La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente la muerte de 933 aves y ocho mamíferos en tendidos eléctricos de la Región de Murcia durante los últimos ocho años, informaron fuentes de la organización en un comunicado.
Entre las aves afectadas se encuentran 300 búhos reales, 150 cernícalos vulgares y 42 águilas perdiceras.
Según ha explicado ANSE, la Dirección General del Medio Natural «no ha aportado los datos de la Red de Seguimiento de Mortalidad en Tendidos Eléctricos que solicitó en noviembre del año pasado».
Las organizaciones ambientales plantearon hace un mes un plan para acabar en el corto plazo con la muerte de aves en los tendidos eléctricos. Los datos fueron remitidos por la Dirección General del Medio Natural a la asociación ADENSVA. Tras el análisis de los datos, ANSE ha remitido una denuncia a la Fiscalía, que ya había abierto una investigación.
A través de la denuncia, la Asociación ha vuelto a solicitar la intervención del Ministerio Público para resolver la situación, «indicando que, según parece, la Administración Regional no está abriendo expedientes sancionadores, y no está aplicando la Ley de Responsabilidad Ambiental ni la Ley de Biodiversidad». Probablemente, un buen número de los tendidos «no han sido aún corregidos», aunque la base de datos no recogía esa información, ha apuntado ANSE.
NÚMERO DE BAJAS «INASUMIBLE»
La Asociación ha calificado de «inasumible» el número de bajas que se producen en los tendidos eléctricos de la Región, pues la mayor parte de los incidentes registrados corresponden a especies protegidas, incluyendo un número desorbitado de ejemplares de especies gravemente amenazadas.
Así, en estos últimos ocho años ha perecido casi 300 ejemplares de búho real y más de 150 cernícalos. Otras especies muy afectadas son el buitre leonado (61), el águila culebrera (51) o la cigüeña blanca (43). Mención especial merece el águila perdicera, una especie catalogada ‘En Peligro de Extinción’, que cuenta con 24 parejas en la Región, y que ha perdido 42 ejemplares.
En las últimas semanas, ANSE, ANIDA y STIPA han trasladado a la Fiscalía la muerte de once búhos reales (tres en Yecla, dos en Mazarrón y seis en Jumilla) acaecidas en fechas recientes, y «donde no se han adoptado medidas».
Cabe apuntar que estas cifras no incluyen la totalidad de bajas, sino sólo las registradas por la Dirección General del Medio Natural. Un buen número de cadáveres son retirados o consumidos por carroñeros (zorros o perros), lo que hace imposible su localización.
Algunas muertes de aves en tendidos notificadas por ANSE en los últimos años no aparecen en los registros, posiblemente porque no fueron localizadas. Además, ha señalado resulta «muy probable» que apenas se comuniquen las muertes de especies frecuentes (gaviotas y córvidos, entre otros). Por tanto, y en aplicación de lo observado en otros lugares, «las cifras de muertes reales podrían ser hasta del doble de las registradas».
FALTA DE TRANSPARENCIA EN ESTE ASUNTO
La Asociación ha destacado que, en el mes de noviembre, solicitó a la Dirección General del Medio Natural los resultados de la Red de Seguimiento de Tendidos Eléctricos de la Región de Murcia, en la que la Comunidad Autónoma recoge datos de la mortalidad de aves en diversos tendidos.
La Ley de acceso a la información ambiental establece un plazo de un mes para remitir esta información. Transcurridos dos meses, la Asociación reiteró la solicitud, «pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta».
Precisamente, el pasado mes de enero las siete organizaciones ambientales de la Región de Murcia remitieron un plan a la Comunidad Autónoma para acabar en el corto plazo con la muerte de aves. Ese plan pedía que se aplicara tanto la Ley de Biodiversidad como la Ley de responsabilidad Ambiental, y se procediera a la apertura de expedientes sancionadores a los titulares de los tendidos, particularmente a las empresas de distribución como Iberdrola.
Precisamente, el oficio de la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo de julio de 2019 considera «irrenunciable la imposición de sanciones en vía administrativa en los supuesto de muerte y lesiones de aves relacionadas con los tendidos eléctricos», incluso aunque existan convenios con las compañías eléctricas.
Conviene recordar que estos Convenios «no dejan de ser ilegales por cuanto que ello suponga no tramitar los expedientes sancionadores o exigir el cumplimiento de menos obligaciones que las ya previstas en el ordenamiento legal vigente, adecuando sólo una ínfima cantidad de postes».
«La Asociación de Naturalistas del Sureste comparte la sorpresa de la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo por la omisión en la aplicación de las leyes que están realizando las diferentes comunidades autónomas en la electrocución de tan elevado número de aves, exigen un cambio inmediato en la forma en que se gestiona este problema, y pide que se investiguen las responsabilidades penales que pudieran haberse producido por la inacción de las Administraciones (omisión del deber de perseguir delitos) y de las empresas responsables», ha concluido ANSE.
