosas, se planteó dar clases por la tarde en aquellos Institutos de Educación Secundaria (IES) que organizativamente fuera posible y dotación de nuevo profesorado necesario, mientras que en caso de tener que aplicar la semipresencialidad se apostó por incrementar las horas asignadas a los centros para la cobertura telemática de los turnos de alumnado no presencial.

Sanz podrá sobre la mesa todas estas cuestiones en el próximo pleno. En su opinión, la vuelta a la presencialidad del alumnado es una "buena noticia", pero solo lo será de forma "completa", si se actúa por parte del Departamento de Educación "respetando las medidas de seguridad que Sanidad exige, es decir, si se mantiene la distancia interpersonal en 1,5 metros, se evita sobresaturar las aulas y detener los contagios".

El diputado ha incidido en que si se necesitan más espacios escolares, "hay que facilitarlos" y ha apuntao que la mitad de los IES de la provincia de Zaragoza manifiesta tener "muchas dificultades" para adaptarse a la presencialidad.

IU ha pedido mantener las ratios de 17 o 18 alumnos por grupo, como en la semipresencialidad, porque se ha demostrado que la calidad de la enseñanza mejora "muy notablemente" y, para eso se necesita contratar más profesorado.

También ha reclamado dotar a los centros, si es preciso, de más material de protección, de mascarillas de mejor calidad y más material de desinfección. "Hay que suministrarlo, para que no ocurra como al inicio de curso y si se necesita más personal de limpieza, hay que contratarlo", ha apostillado Sanz.

En cuanto a los Equipos Directivos, IU considera que Educación debe darles el apoyo necesario para ayudarles en los continuos cambios organizativos a los que el Departamento de les obliga y no dejarlos "solos ante el peligro".

El sistema educativo gallego vuelve a tocar techo en número de casos de coronavirus al experimentar un nuevo incremento de 167 positivos respecto a las cifras del día anterior, lo que eleva el total de contagios a 2.628, récord en lo que va de curso.

Asimismo, según figura en el balance ofrecido por las autoridades sanitarias, son ya 114 las aulas en cuarentena, 11 más que hace 24 horas.

Además, se mantienen cerrdas debido a los contagios registrados seis escuelas infantiles: las unitarias de Crecente y Forcarei, ambas en la provincia de Pontevedra; el Punto de Atención á Infancia (PAI) de Riós (Ourense), Pequenucos de Cuntis, la E.I. municipal de Viveiro (Lugo) y a la Unitaria de A Pobra de Trives (Ourense).

La tendencia de incrementos en el número de contagios continúa en todas las áreas sanitarias, especialmente en A Coruña, Vigo y Santiago, que suman más del 60% de casos totales en la comunidad educativa gallega.

Los centros de A Coruña acumulan el mayor número de casos, con 690 (+67) y al menos 27 (+3) unidades clausuradas. El punto de mayor incidencia se mantiene, con 21 positivos, en el IES Manuel Murguía de Arteixo, localidad donde el IES Ponte dos Brozos y el CEIP de Arteixo cuentan ambos con 12 casos de covid-19.

En la ciudad herculina en el centro privado La Grande Obra de Atocha se eleva los casos a 17 y supera al hasta ahora más afectado, el Liceo La Paz, que suma ya 16 positivos.

VIGO Y SANTIAGO

Los centros del área de Vigo, por su parte, el incremento de casos deja el total en 536 (+16) que obligan a mantener 31 aulas en cuarentena (+3), además de una escuela infantil.

Por centros, el IES San Paio de Tui es el que más positivos tiene con 15, seguido por el IES Val do Tea de Ponteareas, que contabiliza una docena de casos.

La comunidad eduactiva del área de Santiago, por su parte, cuenta este viernes con 427 (+19) y 15 unidades cerradas (sin cambios). Los centros con más casos se encuentran en Santiago: Cluny, con 12; y La Salle y Nosa Señora dos Remedios, con 11 ambos.

En el área de Ourense, que suma 293 (+16), 11 aulas (-1) y 2 guarderías cerradas (sin cambios), el caso más grave se da en el IES de Allariz, con 24 positivos y una unidad clausurada, que lo convierte en el centro con más casos de toda Galicia.

PONTEVEDRA, LUGO Y FERROL

El área de Pontevedra cuenta con 280 (+23) positivos además de 13 aulas (+3) y dos escuelas infantiles clausuradas (sin cambios). Entre ellos, destacan dos centros de Poio, el CEIP de Viñas (15) y el IES de Poio (14), así como el CEIP Plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo, que tiene 13..

Dentro del área de Lugo, que contabiliza este viernes 217 (+15) además de cinco aulas cerradas (+1) y una guardería, destaca la situación en el municipio de Viveiro con 14 y 10 positivos, respectivamente, en el IES María Sarmiento y el IES Vilar Ponte.

Finalmente, el área de Ferrol cierra una jornada más el listado de áreas con más casos. Hay, según el último balance, un total de 185 casos en los centros ferrolanos (+11) y 12 (+1) aulas clausuradas. Los casos más importantes son los 12 positivos en el CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume y los 10 del IES de Fene .

Alrededor de un millar de personas a pie y unos 850 vehículos, según cifras de la Policía Nacional, han salido este viernes a las calles en Palma a protestar contra el cierre de la hostelería, una de las medidas del Govern para frenar la expansión del COVID-19 en Baleares.

La manifestación se ha saldado con un hombre detenido por resistencia y desobediencia y atentado a la autoridad, en un momento en el que la manifestación se había trasladado a pie a la plaza de Cort.

Con esta movilización, los afectados buscan reclamar más ayudas para un sector especialmente golpeado por la pandemia. Con todo, aunque la marcha se había promovido por parte de un grupo de hosteleros, a la manifestación se han sumado profesionales de otros colectivos también afectados por el coronavirus.

La Delegación del Gobierno había autorizado una marcha motorizada, con la condición de que los conductores no salieran de sus vehículos -como precaución ante el COVID-19-, pero no una protesta a pie. Sin embargo, hacia las 10.30 horas, ya unas 400 personas se encontraban congregadas en los alrededores de la avenida Adolfo Suárez, junto a una cuarentena de coches.

Al inicio de la marcha, hacia las 11.00 horas, un grupo de manifestantes a pie ha invadido la calzada con una pancarta, ignorando las indicaciones de la Policía. Algunos asistentes se han encaramado a la medianera de hormigón que separa los dos sentidos de la circulación.

CAEN CUATRO ÁRBOLES

Más tarde una fuerte racha de viento ha soplado sobre los manifestantes, acompañada de lluvia, obligándoles a retroceder. Cabe recordar que Mallorca tiene activos este viernes avisos meteorológicos de nivel amarillo por viento y naranja por oleaje.

De hecho, cuatro árboles han caído en la zona -una en Paseo Sagrera, ante la Conselleria de Presidencia, y el resto en el punto inicial de la manifestación-, por lo que la Policía ha tratado de mantener a los asistentes alejados de zonas arboladas. Con todo, no hay constancia de heridos.

El vehículo de uno de los promotores del movimiento que ha impulsado la protesta, Víctor Sánchez, abría la marcha ondeando banderas de España. Tras la cola de coches -que ha llegado a ocupar al menos unos tres kilómetros de calles- se situaba un grupo de manifestantes a pie, con pancartas y haciendo sonar cacerolas, al grito de 'Armengol dimisión'.

Durante el recorrido, los manifestantes han recibido apoyo de algunos ciudadanos que paseaban por el centro de la ciudad o que se han asomado a los balcones para aplaudirles y saludarles. Al pasar por delante de los juzgados de Palma, se han podido escuchar gritos de "libertad" o "Armengol a prisión".

PROTESTA A PIE

Tras completar al recorrido, que abarcaba unos seis kilómetros, los organizadores han aparcado sus vehículos y han esperado en las inmediaciones del Consolat de Mar. La sede del Govern se encontraba vallada por el riesgo de caída de árboles y custodiada por una importante presencia policial.

Cuando la manifestación en coche ya se había disuelto, al llegar el grupo que iba a pie ha comenzado una protesta ante el Consolat. En ella se han podido escuchar cánticos como "a por ellos", "Armengol dimisión" y "queremos trabajar", entre otros.

Después de esto, un grupo de unas 500 personas se ha dirigido hacia el Parlament, donde han continuado gritando consignas y exhibiendo pancartas. Se han escuchado algunos insultos a la presidenta -a la que han llamado "borracha"- y también alusiones al escándalo de explotación sexual de menores tuteladas por el Consell, al grito de "¿dónde están las niñas tuteladas?".

UN MANIFESTANTE REDUCIDO Y DETENIDO

En la plaza de Cort, los manifestantes han encontrado a su llegada a una veintena de policías locales y nacionales custodiando el edificio, formando un muro. La protesta ha continuado y un manifestante ha llegado a lanzar un huevo contra los policías.

En un momento dado, uno de los participantes ha comenzado a increpar al convocante de la concentración motorizada, Ángel Galeote, porque éste deseaba marcharse. Al parecer, los agentes han intervenido para separarlos y se han llevado aparte al manifestante, detrás de un furgón policial, mientras que Galeote ha sido conducido a unos metros de distancia.

Entonces, un tercer manifestante se ha abalanzado corriendo en esa dirección, y unos agentes le han interceptado y reducido, mientras el resto formaba un muro para evitar que nadie pasara. Posteriormente se lo han llevado detenido por resistencia y desobediencia y atentado a la autoridad.

Según la Policía, el hombre ha desobedecido a los agentes, se ha encarado y ha hecho amago de lanzarles un objeto. Se trata de una persona que ya tuvo una participación muy activa en la manifestación del pasado 12 de enero.

IDENTIFICAN A LOS MANIFESTANTES QUE NO QUERÍAN IRSE

Posteriormente han ido partiendo asistentes, hasta que ha quedado alrededor de una quincena que insistía en no abandonar el lugar. Tras unos minutos la Policía ha comenzado a identificarlos.

Momentos antes, Galeote había explicado, en declaraciones a los medios, que aunque la protesta a pie no estaba autorizada, al ver "tanta gente" había decidido "junto a la Policía" acompañarles para "llevarlos por el camino y dirigirlos un poco. En este sentido, ha negado que él los haya "instigado", sino que se ha limitado a "dirigirlos para que todo saliese bien".

El convocante de la protesta también ha dicho no tener "miedo" de posibles sanciones, asegurando que si le vuelven a multar pagarán la sanción "entre todos".

INSULTOS A PERIODISTAS DE IB3

Al igual que ocurrió en la concentración de la semana pasada, los asistentes han vuelto a increpar a periodistas de IB3 acusándoles de "manipulación". Un redactor ha explicado que incluso les han escupido.

Por otro lado, a la concentración se han incorporado representantes de Vox Baleares, que han saludado a uno de los promotores de la movilización, Víctor Sánchez, para mostrarle su apoyo. El portavoz de Vox en el Parlament balear, Jorge Campos, ha asegurado que es una protesta "justa" y "necesaria" que "debería repetirse constantemente".

En declaraciones a los medios, ha afirmado que "la gente no puede más y ha dicho basta". "Aquí hay muchas familias arruinadas, que no pueden seguir así. No se puede obligar a la gente a cerrar sus negocios si dar ayudas o bien dar unas ridículas", ha criticado.

EL PROMOTOR AFIRMA QUE ES UNA MARCHA "APOLÍTICA"

Al respecto, Víctor Sánchez ha asegurado que "cualquiera que quiera apoyar la movilización será bienvenido" aunque ha recalcado que "esta manifestación es apolítica".

"No tenemos partidos ni colores, lo que queremos es trabajar, cuando nos lo están prohibiendo", ha enfatizado Sánchez, quien ha hecho hincapié en que "se espera que tras esta marcha el Govern se movilice y conceda una amnistía temporal para que las ayudas anunciadas lleguen a todos".

PIMECO APOYA LA PROTESTA

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Palma (Pimeco)se ha sumado este viernes a la manifestación. Según ha informado el presidente de Pimeco, Toni Fuster, el motivo por el que han decidido sumarse a la concentración organizada esta jornada ha sido para denunciar lo que consideran una "mala gestión" en las ayudas, a las que han calificado de "ridículas", y para pedir a las autoridades que estas sean directas y mensuales.

"Compartimos las angustias del sector empresarial y exigimos a los gobernantes que trabaje, muy dura, que vayan a Madrid, a donde haga falta, para que el autónomo, el pequeño empresario, tenga ayudas de verdad, no ayudas a cuenta gotas como se han tenido hasta ahora", ha afirmado al respecto la vicepresidenta de Pimeco, Carolina Domingo.

La Concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castelló inicia un proyecto con la colaboración de la sociedad ornitológica SEO Bird Life para mejorar el hábitat del chorlitejo patinegro y reforzar la conservación natural de las playas del Serradal y del Gurugú. La iniciativa se llevará a cabo los próximos meses y contempla la delimitación de áreas de nidificación, sustitución de especies exóticas por autóctonas y concienciación sobre la importancia de conservar los ecosistemas.

"Desde el Ayuntamiento de Castelló trabajamos para reconciliarnos con nuestro entorno natural. La conservación de la biodiversidad es fundamental para mantener un sistema sano y conseguir un equilibrio climático", ha señalado el concejal de Transición Ecológica, Fernando Navarro.

El edio ha explicado que la presión antropomórfica en las playas redujo un 30 por ciento la población del chorlitejo patinegro de 2013 a 2019 en las playas. "Ahora activamos de la mano de SEO Bird Life una actuación para recuperar población de una de nuestras especies autóctonas como el chorlitejo y reforzar la protección de su hábitat en nuestras playas", ha añadido.

La concejalía ha visitado las playas con Pablo Vera i Maria Antón, técnicos de SEO Bird Life en la Comunitat Valenciana, para estudiar la implementación del proyecto de renaturalización de playas para el chorlitejo que ya se ha desarrollado en los últimos meses en municipios de la Albufera de València y que ahora se quiere extender a la provincia y al término de Castelló.

ACCIONES

Las acciones se desarrollarán en dos tramos de las playas: en el Serradal, donde actualmente se encuentra la principal población del chorlitejo de la provincia gracias a la existencia desde 2019 de la microrreserva de flora dunar, y en el Gurugú. En la primera playa el objetivo es mejorar las condiciones del ecosistema dunar e intensificar la condición de refugio de la especie; y en el Gurugú la finalidad es aumentar el grado de naturalidad para propiciar la acogida de una pequeña población nidificante.

El Ayuntamiento y SEO Bird Life organizarán equipos de voluntariado ambiental para realizar acciones de conservación directas manteniendo restos orgánicos del oleaje a pie de duna y medidas de divulgación.

Se dividirán en cuatro actividades: señalización de áreas de actuación y nidificación, jornada de retirada de especies exóticas invasoras, charla sobre la situación del chorlitejo y la necesidad de actuar en su conservación, y jornada de observación de aves en las playas. De manera complementaria, se creará un grupo de voluntariado para velar por la seguridad y bienestar de las parejas nidificantes.

SEO Bird Life ya desarrolló una experiencia innovadora de renaturalización en 2020 en el Parque Natural de la Albufera, que ha resultado un "gran éxito" y ha permitido un aumento significativo del número de parejas de chorlitejo, según ha señalado el consistorio.

Varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional han pedido explicaciones tras conocerse que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 junto a otros altos cargos militares.

Estas organizaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ven lo sucedido una "grave desconsideración" y censuran que haya "privilegios" porque algunos "intentan adelantarse a los planes del Ministerio de Sanidad por una puerta trasera, por mucho que sean mandos". También hay voces que piden que se depuren responsabilidades, al igual que ha ocurrido con cargos políticos.

"Es una grave desconsideración que mandos del Estado Mayor de la Defensa hayan recibido ya su primera dosis de la vacuna, recordamos que hay colectivos, como es el caso de los guardias civiles, que están trabajando en primera línea frente al Covid-19", ha señalado Pedro Carmona, portavoz de AUGC, asociación mayoritaria en el Instituto Armado.

AUGC recuerda la polémica con consejeros autonómicos y alcaldes que se han saltado el plan de vacunación y ha recordado que el Ministerio de Sanidad tiene que establecer "por fin" un calendario para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

PRIORIZAR UNIDADES EN PRIMERA LÍNEA

JUPOL, sindicato de la Policía Nacional, también ha pedido explicaciones recordando que han solicitado a Sanidad que establezca este plan de vacunación y que reconsidere su decisión de excluir a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del colectivo de riesgo, debido a su exposición al Covid-19.

"Después de sanitarios y colectivos vulnerables, se debe fijar que para vacunar a policías y guardias civiles, al igual que los militares, hay que priorizar a las unidades de seguridad ciudadana que están en la calle en primera línea, y no los jefes que pocas veces salen de sus despachos", ha defendido el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez.

El SUP es otro de los sindicatos de la Policía que ha valorado esta polémica. "Hay compañeros en puestos altamente prioritarios que deberían ser antes que altos mandos", señala Carlos Morales, que apuesta por priorizar en la vacuna contra el Covid-19 a servicios médicos, a los que realizan custodias a hospitales o calabozos o a los destinados a la atención directa al ciudadano.

"Nos parece un error que haya colectivos que intenten adelantarse a los planes del Ministerio de Sanidad por una puerta trasera, por mucho que sean mandos", ha valorado la CEP. Este sindicato de la Policía recuerdan que tanto policías como militares son "todos personal imprescindible y de alto riesgo en la pandemia y no puede haber privilegios para nadie en la vacunación".

"El criterio tiene que ser el riesgo que se corre y no los galones que se tengan en el uniforme. Exigimos a Sanidad que priorice nuestra vacunación pero sin distinciones, como parece que está ocurriendo ahora con los mandos militares o personal de misiones en el extranjero", añade la CEP, que como otros sindicatos reitera a la Dirección General y al Ministerio del Interior un protocolo sobre vacunación para proceder "con prontitud y empezando por las unidades más expuestas".

DEPURAR RESPONSABILIDADES

El SPP, por su parte, ha señalado que produce "sonrojo" ver que responsables de decir cuándo y quién se debe vacunar lo que decidan es "vacunarse fuera de turno". "Desde luego es necesario esclarecer todos esos hechos lamentables que vamos conociendo y depurar responsabilidades, ya sean políticos, militares o altos cargos de la administración, todos los ciudadanos, sin excepción, nos la estamos jugando", apuntan.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que la información la desconocía hasta verla publicada en los medios de comunicación y ha pedido un informe al JEMAD para saber en detalle el protocolo que se ha seguido para establecer las prioridades de vacunación dentro del EMAD.

Fuentes del Estado Mayor han explicado a Europa Press que las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas dentro del reparto del Ministerio de Sanidad y, dentro de ellas, el Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza al personal sanitario, miembros de las misiones internacionales y después la cadena de mando, siguiendo un criterio de edad.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha justificado este viernes su decisión de mantener cautelarmente en vigor la convocatoria de elecciones para el 14 de febrero, para lo que ha señalado que hay un interés público muy intenso en la celebración de las elecciones suspendidas, porque si no se celebran "se abre un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas".

La resolución de los magistrados también destaca que "la decisión afecta al derecho fundamental de sufragio", y que la suspensión de este derecho no está amparada por el estado de alarma, que admite expresamente la celebración de elecciones, y señalan que ya estaba vigente cuando se convocaron los comicios.

Consideran que el aplazamiento de las elecciones "prolonga la situación de provisionalidad" con el Govern en funciones después de que el Parlament se disolvió automáticamente al no presentarse candidaturas a la Presidencia tras la inhabilitación de Quim Torra, y por eso afirman que la convocatoria del 14F tiene un interés público especialmente intenso.

"BLOQUEO Y PRECARIEDAD INSTITUCIONAL"

"Se trata de una situación de bloqueo y de precariedad institucional que afecta asimismo a la legitimación del gobierno, lo cual es relevante en un entorno en el que la crisis sanitaria le obliga a adoptar cotidianamente decisiones de enorme trascendencia, singularmente la restricción de derechos fundamentales", y señalan que la situación sanitaria ya se tuvo en cuenta al convocar el 14F.

Destacan que prolongar la vacancia en la Presidencia "afecta a principios democráticos relativos al funcionamiento normal de las instituciones, pues en este periodo los miembros del gobierno son inamovibles, porque nadie les puede cesar, el control político resulta limitado y la actividad legislativa se materializa sustancialmente por la limitada vía del Decreto-Ley o legislación de urgencia".

En este sentido, señalan que el interés público --proteger la salud-- que alega el Govern para aplazar las elecciones "se contrapone al intenso interés público en la ejecución del decreto" que convoca el 14F tras la disolución automática del Parlament.

La sección 5 de la Sala Contenciosa también han tomado en cuenta que "las medidas sanitarias actuales no limitan desplazamientos para actividades no esenciales, así como la efectiva implantación de medidas preventivas por las administraciones con competencia en materia sanitaria y electoral".

NO OBLIGA "IRREVERSIBLEMENTE" AL 14F

El TSJC ha recalcado que esta decisión cautelar implica que "continúa el proceso electoral con toda normalidad en sus diferentes facetas", porque se mantiene vigente la convocatoria para el 14 de febrero: la Sala prevé publicar la sentencia definitiva antes del 8 de febrero, una vez ya iniciada la campaña electoral.

Han destacado que mantener el 14F "no implica que el tribunal obligue a votar irreversiblemente el día 14 de febrero de 2021, ni es el tribunal quien ha fijado esta fecha", sino que mantiene vigente la convocatoria que firmó el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en diciembre.

"Esto no significa que no puedan darse cambios sustanciales de aquí al 14 de febrero, tanto en las normas reguladoras del estado de alarma como en el ámbito sanitario, derivados de la evolución negativa de la epidemia, lo que podría justificar otra decisión de las autoridades competentes adoptada conforme a derecho" y ajustada a las posibles nuevas circunstancias, han remarcado.

EL AUMENTO DEL COVID-19 ERA "PREVISIBLE"

Rechazan la posibilidad de "que el principio democrático pueda estar en riesgo por la celebración de elecciones cuando, como en este caso, se cumple lo determinado en el marco constitucional y legal", y sobre el derecho a voto de las personas confinadas, sostienen que no debe preservarse con el aplazamiento de las elecciones, porque no puede saberse cuántos estarán afectados en mayo, sino implantando mecanismos para votar sin presencialidad.

Afirman que el aumento de contagios desde que se convocó el 14F "notoriamente era previsible al momento de convocarse las elecciones", y lo descarta como causa imprevisible para avalar el aplazamiento.

Respecto al aplazamiento de las elecciones en Galicia y el País Vasco, consideran que se trata de situaciones distintas porque "fueron convocadas en una situación de normalidad, es decir, antes de que fuera detectado el inicio de la pandemia" y en marzo había confinamiento domiciliario.

VOTO DISCREPANTE: POSIBLES CONTAGIOS EN CAMPAÑA

La resolución publicada este viernes incluye el voto particular de uno de los magistrados, que discrepa de los argumentos del resto de jueces y considera que la solución "menos negativa" sería mantener en vigor el aplazamiento de las elecciones para el 30 de mayo.

Señala que probablemente las incertidumbres sobre la situación sanitaria no se habrán disipado antes de la sentencia definitiva (el 8 de febrero), a lo que añade las incertidumbres de que sigan en paralelo el proceso electoral y el judicial.

Advierte de que no puede descartarse que "en razón de la interacción y la movilidad social inherentes al proceso electoral, en sus fases decisivas, campaña electoral y jornada electoral, no pueda producirse un repunte de la gravedad de la pandemia", y considera que debe darse prevalencia al derecho a la vida y a la salud ante el derecho de participación política.

Ciudadanos ha propuesto en el Congreso de los Diputados que el Gobierno establezca un registro nacional de las personas que se han vacunado contra el coronavirus y que todos los partidos se comprometan a pedir la dimisión o destituir a aquellos cargos públicos que se vacunen antes de que les toque su turno según los protocolos establecidos.

A través de una proposición no de ley registrada este viernes, Cs plantea que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a "garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la publicación de toda la información sobre los criterios y protocolos de vacunación" y a crear "un registro único de vacunación a nivel nacional".

En segundo lugar, pide que el Gobierno y todas las formaciones políticas con presencia institucional en todos los niveles de la Administración pública asuman "el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición".

En su iniciativa, que se debatirá y votará en el Pleno del Congreso, la formación naranja señala que quienes incurren en ese comportamiento están "perjudicando a las personas que realmente necesitaban con prioridad la vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles".

Además, Ciudadanos llevará una iniciativa similar a todos los Parlamentos autonómicos para instar a los distintos gobiernos regionales a "publicar toda la información sobre los criterios y protocolos de vacunación, así como sobre los registros establecidos", en pro de la transparencia y la rendición de cuentas.

Y, al igual que en el Congreso, plantea un "compromiso ético" de los gobiernos y de todas las fuerzas políticas para exigir la dimisión o destituir a los políticos que incumplan el plan de vacunación para inyectarse la dosis antes de que les corresponda.

UN COMPORTAMIENTO "LEJOS DE TODA ÉTICA"

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha mantenido una reunión telemática este viernes con los coordinadores autonómicos del partido para preparar esta iniciativa parlamentaria, y en la rueda de prensa posterior ha defendido que es "una cuestión de justicia", para que las vacunas lleguen en primer lugar a quienes más la necesitan, y también de "ejemplaridad".

"No puede ser que, en un momento como este, la ciudadanía tenga dudas y sospechas de que la vacunación no se está llevando con unos criterios técnicos y médicos", sino que se inmuniza "al primero que llegue de los partidos políticos", ha manifestado.

Según recuerda Cs, el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad estipula que los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización frente al Covid-19 son los residentes y el personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, así como el personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, les seguirán por orden de prioridad otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes.

Por ello, lamenta que en estos días se hayan conocido varios casos de políticos, de distintos partidos y territorios, que se han vacunado "saltándose completamente el protocolo", según el cual por ahora solo deben recibir la dosis personas cuyo trabajo exige contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por coronavirus.

Ciudadanos ha advertido de que este comportamiento "totalmente irresponsable y lejos de toda ética" implica que, en un momento de "absoluta escasez" de vacunas, haya personal sanitario en contacto diario con el virus o enfermos crónicos y personas de colectivos de riesgo que se han quedado sin recibir una de las dosis que les corresponden.

ALTOS CARGOS VACUNADOS EN MURCIA

Arrimadas ha destacado que entre ese grupo de "políticos caraduras que se han saltado la cola" está el que fuera el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, que, "si no fuera por Cs", que exigió a su socio de gobierno, el PP, que le destituyera si él no dimitía, aún "seguiría en su puesto".

La líder de Ciudadanos ha apuntado que este no es un caso aislado y que hay otros cargos del PP, del PSOE y de otros partidos que han actuado de la misma manera, por lo que ve necesario ese "compromiso ético" de los partidos para que los políticos que se planteen vacunarse antes de que les toque "sepan que va a tener consecuencias".

Respecto a la situación en Murcia, donde Cs ha pedido conocer qué otros altos cargos y funcionarios de la Consejería de Salud se han vacunado, Arrimadas ha dicho que ya han recibido los datos y los están analizando. "En función de esa información, seguiremos o no con la comisión de investigación", ha añadido.

Sobre el hecho de que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, y otros cargos militares hayan recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha afirmado que el Gobierno debe decidir a qué colectivos prioriza según lo que digan los expertos, y que entre esos grupos prioritarios están los colectivos vulnerables y las personas que están prestando servicios públicos en contacto con la ciudadanía.

EL GOBIERNO DEBE COORDINAR A LAS COMUNIDADES

La formación naranja subraya en sus iniciativas parlamentarias que el resultado exitoso de la vacunación en España y la rapidez con la que se complete el proceso serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia.

Sin embargo, con "las desigualdades regionales y la total falta de coordinación por parte del Gobierno de España", ve difícil alcanzar el objetivo fijado por el Ministerio de Sanidad, llegar al menos al 60% de la población.

Para remediarlo, pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez "una estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas" para garantizar que la vacuna llega a los grupos prioritarios en esta primera etapa y para acelerar el proceso. También apuesta por atajar "la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación".

En este contexto, Arrimadas ha solicitado "unos criterios claros" sobre cómo vacunar y a quién vacunar y ha insistido en una "estrategia nacional" dirigida por el Gobierno de España, porque actualmente cada comunidad autónoma "está haciendo lo que puede, con estrategias diferentes" en cada una de ellas.

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación tras recibir varias quejas por parte de la ONG Corporate Europe Observatory sobre la negativa de la Comisión Europea de dar acceso a los contratos firmados con laboratorios farmacéuticos para la compra de vacunas contra la Covid-19 e información sobre las negociaciones.

El organismo europeo ha dado hasta el 11 de febrero al Ejecutivo comunitario para que se vuelva a pronunciar sobre ambas solicitudes de acceso a documentos, según consta en la carta que se ha hecho llegar a la institución que preside la alemana Ursula von der Leyen y que ha compartido en su página web la propia defensora del Pueblo.

"Como primer paso y dado el significativo interés público en la materia, pediría a la Comisión que emita decisiones confirmatorias sobre ambas solicitudes lo antes posible y como muy tarde para el 11 de febrero", reza la misiva.

En un comunicado, Corporate Europe Observatory ha celebrado esta decisión que la Defensora del Pueblo Europeo ha adoptado cuatro meses después de que la ONG solicitara el acceso a los documentos pertinentes para "dar luz" a las negociaciones para la compra de vacunas contra la Covid-19.

En concreto, Corporate Europe Observatory reclamó en primer lugar tener acceso al contrato que Bruselas firmó con AstraZeneca para la adquisición de dosis de la vacuna que ha desarrollado con la Universidad de Oxford.

La Comisión denegó la petición argumentando la necesidad de "proteger los intereses comerciales" de la empresa y también los suyos propios en el marco de las negociaciones que estaba desarrollando con otros laboratorios. La ONG recurrió esta primera decisión del Ejecutivo comunitario, pero a fecha de hoy no ha obtenido respuesta de las autoridades comunitarias.

La segunda solicitud pedía el acceso a documentos relativos a reuniones con representantes de las compañías o correos electrónicos enviados en el marco de esas negociaciones. En este caso, la Comisión Europea no ha identificado ningún documento dentro de estos requisitos ni ha contestado a la ONG.

La Defensora del Pueblo Europeo ha admitido a trámite las dos quejas presentadas por la organización europea, que vigila el trabajo de los grupos de presión en la capital comunitaria. En una primera fase, ha pedido a Bruselas que vuelva a dar una respuesta a la ONG.

La opacidad con la que el Ejecutivo comunitario ha gestionado las negociaciones y los contratos alcanzados con la industria farmacéutica para la compra anticipada de algunos candidatos a vacunas para la Covid-19 ha generado una gran polémica.

Bruselas siempre se ha escudado en que que son los propios laboratorios los que exigen determinadas cláusula de confidencialidad, por ejemplo la información sobre los precios acordados, como condición irrenunciable. Pero también ha defendido que ocultar estos datos protege su capacidad negociadora con el resto de compañías.

Las numerosas quejas provocaron que Bruselas accediera a permitir a eurodiputados la lectura de los contratos firmados con las empresas, pero bajo estrictas condiciones y siempre que estas dieran su permiso. Solo CureVac aceptó la propuesta, aunque la versión que se puso a disposición de los diputados europeos eliminó parte de la información sensible recogida en el texto.

La lectura restringida de este contrato no acabó con las críticas y la Comisión Europea accedió a publicar la versión censurada del contrato con CureVac, que es una de las cinco vacunas que ha comprado la UE, junto con las de BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK y Jansen.

El director de Atención Primaria del Área de Salud de Menorca, Txema Coll, ha reconocido este viernes que se han dado cinco casos de personal sanitario que ha sido vacunados sin ser de primera línea, entre ellos dos personas que se habían jubilado este mismo año y que todavía mantenían el código de usuario y otras tres del ámbito privado que "o bien no eran de primera línea o tenían más de 65 años, pero no sabíamos si continuaban trabajando".

"Son cinco errores y vamos a intentar que no se repitan", ha dicho Coll, quien también ha indicado que otros profesionales a los que todavía no les tocaba vacunarse han intentado hacerlo, aunque han sido "filtrados".

Además, ha indicado que el Área de Salud de Menorca todavía no ha tomado la decisión de si esas cinco personas recibirán la segunda dosis de la vacuna.

Coll ha manifestado que se detectó un envío irregular de los mensajes enviados con los enlaces para rellenar los formularios de vacunación. "Este hecho fue detectado en menos de 24 horas y se subsanó", ha explicado.

Sin embargo, el director de Atención Primaria ha subrayado que "no hay ninguna investigación en marcha" ya que "va a ser muy complicado descubrir quién participó en esos envíos irregulares".

Por otro lado, Coll ha señalado que la decisión de vacunar a los profesionales de primera línea "es complicada y no existe un criterio estricto". "Hay departamentos, como el de Informática, sobre los que tenemos ciertas dudas sobre si son de primera línea o no", ha remarcado.

Preguntado sobre la vacunación del colectivo de limpiadoras de los hospitales y los centros de atención primaria, Coll ha asegura que "están incluidas en primera línea" y "algunas ya han sido vacunadas".

El director de Atención Primaria ha indicado que todavía no ha finalizado la campaña de vacunación de los profesionales sanitarios. "Estamos esperando a que lleguen más vacunas", ha manifestado.

Coll ha recordado que el pasado 13 de enero comenzó la campaña de vacunación a los profesionales sanitarios y que el compromiso "era vacunar a los de primera línea en un plazo de dos semanas y se ha cumplido de sobra".

En esta línea, ha indicado que en estos momentos hay 1.109 profesionales vacunados, 885 del Área de Salud y 224 del ámbito privado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucíaha realizado una encuesta entre el profesorado andaluz y de ella se desprende que nueve de cada diez docentes cree que su esfuerzo ante la pandemia no está siendo "suficientemente valorados y reconocidos desde los distintos ámbitos de la sociedad".

Esta es una de las principales conclusiones de este sondeo que ha lanzado CSIF Educación Andalucía al inicio de esta semana a través de su sitio web con la intención de recabar la opinión del profesorado andaluz en relación a varias cuestiones de interés vinculadas a la crisis sanitaria por Covid-19 y su incidencia en las aulas, según ha informado el fuerza sindical en un comunicado. En concreto, han sido "casi 3.000 los participantes".

En relación a si se considera que desde la sociedad se está reconociendo y valorando debidamente el esfuerzo que el profesorado andaluz lleva realizando desde que en marzo pasado comenzara la pandemia, el "91% indica que no", frente al 9% restante que cree que sí.

"Este porcentaje tan contundente deja a las claras la falta de apoyo y respaldo que los docentes sienten en las complejas circunstancias que se viven en sus centros educativos como consecuencia de la crisis sanitaria", ha subrayado la portavoz del Sector de Educación de CSIF, Pilar González.

Al ser cuestionados sobre los recursos y la dotación de medios para volver a afrontar una hipotética educación a distancia, casi un 60% opina que los medios "siguen siendo pocos e insuficientes para llevarla a cabo", frente al 40,7% restante, que cree que sí se dispone de más y mejores medios para ello.

ENSEÑANZA A DISTANCIA

Por otra parte, a la pregunta general sobre si se considera que se debería volver a la educación a distancia, dadas las circunstancias actuales de evolución de la pandemia, las opiniones están repartidas entre el 53,6% que piensa que se debería volver a la educación a distancia, al menos hasta que mejore la situación; y el 46,4%, que cree que "se debería continuar presencialmente pero con más medios para aumentar las medidas de protección".

Según CSIF, "también resultan de especial interés los comentarios y aportaciones cualitativas que las personas participantes en esta encuesta han querido realizar" y que recogen, por ejemplo, "las dificultades que el profesorado manifiesta para cumplir medidas como la separación física entre alumnado, las quejas sobre ratios elevadas y la falta de coherencia que muchos de estos profesionales encuentran entre las medidas que se trasladan a la ciudadanía".

"La pandemia ha reflejado muchas carencias de nuestro sistema educativo, como el déficit de plantillas, las instalaciones deficitarias de los centros docentes o la falta de recursos para una educación a distancia", ha argumentado la responsable sindical que, frente a ello, ha puesto en valor "la tarea ingente y entregada del personal docente".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado este viernes el proceso para la reversión al Estado de los espacios correspondientes a Puerto Mayor.

Así, se ha requerido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la emisión, en el plazo de un mes, del preceptivo informe previsto en el Reglamento General de Costas sobre la no utilización de los espacios correspondientes a Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, para el cumplimiento de los fines portuarios para los que fueron traspasados en 1982.

A día de hoy, el Gobierno de la Región de Murcia no ha emitido la declaración de "innecesariedad" para fines portuarios de los terrenos de Puerto Mayor, trámite que hubiera posibilitado la inmediata devolución de los terrenos a su titular, el Estado, acelerando así su posterior recuperación, con la que está plenamente comprometido el MITECO.

En la reunión celebrada el pasado 18 de enero de 2021 entre representantes del Ministerio y de la Consejería de Fomento e Infraestructuras del Gobierno murciano para tratar sobre la recuperación ambiental de Puerto Mayor, los representantes autonómicos no transmitieron a los representantes del Ministerio la voluntad de la Consejería de declarar la innecesariedad de dichos espacios para fines portuarios.

Afortunadamente, la normativa de costas prevé un procedimiento para impedir que la inacción de los gobiernos autonómicos paralice la reversión de terrenos al Estado cuando éstos hayan perdido sus funciones portuarias. En estos casos, la reversión se declara por Consejo de Ministros, previo informe de la comunidad autónoma. Ése es el procedimiento que hoy se inicia.

UN PROYECTO SIN FINALIZAR

En 1975 el Consejo de Ministros otorgó a la empresa Puertomayor S.A. una concesión para construir un puerto deportivo en la ribera mediterránea de la Manga del Mar Menor. Éste y otros puertos deportivos y pesqueros se traspasaron en 1982 a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las obras de Puerto Mayor nunca se terminaron y este proyecto de puerto nunca entró en funcionamiento. Sin embargo, las instalaciones iniciales (diques, tablestacas, etc.) permanecen en el Dominio Público Marítimo-Terrestre alterando la dinámica litoral, el paisaje y la biodiversidad.

En agosto de 2020 el Gobierno de la Región de Murcia declaró la caducidad de la concesión a Puertomayor S.A., requiriendo a la empresa la retirada total de las instalaciones en el plazo de dos meses. No obstante, a día de hoy no se tiene conocimiento de que la empresa haya presentado proyecto de demolición alguno ni haya realizado estas obras de retirada.

FACILITAR LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Ante la inacción de la empresa concesionaria, en noviembre de 2020 el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se dirigió al consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia en dos ocasiones para transmitir la disposición del MITECO para acometer la ejecución subsidiaria de la retirada de las instalaciones de Puerto Mayor y la restauración del Dominio Público Marítimo-Terrestre en esta zona con el fin de devolverle sus características naturales y su uso público.

Morán resaltó que para que esa recuperación ambiental sea posible, primero es necesario que los terrenos reviertan al Estado, para lo cual se solicitó a la Consejería de Fomento e Infraestructuras que declarara los terrenos de Puerto Mayor innecesarios para fines portuarios de la Región de Murcia, puesto que esa declaración facilitaría la inmediata restauración ambiental.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado, con once detenciones, a un grupo que operaba desde Salamanca y que se dedicaba al fraude, falsificación documental y inmigración ilegal de ciudadanos que llegaban desde Marruecos.

En concreto, la estructura, "asentada en Salamanca", obtenía "altos beneficios económicos" por aportar documentación falsa a inmigrantes, a los que cobraban por documento entre 250 y 400 euros, que luego les servía para obtener certificados emitidos por la Administración Pública y conseguir permisos de residencia o recibir ayudas de distinto tipo.

Funcionarios de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca han procedido a las detenciones , once "por el momento", en el marco de la operación 'ABG' contra el fraude, la falsedad documental y la inmigración ilegal.

La investigación comenzó hace once meses en Salamanca cuando los agentes tuvieron conocimiento de una red dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal, un grupo organizado, con "una estructura asentada en Salamanca" y cuya actividad se dirigía a promover el tráfico ilegal de ciudadanos marroquíes.

Según han informado fuentes policiales, "en muchas ocasiones" los ciudadanos extranjeros a los que aportaban la documentación "ni siquiera tenían intención de residir en España", y después de conseguir, por ejemplo, ayudas económicas regresaban a sus países de origen donde las seguían percibiendo si no les descubrían.

'MODUS OPERANDI'

El modus operandi consistía en elaborar contratos y facturas de suministro de luz y agua falsos que el grupo utilizaba para que ciudadanos extranjeros se inscribiesen en el Padrón Municipal y, posteriormente, les valían para obtener certificados de empadronamiento que se presentaban en la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, para solicitar autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar, como hijos de padre o madre españoles de origen, y para recibir ayudas.

Asimismo, los integrantes de la banda también elaboraban documentos falsos para que los implicados de nacionalidad española, consiguieran certificados de empadronamiento que posteriormente presentaban en sus solicitudes de ayudas.

OPERATIVO

La investigación policial comenzó con el aviso de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, donde los trabajadores detectaron "un número inusual" de trámites administrativos en relación a ciudadanos marroquíes, que además tenían en común que presentaban certificados de empadronamiento en viviendas de una misma finca urbana.

Tras las investigaciones, que fueron "complejas" debido a la cantidad de documentos a analizar, los responsables de la investigación consiguieron identificar a los miembros del grupo criminal.

Así la Policía Nacional llegó al operativo de desarticulación, el miércoles, un dispositivo de localización y detención coordinada, en el que, además de la Brigada de Extranjería y Fronteras, participaron otras unidades de la Comisaría de Salamanca, tanto de Seguridad Ciudadana (GAC y UPR) como de Policía Científica.

A lo largo de ese día, los agentes procedieron a la detención de once de los implicados, de cuya detención dieron cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca, al que remitieron las diligencias instruidas.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha criticado las líneas de ayudas lanzadas desde el Estado para subvencionar vehículos eléctricos, híbridos e impulsados por gas por considerarlas "insuficientes y mal orientadas", al tiempo que ha reclamando planes ferroviarios "consistentes".

Las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos e impulsados por gas parten del programa estatal MOVES II, que concede fondos a las comunidades autónomas para que tramiten y gestionen las asignaciones correspondientes.

Así, Extremadura tiene asignados cerca de 2,2 millones de euros, principalmente destinados a ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos o la puesta en marcha de puntos de recarga.

Según el gobierno central, las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte se pueden reducir un 33 por ciento en 2030, lo que se conseguiría aumentando hasta un 28 por ciento el porcentaje de renovables en el transporte al facilitar la introducción de 5 millones de vehículos eléctricos en todo el Estado.

Asimismo, como ha indicado Ecologistas en Acción, la Junta de Extremadura pretende promover la introducción de 30.000 vehículos mediante su Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima.

En esta línea, Ecologistas en Acción ha criticado que el Gobierno de España pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un "escaso" 23 por ciento respecto a 2010 para 2030 y la Junta de Extremadura anuncia una "aún más pírrica" reducción de un 10 por ciento respecto al 2017, frente al 55 por ciento de reducción recomendados para 2030 respecto a 1990 por la ONU o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Por ello, para Ecologistas en Acción, este plan de ayudas es coherente con las "insuficientes" reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero propuestas por los gobiernos central y autonómico, ya que "incurre en el error de financiar vehículos impulsados por combustibles fósiles, tales como los híbridos o los impulsados por gas".

Por otro lado, el montante total de estas ayudas está dirigido principalmente a sectores privados y es "muy reducido", frente al gasto público que "habría que realizar para conducir a una contundente reducción de emisiones".

Así, la organización ha reclamado que, de aquí a 2030, se proceda a una reducción del gasto energético en el transporte de al menos un 33 por ciento, para lo que se deberían introducir criterios de diversificación en la producción de bienes básicos, manufacturas y tecnología para orientarla a los mercados locales.

Dicha medida, ha dicho, debería de ir acompañada de un porcentaje del transporte ferroviario de personas y mercancías del 33 por ciento, "por supuesto electrificado e impulsado por energías renovables".

De igual modo, el ferrocarril debería estar acompañado de redes públicas de transporte colectivo compuesto por vehículos eléctricos impulsados por hidrógeno, ha apuntado.

En definitiva, la organización quiere que las administraciones apuesten por las redes de transporte público y "no por inyecciones de dinero público a sectores privados, especialmente si éstos se basan en tecnologías como las baterías de ion-litio", ya que ello supone un "tácito apoyo a proyectos tan destructivos como los de la minería del litio en la provincia de Cáceres".

Ecologistas en Acción de Extremadura insiste de nuevo en que es "imposible" la sustitución de todo el parque automovilístico con vehículos individuales impulsados por las actuales tecnologías basadas en energías renovables, ya que estas dependen de minerales escasos como el litio o el cobalto cuya extracción conlleva "importantes daños medioambientales y el consumo de bienes básicos como el agua.

Por tanto, ha insistido en que la solución "más eficiente y sensata" es la "firme apuesta" por el transporte público (ferrocarril y transporte colectivo impulsado por hidrógeno) por ser, también, la "más social, dado que multitud de personas no van a poder permitirse la compra de un vehículo eléctrico, ni siquiera con el apoyo de subvenciones públicas".

El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo ha recopilado un total de 1.098 testimonios de víctimas de diferentes grupos terroristas que han sido publicados los medios de comunicación y que podrán consultarse dentro de la exposición permanente ubicada en la sede de la Fundación, en Vitoria. Estos testimonios forman parte del proyecto denominado Banco de la Memoria y estarán a disposición de visitantes del museo e investigadores, que podrán acceder a ellos a través de soportes telemáticos.

Se trata de 872 documentos de texto, 161 vídeos y 65 audios y el objetivo, según ha informado el Memorial en un comunicado, es "preservar unida" la memoria de los damnificados para que se pueda utilizar en actividades educativas, investigaciones y contribuya a la concienciación social bajo el principio de "conocer para no repetir". De esta forma, se pretende facilitar "la escucha en primera persona" de las víctimas, "sin intermediarios ni intérpretes".

El 90% de los testimonios pertenecen a víctimas de las diferentes facciones de ETA y de los atentados del 11 de marzo de 2004 en la Comunidad de Madrid. "Son los dos grandes grupos de damnificados por el terrorismo que coinciden con los que han sido los principales perpetradores y los atentados múltiples más sangrientos en España", afirma el Centro Memorial.

También se incluye documentos de víctimas de los GRAPO, los GAL, de la extrema derecha y de otros grupos. En este Banco de la Memoria hay testimonios de los años 80, que suponen los peores del terrorismo, pero los más numerosos se registran, sobre todo, a partir del 2.000, y especialmente tras el final de ETA.

La entrevista más antigua que se conserva es la publicada en ABC a los hijos de Javier de Ybarra, pocos días después de que fuera asesinado por ETA en junio de 1977. Los grupos que aparecen más representados son los de las viudas (205) y los heridos (200), hijos de damnificados (102), hermanos (73) o madres de asesinados (41).

Otra referencia que se ha tenido en cuenta son los lugares donde se produjo un mayor número de víctimas y atentados y, por ello, se reflejan las ciudades más castigadas por el terrorismo. Madrid, la ciudad española y europea con mayor número de víctimas mortales, tiene 146 testimonios, mientras que la localidad vasca con más víctimas de ETA es San Sebastián, de la que existen 122 testimonios, y a cierta distancia se encuentra Vitoria, con 38.

Las fuentes utilizadas han sido prensa, vídeos, audios y otros documentos sobre la materia. El Memorial ha obtenido materiales de revistas editadas por asociaciones de víctimas como la AVT, 11M Afectados del Terrorismo, la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo, la APAVT, así como organizaciones como Gesto por la Paz o la Asociación en Defensa de la Dignidad Humana.

Los diarios El Correo, El Diario Vasco, Deia, Diario de Noticias, Diario de Navarra, La Rioja, ABC, El Mundo y El País han facilitado la recopilación de las entrevistas publicadas en sus páginas.

Los vídeos han sido aportados por diferentes asociaciones y fundaciones de víctimas como la AVT, Covite, Fundación Fernando Buesa Blanco, Fundación Miguel Ángel Blanco, FVT e Instituto Gogora. También han contribuido Navarra Televisión y proyectos de investigación realizados para el Memorial por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la UPV-EHU o para la elaboración del trabajo "Heridos y Olvidados".

Los audios proceden de programas de la Cadena COPE, Cadena Ser y del proyecto de investigación del Gobierno de Navarra, "Relatos de plomo". A ello, se añaden otros documentos proporcionados por el desaparecido grupo Bakeaz y la Fundación Fernando Buesa en su observatorio Zoomrights.

ACCESO AL MATERIAL

Las voces de los damnificados por terrorismo estarán disponibles en el museo del Memorial, mediante un interactivo con pantallas que permiten búsquedas ágiles y también podrán consultarse en el centro de documentación.

Desde varios pupitres digitales interactivos se pueden seleccionar diferentes documentos escritos, como páginas de diarios, o archivos de sonido y vídeo en los que cada víctima saca a la luz sus vivencias y reflexiones. También estarán disponibles seis pantallas en las que con auriculares se pueden escuchar los testimonios en vídeo de diferentes víctimas.

La creación de este Banco de la Memoria está inspirada en diferentes memoriales de la Segunda Guerra Mundial, que han recopilado entrevistas a supervivientes del Holocausto. Asimismo, el Centro Memorial ha creado fuentes orales y ha realizado una larga tarea de recopilación de la labor realizada durante años por otros protagonistas, unas veces anónimos, como activistas por la memoria y por la paz u otras víctimas, y otras veces más conocidos, como medios de comunicación (diarios, revistas, cadenas de radio, etc.) y asociaciones de víctimas.

Se pretende que el proyecto del Banco de Memoria siga creciendo una vez que el Centro Memorial abra sus puertas al público y a investigadores. Para ello, la Fundación se abre a la recepción de donaciones de testimonios en diferentes formatos.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha publicado la actualización de los nuevos casos de coronavirus detectados en la última semana epidemiológica completa --del 11 al 17 de enero-- estadística de la que se desprende un aumento del 24% de casos, al computar 13.154 nuevos positivos, en relación con los 10.883 de la semana anterior.

Según los datos ofrecidos por el Sescam, Ciudad Real, la más afectada, ofrece un recuento de 4.030 nuevos casos, por 3.477 de la semana anterior; Toledo eleva los 3.383 de la última semana del año a 3.987; y Albacete suma 54 más, con un total de 1.807.

Cuenca escala de 1.260 a 1.794 nuevos casos; mientras que la provincia de Guadalajara se sitúa en 1.536, 529 más.

La subida de nuevos contagios arrastra al alza la tasa de incidencia acumulada, colocando a la provincia de Cuenca a la cabeza con 913,77 casos por cada 100.000 habitantes. Las tasas en el resto de provincias se elevan hasta 812,89 en Ciudad Real, 595,90 en Guadalajara, 573,80 en Toledo y 465,52 en Albacete.

En el cómputo global, Castilla-La Mancha registraba un incremento del 17% en cuanto a casos por cada 100.000 habitantes, al pasar de una incidencia acumulada a 14 días de 535 a los 647 registrados al cierre del pasado domingo.

VARIAS LOCALIDADES DE CIUDAD REAL SE DISPARAN

En la provincia de Albacete, la capital pasó de 531 a 556, Hellín de 82 a 152, La Roda de 48 a 62, mientras que Almansa descendió sus positivos de 112 a 79 al igual que Villarrobledo, de 160 a 117.

En la provincia de Ciudad Real, se han registrado aumentos importantes en Campo de Criptana, de 28 a 132; Moral de Calatrava, de 58 a 202; Almagro, de 66 a 193, Alcázar de San Juan aumenta de 205 a 284 y Daimiel, de 90 a 204. Otras localidades como la capital, no ven variación en sus casos, de 578 a 576; Manzanares pasa de 179 a 175 y Puertollano de 136 a 147.

En Cuenca, la capital experimenta un ascenso muy notable, de 313 casos a 552 y Tarancón pasa de 73 a 139. Horcajo desciende sus positivos de los 85 a los 58; Motilla del Palancar pasa de 75 a 51 y Las Pedroñeras descienden de 58 a 43.

GUADALAJARA Y TOLEDO

Dentro de Guadalajara, la capital registra ascensos de 428 a 566 y Marchamalo pasa de los 41 a los 82. Le siguen Molina de Aragón, de 31 a 47; Alovera, de 52 a 64; Azuqueca, de 143 a 155 y Sigüenza, de 43 a 58. Mientras, Torija pasa de 31 a 19 casos.

Por último, dentro de la provincia de Toledo, el aumento más significativo lo registra Talavera de la Reina, de 588 a 853 casos; Torrijos de 67 a 106; Toledo capital de 320 a 385 y Seseña, de 56 a 83.

Localidades con grandes ascensos en la semana pasada han logrado descender sus positivos: Illescas, de 165 a 106; Mora, de 153 a 111 y Quintanar de la Orden, de 94 a 53.

la Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este viernes ampliar los plazos del voto desde el extranjero para las elecciones catalanas programadas de momento para el 14 de febrero, incluyendo tanto la solicitud del voto rogado que deben cursar los inscritos en el censo de residentes ausentes (CERA) como el posterior ejercicio del sufragio.

La ampliación había sido solicitada por la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña y se ha aceptado tras recabar informes a la Oficina del Censo Electoral y a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, que coinciden en poner de relieve las circunstancias extraordinarias en las que va a tener que realizarse la tramitación del voto de los residentes en el exterior debido a la pandemia del coronavirus.

Se ha tenido también en cuenta todo lo que está rodeando esta convocatoria electoral del 14 de febrero, habida cuenta de que la Generalitat aplazó la cita con las urnas y luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió esa decisión, lo que ha generado retrasos en los trámites electorales.

En concreto, la JEC amplía hasta el martes 26 de enero el plazo de solicitud a la Oficina del Censo Electoral del voto de los electores residentes de forma permanente en el extranjero (CERA) y de los electores residentes temporalmente en el extranjero (ERTA).

Además, se amplía hasta el 2 de febrero el plazo de envío de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral a los electores residentes en el extranjero, sin perjuicio de que la citada Oficina remita esta documentación con la mayor celeridad posible.

Igualmente, se prorroga hasta el sábado 13 de febrero, víspera de votación, el plazo del envío por correo a los Consulados del voto de los electores inscritos en el CERA que opten por esta opción, y hasta el mismo día de los comicios el plazo del depósito del voto en urna en los Consulados de los electores inscritos en el CERA (art. 75.5 de la LOREG) hasta el domingo 14 de febrero, como máximo hasta la hora prevista para el cierre de los colegios electorales en Cataluña (las 20 horas, horario peninsular).

Como se ha hecho en otros procesos electorales en los que han concurrido circunstancias extraordinarias, los Consulados deberán remitir el viernes 12 de febrero los sobres depositados por los electores y los recibidos por correo hasta esa fecha, junto con el acta expedida por el funcionario consular, con la mayor celeridad posible a la oficina que a estos efectos se constituya en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la cual, a su vez, procederá al envío urgente a las correspondientes Juntas Electorales Provinciales.

Asimismo, los Consulados deberán abrir de nuevo el sábado 13 y el domingo 14 de febrero a efectos de recibir tanto los votos por correo como los que se puedan depositar en urna. Y los votos por correo que lleguen fuera de plazo, deberán remitirse por el mismo cauce para que las juntas electorales decidan su destino en el momento de efectuar el escrutinio general.

Por último, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares deberá tomar todas las medidas necesarias para procurar que los sobres con los votos de los electores puedan estar a disposición de Correos el martes 16 de febrero para ue se repartan en las respectivas Juntas Electorales Provinciales para su escrutinio, antes de las 8 de la mañana del miércoles 17 de febrero.

Asimismo, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares deberá remitir los originales de las actas expedidas por los funcionarios consulares a la Junta Electoral Central y una copia de dichas actas a las Juntas Electorales Provinciales, pudiendo hacerlo por correo electrónico.

Las Juntas Electorales Provinciales, en el momento de proceder al escrutinio del voto de los electores inscritos en el CERA, deberán considerar como válidos los votos por correo dirigidos a las oficinas consulares en los que conste su envío no más tarde del sábado 13 de febrero.

Unos 200 trabajadores de Endesa, Gamesa y Alu Ibérica han exigido al Gobierno central y al de la Xunta el mantenimiento de los puestos de trabajo de las tres plantas y de sus empresas auxiliares para evitar un "desierto industrial" en Galicia con una marcha entre la Delegación del Gobierno en Galicia y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

"Es una destrucción masiva de empleo en la industria", ha denunciado el secretario xeral de Industria de Comisiones Obreras, Víctor Ledo, a los medios antes de la protesta. El cierre de Gamesa, en As Somozas, supondrá el "despido inminente" de 215 trabajadores indefinidos, explicó, sumados a los numerosos del cierre de la central térmica de Endesa, en As Pontes.

Los trabajadores marcharon, cortando el tráfico durante unos minutos en el centro de la ciudad, desde la Delegación del Gobierno en Galicia hasta la Subdelegación en A Coruña, donde se reunieron con la responsable estatal.

Las centrales criticaron que el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, no les recibiera, tal como, dicen, habían pactado, "por motivos de agenda".

"Las multinacionales están haciendo lo que quieren y no cumpliendo los compromisos de potenciación de energías renovables", ha criticado Ledo, que considera que la transición energética debe ser "justa" y con un objetivo: "El mantenimiento de los puestos de trabajo en las comarcas donde están sustentadas".

El representante de CC.OO. apuntó que, teniendo en cuenta las declaraciones públicas del Gobierno central, hay "sintonía" con las reclamaciones de los sindicatos, por eso exigen que haya una "estrategia de ir todos juntos" para conseguir "doblar el pulso a estas empresas".

PROYECTOS

Los sindicatos piden al Gobierno central que "intervenga" en la "deslocalización pura" que pretende Gamesa y que, en caso del cierre de la planta, "se excluya a esta empresa de cualquier proyecto y deje de operar en nuestro país".

En el caso de Endesa, solicitan que, si pretende tener "proyectos de renovables", garantice el empleo de la central térmica.

El secretario nacional de CIG Industria, Xoán Xosé Bouzas, señaló el "desinterés" de las administraciones por los cierres y reclamó que se "pongan sobre la mesa" los proyectos para la transición energética. Quedan menos de cien días para enviarlos a Europa y en estos momentos no se conocen las alternativas del Gobierno ni de la Xunta", urgió.

"No podemos permitir que en un territorio como As Pontes y en nuestro país se pierdan más puestos de trabajo. El desierto económico e industrial que queda es terrible", añadió el representante de la CIG, que pidió una demora en el plan para As Pontes para que no esté "totalmente cerrado en junio".

Por su parte, el secretario general de UGT-Fica en Galicia, Javier Carreiros, exigió el mantenimiento de la planta de Gamesa en Galicia por dedicarse a energías renovables: "No se entiende que la única fábrica de palas que hay en España se deslocalice a Portugal".