La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «tiene que romper el acuerdo de recortes» en Canal Sur alcanzado «con la ultraderecha de Vox», tras conocerse la destitución de Álvaro Zancajo como director de Informativos.

En un comentario en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Susana Díaz ha reaccionado así a la noticia del cese de Zancajo como director de Contenidos Informativos, Nuevos Formatos y Transformación Digital de Canal Sur, cargo en el que, según se ha conocido este lunes, será sustituido por Carmen Torres, actual directora de la cadena en Madrid.

«Moreno Bonilla sabía que mantener a Zancajo, con el que trajo la manipulación informativa a Canal Sur, era insostenible», ha comentado Susana Díaz en la misma red social, desde donde, en referencia al presidente de la Junta, ha añadido que «ahora tiene que romper el acuerdo de recortes con la ultraderecha de Vox».

En la misma línea se ha pronunciado en un comunicado el parlamentario del PSOE-A Francisco Conejo, quien ha incidido en que la situación de Álvaro Zancajo como director de Contenidos Informativos de Canal Sur Radio y Televisión era «insostenible», tras la huelga general de dos días la semana pasada en los que la emisión fue a negro, la petición de su cese en un manifiesto firmado por «más de 600 trabajadores», y «el rechazo del Comité Intercentros y los sindicatos a su labor, caracterizada por la manipulación partidista en beneficio siempre de la derecha y la extrema derecha».

«Moreno Bonilla debe romper ahora el pacto que ha firmado con Vox para desmantelar la RTVA y no quedarse sólo en el cese de Zancajo», ha añadido Conejo.

El parlamentario socialista ha criticado, además, el nombramiento de Carmen Torres en el puesto que hasta ahora ocupaba Zancajo, lo que, a su juicio, evidencia que el gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) «no ha entendido nada, teniendo en cuenta los antecedentes de manipulación y enfrentamiento con la plantilla que Torres tiene como delegada de Canal Sur en Madrid».

Conejo ha defendido que este nombramiento debería haberse consensuado con los trabajadores de la RTVA y con el Consejo de Administración, «pero sólo les importa seguir manipulando desde San Telmo, sin tener en cuenta la labor de servicio público que corresponde a este ente según nuestro Estatuto», según ha criticado.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido por unanimidad el recurso de amparo presentado por Jaume Cabré Fabré y otros contra los autos del Tribunal Supremo de 20 de febrero y 10 de julio de 2019 en los que se confirmaba la suspensión en el ejercicio de sus funciones de diputado del Parlament de Cataluña al expresident Carles Puigdemont. Señalan que los recurrentes «no cumplen con la legitimación exigible».

Los recurrentes que buscaban el amparo del TC consideraban que la decisión del Tribunal Supremo vulneraba el derecho fundamental a participar en asuntos públicos de Puigdemont que se recoge en el artículo 23 de la Constitución Española tras ser elegido como diputado en las elecciones del 21 de diciembre de 2017.

Defendían así, que suspender a Puigdemont como diputado suponía no solo la vulneración del derecho del propio diputado sino también la vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Este recurso de amparo derivaba del auto de 9 de julio de 2018 del magistrado instructor del ‘procés’ Pablo Llarena en el que se comunicaba a la Mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión, entre otros, de Carles Puigdemont en el ejercicio de sus funciones públicas como diputado en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Cabré y el resto de recurrentes justificaban su legitimación para el amparo indicando que conforme al artículo 23.1 de la Constitución ostentaban un interés legítimo en relación con esos autos impugnados porque eran personas de distintos ámbitos sociales y profesionales, ciudadanos de Cataluña, que en ejercicio del derecho fundamental participaron en las elecciones al Parlamento de Cataluña en las que fue elegido como diputado, entre otros, Puigdemont.

La sentencia del TC, ponencia del magistrado Pedro José González-Trevijano Sánchez, apunta que los recurrentes «no cumplen con la legitimación exigible (…) ya que no se encuentran, en relación con el derecho fundamental que invocan, en una posición subjetiva distinta de la que puede corresponder a cualquier ciudadano interesado» en que ese artículo sea respetado.

En este sentido, los magistrados recogen la doctrina aplicada hasta la fecha e insisten en que haber participado en las elecciones al Parlament catalán de 21 de diciembre de 2017 «no cualifica la posición jurídica de los recurrentes frente a cualquier ciudadano catalán que sea titular del derecho de sufragio activo y que estuviera llamado a participar en dicho proceso electoral».

NO BASTA EL INTERÉS GENÉRICO

Y ahondan que para ser titular de un interés legítimo a los efectos de interponer recurso de amparo «no basta con un interés genérico en la preservación del derecho fundamental que se estime vulnerado, sino que es necesario que el recurrente se encuentre respecto a ese derecho fundamental en una situación jurídico-material identificable con un interés en sentido propio, cualificado o específico».

Al hilo, remarcan que esa relación debe ser distinta a la mera «disconformidad o el descontento que pueda sentir cualquier ciudadano ante lo que él percibe como una infracción objetiva de un derecho de rango fundamental». En este sentido, añaden, «los demandantes de amparo intentan articular una acción ‘quivis ex populo’ –por el mero hecho de ser ciudadanos– no prevista ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional».

Cabe recordar que el TC ya ha dictado varias sentencias –la primera en enero de 2020– avalando la constitucionalidad del artículo 384 bis de la LeCrim. Ese artículo permitió suspender en mayo de 2019 a los entonces presos preventivos del ‘procés’ -hoy ya condenados por sedición- Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez en su condición de miembros del Congreso de los Diputados.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha procesado al que fuera el último jefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias ‘Ata’, y a otros tres miembros de la banda terrorista por el asesinato de un guardia civil en Leitza (Navarra) en 2002 al retirar una pancarta que tenía adosada una bomba.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha citado este lunes a Rubén Guelbenzu González, Jon Lizarribar e Itxaso Zaldua por videoconferencia para comunicarles el auto de procesamiento que dictó el pasado 10 de diciembre, en la que los tres han negado la autoría de los hechos alegando que en la fecha del atentando no pertenecían a la banda terrorista, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Carrera Sarobe, que se encuentra en centro penitenciario de Lannemezan (Francia), no ha comparecido aún ante el juez instructor para realizar dicho trámite, han indicado las fuentes consultadas.

El auto de procesamiento, al que ha tenido acceso a Europa Press, atribuye a los cuatro investigados la autoría de este atentado que tuvo lugar el 24 de septiembre de 2002, que acabó con la vida del cabo de la Guardia Civil, Juan Carlos Beiro, y dejó heridos a otros cuatro agentes.

En este sentido, atribuye a los cuatro procesados el delito de pertenencia a banda armada, un delito de asesinato terrorista con resultado de muerte, cuatro delitos de asesinato terrorista en grado tentativa y un delito de tenencia de explosivos.

Según explica el magistrado, sobre las 12.40 horas del día 24 de septiembre de 2002 un agente de la Guardia Civil con destino en la Comandancia de Málaga, que disfrutaba de un permiso ordinario en Leitza (Navarra), observó en la carretera que une la citada localidad con Berastegui (Guipúzcoa) una pancarta de plástico blanco con mensajes alusivos a ETA y en la que figuraba la inscripción «Guardia Civil muere aquí».

PANCARTA SEÑUELO

«La pancarta, a modo de señuelo, formaba parte de un artefacto explosivo colocado sobre un talud de la carretera», subraya el auto de procesamiento. Tras el aviso del agente al cuartel del Instituto Armado de Leitza, se personaron en el lugar de los hechos otros cuatro agentes, entre ellos el cabo Juan Carlos Beiro Montes.

La explosión repentina del «explosivo-trampa» –escondido en una cazuela– ocasionó la muerte del cabo y heridas a los otros cuatro agentes. Además «dejó un cráter de 70 centímetros de diámetro y 40 centímetros de profundidad, causando daños en los vehículos que los guardias civiles habían estacionado en la explanada así como en el muro donde se hallaba la pancarta trampa y en las ventanas de las viviendas situadas en las inmediaciones del lugar de la explosión».

El juez también explica que Itxaso Zaldua y Carrera Sarobe eran los integrantes del comando ilegal ‘Basajaun’, que a partir de febrero de 2002, se habría hecho cargo de la coordinación de una subestructura de cuatro comandos legales. Este «comando coordinador» era el responsable de la formación de los grupos, así como de «preparar los atentados facilitando material y vehículos para ello».

Zaldua, en prisión provisional, fue detenida el pasado mes de julio en Hernani (Guipúzcoa) por orden de la Audiencia Nacional como presunta autora del asesinato con varios disparos del expresidente del PP en Aragón Manuel Giménez Abad ocurrido en Zaragoza en 2001.

La ex miembro de ETA, que fue condenada en Francia a 18 años de prisión como responsable de la logística del aparato militar de ETA, se encuentra procesada también por este asesinato junto a Carrera Sarobe, condenado en Francia a dos cadenas perpetuas por los asesinatos del gendarme Jean Serge Nerin y de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero. Debe cumplir allí al menos 22 años de cárcel.

ACCIÓN ESPECIAL CONTRA LA GUARDIA CIVIL

El auto señala que el comando ‘coordinador’ no tiene como objetivo ejecutar atentados directamente, salvo «acciones de especial relevancia o envergadura», como fue el caso del perpetrado en Leitza en septiembre de 2002, cuyo nombre clave fue «cazuela».

Según relata el juez Moreno, el hecho que llevó al ‘comando Basajaun’ a cometer este atentado fue la detención el 16 de septiembre de ese mismo año en Francia, de los responsables del aparato militar de la organización terrorista ETA, Jon Olarra y Ainhoa Múgica.

A ello se añadiría la detención cuatro días después, también en Francia, de los dos miembros del ‘comando Argala’, Óscar Celarain, alias ‘Peio’, y Andoni Otegui Eraso, alias ‘Iousu’ –condenados en 2012 a más de 800 años de prisión por el atentado de la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002–, y el fallecimiento en la noche del 23 de septiembre de dos miembros del comando ilegal ‘Olaia’ al explotar un artefacto que transportaban en un vehículo en Bilbao.

«El objetivo de este ‘atentado especial’ contra la Guardia Civil en Leitza, era dar un golpe de autoridad a las ‘fuerzas opresoras’, personificadas en este cuerpo policial, asesinando a un alto porcentaje de agentes de una Unidad establecida en un lugar estratégico debido a su ubicación en una zona de fuerte influencia abertzale afín a ETA, y por otro forzar ante un elevado número de víctimas mortales, a la reacción de los distintos agentes políticos y sociales para la toma de medidas favorables a la organización terrorista, la cual con dicho atentado se habría situado en un plano dominante del escenario político», resume el auto.

Así, para llevar a cabo la acción terrorista que costó la vida al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, el ‘comando Basajaun’ habría dispuesto de los dos miembros legales del ‘comando Izarbeltz’, Rubén Guelbenzu González y Jon Lizarribar, para que se encargaran de colocar la «pancarta señuelo y del artefacto explosivo», mientras que Zaldua y Carrera Sarobe, «ubicados en un punto alto», activarían el explosivo «cuando consideraran conveniente», concluye el magistrado.

Guelbenzu y Lizarribar, en la actualidad en libertad provisional, fueron detenidos en junio de 2013 por su presunta participación en cuatro atentados en 2002, una vez analizado numerosa documentación intervenida en Francia a varios dirigentes de la banda terrorista ETA. Ambos ya habían sido detenidos en 2004 en Francia, donde Lizarribar fue condenado en 2007 por el Tribunal Correccional de París a seis años de cárcel por pertenencia a la banda terrorista.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el estudio de los problemas de adicciones ha rechazado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que el Ministerio de Igualdad o cualquier otro no utilice eslóganes que inciten al consumo de alcohol, como el de ‘Sola y borracha quiero llegar a casa’, que se difundió con motivo del 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer.

El texto de la PNL, presentado por el Partido Popular y debatido este lunes 28 de diciembre en el Congreso de los Diputados, ha sido rechazado con el voto a favor de PP y Vox y el voto en contra de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Esquerra Republicana.

La senadora del PP Patricia Rodríguez ha preguntado «en qué estaban pensando desde el Ministerio de Igualdad» cuando lanzaron esta campaña. Tantas campañas de prevención para evitar el consumo de alcohol entre los jóvenes, para que en un solo día con este mensaje se mediatizara a muchas mujeres», ha expuesto.

A su juicio, esto es «incomprensible» y, por ello, ha pedido que antes de lanzar lemas o campañas, estas sean «controladas por expertos». Asimismo, ha criticado otra reciente campaña de Igualdad contra el racismo que «ha conseguido ofender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».

Por su parte, la senadora del PSOE María Fernández ha defendido que «no fue una campaña de publicidad en sentido estricto» y «no pretendió incitar al consumo de alcohol» sino «reivindicar la libertad sexual de las mujeres». «El objetivo fue poner en el centro del debate que nada en absoluto justifica una agresión a la mujer», ha subrayado.

Asimismo, la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz ha pedido al PP que «no inventen historias» porque «no ha habido tal campaña» sino «un eslogan del movimiento feminista que sirve para explicar una serie de cuestiones».

Mientras, el diputado de VOX Tomás Fernández ha tachado de «disparatado» el eslogan «sola y borracha quiero llegar a casa» y ha reprochado al Gobierno que «mientras prohíbe la comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas superiores a 20 grados, la ministra de Igualdad fomenta el alcoholismo entre las mujeres.

Desde el PNV, la senadora Nerea Ahedo ha calificado la campaña de «desafortunada» aunque considera que «no era para fomentar el consumo del alcohol». «El Gobierno debería haber sido más cuidadoso», ha opinado.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este lunes que la vacuna ha supuesto para los españoles «un rayo de luz» aunque ha lamentado que mañana vaya a ser «un día perdido» de vacunación debido a un problema de logística de la empresa Pfizer y espera «que no haya más retrasos».

En declaraciones a los periodistas durante su vista al mercado navideño de la Plaza Mayor y apoyo a comerciantes, Aguado ha indicado que pese a este retraso seguirán con su plan de vacunación previsto, que tendrá un parón mañana pero con el que continuarán el miércoles.

«Seguimos con el plan previsto. Se suministrarán las dosis pendientes en 23 residencias. Mañana, como consecuencia de un retraso que no es responsabilidad de la Comunidad sino de la empresa, será un día perdido. Espero que solo perdamos este día y no haya más retrasos», ha sostenido el vicepresidente.

Aguado ha explicado que en la Comunidad, la estrategia fijada es que por cada vacuna que suministran, guardan otra. De esta forma, si hubiera retrasos en el futuro, no dejarían de vacunar la segunda dosis a las personas que la están recibiendo. Esta, a su parecer, es una estrategia «prudente» pero garantiza que las personas puedan tener una segunda dosis cuando procede.

Pese a que considera que la vacuna ayer fue «una buena noticia para España, fue un rayo de luz para miles de españoles», Aguado cree que no deben «bajar la guardia» porque «quedan meses de vacunación». «Hemos dado un paso importante para derrotar al virus», ha reconocido.

Sobre el reparto de las dosis, Aguado ha indicado que no cree que haya «una voluntad de penalizar» a la Comunidad a la que le corresponden 48.000 vacunas semanales. «Antes de que acabe de enero, si todo va bien, podremos suministrar dosis a todos los residentes de la Comunidad. En 6 semanas (…) Ojalá lo más pronto posible la inmensa mayoría de la población madrileña esté vacunada», has sostenido.

Por último, el vicepresidente madrileño ha asegurado que si ven que se quedan «cortos» con este suministro de vacunas, irán solicitando más al Ministerio, pero piensa que «ahora es importante arrancar».

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados y el Senado ha rechazado este lunes, por 15 votos a favor y 20 en contra, una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario VOX para adoptar medidas preventivas dirigidas a la «erradicación» de la adicción al alcohol.

«Se está produciendo un doble efecto en los jóvenes: normalización del consumo y adelantamiento de la edad inicial de consumo. Tenemos que partir de la prmiesa de que la primera norma básica debe ser la prohibición expresa de consumir alcohol, sobre todo en la adolescencia. La única conducta responsable es no beber alcohol o beber lo justo», ha justificado el diputado de VOX Tomás Fernández Ríos.

El parlamentario ha señalado que en «aquellas familias que ponen límite de hora de regreso a los menores, así como de manejo de dinero, la posibilidad de consumo disminuye considerablemente». «Tenemos que fomentar a los límites para proteger a nuestros jóvenes», ha argumentado al respecto.

Fernández Ríos ha apostado por «fomentar la imagen» de aquellos adultos y jóvenes que «optan por no consumir». «Tenemos una sociedad tolerante y permisiva con el consumo de alcohol. Es importante que reforcemos la figura de los que no consumen», ha añadido al respecto.

Así, VOX ha instado a adoptar «respuestas inmediatas» desde el sistema sanitario contra la adicción al alcohol, «formular estrategias y planes de acción a nivel nacional para dar una respuestas más rápida a estos problemas, así como designar un organismo que centralice a nivel nacional los diferentes planes».

Según Fernández Ríos, toda esta estrategia se sustentaría con «un registro de morbilidad y mortalidad de excesivo consumo de alcohol, controlar la producción y venta de alcohol ilegal» y una «vía penal» para aquellas conductas que «promuevan la adicción al alcoholismo». En último lugar, el diputado de VOX ha recordado que el año pasado más del 60 por ciento de los españoles mayores de 15 años bebió en los últimos 30 días.

APOYO A MEDIDAS CONTRA LOS HIPNOSEDANTES

Por otra parte, los diputados y senadores han apoyado por unanimidad una PNL del PP para elaborar un estudio de las consecuencias que la pandemia del COVID-19 está produciendo en el incremento del consumo de hipnosedantes. El senador ‘popular’ Francisco José Fernández Pérez ha recordado que, según datos de la encuesta EDADES 2015-16 del Ministerio de Sanidad, las drogas con mayor prevalencia de consumo en España (en los 12 meses previos a la encuesta) entre la población de 15 a 64 años, son legales: el alcohol (77,6%; 9,3% a diario) y el tabaco (40,2%; 30,8% a diario)seguidas por los hipnosedantes, con receta (12%; 6% a diario).

Fernández Pérez ha señalado que se trata de un consumo «oculto, no ligado al estigma, sino al desconocimiento y a la consideración de su consumo como ‘normal'», especialmente en mujeres. En concreto, los hipnosedantes son el único consumo de drogas en el que la prevalencia en mujeres es mayor que en hombres, cerca del doble. Además, ha añadido que no existen campañas generalizadas de prevención y sensibilización, como sí ocurre con otras sustancias.

Según ha esgrimido, la declaración del Estado de Alarma ante la crisis sanitaria de COVID-19 y el confinamiento durante más de un mes en los domicilios, «podría considerarse un factor favorecedor para el consumo de estas sustancias». Por todo ello, ha propuesto elaborar un estudio exhaustivo de las consecuencias que la pandemia está produciendo en cuanto al incremento del consumo de hipnosedantes y realizar una campaña de información y sensibilización a la población alertando del riesgo del consumo abusivo de estas sustancias sin el preceptivo control y seguimiento médico y de sus posibles efectos a largo plazo.

APOYO A ESTUDIAR LOS RIESGOS DE LA PANDEMIA EN CONSUMIDORES DE DROGAS

Los parlamentarios han apoyado, con 29 votos a favor y seis en contra, una PNL del PSOE sobre los riesgos emergentes relacionados con la pandemia del COVID-19 para los consumidores de drogas. La diputada socialista Carmen Andrés Añón ha destacado que la pandemia de COVID-19 puede representar riesgos adicionales de contagio para los consumidores de drogas al compartir cigarros de cannabis, cigarrillos, aparatos de vapeo o inhalación y otros artículos para el consumo de drogas. Asimismo, ha argumentado que esta crisis suscita «serias dificultades» a la hora de garantizar la continuidad de los servicios que se prestan para aquellas personas que tienen problemas con las drogas.

En la PNL que ha defendido, se insta a garantizar la continuidad de los servicios sanitarios esenciales para los consumidores de drogas, asegurando que los servicios cuentan «con los recursos adecuados y que se establecen medidas de protección del personal». De la misma forma, apuesta por revisar la comunicación con los consumidores de drogas acerca de los riesgos que conlleva compartir drogas y material para su consumo para asegurarse de que se ajustan a las recomendaciones para la reducción del riesgo de exposición al COVID-19.

Junto a esto, el PSOE apuesta por revisar y adaptar, cuando sea necesario, las prácticas actuales para proporcionar equipos limpios de inyección y otro material para el consumo de drogas; así como promover las medidas de distanciamiento social para los consumidores de drogas y quienes trabajan con ellos.

La Comisión también ha respaldado otra PNL similar (con 22 votos a favor, uno en contra y doce abstenciones) para reforzar la prevención y atención a las adicciones durante la etapa de nueva normalidad. El parlamentario socialista Daniel Viondi ha detallado que los datos apuntan que se produjeron «algunos cambios» en los patrones de consumo de drogas durante las fases iniciales de la pandemia de COVID-19, principalmente por el confinamiento y distanciamiento social. Asimismo, ha insistido en que algunos comportamientos asociados con el consumo de drogas antes de la pandemia de COVID-19 ahora pueden considerarse de «alto riesgo» en términos de infección y «hay que combatirlos».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes el fin del modelo de las conocidas como subastas de medicamentos en la comunidad autónoma impulsado por la anterior administración socialista y que se venía aplicando desde el año 2012 en la región, y ha defendido que, con este paso, «vuelve la normalidad y los andaluces vuelven a ser ciudadanos de primera y no de segunda en el acceso a los medicamentos».

Así lo ha expresado el presidente andaluz en una intervención abierta a los medios tras reunirse en el Palacio de San Telmo con los ocho presidentes de los colegios farmacéuticos andaluces; el presidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos, Antonio Mingorance; el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés; el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Medicamentos Genéricos, Ángel Luis Rodríguez, y los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Moreno ha anunciado «el fin de las subastas de medicamentos en Andalucía con la satisfacción de quien cumple la palabra dada», porque ha recordado que, cuando ejercía como líder de la oposición en tanto que presidente del PP-A, prometió «cambiar» ese modelo «porque suponía un recorte de los derechos de los andaluces al acceso a los medicamentos».

«Suponía una intromisión clara a la libertad de prescripción de nuestros profesionales, especialmente los médicos, y situaba a pacientes y médicos andaluces en situación de desigualdad respecto a españoles de otras comunidades autónomas donde no existía ninguna de esas cortapisas», según ha abundado el presidente de la Junta.

Moreno ha explicado que el pasado 22 de diciembre «venció el plazo de la última subasta vigente en Andalucía, que la anterior administración ya dejó programada», y ha subrayado que, por tanto, «por fin dejamos atrás un episodio que ha sido triste para el conjunto de los pacientes andaluces».

«UN LOGRO SOCIAL»

«Dijimos que lo haríamos si llegábamos al gobierno», por lo que «cumplimos la palabra» dada, según ha incidido Juanma Moreno, que ha hablado de «logro social para los andaluces, equiparable prácticamente» a otros conseguidos «en estos años que han sido fundamentales en la mejora de la calidad de vida de los andaluces».

Así, ha proclamado que «los andaluces podrán acceder ya al medicamento que necesiten en función del criterio de sus propios doctores, que podrán recetar con libertad, sin miedo a ser penalizados por el Servicio Andaluz de Salud«.

Ha agregado que, además de «a tener una sanidad pública de primera, a tener una cama disponible si enferman o un quirófano si así lo necesitan», los andaluces tienen «desde hoy» el derecho «a acceder a los medicamentos que necesiten», y «se pone fin a un recorte encubierto en la sanidad andaluza desde hace ocho años», según ha enfatizado.

«Los andaluces podrán tener el medicamento que sus médicos crean que mejor los puede curar o tratar según un criterio clínico, y no por ahorro puramente económico», ha añadido también Juanma Moreno, quien ha defendido que, con el «nuevo modelo», desde la Junta «ayudamos a que exista una unidad de mercado en el conjunto del país», así como a una «equidad verdadera entre españoles» que, asimismo, «evitará el desabastecimiento en las farmacias» que «ha ocurrido» durante la etapa de las subastas.

Asimismo, ha argumentado que el nuevo modelo «mejora la adherencia en el tratamiento del paciente al no tener que cambiar con frecuencia de medicamento», y «aumenta la competencia entre laboratorios, fomentando la industria farmacéutica en Andalucía y la propia producción española, absolutamente estratégica y clave en estos momentos de pandemia».

«Es muy importante que tengamos capacidad de producir, y las administraciones públicas en su conjunto tenemos que poner nuestro grano de arena y evitar los obstáculos que se puedan encontrar», ha añadido en esa línea el presidente, quien además ha anunciado la «voluntad» de su gobierno de «fomentar la industria de los genéricos en la comunidad autónoma».

Moreno se ha referido al modelo de subastas de medicamentos como una «singularidad negativa» que tenía la comunidad y que generaba un «agravio comparativo», y ha subrayado así que, con su finalización, «recuperamos el derecho a estar en igualdad de condiciones respecto a la distribución de farmacia en todo el conjunto del territorio», y «esa ansiada equidad con el resto del territorio español».

PALABRAS DE GRATITUD HACIA LOS FARMACÉUTICOS

De igual modo, Moreno ha subrayado que el sector del medicamento, que incluye las farmacias, es «estratégico para Andalucía y España, está realizando un trabajo muy importante desde el propio inicio de la pandemia» de la Covid-19, y «ahora será un apoyo logístico fundamental para que la vacuna llegue a todos los puntos» de la comunidad.

Su «red de distribución y equipamiento es probablemente una de las mejores que existen en estos momentos en toda España y Europa«, según ha añadido el presidente, quien ha incidido además en que «los farmacéuticos han estado siempre al lado de los andaluces, no sólo durante la pandemia», por lo que ha dedicado palabras de «gratitud» hacia ellos.

VALORACIONES DE FARMAINDUSTRIA Y FARMACÉUTICOS

Por su parte, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha acogido con «gran satisfacción» el anuncio del fin del modelo de subasta de medicamentos, y ha expresado su «reconocimiento y agradecimiento por esta importante» decisión.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Medicamentos genéricos, Ángel Luis Rodríguez, ha dedicado palabras de agradecimiento por esta noticia, mientras que el presidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ha hablado de «un gran día para los andaluces».

Ha añadido que él siempre ha tenido «la confianza» en «la buena fe» por parte de la Junta de Andalucía, en la persona de su presidente y del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, sobre este asunto, y en que la Administración andaluza «siempre trataba esto con el ánimo de arreglarlo y solucionarlo y de cumplir su palabra».

«Hoy es un gran día porque los ciudadanos andaluces pasan de ser ciudadanos de segunda respecto a la prestación farmacéutica con respecto al resto de los españoles» a ser, «a partir de mañana, iguales que el resto de los ciudadanos españoles y accederán a los mismos medicamentos en las mismas condiciones y con la misma libertad, cosa que hasta ahora no venía sucediendo», según ha apostillado.

Mingorance ha puesto además de relieve que «los farmacéuticos han recuperado la gestión del medicamento, cosa que le correspondía por ley y que con el sistema de subastas le fue arrebatado». «Hoy se acaba de restaurar esa legalidad que les correspondía, por lo que tenemos que felicitarnos todos», según ha subrayado.

Finalmente, ha apuntado que los farmacéuticos «siempre hemos tenido la mano tendida con la Administración, la vamos a tener y nos van a encontrar», antes de insistir en señalar que es «un buen día para la sociedad andaluza» porque «hemos restaurado la equidad de todos los andaluces con el resto de los españoles» en el acceso a los medicamentos.

El Gobierno ha solicitado al Congreso habilitar el mes de enero para poder aprobar, entre otras, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, bautizada como ‘Ley Rhodes’, el apellido del pianista británico afincado en España James Rhodes, quien sufrió abusos sexuales cuando era un niño.

En concreto, el Ejecutivo ha registrado varios escritos en la Cámara, a los que ha tenido acceso Europa Press, solicitando que «se celebren las sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación» de un total de cuatro iniciativas legislativas.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética llegó al Congreso en mayo y pasó su primer examen en el Pleno en julio, con el rechazo de la enmienda de totalidad presentada por Vox. Tras el parón de agosto, también inhábil a efectos parlamentarios, en septiembre la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico abrió una ronda de comparecencias de expertos y los grupos registraron sus enmiendas parciales a mediados de octubre.

A principios de este mes se acordó tramitarla por el procedimiento de urgencia y, tras la petición del Gobierno de habilitar enero, la previsión es que quede aprobada durante ese mes en comisión y se envíe al Senado para continuar allí su andadura parlamentaria.

La ley redactada por el equipo de la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, establece que España debe alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, y que para entonces, el sistema eléctrico habrá de ser cien por cien renovable. Además, el proyecto legislativo marca una senda con pasos intermediso, como alcanzar en 2030 una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20 por ciento respecto a 1990.

LA LEY RHODES LLEGÓ AL CONGRESO EN JUNIO

Pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia, también está pendiente de aprobación la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que llegó al Congreso en junio, pero cuyas enmiendas parciales no se registraron hasta octubre. Ahora el Gobierno ha pedido que se aproveche enero para estudiarlas primero en ponencia y luego en comisión.

En este caso, al tratarse de una ley de carácter orgánico, la iniciativa no podrá ser remitida directamente al Senado desde la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, sino que tendrá que volver a pasar por el Pleno del Congreso, lo que podría suceder a finales de enero.

Esta norma, que lleva al firma de la Vicepresidencia que ocupa el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aumenta el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, que, cuando entre en vigor se empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años. Ahora lo hace cuando alcanza la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Otra de las leyes que el Gobierno quiere que se aprueben en el primer mes de 2021 es la que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de sucapacidad jurídica. Los grupos registraron sus enmiendas a principios de diciembre tras escuchar a los expertos que desfilaron por la Comisión de Justicia y la previsión es que la norma pueda remitirse al Senado antes de que acabe enero.

Las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia de Covid-19, aprobadas por el Gobierno en marzo, llevan en vigor desde entonces, pero el Congreso acordó tramitar ese decreto por como proyecto de ley.

En este caso, las enmiendas parciales se registraron en junio, pero luego, aunque también se tramitaba por la vía de urgencia, no se dio ningún paso más. Ahora la idea es analizarlas en ponencia y comisión y mandar la norma al Senado antes de que acabe enero.

COMPARECENCIAS SOBRE LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA

Además, el Gobierno ha pedido habilitar la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se puedan celebrar las comparecencias de expertos sobre el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que está en la Cámara desde noviembre, y poder avanzar así en su tramitación.

Por su lado, el PSOE y Unidas Podemos, han sumado a ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para forzar que se habilite también el mes de enero para tramitar y, en su caso, aprobar la reforma que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras siga con su mandato caducado.

Con los mismo aliados han pedido que se pueda reunir durante ese mes, para aprobar su plan de trabajo, la comisión de investigación sobre la conocida como ‘Operación Kitchen’ y que puedan comparecer en el Congreso los aspirantes al concurso público abierto en 2018 para renovar los miembros del Consejo de Administración de la CorporaciónRTVE.

El presidente de la Junta , Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que las actuales restricciones que existen en Andalucía para frenar los contagios por Covid-19 no van a sufrir modificaciones «al menos esta semana» de fin de año, y ha demandado al Gobierno central más control en los aeropuertos, después de que en esta comunidad se hayan detectado los cinco primeros casos de coronavirus en la nueva variante británica en cinco personas que habían regresado de Reino Unido en los últimos días.

Durante su intervención con motivo de una reunión, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, con los presidentes de los ocho colegios de farmacéuticos de Andalucía, Moreno ha manifestado, ante la reunión en la tarde de este lunes del comité de expertos que asesora a la Junta sobre las actuaciones para frenar la pandemia, que los últimos informes de la Consejería de Salud sobre la situación actual indican que «no va a ser necesario hacer modificaciones» en las actuales medidas, «al menos en esta semana», puesto que se trata de medida «razonables», en función de la propia incidencia clínica y del nivel de contagios que hay en este momento en la comunidad.

Ha señalado que en la tarde de este lunes se confirmará ese planteamiento, de manera que en esta semana de fin de año, las actuales medidas seguirán vigente, lo que dará «certidumbre» a todas las personas que tengan, que organizar estos días.

«Afortunadamente y gracias al esfuerzo y a la contribución que todos hemos hecho, hemos conseguido llegar al comiendo de las navidades con una tasa de incidencia razonablemente baja y con una situación hospitalaria también razonable, siempre dentro de la preocupación y responsabilidad», ha señalado el presidente de la Junta.

Ha insistido en que, aunque haya llegado ya la vacuna, no podemos dejar de ser cautos ni bajar nunca la guardia, sino que hay tener «mucho respeto» al virus, sobre todo en estos días de fiestas navideñas. El presidente ha augurado que «nos quedan meses duros por delante» y, por ello, se necesita de la máxima prudencia y responsabilidad por parte todos, para que se cumplan las normas establecidas.

El presidente ha mostrado su preocupación por que en Andalucía ya se hayan detectado los cinco primeros casos de coronavirus en la nueva variante británica en cinco personas que habían regresado de Reino Unido en los últimos días. Por ello, Moreno ha pedido al Gobierno central un esfuerzo para intensificar los controles en los aeropuertos, puesto que le corresponde el control de fronteras exteriores.

Es algo razonable y oportuno», ha indicado Juanma Moreno, para quien cuanto más controladas y chequeadas estén esas fronteras, se podrán evitar riesgos que podrían generar no sólo problemas de salud, sino también de carácter económico y social.

En relación con las vacunaciones que se iniciaron ayer en las ocho provincias, el presidente ha mostrado su satisfacción, apuntando que Andalucía dispone de una gran capacidad logística. A su juicio, el proceso de vacunación que se inició ayer fue prácticamente testimonial, porque se trataba de 1.800 vacunas para una población de ocho millones y medio de habitantes, de manera que ha pedido al Gobierno central, desde la «máxima lealtad», que acelere el envío de vacunas todo lo que pueda y en la medida de sus posibilidades, puesto que el mayor objetivo de la Junta es que cuanto antes esté inmunizada la mayor parte de la población andaluza para recuperar la ansiada normalidad.

Según el presidente, esta comunidad tiene capacidad para llegar al verano con un 50 por ciento de la población vacunada, siempre que el Gobierno central haya llegar esas vacunas.

Más de 400 migrantes han llegado a las costas españolas en el último fin de semana del año, la mayoría a las Islas Canarias. La jornada con mayor número de llegadas fue el sábado, 26 de diciembre, en la que 236 migrantes arribaron a las costas del archipiélago.

Así, cinco pateras con 159 migrantes a bordo llegaron a las costas canarias durante la noche y a primera hora de la mañana del sábado. Una de las pateras fue localizada sobre las 23.50 horas al sur de Tenerife. En la barquilla viajaban siete inmigrantes, cinco varones y dos posibles menores, que fueron asistidos a las 01.50 horas por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Cruz Roja en el puerto de Los Cristianos, en el municipio de Arona.

Sobre las 19.00 horas, el Centro de Control de Salvamento Marítimo de Las Palmas recibió un aviso de la Guardia Civil sobre un eco sospechoso, posible patera, a unas 14 millas al sur de Gran Canaria, por lo que se envía a zona a la guardamar ‘Polimnia’.

Una vez en el lugar, la guardamar procedió al rescate de los ocupantes de dos pateras. En la primera viajaban 54 migrantes, todos varones y origen subsahariano, y en la segunda 24, todos varones y origen magrebí. Con ellos a bordo, la guardamar ‘Polimnia’ se dirigió hacia el puerto de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán, donde desembarcó a los ocupantes de ambas pateras alrededor de las 22.30 horas.

Mientras este rescate se producía, había en marcha otra operación por el aviso de una patera navegando hacia Fuerteventura. En esta ocasión, el Centro de Control de Salvamento Marítimo movilizó a la salvamar ‘Mizar’. Tras una intensa búsqueda, la salvamar localizó y rescató a las 32 personas que iban a bordo, 25 varones y 7 mujeres.

Tres horas después, a las 05.30 horas, el Centro de Control de Salvamento Marítimo recibió un nuevo aviso de la Guardia Civil de un eco a unas 18 millas al sur de Gran Canaria. Seguidamente, localizó la patera y rescató a las 42 personas que iban a bordo, todos varones y origen subsahariano. Con ellos a bordo, se dirigió hacia el puerto de Arguineguín, donde los desembarcó a las 08.00 horas.

Asimismo, también en la jornada del sábado, un total de 35 migrantes llegaron al puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán. La patera fue localizada por la tarde al sur de Gran Canaria y a su encuentro fue una embarcación de Salvamento Marítimo.

Otras dos embarcaciones llegaron también el sábado a Canarias. Una de ellas con 36 personas a bordo (29 varones, 5 mujeres y 2 bebés), todas de origen magrebí, que fueron llevadas al muelle de Arguineguín, donde desembarcaron aproximadamente sobre las 22.00 horas. En la segunda embarcación viajaban 42 migrantes, rescatados cerca de la isla de Fuerteventura.

El domingo, un cayuco con 51 migrantes de origen subsahariano fue rescatado en aguas próximas a Gran Canaria, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

Sobre las 13.30 horas, el Centro de Control de Salvamento Marítimo en Las Palmas recibió un aviso de la Guardia Civil informando de un eco sospechoso a 14 millas al sur de Arguineguín. El Centro de Control movilizó y envió a zona a la salvamar ‘Alborán’, que confirmó la presencia de un cayuco y rescató a los que iban a bordo, todos varones y en aparente buen estado de salud.

Asimismo, otras tres embarcaciones con 112 migrantes llegaron la noche del domingo a las costas canarias. Dos de las embarcaciones llegaron a la isla de Gran Canaria y en ellas viajaban 89 migrantes, en concreto, 80 varones, una mujer y un bebé. La tercera embarcación llegó por sus propios medios a la playa de Colmenares, en San Miguel de Abona, Tenerife, con 23 personas a bordo, 21 varones, una mujer y un niño.

El Día de Navidad, fueron 19 los migrantes que llegaron a las costas españolas. En esta ocasión, siete migrantes en una embarcación fueron rescatados en aguas del Estrecho de Gibraltar cuando navegaban en una patera. Asimismo, Salvamento rescató a otros 12 migrantes en el mar de Alborán.

LA LLEGADA DE MIGRANTES A CANARIAS ROZA EL 900% CON RESPECTO A 2019

Según las cifras recogidas por Europa Press del Ministerio del Interior entre el 1 de enero y el 15 de diciembre, el aumento de la llegada de migrantes a Canarias alcanza el 889% con respecto al año anterior ya que en este periodo arribaron al archipiélago 21.452 personas en pateras, frente a las 2.168 que se contabilizaron hace un año.

En cifras totales, Interior ha registrado la llegada en lo que va de 2020 de 39.474 personas al país, una cifra que supone un aumento del 28,7% (8.779 migrantes más) que en el mismo periodo de 2019, cuando habían entrado en España de forma ilegal 30.675 personas.

Izquierda Unida ha informado este lunes de que el Tribunal Supremo (TS) les ha comunicado que da traslado de su querella contra el Rey emérito a la Fiscalía para que ésta informe «sobre su competencia y contenido» antes de decidir si abre o no causa.

Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE), y al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, presentaron a mediados de diciembre ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra Juan Carlos I, tras la regularización fiscal que presentó ante Hacienda y los «nuevos hechos que se han ido conociendo en los últimos meses», como las investigaciones abiertas por la Fiscalía del alto tribunal o las cuentas suizas vinculadas a dos fundaciones.

Ahora, en un comunicado recogido por Europa Press, señala IU que la Sala Segunda del Supremo confirma también que «se tiene por consignada, en plazo, la fianza por importe de 12.000 €» que le fue impuesta para el ejercicio de la acción popular. Los querellantes han recibido también una diligencia de ordenación de esta misma sala en la que da «por recibido el escrito de ampliación de querella».

Así, desde IU siguen pendientes de si el alto tribunal decide resolver favorablemente sobre la reapertura o no de la causa especial 21092/2018 derivada de la querella que presentaron en 2018 y que fue inadmitida de plano. Entonces, iban contra el ex jefe del Estado y otras personas por la supuesta comisión de 13 delitos.

Según señalan desde IU, ahora a la espera de lo que informe la Fiscalía del Supremo sobre el caso de cara a la decisión de reapertura o no de esta causa especial, la Sala Segunda indica que da «por formulada querella contra Juan Carlos de Borbón y Borbón y otros al que se atribuye la presunta comisión de, entre otros, un delito de cohecho y otros».

Informan además de que con la consignación de 12.000 euros de fianza a comienzos de diciembre el Tribunal Supremo «reactivaba las diligencias relativas a esta causa especial después de que los querellantes hubieran solicitado su reapertura el pasado mes de julio».

Y recuerdan que la querella original (2018) fue archivada por «prácticamente los mismos magistrados» que ahora vuelven a entender del asunto en poco más de seis meses –en verano de 2019–. «Todo un récord teniendo en cuenta el ritmo con el que se mueven las instancias judiciales», añaden en el comunicado.

Por otro lado, sobre la diligencia del Supremo en la que se da por recibido el escrito de ampliación de la querella, IU pone el foco en en que la Sala señala también que «la causa está pendiente de que se emita informe por el Ministerio Fiscal» y pide que se dé «traslado al mismo de esta ampliación».

La querella inicial está dirigida, además de contra el emérito, contra su examiga Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón.

La reciente ampliación completa los nombres con los del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.

Según explica IU, en el escrito de ampliación se incorporaban los casos conocidos en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que Juan Carlos I presentó ante la Agencia Tributaria al uso de fondos del empresario Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de capitales a través de paraísos fiscales.

«De la lectura de la presente ampliación de querella -señalan PCE e IU en su escrito-, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo».

IU VE INDICIOS DE HASTA 13 DELITOS

A su juicio existen evidentes «indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero».

Y añaden que los hechos recogidos se corresponden a 13 delitos –siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado–, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha cuestionado este lunes el informe de los fiscales del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos del ‘procés’, entre otras cosas, porque «abunda en la posición contraria de la propia Sala Segunda» que emitió su sentencia, e «identifica un delito» que el Supremo «no identificó».

En todo caso, ha recordado que es al Consejo de Ministros al que le corresponde tomar las decisiones sobre indultos, y que puede hacerlo «en función de lo que emiten los informes» de los órganos correspondientes, «o al contrario de los informes».

«De eso hay todo tipo de ejemplos de todos los Gobiernos», ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por ese informe en el que la Fiscalía se opone a los indultos para los doce condenados por el ‘procés’ porque no han encontrado razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen aplicar la medida de gracia.

«FUERA DE LAS COMPETENCIAS»

A este respecto, la vicepresidenta ha criticado que ese informe «abunda en la posición contraria de la propia Sala Segunda» del Supremo que emitió la sentencia del ‘procés’, y ha añadido que «en un informe se pueden colocar muchas cosas dentro de las competencias, o incluso fuera de las que se tienen».

«Identifica un delito que nuestro Tribunal Supremo no identificó», ha apostillado, al ser preguntada sobre si cree que la Fiscalía se ha extralimitado con ese informe.

Además, Calvo ha defendido que el indulto «es un derecho que tienen todos los hombres y mujeres de este país si están cumpliendo condena». «Está en la absoluta normalidad y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de los informes», ha recalcado.

«Este es un derecho que está regulado y a cada quien le corresponde su parte. Al Ministerio Fiscal, emitir su informe, a la sala también, y al Consejo de Ministros, tomar la decisión», ha recalcado antes.

En este sentido, Calvo ha insistido en que está dentro de la «normalidad procedimental» que el Gobierno atienda o no el criterio de los informes en sus decisiones, y también que el caso de los presos del ‘procés’ se tramitará con la normalidad habitual.

«Tienen un contenido diferente por cuanto estos condenados lo han sido por hechos que influyen en la política, pero no dejan de ser indultos que se van a tramitar en los mimos términos», ha enfatizado.

LOS DESVINCULA DE LAS CATALANAS

Sobre los plazos, la ‘número dos’ del Gobierno ha rechazado que estos vayan en función del calendario electoral y ha desvinculado los indultos de las elecciones catalanas del 14 de febrero. «Lo plazos de cualquier indulto no están en función de ningunas elecciones, están en función de los trámites y del tiempo que se tarda, que no es corto, precisamente», ha avisado.

«Hay muchos Consejos de Ministros en los que se deniegan indultos y se aprueban indultos y están en función de unos plazos, que son varios meses, es decir, que esto no va con arreglo a ningún otro criterio que no sea garantizar el derecho que se tiene a pedirlo y el Gobierno ejerciendo las Competencias que la Constitución le otorga para poder aplicar este derecho que los ciudadanos tienen», ha ahondado.