Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han exigido este martes al Gobierno central la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el Real Decreto sobre medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.

En un comunicado conjunto, los consejeros de Hacienda de cinco gobiernos regionales y de la Ciudad Autónoma de Ceuta han reclamado la reunión "con la máxima urgencia" del CPFF, en el que están representados el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas, para abordar una modificación de este decreto y la situación de la lucha contra los efectos de la pandemia en las empresas y autónomos.

Los responsables de Hacienda de Galicia, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Ceuta han denunciado el "menosprecio" hacia los gobiernos regionales por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que acusan de actuar de manera "unilateral" y con "deslealtad institucional".

En este sentido, reprochan al Ejecutivo que haya encomendado a las Comunidades Autónomas la gestión de buena parte del Fondo de Ayudas directas a empresas "sin consensuar previamente" con ellas y sin darles "la opción de decidir conjuntamente los criterios de reparto", además de censurar que se hayan enterado de ello por el Boletín Oficial del Estados (BOE).

"Unos criterios impuestos sin diálogo, que benefician a los de siempre, y que entendemos resultan poco razonables, puesto que se aplican sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio", lamentan los seis consejeros, que critican que se imponga a las Comunidades Autónomas la obligación de gestionar "ayudas que entrañan una gran complejidad y deja muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender".

En la misma línea, han subrayado que se trata de un "nuevo episodio de deslealtad institucional del Gobierno" al "dejar de lado" a los gobiernos regionales "en las decisiones más trascendentes". El Ejecutivo, han señalado, demuestras así "que su concepto de co-gobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral".

Los consejeros del PP han abundado en las críticas por esta "decisión desleal y sin consenso" que se suma a la falta de transparencia y diálogo en la gestión de los fondos de Recuperación, la falta de claridad sobre la ejecución de Next Generation o la ausencia de información sobre el Fondo COVID 2021.

La economía española se desangra como consecuencia de la crisis por la COVID y de la desacertada política que está imponiendo el Gobierno de España, dejando sistemáticamente a los gobiernos autonómicos fuera de cualquier coordinación. El PIB del primer trimestre, tal y como apuntan los análisis presentados por la AIREF y otros organismos, no solo no recogerá una mejora de la producción sino que se situará en terreno negativo", han argumentado.

Por todo ello y ante las condiciones "impuestas" y que no han sido explicadas sobre la gestión del fondo de ayudas directas a las empresas, los consejeros han exigido "que se haga un uso democrático de las instituciones" y se convoque el Consejo de Política Fiscal yFinanciera.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha recordado la figura de Francisco Largo Caballero, "un líder verdadero" que tuvo "la conexión con los trabajadores", y al que se le debe "seguir honrando su memoria y hacer frente a quienes intentan denostarla".

Calvo ha señalado el coste que supuso el compromiso político y social del líder sindical y ex presidente del Gobierno en la II República entre 1936 y 1937. "Lo pagó tan caro como el exilio, la represión, el campo de concentración y el sinfín de sufrimientos que compartió con tantos compatriotas que tuvieron que huir de una dictadura que les negó, incluso, la nacionalidad", ha dicho la número dos del Ejecutivo.

La vicepresidenta primera ha destacado que "la figura de Largo Caballero es una con la que nos podemos seguir identificando". Su defensa de la clase trabajadora, ha resaltado, es "la mejor manera de estar y de participar en un país en ebullición, llegando incluso a la Presidencia del Gobierno", un compromiso con el que "acertaba en lo que luego ha sido la construcción del S.XX y S.XXI".

"Por eso le debemos honrar y le debemos agradecer todas y cada una de las piezas maestras que pudo dejar puestas desde su condición de sindicalista y en los puestos en la administración pública en los cargos que ejerció", ha subrayado Calvo.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha intervenido en un vídeo en el homenaje a Francisco Largo Caballero en el 75 aniversario de su fallecimiento en el exilio, "por lo que significa para la memoria democrática de nuestro país".

En el homenaje del que fue secretario general de la UGT y presidente del Gobierno en la II República --organizado por la Fundación Francisco largo Caballero y la UGT-- han intervenido también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez; la senadora y presidenta del PSOE, Cristina Narbona; así como la historiadora Manuela Aroca; el presidente de la Fundación Francisco Largo Caballero, Sebastián Pacheco, y Sonia Largo, nieta de Largo Caballero.

Carmen Calvo ha subrayado la importancia de "recuperar las figuras que nos han traído hasta esta democracia absolutamente vinculada con el Estado del Bienestar, con los derechos y con la igualdad". "Es muy difícil entender a estos personajes tan inmensos de nuestra historia con los criterios el presente", ha dicho sobre Largo Caballero.

"Pero Francisco, Largo Caballero lo resiste muy bien. Cuando habla de la revolución de cada día, está acertando plenamente", ha asegurado Calvo, cuando se refiere a "seguir avanzando en reformas que no pueden dejar de pisar la realidad".

"La historia está llena de revoluciones fallidas, pero la historia no tiene ni un solo fallo en quienes apostaron de manera certera en transformar la realidad con la ponderación e inteligencia con lo que lo hizo Francisco Largo Caballero", ha concluido Carmen Calvo.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha admitido este martes que ahora no hay las condiciones necesarias para cerrar un acuerdo político de legislatura con ERC suficientemente sólido, pero ha confiado en que pueda producirse durante "los próximos días o semanas".

"Estamos convencidos de que no hay nada que impida un acuerdo de legislatura durante los próximos días o semanas. Se necesita voluntad política y generosidad al conjunto del independentismo, también en Junts, para hacer este acuerdo de legislatura posible", ha sostenido en la conferencia que ha pronunciado bajo el título de 'Un Govern para hacer, un Govern para ser', a la que ha asistido el vicepresidente en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès.

Esta conferencia se ha producido horas después de que ERC y la CUP hayan publicado su preacuerdo, que da dos años de margen a la mesa de diálogo, subordina el Consell per la República a una mesa de coordinación de la estrategia independentista, e incluye medidas económicas y sociales como una banca pública, una energética pública y un plan piloto de una renta básica universal, entre otras cuestiones.

Según Sànchez, le gustaría asegurar que hay un acuerdo político con los republicanos para encarar la reactivación económica y social de Cataluña, y para aprovechar que el hecho de que el independentismo superara el 50% de los votos se derive en actuaciones políticas para resolver el conflicto catalán: "Me gustaría decir que sí existe, pero ahora esto no es posible".

Sin embargo, ve posible revertir este posicionamiento para "no volver a caer en experiencias ya vividas de desencuentros, delealtades y tensiones permanentes que debiliten la mayoría electoral, la autoridad del Govern y su presidente, que decepcione y desoriente al electorado, y afecte a la gestión del Govern y, en consecuencia, el Parlament".

"Nada nos gustará más que seas presidente, sea en unos días o en unas semanas", ha asegurado dirigiéndose a Aragonès, y ha dejado claro que Junts no especulará con la posibilidad de celebrar nuevas elecciones, tampoco propondrá un candidato ni condicionará quién debe ser el candidato de ERC.

El objetivo de Junts, ha afirmado, es que Cataluña disponga de un Govern "fuerte, con capacidad de liderazgo" y determinado a afrontar la crisis económica y social así como a resolver el conflicto político a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación.

ACUERDO DE LEGISLATURA

Tras advertir de que el independentismo no puede desaprovechar esta legislatura, ha defendido la necesidad de cerrar un acuerdo de legislatura y no sólo de investidura en pro de la estabilidad y del liderazgo que, a su juicio, se necesita: "La gravedad del momento requiere acuerdos de fondo, sólidos, de gobernabilidad efectiva, no compromisos vacíos de contenido, ni menos aún avales a ciegas. Un Govern de coalición requiere de confianza entre los socios desde el primer hasta el último día"

"Si nos comprometemos, será para toda la legislatura, para los próximos cuatro años", ha recalcado Sànchez, que ha asegurado que todos han aprendido de los errores cometidos, y ha recordado las tensiones que sufrió Pasqual Maragall durante el primer tripartito, al que se compara con el 'Dragon Khan'.

"No queremos que el próximo Govern sea un Vietnam", ha apostillado el secretario general de Junts, y ha advertido de que avanzar en la autodeterminación sólo será posible desde la unidad estratégica de los actores políticos y sociales del independentismo, algo que están intentando.

En este sentido, ha defendido que el Consell per la República (CxRep), que preside el expresidente Carles Puigdemont, debe liderar el nuevo "embate" contra el Estado porque, en su opinión, es imprescindible el impulso de una dirección política compartida para generar consensos entre el independentismo y para definir la estrategia a seguir en todos los ámbitos.

CRÍTICAS AL PSOE

Pese a todo, se ha mostrado dispuesto a dar "una oportunidad, sincera y leal, a la actual mesa de diálogo" que defiende ERC con la voluntad de sumar, pero ha insistido en mostrar su escepticismo al respecto, y más después de que este mismo martes el PSOE haya rechazado poder debatir la ley de amnistía impulsada por las fuerzas independentistas.

"Pese a admitir la existencia de un conflicto político, el PSOE no ha hecho ninguna propuesta para resolverlo, se ha mantenido de forma persistente en el no a todo", ha lamentado Sànchez, que ha evitado hablar del papel de Podemos y los comuns, socios del PSOE en el Gobierno central.

Así, Sànchez ha asegurado a ERC que serán "sinceramente leales" en la voluntad de ganar un espacio de negociación con el Estado, aunque ha advertido de que no son ingenuos y que la credibilidad de la mesa de diálogo no puede ser eterna, por lo que proponen establecer criterios para evaluar los posibles avances que pueda haber.

OTROS ÁMBITOS

También ha criticado que haya quien acuse a Junts de no preocuparse por las urgencias sociales y económicas de Cataluña, y ha explicado algunas de las iniciativas que quieren impulsar como un plan de reapertura segura que refuerce la prevención, un pacto nacional por la industria, y la necesidad de que el Govern lidere la gestión de los fondos europeos.

En el ámbito lingüístico, quieren garantizar que se pueda vivir plenamente y normalmente en catalán, y también impulsarán el consenso para aprobar una ley del tercer sector así como afrontar crisis como el paro juvenil y la necesidad de regular el mercado del alquiler "defendiendo la actuación legislativa del Parlament en esta materia".

El PSOE, Unidas Podemos y los partidos que apoyan al Gobierno han recriminado este martes al PP que quiera que el Pleno del Congreso condene el comunismo, pero no la dictadura franquista, y le han avisado del riesgo que supone "banalizar el nazismo".

El debate ha tenido lugar en el hemiciclo a raíz de una proposición no de ley del PP, que se votará este jueves, y que busca que la Cámara inste al Gobierno a condenar el "totalitarismo comunista", poniéndolo al mismo nivel que el "totalitarismo nazi", un texto que ya fue rechazado el pasado mes de noviembre en la Comisión Constitucional, pero que los 'populares' han decidido resucitar para el Pleno al albur de la precampaña electoral madrileña.

En este contexto, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha planteado la iniciativa como una "segunda oportunidad" para que PSOE, Podemos, ERC, PNV, Bildu y el Grupo Plural se "retracten" y muestren una "repulsa unánime del totalitarismo y los regímenes autoritarios de toda calaña", incluidos los que, a su juicio, "torturan y mortifican" aún hoy, por ejemplo, al pueblo venezolano.

Así, les ha instado a dar la espalda "la polarización de los extremos" y a "recuperar el espíritu de la Transición sin revisionismos ni tergiversaciones" y ha cargado contra la "permisividad moral" con el totalitarismo comunista que, a su juicio, practica "la progresía sin fronteras".

En su réplica, el secretario general del PCE y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha asegurado que la iniciativa del PP queda "desautorizada" cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que "el fascismo es el lado bueno de la historia" y ha añadido que "al banalizar el mal y los crímenes contra la humanidad del nazifascimo", los de Pablo Casado se convierten en sus "cómplices".

POLÍTICA DEL ODIO

Además, ha reivindicado la lucha del PCE contra la dictadura. "Mientras Fraga firmaba la condena a muerte de Julián Grimau, nosotros impulsamos el pacto constitucional y dimos apoyo a esa Constitución que tanto les costó aceptar", ha restregado a Gamarra."Que les hayamos perdonado no les da ninguna autoridad moral para descalificar lo que ha representado y representa el PCE, no vuelvan a hacer política con el odio y el enfrentamiento", ha reclamado Santiago.

El líder del PCE y el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Simancas, se han preguntado si el siguiente paso del PP será pedir la "ilegalización" no sólo de los partidos independentistas sino también del PCE y de los socialistas. "¿Qué quieren, quedarse solos en el Parlamento para no tener que molestarse en comprar tránsfugas?", ha inquirido Simancas, quien ha defendido la legitimidad del Gobierno de coalición de "socialistas y comunistas".

"Estamos orgullosos de defender el interés general y la necesidad de plantarles cara a ustedes antes, ahora y siempre porque socialismo es libertad", ha proclamado. Además, ha destacado que el PP decidió llevar este asunto al Pleno el mismo día que se anunciaba la posibilidad de que España tenga una "vicepresidenta comunista y de Comisiones Obreras", en referencia a Yolanda Díaz.

"¿Quieren equiparar a la ministra de trabajo con Adolf Hitler y al Gobierno con el régimen que asesinó a millones de personas?", ha apostillado, a la vez que ha afeado a Gamarra que haya obviado en su iniciativa la condena de otros regímenes totalitarios, como el franquismo, que incluía también la resolución de la Eurocámara. "Venga ya, señora Gamarra", ha añadido.

El mismo reproche ha llegado por boca del diputado del PNV Joseba Agirretxea, quien ha defendido una enmienda precisamente para incluir incluya también una condena del franquismo. Desde Bildu, Oskar Matute ha mentado la colaboración de Franco con los nazis a través de la División Azul, ha recordado cómo el Ejército Rojo liberó Auswitch y ha acusado al PP de presentar esta iniciativa para "limpiar su mala conciencia" y que se "olvide" el origen franquista del fundador de su partido, Manuel Fraga.

"Dejen de excusarse en el comunismo y empiecen a limpiar sus propias casas", les ha dicho, tras homenajear diciendo sus nombres a varios militantes comunistas represaliados por la dictadura y mencionar también a Eugenio Espinosa de los Monteros, embajador en Alemania con Franco y pariente lejano del actual portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

"MI PADRE LUCHÓ POR SU LIBERTAD"

Después en un turno que le ha sido concedido por alusiones, el dirigente de Vox ha elogiado la figura del abuelo de unos primos segundos de su padre por ser, ha dicho, una "figura clave para evitar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial".

El diputado de ERC, Joan Josep Nuet, ha contado la historia de su padre, miliciano de las Juventudes Socialistas Unificadas, luchó en el bando republicano y estuvo seis años en campos de concentración. "Pasó por eso para que usted se pueda levantar de su escaño y decir aquí lo que piensa sin temer ningún tipo de represalia. Mi padre luchó por su libertad, por mi libertad y por nuestra libertad", le ha soltado a Gamarra.

Albert Botrán, de la CUP, ha reconocido que hubo dictaduras comunistas que cometieron crímenes, pero también ha señalado al comunismo como origen del actual Estado del bienestar y de la conquista de muchos derechos. Por eso ha rechazado el "discurso del bando vencedor de la guerra fría" que, a su juicio, ha resucitado el PP con su texto. "Viva el comunismo y la libertad", ha concluido.

VOX AL PP, ROMPAN CON LOS COMUNISTAS CHINOS

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha denunciado que "igualar fascismo y comunismo" es "una ignominia" que equivale a equiparar "dictadores asesinos con luchadores por la libertad". "Si quieren condenar empiecen por condenar el franquismo", les ha espetado, rechazando la "sucia campaña electoral" que, a su juicio, hace el PP "desde la bajeza moral de la manipulación histórica".

Por su parte, Genís Boadella, del PDeCAT, ha avanzado su apoyo al texto del PP, pese a acusarle de "machacar" con este tema por interés electoral. También Vox ha adelantado su 'sí' a través de Francisco José Contreras quien, no obstante, ha pedido al PP que, en coherencia con la misma, rompa el acuerdo de colaboración que María Dolores de Cospedal firmó en 2013 con el Partido Comunista Chino.

Guillermo Díaz, de Ciudadanos, por su parte, se ha negado a "separar en dos bloques el dolor y la muerte" porque "quien asesina es un asesino, no el portador de una idea", ha dicho, antes de advertir: "Cuidado con banalizar con el nazismo o el comunismo y mucho cuidado con utilizarlo para una campaña electoral".

Pablo Cambronero, el diputado que dejó Ciudadanos con destino al Grupo Mixto del Congreso, percibirá una subvención institucional de 1.700 euros al mes además de su sueldo. Y ello pese a que sus compañeros del Mixto le relegarán a una comisión parlamentaria de segundo nivel y sin opción a intervenir en el Pleno ni a realizar preguntas orales al Gobierno en la sesión de control.

Cambronero, policía de profesión y que ejercía como portavoz de Interior de Ciudadanos, anunció la semana pasada su baja del partido ante lo que considera "deriva sanchista" de la dirección de Inés Arrimadas. Si bien, a diferencia de su excompañera Marta Martin, no renunció al escaño, sino que comunicó su ingreso en el Grupo Mixto.

Con su entrada, el Mixto pasará a estar formado por diez diputados, más incluso que Ciudadanos, que se ha quedado con nueve. En esta formación heterogénea se dan cita siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), UPN (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno), y Teruel Existe (uno), además de Cambronero.

ARRIBA DEL HEMICICLO, CON UPN

Según informaron fuentes parlamentarias, Cambronero se sentará en la parte alta del hemiciclo, con sus nuevos compañeros del Mixto y junto a los diputados de UPN.

Pero en el Mixto ya le han comunicado que tendrá limitadas algunas de sus funciones parlamentarias porque será tratado como un 'diputado no adscrito', una figura que existe en corporaciones locales y asambleas autonómicas pero que el Congreso aún no ha regulado en su Reglamento.

Y es que Cambronero recala en el Mixto no por pertenecer a un partido minoritario, sino tras haber abandonado el grupo parlamentario con el que fue electo. Hay precedentes en años anteriores con diputados apartados del PP y del PSOE, y a ellos se atendrán.

SERÁ PORTAVOZ DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

Según se le ha comunicado, no podrá entrar en el reparto de tiempos de intervención, presencia en comisiones y cupos de iniciativas en igualdad de condiciones, ya que supondría restar a los demás. De hecho, no podrá intervenir en el Pleno ni en comisión, ni presentar iniciativas, y sólo podrá presentar preguntas escritas al Gobierno, por ser éste un derecho individual de cada diputado, y optar a una portavocía menor. En concreto, el Mixto le cederá su presencia en la Comisión de Peticiones, hasta ahora en manos del diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón.

Cambronero seguirá cobrando mensualmente 3.050,62 euros de salario base como diputado, a lo que sumará los 1.959,62 euros que reciben todos los parlamentarios de fuera de Madrid en concepto de dietas, además un complemento de 1.134,40 euros por ostentar la Portavocía de la Comisión de Peticiones.

Y a ello sumará la subvención de algo más de 1.700 euros mensuales, que era la que el Congreso abonaba a Ciudadanos por cada uno de sus escaños y que ahora se le ingresará en su cuenta. La Cámara da a los grupos una ayuda mensual en función del número de su diputados para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario.

Lo que no varía es la subvención fija que otorga la Cámara para cada grupo parlamentarios, que es de casi 30.000 euros mensuales, y que tanto Ciudadanos como el resto del Grupo Mixto seguirán percibiendo en igualdad de condiciones.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha negado este martes en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b' que existiera en el partido una contabilidad paralela. "Sería de la persona que fue tesorero, no del PP", ha dicho en alusión a Luis Bárcenas.

Cospedal, que ha declarado como testigo en la vista oral por videoconferencia, ha afirmado que no tiene ninguna "animadversión" hacia Bárcenas, en cualquier caso sería "desprecio", pero ha evitado mencionar su nombre durante su intervención que ha durado alrededor de hora y media. Tan sólo le ha nomrbado en tres ocasiones y se ha referido a él por el cargo que ocupó en el partido.

La ex secretaria general ha sido preguntada directamente por la afirmación que hizo el extesorero del PP sobre que algunos altos cargos del partido cobraron sobresueldos, entre los que la incluyó al igual que al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Sobre esto Cospedal ha dicho que es "falso" y que no tiene conocimiento de que existiera este "sistema" de pago.

En este sentido, ha negado rotundamente los dos apuntes de 7.500 euros que aparecen en los denominados 'papeles de Bárcenas' bajo su nombre. "No es que no lo recuerde, es que no lo recibí", ha destacado.

Tampoco ha reconocido que Bárcenas le entregara a ella o a Rajoy el remanenente de esa supuesta caja 'b' una vez que éste dejó de ser tesorero en 2009. "Desde febrero o marzo de 2009 no tuve relación prácticamente con esta persona, pero además es falso", ha dicho al respecto.

De este modo, Cospedal ha negado alguna irregularidad en el partido, por lo que en varias ocasiones ha afirmado que "la contabilidad paralela o la caja b no existe. Sería de la persona que la hizo pero no del PP". Y así lo ha repetido en referencia a los apuntes de Bárcenas, sobre los que ha dicho que "no son reales. Sería la contabilidad b del que fue gerente o tesorero del partido".

Con todo ello, la también ex minsitra de Defensa también ha dado credibilidad a la versión de Bárcenas sobre cómo el partido recibía donaciones. De hecho, ha añadido que no tiene ningún conocimiento de que algún empresario acudiera a la sede del PP en la calle Génova para aportar donaciones anónimas en metálico.

Cospedal ha asegurado al respecto que "las donaciones eran conforme a la legislación vigente y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas", recordando que a partir de 2007 la ley establece que estas aportaciones dinerarias tienen que ser nominativas.

La Comunidad Valenciana ha registrado 90 casos nuevos de coronavirus y ocho fallecidos, ninguno de ellos residentes, desde la actualización de ayer, mientras que los hospitales valencianos tienen 489 hospitalizados, 11 ingresados más, pero 119 camas de UCI ocupadas, 19 menos, según datos de la Conselleria de Sanidad.

Asimismo, se han administrado un total de 571.591 dosis de la vacuna contra el coronavirus, 68.034 en Castellón, 200.997 en Alicante y 302.560 en Valencia y 202.399 personas ya están inmunizadas.

De este modo, la cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 384.348 personas. Seis de los nuevos casos se localizan en Castellón (39.253 en total), 29 en Alicante (144.614 en total) y 55 en la provincia de Valencia (200.464). Además, hay dos casos sin asignar.

Además, se han registrado 8 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 7.074 personas: 776 en la provincia de Castellón, 2.681 en la de Alicante y 3.617 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 489 personas ingresadas frente a las 478 de ayer, y 119 camas UCI ocupadas frente a las 138. De ellos, 29 están en hospitales de la provincia de Castellón, con 2 pacientes en UCI; 221 en la provincia de Alicante, 54 de ellos en la UCI; y 239 en la provincia de Valencia, 63 de ellos en UCI.

Desde la última actualización se han registrado 249 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 385.348 personas en la Comunidad Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 39.682 en Castellón, 144.465 en Alicante y 201.146 en Valencia, además de 55 no asignadas. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 3.374 casos activos, lo que supone un 0,85% del total de positivos.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

Desde la última actualización, los casos positivos en residencias de mayores se han reducido a 11 (2 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 8 en la provincia de Valencia), 4 centros de diversidad funcional de la provincia de Valencia y 2 centros de menores (1 en la provincia de Valencia y 1 en la provincia de Alicante).

Asimismo, solo se ha notificado un contagio entre residentes, ningún trabajador, y no se ha notificado tampoco ningún deceso. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 6 residencias en la Comunidad Valenciana: 1 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 4 en la provincia de Valencia.

BROTES DE CORONAVIRUS

Asimismo, se han registrado 10 nuevos brotes desde la última actualización, de origen social en Benicarló 6 casos, Manises, 3 casos, Catral 4 casos, Quart de Poblet 7 casos, Aldaia 4 casos, Valencia dos de 5 casos cada uno, Alginet 7 casos, y en Rafelbunyol 6 casos de origen laboral y en Valencia 3 casos en el ámbito educativo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este martes la neutralidad política de las Fuerzas Armadas. Pero a la vez, ha garantizado "tolerancia cero" con cualquier comportamiento antidemocrático y ha respondido a las acusaciones de "franquismo" de Junts reprobando su "nostalgia del pasado".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el senador de Junts Josep María Cervera ha reprochado a Robles la existencia de militares "antidemocráticos y fascistas" y le ha acusado de falta de contundencia para erradicarlos de las Fuerzas Armadas.

"Usted parece que contra Franco vivía mejor, póngase al día", ha recomendado Robles al senador catalán recordando la labor de los militares durante el último año luchando contra la pandemia o combatiendo los efectos de la borrasca Filomena.

La ministra ha asegurado que el Ministerio de Defensa está plenamente comprometido en la lucha contra cualquier comportamiento que vulnere el ordenamiento jurídico y ha recordado que no le ha "temblado el pulso" si ha tenido que remitir algún asunto a la Fiscalía, en referencia al chat de militares retirados en el que hablaban del fusilamiento de personas o golpes de estado; aunque después la Fiscalía archivó el asunto.

Robles ha puesto también como ejemplo la sanción impuesta por el Tribunal Supremo a un teniente coronel en la reserva por escribir sobre una solución armada en Cataluña; pero ha rechazado que se quieran hacer investigaciones basadas en el "a ver qué pesco".

"A nadie se le puede preguntar por su ideología", ha recordado acusando a Junts de querer "sembrar una duda" sobre el conjunto de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el senador de Junts ha recordado algunos vídeos de militares entonando cánticos franquistas o ha denunciado que instalaciones militares conservan el nombre de dirigentes franquistas. "Y a su sombra algunos oficiales se encuentran como pez en el agua abonando el terreno para perpetuar la ultraderecha franquista en las Fuerzas Armadas", ha avisado.

"Póngase al día, visite los cuarteles, vea su trabajo en las residencias de ancianos, con los más vulnerables --ha respondido Robles--. Esas son nuestras Fuerzas Armadas, entérense bien".

El PP ha pedido este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no convoque reunión de la Junta de Portavoces el próximo 4 de mayo para no interferir en las elecciones autonómicas convocadas ese mismo día en la Comunidad de Madrid.

La celebración de elecciones regionales en un martes laborable ya ha ocasionado efectos en la Comunidad de Madrid, pues ya se ha decidido que ese día pase a ser no lectivo y que los escolares se queden con sus familias, pero también puede provocar consecuencias en la agenda política del día.

Los martes es el día habitual de reunión del Consejo de Ministros, según decidió el Gobierno de coalición nada más llegar a la Moncloa, y también de la reunión semanal de la Mesa y de la Junta de Portavoces, y todo ello va seguido de ruedas de prensa tanto por parte del Ejecutivo como los grupos parlamentarios.

BATET TOMA NOTA

Pero el 4 de mayo, esas comparecencias públicas del Gobierno y de los partidos en Madrid coinciden con una jornada electoral en la que de insta a los poderes públicos a guardar la neutralidad.

De entrada, y según informaron fuentes parlamentarias, el PP ha aprovechado la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso para pedir a Batet que el 4 de mayo no convoque esa reunión para preservar la neutralidad y no interferir en el desarrollo de la jornada electoral.

En el Congreso ya se decidió que no habría sesión plenaria en la última semana de campaña de Madrid, ni en la semana del 4 de mayo. Y lo que pretende el PP es que también se desplace la reunión semanal de la Junta de Portavoces, al menos al día siguiente de los comicios.

La presidenta del Congreso ha tomado nota y se ha reservado la decisión para más adelante, teniendo en cuenta que aún quedan varias semanas.

MEJOR, QUE YA SEA FESTIVO

La petición del PP llega precisamente cuando Más País, para evitar ese tipo de colisiones, ha propuesto declarar festivo en Madrid el día de las elecciones, lo que ya impediría la celebración del Consejo de Ministros y de la Junta de Portavoces del Congreso coincidiendo con la jornada de votación.

Esa propuesta de Íñigo Errejón ha sido apoyada por otros grupos del Congreso como Unidas Podemos y Esquerra (ERC), e incluso Vox a dicho que no la ve "imprudente".

La Guardia Civil ha aprobado este martes la creación de una Comisión Permanente de Igualdad y Diversidad dentro de una serie de normas de "gran importancia", entre ellas el Real Decreto que autoriza a los agentes lucir tatuajes vistiendo el uniforme. También se ha confirmado que este miércoles se reanuda el plan de vacunación contra la Covid, ampliándose al personal de hasta 65 años, después de paralizarse por las dudas con un lote de AstraZeneca cuando se había inyectado a 50.000 agentes sobre una plantilla de 77.000 efectivos.

La directora general, María Gámez, ha presidido esta mañana el Pleno Ordinario del Consejo de la Guardia Civil tras el cual el Instituto Armado ha puesto en valor la labor de las asociaciones profesionales para "acercar posturas con el mayor consenso posible".

En concreto, han abordado siete normas "de gran importancia", cinco de ellos proyectos de Reales Decretos, entre los que se encuentran la regulación de la Uniformidad, el Código de Conducta, Derechos de las Asociaciones Profesionales, Funcionamiento del Consejo y Quejas y Sugerencias.

"En materia de igualdad de género y diversidad, todo avance que se quiera implementar es poco, nunca hay tiempo que perder, y sí mucho que ganar si creamos ya desde hoy esta Comisión en este Consejo", ha dicho María Gámez sobre la Comisión Permanente de Igualdad y Género.

TATUAJES, ASPECTO NOVEDOSO

Sobre el Real Decreto de Uniformidad, la Guardia Civil ha destacado que regula el uso de la vestimenta tanto del agente en activo como en reserva con destino, pero también el del personal que se encuentra en otras situaciones administrativas como alumnado de los centros docentes, personal retirado o personal de las Fuerzas Armadas que presta servicio en la Guardia Civil. También se prevé el uso por personas ajenas al Cuerpo con arreglo a unas condiciones y previa autorización.

"Como uno de los aspectos más novedosos se regulan las condiciones en las que sí podrán exhibirse determinados tatuajes que sean visibles vistiendo el uniforme de la Guardia Civil, siempre que cumplan unas determinadas características, algo que hasta ahora no estaba contemplado", ha recordado el instituto armado. También se recoge la inclusión de uniformes especialmente adaptados para las mujeres guardias civiles en estado de gestación.

La Guardia Civil trabajó con las asociaciones en torno a un texto que recibió algunas críticas internas. La propuesta permite a los agentes lucir tatuajes, siempre que no comprometan la neutralidad política o sindical ni contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales o que reflejen motivos obscenos e inciten al odio.

PROCESO DE VACUNACIÓN REANUDADO

Además de los proyectos de reales decretos, todos ellos anunciados en la reciente comparecencia de María Gámez en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el Pleno ha abordado el proceso de vacunación del personal de la Guardia Civil, del que también dio detalles la directora general.

Hasta el día en que se interrumpió el proceso por las dudas con un lote con AstraZeneca, se habían vacunado casi 50.000 efectivos. "A partir de mañana miércoles se va a reanudar el proceso, según vayan avisando las comunidades autónomas con la particularidad de que se amplía hasta el personal de 65 años", ha señalado el instituto armado.

El pleno del Consejo ha tratado la Orden por la que se regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para la Guardia Civil, "de necesaria actualización desde la entrada en vigor de la norma específica de la Guardia Civil en 2011".

También ha sido objeto de este pleno la aprobación de la Orden General por la que se modifica la número 2/2019, de 28 de marzo, por la que se determina la composición y funcionamiento de los órganos de evaluación y se desarrollan los procesos de evaluación.

"La experiencia adquirida desde la entrada en vigor de la de 2019 aconsejaba la conveniencia de modificar determinados artículos de la misma, en lo referente a las juntas que se convocan tanto para determinar la insuficiencia de facultades profesionales como de condiciones psicofísicas del personal del Cuerpo", según ha explicado el cuerpo.

El Gobierno ha saludado este martes la propuesta de Arabia Saudí de un alto al fuego en Yemen y ha animado a las partes enfrentadas en el conflicto del que se cumplen ahora seis años a que busquen una solución política.

"El Gobierno de España saluda la propuesta de Arabia Saudí de declarar un alto el fuego nacional y tomar una serie de medidas con vistas a concluir un acuerdo político que ponga fin al conflicto en Yemen", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Asimismo, ha animado "a las partes a negociar sin más dilación una solución política bajo los auspicios de la ONU" y expresado su apoyo en este sentido a "los esfuerzos del enviado especial, Martin Griffiths".

Este lunes, el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, propuso un alto el fuego supervisado por Naciones Unidas en Yemen, así como la reapertura del aeropuerto de la capital, Saná. Asimismo, planteó la creación de una "iniciativa" para poner fin al conflicto y "alcanzar una solución política integral" aunque dejó claro que el reino se reserva "su pleno derecho" a defender su territorio de los ataques de los huthis.

Estos, a su vez, han rechazado la propuesta. Su portavoz, Mohamed Abdul Salam, dijo que será rechazada puesto que "cualquier iniciativa que no advierta de que Yemen ha sido objeto de agresión y bloqueo durante seis años y separe el lado humanitario de cualquier pacto militar o político no es seria ni nueva". "Los países agresores deben poner fin a sus ataques de manera integral y levantar el asedio por completo", sostuvo en Twitter.

Por contra, el Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha aplaudido este martes la propuesta saudí, al tiempo que acusado a los huthis de "prolongar la crisis humanitaria" en el país.

La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, y a los huthis, respaldados por Irán.

Los rebeldes controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país. El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido que los retrasos en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia son "inasumibles" y ha apostado por un modelo de acceso a la nacionalidad "consensuado, sensato, ágil y justo".

"Partimos de un hecho incontestable", ha respondido el ministro de Justicia al ser preguntado este martes en el Pleno del Senado por el senador del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana- EH Bildu Robert Masih Nahar por la gestión del Gobierno de los retrasos en las solicitudes de nacionalidad española por residencia.

El ministro ha explicado que el área de la gestión que lleva la tramitación de estos expedientes en el ministerio son 38 funcionarios y que hay una entrada anual de entre 85.000 y 100.000 expedientes para alcanzar la nacionalidad por residencia.

No obstante, ha asegurado que con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se ha puesto en marcha un plan con un objetivo "muy claro", gestionar 300.000 expedientes, con una valoración presupuestaria de 1,8 millones de euros.

"Tenemos el diagnóstico y esperemos que las conclusiones nos lleven al resultado deseado. Ofrezco un reto, que es rendir cuentas, formúleme en diciembre o enero una evaluación. Este Gobierno cuando propone algo lo hace", ha sentenciado.

Este plan de choque puesto en marcha tras la aprobación de los Presupuestos tiene, según ha explicado Campo, el objetivo de "remover estos obstáculos". "En menos de dos meses se ha puesto en marcha un auténtico plan de choque que va a intentar remover toda la tramitación, aligerarla y poder resolver estos expedientes que se acumulan a cientos de miles", ha insistido.

Durante su intervención, el senador del GPERB ha afirmado que hay expediente sin resolver "desde 2013", a los que no les falta ningún documento más para acreditar el derecho de residencia, sino que, a su juicio, "le falta la voluntad del Gobierno para resolver sus solicitudes y reconocer los derechos que tienen".

"No es posible conocer las fechas por las que se van resolviendo los expedientes de nacionalidad. Queda patente que no existe el orden de presentación como criterio para su resolución", ha criticado el senador.

En este punto, ha advertido de que el Ejecutivo "ya no puede culpar al Partido Popular" porque han tenido "suficiente tiempo para corregir los errores". "¿Hay algún departamento del Gobierno que esté funcionando bien?", ha preguntado.

La Ley Electoral de la Comunidad de Madrid va a condicionar el momento concreto en que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, deba dejar su cargo para concurrir a las elecciones regionales, dado que una de sus disposiciones considera "ineligibles" a los candidatos que sean miembros del Gobierno estatal una vez que se presenten las listas electorales.

Y es que la norma marca que ese precepto el mismo día de la presentación de su candidatura o en "cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones".

Según el artículo tercero de la normativa electoral madrileña, la calificación de "ineligible" para los comicios procederá en una serie de supuestos. En el apartado segundo, figura específicamente que esa condición rige para "el presidente y los miembros del Gobierno de la nación", así como sus "secretarios de Estado".

También se pauta para senadores, salvo los designados por la Comunidad de Madrid, tanto en elección directa como en aplicación del artículo 14.12 del Estatuto de Autonomía, el director general del Ente Público Radio Televisión Madrid o parlamentarios y miembros de consejos de gobiernos de otras comunidades autónomas.

En el siguiente artículo, el cuarto, establece que la calificación de inelegible se aplicará respecto de "quienes incurran en alguna de las causas mencionadas en el artículo anterior el mismo día de la presentación de su candidatura, o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones". El calendario electoral en Madrid establece que las candidaturas deben proclamarse como fecha límite el 31 de marzo.

Esta disposición esta siendo analizada ahora por el equipo del vicepesidente segundo para determinar su alcance.

PODEMOS ESTÁ INMERSO EN PRIMARIAS

Actualmente, Podemos está inmerso en un proceso de primarias internas que concluirá formalmente el 28 de marzo, para luego consensuar los puestos de la coalición con IU para la lista de Unidas Podemos, que ya ha confirmado además que la activista antidesahucios Alejandra Jacinto será candidata independiente.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, manifestó que su intención es dejar su cargo para ser candidato en la Comunidad de Madrid antes de que comience la campaña electoral, si bien no ha precisado aún la fecha en la que se formalizará su renuncia.

Situación distinta es la condición de diputado en el Congreso de los Diputados, que se puede ostentar por la normativa electoral hasta que tome posesión de su acta en la Asamblea de Madrid.

En una entrevista en Telecinco, Iglesias comentó que dejaría el escaño en un momento simbólico, si bien no concretó cuándo tenía pensado hacerlo. "Cada cosa a su tiempo", apuntó cuando se le preguntó si barajaba hacerlo el 14 de abril, que es el aniversario de la proclamación de la II República de 1931.

El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b' celebrará este miércoles su décima sesión después de un martes maratoniano con más de ocho horas de testificales. Ahora es el turno de los testigos más esperados, los ex presidentes del Gobierno y ex líderes de la formación política José María Aznar y Mariano Rajoy, que comparecen por videoconferencia para evitar riesgo de contagios por Covid-19.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó hace unos días la petición realizada por Aznar, Rajoy, y del exministro José María Michavila, entre otros, para que no testifiquen de forma presencial.

Todos ellos han seguido los pasos del ex secretario general del PP y exministro Ángel Acebes, primer ex alto cargo del partido que ha testificado en esta vista oral, y han invocado el artículo 14.1 de la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que señala que hasta el 20 de junio de 2021, "los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática".

CALENDARIO DE TESTIGOS

Tras las declaraciones de este martes, en las que se ha podido escuchar a los ex secretarios generales del partido María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, este miércoles el calendario de sesiones fija no solo para los dos expresidentes, sino también para el exministro de Justicia José María Michavila, para el exsenador Carlos Cuevas Villoslada, la exgerente del PP de La Rioja Ana Elvira Martínez, el arquitecto Claudio Montero Santos y la ex trabajadora de Unifica Noelia Fernández Muñoz.

También se ha citado al ex director general para la Modernización de la Administración de Justicia Alberto Dorrego y al abogado Borja García-Nieto Portabella, que aparece en los conocidos como 'papeles de Bárcenas' en relación a la compra de acciones de Libertad Digital.

El jueves será cuando comparezcan los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo; el director del diario 'El País' Javier Moreno Barber; el exdiputado Carlos Mantilla Rodríguez; Jaime Colomar Porcel; el ex secretario de Organización del PP de Galicia y 'números dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo --en prisión por la red corrupta--, el empresario Alfonso García Pozuelo y el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.

EXPECTACIÓN TRAS LA 'CONFESIÓN' DE BÁRCENAS

La expectación de las declaraciones de muchos de estos testigos ha aumentado después de que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión, incluyera en la lista de personas que cobraron supuestamente "complementos salariales" procedentes de la caja 'b' a Rajoy, Cospedal, Arenas, Álvarez Cascos, Acebes, Trillo, Rato, García-Escudero y Del Burgo.

Además, Bárcenas aseguró que el expresidente conocía perfectamente la existencia de una contabilidad paralela en el partido y que le grabó en una reunión en la que Rajoy le espetó que cómo podía seguir conservando anotaciones sobre esa caja, mientras introducía dichos papeles en una máquina trituradora.

A todo ello se suman las acusaciones de Bárcenas de que la operación 'Kitchen', que le robó la documentación comprometedora para el PP que guardaba, fue orquestada por el Gobierno.

LA PRIMERA CITA DE AZNAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Será la primera vez que Aznar --cuya declaración la solicitó la acusación popular ejercida por Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade)-- comparezca en la Audiencia Nacional para explicar qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los 'populares.

Fue en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, cuando aseguró que "no existe ninguna caja b" en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, su testifical ha sido interesada por la misma acusación popular y por la de Izquierda Unida (IU). Fue precisamente Adade quien consiguió que este ex jefe del Ejecutivo compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión, en la que aún era presidente del Gobierno, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja 'B' del PP porque su responsabilidad en el partido eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno que lideraba.

El Gobierno de Aragón ha confirmado 106 nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2, correspondientes a los resultados de 2.040 pruebas diagnósticas conocidas este lunes, 22 de marzo, en los que ha habido una positividad del 5,20 por ciento.

Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico, en Zaragoza se han comunicado 81 positivos, en Huesca, 18, y en Teruel, seis, a los que hay que sumar uno en el que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.

Del total de 2.040 pruebas diagnósticas, 1.280 han sido PCR y 760 test de antígenos. Los asintomáticos han representando el 36 por ciento y se han dado 262 altas epidemiológicas.

Las pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas se han elevado a 2.679, de ellas, 1.709 PCR, 772 de detección de antígenos, 178 pruebas serológicas y 20 tests rápidos de anticuerpos.

Los nuevos positivos, por municipios, se han concentrado en Zaragoza, con 56; Huesca, con nueve; Calatayud, con siete; Fraga y Utebo, con dos cada una; y Barbastro, Jaca y Teruel, con uno.

Por zonas de salud, las que más casos han confirmado en esta jornada han sido las Huesca Capital número 1 --Perpetuo Socorro-- con siete; Calatayud Urbana, con seis; San José Centro y San Pablo, con cinco; Alcorisa, Arrabal, Bombarda y Torrero-La Paz, con cuatro; y Almozara, Casablanca, Fraga, María de Huerva, Rebolería, Sagasta-Ruiseñores y Santa Isabel, con tres cada una.

HOSPITALIZACIÓN

Aragón cuenta con 270 camas ocupadas por pacientes con la COVID-19, 50 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 220 en planta. La comunidad autónoma dispone de 1.334 camas disponibles, de ellas, 91 de UCI con respirador, siete de UCI sin respirador y 1.236 de hospitalización convencional.

La distribución de los pacientes, en la capital aragonesa, en centros públicos, indica que en el Hospital Royo Villanova hay 32 ingresos, siete de ellos en UCI; en el Nuestra Señora de Gracia, 15, cuatro en UCI; en el Servet, 93, 19 en UCI; en el Militar, seis; y en el Clínico Universitario, 68, once de ellos en UCI.

En centros privados, en la Clínica Montpellier, hay tres personas ingresadas; en el Hospital Quirón, cuatro, dos en UCI; y en el Hospital San Juan de Dios, uno.

En la provincia de Zaragoza, en el C.S. Ejea-Cinco Villas, uno; y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, cuatro. En la de Huesca, en el Hospital San Jorge, 12, cinco en UCI, y en el de Barbastro, 19, uno en UCI. En Teruel, en el Hospital Obispo Polanco, cuatro, uno en UCI; en el Hospital San José, uno, y en el Hospital de Alcañiz, siete.

SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN

Aragón ha administrado 209.921 vacunas contra la COVID-19, el 74,65 por ciento de las disponibles. Del total, 73.536 han sido segundas dosis y se mantiene una reserva de stock como remanente de 6.000 para garantizar la continuidad del programa de vacunación en caso de retraso en el suministro.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem' ha citado para este miércoles a las 9.45 horas en calidad de investigado al abogado Juan Vila-coro al que le imputa haber participado en delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos por contratar los servicios, supuestamente ilícitos, del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Su comparecencia llega en el marco de la pieza separada número 29 y se produce después de la de Antonio Chávarri, quien fuera su socio de bufete. Chávarri a principios de marzo indicó ante el juez Manuel García-Castellón que fichó a Villarejo porque el detective privado al que solía recurrir no le funcionaba bien y que se lo presentó su socio de despacho Vila-Coro.

Además, Chávarri comentó que decidió prescindir de Villarejo al ver que no hacía nada productivo respecto al 'encargo' que le había encomendado. El comisario había sido contratado para que espiara al conocido empresario del deporte Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.

GRASS: MOLPECERES Y EL CONCURSO DE ACREEDORES

En el auto de imputación de ambos abogados, de 23 de noviembre de 2020, se detalla que en esta pieza se investigan los proyectos 'Grass' y 'Hacha' del entramado empresarial y profesional creado por Villarejo en torno al Grupo Cenyt.

Los servicios de Villarejo, según auto, fueron contratados en octubre de 2012, y se desarrollaron y abonaron a los largo tanto de ese año como de 2013 por lo que en esas fechas el comisario aun estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

El objetivo del encargo era salvaguardar los intereses de 'K' --así denominaba el comisario a su cliente-- y todo arranca con la separación del abogado Antonio Chávarri de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres.

Con la ruptura matrimonial se inicia un "conflicto" entre Chávarri y Molpeceres, que compartían negocios inmobiliarios. El abogado, en un momento dado, entra en situación de insolvencia por años de malas inversiones en negocios inmobiliarios poco fructíferos y acaba presentando un concurso de acreedores, siendo uno de los principales acreedores su exsuegro.

En esa ecuación es en la que entra Villarejo. Chávarri teme que el concurso derive en su inhabilitación o que su patrimonio y el de sus hijas pueda verse afectado por una supuesta alianza de Molpeceres y el administrador del concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil.

Por eso contrata los servicios de Cenyt a través de Stuart&McKenzie --también firma de Villarejo-- "para conseguir la máxima información personal, patrimonial e incluso averiguar la posible comisión de antiguos hechos delictivos por parte de Molpeceres y Pérez Gil y así poder conseguir el cese de los supuestos ataques que vendría sufriendo hasta ese momento".

Entre la diversa documentación intervenida en los registros en el domicilio y en el despacho de Villarejo destacan tres archivos de audio y varios documentos en los que se identifica a los intervinientes, el contenido de los servicios contratados en el 'Proyecto Grass', que hubo acceso al tráfico de llamadas del investigado Pérez Gil y hasta los precios pactados para su abono de forma opaca.

Por este encargo, Villarejo emitió hasta diez facturas desde su mercantil Stuart&McKenzie a Chávarri y Muñoz Abogados SL por importe total de 363.000 euros. Y otras dos facturas por un total de 108.900 a Vara Gestión de Activos SL, vinculada también al abogado.

El auto del magistrado añade que por lo que respecta a los pagos recibidos por Cenyt relacionados con este proyecto constan abonos de nueve transferencias ordenadas por Chávarri y Muñoz Abogados SL porpor un importe total de 411.400 euros.

EL PROYECTO 'HACHA'

De los registros en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo, y de la documentación intervenida en la oficina de Cenyt en Torre Picasso, se tiene constancia de un segundo proyecto, denominado 'Hacha', que data de 2014, y cuyo cliente también es ese despacho de abogados.

En este caso, el encargo se hace debido a los diversos problemas internos surgidos con los otros dos socios minoritarios de la citada mercantil, Santiago Muñoz Martín y Juan Vila-Coro. A pesar de que Antonio Chávarri es el presidente y propietario del despacho con el 70 por ciento de las participaciones los otros dos "le habrían despojado tanto de sus derechos políticos, como de la gestión de la citada sociedad".

Villarejo debe en este caso realizar acciones de análisis jurídico y legal, asesoramiento, consejo y negociación que, de manera directa o indirecta, ayude al cliente, Antonio Chávarri, a recuperar la gestión de la empresa.

En el caso de 'Hacha', los honorarios estaban condicionados al éxito de los objetivos, así, dependiendo de los resultados la cuantía oscilaría entre los 75.000 euros y los 125.000 euros, más IVA. Sobre los pagos vinculados a este proyecto se han localizado un borrador de factura de 25.000 euros más IVA (30.250 euros). Se da la coincidencia de que hay un abono en la cuenta de la mercantil de Villarejo por ese valor desde el despacho de abogados en enero de 2015.

Tras analizar todo esto, el magistrado decidió que procedía tomar declaración como investigados no sólo a Chávarri y a su socio minoritario Vila-Coro sino también a Redondo y por supuesto a Villarejo.

LAS EMPRESAS DE VILLAREJO

Además requirió a la Unidad de Asuntos Internos para que por medio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía se certificara si alguna de las mercantiles identificadas en la investigación como integrantes del Grupo Cenyt estaba autorizada para la prestación de servicios como detectives privados conforme a la ley de Seguridad Privada (tanto la de 1992 como la vigente de 2014).

Sobre este extremo el juez ya tuvo respuesta de la Policía, y es que recibió un informe de esa unidad en el que se certificaba que "ninguna de las mercantiles" que integraban el Grupo CENYT, cuyo titular real era el comisario José Manuel Villarejo, estaba autorizada para la prestación de servicios de detectives privados.

Un perito antropométrico ha acreditado que la joven italiana que está en prisión no es la mujer que prendió fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona durante unas protestas por Pablo Hasél en Barcelona, según ha explicado el abogado de la joven, José Manuel del Río.

Tras el ingreso en prisión de ocho personas por un presunto homicidio en grado de tentativa y pertenencia a grupo criminal, entre otros delitos, el letrado de la joven observó "que había unas diferencias claras entre la persona que lanza el líquido al furgón con la persona que luego es detenida".

"En las imágenes se puede ver que la persona va arremangada con los brazos al descubierto con tatuajes", y del Río asegura que la joven italiana no tiene tatuajes.

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO

Con la ayuda de un perito antropométrico realizan un estudio de las fotografías y de imágenes hechas por la prensa de los momentos del incidente, "de cuando se rocía el furgón con líquido y se prende, y luego de cuando la detienen a ella, que es en la calle Rambla Cataluña con la calle Córcega, que no tiene nada que ver con la detención de las otras personas, que son detenidas a 1,5km y media hora antes".

Ha explicado que el perito visionó las imágenes y determinó de forma científica que no son las mismas personas, "la diferencia de ropa es evidente y a nivel fisionómico también: la otra persona es unos 10 centímetros más alta, más joven y más delgada, y tiene tatuajes".

El letrado hizo un recurso de reforma y durante la tarde de este lunes se enteró de que "el Ministerio Fiscal apoyaba el recurso y pidió que la joven quedara en libertad. Así ha sido cómo ha quedado en libertad una persona que es inocente".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la Comunidad de Madrid "no es una comunidad segura para las mujeres" y la senadora del Grupo Parlamentario Popular, Ana Camins, le ha recriminado que Isabel Díaz Ayuso "ha conseguido ser presidenta por sus propios méritos y no por ser la mujer de absolutamente nadie".

"El problema es que su corrupción, sus recortes y sus privatizaciones son violencia económica contra las mujeres y por eso Madrid no es una comunidad segura para las mujeres", ha afirmado este martes Montero durante su intervención en el Pleno del Senado, al ser preguntada por Camins sobre la valoración del Gobierno de la situación actual de la igualdad de oportunidades.

En concreto, la ministra ha hecho referencia a que en la Comunidad de Madrid han "destruido" la red de atención a víctimas de violencia de género y que no se han gastado "ni un euro" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Eso es violencia contra las mujeres. Si a ti te violan en la Comunidad de Madrid solamente hay un hospital de referencia al que se pueda acudir en toda la comunidad. Si eres víctima de violencia de género mayor de 65 años te mandan a una residencia, no tienes derecho a pedir plaza en casa de acogida", ha criticado.

En este punto, Montero ha advertido de la "insistencia planificada" del Partido Popular para "vilipendiar, humillar y cuestionar" a las mujeres feministas que hacen política, algo que, a su juicio, "es violencia contra las mujeres".

Así, ha destacado que la "corrupción" del PP hizo que una mayoría de españoles y parlamentar "les echase de España" y que "su machismo va a hacer que muy prontito se les eche del gobierno de la Comunidad de Madrid".

Por su parte, la senadora popular le ha dicho a Montero que "como buenos comunistas" tiene una ideología de igualdad "que es absolutamente imposible", donde el esfuerzo o la capacidad "importan absolutamente nada", por lo que están "consiguiendo empobrecer a toda la sociedad".

Para la senadora del GPP, hay "más igualdad pero en las listas del paro, en las colas del hambre". "No hay ni un solo dato bueno que avale su gestión y no ha alentado ninguna manifestación para protestar por esto. No le hablo de violencia de género porque es una vileza culpar a cualquier gobierno de lo que hacen unos asesinos, eso se lo dejamos a ustedes", ha apuntado.

"Dígale a Iglesias que en Madrid le estamos esperando ansiosos en las urnas, que cada insulto que le dedique a Ayuso nos lo vamos a colocar en la solapa como una medalla", ha concluido Camins.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, modificará la dirección de IU cuando se oficialice su reelección en la XII Asamblea Federal para situar como áreas centrales de la estrategia política de la organización el ecologismo, feminismo y el republicanismo.

Además, se marca como objetivo seguir fortalecer la coalición con Unidas Podemos dado que la confluencia con la formación morada es "inevitable" y no se puede limitar solo a lo electoral. No obstante, ese trabajo se desplegará desde una mirada "crítica" dado que este espacio político debe aspirar a conformar mayorías.

En esta nueva ejecutiva la eurodiputada Sira Rego se mantiene como portavoz de la dirección colegiada y desarrollará la estrategia de Acción Exterior de IU mientras que se designará a la exdiputada Eva García Sempere como responsable del área de Ecologismo. A su vez, la dirigente de IU Clara Alonso liderará el área de Igualdad mientras que la parcela de Republicanismo recae en Elena Torres, que procede de Jóvenes de IU y es estudiante.

Mientras, Ismael González repetirá como responsable de Organización y Finanzas de IU, el área de política Institucional estará dirigida por la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, y la parcela de Estrategia y Elaboración Política tendrá al frente a Ángel de la Cruz. Finalmente el responsable de Modelo de Estado, Justicia e Interior de IU tendrá como titular al diputado en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Estos son los nombres y parcelas que ya están definidas en la futura dirección de IU aunque la Comisión Colegiada se ampliará posteriormente y se definirán de forma concreta el resto de áreas directivas vinculadas a estos departamentos más centrales

En un encuentro con medios de comunicación después de que más del 76% de la militancia le ha apoyado para que siga como coordinador federal, Garzón ha destacado el desarrollo de la XII Asamblea Federal, que concluye este fin de semana, tras más de 750 debates territoriales y más de 2.300 enmiendas presentadas a los documentos, que revelan un nivel de participación positiva.

"LA TRADICIÓN OBRERA DEBE TENIRSE DE VERDE Y MORADO"

El también ministro de Consumo ha destacado que desde que fue elegido al frente de IU, la organización ha pasado de vivir una situación "delicada" a estar presente en el Ejecutivo de coalición e incrementar su "influencia política.

Para esta nueva etapa, Garzón quiere "acentuar" el programa ecologista y feminista en IU para responder a la "crisis ecosocial" que se ha disgnosticado en los últimos años, basada en tres elementos: "cabio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad".

Por tanto, estas áreas no quieren que sean solo un elemento discursivo sino que tiene que erigirse como claves de la acción política. "La tadición obrera tiene que venir tenida de verda y morado", ha enfatizado para destacar también la aspiración republicada que defiende IU para el país.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha anunciado este martes que habilitarán cerca de 500 puntos de vacunación masiva dirigidos a la población general para "hacer llegar la vacuna a todo el país", algunos de gran capacidad como Fira de Barcelona.

Lo ha explicado en rueda de prensa junto a la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella.

En concreto, estos espacios son 433 centros de atención primaria (CAP) y módulos anexos; 46 puntos de vacunación intermedios; y seis grandes espacios: Fira de Barcelona, la Fira de Cornellá, el Pabellón de Sabadell (Barcelona), el Pabellón 11 de setembre de Lleida, el Palau Firal de Girona y otro espacio en el Camp de Tarragona todavía pendiente de concretar.

Vergés ha aclarado que estos seis grandes espacios --que habilitarán en zonas con alta densidad de población-- se utilizarán solamente si disponen de "un gran número de dosis" y ha destacado que, en caso de incrementar todavía más la disponibilidad de vacunas, se hará una llamamiento masivo en otros espacios como el Camp Nou.

La estrategia de vacunación masiva "pivotará" alrededor del personal de la atención primaria, ha apuntillado el vicepresidente, que ha añadido que disponen de una bolsa de más de 9.000 profesionales en caso de que los necesiten para satisfacer los objetivos de la campaña, en sus palabras.

DISPONIBILIDAD

Al ser preguntados por el inicio concreto de esta fase de la campaña de vacunación, los responsables han descartado poner una fecha exacta dada la inestabilidad de la llegada de vacuna pero han explicado que se vacunará a los mayores de 15 años empezando por las franjas de mayor edad.

Asimismo, Aragonès ha concretado que la previsión para las próximas semanas es que se incremente la disponibilidad de dosis de vacuna y ha reivindicado que, cuando lleguen, el sistema sanitario lo tiene "todo previsto para suministrar 500.000 dosis semanales".

Por su parte, la consellera ha ratificado el mensaje del vicepresidente y ha defendido que "la estrategia y el ritmo de la campaña lo marcan la disponibilidad de dosis".

LLEGADA DE DOSIS

Sobre la llegada de dosis de vacuna previstas para las próximas semanas, Argimon ha precisado que la semana del 29 de marzo llegarán a Catalunya 120.000 inyecciones de Pfizer mientras que la semana del 5 de abril recibirán 195.000 de la misma compañía farmacéutica.

Al ser preguntado por si podrán mantener el ritmo de vacunación durante Semana Santa, el secretario ha explicado que distribuirán las dosis "muy rápidamente" para administrarlas durante tres días laborables de trabajo intenso pero ha defendido que seguirán administrando dosis el viernes y el sábado si es necesario.

Aragonès ha reiterado que el objetivo de la campaña de vacunación es llegar al 70% de la población para alcanzar la inmunidad de grupo pero ha lamentado las incidencias en el cumplimiento de las entregas de vacuna tras 12 semanas de campaña y ha emplazado al Estado y a la Unión Europea (UE) a "resolver los problemas con la industria farmacéutica".

ESTRATEGIA

En relación al estado actual de la campaña de vacunación, Argimon ha detallado que han vacunado el 30% de los mayores de 80 años o más --118.000 personas-- y ha previsto, teniendo en cuenta que deben pasar tres semanas entre la primera y la segunda dosis, que terminarán esta franja de edad a mediados de mayo.

Además, están citando a alrededor de 245.000 personas de entre 60 y 65 años, tanto de profesionales esenciales como de la población general, para la administración de AstraZeneca en las próximas semanas, lo que representa el 50% de esta franja de edad.

El secretario ha insistido en las dificultades logísticas de la campaña de vacunación pero ha defendido que mantendrán el ritmo "si el compromiso de la estrategia europea no falla".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles la estrategia del Gobierno para hacer frente a los ciberataques en respuesta a una pregunta del PP en el Senado, que le ha reprochado que "no está siendo efectivo" por el repunte de incidentes y la "guerra de ministerios", citando el reciente ataque registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

"Se está vendiendo como que hemos recuperado datos, que ya está funcionando. Vamos a ver, que esos datos se los ha llevado quien sea y tiene para hacer estafas a los españoles durante 20 años", ha denunciado el senador 'popular' Francisco Javier Márquez Sánchez en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

Márquez ha aludido a "números de cuentas corrientes, de empresas y de ciudadanos" sustraídas en el incidente del SEPE antes de preguntar: "¿Han detenido a alguien?" "Esto no es ciberseguridad, es asumir responsabilidades", ha continuado, "no sé si ha sido un gobierno el que ha atacado, qué pinta el Ministerio del Interior y por qué no se centraliza todo en el Ministerio de Defensa".

MÁS DE 200.000 CIBERATAQUES EN 2020

El senador 'popular' ha recordado los datos de la Guardia Civil para comparar los 81.000 ciberataques registrados a 31 de diciembre de 2017 con los más de 200.000 contabilizados al cierre de 2020, "el año de la pandemia", como ha recordado Grande-Marlaska, poniendo en valor los planes del Ejecutivo para hacer frente a esta amenaza.

"Yo a usted no le culpo de los ciberataques que se están produciendo en España", le ha dicho el senador del PP, lamentando a continuación que el Gobierno responda con evasivas a las cuestiones formuladas sobre esta cuestión debido, según él, a que los ministerios del Interior y Defensa están "a ver quién quita competencias a quién en un juego de tronos, porque cada uno quiere mantener su reino de taifas".

El senador del PP ha concluido su intervención aludiendo a la polémica por la adquisición de una cinta de correr para renovar la que estaba en el Ministerio del Interior desde antes de la llegada de Grande-Marlaska. "Se tiene que tomar esto en serio porque el internet de las cosas y el 5G todavía no ha empezado, pero es hackeable un marcapasos, un coche o hasta una cinta de correr de estas chulas", ha señalado.

CIBERSEGURIDAD Y JOGGING

Grande-Marlaska ha contestado poniendo en duda los conocimientos sobre la materia del senador Francisco Javier Márquez. "Creo que usted en materia de ciberseguridad habla de oído y en materia de jogging algo parecido", ha dicho, comparando el tema tratado en la sesión de control con la alusión al ejercicio físico.

"Confunde los ciberataques con la ciberseguridad", le ha reprochado el titular del Interior, añadiendo que lo primero "es parte" de lo segundo. En este sentido, ha citado la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que se ha "potenciado" en Interior junto al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras o el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

El ministro también ha mencionado el Plan Estratégico de Cibercriminalidad aprobado en 2021 y que busca promover la "cultura de la prevención", la especialización de las Fuerzas de Seguridad o impulsar la coordinación tanto nacional como internacional. "¿Le suena?", le ha preguntado al senador del PP.

Grande-Marlaska ha continuado citando al Departamento de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la que derivan, según ha dicho, "el resto de planes que dan respuesta a un problema de una importancia como es la ciberseguridad y, dentro de la ciberseguridad, la cibercriminalidad".