El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, se ha congratulado por el operativo policial que están llevando a cabo, desde las nueve menos cuarto de la mañana aproximadamente, agentes de la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), con la presencia también de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la factoría.

A las puertas de la fábrica, Corbacho –uno de los cuatro representantes sindicales despedidos por la empresa, junto con una trabajadora–, se ha mostrado confiado en que este operativo sea «el principio del fin» a lo que ha calificado como un «engaño» y una «estafa», en relación a la venta por parte de la multinacional Alcoa primero al fondo Parter Capital Group y este, a su vez, al Grupo Riesgo.

En concreto, la Policía Nacional desarrolla el operativo por la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio que eran propiedad de Alcoa en A Coruña y Avilés, en el marco de una investigación dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

Corbacho ha explicado que los trabajadores, pese a la presencia policial –con agentes en el interior y otros tres y un coche policial en el exterior de las instalaciones–, están desarrollando su trabajo en la fábrica y ha confirmado que por la tarde, a las 17,00 horas, se mantiene la concentración que convocan cada día en el marco de la huelga indefinida por el despido de una trabajadora.

«Hay más motivos para celebrar que la justicia y ese saber la verdad está funcionando», ha reconocido en declaraciones a los periodistas. En particular, ha subrayado el hecho de que «las cosas empiecen a esclarecerse» tras las denuncias formuladas por los sindicatos ante la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, además de otros órganos judiciales.

COLABORACIÓN

Sobre la presencia de la UDEF, ha admitido que ha sido una «actuación imprevista» en esta jornada, aunque «esperada». «Sabíamos que la investigación está bastante avanzada», ha manifestado después de que la Audiencia Nacional admitiese a trámite la querella presentada contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas.

Por otra parte, no ha descartado que «precipitasen los acontecimientos» los despidos en la fábrica y la sentencia que condenó a la empresa por vulneración del derecho a la libertad sindical en el marco de la huelga que mantienen.

Ante la presencia policial, el presidente del comité de empresa ha pedido a la plantilla «la máxima colaboración». «Para que se esclarezca la verdad y poder llevar a cabo esas actuaciones en el ámbito judicial, que exijan responsabilidad a todas las empresas implicadas en este engaño tremendo», ha dicho sobre el proceso de venta.

HOJA DE RUTA

Asimismo, ha aprovechado para pedir de nuevo a las administraciones estatal y autonómico que se establezca ya una «hoja de ruta» que dé garantías de futuro a la fábrica y al empleo.

Corbacho ha descartado una mesa social «con empresas implicadas en esta estafa» y ha apelado a hacerla con la presencia de las administraciones y la parte social.

«Toca confeccionar esa salida», ha insistiendo, pidiendo «tranquilidad» en estos momentos ante la investigación policial, pero también apelando a las administraciones para dar «un paso firme» para buscar una «salida» industrial.

El Ibex 35 retrocedía un 0,12% en la media sesión de este jueves, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 8.219 enteros a las 12.02 horas, en un contexto que sigue marcado por la evolución de los contagios de Covid-19 y los planes de vacunación, con la mirada puesta en las vacaciones de Semana Santa.

Asimismo, los inversores han estado pendientes de una nueva colocación del Tesoro Público, que ha captado esta mañana 6.180,41 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones, algo por debajo del rango medio previsto, y lo ha hecho manteniendo los tipos negativos a cinco años.

A mediodía, las mayores caídas se las anotaban Acerinox (-3,58%), Solaria (-3,37%), PharmaMar (-2,92%), Siemens Gamesa (-2,85%) y ArcelorMittal (-2,48%), mientras que en el lado contrario se situaban Telefónica (+3,1%), Ferrovial (+1,77%), ACS (+1,7%), Enagás (+1,16%) y Viscofán (+1,13%).

El resto de Bolsas europeas también experimentaban pérdidas, con caídas del 1,09% para Londres, del 0,43% para París, del 0,68% para Fráncfort y del 0,97% para Milán.

En este contexto, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 61,01 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 63,81 dólares. En esta línea, el mercado estará pendiente de la próxima reunión de la OPEP+.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,2044 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española rondaba los 67 puntos básicos en los primeros compases de la sesión, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,382%.

El Gobierno ha aprobado nuevas ayudas por un importe conjunto de 36,84 millones de euros para extender la banda ancha ultrarrápida a más de 156.000 viviendas y locales de doce provincias españolas, de los que alrededor de 28,44 millones, el 77,2% del total, se las ha adjudicado Telefónica.

Así consta en la resolución provisional de la última convocatoria del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) 2021, que está destinada a las doce provincias que no recibieron propuestas válidas de proyectos que cumplieran los requisitos mínimos en la convocatoria 2020.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital detalla que los doce proyectos adjudicados este jueves en el marco de este programa, que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), generarán inversiones por valor de 66,02 millones de euros.

Así, remarca que las ayudas permitirán que 156.404 unidades inmobiliarias (viviendas y locales comerciales) en 790 entidades singulares de población se beneficien de acceso a banda ancha de nueva generación con velocidad de acceso superior a 300 Mbps (escalables a 1 Gbps).

Esta nueva convocatoria complementa la resuelta el pasado mes de noviembre de 2020, que ya adjudicó ayudas por importe de 105 millones a 33 proyectos, con unas inversiones de 186 millones de euros, para extender la cobertura de banda ancha a más de 653.000 hogares y empresas.

En esta ocasión, Telefónica se ha adjudicado once de las doce provincias (Almería, Jaén, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Cáceres y Murcia), con ayudas que van desde los 352.338 euros en el caso de Santa Cruz de Tenerife hasta los 9,44 millones de euros en el de Almería.

Por su parte, Adamo Telecom se ha adjudicado el proyecto correspondiente a la provincia de Granada, que recibirá una ayuda de 8,39 millones de euros para desplegar banda ancha ultrarrápida a 20.484 unidades inmobiliarias. Tanto los proyectos de Telefónica como el de Adamo se harán con fibra óptica hasta el hogar (FTTH).

PROGRAMA PEBA 2013-2021

Esta convocatoria es la última del PEBA, un programa que se inició en el año 2013 y que, cuando finalicen los proyectos en fase de ejecución, habrá contribuido a que la cobertura de banda ancha a 100 Mbps alcance a cerca del 93% de la población española.

En concreto, en este periodo de tiempo el PEBA-NGA ha movilizado 798 proyectos a través de más de 100 operadores, con unas inversiones de 1.123 millones de euros, de los cuales 621 millones de euros son ayudas públicas.

Esos proyectos habrán servido para dotar de cobertura de red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) a 6,3 millones de unidades inmobiliarias en más de 20.000 entidades singulares de población.

La agenda España Digital 2025 tiene entre sus objetivos garantizar conectividad digital adecuada para el 100% de la población, para lo que cuenta con el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, que tiene un presupuesto de 583 millones de euros en el año 2021 y de 2.320 millones hasta 2025, financiados a través del Fondo deRecuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

El grupo de aerolíneas Lufthansa ha registrado unas pérdidas de 6.725 millones de euros en 2020, frente a los beneficios de 1.213 millones obtenidos un año antes, ante las restricciones a la movilidad impuestas en todo el mundo para frenar la expansión del coronavirus.

«El año pasado fue el más difícil de la historia de nuestra empresa. Las restricciones a los viajes y la cuarentena han provocado una caída única en la demanda de viajes aéreos. Ahora, los certificados digitales de vacunación y de pruebas, reconocidos internacionalmente deben sustituir a las prohibiciones de viajar», ha señalado el consejero delegado de Deutsche Lufthansa, Carsten Spohr.

Los ingresos de la compañía también se desplomaron un 63% en 2020 hasta los 13.589 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en terreno negativo hasta los 7.353 millones, frente al beneficio de 1.857 millones registrado un año antes.

En 2020 las aerolíneas del Grupo Lufthansa ofrecieron alrededor de un tercio de los vuelos o una capacidad (asientos-kilómetro disponibles) del 31% en comparación con el año anterior. Con 36,4 millones de pasajeros, el número de pasajeros fue un 25% de la cifra del año anterior, lo que supuso un factor de carga del 63%, 19,3 puntos porcentuales menos que el año anterior.

A diferencia del tráfico de pasajeros, la división de carga del Grupo se benefició del aumento de la demanda a lo largo del año. Impulsada por un fuerte aumento de los rendimientos medios en medio de una demanda persistentemente alta, Lufthansa Cargo logró un resultado récord con un resultado neto ajustado (Ebit ajustado) de 772 millones de euros, frente al millón de euros de un año anterior a pesar de un descenso del 36% en la capacidad de carga.

En cuanto a los resultados del último trimestre del año, la compañía registró unas pérdidas de 1,141 millones frente a los beneficios de 175 millones de un año antes, mientras que la facturación cayó un 71%, hasta los 2.594 millones.

ADVIERTE SOBRE POSIBLES RECORTES DE EMPLEOS Y VENTA DE FILIALES

El año pasado el número de empleados se redujo en unas 28.000 personas y la compañía ha advertido de que en Alemania se podrían recortar otros 10.000 puestos de trabajo o compensar los costes de personal correspondientes, tras una reducción de la flota del grupo a 650 aviones en 2023.

No obstante, a mediados de la década, el grupo espera que el nivel de capacidad vuelva a ser del 90%. Además, está estudiando la venta de filiales que ofrecen pequeñas sinergias con el negocio principal.

Para todo el año 2021, la compañía espera que la capacidad ofertada aumente hasta el 40% o el 50% de los niveles de 2019, y la expectativa sigue siendo que se generen flujos de caja operativos positivos cuando la capacidad ofertada sea superior al 50%.

El Corte Inglés se ha aliado con la compañía de telecomunicaciones MásMovil para lanzar la marca ‘Sweno’, un operador virtual de móvil y fibra, según ha informado la compañía en un comunicado.

Tras varios meses de trabajo conjunto, el acuerdo, firmado por el consejero delegado de El Corte Inglés, Víctor del Pozo, y el del Grupo MásMovil, Meinrad Spenger, va a permitir al gigante de la distribución española comercializar estos servicios en las «mejores condiciones», de forma que cubran todas las necesidades de conectividad de sus clientes, de acuerdo con los estándares habituales de calidad ‘premium’ y confianza que ofrece la compañía.

Este acuerdo, le va a permitir, además, combinar su oferta de tecnología con servicios de telecomunicaciones, especialmente en el entorno del hogar inteligente, y diversificar su actividad con el lanzamiento de estos servicios de nueva generación.

Por su parte, gracias a esta alianza, MásMovil pone en valor sus servicios de telecomunicaciones móviles y de fibra que, según el estudio de la consultora nPerf, fueron los más rápidos de España durante 2020 por tercer año consecutivo.

Con la firma de este acuerdo, ambas compañías dan continuidad a su «excelente relación» aprovechando su potencial conjunto para aumentar la satisfacción de sus clientes con nuevos servicios de utilidad y potenciar su desarrollo con nuevas vías de crecimiento.

El consejero delegado del Grupo MásMovil, Meinrad Spenger, se ha congratulado por esta alianza. «Es una gran satisfacción para nosotros seguir desarrollando nuestra colaboración a largo plazo con una compañía del prestigio de El Corte Inglés y apoyarles en el lanzamiento de sus servicios de comunicaciones y conectividad», ha señalado.

Por su parte, el consejero delegado de El Corte Inglés, Víctor del Pozo, se ha mostrado «encantado» con esta alianza con el operador de telefonía, que permitirá ofrecer una «oferta de servicios de extraordinaria calidad». «Esta alianza forma parte de la evolución de nuestro modelo de negocio, que va a seguir ofreciendo grandes beneficios a los clientes de ambas compañías», ha subrayado.

Este nuevo proyecto se engloba en el acuerdo marco que alcanzaron El Corte Inglés y el operador de telecomunicaciones el pasado mes de noviembre para el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales que beneficien a los clientes de ambas compañías.

Las dos primeras acciones fruto de esta alianza fueron la incorporación gratuita del servicio de entrega a domicilio ‘El Corte Inglés Plus’ para los usuarios de Yoigo y el desarrollo de un nuevo modelo de alarma para el hogar, que incluirá las últimas tecnologías.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado la incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionaras de las 9 autopistas que quebraron en la última crisis financiera de 2008, un importe que asciende a 120 millones de euros.

La primera garantía que ha solicitado el Departamento que dirige José Luis Ábalos corresponde a la autopista entre Madrid y Toledo (AP-41), cuyo valor asciende a 10,12 millones de euros, con la previsión de seguir incautando las del resto de vías de peaje rescatadas.

Las nueva autopistas que se encuentran en liquidación concursal son la radiales de Madrid R2, R3 y R5 (bajo una única sociedad), R4, M-12 (eje aeropuerto), AP-41 (Madrid-Toledo) y AP-36 (Ocaña-La Roda), así como la AP-7 de circunvalación a Alicante y la AP-7 entre los municipios de Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).

Junto con la resolución de los contratos de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de todas estas vías, el Gobierno también contemplaba la incautación de las garantías de explotación, un procedimiento que ahora ha iniciado.

Los avalistas, sociedades concesionarias en liquidación concursal y determinadas sociedades y fondos acreedores presentaron distintos recursos frente a los acuerdos de julio de 2018 del Consejo de Ministros, que, según defiende Transportes en un comunicado, han sido resueltos mediante sentencias firmes por el Tribunal Supremo a favor del Ministerio y en el sentido recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros.

PRECIO DEL RESCATE

De esta forma, el Gobierno se escuda en estas resoluciones judiciales para reclamar los 120 millones de euros dispuestos en garantías, lo que aminorará la factura del Estado por este rescate, un coste que asciende actualmente a 411 millones por la AP-36 (Ferrovial Infraestructuras, Europistas y Budimex) y de cero euros tanto para la M-12 (OHL) como para la R-3 y R-5 (Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), a falta de calcular la factura del resto de autopistas.

El organismo encargado de ejecutar la incautación total de las garantías de explotación depositadas por las sociedades concesionarias será la Caja General de Depósitos. Las fianzas de estas cuatro autopistas, que estaban controladas por tres concesionarias, asciende a 12,9, 7 y 29,7 millones de euros, respectivamente.

El resto se distribuye en 15,5 millones para la R-2 (Abertis, ACS, Acciona y Globalvía), en 18,3 millones para la R-4 (Ferrovial y Sacyr), en 18 millones la AP-7 (Globalvía y Ploder), en 8 millones la circunvalación de Alicante (ACS, Abertis y Globalvía) y en 10,1 millones la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), para la cual ya ha sido solicitada la incautación.

En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Lidl lidera ya la penetración de la categoría ‘Bio’ en España, ya que en cinco años ha logrado situarse como la primera opción de compra para los consumidores de productos ecológicos, con una penetración del 40% de los hogares, según datos de la consultora Kantar World Panel.

En concreto, con 5,2 millones de hogares que adquieren productos ecológicos en sus tiendas, Lidl es la compañía con mayor número de clientes, lo que supone 1,1 millones por delante de su principal competidor ‘bio’.

El mayor número de compradores y una mayor fidelidad de sus compradores permiten este resultado que sitúa a Lidl como segunda cadena en cuota de mercado ‘bio’.

Además, la cadena de supermercados alcanzó recientemente el ‘Top 3’ en cuanto a cuota de mercado total entre las grandes distribuidoras, lo que es una muestra de la importancia estratégica que desde la compañía se le da a esta categoía de productos ‘bio’.

La diversificación y ampliación de cartera de oferta ‘bio’ por parte de Lidl se ha triplicado en los últimos cinco años. Los productos de alimentación marcaron el camino de la categoría, donde Lidl también tiene el mayor índice de penetración en productos frescos, refrigerados, pan y bollería y producto seco.

Sin embargo, el catálogo también se ha ampliado a áreas tan diferentes como el textil o la cosmética con la línea de productoscosméticos Cien Bio.

De esta forma, Lidl responde la preferencia de los consumidores, ya que según datos de Kantar el 57,4% de la población trata de evitar el uso de productos perjudiciales para el medio ambiente. Además, el 46,4% de los consumidores cree que los productos naturales cosméticosson más efectivos.

En países como Dinamarca el gasto per cápita alcanza los 312 euros al año, mientras que en España todavía está en torno a los 50 euros porpersona al año. Según datos de Kantar, el consumo ha crecido más de un 12% el último año en el mercado nacional, y más de un 100% desde 2012, siendo el país donde más ha crecido el consumo en los últimos tresaños, alcanzando un volumen de 700 millones de euros en este periodo.

El director de compras de Lidl en España, Miguel Paradela, ha indicado que la compañía ha asumido un «fuerte compromiso con la sociedad española desde hace años ofreciendo productos sostenibles y de calidad, al mejor precio». «Un compromiso que, además, nos obliga a reforzar nuestra apuesta por el producto español», ha indicado.

De esta forma, Lidl, con un volumen de 46.800 toneladas al año, es el principal comprador de fruta y verdura ‘bio’ de la huerta española, lo que representa un 9% de la producción total ‘bio’. De esta cantidad, cerca del 90% lo exporta al resto de países de Europa en los que la compañía tiene presencia.

UGT advierte en su último número de la revista ‘Unión’ de que la ley para la regulación de las plataformas digitales, conocida como ‘Ley de Riders’, «va camino del naufragio», pues la mesa de diálogo social que la negocia «está fracasando en su objetivo».

En este sentido, el sindicato critica la actitud de CEOE y Cepyme, a las que acusa de haberse sentado a la mesa «para que nada cambie». «Su única aportación han sido maniobras dilatorias», se queja UGT.

Pero no sólo cuestiona la actitud de las patronales, también del Gobierno por rebajar «el calado de sus propuestas, retirándose a sí mismo el apoyo que previamente se había dado». «El Gobierno ha pasado de liderar el proceso de ordenación de las plataformas digitales en el entorno europeo a situar sus posiciones muy por debajo de las que manifiesta, por ejemplo, la Comisión Europea», denuncia.

El sindicato recuerda que el diálogo social sobre plataformas digitales se inició acordando que, en el ámbito de la negociación, estarían incluidas las plataformas digitales de reparto y todas aquellas que utilizasen fraudulentamente la figura del trabajador autónomo, en la línea que había marcado el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de septiembre sobre Glovo.

El Gobierno asumió entonces el planteamiento sindical de crear un registro de plataformas digitales que permitiese conocer la realidad de las mismas, así como buena parte de las demandas de UGT y CCOO, mientras que CEOE y Cepyme, en los cinco meses de negociación, no han presentado aún ninguna propuesta escrita, relata UGT.

El sindicato subraya que tras una primera reunión en la que las patronales aceptaron abordar el ámbito de regulación planteado, «a partir de la segunda empezaron a cuestionar diferentes aspectos de las propuestas que ya habían sido aceptadas por el Gobierno, aduciendo por ejemplo que los algoritmos estaban protegidos por el secreto industrial, confundiendo deliberadamente los algoritmos laborales con los ligados a la producción».

Según UGT, CEOE y Cepyme han alegado «problemas internos» para aceptar estas medidas porque las propuestas sindicales «amenazaban a empresas que, según ellos, cumplían la ley, porque las plataformas más conocidas les estaban presionando y porque las agencias de colocación se habían dado por aludidas».

Es entonces, denuncia el sindicato, cuando «sorpresivamente» el Gobierno empieza a cambiar de rumbo, expondiendo que el registro de plataformas era competencia de otros ministerios y que el ámbito de la negociación no podía ir más allá de las plataformas identificadas en las sentencias del Tribunal Supremo y otros tribunales.

«Todo empezó a importar más que la situación de trabajadores que estaban desempeñando su trabajo como autónomos cuando deberían ser trabajadores por cuenta ajena», lamenta UGT.

UN DOCUMENTO QUE «CABE EN UN POST-IT»

El sindicato explica que a finales de noviembre el Gobierno presentó un texto en el «desapareció casi todo: adiós al registro, a la infracción, a la información a los trabajadores, y a extender la regulación al conjunto de plataformas que utilizan a trabajadores de manera fraudulenta». «Cuantitativamente, se pasó de una propuesta de cuatro páginas, armada, mejorable, a otra que apenas ocupaba una página y de la que la patronal aun pedía eliminar más cosas», critica.

Antes de acabar el año, UGT y CCOO presentaron una propuesta sindical conjunta para intentar reconducir la negociación, que fue recogida por el Gobierno en parte en un nuevo texto presentado el 20 de enero.

En él se introdujo por primera vez en el Estatuto de los Trabajadores (ET) la obligación de que la representación legal de los trabajadores tenga que emitir informe previo sobre los sistemas de organización y control del trabajo, incluyendo los derivados de cálculos algorítmicos, y en la disposición final del ET se propone mencionar por primera vez a las plataformas como intermediarias de servicios y su condición de empresa cuando ejercen el poder de dirección y organización y hay indicios de ajenidad y dependencia.

Aunque los sindicatos valoraron positivamente el texto plantearon mejorarlo añadiendo la obligación de informar a la representación legal de los trabajadores sobre los algoritmos utilizados por las empresas que tuvieran repercusión en las condiciones de trabajo, acceso o mantenimiento del empleo, y aclarar que el texto englobaba a todas las plataformas digitales que fraudulentamente usan la figura del trabajo autónomo y no sólo a las de reparto o distribución.

Fue entonces, según UGT, cuando la CEOE dijo que sólo podría acordar el texto sobre la base de que la regulación fuera exclusivamente para las plataformas de reparto y distribución, sin posibilidad alguna de ser interpretada de otra manera. «A partir de ahí, el Gobierno dejó de lado su anterior propuesta, señaló su coincidencia con la patronal y dio por cerrada la mesa anunciando la presentación de un documento de síntesis», resume el sindicato.

Así se llega a la reunión del 23 de febrero: «con el Gobierno asumiendo todas las posiciones de las organizaciones empresariales y éstas tratando de hacer desaparecer los escasos vestigios de regulación que quedan en un documento de trabajo cuyo contenido cabe en un post-it», concluye UGT.

El sindicato señala que mientras la mesa de diálogo social sobre plataformas atravesaba «todas esas turbulencias», el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminaba que los trabajadores de Uber son asalariados y la Justicia italiana multaba con 700 millones a las plataformas de reparto Glovo, Just Eat, Deliveroo y Uber Eats, obligándolas a regularizar como trabajadores asalariados a 60.000 repartidores y repartidoras.

Además, la Comisión Europea ha abierto la primera fase de consulta a los interlocutores sociales europeos sobre cómo mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de plataformas digitales.

La probabilidad de obtener rentabilidades negativas invirtiendo en la bolsa española, incluyendo dividendos, en el periodo de un año vista es del 36%, mientras que cae al 25% en un plazo de cinco años y se reduce al 0% a partir de diez años, según un análisis de Renta 4 Gestora con datos desde 1992.

En el caso de la renta variable europea, la probabilidad de perder dinero a un año vista es del 26%, frente al 23% en un periodo de cinco años y al 12% en un plazo de diez años, teniendo en cuenta los datos desde el año 1986. La probabilidad de rentabilidades negativas, incluyendo dividendos, cae al 0% en los plazos superiores a 15 años.

«Perder dinero en renta variable diversificada es muy difícil en periodos de largo plazo», ha explicado el gestor de Renta 4, Javier Galán, en una presentación este jueves.

Según sus datos, el rendimiento anualizado de la bolsa a más de cinco años entre el 7% y el 10%, lo que supone duplicar lo invertido en un periodo de diez años, gracias al interés compuesto.

Galán ha recordado que la inversión «siempre conlleva riesgos», toda vez que ha insistido en que el mercado se ha sobrepuesto «a todos los ‘shocks’ incluidos guerras mundiales y recesiones.

Así, ha enfatizado que las recesiones duran entre seis y 20 meses, mientras que los periodos de expansión se alargan de cinco a diez años, por lo que ha destacado el «optimismo» para los próximos meses para la inversión en bolsa española, a pesar del «ruido político y macroeconómico».

«La bolsa española ha tenido mucho impacto negativo por la crisis, pero es posible que se dé la vuelta para ser un viento a favor y veamos sorpresas muy positiva para la renta variable española, que tiene mucho recorrido», ha afirmado el responsable de gestión de los fondos ‘Renta 4 Bolsa’ y ‘Renta 4 Valor Europa.

El experto ha anticipado que las compañías de digitalización y de medio ambiente o renovables se verán beneficiadas de los fondos europeos, con el impulso de sus mercados en la próxima década. «Los fondos públicos acelerarán las inversiones» y empresas como Indra, Cellnex, Telefónica o Iberdrola, Naturgy o Endesa «capturarán parte de ese negocio», ha explicado Galán.

EMPRESAS DE CALIDAD Y DE VALOR

En su posicionamiento para este año, los fondos de bolsa de Renta 4 apuestan por compañías de «calidad», entre las que incluyen aquellas con crecimiento sostenible en el tiempo, inmersas en megatendencias, con recurrencia de ingresos y en negocios con fuertes barreras de entrada.

Dichas compañías deben capitalizar sus beneficios, tener retornos sobre capital empleado alto, así como capacidad para reinvertir beneficios y caja en el negocio para crecer en el futuro. Además, Galán ha enfatizado la importancia del bajo endeudamiento y el buen equipo de directivos en las participadas.

En esta línea, ha destacado como compañías de alta calidad en España a Inditex, Ferrovial, Grifols, Viscofan, Amadeus y Vidrala, entre otras, que suman el 60% de la cartera. Fuera de España, ha ensalzado valores como Amazon, Unilever y L’Oreal.

Por su parte, en la inversión de estilo de valor representa el 40% del fondo, con compañías que ven «muy infravaloradas» como Repsol, Applus, Indra, Ence, Sacyr, Logista o Aperam, entre las españolas, y Sanofi, Siemens y Total, entre los valores europeos.

NO HARÁN EXCLUSIONES PESE A INCLUIR CRITERIOS ESG

El grupo Renta 4 está en proceso de implantación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) tanto en el banco como en la gestora, aunque «de momento» no prevén «un gran impacto» en la composición de sus carteras de inversión, es decir, no se plantean excluir valores.

No obstante, el responsable de gestión del fondo ‘Renta 4 Small Caps Euro’ David Cabeza ha señalado que estos criterios pueden «brindar oportunidades» ya que conllevan a «ineficiencias del mercado, que pueden ser aprovechadas para obtener rentabilidad».

El PP urge al Gobierno a definir un marco de concesión de ayudas directas a pymes, micropymes y autónomos del sector de la hostelería y dirigir no menos de 12.500 millones de euros de este fondo financiable exclusivamente por el Estado a este sector.

Concretamente, el PP reclama al Ejecutivo a habilitar un sistema de concesión «ágil, sencillo y eficiente» para dirigir estas ayudas en el plazo de un mes, dentro de un fondo global de apoyo a la economía productiva nacional cuantificado en unos 50.000 millones de euros.

Así lo han trasladado los ‘populares’ en una proposición no de ley registrada en el Congreso, en la que piden sostener este régimen de ayudas directas durante todo este año hasta asegurar «una recuperación y normalización sólida de la actividad turística y reactivación de la demanda interna»-

Asimismo, reclaman acompañar la puesta en marcha de este sistema de ayudas para compensar pérdidas y reducción de ingresos derivadas de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y las restricciones derivadas de la misma con incentivos fiscales al consumo de productos y a la contratación de servicios y «experiencias turísticas.

LA CRISIS SE ALARGA Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS SON «INSUFICIENTES»

En su exposición de motivos, el PP reconoce el «impacto positivo» generado por la aplicación de medidas como el esquema de protección al empleo de los ERTEs, la prestación extraordinaria para autónomos o las líneas de liquidez avaladas por el ICO.

Sin embargo, cree que con la prolongación de la crisis y la «intensidad» de medidas adoptadas para combatir la pandemia en forma de restricciones «han tornado claramente insuficiente las soluciones adoptadas por el momento», pues detecta que uno de los principales problemas de las empresas es la falta de ingresos.

SOSTENER A LAS EMPRESAS HASTA RECUPERAR LA ACTIVIDAD

Lamentando «la vaguedad y ausencia de desarrollo de explicaciones» del plan anunciado por Sánchez con medidas para la hostelería y el turismo, el PP recuerda que tanto desde su formación como desde las patronales del sector y hasta el propio Banco de España han instado a facilitar ayudas directas.

Además, apostillan los ‘populares’, si España no estará preparada para recibir turismo internacional hasta el final de verano, como plantea el propio presidente Sánchez, hasta alcanzar una inmunidad del 70% de la población, según sus estimaciones, consideran que «respondería a toda lógica la articulación decidida y valiente de un mayor paraguas de protección y salvaguarda» de las empresas.

Los destinos vacacionales españoles de ‘Sol y Playa’ (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia), generan un total de 108.000 millones de euros de contribución económica y 1,6 millones de puestos de trabajo en la economía española, lo que representa el 70,5% de todo el PIB turístico español y el 62% del empleo en 2019, según la primera edición del Monitor de Competitividad de los destinos de Sol y Playa español (SolyTur) presentado este jueves en Madrid por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).

Los municipios de Adeje (Tenerife), Calviá (Mallorca) y Benidorm (Alicante) son los que encabezan la posición competitiva global de los destinos turísticos nacionales de ‘Sol y Playa’ en función del desempeño de 58 indicadores, entre los que destacan la puesta en valor de la costa como producto turístico, la diversificación de su oferta, su capacidad alojativa, su dotación de infraestructuras de transporte, el nivel de seguridad ciudadana y sanitaria, entre otros aspectos.

Además de los tres primeros puestos señalados, la lista la completan, por orden de competitividad, otros municipios turísticos históricos españoles como Marbella, Santa Eulària des Riu, San José, Salou, Pájara, Chiclana de la Frontera, Calella, Yaiza, Torremolinos, Roquetas de Mar, Peñíscola, y Gandía.

A pesar del notable aumento en los últimos años del turismo urbano, de interior y de la España verde, y el fuerte impacto de la extensión del Covid-19, todos los destinos de ‘Sol y Playa’ suponen el 65% del total de la oferta y la demanda turística en España. Estos destinos acogen el 63% de toda la oferta hotelera española y el 65% de su demanda.

Con ello, 17 de los 20 destinos urbanos y vacacionales con más pernoctaciones hoteleras en España son del litoral mediterráneo y las islas. Y es que, según el informe elaborado por Exceltur, los destinos vacacionales y ciudades del litoral mediterráneo junto con las islas representan el 75% del total de la demanda extranjera que visita España y que se concentra principalmente (58%) en los meses de verano.

El informe también muestra cómo el 48,5% de los turistas que visitan un hotel en estas zonas lo hace con paquete turístico de touroperador, lo que demuestra el papel clave en la distribución en este tipo de turismo.

La conectividad aérea es otro de los puntos claves para que un destino gane competitividad. De hecho 14 de los 20 mayores aeropuertos españoles se sitúan en el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias. Así el 86,3% de los turistas extranjeros que llegaron a estos destinos españoles lo hicieron en avión.

PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN.

La oferta del litoral mediterráneo y las islas alcanza un ingreso medio por habitación entorno a los 75,4 euros durante los meses que permanecen abiertos. Y ello lleva al informe a destacar que los destinos del litoral mediterráneo y las islas sufren problemas de financiación: sus ingresos públicos per cápita son un 38,7% inferiores a los de la media de destinos españoles.

Estos destinos se enfrentan además en la actualidad a un cambio de paradigma competitivo. Los nuevos parámetros de seguridad sanitaria, la consolidación de los competidores en el Mediterráneo Oriental (con Egipto y Turquía a la cabeza), las transformaciones en los modelos de comercialización de la oferta, y obsolescencia de las instalaciones se suman a la presencia de un consumidor cada vez más informado, más exigente y con mayores alternativas.

Las conclusiones de la información presentada por SolyTur apuntan, por tanto, la necesidad prioritaria de dotar de mayor capacidad financiera a los municipios turísticos.

Por todo ello SolyTur otorga un papel crucial a la orientación estratégica y las diversas políticas públicas lideradas por los responsables municipales de cada destino.

Así se aboga por la necesidad de la puesta en marcha de una hoja de ruta estratégica con visión transversal y de medio plazo para cada destino, claramente definida, concretada en acciones, consensuada con todos los agentes de la cadena de valor, revisable de forma recurrente y evaluable con indicadores periódicos de resultados.

Para ello desde Exceltur se apuesta por un sistema de máxima colaboración público-privada, redefinición de modelos turísticos territoriales, el impulso de la promoción en mercado estratégicos, la garantía de seguridad sanitaria, y el aprovechamiento de las oportunidades de digitalización, entre otros aspectos.

La organización turística recuerda además la gran oportunidad que deberían brindar la inversión de los Fondos de Reconstrucción provenientes de la Unión Europea, «para abordar el gradual reposicionamiento de nuestros modelos y destinos turísticos».

«Tenemos la mayor oportunidad para poner en marcha una política turística decidida en favor de reforzar la competitividad de estos destinos», explicó durante la presentación del informe Oscar Perelli, director del área de estudios e investigación de Exceltur.

La comisión ejecutiva del Banco de España ha aprobado el diseño del marco local de las pruebas TIBER-EU del Banco Central Europeo (BCE), en virtud del cual someterá a un análisis avanzado de ciberseguridad a las entidades financieras que así lo soliciten.

El marco local ha sido denominado TIBER-ES y tiene como objetivo fundamental fortalecer la ciberresiliencia de las instituciones financieras que operan en España, contribuyendo así a la estabilidad del sector en el país.

El regulador ha aclarado que el marco español ha sido diseñado para su aplicación en el ámbito financiero, a pesar de que la versión europea permite ser utilizada por compañías de cualquier sector.

En esta línea, ha explicado que cualquier institución financiera que opere en España podrá someterse a pruebas bajo el marco local, de manera voluntaria.

Para ello, en los próximos meses se publicarán las guías y cualquier entidad y proveedor de ciberseguridad interesado en tener más información sobre TIBER-ES o en la realización de las pruebas tendrá que dirigirse al buzón tiberes@bde.es.

Banco de España ha indicado que TIBER-ES cumple los principios de TIBER-EU, por lo que las pruebas realizadas bajo este marco local garantizarán el reconocimiento de autoridades en otras jurisdicciones que también lo hayan adaptado localmente.

La ‘autoridad propietaria’ de TIBER-ES será el Banco de España, si bien contará con la cooperación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSyFP) cuando las entidades que vayan a someterse a las pruebas pertenezcan a su ámbito de competencia.

El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos ha añadido que la tecnología es un elemento imprescindible para que las instituciones financieras puedan ofrecer sus servicios de modo fiable, seguro y acorde con su modelo de negocio y estrategia.

No obstante, el elevado número de interconexiones, la continua y veloz evolución tecnológica, el aumento en el número y sofisticación de ciberamenazas, el desplazamiento masivo de la operativa a los canales digitales o el trabajo en remoto, han convertido la resiliencia y la ciberseguridad de las entidades en una prioridad, tanto desde el punto de vista prudencial como desde el de estabilidad financiera.

El precio de los carburantes mantiene su tendencia alcista, al encadenar su decimocuarta subida consecutiva, tras encarecerse esta semana hasta un 1,3%, con lo que se consolida así en niveles pre-Covid-19, antes de que se declarara el estado de alarma en marzo de 2020 por la pandemia, y acumula una subida de hasta el 15% desde noviembre.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido un 1,1% respecto a la semana anterior, para situarse en los 1,282 euros, su nivel más alto desde principios de marzo de 2020, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Por su parte, el precio del gasóleo se ha encarecido un 1,3% esta semana, para elevarse hasta los 1,165 euros el litro, su nivel más elevado también desde el 9 de marzo del año pasado.

Desde la segunda semana de noviembre, el precio del gasóleo acumula una subida de en torno al 14,9%, mientras que en el caso de la gasolina es un 12,2% más caro.

Así, el precio de ambos carburantes se consolida en máximos desde la primera quincena de marzo, cuando empezó a descender de forma acelerada en pleno confinamiento por la crisis del Covid-19.

Este incremento en el precio de la gasolina y del gasóleo ha ido de la mano de una recuperación en los precios del petróleo en las últimas semanas.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba este jueves por encima de los 63,6 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a unos 60,8 dólares, precios ligeramente por debajo de los de hace una semana.

SUBIDAS DESDE LOS MÍNIMOS DE MAYO.

De esta manera, los carburantes consolidan las subidas que ya empezaron a registrar a lo largo del periodo estival, con incrementos desde el pasado mes de mayo, cuando descendieron a mínimos por el desplome registrado durante el confinamiento por el coronavirus.

No obstante, la gasolina sigue estando más barata en España respecto a la media de la Unión Europea (UE) y la zona euro, donde el litro cuesta 1,412 euros y 1,468 euros, respectivamente, al mismo tiempo que el litro de gasóleo cuesta de media 1,278 euros en la UE y 1,305 euros en la eurozona.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.