La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido a la Junta de Andalucía que se implique ante la situación de Airbus en Puerto Real (Cádiz) participando con un 33 por ciento en el Aerofondo. Igualmente, ha instando a que restituyan los fondos de formación y que se garantice que parte de esa innovación se dedique a las plantas que en estos momentos se encuentran en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con trabajadores de Airbus Puerto Real, Díaz ha recordado que «hay un compromiso por parte del Gobierno de España con la multinacional» y ha señalado que ese esfuerzo económico, tanto con el Plan Tecnológico como con el Aerofondo, «tiene que sostener el mantenimiento del empleo y la no deslocalización».

«El sector aeroespacial y aeronáutico es muy estratégico en Andalucía y sabemos perfectamente las tentaciones que pueden tener algunos de cualquier proceso de deslocalización, que sería un golpe a un sector en el que se ha invertido talento, muchos recursos económicos y un esfuerzo de toda una comunidad», ha manifestado Susana Díaz. Por ello, ha insistido en que quiere «que ese compromiso entre el Gobierno de España y la multinacional se materialice manteniendo tanto el empleo como las plantas».

Así, ha desvelado que en la mañana de este martes han mantenido un contacto con el Gobierno de España «para que ese compromiso de los 185 millones del Plan Tecnológico se cumpla», así como para «conocer el compromiso de primera mano de ese Aerofondo, con un 33 por ciento del Gobierno y otro 33 por ciento de fondos privados». Díaz ha solicitado a la Junta «que ponga el otro 33 por ciento, porque es el compromiso que se tiene que hacer en este momento para que se garantice la viabilidad no solo presente, sino futura».

«Vamos a pedir también que se restituyan los fondos de formación que permita que ese talento que hay en Andalucía que ha permitido el crecimiento exponencial del sector en la comunidad, se siga manteniendo», ha señalado Díaz, que también ha indicado que pedirán «la garantía de que parte de esa innovación se dedique a las plantas que en estos momentos se desarrollan en nuestra comunidad».

ANDALUCÍA POSCOVID

A juicio de Susana Díaz, «hay que pensar en la Andalucía que va a quedar después de la pandemia y hay sectores que está sufriendo mucho y son fundamentales». «Hay que poner todos los recursos de todas las administraciones para fortalecer nuestro sector aeronáutico, aeroespacial, las plantas y la capacidad de formación, diseñando ya esa Andalucía poscovid», ha manifestado.

Para Díaz, «los datos de desempleo dicen con claridad que esta tiene que ser una prioridad, porque los andaluces tienen dos prioridades: superar la pandemia con salud y no perder el empleo».

«Si hay algo que nos hace competitivo es el tejido industrial, por eso todas las administraciones tiene que ir de la mano. Lo vamos a llevar al Parlamento y esperamos que el Gobierno andaluz lo haga suyo. El de España ya lo ha hecho», ha concluido, recordando que en el final de su última legislatura como presidenta andaluza «ya se vivió una tentativa parecida y la implicación de todos permitió que no fuera posible, por eso hacemos un llamamiento a la unidad de todas las instituciones».

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera que «lo más importante» de incluir al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpre) no es el debate de si se caza o no sino poder lograr una gestión «unificada, comprensible, comparable de toda la población» para tomar medidas de gestión coordinadas y lograr garantizar la coexistencia a una ganadería extensiva que hay que apoyar.* Ribera ha respondido así a una interpelación del grupo parlamentario popular en el pleno del Senado la que el senador Sanz Vitorio ha rechazado la modificación del estatus legal del lobo para equiparar su consideración tanto al sur como al norte del Duero, donde la especie es cinegética.

Para la vicepresidenta la ganadería extensiva es «de gran interés» socioeconómico y ambiental para el mundo rural que debe protegerse y apoyarse por su alta contribución a la riqueza paisajística, al control de los incendios, a la fertilidad, algo que a su juicio «merece un reconocimiento».

«El debate no es elegir entre lobo o ganadería sino en como garantizar de forma eficaz y justa la coexistencia con los ganaderos, predecible para las instituciones, solvente para el lobo y solidaria para con las familias que viven en zonas done hay grandes depredadores», ha manifestado la ministra, que considera que las cosas tal y como están no son buenas «para nadie», ni para la ganadería ni para el lobo.

Ribera ha puesto de ejemplo las prácticas que rigen en países del entorno como Francia y, en todo caso, ha añadido que la coexistencia no puede tener lugar «a cualquier precio» sino que se requieren sistemas de compensación más eficaces que los actuales.

En ese sentido, la vicepresidenta opina que «conviene» plantearse «de una vez por todas» si el coste de la convivencia del ganado con los grandes carnívoros debe ser asumido solidariamente por la sociedad y no tan solo por los ganaderos, algo que en otros países ha dejado de ser discutido.

De hecho, ha apuntado que el esfuerzo económico para compensar anticipadamente a los ganaderos y reforzar su seguridad en España es más escaso proporcionalmente al número de lobos que el de países vecinos.

En ese sentido, ha expresado su respeto, agradecimiento, solidaridad y afecto con los ganaderos y sus familias, que no siempre encuentran «reconocimiento o empatía» de quienes viven en entornos urbanos. «El Ministerio para la Transición Ecológica es siempre su casa».

En concreto, ha defendido que lograr una visión de conjunto de la biodiversidad más allá de los límites administrativos permitirá lograr un marco común y comparable a la hora de establecer las medidas de prevención y cuando se produzcan daños compensarlos de una manera comparable para evitar, con la actual ausencia de un marco general, importantes desigualdades y agravios.

En respuesta al senador popular Ribera ha defendido que la ciencia no es discutible pero en esta cuestión se requieren «consensos» y la «máxima participación» para aplicar las recomendaciones, porque a su juicio, solo desde el verdadero reconocimiento se podrá garantizar una cobertura anticipada suficiente para las personas que conviven con grandes carnívoros.

En su interpelación, el senador Juan José Sanz Vitorio ha asegurado que el grupo parlamentario o comparte la decisión adoptada en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad el pasado 4 de febrero, al tiempo que ha arremetido contra el procedimiento adoptado; contra el dictamen científico con el que se ha justificado la decisión y que habla de criterios «demasiado subjetivos»; la ruptura del consenso y las prácticas en el citado comité. «Esto se ha roto desde la deslealtad del Ministerio y del Gobierno», ha criticado.

Además de expresar su oposición a la propuesta ha advertido que desde el punto de vista jurídico «invade competencias exclusivas» de las comunidades autónomas en materia de caza y de gestión de la especie.

PELIGROS DIRECTOS PARA LA ESPECIE

«No hay nada que ponga más en peligro al propio lobo que esta medida, pero no hay nada que ponga más en peligro la población de que esta medida. Y usted es la responsable del reto demográfico», ha apostillado.

En su exposición, ha alertado de las propias consecuencias que esta decisión tiene sobre el ganado y sobre la propia pervivencia del lobo ya que advierte de que se incrementarán los ataques furtivos. «No podemos en ningún caso permitir que esto continúe adelante, porque es una burla, una tomadura de pelo, una falta de respeto a los habitantes del medio rural», opina.

Para Sanz Vitorio, el problema es que ni la vicepresidenta cuarta ni el ministro «ausente» de Agricultura, Luis Planas, es que no han entendido que esto «no va de ayudas, ni de ayudar a una empresa en quiebra, aunque luego se vaya allí una temporada una ministra, sino del ejercicio legítimo de una opción de vida de unas personas comprometidas en el medio rural comprometidas con su medio, con su gente y con lo que quieren ser.

«No se lo vamos a consentir», ha reiterado el senador que ha anunciado que el grupo parlamentario presentará una moción consecuencia de interpelación para rechazar la inclusión del lobo en el Lerspre y que no se haga «ninguna modificación sin el acuerdo de las comunidades autónomas. «Ya veremos si están ustedes con los territorios a los que representan o con el gobierno del caos, como dice Cebrián: del poder de los idiotas», ha espetado.

Finalmente, ha criticado a Ribera de no haber escuchado su exposición por su «eco-fundamentalismo eco-progresista eco-radical», que le impide ver el problema tal cual es y la ha invitado a visitar Fuentes Carrionas, la Sierra de la Culebra y Riaño donde están «las mejores poblaciones» de lobo, para que «no sean los franceses, que sí lo han hecho quienes le cuenten como se gestiona el lobo».

«Esta es la consecuencia de un ministro de agricultura inane, plácidamente acomodado que está dispuesto a trabajar con lo que sea y también la consecuencia de un grupo Parlamentario en el Senado y en el Congreso que no sirven nada más que de felpudo de este gobierno radical e intransigente», ha sentenciado.

El cardenal arzobispo de Boston, Patrick O’Malley, ha pedido tener «una estrategia clara» y no «improvisar protocolos» a la hora de luchar contra los abusos en la Iglesia. «Soy optimista pero queda mucho por hacer», ha afirmado con motivo de su participación de la última edición de los ‘Encuentros Vida Nueva’, celebrado este martes telemáticamente.

«El mundo espera de nosotros fidelidad. Tenemos mucho todavía que hacer para no improvisar protocolos y tener una estrategia clara para responder a esta crisis», ha afirmado al ser preguntado por esta cuestión en el V Encuentro de Vida Nueva, celebrado en colaboración con Banco Sabadell, en el que también han participado el cardenal emérito de Sevilla, Carlos Amigo, y la presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), Gloria Liliana Franco.

O’Malley también ha reconocido que se ha producido «un antes y un después» de la cumbre antipederastia celebrada en el Vaticano hace dos años, que reunió a la mayoría de los episcopados del mundo. «La conferencia ayudó mucho, en muchas partes ni siquiera estaban hablando de ese tema. Hay que garantizar que la Iglesia es un hogar seguro, es lo más importante que podemos hacer y si no logramos hacer esto, difícilmente podemos cumplir con otros aspectos», ha afirmado.

Por ello, ha asegurado que «se están haciendo grandes logros» pero ha afirmado que «hay mucho más que hacer», poniendo el foco en la importancia de «cuidar a las víctimas y a los familiares, trabajar con transparencia o promover la política de tolerancia cero», entre otras cuestiones. Además, ha destacado el papel que desempeña Francisco al respecto ya que «el Papa da pautas muy importantes y ha hecho de esto una prioridad», calificando de «cruciales» sus encuentros con las víctimas.

Además, el debate ha abordado el fenómeno migratorio ya que, como ha señalado O’Malley, «la migración ha cambiado el rostro de la Iglesia en Estados Unidos». «Estamos aquí para recibirlos pero tenemos que presionar a nuestros gobiernos para que ayuden en los países de origen», ha asegurado, al tiempo que ha destacado que «el nuevo Gobierno en Estados Unidos parece más abierto hacia los migrantes y a encontrar un camino para la legalización».

Por su parte, el Cardenal Amigo también ha hecho un llamamiento a «unir fuerzas» ya que, a su juicio, «la migración es un fenómeno de todas las épocas». «Ojalá estas personas encontraran recursos en su país para no tener que asumir el riesgo de la propia vida, pero mientras esto se soluciona, no podemos quedarnos de brazos cruzados», ha añadido al recordar su experiencia como pastor en Marruecos.

Carlos Amigo también ha abordado el papel de la mujer en la iglesia al afirmar que «las mujeres siguen siendo pioneras en muchos ámbitos de la Iglesia». «La mujer siempre ha estado en ministerios tan importantes como la catequesis o la caridad», ha indicado, expresando su satisfacción por esta presencia mientras que Gloria Liliana Franco ha puesto el foco en la reflexión teológica, que «está cada vez más representada por las mujeres».

«QUE LA PANDEMIA AYUDE A ABRIR LOS OJOS»

Al hilo del eje del debate, que llevaba por lema ‘¿Vacunados contra la indiferencia?’, los ponentes también se han referido a la pandemia provocada por la Covid-19 que asola el planeta desde 2020. En este sentido, el arzobispo de Boston se ha mostrado esperanzado de que la pandemia «ayude a abrir los ojos para saber que no podemos vivir sin cuidarnos mutuamente».

En este punto, O’Malley ha relatado una historia japonesa en la que un hombre ve desde su preciosa casa situada en lo alto de una colina que se acerca un tsunami y no puede avisar a los que están en la playa por lo que prende fuego a su hogar: algunos suben a la montaña para ayudarle mientras otros se quedan cerca del mar por lo que quienes van a ayudar son los que se salvan.

«Los que quieren ayudar a su vecino creen que hacen un favor a Dios pero también a sus propias vidas. Somos miembros de una misma familia y solo así saldremos de esta situación. Si seguimos siendo individualistas, vamos a destruirnos a nosotros mismos», ha advertido.

Mientras, la presidenta de CLAR, ha argumentado que «lo auténticamente cristiano es la compasión». «En un contexto como el latinoamericano lo que se constata es que no hay vacunas para todos. Hay que levantar la mirada y enfocar acciones que garanticen la inclusión», ha reclamado.

Por su parte, el cardenal Amigo ha invitado a la ciudadanía a no conformarse: «Tenemos que luchar contra la indiferencia. No nos conformamos con la apatía generalizada. Tenemos que remover esos corazones de piedra».

Sobre el papel de la Iglesia ante la Covid-19, Carlos Amigo ha defendido que «la Iglesia ha dado durante esta pandemia todo lo que tenía» mientras que Franco ha querido constatar que «la Iglesia no es una realidad inmóvil, es un proyecto que se va recreando» por lo que ha augurado que «la pandemia es una oportunidad de conversión para América Latina», aunque se vea «mucha corrupción y poca mirada por el bien común».

En el coloquio, PPC Editorial y Vida Nueva también se han presentado los dos primeros libros en español del cardenal O’Malley, ‘Se buscan discípulos y lavadores de pies’ y ‘Enganchados a la luz’, ambos editados por PPC.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha avanzado este martes que el Ministerio de Hacienda asignará antes del próximo 31 de marzo el fondo destinado a paliar los déficits de las empresas de transporte urbano durante el año 2020.

Así lo ha anunciado en la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la FEMP, en la que ha recordado que, si los ayuntamientos no lo reciben en esa fecha, «el déficit será motivo de disolución de esas empresas».

La asociación española de entidades locales también ha acordado la creación de una comisión política y otra técnica, en el marco de la Comisión de Haciendas Locales de la Federación, para abordar la negociación de la financiación local, «un proceso que, según el compromiso del Gobierno, se realizará al mismo tiempo que el correspondiente a la financiación autonómica».

En este sentido, según ha informado la FEMP en un comunicado, el planteamiento local «está más orientado a aumentar la asignación a los Gobiernos Locales que a reforzar su capacidad impositiva».

Caballero ha defendido además que la participación directa de los Gobiernos Locales en los Fondos Europeos está alcanzado «porcentajes significativos en los ámbitos contemplados en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que afectan a las Entidades Locales».

El alcalde de Vigo ha recordado la presencia de la Federación en los foros y conferencias sectoriales en los que se está abordando la asignación de dichos fondos. Según ha explicado Caballero, el reglamento europeo para los planes de recuperación quedó aprobado el pasado 12 de febrero, y ahora, «los Gobiernos nacionales están presentando sus planes de recuperación a la Comisión Europea, planes que alrededor de los meses de mayo o junio podían estar aprobados».

«Ahora, por tanto, es el momento de avanzar en el porcentaje de esa participación directa y de presentar iniciativas en las Manifestaciones y Expresiones de Interés en aquellos ámbitos ministeriales en los que ya estén abiertos», ha apuntado.

En la Junta de Gobierno también se ha anunciado que esta misma semana empezará la vacunación de policías locales y bomberos, al tener estos colectivos la consideración de personal de riesgo.

DECLARACIÓN POR LOS FONDOS EUROPEOS

La FEMP también ha aprobado una declaración en la que ha mostrado su apoyo a la moción aprobada en la Comisión de Entidades Locales del Senado, celebrada el pasado 18 de febrero, en la que se instaba al Gobierno «a gestionar los fondos de forma coordinada con los gobiernos de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en lo que debe ser la cogobernanza también exigida por la Unión Europea».

También ha reclamado «hacer explícitos los criterios requeridos por los distintos Ministerios para poder acceder a dichos fondos» y «asesorar a las entidades locales para que sus proyectos esténalineados con las prioridades del Plan de Recuperacióneuropeo».

La FEMP también ha pedido «asegurar que el porcentaje que se dirigirá a las entidades locales» llegue «a un 10% al menos del total de los fondos europeos que se reciban» y ha destacado «favorablemente» que estén presentes en todas las Conferencias Sectoriales. De este modo, se han reafirmado en su estrategia pues «el núcleo central del plan de Recuperación y Transformación, y sus diez políticas transformadoras, está en las ciudades».

8 DE MARZO

En otra declaración por el 8 de marzo, la asociación ha reconocido «el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos de las mujeres» y ha alertado sobre «las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones futuras».

«Reconocemos que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado», ha declarado, al tiempo que la asociación ha insistido en la necesidad de «intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural».

Por último, ha reclamado la necesidad de «dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen local para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa ‘Tándem’, ha acordado citar en calidad de investigados en el marco de la pieza separada número 9 a cuatro mandos policiales por su supuesta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de cohecho.

En un auto con fecha de 22 de febrero, el magistrado que investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo recoge las diligencias que la Fiscalía Anticorrupción interesa por escrito de 19 de febrero e imputa a estos policías, un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales.

Ordena además que se requiera a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) para que aporte la identificación de la persona que desde una concreta dirección IP ubicada en la Comisaría General de Información (CGI) en marzo de 2015 realizó una consulta sobre personas de interés policial con el dato ‘Smolnikov’ en los ficheros y aplicaciones Argos, Atlas Sidenpol y Objetos.

Tras enumerar estas diligencias, para las que de momento no hay fecha señalada, el magistrado apunta que el motivo hay que buscarlo en el momento actual de esta investigación en la que se indaga en los múltiples contratos de BBVA con el Grupo Cenyt –cuyo titular real era Villarejo– que tendrían «un carácter ilícito» y durante los cuales se llevaron a cabo injerencias en los derechos fundamentales de determinadas personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos o acceso a cuentas bancarias.

10,2 MILLONES POR LOS TRABAJOS DE VILLAREJO PARA BBVA

El juez instructor recuerda que esos contratos con Cenyt se hicieron a cambio de elevadas sumas de dinero, y apunta que hubo abonos del banco por un importe total de 10,2 millones de euros. Y subraya que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporan «una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales».

Añade que la regulación vigente del acceso a esos ficheros del Ministerio del Interior no contempla como «usos previstos» ni como»comunicaciones de datos previstas» la cesión de tal información a entidades privadas. Pero el juez indica que de lo practicado hasta ahora, y de lo intervenido a Cenyt, se ha conocido que en el fichero policial Adextra se realizaron búsquedas en noviembre de 2016 que se plasmaron en una carpeta denominada ‘búlgaros’ y que contenía datos de hasta ocho personas de Europa del este.

El magistrado apunta que sobre todas esas personas se realizaron búsquedas en ese mes por parte de una de las oficiales que hoy cita como imputada y que estaba destinada en la CGI, y que el otro oficial imputado realizó también búsquedas ese mes sobre uno de ellos.

Pero la actividad no se quedó ahí, porque según informe de Asuntos Internos, además se realizaron búsquedas sobre ellos en Argos, Atlas, Sidenpol y Objetos «en el período temporal que abarca desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 28 de noviembre de ese mismo año» y en las que se implicó el subinspector de policía ahora imputado y que también está adscrito a la CGI.

ASUNTO NEIGBOUR, TEMPLAR Y HARD

El magistrado indica que también se realizaron búsquedas en ficheros policiales relativos a extranjeros desde febrero de 2015 a marzo de 2015 en el marco del denominado ‘Asunto Neigbour’ de dos personas, M. Chistyakov y M. Smolnikov. Y añade que en el ‘Asunto Templar’ (también relacionado con esta pieza separada) se investigó en ficheros policiales por parte del subinspector policial a otras cinco personas en las mismas fechas.

Asuntos Internos también se remontó a 2014 para saber si se usaron las aplicaciones policiales para realizar búsquedas relativas a intereses de Cenyt, y encontraron que en el programa relativo al DNI ese año se indagó –en concreto lo hizo el inspector jefe imputado– sobre una persona, Luis Rodríguez Durón, que era el principal investigado en el ‘asunto Hard’.

El juez apunta en su auto que tanto el inspector jefe como el subinspector ya constaban como investigados en otras piezas separadas de la macrocausa Tándem por haber participado ya en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Unidas Podemos ha criticado el bloqueo que atraviesa la Ley Trans por la actitud del PSOE y que supone tener «intervenido» el Ministerio de Igualdad al demorar la tramitación de esta normativa en el Consejo de Ministros.

Por ello creen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería tomar cartas en el asunto de cara a que el ala socialista del Gobierno definiera cuanto antes su posición respecto a la cuestión de la autodeterminación de género, una de las principales medidas de la Ley Trans, y exponer de forma coordinada qué requisitos plantean

Fuentes de la formación morada han reprochado la falta de concreción por parte de los socialistas en sus alegaciones al texto esbozado por el departamento de Irene Montero, dado que no reciben informes con las aportaciones de su socio de coalición.

Es más, han aludido a que se les traslada generalidades y se recurre al concepto de inseguridad jurídica para mantener congelada el anteproyecto de ley, por lo que sospechan que en el fondo evidencia poca voluntad de llegar a un acuerdo.

De nuevo dichas fuentes han deslizado que esta tensión se debe al intento del PSOE por alejarse del acuerdo programático que firmaron hace un año y que incluía específicamente el compromiso de desarrollar una ley Trans.

EL PSOE TRASPASÓ LÍNEAS ROJAS

La semana pasada ya transcendió que el debate sobre la Ley Trans que prepara el Ministerio de Igualdad se estaba enquistando en el seno del Gobierno de coalición con el malestar de Unidas Podemos, que acusó al PSOE de haber cruzado «líneas rojas» al «bloquear» la tramitación de esta norma.

Sus recelos apuntan a que el PSOE busca que esta cuestión se legisle a través de la ley de Igualdad de Trato que han impulsado en el Congreso sin el apoyo de Unidas Podemos, que se abstuvo en la votación de toma en consideración. Además, los morados avisaron de que no iban a permitir un incumplimiento del acuerdo y que lo iban a pelear «por la vía de los hechos» si fuera necesario.

Además, algunos miembros de Unidas Podemos han apuntado que la Vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no ha asumido que ahora las competencias en materia de igualdad las ostenta el socio minoritario, como sugirió en una entrevista el pasado sábado el secretario general del grupo confederal, Txema Guijarro.

DISCREPANCIA TAMBIÉN CON LA LEY DE VIVIENDA

No es el único frente que tiene abierto el Ejecutivo de coalición, pues las diferencias respecto a la nueva Ley de Vivienda son también evidentes, con posiciones alejadas que hacen difícil un acuerdo inmediato.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al PSOE de que es un «error tensionar» el Ejecutivo al plantear en la nueva Ley de Vivienda que se pueda «traicionar la palabra dada» e «incumplir el acuerdo» para regular los precios del alquiler en mercados tensionados.

Unas palabras que apuntan al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras rechazar ayer el control de precios del alquiler en esta normativa y apostar por promover incentivos fiscales.

«Creo que no es bueno tensionar el gobierno de coalición y se tensiona cuando se incumplen los acuerdos», ha enfatizado Iglesias para dejar claro que este Ejecutivo existe porque existen unos compromisos «firmados» por él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hoy mismo ha vuelto a tener lugar una reunión entre la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, sin que se hayan producido avances. Esta semana volverán a mantener encuentros.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el Ministerio de Transportes no renuncia a regular los precios de la vivienda en alquiler, sino que la discusión con Podemos está relacionada con las herramientas e instrumentos para llevarlo a cabo.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha insistido en que la solución al conflicto del Sáhara Occidental pasa por una salida negociada por las partes en la que la ONU debe desempeñar un papel central, al tiempo que ha confiado que esa postura defendida por el Gobierno sea también una «política de Estado».

Así se ha pronunciado la jefa de la diplomacia ante una interpelación presentada en el Senado por el senador del PNV Luis Jesús Uribe-Extebarría Apalategui, quien ha expresado la «preocupación» de su grupo por la operación militar lanzada por Marruecos el pasado 13 de noviembre en Guerguerat y que considera fue una violación del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Rabat y el Frente Polisario en 1991.

La ministra ha reconocido que es un asunto que el Gobierno ha seguido también con interés desde el primer momento, manteniendo contactos en particular con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con vistas a evitar una escalada en la región y apelando a las partes a la responsabilidad y la contención.

González Laya ha insistido nuevamente en que para el Gobierno la ONU tiene un «papel central» en la resolución de este conflicto y ha recordado al senador del PNV que corresponde a la Misión de la ONU (MINURSO), no solo organizar el referéndum de autodeterminación que aún no se ha celebrado sino velar por el cumplimiento del alto el fuego y denunciar su incumplimiento llegado el caso. «No les corresponde ni a las partes ni ha terceros», ha subrayado.

POSICIÓN FIRME DEL GOBIERNO

El Gobierno mantiene una «posición firme, constante, y de Estado, que no es otra que la del apoyo a la búsqueda de una solución que ha de ser política, justa, duradera y mutuamente aceptada como establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU», ha recalcado la ministra de Exteriores.

«El recurso a la vía armada», ha advertido, no solo es contrario a la Carta de Naciones Unidas sino que podría generar aún más sufrimiento a los habitantes de la región.

Por ello, ha insistido en la importancia de que Guterres nombre «a la mayor brevedad» a su nuevo enviado personal para el Sáhara Occidental, toda vez que el puesto está vacante desde la renuncia en mayo de 2019 de Horst Koehler. Su nombramiento, ha subrayado, permitiría «encauzar por la senda del diálogo» la situación actual.

En este sentido, González Laya ha recordado que el Gobierno español mantiene su oferta de poner a disposición del enviado para el Sáhara Occidental un avión de la Fuerza Aérea española para facilitar sus desplazamientos y sus esfuerzos de mediación.

Por otra parte, ha defendido que «es tremendamente importante» que esta postura del Gobierno respecto al Sáhara Occidental «sea política de Estado» y ha dejado claro que «España ni puede ni debe propugnar una solución concreta» sino que deben ser las partes las que, con apoyo de la ONU, encuentren una solución.

AYUDA A LOS REFUGIADOS

Asimismo, la titular de Exteriores ha puesto en valor el apoyo que desde el Gobierno se ofrece a los refugiados saharauis. Según ha precisado, entre 2017 y 2020 la AECID destinó más de 23 millones de euros, 10 millones solo el año pasado.

Además, ha resaltado que frente a la dotación inicial de 3,5 millones de euros de AECID en 2020 –que finalmente ascendió a 5,5 millones mediante convenios y convocatorias a ONG–, para 2021 esta cantidad se ha elevado hasta los 5 millones, un 43 por ciento más que el año pasado.

En este punto, González Laya ha resaltado el «esfuerzo encomiable» que realizan también las comunidades autónomas y las entidades locales en apoyo a los refugiados saharauis, que ha tildado de «imprescindible» y ha agradecido.

También se ha referido a la «corriente de solidaridad de la sociedad española», mencionando en particular el programa de Vacaciones en Paz del que se benefician unos 4.000 niños saharauis y que «se encuentra momentáneamente suspendido por la pandemia pero que esperamos que se reanuden cuando las condiciones lo permitan».

Por su parte, el senador del PNV ha lamentado el «fracaso sin paliativos» de la ONU a la hora de solucionar este conflicto, ha recalcado que Marruecos «carece de soberanía sobre el Sáhara Occidental» y ha defendido que «statu quo actual es inaceptable y dura demasiado tiempo».

Asimismo, ha opinado que la decisión del anterior presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer como marroquí el Sáhara Occidental es un «factor añadido que entorpece la búsqueda de una solución política» y complica el que pueda haber una solución negociada al conflicto.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado este martes, tras el almuerzo en el Congreso con el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, y el líder del PP, Pablo Casado, ente otros, que la relación entre el Gobierno y el PP está ya «en otro momento diferente».

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios al ser preguntada por las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el Ejecutivo espera cerrar pronto con los ‘populares’. A este respecto, fuentes gubernamentales recalcan que siguen trabajando y que «hay que esperar un poco».

«El PP ya no tiene ninguna excusa, y pienso que estamos ya en otro momento», ha afirmado Calvo antes de participar en la clausura de las jornadas las Jornadas ‘Los retos de la democracia hoy’, que se celebran con motivo del 40º aniversario del golpe de Estado del 23-F en el Instituto Cervantes.

Este mismo martes, Sánchez ha trasladado al PP en al sesión de control al Gobierno en el Senado que ni él ni su Gobierno es el «adversario» del P

En concreto, Calvo ha asegurado que ya están hablando con el PP sobre «la calidad de los currículum y el nivel de profesionalidad que van a tener los hombres y mujeres» que se hagan cargo del nuevo CGPJ.

Además, ha querido dejar claro que el Gobierno de coalición negocia con el PP «como gobierno», negando así que vayan a excluir a Podemos, como reclaman los ‘populares’.

«El PP tiene ya que volver a la realidad y a sus obligaciones constitucionales sin más excusas ni fechas ni pantallas que justifiquen nada. Hay que negociar con el Gobierno de nuestro país, que es el que es», ha recalcado.

A este respecto, fuentes del partido morado afirman que no están preocupados por la postura del PP y que tienen claro que el PSOE no les va a excluir de la negociación, ya que consideran que no mantener la unidad sobre un asunto de Estado como este sería cambiar de facto de socio de gobierno.

Además, estas fuentes aseguran que el presidente Sánchez les ha mantenido informados y que no sólo es que se haya contado con ellos, sino que, como en anteriores ocasiones, se prevé atender las preferencias de otros grupos parlamentarios con alguna de las propuestas.

El propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado que le resultaría «del todo inaceptable» la imposición de vetos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha garantizado que «la ensoñación» de algunos, en alusión al PP, de volver al «bipartidismo» para definir su composición «no va a ocurrir».

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido este martes la Constitución española de 1978, «la primera que no se hizo contra nadie, ni de un partido contra otro» y que «tendió puentes para todos».

Así se ha pronunciado la vicepresidenta primera en la clausura de las jornadas ‘Los retos de la democracia hoy’, que se han celebrado con motivo del 40º aniversario del golpe de Estado del 23-F en el Instituto Cervantes. Calvo ha recalcado los 42 años «de vida pacífica» en nuestro país y ha animado a «sostener cada día» nuestra democracia, «con la racionalidad de su verdadera comprensión y verdadero cumplimiento».

Calvo ha destacado «las grandes libertades de la creatividad, de la intelectualidad, de cada una de todas las profesiones, vocaciones o pasiones, que van construyendo un espacio común que sí nos permite estar a todos».

La vicepresidenta ha alertado sobre un «soniquete» de la política actual que le «inquieta». «Es ese que dice que desaparezcan las ideologías, que enredan y que debemos estar por encima de las ideologías. ¿Qué significa eso? (…) ¿No habíamos luchado por tener cada uno su ideología y ser capaz de convivir con la de enfrente que no tiene nada que ver con la tuya?», ha cuestionado.

Por ello, ha defendido que la política trata de «tener ideología, pactar, acordar y ceder» y «no concebir nada de eso como una derrota o un debilitamiento». «Todo la contrario. Al final es cultura, es sensibilidad, es humanidad rotunda, el saber que el otro es igual que tú, que le pasan las mismas cosas que a ti», ha subrayado.

La vicepresidenta ha insistido en «ayudar a la democracia» y «no bajar la guardia nunca» como, en su opinión, ocurrió en la noche del intento del golpe de Estado del 23-F, para «entregar el testigo de la paz limpio a los que vengan después».

En este sentido, Calvo ha remarcado que «la gran agenda de la democracia se la va a jugar definitivamente ya con la sostenibilidad del planeta y la igualdad entre hombres y mujeres». «No hay otra salida. Es la única salida posible, una realización colectiva, de todos. Eso que llamamos valores democráticos y la posibilidad de articular la convivencia a través de la vía pacífica del reconocimiento y existencia de todos»», ha exclamado.

Porque la democracia, según ha recordado, «ha costado tenerla y acariciarla»: «Hemos tenido que andar un camino muy duro para que la idea pudiera ser puesta en la realidad». En su opinión, «hay que cuidarla mucho porque algunos pretenden liquidarla» pues «no la entienden y no la pueden aceptar». «Los antidemócratas son débiles, tan débiles que no resisten al otro», ha señalado.

Pero también ha citado a «otros que pretenden» cargar la democracia «con tantas exigencias que acaba siendo negada su potencia y existencia en este momento». «La inmensa mayoría tocamos tierra y con realismo la verdadera naturaleza de la convivencia democrática», ha enfatizado, al tiempo que ha defendido el derecho como «una artesanía que nos permite convivir y ordenar con razones la vida».

«La seguridad jurídica, las normas, son siempre imperfectas y se pueden cambiar. Son las únicas que nos puede articular la existencia de todos por igual siendo todos diferentes. Al derecho le debemos la posibilidad de practicar la democracia», ha dicho.

Antes de la clausura, Calvo ha declarado que es importante recordar el 23-F «porque ayuda a sostener el presente y el futuro» de nuestra democracia y enseña a los jóvenes «que es una tarea continua, que nunca está cerrada ni garantizada». «Conviene recordar que aquel día (la democracia) sufrió un envite importante y que todo el mundo supo hacer lo que tenía que hacer», ha rememorado Calvo.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, ha propuesto este martes la creación de un «ingreso básico de emergencia» para las mujeres de la región que han perdido su trabajo por la pandemia de COVID-19.

Recalcando que la crisis derivada de la pandemia ha «magnificado» los problemas estructurales de América Latina y el Caribe, entre los que destaca la desigualdad de género, Bárcena ha subrayado que multitud de mujeres han perdido sus empleos por encontrarse en sectores de riesgo o por cuidar a seres queridos.

Según ha matizado, el «ingreso básico de emergencia» acarrearía un coste de unos 15 millones de dólares, un 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. «No es mucho», ha agregado Bárcena.

Bárcena ha puesto el foco en los estragos de la pandemia para las mujeres y ha subrayado que la desigualdad de género «define» la región de América Latina y el Caribe. Así, según ha denunciado, las mujeres han sido las más «golpeadas» por la crisis derivada de la pandemia y ha matizado que el retroceso para ellas es de diez años.

En este contexto, ha aludido a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y ha señalado que su quinto punto, el de la igualdad de género, ha de ser «revisado». «Que la Agenda 2030 permanezca, pero con mirada renovada», ha resumido. Asimismo, ha apuntado a avanzar hacia la «sociedad del cuidado», del planeta, la salud, los bienes públicos, el agua o los adultos mayores.

«Requiere inversiones», ha reconocido, al tiempo que ha hecho hincapié en que estos cuidados no pueden seguir proporcionándose «a costa de la espalda de las mujeres».

De forma paralela, con la vista puesta en aliviar las consecuencias de la pandemia, Bárcena ha propuesto que el ingreso básico que muchos gobiernos proporcionan a los hogares más desfavorecidos en países de la región se extienda «durante todo este año» o que se cree una «canasta básica digital», compuesta por un ordenador portátil, un teléfono móvil y conexión a internet, un bien «caro» en la región.

La secretaria ejecutiva de CEPAL también ha mencionado tres «asimetrías» de América Latina y el Caribe que le «preocupan». En primer lugar ha enumerado la climática y ha recordado que, a pesar de que la región «contribuye poco» a las emisiones, está «muy impactada por los desastres naturales».

En cuanto al acceso a las vacunas, Bárcena ha lamentado el «acaparamiento» de las dosis por parte de «pocos países», que «tienen más vacunas de las que necesitan». «El mundo requiere de una solidaridad más amplia», ha urgido. Por último, ha mencionado que la región tiene carencias en cuanto a la financiación para el desarrollo y ha reclamado una «mayor cooperación» para los países de ingresos medios, mayoría en América Latina y el Caribe.

Bárcena ha participado en un evento, organizado por Casa América y Fundación Carolina, dedicado a abordar la COVID-19 y la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, con el foco puesto en la implementación de políticas públicas para una recuperación sostenible tras la crisis.

En este sentido, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, para Iberoamérica y Caribe del Gobierno español, Cristina Gallach, ha reiterado el compromiso de España con la Agenda 2030 y ha remarcado que la recuperación que ya «está en marcha» en colaboración con la Unión Europea (UE) «tiene perfectamente asimilados los objetivos de inclusión, respeto medioambiental o preservación de ecosistemas». «También es nuestro compromiso para el continente iberoamericano», ha agregado.

Asimismo, centrándose en la Agenda 2030, Gallach ha planteado si sus metas «no son creíbles en el momento actual» y, por tanto, existe el «dilema» de repensarla para que esté «más apegada a la realidad, para que sea más creíble», aunque exista el riesgo de que la ‘hoja de ruta’ sufra un «descrédito».

REGIÓN DE «VULNERABILIDADES»

Por su parte, el director regional para América Latina y el Caribe en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López Calva, ha destacado que la región ha mostrado varias «vulnerabilidades» en el contexto de la pandemia.

En primer lugar, y en un nivel macroeconómico, López Calva ha recordado que es la región más castigada del mundo «en términos de contracción económica». «Latinoamérica no es una sociedad de clase media consolidada a pesar de ser una región de ingresos medios», ha insistido.

El representante de PNUD también ha señalado que, en términos sanitarios, la región ha contribuido con «más del 30 por ciento de las muertes» a causa de la COVID-19.

Del mismo modo, López Calva ha alertado del «choque muy fuerte» que ha sufrido la zona desde el punto de vista educativo. Este choque ha implicado una enorme destrucción del capital humano», ha admitido, señalando que el Banco Mundial estima que la economía latinoamericana perderá «1,2 trillones de dólares, el equivalente a la economía de México, en productividad futura» a raíz de la crisis.

Por ello, desde el PNUD se han ofrecido cuatro propuestas para superar la situación. Según ha enumerado, son «repensar los sistemas de protección social para volver a la universalidad», «usar la digitalización como un elemento de inclusión», «encontrar motores sostenibles, verdes, para el crecimiento» y una «gobernanza efectiva».

«Algunos temas de política pública tienen que repensarse, como los que tienen que ver con las reglas del juego que las personas requieren», ha explicado. Además, ha mencionado la reconstrucción de la «confianza» en las instituciones y «una mayor equidad» en la relación de la ciudadanía con el Estado.

En referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, López Calva ha especificado que el momento político de su firma puede verse «como un intento de pasar de un equilibrio de ideologías a uno de ideales». «Es muy importante que, independientemente del contexto político, podamos decir que es una agenda validad por la comunidad global», ha aseverado. «Esta crisis, si hace algo, es reiterar la importancia de esta ‘hoja de ruta'», ha remachado.

La polémica generada por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y por el respaldo de Podemos a las manifestaciones de protesta, algunas de las cuales acabaron con graves disturbios, va a centrar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, una cita que PP, Vox y Ciudadanos van a aprovechar para intentar agrandar la nueva brecha que este tema ha generado entre los dos socios del Gobierno de coalición.

La pasada semana estas formaciones ya cargaron duramente contra el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y contra su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, acusándoles de alentar comportamientos violentos. Lo hicieron en el Pleno y en la Comisión de Interior ante el ministro Fernando Grande Marlaska.

Y este miércoles volverán a la carga en el hemiciclo para exigir explicaciones tanto a Iglesias como a otros ministros socialistas, justo después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de la evolución de la crisis del coronavirus.

PP: ¿GOBIERNO ANTISISTEMA?

Así, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, preguntará directamente a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, si considera que el Gobierno de coalición es «antisistema», y también podrían aludir a este asunto los números uno y dos del PP, aunque no se refieren expresamente a él en sus preguntas.

Mientras Pablo Casado se interesará por las reformas que piensa impulsar el presidente Pedro Sánchez, el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, emplazará a Iglesias a explicar si sus prioridades coinciden con las de los españoles.

Los que sí son explícitos en todas sus iniciativas son los tres diputados de Vox que participarán en el Pleno de control. Así, su portavoz, Iván Espinosa, busca que Calvo le diga si, desde su punto de vista, «la extrema izquierda antisistema puede seguir formando parte del Gobierno a la vista de los acontecimientos auspiciados por ella».

«¿Ha vuelto a sentirse emocionado ante la imagen de un policía pateado en el suelo por individuos a los que un destacado colaborador suyo jalea en las redes sociales?», reza el interrogante que la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, realizará a Iglesias.

¿Y MARLASKA CÓMO LO VE?

Y, por su parte, el vicepresidente cuatro del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, quiere que tercie en este asunto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que confiese qué le parece, «como responsable de la seguridad ciudadana, que una parte del Gobierno apoye públicamente a los causantes de los graves disturbios de los últimos días».

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha registrado una pregunta abierta en la que invita a Iglesias a hacer balance de su gestión como vicepresidente, pero que le dará pie para censurar su apoyo a las protestas por el encarcelamiento de Hasel.

También la diputada de ERC Montserrat Basa podrá sacar a colación el asunto del rapero cuando formule su pregunta para que el Gobierno le aclare si «está garantizada la libertad de expresión en el Estado español».

El PP ha pedido este martes a la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, que impida que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, siga torpedeando la política exterior del Gobierno y con sus declaraciones esté convirtiendo a España en un «aliado poco fiable».

Según ha defendido el senador del PP Carlos Floriano ante el Pleno del Senado, «la inmensa mayoría de la sociedad española asiste preocupada e indignada porque haya quien cuestione el carácter democrático de las instituciones surgidas de la Constitución de 1978 y nuestra integridad territorial».

Floriano ha incidido en que el hecho de que esto se impulse desde los socios parlamentarios del Gobierno o también desde su seno «genera una inestabilidad e inseguridad jurídica» que de cara al exterior «nos convierte en un aliado poco fiable sencillamente porque no nos entienden».

El senador popular ha hecho especial hincapié en que en política exterior, que es una «política de Estado», la ministra de Exteriores no puede permitir que un miembro del Gobierno «tenga una agenda que confunda el verdadero sentido de la visita», en referencia al viaje de Iglesias a Bolivia acompañando al Rey en el que mantuvo una agenda paralela.

«No puede permitir que un miembro del Gobierno deteriore, obstaculice o directamente sabotee nuestras relaciones con un socio prioritario» como es Marruecos, ha añadido.

Asimismo, ha recordado que el vicepresidente segundo, al que no ha mencionado en ningún momento por su nombre, recientemente «ha llamado exiliado a un huido de la justicia y considera anormal encarcelar a un encarcelado por sedición».

Ese miembro del Gobierno se ha convertido en el mejor cómplice de los abogados de ambos, embarrando la imagen internacional de nuestro país», ha denunciado, subrayando que «se ha aliado con condenados y huidos de la justicia en lugar de defender la ley que juró cumplir. Por todo ello, ha conminado a González Laya a impedirlo porque «sino no será una manifestación de diplomacia sino de absoluta incompetencia».

Además, Floriano ha afeado la «escasa consideración» que a su juicio España le merece a Estados Unidos puesto que su nuevo presidente, Joe Biden, en el cargo desde el pasado 20 de enero, aún no ha hablado por teléfono con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

EL GOBIERNO TIENE UNA POLÍTICA SÓLIDA

Por su parte, la ministra ha reivindicado que la política exterior del Gobierno «es sólida, clara y sobre todo muy activa», «basada en intereses y valores, europeísta, multilateralista, con incidencia particular» en las regiones con las que existe una relación más estrecha como Iberoamérica, los países de la vecindad sur o África.

Según González Laya, la «comunidad internacional entiende la política exterior» del Gobierno, y para sustentarlo ha citado algunas declaraciones hechas entre otros por el secretario general de la OTAN, Jens Stolteberg, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

«Con todo mi respeto, me da la impresión de que el único que no entiende la política exterior de nuestro país es usted», le ha replicado a Floriano, en medio de los aplausos de una parte de los senadores, denunciando que el PP «pasa más tiempo criticando que estudiando».

«Quizá con la mudanza no tengan mucho tiempo», ha añadido, invitando a los populares a leer la Estrategia de Acción Exterior que ha elaborado el Gobierno y que ella misma presentará este jueves ante la Comisión de Exteriores del Senado.

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han criticado este martes el «desprecio» y el «abandono» del Gobierno a los ganaderos «que se enfrentan a los lobos cada día» y han anunciando movilizaciones de protesta contra la orden por la que se incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España.

Así lo han anunciado las organizaciones representativas de los ganaderos, tras reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y «ante la falta de voluntad» del Ministerio de Transición Ecológica, que «no está dispuesto a retirar el procedimiento de elaboración de la orden que expulsaría a miles de ganaderos de extensivo».

En el encuentro, los representantes de ASAJA, COAG y UPA han pedido a ambos responsables «una reflexión profunda» sobre la inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial, «habida cuenta de que, según los expertos, la situación del lobo ibérico es de expansión, y no de peligro de extinción».

Según han advertido en un comunicado conjunto, el «blindaje» del lobo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica «sacará a las calles a miles de ganaderos españoles». Así, han destacado que, «lejos de ser una pataleta», los productores se movilizarán para lanzar «un grito de auxilio» para revertir la que consideran una medida «perniciosa y sectaria que les causará graves problemas».

De este modo, los ganaderos han hecho hincapié en que acudían a la reunión «con ánimo de diálogo y ganas de buscar una solución». «Aquí nadie quiere exterminar al lobo», han sentenciado UPA, COAG y ASAJA, que apuestan por diseñar una estrategia que permita el desarrollo de la ganadería extensiva y el cuidado del medio ambiente y del medio rural.

«La actitud y las propuestas del secretario de Estado de Medio Ambiente no van en esa dirección», han criticado, para después rechazar que se destinen ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a sufragar los daños que los lobos causan al ganado y a los ganaderos. «Por ahí no pasamos», han subrayado.

Para las organizaciones ganaderas, «la PAC tiene ya bastantes objetivos, como salvaguardar la producción de alimentos, mantener un nivel de precios asequible para los consumidores o luchar contra el despoblamiento, como para tener que servir ahora para dar de comer al lobo».

PÉRDIDAS DE MÁS DE 4 MILLONES AL AÑO

Han insistido en que la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial «supone, en la práctica, dejar de gestionar y controlar al lobo al norte del Duero, un depredador que causa pérdidas constatadas de más de 4 millones de euros al año a los ganaderos en España y devora más de 10.500 cabezas de ganado, fundamentalmente en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid».

Según han destacado, se calcula que en España hay unos 3.000 lobos, «muy por encima de países como Francia, Alemania, Suiza, Noruega o Suecia». Además, han apostillado de que las cifras son estimaciones, pues el censo está pendiente de actualizar desde 2014.

Las organizaciones profesionales agrarias han acusado al Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos de pretender «incrementar aún más esa cifra, lo que puede incrementar la presión sobre los ganaderos de forma insoportable», y han insistido en que la situación es «muy complicada».

«Somos nosotros los que nos enfrentamos a él y le damos de comer cada día. Debemos ser escuchados, respetados y tenidos en cuenta», han reivindicado COAG, ASAJA y UPA, que anunciarán en los próximos días el calendario de movilizaciones «cívicas y pacíficas, pero contundentes», así como los lugares en los que se producirán. «Es el futuro de la ganadería en España lo que está en juego y no nos quedaremos callados», han concluido.

El PSOE ha pedido perdón a los españoles residentes en el exterior por haberles tratado desde 2011 como «ciudadanos de segunda» al no haber suprimido el voto rogado en estos diez años, lo que ha complicado su participación en las elecciones generales, autonómicas y europeas celebradas desde entonces. «Llegamos tarde», ha asumido la diputada socialista Pilar Cancela.

El PSOE y Unidas Podemos han sometido este martes a debate del Pleno del Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para derogar el ruego del voto que desde 2011 se exige a los españoles emigrados y que ha supuesto un desplome en su participación electoral.

Una reforma legal que ahora empezará su andadura parlamentaria después de que el Pleno del Congreso la vaya a admitir a trámite con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. La negociación a partir de ahora se dará en los detalles del articulado.

En el PSOE, la diputada Cancela ha señalado que la «sospecha de irregularidades» en el recuento del voto exterior fue lo que motivó la reforma de 2011 pero ha lamentado que desde entonces no se haya procedido a corregir esa «anomalía», que ha impedido a muchos españoles en el extranjero poder ejercer su derecho a voto. «Pedimos perdón porque desde entonces les hemos tratado como ciudadanos de segunda y porque vamos tarde», ha proclamado.

«EN DEMOCRACIA LOS DERECHOS NO HAY QUE ROGARLOS»

También ha tomado la palabra en defensa de esta proposición la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz Dalda, quien ha comenzado preguntándose cómo se puede asegurar que España es una democracia plena cuando se restringue un derecho fundamental como el voto a la ciudadanía en el exterior, «una carrera de obstáculos», ha dicho, desde hace más de una década.

«En democracia los derechos no hay que rogarlos», ha resumido Muñoz Dalda, quien ha lamentado la «intencionalidad política» que yacía detrás de la reforma que en su día acordaron el PSOE y el PP con otros partidos minoritarios, pues coincidió con la crisis económica, el éxodo juvenil y el movimiento del 15-M, y ha llamado a poner fin de una vez por todas a la «odisea» que los españoles en el exterior sufren con cada cita electoral.

La combinación del voto rogado y de los plazos previstos en la normativa electoral se ha traducido en una reducción muy significativa en los niveles de participación de los electores residentes en el extranjero. De hecho, en las elecciones generales de 2011, 2015, 2016 y 2019, menos del 10% de los electores solicitaron o rogaron el voto, lo que llevó a los socios de coalición a incluir en su acuerdo de gobierno su eliminación.

Todos los grupos han confirmado su voto favorable a esta proposición de ley en la necesidad de eliminar todas las barreras que impiden a los españoles en el exterior participar en las elecciones y han agradecido la petición de disculpas del PSOE aunque lleguen «tarde», como así lo han verbalizado desde Coalición Canaria e incluso de Vox, quien también ha dicho esperar que el PP hiciera lo propio por permitir que este «esperpento» continúe.

TIENE «MUCHAS» DE LAS PROPUESTAS DEL PP

En el PP el diputado José Antonio Bermúdez de Castro han hecho caso omiso a la petición de los de Santiago Abascal recalcando que su partido apoyó esa reforma promovida por el PSOE ante las continuas acusaciones de fraude en el recuento electoral y manipulación del voto exterior.

Pero ha confirmado que su voluntad de acabar con el voto rogado es la misma que hace dos legislaturas, cuando pusieron encima de la mesa «muchas» de las propuestas que precisamente el PSOE y Unidas Podemos han hecho suyas en su iniciativa, ha dicho. Ha insistido en su apoyo para suprimir el voto rogado pero, eso sí, siempre garantizando la seguridad jurídica.

Tanto el PP como Ciudadanos ya han avanzado algunas de las propuestas que presentarán en modo de enmiendas a la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos. Mientras los ‘populares’ plantearán incrementar el voto en urna ampliando los centros para poder votar y exigirán garantías en la identificación del elector, en Ciudadanos abogarán por aprovechar esta reforma para implantar las listas abiertas, convertir el Senado en una auténtica Cámara territorial o fijar un límite territorial del 3% para poder acceder al Congreso.

También lo hará el PNV en la misma línea que hace dos legislaturas, cuando los trabajos para eliminar el voto rogado estuvieron a punto de ver la luz si no se hubieran disuelto las Cortes con motivo de las elecciones de abril de 2019, y Esquerra Republicana (ERC), que ya avanza que reclamará el voto para los migrantes en España y rebajar la edad de voto a los 16 años.

LAS ‘RECETAS’ DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS

En concreto, PSOE y Unidas Podemos plantean en su iniciativa que la descarga telemática de la papeleta permitirá adelantar los plazos de envío de la documentación electoral, facilitando así su recepción en plazo. También pauta ampliar de tres a siete días de los plazos para el depósito del voto en urna y mantiene la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada.

Además, se amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general, algo «imprescindible» si se quiere que «el esfuerzo de participación democrática de los conciudadanos en el extranjero sea tomado en consideración».

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo ha aprobado este martes el informe que pide levantar la inmunidad europarlamentaria del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo a la Eurocámara para poder juzgar al político independentista en España.

La adopción de los informes han salido adelante con 15 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, ha anunciado el presidente de la comisión parlamentaria, Adrián Vázquez (Ciudadanos), en declaraciones a la prensa en la sede del Parlamento europeo, tras la votación secreta. En una comisión de 25 miembros, la suma de eurodiputados del PPE, Socialistas, Liberales y Conservadores supone 18 votos.

Este es el primer paso para que la institución europea responda formalmente a las autoridades españoles, si bien la decisión definitiva no se conocerá hasta que el mismo informe sea sometido al voto del próximo pleno del Parlamento europeo, previsto para la semana del 8 de marzo.

Aunque Vázquez ha considerado prematuro adelantar el resultado del voto del pleno, sí ha apuntado que de manera general las posiciones de las comisiones parlamentarias se suelen «replicar» en la votación plenaria ya que la proporción del peso de cada grupo en las comisiones corresponde con el del Hemiciclo.

Además de dar su visto bueno al suplicatorio de Puigdemont, la comisión de Asuntos Jurídicos ha aprobado igualmente los informes que avalan la suspensión de la inmunidad de los dos exconsellers de Puigdemont que huyeron con él a Bélgica y ocupan ahora un escaño en la Eurocámara, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Los tres eurodiputados independentistas han anunciado una comparecencia ante los medios el miércoles para evaluar esta decisión y exponer los próximos pasos. Un eventual recurso de las decisiones sobre el suplicatorio no paralizaría el proceso, han apuntado fuentes parlamentarias.

Si el voto del pleno de marzo confirmara la posición inicial redactada por el ponente, el eurodiputado conservador búlgaro Angel Dzhambazki, la inmunidad de los tres eurodiputados quedará suspendida y podrán reactivarse sus expedientes de extradición.

En el caso de Puigdemont y Comín, el Tribunal belga que debe decidir si ejecuta la Orden Europea de Detención y Entrega emitida por el Supremo suspendió el juicio hasta conocer de las autoridades españolas si prosperaba el suplicatorio. El caso de Ponsatí, por su parte, está pendiente en un tribunal británico ya que la reclamada reside en Escocia.

El Supremo remitió formalmente los tres suplicatorios al Parlamento europeo en enero de 2020 pero la parálisis forzada por la pandemia de coronavirus bloqueó su tramitación hasta el pasado noviembre, cuando se reactivaron con el aval de los servicios legales de la Eurocámara para celebrar las sesiones confidenciales sobre casos de inmunidad por vía telemática.

En su defensa, los tres eurodiputados de JxCAT han argumentado que el Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente para juzgarles y también han denunciado persecución política en España.

Sin embargo, el ponente de los informes de JURI que responden a la petición del Supremo apuesta por dar luz vede a los suplicatorios porque considera que los hechos por los que se les reclama corresponden a una época en la que aún no eran eurodiputados.

«El Parlamento Europeo no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión», ha declarado el eurodiputado del PP Esteban González Pons en un comunicado, tras anunciarse el resultado del voto.

El portavoz de Vox en el Parlamento europeo y miembro de JURI, Jorge Buxadé, por su parte, ha expresado su «satisfacción» por el resultado porque considera que es el resultado «de un año explicando en el Parlamento Europeo los delitos de los golpistas huidos y un primer colofón a la querella que Vox puso contra ellos».

Entretanto, desde la delegación europea de JxCAT han iniciado una campaña en las redes para pedir a los europeos que escriban a sus representantes en el Parlamento europeo para pedirles que voten en contra de tramitar los suplicatorios.

En varios mensajes en Twitter, JxCAT alega que el Supremo no respetará la presunción de inocencia de sus tres eurodiputados y que ingresarán en prisión provisional si son extraditados a España. También tratan de desacreditar al ponente, al que señalan como «colega» del partido «neofranquista» Vox, y ponen en duda que por ello el proceso pueda ser justo.

El ponente es miembro del grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) del que forma parte Vox, pero también los nacionalistas flamencos de la N-VA que han dado apoyo a Puigdemont desde que llegó a Bélgica.

El senador de Vox Jacobo González-Robatto ha acusado este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de «mirar para otro lado» ante los protestas violentas en Cataluña tanto en las pasadas elecciones autonómicas como en los disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, preguntándole directamente si está esperando a que haya un muerto para intervenir.

Grande-Marlaska se ha remitido a anteriores intervenciones públicas suyas para repetir que cualquier violencia es «deleznable» y pidiendo a Vox que respalde las actuaciones en defensa de la seguridad ciudadana de los Mossos d’Esquadra. Además, ha emplazado a este partido a que condene la violencia machista, así como las acciones xenófobas contra inmigrantes en Canarias o el asalto de «personas de ultraderecha» al Capitolio de Estados Unidos.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, González-Robatto ha señalado a Grande-Marlaska como el «responsable de la seguridad en Cataluña», citando el polémico tuit del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, para afear que los «terroristas y vagos» que protestan a favor de Hasél cuenten con el «aplauso» del Gobierno.

«Aquí, señor Marlaska, le dejo una advertencia: no habrá piedra, ni tornillo, ni violencia que nos detenga», ha sostenido González-Robatto, que ha dicho que «tienen la decisión, valentía y honor» para defender sus valores «hasta la última gota de sangre». Después de llamar al ministro «fracasado» y mencionar las agresiones a los policías, le ha preguntado: «¿Va a esperar que haya un muerto, señor Marlaska?».

RESPUESTA «INEQUÍVOCA» CONTRA LA VIOLENCIA

El titular del Interior ha censurado las «insinuaciones y falsedades» de Vox, además de cuestionar a esta formación por no defender los valores democráticos que representa la bandera de España que lucen, según él, como «elemento decorativo».

«Coincido con usted en que es necesario que los posicionamientos contra la violencia queden claros y sean inequívocos, y por eso aprovecho esta ocasión para invitarle a que también condenen otras graves manifestaciones de violencia», ha añadido Grande-Marlaska, «la violencia machista, dejando de boicotear declaraciones y de hacer llamamientos hacia el 8 de marzo próximo incompatibles con un sentido de dignidad humana».

También ha pedido condenar las «manifestaciones de odio y xenofobia como se ha visto en Canarias y el asalto perpetrado por personas de ultraderecha en el Capitolio de los Estados Unidos». «Condenen ustedes todo tipo de violencia», ha enfatizado Grande-Marlaska, «incluso la intolerante con los resultados electorales», para demostrar que «además de la bandera como elemento decorativo llevan los valores democráticos de igualdad, libertad y tolerancia».

«Yo sí que voy a estar ahí; no me va a parar nadie defendiendo esos valores», ha terciado el ministro del Interior.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la asociación Abogados Cristianos, contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número diez que absuelve a tres mujeres que participaron en una manifestación en Sevilla portando en andas una vagina de látex de grandes dimensiones.

Las tres mujeres fueron juzgadas en 2019 por delitos contra los sentimientos religiosos y de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión en el marco de la manifestación celebrada en la capital hispalense el día 1 de mayo de 2014 en la que portaron una vagina gigante a modo de autodenominada «procesión de la anarcofradía del santísimo coño insumiso y el santo entierro de los derechos socio-laborales».

En la sentencia inicial impugnada por Abogados Cristianos, el Juzgado consideraba probado que, con ocasión de la manifestación celebrada en Sevilla el 1 de mayo de 2014, y dentro de una convocatoria titulada «aquelarre feminista», las tres acusadas participaron junto a otras personas no identificadas en la «exhibición pública por las calles del centro de una vagina de látex de grandes dimensiones que portaban en andas, bajo el nombre de procesión de la anarcofradía del santísimo coño insumiso y el santo entierro de los derecho socio-laborales», con la que «pretendían efectuar reivindicaciones de tipo sociales, laborales y feministas».

El juez precisa que la estructura portada en andas «estaba acompañada de ornamentos que usualmente distinguen a las imágenes de representación de la Virgen María en los pasos que se procesionan en la Semana Santa, estando adornada por un manto similar a los que normalmente se usan, portando flores en la base y estando vestida las portadoras del mismo, bien con los capirotes que suelen usar los nazarenos pero al modo y manera que lo hacen los penitentes, bien con la mantilla que durante el Jueves Santo gustan de vestir las mujeres que acompañan ese día señalado a las sagradas imágenes».

Según indica el magistrado, durante la procesión, «y utilizando un megáfono, se efectuaron además varias proclamas» como «la Virgen María también abortaría», expresión que realizó una de las acusadas, o «vamos a quemar la conferencia episcopal», lo que «no se puede imputar a persona determinada».

DEVOTOS TANTO OFENDIDOS COMO NO

Para el juzgado, «lo que hicieron ofendió claramente a muchos católicos, practicantes y devotos (…), e igualmente hay católicos, igualmente practicantes y devotos, que no se sintieron expresa y directamente atacados», agregando que las acusadas «participaron en una actividad de protesta que puede gustar o no, que puede ser considerada como una mamarrachada o no, que puede ser compartida o no, pero dicha actividad, absolutamente prescindible y gratuita en sus formas, tenía igualmente una finalidad concreta y era la protesta incardinada en el contexto social propio de aquellas fechas», como era el «intenso debate social» sobre el contenido del proyecto sobre la reforma de la regulación del aborto.

En este punto, el juez señala en la sentencia absolutoria inicial que el tratamiento de la pugna entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a los sentimientos religiosos «ha sido tratado en numerosas ocasiones» en sentencias «que vienen a manifestar que no existe un límite claro y preciso en la colisión de los derechos y deberá ser cada cuestión planteada en juicio oral analizada de manera detallada y pormenorizada», absolviéndolas del delito contra los sentimientos religiosos.

El juez también absuelve a las acusadas del delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión que les atribuía Abogados Cristianos, ya que entiende que este delito «castiga el hecho de fomentar y promover o incitar directa o indirectamente al odio, y ello no ocurre en el presente caso por la sencilla razón» de que, durante la procesión, las encausadas «no efectuaron arengas ni proclamas de este tipo».

RECURSO DE APELACIÓN

Frente a ello, la asociación Abogados Cristianos interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia, alegando que dicha sentencia incurría en un «error en la valoración de la prueba de ambos delitos; elemento subjetivo del tipo; y colisión entre la libertad de expresión y reunión, con el derecho a la libertad religiosa».

No obstante, la Sección Primera de la Audiencia determina en su sentencia, fechada el pasado 15 de febrero, adelantada por Eldiario.es Andalucía, que conforme a la doctrina que rige, «podrá o no compartirse la valoración efectuada de lo que son pruebas personales, como los testimonios prestados en el acto del plenario por las partes y la prueba testifical practicada, pero lo que no resulta posible es modificar la conclusión a la que se ha llegado en atención a la doctrina jurisprudencial expuesta y a los referidos preceptos legales».

En paralelo, la Audiencia coincide con el Juzgado de lo Penal número diez en que «la actividad realizada por las acusadas era absolutamente prescindible y gratuita, sobre todo si nos ceñimos al objeto de la reivindicación», corroborando en paralelo que «la finalidad no era ofender los sentimientos religiosos y por tanto carecería del elemento subjetivo, a pesar de emplear elementos que, objetivamente, pueden servir para ello».

POR DELANTE DE LA BASÍLICA DE LA MACARENA

«Incluso cuando las acusadas y sus acompañantes llegan a la altura de la basílica de la Macarena, tal y como se puede observar en el video, simplemente rodean su arco y se ubican en dirección al Parlamento y obvian completamente, porque lo contrario no está acreditado, a los miembros de la hermandad onubense de Nuestra Señora del Mar de Isla Cristina, observándose en el video que nadie se dirige a ellos», detalla la Audiencia.

Así, la Audiencia razona que «en el presente caso el juzgador, en base a la prueba practicada en el plenario, desgrana los hechos y circunstancias de las que se desprende la ausencia del propósito de ofensivo». «No consideramos que dicha valoración sea errónea, sino que simplemente el recurrente realiza una valoración distinta a la recogida en la sentencia. Todo ello sin olvidar, como así recoge la sentencia y reconocen las acusadas, que la forma en que se realizó la protesta, tanto por las los elementos que se exponían, como por las frases proferidas, puedan ofender los sentimientos religiosos», indica la Audiencia.

«Al no poder apreciarse una insuficiencia o falta de racionalidad de la motivación fáctica, procede la desestimación del recurso interpuesto», zanja la Audiencia, confirmando la sentencia absolutoria.

Melilla ha retirado este martes la estatua dedicada al dictador Francisco Franco en la ciudad, que fue colocada tras aprobarse en un Pleno de la corporación en el año 1975 después de la muerte del general y colocada en la vía pública en 1978.

Esta medida se produce tan solo 24 horas después de la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma con los votos a favor del PSOE, CPM, Cs y un diputado no adscrito, el ex líder de Vox Jesús Delgado Aboy, con la abstención del PP y el voto en contra del único parlamentario de Vox.

La retirada se ha realizado en la tarde de este 23 de febrero de 2021 por sorpresa después de que por la mañana el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro (Cs), dijera que se quitaría «lo antes posible» pero sin especificar día y hora, cuando fue preguntado por ello por los medios de comunicación en rueda de prensa.

Un importante dispositivo de operarios y fuerzas de seguridad montado a la entrada del puerto dio la pista del inicio de los trabajos para sacar de la vía pública la efigie de Francisco Franco Bahamonde y las placas que le acompañaban, entre ellas una principal en la que se podía leer ‘Melilla al Comandante de La Legión Francisco Franco Bahamonde 1921-1977’.

Los trabajos de demolición de la base de hormigón sobre la que se situaba una imagen de Franco vestido con traje de campaña legionario, bastón de mando en una mano y unos prismáticos en otra, ha durado más de una hora, tiempo en el que ha concitado la presencia de curiosos, si bien todo ha transcurrido con normalidad y sin incidentes. Durante ese tiempo apenas hubo un grito de un conductor diciendo que ‘así es como vamos a arreglar los problemas de España’ o los aplausos de la secretaria general de Podemos, Gema Aguilar, cuando ya la efigie colgaba de una grúa para su traslado a un camión.

A pregunta de los periodistas, el presidente Eduardo de Castro ha señalado que el destino de la estatua será «unos almacenes municipales» pero no ha detallado si va a tener algún uso más, como un museo, venta a un museo privado como ocurrió con una anterior estatua de Franco en Melilla u otro uso.

La retirada se ha producido además en un día de gran simbolismo como la conmemoración del 40º aniversario del fracaso del golpe de Estado del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero un 23 de febrero de 1981.

Los partidos del Gobierno de la Ciudad (PSOE, CPM y Cs) han calificado este día como «histórico» porque aseguran que se retira la última estatua de Franco que quedaba en la vía pública en España, mientras el PP y Vox consideran que se tratan de «una cortina de humo» para esconder «los problemas que realmente preocupan a los melillenses, como la crisis del covid y la crisis económica».

La mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso han enumerado, este martes los nombres de las 1.081 asesinadas por violencia de género en España, desde que se tienen datos (2003), durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox sobre violencia intrafamiliar en la que se pide la derogación de la Ley de Violencia de Género.

«En recuerdo de todas las mujeres asesinadas, desde nuestro grupo parlamentario decimos alto y claro que la violencia sí tiene género frente a quienes intentan negar la realidad», han señalado al inicio de sus intervenciones los portavoces de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, CUP, Compromís, Junts, BNG, Más País-Equo.

Tras esta introducción, cada uno de ellos ha leído una parte de la lista de las más de 1.000 asesinadas por esta lacra, entre los aplausos del resto de partidos presentes, a excepción de Vox.

Según han explicado los socialistas, esta iniciativa se ha trasladado a todos los grupos presentes en la Cámara baja, aunque PP y Ciudadanos han rechazado participar. Ambas formaciones han señalado en su intervención en el debate que apoyan el aplauso a las víctimas de la violencia de género y se han mostrado en contra de la propuesta de Vox a debate.

PP PIDE AL GOBIERNO QUE APLIQUE EL PACTO

La portavoz de los ‘populares’, Alicia García, ha afeado a los de Abascal que presenten un texto que habla de una perspectiva global e integral de la violencia intrafamiliar en el que, después, no ponen nombre a los diferentes tipo de esta violencia. También critica que la norma no tiene diganóstico, mecanismos de detección, herramientas de valoración de riesgo o información especializada, además de eludir a las comunidades autónomas, entre otras medidas.

Esto se debe, ha indicado García, a que las verdaderas intenciones de Vox son «equiparar la violencia intrafamiliar a la violencia de género» algo con lo que, ha explicado, «no está de acuerdo» porque «no todos los proyectos, medidas o servicios» sirven para ambas violencias porque su origen «es distinto».

En su intervención, la diputada del PP se ha dirigido también a los partidos en el Gobierno para reprocharles que, «con sus peleas no gana nadie» y «pierden las víctimas» y les ha apremiado a poner en marcha las 290 medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y a seguir las recomendaciones del Consejo de Europa para que España aborde de manera integral todas las formas de violencia contra la mujer.

Su homóloga de Ciudadanos en el debate, Sara Giménez, también ha criticado que Vox use esta iniciativa para «negar la violencia de género» y «diluirla» como «forma de violencia específica» que hay que combatir como, ha puesto como ejemplo, se hace con la violencia contra los menores en la futura ley de violencia en la infancia que se tramita en el Congreso. A su juicio, «no todas la violencias tienen la misma causa y no todas de pueden abordar de la misma manera».

«UN ESPECTÁCULO BOCHORNOSO»

La defensa del texto de Vox ha corrido a cargo de la diputada Carla Toscano, que en su intervención ya reconoció la dificultad de que esta propuesta de ley se tomara en consideración alegando que su formación es la única que quiere «la igualdad ante la ley», que «disiente del consenso progre» y que busca «ayudar a todas las víctimas de violencia».

La Ley de Violencia Intrafamiliar que proponen los de Abscal, ha explicado Toscano, protege «a todos» los españoles, «a la familia» y a «todos los miembros que sufran violencia en su seno». «Porque padres, madres, hijos, abuelos y parejas homosexuales también importan», ha declarado.

En su intervención también ha explicado por qué es necesaria la derogación de la Ley contra la Violencia de Género. A su juicio, esta «no ha funcionado», porque el número de víctimas no se reduce; «viola la igualdad ante la ley»; «criminaliza al hombre por el mero hecho de serlo»; «adoctrina» a los menores «para que piensen que piensen que los varones son violentos»; permite «una pena mayor» si a violencia la comete un hombre; o crea «tribunales de excepción para hombres.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del partido, Macarena Olona, ha definido como «espectáculo bochornoso» lo ocurrido en el debate ya que, a su juicio, «quienes han aprobado esa ley ineficaz» han estado aplaudiendo «las trágicas consecuencias de esa misma ley».

Del mismo modo, ha indicado que este martes se ha evidenciado que «hay víctimas de primera y segunda categoría» y se ha preguntado por qué no se ha nombrado a otras personas asesinadas, como a Manuel Jesús, «asesinado por su mujer»; a Gabriel «por su madrastra», a Alicia, «por su madre», a Óscar, «por su mujer»; o a Marisol, «por su mujer», entre otros.

Olona cree que la Ley contra la Violencia de Género es «ideológica» y sólo sirve para mantener «una red clientelar de chiringuitos subvencionados». «En Vox seguiremos luchando», ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que está «satisfecho» con el funcionamiento del Gobierno de coalición y ha admitido que al PSOE y a Podemos les unen «más cosas» de las que les separan. Dicho esto, ha acusado al PP no «arrimar el hombro» y utilizar la pandemia para «intentar derribar» al Ejecutivo cuando ni él ni su Gobierno son el «adversario» del primer partido de la oposición.

«Como presidente me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura y se lo digo claramente señoría», ha recalcado Sánchez al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, durante la sesión de control al Gobierno.

Tras asegurar que «la experiencia es la madre de la ciencia», Sánchez ha explicado que PSOE y Podemos son dos fuerzas «distintas» que provienen además de «culturas diferentes», pero ha subrayado que les «unen más cosas» de las que les separa. «Y lo que nos une es la agenda que necesita España para los próximos tres años», ha proclamado, para citar entre sus prioridades la salud, el empleo y la protección social.

MAROTO: «IGLESIAS NO ES EL POLI MALO Y SÁNCHEZ EL POLI BUENO»

Ante esa respuesta, Maroto ha criticado que Sánchez diga públicamente que está satisfecho con su Gobierno. «Tiene que mirarse mucho al espejo cada mañana para poder hacer esa afirmación», ha exclamado, para preguntar al jefe del Ejecutivo si «no le duele el alma» ver el comportamiento de sus socios de investidura que «dan la espalda» al acto del 23F y «alientan» la violencia callejera por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Maroto ha afirmado que a la crisis sanitaria y económica hay que unir la crisis institucional, ya que se «cuestiona desde dentro» del propio Gobierno de España la «salud de la propia democracia». Además, ha echado en cara a Sánchez que no tenga la «valentía» de «poner en su sitio» a sus socios, que son los que «alientan y excusan a los alborotadores callejeros».

A nosotros nos da igual si su relación con Iglesias es un matrimonio a palos o es una relación idílica, pero lo que nos preocupa mucho es que el presidente del Gobierno de una democracia consolidada como la nuestra tarde varios días en salir de la cueva para justificar su silencio ante la violencia callejera auspiciada desde dentro de su propio Gobierno. El que calla otorga, señor Sánchez», ha enfatizado.

Maroto ha afirmado que Pablo Iglesias «no es el poli malo» y Sánchez el «poli bueno» del Gobierno. «Él es culpable, pero usted es cómplice», ha espetado al presidente del Gobierno, para afirmar que permitir que desde el Gobierno se «aliente la violencia» sí que es «anomalía democrática», en alusión a las declaraciones del líder morado hace unas semanas asegurando que en España no había plena normalidad democrática.

El portavoz del PP en el Senado ha emplazado a Sánchez a detallar de forma concreta qué va a hacer para «evitar situaciones de violencia» o «para poner en su sitio a los que las alientan o excusan». «Hace falta que le una pista de lo que tiene que hacer? Hoy no ha venido pero lo tiene solo a un escaño de distancia», ha manifestado, en referencia al sitio de Pablo Iglesias.

SÁNCHEZ: «NO NOS ALEGRA QUE AL PP LE VAYA MAL»

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha apelado a la unidad y ha pedido expresamente al PP que «apoye» al Gobierno en las cuestiones que son de «interés general», ya que tienen 155 escaños y no llegan a la mayoría absoluta.

Sánchez, que ha afeado que llegue al Pleno del Senado con un «juicio», ha subrayado que gracias a la unidad han logrado «cosas muy importantes» como tener 140.000 millones de fondos europeos, aprobar los Presupuestos Generales del Estado o proteger a trabajadores y empresas con ERTES y créditos ICO.

Sin embargo, ha recriminado al PP que haya dedicado los últimos meses de pandemia a «entorpecer, bloquear, difamar y calumniar» la labor del Gobierno y ha señalado que ese partido tiene que decidir si toma «el camino de la moderación» o por el contrario sigue el «camino de la perdición» que, a su entender, implica «seguir agarrados a la ultraderecha».

«Ni yo ni este Gobierno es su adversario. A nosotros no nos alegra de que al PP le vaya mal ni en Cataluña ni en España», ha afirmado Sánchez, en un momento en el que el Ejecutivo quiere cerrar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

MATOTO PIDE «UN VERDADERO PLAN DE VACUNACIÓN COORDINADO»

En su segundo turno, Maroto ha recriminado al Gobierno la ausencia de «medidas eficaces» en el plano sanitario y económico. En primer lugar, ha dicho que la vacunación «debe ser la prioridad» y ha exigido a Sánchez que tenga desarrollado «un verdadero plan de vacunación coordinado» cuando lleguen las dosis de forma «masiva» y «se solventen los problemas de producción».

También ha criticado que el Gobierno no apoye a los hosteleros con ayudas directas como están haciendo otros países europeos y ha subrayado que «jamás en España ha habido una mayor lejanía entre las prioridades del Gobierno y las de los ciudadanos».

En su réplica, Sánchez ha señalado que llevan trabajando desde septiembre con las autonomías en el plan de vacunación. «Somos de los países que más estamos vacunando en menos tiempo en Europa y en el mundo. Al menos agárrese a los datos y a los hechos», ha resaltado.

Además, ha destacado de nuevo la actuación de su Ejecutivo para «no dejar a nadie atrás» a través de los ERTES y los créditos ICO y ha aludido a «otras medidas que van a tomar en las próximas semanas para sostener» a los hoteleros, un tejido productivo «especialmente dañado» y que puedan «remontar» en verano con la recuperación económica.

Sin embargo, ha asegurado que el PP «no arrima el hombro» sino que está «utilizando la pandemia para intentar derribar al Gobierno de España», algo que, a su juicio, ha llevado a que el primer partido de la oposición esté cosechando «derrota tras derrota». «Tendrán que tomar una decisión. O a lo mejor ya la han tomado y es seguir acomplejados con la ultraderecha española», ha abundado.

SÁNCHEZ: «EL PP, A POR UVAS, COMO SIEMPRE»

Asimismo, Sánchez ha dicho con ironía a Maroto que «como buen exalcalde de Vitoria» le interesará el «devenir de su tierra, de Castilla y León», después de que se empadronara en esa comunidad, y ha enumerado las medidas que el Ejecutivo ha adoptado para mejorar la situación económica en Castilla y León.

El ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, ha presentado recurso de reforma contra su procesamiento por un delito de integración en organización terrorista por participar en la financiación de la banda a través de las ‘herriko tabernas’. Alega que juzgarle a día de hoy sería «anacrónico» dada la situación de apuesta por la vía política en País Vasco.

Así, entiende que dada la situación actual, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, debe interpretar la norma «en consonancia con los tiempos» y con la situación actual en País Vasco, donde la sociedad «apuesta por las vías políticas, por el acuerdo y el consenso, así como por la reconciliación».

«En estas claves, el juicio que se plantea en relación con nuestro representado es anacrónico, está fuera de lugar y esto debe tener un traslado al procedimiento, y en consecuencia proceder al sobreseimiento y archivo del mismo», dice la defensa de ‘Josu Ternera’.

Este recurso llega un día después de que por videoconferencia desde Francia, donde está pendiente de juicio, el etarra negara ante Pedraz haber participado en el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria y en la financiación de la banda a través de las ‘herriko tabernas’.

En el escrito, la defensa del ex jefe de ETA señala además que el relato de los hechos que acomete el juez en su auto de procesamiento pone de manifiesto «que no existen elementos indiciarios» que permitan atribuirle la comisión de delito alguno, y añade que la resolución se sustenta «en aseveraciones que son erróneas, a partir de los cuales considera delictivas actuaciones perfectamente legales y absolutamente inocuas desde el punto de vista penal».

MIEMBRO DE EUSKAL HERRITARROK Y BATASUNA

Tras esto, enumera los hechos por los que se le procesa, entre los que se incluye su militancia y responsabilidad histórica en ETA y que desde que salió en libertad en enero de 1999 ocupó cargo como miembro de Euskal Herritarrok y Batasuna y ejerció una labor directiva del complejo liderado por ETA.

Relata la defensa que otro hecho que sustenta el procesamiento es que el 15 de julio de 2000 participó en una reunión orgánica de EKIN (organización de la izquierda abertzale posteriormente ilegalizada), y que el 1 de junio de 2000 participó en otra reunión orgánica de esa organización que se celebró en los locales de Herri Batasuna en la calle Astarloa de Bilbao junto a otras personas. A eso suma el juez que el 5 de marzo de 2001, «asistió a una reunión acompañado de otras personas».

La defensa recuerda que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna fueron ilegalizadas por Sentencia del Tribunal Supremo (TS) el 27 de marzo de 2003, mientras que EKIN se disolvió, según comunicado de la propia organización en octubre de 2011.

Y añade que a la vista de estas fechas, a su representado se le acusa en relación a hechos que se llevaron a cabo en el período comprendido entre el año 2000 y el 2001 «y en relación con organizaciones (…) que en la actualidad, o están ilegalizadas por resolución judicial, o se trata de organizaciones que se han disuelto».

IBA A REUNIONES COMO PARLAMENTARIO ELECTO

Además, el escrito pone el foco en que en esas fechas Urrutikoetxea era parlamentario vasco electo por Vizcaya, y como cualquier diputado «en el ejercicio de su labor política e institucional y para el desarrollo de la misma, acudía a diferentes reuniones, en diferentes lugares, no solo con personas, sino con todo tipo de organizaciones, asociaciones, sindicatos y partidos políticos».

Por este motivo, la defensa de Josu Ternera recuerda que esa labor «se llevaba a cabo al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Española y 21 del mismo texto» y que por lo tanto el auto de Pedraz «pretende minusvalorar la actividad parlamentaria, lo cual no es de recibo en un sistema democrático».

Tras esto, el escrito analiza los hechos uno a uno pero se centra en las reuniones en las que participó supuestamente Josu Ternera en el año 2000 en EKIN, y resalta que el auto no da razón alguna que avale «siquiera de manera indiciaria» que las mismas tuvieran relación con esa organización. Tampoco ve elementos acreditativos de que efectivamente acudiera, conociendo y queriéndolo así.

E insiste en que en caso de que se dieran esas reuniones se habrían producido cuando EKIN era legal, puesto que su ilegalización se dio por sentencia de 19 de diciembre de 2007. Mismo argumento utiliza para la reunión en la sede de Herri Batasuna de la calle Astarloa, y recuerda que fue ilegalizada en 2003.

Por todo esto, deduce la defensa que se está «ante una suerte de criminalización del trabajo parlamentario en función de la formación política a la que representaba» su mandante en esos años. Proyecto político, recuerda, que fue sustentando por un amplio sector de votantes vascos.

Por eso, apela al artículo 26.6 del estatuto de autonomía del País Vasco para recordar que existe una inviolabilidad reconocida a los parlamentarios vascos que «abarca también a los actos políticos que hayan desplegado los miembros de la cámara legislativa». Y apunta que así lo recoge ya el Tribunal Constitucional y va en la línea interpretativa que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

TRIBUNAL DE APELACIONES DE PARÍS

La citación de este lunes tuvo lugar después de que el pasado 6 de enero la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París fallara a favor de la solicitud de extradición cursada por las autoridades españolas contra ‘Josu Ternera’ por el asesinato del directivo de Michelin, una decisión que aún no es firme.

La decisión sobre la entrega a España que sí es definitiva es la adoptada el pasado 4 de noviembre por la Corte de Casación de París para que Urrutikoetxea pueda responder ante la Audiencia Nacional por el caso de las ‘herriko tabernas’ correspondiente a esos hechos detallados y que fueron cometidos en el año 2000 en Bilbao.

‘Josu Ternera’, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

El antiguo dirigente etarra tiene varios asuntos judiciales pendientes tanto en España como en Francia. La Audiencia Nacional le requiere también por el atentado perpetrado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que provocó 11 muertos, y sobre el que la justicia francesa también ha accedido a entregarlo.

En cambio, el pasado mes de julio el Tribunal de Apelaciones se negó a enviarlo también por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de ETA.

La organización Global Citizen, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y otros líderes políticos y sociales, ha lanzado este martes una campaña de un año de duración que tiene como objetivo acabar con la COVID-19 «para todos, poner fin a la crisis del hambre, reanudar el aprendizaje en todas partes, proteger el planeta y promover la equidad para todos».

Según esta iniciativa, todavía se necesitan más de 22.000 millones de dólares para garantizar que los países más pobres dispongan de al menos 2.000 millones de vacunas y otras intervenciones médicas contra la COVID-19 para finales de 2021. Por eso, hace un llamamiento a todos los países ricos para que «donen las dosis sobrantes a otros países que las necesiten, con el fin de garantizar que las vacunas estén disponibles en todo el mundo, en todas partes, antes de que las variantes resistentes a las vacunas empiecen a surgir y a ganar terreno».

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha resaltado durante la presentación que el «interés común» del bloque comunitario es «compartir» las vacunas, por lo que ha mostrado su apoyo a la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de repartir el 5 por ciento del total de vacunas entre los países pobres. La jefa del Ejecutivo comunitario ha reivindicado que Europa «es el continente que más vacunas exporta al resto del mundo», pero ha pedido que «todo el mundo tiene que contribuir.

En una breve intervención en vídeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado que la pandemia «no tiene que hacernos olvidar otros significativos desafíos globales, como protejer el planeta, luchar contra el hambre, la educación a nivel mundial y promover la equidad». «Por eso España ha querido estar presente en esta campaña para hacer el mundo un lugar mejor cada día. Solo dando un paso adelante podremos tener éxito. Os invito a todos a alzar la voz y a actuar juntos para apoyar el cambio», ha resaltado, aunque sin referirse explícitamente al objetivo de compartir el 5 por ciento de las vacunas, algo que sí ha apoyado, por ejemplo, el primer ministro portugués, António Costa.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha reclamado «actuar juntos para acabar con la pandemia». «Y no debemos olvidarnos de aquellos que están afectados por la extrema pobreza y el hambre», ha agregado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se ha sumado a la iniciativa, afirmando que complementa el enfoque de las Naciones Unidas para una recuperación sostenible de la pandemia.

«Desde que la COVID-19 se apoderó del mundo, la OMS y nuestros socios se han centrado en proteger la salud y salvar vidas, reclamando la equidad de las vacunas y siguiendo las medidas de salud pública probadas para proteger a las personas del virus. Pero las repercusiones de la pandemia van mucho más allá de la salud y han afectado profundamente a todos los ámbitos de la vida, desde la economía hasta la educación. El mundo debe unirse para construir una respuesta duradera a la COVID-19 para asegurar que las comunidades estén protegidas de futuras emergencias, construyan sistemas resistentes para soportar los choques y puedan cosechar los beneficios de un crecimiento verdaderamente sostenible», ha reivindicado.

En esta misma línea, el actor Hugh Jackman, colaborador de Global Citizen, ha instado a los ciudadanos de todo el mundo a «actuar». «Los problemas a los que nos enfrentamos ahora, en particular, nunca van a ser resueltos por un país o incluso por un grupo de países. Tenemos que unirnos, cada persona», ha defendido. La campaña también está liderada por Billie Elish, Coldplay, Idris Elba, los Jonas Brothers o Miley Cyrus, entre otras personalidades.

La campaña no se limita solo a la lucha contra los aspectos más sanitarios de la pandemia de COVID-19. Entre sus objetivos, también se encuentran acabar con la crisis del hambre, pidiendo contribuciones para cerrar la brecha financiera de los programas que trabajan para reducir el desperdicio de alimentos, apoyar a los pequeños agricultores y ayudar a conseguir programas de alimentación escolar más saludables y mejores para los niños de todas las edades.

Asimismo, instan a reanudar el aprendizaje «en todas partes»: «Los niños de toda la comunidad mundial han estado aprendiendo a distancia durante la pandemia de COVID-19 y, lamentablemente, muchos no tienen acceso a las herramientas educativas que necesitan para prosperar. Se necesitan al menos 300 millones de dólares para apoyar el acceso de millones de niños marginados a una educación de calidad e inclusiva, comidas escolares, empoderamiento de las niñas y los niños con discapacidad, programas de salud mental y física, formación de profesores, tecnología, recursos de aprendizaje a distancia y mucho más.

Por otra parte, se reclama proteger el planeta. » Ni un solo país está tomando medidas suficientes para detener el cambio climático, mientras que sólo una cuarta parte de las grandes empresas se han comprometido públicamente a ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono, a utilizar energía 100% renovable o a cumplir un objetivo de reducción de emisiones basado en la ciencia para 2030″, ha lamentado Global Citizen.

Por último, la campaña pide «equidad para todos». En este contexto, se hace un llamamiento al sector privado para que se «incline por compromisos transformadores con la justicia centrada en las personas, la igualdad de género, la equidad racial, la inclusión de las personas con discapacidad y el apoyo a los defensores de los derechos humanos y la justicia en todo el mundo».