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Casi 147.000 menores migrantes viven en España sin papeles

La ONG Save the Children y la Fundación Por Causa estiman que hay casi 147.000 niños migrantes en situación administrativa irregular viviendo en España, de los cuales un 37,7% tiene entre 0 y 4 años y un 19,4% entre 5 y 9 años. Así, señala que uno de cada cinco niños extranjeros está en situación administrativa irregular en España.

En un informe (‘Crecer sin papeles en España’) que se ha presentado este miércoles de manera online, ambas ONG han ofrecido una fotografía actualizada e inédita de las magnitudes y características de la infancia migrante en situación irregular en España.

Según afirma el coautor del informe y director del área de Investigación de la Fundación Por Causa, Gonzalo Fanjul, de los 721.556 niños migrantes que viven en España, 146.773 están en situación irregular, con lo que la tasa de irregularidad de esta población es de un 20,4%, es decir, que uno de cada cinco niños migrantes en España está en situación irregular, porcentaje que sube hasta el 45,5% en el caso de los niños que proceden de América del Sur y Central.

Así, la mayoría de los niños migrantes en situación irregular provienen de América del Sur y Central (un 71%). Colombia es el país de origen de más de 25.000 niños, seguido de Honduras (cerca de 16.000) y Venezuela (casi 15.000).

Por su parte, los niños procedentes de África subsahariana tienen un peso muy pequeño en la irregularidad. Con unos 310.000 niños migrantes –la más alta por continentes–, el número de niños en situación irregular no llega a los 19.000, arrojando una tasa de irregularidad de sólo el 5,9%.

El único país africano que destaca es Marruecos, que concentra casi un 7% de la infancia sin papeles, aunque el impacto relativo de la irregularidad es mínimo (un 4,2%) si se considera el número absoluto de niños (unos 241.000).

Los niños de 0 a 4 años, en concreto, componen alrededor del 25% de la población total de migrantes regulares en esa franja de edad en España, pero esa franja de edad concentra a uno de cada tres niños en situación irregular.

Dicha sobrerrepresentación de la infancia más pequeña podría ser debida a dos factores: la mayor presencia de nacionalidades latinoamericanas, que presentan tasas de irregularidad más altas, y la ausencia de medidas de regularización para los niños que nacen en España de progenitores sin papeles.

En cuanto a la composición por género, el 52% de la infancia sin papeles son niños y el 48% niñas, un porcentaje muy similar al de quienes están en situación regular en ese tramo de edad.

Por distribución, las regiones más grandes son las que concentran un mayor número de menores irregulares. Así, Cataluña es la región con más menores sin papeles (23,17%). Le sigue la Comunidad de Madrid, con el 20,04%, y Comunidad Valenciana, con el 13,61%.

CONSECUENCIAS PARA LOS NIÑOS EN MUCHOS ÁMBITOS

Según ha expuesto el director general de Save the Children, Andrés Conde, esta población «sufre «el triple de vulnerabilidad por ser menores, por ser migrantes y por encontrarse en situación administrativa irregular».

Así, su situación afecta a muchos ámbitos de su vida. En primer lugar, les precipita a la pobreza y a la exclusión social, ya que la población migrante sufre unos niveles de pobreza superiores a los de la población española. De hecho, la probabilidad de llegar a niveles de pobreza de las familias españolas con hijos es del 14%, frente al 48% en el caso de padres de origen extracomunitario, ya que estos últimos tienen rentas de hasta un 50% inferiores, con empleos más precarios. La pobreza también es más probable que se dé en niños sin papeles por la imposibilidad de acceso a ayudas sociales por su situación irregular.

La segunda consecuencia de su situación se nota en el acceso a una vivienda digna, ya que esto guarda relación con los recursos de sus padres y la documentación necesaria para hacer el trámite. Su situación irregular hace imposible poder domiciliar pagos de suministros de la casa o la concesión de un aval bancario para un alquiler, lo que les lleva a tener que compartir vivienda con personas ajenas a la familia y muy frecuentemente enfrentándose a situaciones de hacinamiento.

Asimismo, la situación de estos menores les enfrenta a limitaciones en el ámbito educativo. Estos niños tienen dificultades serias para acceder a exámenes oficiales, certificados de estudio y becas de ayudas públicas. Según expone el informe, sin estos derechos, su continuidad en los estudios o el acceso al trabajo es «inviable» para estos niños. Del mismo modo, se enfrentan a «muchas dificultades» para acceder al sistema educativo no obligatorio (Infantil, FP o Universidad), por la imposibilidad de realizar trámites burocráticos.

También les afecta en el derecho que tienen a la salud. A pesar de que la Sanidad en España es universal y gratuita, la disparidad de criterios de las comunidades autónomas a la hora de otorgar la tarjeta sanitaria hace que muchas de estas personas no tengan un «acceso real». Además, el «miedo permanente» el que están sometidas las familias irregulares hace que no lleven a sus hijos al pediatra por miedo a ser deportados.

Tampoco cuentan con la protección que les otorga el sistema de Justicia, ya que cuando esos niños se ven sometidos a situaciones de abuso o de trata, por ejemplo, se encuentran con «barreras muy importantes» para llegar a la Policía por temor a ser identificados y deportados, y también por la falta de práctica documental.

METODOLOGÍA

Según explican fuentes de la ONG, esta estimación se ha obtenido calculando la diferencia entre el número de menores registrados en el padrón –España incentiva a la población extranjera a registrarse en el padrón para acceder a servicios sanitarios y a la educación pública, independientemente de la situación administrativa de la persona-, y el número de menores con documentación que demuestra su situación regular.

En todo caso, para afinar este cálculo la estimación tiene en cuenta no solo de los permisos de residencia válidos (no caducados), sino los estudiantes con permiso de estudios, los permisos de residencia caducados que están en trámites de renovación y los solicitantes de asilo pendientes de resolución.