El secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González-Barba, ha saludado este martes en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea a la propuesta de la Comisión Europea de un Reglamento para el establecimiento de un certificado digital que favorezca el restablecimiento de la movilidad y ha abogado por avanzar en las negociaciones para hacer realidad esta iniciativa en el mes de junio, antes de la llegada del verano.

Durante su participación por videoconferencia en la reunión del Consejo, se ha felicitado por el inicio inmediato de los trabajos tanto jurídicos como logísticos para la puesta en marcha de esta iniciativa y ha subrayado la importancia de que las negociaciones avancen de la manera más ágil posible para que el certificado esté operativo en junio, antes de la campaña turística de verano.

La reunión ha servido para intercambiar puntos de vista sobre las medidas de coordinación para la lucha contra la pandemia y para el restablecimiento de la movilidad de cara al verano, así como para abordar la exportación de vacunas fuera de la UE y la donación de vacunas a países en desarrollo.

En este sentido, González Barba ha afirmado que España defiende todas las medidas que puedan ayudar a recuperar la movilidad y a la vez proteger la salud de los ciudadanos.

Los ministros de Asuntos Europeos han coincidido en que la gravedad de la situación exige una intensificación de los esfuerzos de producción, entrega y despliegue de las vacunas y la pertinencia de las actuales restricciones de viaje.

En el marco de la preparación de la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, los ministros también han abordado el funcionamiento del Mercado Interior y la importancia de la revisión de la política industrial de la UE, que la Comisión Europea presentará el próximo mes de abril, así como la transformación digital y la economía de datos y los esfuerzos en el marco europeo e internacional en materia de fiscalidad digital.

En este contexto, el secretario de Estado español ha insistido en la necesidad de identificar aquellas áreas relevantes para mejorar la autonomía estratégica de la UE.

Así, González-Barba ha subrayado que la transición digital no debe dejar a nadie atrás y ha recordado la importancia de desarrollar el Pilar Social de la UE, destacando la relevancia de la Cumbre Social de la UE que tendrá lugar en Oporto el próximo mes de mayo.

De cara la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa, ha recordado que ésta debe ser ante todo una Conferencia que aborde cuestiones de interés para la ciudadanía europea. Y, ha pedido también a las instituciones que se facilite al máximo la participación en las lenguas cooficiales de España en la plataforma digital multilingüe de la Conferencia.

Por último, junto con otros Estados miembros, ha lamentado la retirada de Turquía del Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, lo que ha calificado como una mala noticia para la promoción y protección de los derechos de las mujeres tanto en Turquía como en el resto del mundo.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha criticado duramente la "decisión política" y "unilateral" del alcalde socialista de Palma de Mallorca, José Hila, de cambiar el nombre de calles de la ciudad alegando una simbología franquista, entre ellas la calle Toledo. Tras asegurar que es un paso "desafortunado e inoportuno", ha exigido explicaciones al regidor, al que ha acusado de "hurtar" un debate de este calado en el Pleno municipal.

El Ayuntamiento de Palma ha comenzado a ejecutar este martes el cambio de placas de calles y plazas para eliminar alusiones franquistas, empezando por la avenida Joan March, que pasa a llamarse 'Avinguda del Gran i General Consell', en recuerdo del máximo órgano del Reino de Mallorca.

Esta decisión supone además retirar las calles de tres almirantes del siglo XIX por "franquistas". En el caso de la calle Toledo se ha justificado el cambio argumentando que hace referencia a la batalla de la Guerra Civil en el asedio al Alcázar de Toledo.

"EN CRISIS EL PAÍS NO ESTÁ PARA GASTARSE 40.000 EUROS"

"Este cambio de calles es inoportuno y desafortunado. En un momento de crisis económica no está el país para gastarse más de 40.000 euros como parece que se van a gastar con el cambio de nomenclatura de calles".

Además, el dirigente del PP ha subrayado que, aparte del gasto para las entidades públicas, ocasionará un "perjuicio a los comercios y a los residentes en esas calles si tienen locales comerciales", que les obligaría a "cambiar tarjetas, logotipos y páginas web". "Eso supone un gasto adicional para comercios y para propietarios", ha enfatizado, para aludir también a que eso afectará también al catastro o al pago de tributos.

Terol ha criticado especialmente que se decida cambiar el nombre de la calle Toledo, que ha sido "capital de este país durante muchos siglos y forma parte del patrimonio histórico de la humanidad según la Unesco". "Es un retraso cambiar de nombre esta calle", ha resaltado.

Aunque ha dicho que "parece" que se ha "rectificado a última hora" con esa calle, el dirigente del PP ha asegurado que esta "decisión política" afecta "gravemente al honor y al prestigio de una ciudad tan relevante en la historia como es Toledo".

SE HA "HURTADO" EL DEBATE

El responsable de Política Territorial del PP ha denunciado que se haya "hurtado" ese debate al Pleno del Ayuntamiento porque, según ha asegurado, ha sido una "decisión unilateral" del alcalde, "que lo ha hecho vía decreto".

"Un debate tan serio, como el cambio de la nomenclatura de calles que va a afectar a miles de vecinos en Palma, al final es una decisión que debe tomarse con la anuencia y el debate del Pleno municipal y se ha tomado unilateralmente por parte del alcalde socialista de la ciudad de Palma", ha resaltado.

Por eso, Terol ha solicitado al alcalde que ofrezca "explicaciones públicas y que someta el debate al Pleno", de forma que se posicionen los ciudadanos y los concejales elegidos por ellos ante una decisión que el PP considera "desafortunada e inoportuna".

La declaración del que fuera jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI) Constancio Riaño prevista para este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem', en el marco de la pieza separada en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario José Manuel Villarejo, ha quedado suspendida sin fecha.

El ex inspector de la Comisaría General de Información había sido citado este miércoles en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos. También estaban citados como imputados otros dos policías, José María Serrano Ydigoras y Manuel Novoa Martínez.

Riaño ya confirmó en 2019 en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos privados de terceros al 'clan' del comisario Villarejo por orden del entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el también investigado en la causa Enrique García Castaño. En concreto declaró por esas búsquedas en bases policiales al margen del cauce oficial y para el encargo del bufete de abogados Herrero y Asociados --pieza número 2 de la macrocausa denominada 'Iron'--.

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicita para este ex inspector de Policía Nacional 50 años de prisión por su implicación en 'Iron'. Así, será juzgado junto a Villarejo y otros encausados a partir del 13 de octubre en la vista oral que acumula tres piezas separadas (Iron, Land y Pintor).

LOS POLICÍAS NO SABÍAN QUE TRABAJABAN PARA VILLAREJO

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo declararon hasta cuatro mandos policiales ya, investigados también por su supuesta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de cohecho. Todos coincidieron en afirmar que no sabían que la información que extraían de programas policiales iba destinada al comisario Villarejo.

Según fuentes jurídicas presentes en su declaración, sostuvieron que ellos sólo extraían información que les demandaban sus superiores por escrito, y que esas órdenes no eran verbales. Apuntaron que pensaban que se trataba de asuntos normales de la Policía.

En un auto con fecha de 22 de febrero el magistrado que investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado imputaba a estos policías, un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales. A la par, ordenaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que aportara la identificación de la persona que desde una concreta dirección IP ubicada en la Comisaría General de Información (CGI) en marzo de 2015 realizó una consulta sobre personas de interés policial con el dato 'Smolnikov' en los ficheros y aplicaciones Argos, Atlas Sidenpol y Objetos.

El magistrado recordaba que en los encargos realizados por el comisario se llevaron a cabo injerencias en los derechos fundamentales de determinadas personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos o acceso a cuentas bancarias. Subrayaba que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporaban "una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales".

Ciudadanos, ERC, Junts per Catalunya y Compromís en el Senado han tachado de "paripé" y de "falaz" el proceso llevado a cabo para la renovación del Consejo de Administración de RTVE tras la publicación de los miembros pactados por el Gobierno y el PP antes de su votación en la Cámara Alta.

El pasado 25 de febrero, el PSOE y el PP anunciaron que habían cerrado un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE. Este anuncio se producía antes de que el Congreso y el Senado votasen a los vocales que les corresponde designar.

La Cámara Baja eligió a José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro Castro y Juan José Baños Loinaz, cuyos nombres habían sido pactados por el PSOE, Unidas Podemos, el PP y el PNV.

La votación de mañana en la Cámara Alta es también un mero formalismo ya que el Gobierno y el PP ya tienen seleccionados a los cuatro nombres que van a apoyar y que ya fueron publicados: Ramón Colom, Concepción Carmen Cascajosa, Roberto Lakidaín y Consuelo Aparicio Avendaño. En la votación, los candidatos necesitan contar con un apoyo de dos tercios de la Cámara (175 senadores).

En este escenario, el portavoz de ERC, Bernat Picornell, ha asegurado que su grupo apostó por el proceso de renovación "decididamente desde el principio" porque entiende que RTVE "debería responder más a criterios de profesionalidad que no a criterios políticos".

"Al final, lo que nos hemos encontrado es que los partidos de siempre --PP, PSOE, PNV y Unidas Podemos-- se han repartido otra vez las sillas a la vieja usanza", ha manifestado, para después añadir que, aunque es "legítimo", el "espíritu del proceso no era acabar así".

EL CONCURSO PÚBLICO, "PERVERTIDO"

Por su parte, el senador de Ciudadanos en el Senado, Tomás Marcos, ha anunciado que su grupo no participará en la votación para la elección de los miembros del Consejo de Administración, como ya hizo en el Congreso, porque "otra vez se ha perdido una oportunidad.

"Tanto el PP, como el PSOE y Unidas Podemos han pervertido el sentido el concurso público para la elección de los máximos responsables de la Corporación", ha criticado Marcos, para después añadir que "varios de los consejeros que formarán parte del Consejo de Administración serán nombrados por su cercanía a determinadas posiciones políticas y no por sus méritos y capacidades, tal como demuestra la evaluación realizada por el Comité de Expertos" que llevó a cabo una primera selección de 20 nombres.

Desde Junts per Catalunya, su portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries, también ha adelantado que no votarán mañana ya que había una Comisión de Nombramientos para elegir a los vocales o proponer los miembros a ser elegidos, "pero en cambio en los periódicos" ya se sabía el resultado, lo que ha calificado de "paripé".

A su juicio, los pactos políticos para la elección de miembros son "legítimos", pero no considera "de recibo que, a través de los medios de comunicación", ya se conozca "el resultado de un debate, de una votación de unas pruebas de idoneidad".

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha calificado el proceso de elección "totalmente falaz, donde las palabras nunca han acompañado a los hechos", que comenzó con la constitución de un comité de expertos que "fueron elegidos a dedo por algunos de los partidos políticos, expertos que carecían, en muchos casos, de las competencias profesionales necesarias para evaluar a los candidatos de una empresa pública altamente especializada".

Según ha señalado Mulet, "partiendo de esa base, la pregunta es qué podía salir mal. "Pues salió prácticamente todo mal, porque lo que comenzó en el ámbito de la política ha terminado también en el ámbito de la política, que era lo que se tenía que haber evitado y no se ha querido evitar", ha subrayado.

EL PP CRITICA LA GESTIÓN DE MATEO

El senador 'popular' Javier Lacalle ha reconocido que el proceso "se ha prolongado mucho más en el tiempo" de lo deseado y ha insistido en la postura del PP sobre la gestión realizada por la administradora única provisional, Rosa María Mateo.

"Ha sido un desastre, ha sido calamitoso, el resultado de la gestión de Televisión Española durante este tiempo con Rosa María Mateo al frente. Los datos hablan por si mismos", ha declarado, al tiempo que ha asegurado que el PP quiere dar "carpetazo, que se pueda proceder a terminar con esa provisionalidad" y que "algo pueda cambiar en el futuro con el nuevo Consejo".

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Miguel Ángel Vázquez ha recriminado al parlamentario del PP que haya defendido "con poca convicción" el acuerdo "necesario". "Le recomiendo que acompasen sus discursos a sus hechos para que sean creíbles como opción política con visión de Estado", ha replicado.

Vázquez ha apuntado que "el periodo de interinidad se ha extendido durante demasiado" por "un calendario electoral intenso", por la "complejidad" del propio sistema de elección y por el "bloqueo de algunos grupos políticos, entre ellos el Partido Popular, a la renovación de los órganos constitucionales o entre ellos el Consejo de RTVE". Además, ha agregado que la herencia de Mateo fue "envenenada" y le ha agradecido "su trabajo, su compromiso y su vocación" por RTVE.

El broche a este proceso de renovación iniciado en 2018 se pondrá el este jueves 25 de marzo en el Pleno del Congreso, según el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces. Ese día se elegirá al presidente de entre los diez consejeros elegidos en las Cortes.

El candidato, conforme a lo pactado hace semanas, es José Manuel Pérez Tornero, periodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, que fue el quinto mejor puntuado en el concurso público para RTVE.

El PP volverá a intentar que el Congreso debate su propuesta de crear una comisión de investigación sobre casos de abusos a menores bajo tutela pública en centros de acogida, tanto en las Islas Baleares como en la Comunidad Valenciana. La decisión se ha tomado tras conocerse que la Audiencia de Valencia ha condenado a cinco años de prisión, por abusos continuados, al exmarido de Mónica Oltra, la líder de Compromís y vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Así lo ha adelantado la portavoz de Igualdad del PP, Marga Prohens, quien considera "muy grave" esa sentencia y denuncia la "doble vara de medir" de los partidos del Gobierno de coalición, con víctimas "de primera y de segunda".

"SILENCIO ATRONADOR" DE LA IZQUIERDA

"Hay silencios que son atronadores --ha señalado-- ¿Qué hizo Mónica Oltra para investigar estos hechos? ¿Por qué no ha hablado Iglesias, que es responsable nacional de políticas de Infancia? ¿Por qué está callando la ministra de Igualdad, Irene Montero?".

Así las cosas el PP piensa reactivar esa comisión de investigación que hace un año pidió junto con Ciudadanos para depurar las responsabilidades, "tanto por acción como por omisión", que la Administración General del Estado y las citadas comunidades pudieran tener en estos presuntos abusos a menores tuteladas.

En el texto registrado, que no llegó a debatirse en el Pleno, ambos partidos defendían la presentación de esta iniciativa en el Congreso ante el rechazo a la creación de comisiones de investigación en los parlamentos de dichas comunidades, donde gobiernan el PSOE con Unidas Podemos.

En su exposición de motivos, recogían los casos de agresión sexual sufridas por más de quince menores bajo tutela de un centro dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno balear, y la condena al educador Luis Eduardo Ramírez Icardi por abuso sexual de una menor en un centro de acogida.

En la solicitud, explicaban que comisión de investigación tendrá por finalidad investigar en un plazo de tres meses --que podría ser prorrogado-- la gestión de los centros de menores tutelados ubicados en Balares y la Comunidad Valenciana, y formular las recomendaciones oportunas para evitar en el futuro situaciones similares.

El actual jefe de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha y ex jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de este cuerpo, Félix Antolín, ha negado absolutamente las acusaciones de acoso laboral por parte de un funcionario del cuerpo en el juicio iniciado este martes en la Audiencia Provincial de Guadalajara y que proseguirá a primera hora del próximo viernes.

Ese día continuará la vista en la Audiencia Provincial de Guadalajara contra el ex jefe de este cuerpo de élite ubicado en Guadalajara por parte del subinspector del GEO, B.G.M., cuya acusación pide para el jefe de la Policía en Castilla-La Mancha dos años de cárcel, petición que, tienen previsto mantener en sus conclusiones finales.

En su declaración en la vista, el querellante ha mantenido que hubo acoso, atribuyéndolo a través de su defensa a que los acusados entendieron que eso "era su cortijo y hacían lo que querían en él porque en vez de valorar los méritos se valoraba la fe ciega", han señalado. "Pensaban que estaban por encima del bien y del mal, que eso era su cortijo", han insistido.

La querella de B.G.M., funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, se formuló el 25 de mazo de 2015 por un delito de acoso laboral contra el que fuera comisario del GEO, pero también contra el inspector jefe y jefe operativo de este cuerpo de élite, A.C.A. --que sigue en el cargo--, entendiendo el querellante que, por orden de ambos, se le había apartado de todas y cada una de sus funciones desde el 24 de mayo de 2014 "sufriendo una situación humillante y discriminatoria", según el escrito de calificación.

No obstante, la Fiscalía entiende que procede la libre absolución de ambos querellados por considerar que los hechos que motivaron la querella no son constitutivos de ninguna infracción penal.

Lo que sí se ha visto en la sala en base a la declaración de diferentes testigos es que en el año 2014 el ambiente en el GEO no era el óptimo y ello motivó que, en varias ocasiones, se celebraran reuniones asamblearias en las que se llegó a pedir el relevo del jefe operativo de este grupo de élite.

A juicio de B.G.M., serían estas asambleas y las medallas que supuestamente solicitó un inspector que fue cesado en su momento lo que tomarían los querellados "como defensa para tapar su mala gestión", ha indicado, tras asegurar que si a él no le cesaron fue porque no podían porque tiene una plaza en concurso específico de méritos de la Administración.

Así, la querella presentada por B.G.M. es por "supuestas discrepancias de B.G.M. y otros compañeros con sus superiores, por una disconformidad con las propuestas realizadas por los superiores en relación a unas condecoraciones policiales", unos hechos que, según el escrito, llevaron a que entre B.G.M y los ahora querellados se perdiera la confianza mutua.

El hecho de que se celebre este juicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara en vez de en los juzgados está motivado por la ley 2/86 de la Policía, que dice que al tratarse de unos mandos policiales en el ejercicio de sus funciones debe ser sustanciado en la Audiencia.

El PSOE ha aceptado tramitar en el Congreso la propuesta del PNV de reformar las sanciones por incumplir sentencias del Tribunal Constitucional y derogar la inhabilitación de cargos públicos contemplada en la ley que impulsó el Gobierno del PP en 2015. Pero la iniciativa del PNV incluye también derogar el recurso previo de inconstitucionalidad para reformas estatutarias, y esa parte los socialistas ya avisan que no van a asumirla.

De hecho, en el debate en el Pleno del Congreso el socialista Odón Elorza ha reprochado al PNV que dé "lecciones de constitucionalismo" cuando "no aman" la Carta Magna, mientras que el PP ha pedido al PSOE no caer "en la trampa del independentismo".

UNA REFORMA DE DOBLE FILO

El portavoz de Justicia e Interior del PNV, Mikel Legarda, ha sido el encargado de defender la proposición de ley con la que su partido busca derogar dos cambios introducidos en 2015 en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): el recurso previo contra las reformas estatutarias, aprobado por la entonces mayoría del PP con el apoyo del PSOE, y las potestades ejecutorias que permiten inhabilitar a los cargos públicos que incumplen las decisiones del TC, aprobada en solitario por el PP.

Legarda sostiene que ambos cambios suponen "una desnaturalización del modelo de justicia constitucional con negativas consecuencias al atribuir al TC unas responsabilidades que no le son propias". Según el parlamentario vasco, le arrogaron una "carga política" que desdibujó la función de "árbitro" que le otorga la Norma Fundamental como su máximo intérprete.

En el caso del recurso previo, que permite controlar la constitucionalidad de los proyectos de reforma de los estatutos autonómicos antes de que entren en vigor, Legarda ha denunciado que provoca tal "distorsión" en el sistema de relaciones entre los poderes del Estado que convierte al TC en una especie de "tercera cámara parlamentaria".

Y todo ello, ha recriminado, para posibilitar que "los responsables públicos puedan hacer dejación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el pacto los problemas políticos de fondo, permitiendo delegarlos en el alto tribunal", en un "solapamiento inadmisible" con el artículo 155 de la Constitución Española (CE), que encarga la solución de conflictos políticos a instancias políticas.

No obstante, Legarda ha reconocido que han presentado esta proposición de ley "con el ánimo de abrir un debate" sobre las reformas operadas en 2015 para "lograr un reequilibrio de los elementos en juego del modelo de justicia constitucional más acorde con una interpretación conjunta de la CE".

SIN "VETO" A LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA

La respuesta del PSOE la ha dado el diputado Odón Elorza, que ha expresado su apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley pero aclarando que los socialistas están "profundamente" en contra de derogar el recurso previo de constitucionalidad, si bien que están dispuestos a "recorrer el camino" para reformular la LOTC "en aquella parte en la que el PP se extralimitó dando poderes innecesarios" a la corte de garantías.

Elorza se ha mostrado muy crítico con los planteamientos del PNV, acusando a Legarda de dar "una lección de derecho constitucional dirigida a nacionalistas", "una lección interesada de la CE", y echándole en cara la contradicción que --a su juicio-- supone que quieran eliminar el recurso previo pero mantener el control 'a posteriori' cuando es lo que provocó el "desaguisado tremendo" del 'procès'.

"Mucho cuidado con dar lecciones de constitucionalismo", le ha dicho, afeando al PNV que "no aman la CE, no la defienden y no la han votado". A este respecto, ha preguntado a Legarda dónde estaban el 27 de octubre de 2017, cuando había una buena oportunidad de "defender la legalidad constitucional", para responder él mismo que "estaban votando en contra del 155".

Además, ha deslizado que la propuesta de derogación del recurso previo podría estar relacionada "con un referéndum del futuro quizá nuevo estatuto de autonomía para Euskadi", recordando en este sentido que en su momento el PNV acordó con Bildu celebrar "una consulta popular habilitante" entre la aprobación del mismo y su remisión a las Cortes Generales para "meter presión" a las cámaras, al TC o "a todos".

Sobre esto, Elorza ha querido enfatizar que el PSOE no interpreta el recurso previo como un "atajo" o un "veto" a la negociación política y, en consecuencia, no dejará de "dialogar" con País Vasco y otras comunidades autónomas sobre "el avance de su proceso de autogobierno dentro de los límites de la CE".

"Nosotros jugamos en la liga de la defensa de la democracia, la Constitución y del autogobierno de un país plural en el que, ojalá, podamos abordar una reforma constitucional en una línea federal o federalizante", ha sostenido, al tiempo que ha urgido al PNV a dejar claro que no juegan en la misma liga que Bildu o ERC.

Desde Unidas Podemos, la diputada Martina Velarde se ha mostrado en contra de las reformas de 2015 que, en su opinión, "situaron a España en el siglo pasado" con el objetivo de que el PP lograra el "control total" del Tribunal Constitucional para "utilizarlo contra los parlamentos autonómicos y criminalizar a los independentistas". Sin embargo, ha ironizado, el Partido Popular es el que más ha hecho por la causa independentista: "Con ustedes es cuando más cerca estuvimos de romperse España".

Desde las filas nacionalistas e independentistas, Junts, ERC, CUP, BNG y Bildu han apoyado la iniciativa legislativa y, en el caso de la diputada Merxte Aizpurua (Bildu), ha reiterado su invitación al PNV para que, ante la perspectiva de que "los tribunales puedan cepillarse un estatuto aprobado por la mayoría de los ciudadanos vascos", emprendan juntos "el camino democrático para escuchar lo que quieren en su futuro, para respetarlo y para hacerlo realidad".

PP, VOX Y CIUDADANOS, EN CONTRA

En el extremo contrario, el diputado 'popular' Jaime de Olano ha rechazado la proposición de ley esgrimiendo que "el sistema constitucional del 78 está hoy igual de amenazado que en 2015". "Poco han cambiado las cosas desde aquel otoño de 2015 hasta ahora, más al contrario, el devenir del tiempo y la actuación de algunos en Cataluña han demostrado la certeza de aquellas reformas", ha defendido.

De Olano ha advertido al PSOE en contra de caer en la "trampa del independentismo", reivindicando que las reformas de 2015 otorgan una "seguridad jurídica" que "incomoda" a quienes pretenden "mantener el enfrentamiento político porque viven de esa victimización que tanto necesitan para no dejar al descubierto sus mentiras (...): la entelequia de la independencia de una parte del territorio nacional".

En la misma línea, Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha explicado que el recurso previo trata de evitar un "choque de legitimidades" entre los poderes del Estado que es el que explotaría la "propaganda independentista con una idea falaz", señalando igualmente a la "mentira" de que "la soberanía no corresponde al pueblo español en su totalidad sino a un territorio". Frente a ello, ha recalcado, está la "garantía" del TC.

El diputado de Vox José María Sánchez también ha entendido que la propuesta del PNV es "contraria a la unidad nacional" y ha aprovechado para defender una propuesta anterior de Vox para extender el recurso previo a todas las leyes orgánicas, no solo a los estatutos de autonomía.

La directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, el coordinador autonómico de Podemos en la región, Jesús Santos, y la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, o el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez acompañarán al vicepresidente Pablo Iglesias en su candidatura para las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Estos son algunos de los nombres que figuran en la candidatura del líder de Podemos para las primarias internas para estos comicios, según ha adelantado 'eldiario.es'. Hoy a las 23.59, una vez estén avalados sus integrantes, los representantes de cada lista deberán registrar la misma en el formulario que publicará el partido.

Mañana se publicarán las candidaturas, abriendo también en plazo de campaña para que los aspirantes expongan su proyecto. Los días 26 y 27 tendrán lugar las votaciones telemáticas y el 28 de este mes se publicarán los resultados.

El nombre de Serra figuraba en todas las quinielas para acompañar a Iglesias y cuya situación judicial, pendiente del recurso del Supremo a la condena de inhabilitación distada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que participó en unos altercados durante un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014, desencadenó el paso adelante del paso adelante del vicepresidente como candidato.

En el caso de Gimeno ya fue diputada en la Asamblea de Madrid antes de dar el salto a este órgano adscrito al Ministerio de Igualdad, con lo que ahora se perfila para regresar a la política madrileña.

Mientras, Santos es concejal en el Ayuntamiento de Alcorcón y hombre de total confianza de Iglesias en la región. De hecho, compartió con él y Serra sus planes para dejar el Ejecutivo y concurrir como candidato para potenciar las posibilidades electorales de Podemos de cara a estos comicios.

Respecto a Rodríguez, que actualmente forma parte del gabinete de Iglesias en la Vicepresidencia, ya intentó su paso a la política municipal de Madrid al presentarse a liderar Podemos en la capital y formar parte de la candidatura al Ayuntamiento en las pasadas elecciones.

Sin embargo, la ruptura con la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que fraguó una alianza con Más Madrid de la mano del ahora diputado Íñigo Errejón, desencadenó que Podemos no concurriera a las elecciones municipales de la capital en 2019.

ALEJANDRA JACINTO

Además, hoy ha transcendido que la abogada y activista por el Derecho a la Vivienda, Alejandra Jacinto, concurrirá en un puesto destacado como candidata independiente en la lista de Unidas podemos a las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, que liderará el aún vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

Una vez que finalice el proceso de primarias interno en Podemos e IU, la lista conjunta reservará un puesto también, que será alto, para Jacinto como representante de la sociedad civil, en este caso de colectivos en favor de mejorar el derecho a la vivienda.

El aún vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que se presentará a las elecciones para la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha criticado, durante su última intervención en el Senado, a quienes "pisotean las leyes para destruir servicios públicos y machacar a las personas dependientes".

"En mi experiencia de Gobierno podría decir que todas las CCAA menos una han sido leales al asumir el desafío de la pandemia, todas menos la Comunidad de Madrid, y esto no es un problema solo de los madrileños sino del conjunto de ciudadanos del Estado. Y creo que en una cámara de representación territorial como el Senado tenemos que hacer esta reflexión: No se puede consentir que algunos piensen que se pueden pisotear las leyes para destruir los servicios públicos, los derechos sociales y para machacar a las personas dependientes", ha subrayado Iglesias.

Durante su intervención, Iglesias ha afirmado que el Plan de Choque en Dependencia aprobado por el Gobierno con las CCAA y firmado con patronales y sindicatos, ha ido "todo lo lejos" que han podido conseguir y ha añadido que con él, pretenden llegar a todos los ciudadanos porque "la dependencia es un problema del que se puede hablar en euskera, castellano, gallego o catalán".

"Se trata de solventar con colaboración institucional, voluntad política y fondos públicos, un problema que sufren diariamente ciudadanos que se expresan y sienten en lenguas diferentes, porque la Dependencia es un problema del que se puede hablar en euskera, en castellano, en catalán, en gallego, y que se puede declinar con muchas tonalidades distintas pero que requiere que todas las administraciones nos pongamos de acuerdo incluso aunque haya diferencias sobre cómo se tienen que organizar las competencias", ha explicado.

Así lo ha indicado en respuesta a la interpelación de la senadora del PNV Nerea Ahedo, que le ha preguntado sobre "si el Gobierno considera que el Plan de Choque en Dependencia presentado por el Ministerio es un instrumento suficiente para dar cumplimiento a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia".

Ahedo considera que el Plan es "necesario" pero lo ha calificado de "parche" y ha advertido de que es "una clara invasión competencial" por el nivel de detalle al que llega al hablar de objetivos, medios o indicadores.

"Dan la solución de siempre: café para todos, cuando la situación de partida es diferente. Hablan de un plan de reducción de listas de espera, pero es que hay CCAA donde la lista de espera es de 120 días y otras de 900, de tener que esperar cuatro meses a tres años, sobre todo en una situación de dependencia, creo que las soluciones no pueden ser las mismas", ha precisado Ahedo.

También le preocupa a su grupo que, al igual que ocurrió hace 14 años con la ley de dependencia, se generen expectativas con este plan de choque y luego "no se cumplan".

"Esta ley se merece un impulso mayor que solo este plan, se le debe a las personas con el derecho reconocido. Me habría gustado que, aprovechando su paso por el Ministerio, hubiera sido un poquito más ambicioso", ha apelado Ahedo.

Iglesias ha comenzado su respuesta recordando que esta es su última intervención en el Senado y se ha despedido dando "las gracias a todos" los senadores, "también a las bancadas que abuchean". "Ha sido un honor debatir con ustedes", ha asegurado.

Iglesias se ha mostrado de acuerdo con la senadora del PNV en que el "café para todos cuando hay realidades diferentes, no siempre es lo más eficaz" pero ha puesto de relieve que el "apoyo" que han recibido de "territorios de diferente signo político, expresa el alcance del plan".

"Es un cambio de paradigma que me gustaría que fuera más lejos pero va todo lo lejos que hemos podido conseguir", ha subrayado el aún vicepresidente segundo del Gobierno.

El punto de partida del plan es, según ha precisado, "revertir en un solo presupuesto los recortes" con un aumento de 600 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2021, con incrementos hasta 2023. Además, ha enumerado los principales objetivos: reducir las listas de espera de la Dependencia, asegurar unas condiciones laborales adecuadas que acaben con "los niveles de precariedad absolutamente escandalosos" e implementar mejoras en los servicios y prestaciones.

El plan prevé asimismo que a finales de 2022 todas las personas dependientes que estén en su domicilio reciban teleasistencia y además, este año se va a regular la figura del asistente personal que está "poco y desigualmente desarrollada".

Para Iglesias, la firma de este plan supone haber "cumplido uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno, en una situación tan complicada" como la que atraviesa el país debido a la pandemia de la Covid-19.

"Creo que hemos logrado --y las cosas son siempre mejorables--, ofrecer certezas a la ciudadanía de que cumplimos lo que acordamos. Aquí, no me canso de decirlo, quedan más cosas por cumplir, también tendremos que cumplir lo que firmamos el presidente del Gobierno y yo en lo que se refiere a la vivienda y creernos de una vez el artículo 47 de la Constitución", ha insistido.

El Pleno del Senado dará luz verde este miércoles a la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato, con lo que quedará aprobada definitivamente, restando solo su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que los cambios surtan efecto.

Se espera que el Pleno mantenga las posiciones manifestadas el lunes en la Comisión de Justicia, que confirmó el texto procedente del Congreso de los Diputados al rechazar los vetos de PP y Vox y las enmiendas de los 'populares'.

La propuesta de los socios de Gobierno comenzó su andadura el pasado mes de diciembre y, tras una tramitación urgente en ambas cámaras, podría estar plenamente operativa en apenas unos días con su publicación en el BOE.

Durante la Comisión de Justicia, el senador socialista José María Oleaga volvió a defender que la reforma "trae causa de un problema que ha generado el PP" por no pactar la renovación del actual CGPJ, que lleva pendiente más de dos años, acusando a los 'populares' de plantear "un desafío legal y constitucional" que ha provocado "una distorsión en el funcionamiento de la administración de justicia".

Por su parte, el senador del PP Fernando de Rosa reiteró que esta proposición de ley es un ataque a la independencia judicial. "Asistimos a un asalto al CGPJ que no tiene justificación en un Estado de Derecho pleno", dijo, expresando una posición que comparten Vox y Ciudadanos.

LLENAR UNA "LAGUNA JURÍDICA"

El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es "establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación".

Para Podemos y PSOE, el hecho de que la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regule las funciones de un CGPJ caducado es una "laguna jurídica" que "constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido".

En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial. En cambio, plantean que conserve "aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante" para evitar la "parálisis" de la Justicia.

El PSOE y Unidas Podemos presentaron esta reforma, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

SIN ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN

En febrero, PSOE y PP retomaron las negociaciones para elegir a los nuevos vocales del CGPJ, pero naufragaron, esta vez, por el veto de los 'populares' a los dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Desde entonces, no se han conocido progresos.

En estos más de dos años de interinidad, el CGPJ ha seguido adelante con las designaciones de jueces y magistrados, si bien en el orden del día de su Pleno del jueves no incluirá los cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo que quedaron pendientes tras el extraordinario del pasado 4 de marzo, entre otras razones, debido a la inminente aprobación de la reforma, según han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidió inicialmente no incluir la designación de vacantes en el Pleno ordinario de este mes, dadas las noticias que auguraban un acuerdo entre socialistas y 'populares' para renovar el órgano constitucional. Las fuentes consultadas han indicado que no parece que esto pueda volver a repetirse, tanto por la reforma de la LOPJ como por la situación política con la cita electoral en la Comunidad de Madrid, que parecen alejar aún más el acuerdo.

El vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Unidas Podemos en las autonómicas de Madrid, Pablo Iglesias, dejará el Ejecutivo la semana que viene --antes de lo que tenía previsto-- y participará en su último Consejo de Ministros el próximo martes, para cumplir con la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, que considera "ineligibles" a los candidatos que sean miembros del Gobierno estatal una vez que se presenten las listas electorales.

Él mismo ha reconocido, a su salida de del Pleno del Senado, que el del martes será "probablemente" su último Consejo de Ministros, al ser preguntado por los periodistas sobre el contenido de la citada norma. Según esta ley, para poder ser candidato, Iglesias debe dejar el Gobierno un día antes de que se registren las candidaturas; plazo que expira el próximo miércoles 31 de marzo.

La dimisión del líder de Podemos la próxima semana precipitará a su vez la segunda remodelación del Gobierno que debe acometer el presidente, Pedro Sánchez, desde que se conformó la coalición en enero del año pasado. El traspaso de carteras se producirá ese mismo martes o, más tardar, el miércoles.

En esta ocasión, los cambios consistirán en que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasará a ser vicepresidenta, convirtiéndose en la principal interlocutora de Unidas Podemos dentro del Gobierno. No obstante, ya no ocupará la vicepresidencia segunda, como Iglesias, sino la tercera, para no quedar por encima de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ahora será la segunda vicepresidenta.

Además, está previsto que entre en el Gobierno, como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la actual secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, una de las principales dirigentes de Unidas Podemos, y de las más críticas con las reticencias del PSOE a aceptar las propuestas de los 'morados' y, en concreto, con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

IGLESIAS QUERÍA SEGUIR HASTA MEDIADOS DE ABRIL

El contenido de la ley electoral madrileña norma alterar los planes que en un principio tenía Iglesias de seguir en el Gobierno un mes más y dejar su cargo de vicepresidente a mediados de abril, justo antes de que arrancara la campaña electoral.

En una entrevista en Telecinco, Iglesias comentó que dejaría el escaño en un momento simbólico, si bien no concretó cuándo tenía pensado hacerlo. "Cada cosa a su tiempo", apuntó cuando se le preguntó si barajaba hacerlo el 14 de abril, que es el aniversario de la proclamación de la II República de 1931.

Iglesias ha aprovechado su intervención en el Pleno del Senado de este martes, en respuesta a una interpelación del PNV, para señalar que era su "última intervención" en esta cámara, y para dar las gracias a todos, también a la bancada que le "abuchea", tras lo cual ha recibido el aplauso de parte del hemiciclo. "Ha sido un honor debatir con ustedes, tanto desde la bancada del Gobierno como compareciendo en comisión. He aprendido de todos ustedes", ha apostillado.

El vicepresidente, que anunció justo hace una semana su decisión de dejar el Gobierno y saltar a la política madrileña, se había marcado como objetivo que su último mes en el Ejecutivo sirviera para dejar encarrillad la ley de vivienda, la ley trans o algunos aspectos de la derogación de la reforma laboral; cuestiones todas con las que Unidas Podemos mantiene importantes discrepancias con el PSOE.

En concreto, el artículo tercero de la normativa electoral madrileña establece que la calificación de "ineligible" para los comicios procederá en una serie de supuestos. En el apartado segundo, figura específicamente que esa condición rige para "el presidente y los miembros del Gobierno de la nación", así como sus "secretarios de Estado".

Desde el sector socialista del Gobierno han evitado entrar a comentar los tiempos que manejaba Iglesias para dar este paso, y han asegurado que el hecho de que la salida del líder 'morado' se produzca antes o después no va a influir en la acción del Ejecutivo, según las fuentes consultadas.

A este respecto, estas fuentes han explicado que Iglesias no participa directamente en las negociaciones sobre los temas concretos y que creen que va a seguir teniendo la última palabra sobre la postura que adopten los 'morados' aunque ya no esté en el Gobierno, por lo que el resultado será el mismo.

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han exigido este martes al Gobierno central la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el Real Decreto sobre medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.

En un comunicado conjunto, los consejeros de Hacienda de cinco gobiernos regionales y de la Ciudad Autónoma de Ceuta han reclamado la reunión "con la máxima urgencia" del CPFF, en el que están representados el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas, para abordar una modificación de este decreto y la situación de la lucha contra los efectos de la pandemia en las empresas y autónomos.

Los responsables de Hacienda de Galicia, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Ceuta han denunciado el "menosprecio" hacia los gobiernos regionales por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que acusan de actuar de manera "unilateral" y con "deslealtad institucional".

En este sentido, reprochan al Ejecutivo que haya encomendado a las Comunidades Autónomas la gestión de buena parte del Fondo de Ayudas directas a empresas "sin consensuar previamente" con ellas y sin darles "la opción de decidir conjuntamente los criterios de reparto", además de censurar que se hayan enterado de ello por el Boletín Oficial del Estados (BOE).

"Unos criterios impuestos sin diálogo, que benefician a los de siempre, y que entendemos resultan poco razonables, puesto que se aplican sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio", lamentan los seis consejeros, que critican que se imponga a las Comunidades Autónomas la obligación de gestionar "ayudas que entrañan una gran complejidad y deja muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender".

En la misma línea, han subrayado que se trata de un "nuevo episodio de deslealtad institucional del Gobierno" al "dejar de lado" a los gobiernos regionales "en las decisiones más trascendentes". El Ejecutivo, han señalado, demuestras así "que su concepto de co-gobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral".

Los consejeros del PP han abundado en las críticas por esta "decisión desleal y sin consenso" que se suma a la falta de transparencia y diálogo en la gestión de los fondos de Recuperación, la falta de claridad sobre la ejecución de Next Generation o la ausencia de información sobre el Fondo COVID 2021.

La economía española se desangra como consecuencia de la crisis por la COVID y de la desacertada política que está imponiendo el Gobierno de España, dejando sistemáticamente a los gobiernos autonómicos fuera de cualquier coordinación. El PIB del primer trimestre, tal y como apuntan los análisis presentados por la AIREF y otros organismos, no solo no recogerá una mejora de la producción sino que se situará en terreno negativo", han argumentado.

Por todo ello y ante las condiciones "impuestas" y que no han sido explicadas sobre la gestión del fondo de ayudas directas a las empresas, los consejeros han exigido "que se haga un uso democrático de las instituciones" y se convoque el Consejo de Política Fiscal yFinanciera.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha recordado la figura de Francisco Largo Caballero, "un líder verdadero" que tuvo "la conexión con los trabajadores", y al que se le debe "seguir honrando su memoria y hacer frente a quienes intentan denostarla".

Calvo ha señalado el coste que supuso el compromiso político y social del líder sindical y ex presidente del Gobierno en la II República entre 1936 y 1937. "Lo pagó tan caro como el exilio, la represión, el campo de concentración y el sinfín de sufrimientos que compartió con tantos compatriotas que tuvieron que huir de una dictadura que les negó, incluso, la nacionalidad", ha dicho la número dos del Ejecutivo.

La vicepresidenta primera ha destacado que "la figura de Largo Caballero es una con la que nos podemos seguir identificando". Su defensa de la clase trabajadora, ha resaltado, es "la mejor manera de estar y de participar en un país en ebullición, llegando incluso a la Presidencia del Gobierno", un compromiso con el que "acertaba en lo que luego ha sido la construcción del S.XX y S.XXI".

"Por eso le debemos honrar y le debemos agradecer todas y cada una de las piezas maestras que pudo dejar puestas desde su condición de sindicalista y en los puestos en la administración pública en los cargos que ejerció", ha subrayado Calvo.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha intervenido en un vídeo en el homenaje a Francisco Largo Caballero en el 75 aniversario de su fallecimiento en el exilio, "por lo que significa para la memoria democrática de nuestro país".

En el homenaje del que fue secretario general de la UGT y presidente del Gobierno en la II República --organizado por la Fundación Francisco largo Caballero y la UGT-- han intervenido también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez; la senadora y presidenta del PSOE, Cristina Narbona; así como la historiadora Manuela Aroca; el presidente de la Fundación Francisco Largo Caballero, Sebastián Pacheco, y Sonia Largo, nieta de Largo Caballero.

Carmen Calvo ha subrayado la importancia de "recuperar las figuras que nos han traído hasta esta democracia absolutamente vinculada con el Estado del Bienestar, con los derechos y con la igualdad". "Es muy difícil entender a estos personajes tan inmensos de nuestra historia con los criterios el presente", ha dicho sobre Largo Caballero.

"Pero Francisco, Largo Caballero lo resiste muy bien. Cuando habla de la revolución de cada día, está acertando plenamente", ha asegurado Calvo, cuando se refiere a "seguir avanzando en reformas que no pueden dejar de pisar la realidad".

"La historia está llena de revoluciones fallidas, pero la historia no tiene ni un solo fallo en quienes apostaron de manera certera en transformar la realidad con la ponderación e inteligencia con lo que lo hizo Francisco Largo Caballero", ha concluido Carmen Calvo.