La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este jueves un emotivo acto de homenaje a las 27 personas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa que han fallecido durante el último año como consecuencia del Covid-19.

En presencia de algunos familiares y amigos de los fallecidos, la ministra junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, han recordado a quienes se ha llevado un «enemigo silencioso» como el coronavirus.

En el acto, celebrado en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, el teniente coronel Fernando Enseñat ha interpretado la canción ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen y ha continuación los familiares de los fallecidos han depositado una rosa blanca en recuerdo de sus seres queridos.

La ministra les ha transmitdo su solidaridad y brindado todo el apoyo posible del Ministerio de Defensa, a la vez que les ha pedido que sigan «luchando» para defender aquello en lo que creyeron sus familiares, que son «las Fuerzas Armadas y España».

Además, ha recordado la labor de los militares para combatir la pandemia. «Se ha escrito una página en la historia de España con mucho dolor y también con mucho orgullo por la labor de las Fuerzas Armadas», ha reconocido.

«NO SE HA HECHO MÁS PORQUE NO SE HA PEDIDO»

En este contexto se ha conmemorado también el primer aniversario de la operación Balmis de lucha contra el Covid-19 y el comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), teniente general Francisco Braco, ha reseñado las numerosas actividades que han llevado a cabo los militares durante el último año.

«Esta pandemia, sin buscarlo ni desearlo, ha mostrado a la sociedad que tiene unas Fuerzas Armadas para lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta», ha subrayado el general, asegurando los militares no han dejado de atender ni una sola de las peticiones recibidas por parte de las autoridades y, si no han hecho más, ha sido porque no se les ha solicitado.

La ‘Operación Balmis’ estuvo en vigor 98 días, durante los cuales casi 190.000 militares realizaron más de 20.000 intervenciones, más de la mitad en desinfecciones en residencias, hospitales o infraestructuras, en un total de 2.303 poblaciones de la geografía española.

Además, la ministra, la secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro; y el JEMAD, general Teodoro López Calderón; han procedido finalmente a la imposición de la Medalla Balmis a 24 militares y civiles pertenecientes a los Ejércitos, Armada, UME, MOPS, Guardia Real e Inspección General de Sanidad.

El expresidente de la Comunidad de Madrid y exdirigente socialistas, Joaquín Leguina, ha escrito un libro titulado «Pedro Sánchez. Historia de una ambición», en la que hace un retrato de las ambiciones personales y errores cometidos por el presidente del Gobierno, al que no duda en calificar de «killer» y le define como un hombre «desconfiado y enigmático».

Según la nota de prensa remitida por la editorial Espasa, Leguina pone al descubierto en este texto las «debilidades de Sánchez y su equipo de Gobierno».

En el Preámbulo de este volumen, el exdirigente socialista recuerda una entrevista que le hicieron al escritor Arturo Pérez Reverte, en la que éste califica de «killer» a Pedro Sánchez, alegando que «los ha matado a todos: en su partido, a Felipe González y a Alfonso Guerra. En la oposición, a Rajoy…». A lo que Leguina añade que el escritor «se quedó corto».

El expresidente madrileño considera «fuera de toda duda» la ambición de Pedro Sánchez y su «tenacidad» junto, dice, con la «gran maña» para moverse en las inestables aguas de la política.

Critica el hecho de que Sánchez se haya apoyado en partidos como Bildu, los separatistas catalanes y Podemos para acceder al Gobierno y plantea la propuesta de que el presidente rompa la coalición gubernamental con los morados y cree «una gran alianza entre PSOE y PP».

«Aún admitiendo que la actitud de los partidos y en especial la de Sánchez lo hagan inviable, los ciudadanos sensatos tenemos el derecho y hasta la obligación de pedirlo, de exigirlo, por el bien de los españoles», se justifica Joaquín Leguina.

El exdirigente socialista hace un repaso por algunos hitos que han marcado el liderazgo de Pedro Sánchez y recuerda la «crucifixión» de Tomás Gómez, el que fuera secretario general del PSM. El nombre del «salvador», asegura, fue Ángel Gabilondo, quien «ni siquiera era afiliado del PSOE» y puso como condición para ser candidato no tener que someterse a primarias.

LA CRUCIFIXIÓN DE TOMÁS GÓMEZ

«Con este golpe de mano de Pedro Sánchez y César Luena, consentido por los barones territoriales, se enterró la democracia interna en el Partido Socialista de Madrid», afirma y prosigue lo hizo el mismo que «hoy va por el mundo» reivindicando su autoridad porque le eligieron los militantes.

Sin embargo, asegura, «se pasó por el arco del triunfo la opinión mayoritaria de la militancia de Madrid, expresada en los avalaes, justo el doble para Tomás Gómez de los que recogió más tarde el propio Pedro Sánchez».

Leguina habla del padre del presidente del Gobierno, de quien asegura que se ganó el respeto de todos, y también aborda la «resurrección» de Pedro Sánchez, la elección para las catalanas de Salvador Illa como candidato después de una visita de Miquel Iceta a la Moncloa o de los «directores de márketing», de los que asegura que «estas gentes tan influyentes creen que los ciudadanos somos idiotas». «Y la pregunta que debemos hacernos es bien simple: ¿Tienen razón o no la tienen?», remacha.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han presentado este jueves, 15 de abril, la Herramienta Española de Igualdad Retributiva IR! que ayudará a alcanzar la igualdad real en las empresas pues, gracias a este instrumento, podrán detectar y corregir la brecha salarial entre ambos sexos con el diseño de su registro retributivo.

La Herramienta ha sido consensuada de manera conjunta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, junto con los agentes sociales, con el objetivo de que las empresas puedan elaborar de manera sencilla un registro retributivo para corregir discriminaciones, directas e indirectas, por razón de género. Según el INE, en España existe una brecha del 21,4% entre lo que cobran las mujeres y los hombres.

Este instrumento –un modelo voluntario de registro retributivo– permitirá realizar un diagnóstico pormenorizado de la situación en las empresas, con el fin de aportar información detallada sobre la realidad retributiva entre hombres y mujeres en los espacios de trabajo.

Así, por ejemplo, en caso de detectar una desigualdad en el promedio de las retribuciones superior al 25%, la empresa deberá justificar que el motivo responde a causas objetivas y no supone una discriminación de género. Además, por primera vez, los trabajadores –directamente o a través de la representación sindical– tendrán derecho a acceder al registro retributivo por lo que esta herramienta les permitirá denunciar posibles discriminaciones.

La presentación de IR! coincide con la entrada en vigor del Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres que obliga desde ayer a todas las empresas a tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. También afecta este registro al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, pero con las peculiaridades establecidas en su legislación específica.

La norma sobre igualdad salarial se aprobó en octubre del año pasado para su entrada en vigor a los seis meses, es decir, este pasado 14 de abril. Tiene por objetivo impulsar la transparencia salarial en las empresas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor. Se trata, en definitiva, de combatir la llamada brecha salarial de género.

HERRAMIENTA Y GUIA

En el caso de la Herramienta IR!, desarrollada en el marco del diálogo social y fruto del Real Decreto 902/2020, está a disposición de las empresas, de manera gratuita y fácilmente accesible. Además de la Herramienta, las empresas cuentan con una Guía detallada que les acompañará en todo el proceso.

En concreto, la Herramienta consta de un fichero Microsoft Excel en el que hay que incorporar los datos y, a partir de ellos, de forma automatizada, la aplicación realizará los cálculos necesarios para los análisis. A su vez, la Guía de uso proporciona las indicaciones necesarias para poder rellenar el fichero adecuadamente con los datos de la plantilla y posteriormente obtener a través de sus cálculos automatizados y tablas dinámicas los resultados de manera fácil.

En la presentación de la Herramienta, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que han sido las mujeres «las que más han sufrido» la crisis provocada por la pandemia por lo que ha enfatizado que «la transparencia es un pilar fundamental para avanzar hacia la igualdad retributiva».

«La herramienta de igualdad retributiva supone un paso sin precedentes para que en España mujeres y hombres cobren lo mismo por trabajos de igual valor», ha asegurado.

El acto ha sido clausurado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha enumerado a todas las personas que han hecho posible IR! ya que, como ha apostillado, «lo que no se nombra, no existe» y ha puesto el foco en la importancia de la Herramienta para «contrarrestar los estereotipos».

«Es un avance de gran importancia que permite llegar a la realidad», ha asegurado la ministra, que ha destacado también la adaptación de este instrumento a la realidad española, nutrida de pequeñas y medianas empresas.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha exigido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «rectifique» su «bloqueo» a una reforma legal para buscar una alternativa jurídica al estado de alarma, cuya prórroga finaliza el 9 de mayo. Además, se ha mostrado dispuesto a liderar un consenso en el Congreso si el Ejecutivo sigue en su «cerrazón».

«Nuestra mano sigue tendida y el señor Sánchez tiene una oportunidad. Esa oportunidad es llegar al fin del estado de alarma, en vez de con caos y con crisis, con consenso y con un pacto de Estado», ha declarado Montesinos a los periodistas tras asistir a una mesa informativa del PP madrileño con motivo de las elecciones del 4 de mayo.

El dirigente del PP ha recalcado que están «a tiempo» de acordar ese marco legislativo para dar «estabilidad y certidumbre» a las autonómicas a partir del 9 de mayo y ha recalcado que cada vez más autonomías y formaciones políticas «están de acuerdo con el Partido Popular y entienden que es necesaria esa alternativa jurídica».

ANIMA A SÁNCHEZ A «DESCOLGAR EL TELÉFONO Y LLAMAR A CASADO»

Tras asegurar que el jefe del Ejecutivo está «cada día más solo», Montesinos le ha emplazado a «descolgar el teléfono» para llamar a Pablo Casado y llegar a un acuerdo porque «no puede creerse Napoleón».

«¿Qué cree que prefieren los españoles? Un acuerdo de Estado del PP y del PSOE para un plan alternativo jurídico al estado de alarma o que el señor Sánchez siga en el bloqueo y en el insulto al principal partido de la oposición?», se ha preguntado.

Después de que también Ciudadanos y aliados del Gobierno como el PNV, Bildu o Compromís exigen a Sánchez alternativas al levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo, Montesinos ha subrayado que, salvo con Bildu, el PP está «dispuesto al diálogo y al consenso» y ha saludado que Cs haya «rectificado» y «virado» su posición inicial.

Al ser preguntado entonces si el PP estaría dispuesto a liderar un frente común en el Congreso para lograr un marco jurídico, Montesinos ha rechazado hablar de frentes porque su partido lo que quiere, ha dicho, es «diálogo» y «negociación» para «alcanzar un gran acuerdo de Estado».

Dicho esto, ha recalcado que si Sánchez «sigue en el bloqueo y la cerrazón», «por supuesto» que el PP va a «liderar la posición política para alcanzar en las Cortes Generales una alternativa jurídica, que es lo que reclaman muchas comunidades, también del Partido Socialista».

El Grupo Popular ya registró este miércoles en el Congreso su proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Salud Pública con el fin de que, en casos de pandemia como la del coronavirus, las comunidades autónomas puedan limitar la circulación de personas y el derecho de reunión sin necesidad de decretar el estado de alarma.

CONVOCAR YA UNA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Además, ha exigido de nuevo la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y ha recalcado que este órgano lleva «seis meses» sin reunirse cuando a Sánchez «se le llena la boca de hablar de cogobernanza». Según ha subrayado, cada vez más autonomías reclaman esa reunión para buscar «seguridad jurídica y confianza» el día después del 9 de mayo.

Montesinos ha indicado que el propio Consejo de Estado ha señalado que se «tiene que articular ese plan b jurídico» y ha criticado de nuevo que a la «mano tendida» que ofrece el PP para acordarlo el Gobierno responda con «ataques y con insultos». A su entender, Sánchez debe «rectificar» y pensar «más en los españoles y menos en los votos y las tácticas electorales».

Después de que la vicepresidenta Carmen Calvo haya insistido en que hay «armas jurídicas suficientes» para afrontar la pandemia y haya acusado a Casado de no estar «a la altura», el dirigente del PP ha recordado que el pasado verano ella misma dijo que el Gobierno «se abría a ampliar el espectro jurídico» para una alternativa al estado de alarma y ahora «se rectifica». «Mienten tanto que ya no se creen ni sus propias versiones», ha aseverado.

El Juzgado de lo Penal 11 de Barcelona ha absuelto a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, que en el juicio fueron acusados de desobediencia y usurpación de funciones públicas.

La sentencia, absuelve al catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidió la sindicatura; la profesora de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Tània Verge; el profesor de Derecho Administrativo en la UB Marc Marsal; el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès y la abogada Marta Alsina.

En el juicio, todos ellos sostuvieron que no habían desobedecido las órdenes del Tribunal Constitucional (TC) al suspender las leyes de desconexión, que incluían evitar que se aplicaran, porque todos renunciaron al cargo antes del referéndum.

Entre sus funciones como síndicos estaba designar a los síndicos de zona, lo que negaron haber hecho y según la sentencia «no ha quedado suficientemente acreditado» que hicieran.

La jueza tampoco considera probado que los acuerdos de la Sindicatura se adoptaran después de las notificaciones del TC, después de que en el juicio sostuvieron que solo se habían reunido una vez y que no hicieron más sesiones de trabajo después de las resoluciones del tribunal.

«No queda suficientemente acreditado que los acusados actuaran, se reunieran tramitaran, realizaran acuerdos» para aplicar la ley de referéndum después de que el TC les advirtiera de su deber de impedir el 1-O.

La sentencia tampoco considera probado que «realizaran actos propios de una autoridad o eludir la suspensión» de las leyes de desconexión, tal como les acusaba la Fiscalía, que reclamó una condena de hasta dos años y nueve meses de prisión.

La Asociación de Abogados Extranjeristas han señalado, este jueves, que el Gobierno español «no puede permitir» el trato que está recibiendo la activista y fundadora de la ONG ‘Caminando Fronteras’, Helena Maleno, tras ser deportada de Marruecos y, por eso, reclama a Exteriores que se «implique activamente» en su defensa.

Maleno denunció esta semana que había sufrido una «deportación violenta» del país africano, donde reside con sus hijos desde hace casi 20 años, y también el «hostigamiento» que soporta desde hace años, tanto desde las autoridades marroquíes, como desde las españolas, por su labor en la defensa de derechos humanos de las personas migrantes.

La fundadora de ‘Caminando Fronteras’, conocida por alertar desde Marruecos a Salvamento Marítimo cuando una patera se encuentra en el mar en su camino hacia España, ha asegurado que el Ministerio del Interior era conocedor de esta deportación y ha señalado que no se siente protegida por el Ejecutivo.

Para los abogados extranjeristas, esta «injusta» expulsión de Maleno está «claramente orquestada desde España» y es por eso que, además de la implicación de Exteriores, llaman al «resto de ministerios españoles» implicados en la materia a informar con la «máxima transparencia sobre lo ocurrido» y a «depurar responsabilidades pendientes por la operación».

COMPLICIDAD DE ESPAÑA

Estas acusaciones de complicidad de los abogados extranjeristas se basan, según han explicado en un comunicado, en los antecedentes del Gobierno para «intentar eliminar la actividad» de Maleno «intentado encarcelarla en Marruecos por su molesto papel de defensora de derechos humanos».

«Se intentó eliminarla del mapa mediante denuncias falsas e informes chapuceros con los que se consiguió imputarla por no se sabe muy bien qué delitos, pero no se consiguió, porque Marruecos no permitió que las jugadas sucias de algunas cloacas de nuestro Estado socavaran su integridad hasta encarcelarla», acusa la asociación a las autoridades españolas.

Ahora, señalan, estas autoridades españolas «no podrán quejarse» de la situción de Maleno, porque en la legislación del país se recoge «la posibilidad de expulsar sumariamente a personas por ser meramente molestos al Estado», explican.

Todo ello acompañado de un procedimiento en el que ni tan siquiera ha mediado una comunicación o una somera motivación, y en un contexto de absoluta inseguridad jurídica y personal, con un auténtico chantaje ejercido sobre una menor, al retener a la niña durante mucho tiempo antes de permitir su viaje junto a su madre», han denunciado.

La Policía Nacional ha arrestado este jueves a cinco individuos por supuestamente agredir a varios policías nacionales durante los altercados originados en el transcurso de un mitin de Vox en la llamada ‘plaza roja’ de Vallecas el pasado 7 de abril, han confirmado fuentes policiales.

Las detenciones se han realizado a primera hora de este jueves por parte de agentes de la Brigada de Información en varios pisos de Vallecas y Moratalaz. Están acusados de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

A primera hora de la mañana los agentes de la Brigada de Información han practicado las detenciones en un operativo que se ha desarrollado en diferentes puntos de Vallecas y Moratalaz. Están acusados de atentado a la autoridad y desórdenes públicos por lanzar piedras contra los antidisturbios y golpearles.

Entre los apresados hoy algún menor y alguna chica. Varios de ellos están vinculados al conocido grupo de Bukaneros, aficionados radicales del Rayo Vallecano, y con otros grupúsculos antifascistas, como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, han indicado las mismas fuentes.

YA SON 9 LOS DETENIDOS

A los cinco detenidos de hoy se suma otro el lunes. Se trata de un hombre de 21 años acusado de golpear en el suelo a un agente durante los disturbios. Es un joven del barrio y sin antecedentes policiales, que pateó a un subinspector de las Unidades de Intervención Policial tras hacerle la zancadilla otro manifestante y caer al suelo.

Fue identificado, como los de hoy, después del trabajo de investigaciones de las imágenes de los disturbios y cargas policiales. Fueron detenidas primeramente cuatro personas (tres de ellas menores), también muy jóvenes, y no se descartan más arrestos en los próximos días.

Los incidentes en torno al mitin de Vox hubo 35 heridos, una veintena de ellos agentes, la mayoría de ellos heridos leves, entre los que se encontraba este subinspector. Nueve fueron trasladaron por sus propios medios a centros hospitalarios para control radiológico, aunque todos han sido ya dados de alta. Entre ellos, el diputado de Vox por Guadalajara Ángel López, que resultó herido por una pedrada en la mano, indicaron fuentes de esta formación.

El Congreso, con los únicos votos en contra de Vox y la abstención del PP, ha aprobado una iniciativa pactada entre Compromís y los socios gubernamentales –PSOE y Unidas Podemos– para instar al Ministerio de Hacienda a presentar antes de final de 2021 su propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica.

En concreto, la iniciativa ha contado con 193 votos a favor frente a las 88 abstenciones de los diputados ‘populares’ y 53 votos en contra, fundamentalmente de Vox, que durante el debate de la moción ya anunció que se opondrían a este texto porque, según el diputado Ignacio Gil Lázaro, «busca engañar a los valencianos».

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, alcanzó este miércoles un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos para que se comprometieran a presentar su propuesta de reforma en estos ocho meses que resta al año 2021. Sin embargo, hace unas semanas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que espera presentar «en breve» esta reforma.

Baldoví interpeló directamente a la ministra por este asunto, que convirtió en una moción para buscar el mayor consenso en la Cámara Baja y poder así presionar a Montero. Durante el debate, el diputado valenciano anunció que estaban negociando un texto transaccional con varios grupos y finalmente alcanzaron un acuerdo con los socios gubernamentales en el que se emplaza a presentar una propuesta antes de final de año.

LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LAS CCAA

Además, en este texto, se señala también la necesidad de que el nuevo sistema de financiación «garantice la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas». «En la elaboración del nuevo sistema se prestará especial atención a la simplificación del mismo, así como a la transparencia en la asignación y reparto de los fondos públicos, que en última instancia proceden de los impuestos que pagan todos los españoles», se apunta en la iniciativa.

Por ello, la moción reclama que el nuevo sistema de financiación garantice la «equidad y la suficiencia financiera para todas las CCAA» y que este modelo garantice los principios de «autonomía, coordinación, solidaridad y corresponsabilidad».

Además, se apunta a un análisis de posibles medidas a adoptar para aliviar el nivel de endeudamiento de algunas Comunidades Autónomas, una reivindicación que Baldoví ha proclamado en varias ocasiones desde el Congreso.

Sin embargo, no se hace referencia al Fondo de Compensación que también pedía Compromís mientras se efectuaba esta reforma del sistema de financiación autonómica, pero sí que los partidos gubernamentales y Baldoví plantean que se garantice a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado.

LA PRIMERA VEZ QUE SE PONE UN PLAZO

El diputado valenciano ha valorado positivamente este acuerdo y ha agradecido que la mayoría del Congreso apoyara este documento que, según ha celebrado, recoge por vez primera un plazo para presentar la propuesta de Hacienda de reforma del modelo de financiación autonómica.

«No podemos avanzar si no podemos dar el primer paso», ha sostenido Baldoví en un vídeo distribuido por Compromís para celebrar la aprobación de la iniciativa y en el que ha aprovechado para poner en valor el acuerdo alcanzado por los partidos que gobiernan en coalición en la Comunidad Valenciana.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha presentado hoy su programa de gobierno que contempla 350 medidas entre las que incluye la creación del «billete anticontaminación», que consiste en la gratuidad del transporte público durante los episodios de alta contaminación en la región, el aumento del ingreso mínimo vital en 150 euros adicionals al mes y 25.000 nuevas plazas públicas en el sistema educativo madrileño.

Así lo ha dado a conocer Gabilondo en el Ateneo de Madrid, acompañado por la vicealcaldesa de Rivas y directora de Campaña, Mónica Carazo, y el alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, ‘número cuatro’ en la lista socialista a la Asamblea de Madrid.

En los 100 primeros días de este mandato, los socialistas prometen aprobar un proyecto de presupuestos regionales que canalice los fondos europeos y dé respuesta a los principales problemas de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid.

Así, en materia sanitaria, Gabilondo ha insistido en que una de sus mayores prioridades será la vacunación, maximizando las dosis recibidas, al objeto de planificar y organizar la vacunación con efectividad y transparencia para alcanzar lo antes posible la inmunidad de la población. Iniciarán 30 nuevos centros de salud y dignificarán los actuales, empezando por las infraestructuras más antiguas.

Para ello, si gobiernan, se comprometen a activar los centros de salud para la vacunación incluso los fines de semana y harán más de 200.000 pruebas semanales, contratarán el mayor número de rastreadores recomendado por los expertos (alrededor de 2.000) para la detección, seguimiento y control de contactos.

Priorizarán también los servicios de salud mental y dotarán a las residencias de mayores y de personas con discapacidad de unos servicios de atención primaria adecuados a las necesidades de los residentes en estos centros.

REVISARÁ LA LEY DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

En materia social, el candidato socialista plantea en su programa de gobierno proporcionar a las familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital con un complemento autonómico de 150 euros al mes, así como revisar la Ley de Renta Mínima de Inserción para coordinar las prestaciones con el Ingreso Mínimo Vital.

Con el objetivo principal de luchar contra la pobreza infantil se aplicará un suplemento de 200 euros al mes a aquellas familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción que cuenten con menores a su cargo.

Como ya había propuesto, garantizará por Ley que ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podrá vender viviendas públicas a fondos de inversión, también llamados fondos buitre e iniciarán en los próximos 2 años la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible o social.

También, impulsarán un Plan de Rehabilitación de Viviendas para rehabilitar 521.000 inmuebles en la región, en base a criterios de eficiencia energética y accesibilidad, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana y aprobará la Ley de Derecho al Cuidado y la Atención Integral de las Personas Mayores y una estrategia contra la soledad.

En este punto, el candidato del PSOE ha afirmado que «Madrid tendrá el primer gobierno paritario de su historia, que estará plenamente comprometido con la lucha contra la desigualdad entre hombres ymujeres». Pondrán en marcha un plan urgente para víctimas de violencia de género y mujeres en situación de especial vulnerabilidad que garantice su reinserción sociolaboral y una vivienda.

Aprobarán una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid y asistir a las víctimas de delitos de odio, con el fin de atenderlas, asesorarlas y guiarlas a la hora de denunciar.

ABONO TRANSPORTES JOVEN HASTA LOS 31 AÑOS Y UN HUB DE CIENCIA Y SALUD

Además, desarrollarán un Plan de Emancipación Joven que ponga el foco en garantizar empleos de calidad para la juventud y que vaya acompañado de la implementación de medidas de control indirecto de precios de la vivienda en alquiler que garanticen que el acceso a la vivienda digna no represente más del 30% de los ingresos de la persona.

El Abono Transporte Joven será hasta los 31 años para las personas que sigan estudiando, que perciban un salario por debajo del SMI o se encuentren en desempleo y se ha comprometido a reducir la temporalidad en el empleo público de la Comunidad de Madrid, especialmente en los sectores sanitario y educativo y estudiar la modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid con la finalidad de plasmar una regeneración institucional a través de medidas como el blindaje de derechos sociales consolidados en la Comunidad de Madrid.

En el ámbito económico, Gabilondo propone un ‘hub’ de ciencia y salud para canalizar los fondos europeos en esta materia y favorecer el liderazgo nacional y europeo de la región en estas materias. Quiere generar 125.000 puestos de trabajo de acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y aprobar «de forma inmediata» la movilización de 80 millones de euros del Fondo de Contingencia para ayudas a la hostelería.

Aprobará, asimismo, si es presidente, un plan de ayudas a empresas de comercio, hostelería, autónomos y familias dotado con 1.300 millones de euros, concederá incentivos para la contratación indefinida de personas que han perdido su trabajo durante la crisis sanitaria.

Además, desarrollará un Plan de Recuperación Verde y una Estrategia Autonómica de Cambio Climático y Transición Ecológica y un Pacto Autonómico por la Educación con el objetivo de incrementar la calidad de la educación madrileña con «equidad».

10.000 NUEVAS PLAZAS DE FP Y BAJADA DE PRECIOS UNIVERSITARIOS

Para Gabilondo, también es necesario «establecer un incremento de la inversión educativa por alumno en la Comunidad de Madrid para acercarla a la media nacional» y establecer el objetivo de incrementar 25.000 nuevas plazas públicas en el sistema educativo madrileño.

Así, pondrá en marcha un plan de choque de centros educativos dotado con más de 250 millones de euros para la construcción, ampliación y mejora de los mismos, así como asegurar sus accesibilidad, sostenibilidad y conexión a Internet de alta velocidad y con un compromiso específico de acabar con la construcción por fases.

Procurarán la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, ampliando el número de plazas ofertadas en una escuela infantil o casa de niños públicas. La meta es que al final de la legislatura sea cubierto al menos el 50% de las plazas demandadas por las familias en el curso 2021/2022.

El candidato socialista promoverá nuevas plazas para la Formación Profesional, especialmente la dual, que tendrá hasta 10.000 nuevas plazas, creando nuevos grupos, ampliando la oferta vespertina, ampliando la oferta de FP en institutos de enseñanza secundaria que no la ofertan y asegurando una oferta pública en todos los municipios de más de 20.000 habitantes.

Impulsará también la bajada de los precios públicos universitarios hasta niveles del curso 2011, con el objetivo de lograr progresivamente la gratuidad de la primera matrícula, la equiparación de los precios públicos de máster a los de grado y la exención del pago de la enseñanza superior a víctimas de violencia de género y a sus hijos.

Al final de una legislatura con PSOE, Gabilondo sostiene que la inversión en I+D+i deberá ser del 2% del presupuesto regional y que, para ello, incorporarán 1.000 nuevos investigadores.

«Madrid nos está esperando. Un Madrid creativo, cultural, plural, diverso y dinámico. Lo vamos a conseguir. Hazlo por Madrid», ha lanzado el líder socialista tras desgranar sus propuestas para «regenerar Madrid».

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un varón y una mujer de 33 y 35 años de edad, como presuntos responsables de un delito de trata de seres humanos que formaban parte de una trama delictiva dedicada a la captación de jóvenes para después explotarlos sexualmente en una finca próxima a Talavera de la Reina (Toledo).

Las víctimas, tres mujeres y un varón de entre 21 y 25 años de edad, respondieron a unas ofertas de empleo que les llegaron a través de Internet y redes sociales, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En ellas, una mujer ofrecía varios puestos de trabajo tanto para realizar labores de mantenimiento como «acompañamiento» en un establecimiento de «copas» en Talavera de la Reina.

El supuesto establecimiento era en realidad una finca situada a las afueras de la ciudad en la que había una vivienda en construcción, con habitaciones individuales y colchones tirados en el suelo.

La mujer con la que habían contactado ejercía de ‘madame llevando clientes a la casa y ordenaba a cada una de las víctimas con quién debían mantener relaciones sexuales.

Allí permanecieron aproximadamente quince días, en los que no se les permitió salir de la vivienda y subsistían con una sola comida al día.

Además, estaban condicionadas por su carencia de medios económicos para subsistir y por el miedo a sufrir daños personales, puesto que esta mujer les había amenazado con «pegarles un tiro» si no accedían a sus pretensiones, ejercían la prostitución y facilitaban a los clientes sustancias estupefacientes y pastillas, recibiendo una mínima parte del dinero que éstos pagaban a la ‘madame’, quien respondía a sus quejas con amenazas e incluso con agresiones físicas.

La mujer detenida ya tenía antecedentes por hechos similares, mientras que el varón actuaba como subordinado de ésta y se encargaba de las labores de mantenimiento de la vivienda, si bien en ausencia de su «jefa» también se ocupaba de distribuir a los clientes con las víctimas elegidas, de convencerlas para que obedecieran las directrices de la ‘madame’, así como de cobrar el dinero de los servicios sexuales que las obligaban a prestar.

En el transcurso de la investigación se ha liberado a cuatro víctimas, si bien se tiene constancia de que pudiera haber más, por lo que la investigación continúa abierta.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves por una amplia mayoría la moción pactada por Vox y el PP para reprobar al exvicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su gestión de las residencias de mayores durante la pandemia del Covid.

En concreto, la iniciativa ha cosechado 194 votos en contra, entre ellos los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y sus aliados, frente a los 147 que han sumado los de Santiago Abascal y los ‘populares’ más otros partidos como Ciudadanos.

La iniciativa impulsada por Vox, debatida este miércoles, acusaba a Iglesias de haber «abandonado» a los más mayores y reclamaba que la Cámara lo reprobase por haberse «inhibido» en su responsabilidad y por haber «ninguneado» y «criminalizado» al sector.

La moción es consecuencia de la interpelación que Vox planteó a finales del pasado mes de marzo a Pablo Iglesias en la que fue su última sesión plenaria antes de dejar el Gobierno para postularse como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En el texto sometido a votación, que ha incorporado aportaciones del PP, se instaba además al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar a este colectivo el derecho a la vida, la salud, la no discriminación por razón de edad o su circunstancia vital, así como que puedan acceder a un sistema asistencial adecuado, incluida la atención hospitalaria.

OTRAS MEDIDAS

Además, se reclamaba un plan integral de prevención y control frente al Covid en residencias, con garantías para la seguridad de los trabajadores, inspección de todas las residencias para garantizar que se cumplen las necesarias condiciones de cuidado y atención, y su desinfección en profundidad.

Vox y PP exigían, asimismo, un protocolo para actuar ante posibles rebrotes, que incluya el traslado a centros hospitalarios y su acceso a UCIS en cualquier punto del territorio nacional, y un sistema de información y comunicación recíproca entre administraciones.

Más allá de la residencias, Vox planteaba también avanzar hacia un servicio de atención primaria «de calidad y seguro» con protocolos ‘libres de Covid’ que impliquen circuitos limpios y específicos para las personas mayores, vulnerables o con discapacidad, y solicitaba además una «inmediata y eficaz ejecución del proceso de vacunación, siempre con carácter voluntario».

El partido de Abascal añadió otras enmiendas del PP que abogaban por crear un Fondo Social Extraordinario Covid no reembolsable para los Servicios Sociales, avanzar hacia un nuevo modelo residencia con una atención más personalizada y promover un sistema de atención específica a los mayores con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica en el medio rural.

El Congreso ha aprobado este jueves, sin ningún voto en contra y sólo nueve abstenciones, la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que se encargará de estudiar posibles cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), entre ellos la rebaja de la edad de voto.

El PSOE y Unidas Podemos ya llevaron a la Cámara Baja una proposición de ley para eliminar el requisito que desde 2010 se exigen a los residentes españoles en el exterior para poder votar en las elecciones, también conocido como voto rogado.

Y recientemente impulsaron además la creación de esta subcomisión para que analice posibles modificaciones de la legislación electoral más allá de la reforma para suprimir el voto rogado, que se encuentra tramitándose en el Congreso.

CONTINUARÁ LOS TRABAJOS DE HACE DOS LEGISLATURAS

La idea es que esta subcomisión continúe el trabajo de análisis iniciado hace dos legislaturas y que fue interrumpido por la convocatoria de las elecciones de abril de 2019.

En concreto, este foro debatirá algunas reformas electorales que son perentorias, como la de regular la moción de censura en los ayuntamientos con el objetivo de garantizar la estabilidad municipal y evitar el fenómeno del transfuguismo.

Pero también otras para regular los debates electorales, garantizar el ejercicio de sufragio sin menoscabar el derecho a la protección de la salud, instaurar las listas cremallera, mejorar la proporcionalidad del sistema electoral o abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a jóvenes de 16 y 17 años.

ACUERDO DE GOBIERNO

Las tres últimas vienen recogidas expresamente en el acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, y, singularmente, la relativa a la rebaja de la edad de voto es una ‘vieja’ reivindicación de ERC.

De hecho, ésta fue la primera iniciativa que la formación independentista registró tanto en el Congreso como en el Senado al inicio de la presente legislatura. En el Senado, donde debatió el pasado octubre, la propuesta se rechazó con el voto, entre otros, del PSOE, que acusó a los independentistas catalanes de haber presentado esta propuesta a las puertas de las elecciones catalanas.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves 15 de abril, a las 13:36 horas, el proyecto de Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revitimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia.

El texto, al que se han incorporado más de 200 enmiendas de las casi 600 que han registrado los distintos grupos, y al que se han incorporado también más de 70 transaccionales, a su paso por la Cámara Baja, ha sido aprobado este jueves con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG, el voto en contra de Vox y del PNV y la abstención de PDeCAT y EH Bildu.

Tras su votación en el Pleno del Congreso, el proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia tendrá que seguir su tramitación en el Senado.

Uno de los últimos cambios introducidos en el texto es la ampliación de la edad a partir de la cual comienza a contar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores.

EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN ARRANCARÁ A LOS 35 AÑOS

El texto inicial contemplaba elevarla de los actuales 18 años de la víctima a 30 años, pero ahora este umbral se eleva hasta los 35 años gracias al acuerdo alcanzado este mismo miércoles entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Más País y BNG.

Actualmente, el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores empieza a contar cuando la víctima cumple la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

Entre las modificaciones incorporadas a la ley también destaca la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), –por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijo en su contra–.

Asimismo, se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años del menor afectado, para evitar su revictimización.

Igualmente, se amplía de 6 a 12 meses el plazo para el cese de tutela de la administración sobre los menores en situación de desamparo que hayan abandonado voluntariamente el centro de protección y se encuentren en paradero desconocido.

Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno en junio de 2020, y que fue bautizado por el exvicepresidente Pablo Iglesias como ‘Ley Rhodes’ –por el pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia–, destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.

Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del ‘coordinador de bienestar y protección’ que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de fijar para prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet.

Durante el debate de la ley este jueves en el Pleno del Congreso, los grupos que se han abstenido, EH Bildu y PDeCAT han anunciado que lo hacían con un «sentimiento amargo» debido a que consideran que en la norma hay «una invasión competencial», tal y como han precisado por parte de ambos grupos la diputada Mertxe Aizpurua y el diputado Sergi Miquel i Valentí, respectivamente.

Por este mismo motivo y con «harto dolor de corazón» anunciaba su voto en contra el diputado del PNV, Íñigo Barandiarán, que en todo caso ha apoyado las «medidas positivas» que aporta la ley, las cuales esperan poder «replicar» en el Parlamento Vasco.

También ha mostrado su rechazo a la invasión de competencias el diputado del BNG Néstor Rego pero su grupo ha votado a favor porque apoyan la mayor parte del contenido del texto, como el derecho del menor a ser escuchado, algo que han destacado prácticamente todos los grupos parlamentarios. Por su parte, ERC ha dado un sí pero crítico, según han precisado fuentes del grupo parlamentario.

Entre los que no han apoyado la ley también destaca Vox, cuya diputada Sara López que ha criticado el texto calificándolo de «antifamilia». «Con esta ley quieren manchar a base de ideología, amenazando a la familia que es el santuario de la vida valores», ha subrayado.

En el lado opuesto, varios diputados han coincidido en que esta ley marca «un antes y un después» en la protección a la infancia. Así lo ha dicho la diputada del PSOE Sonia Guerra, quien ha destacado también la «perspectiva feminista» de la ley; y la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz quien ha lamentado, en todo caso, que finalmente no se hayan incluido sus enmiendas para prohibir la entrada de niños en los toros y para que, en caso de desahucio con menores el juez deba hacer un juicio de proporcionalidad.

También ha celebrado el «avance» que supone esta ley la diputada de Ciudadanos Sara Giménez que, en todo caso, ha apuntado algunos temas «pendientes» como que la ley nazca con una «garantía presupuestaria» para que «no quede en papel mojado». Entre las mejoras introducidas, ha destacado que la ley pone un «parapeto» a «situaciones de violencia en centros de menores tutelados como las se han visto en Baleares», las cuales ha pedido que se investiguen.

Igualmente ha mostrado preocupación por este caso de violencia a niños tutelados la diputada del PP Alicia García quien en todo caso, ha apoyado la ley que, aunque «llega tarde», introduce actuaciones «contundentes».

El GRECO, el órgano anticorrupción del Consejo de Europa, ha hecho un llamamiento a los Estados miembro a que eviten los riesgos de corrupción que pueden surgir como resultado de las medidas de carácter económico adoptadas de cara a la recuperación por la crisis provocada por la pandemia.

En su informe anual publicado este jueves, ha incidido en que las medidas extraordinarias que los Gobiernos han adoptado como resultado de la COVID-19, entre otras la inyección de grandes cantidades de dinero a la economía, podrían provocar casos de corrupción.

Además, ha incidido en que las medidas de emergencia adoptadas han implicado concentración de poderes y derogaciones de derechos fundamentales, lo cual va de la mano con un riesgo de corrupción que no debería menospreciarse, sobre todo en lo relativo a conflicto de intereses y grupos de presión.

En opinión de la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, en un contexto como el actual «los gobiernos deberían incrementar sus esfuerzos para garantizar que todas las políticas y acciones dirigidas a la crisis de salud pública y económica cumplen con los estándares anticorrupción».

Así, ha advertido de que «la legislación adecuada y los marcos institucionales para combatir la corrupción no son suficientes» sino que «estos estándares deben aplicarse de forma efectiva en la práctica y los gobiernos deben actuar con transparencia y rendición de cuentas».

HACE FALTA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de GRECO, Marin Mrcela, quien ha defendido que «es crucial que, en situaciones de estado de emergencia, todas las decisiones y procedimientos se diseñen con transparencia, integridad y rendición de cuentas».

Por otra parte, Marcela ha lamentado que en algunos países se han constatado en 2020 «intentos notorios» por parte del poder ejecutivo y/o legislativo de atacar, intimidad o subyugar al poder judicial.

A la hora de contemplar las medidas para prevenir la corrupción, ha subrayado, «debemos tener en mente que no debemos ver la lucha contra la corrupción como algo separado, o incluso opuesto, a la independencia judicial», ha defendido. «La primera es esencial para la segunda y viceversa», ha agregado.

El nuevo informe revisa las medidas adoptadas en 2020 para prevenir la corrupción por los estados miembro de GRECO en su cuarta ronda de evaluación, relativa a parlamentarios, jueces y fiscales, y en la quinta, que se centra en los gobiernos centrales y en los cuerpos de seguridad.

A finales de año, los estados habían cumplido el 40 por ciento de las recomendaciones de GRECO relativas a prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. En lo que se refiere a la quinta, la evaluación ya se ha completado para 21 países, entre ellos España, si bien el informe todavía no se ha publicado.

Respecto a esta quinta ronda de evaluación en general, GRECO ha expresado su preocupación particular por las reticencias de algunos países a revelar información oficial en línea con las leyes de libertad de información, así como ‘lobbying’, conflictos de interés y «puertas giratorias».

La Asociación de Mujeres Juezas de España han lamentado, este miércoles, la «total y rotunda ausencia de toda perspectiva de género e infancia en el análisis de los hechos» juzgados en la Audiencia Provincial de Navarra, de un delito de abuso sexual a una menor de 14 años, así como «la interpretación y aplicación del Derecho que se lleva a cabo en la misma».

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra decidió, este martes, absolver a un acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra, a quien dejó embarazada. Para los magistrados, no está probado que, en el mes de marzo de 2018, el procesado, «al que la menor trataba como un padre, y aprovechándose de esta situación», hubiera mantenido relaciones sexuales completas con su hijastra.

En su declaración judicial, la menor exculpó al acusado y relató que fue ella quien, estando él dormido y «borracho» en el sofá, se puso encima suya y mantuvo la relación sexual sin que el procesado se percatara, según ha informado el TSJN.

Para la Asociación de Mujeres Juezas, esta sentencia con falta de perspectiva ha «sacrificando bienes jurídicos consagrados» en la Constitución, «como la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia o la salvaguarda del interés superior de las personas menores de edad», en pro de «una claramente mal interpretada defensa del principio de presunción de inocencia».

«LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PUEDE QUEBRARSE»

«Sin perspectiva de género, el derecho penal no sirve a las mujeres ni, lamentablemente hemos de añadir en este caso, a las niñas», ha señalado la entidad.

Así, creen que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra parte de un relato de «hechos probados» en el que se limita a copiar y reproducir elementos de valoración de prueba y en el que, a su juicio, «se incluyen sesgos de género y datos innecesarios que vulneran la intimidad de la menor y su familia que no guardan relación con los hechos objeto de investigación y enjuiciamiento».

Además, señalan, las conclusiones alcanzadas «no se explican en la resolución y resultan insólitas e increíbles». «El principio in dubio pro reo permite la absolución cuando la culpabilidad no ha quedado acreditada más allá de toda duda razonable y las dudas expresadas en la resolución no parecen nada razonables y desde luego no se explican de forma lógica en la sentencia», indican.

A su juicio, la presunción de inocencia «es un derecho fundamental imprescindible para fundar y mantener un régimen democrático que garantice los derechos humanos», pero, explican, «como todo derecho fundamental encuentra su límite en el respeto a los demás derechos fundamentales reconocidos en la Constitución», entre los que se encuentran «el derecho a la integridad física y moral, y el derecho la libertad e integridad sexuales».

Así, creen que «la presunción de inocencia puede quebrarse» y recuerdan que «toda sentencia de condena dictada en un proceso penal supone, de hecho, una quiebra esa presunción, que ha podido desvirtuarse gracias a la actividad de la acusación».

SE APARTA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES

«No es legítimo, ni democrático, ni garantista ignorar todos los derechos fundamentales de la víctima con el fin de preservar un derecho de la persona acusada», apuntan, para insistir en que «la menor también tiene que ver garantizados sus derechos fundamentales».

A través de un comunicado, la asociación quiere «dejar constancia» del «desconcierto y consternación» de las magistradas que lo forman, ante el «modo de concebir y aplicar el derecho procesal penal» en este caso.

Según explican, se ha apartado «de los tratados internacionales suscritos por España», como la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño y, «especialmente», de la Observación General número 12, de 2009, sobre el derecho a ser escuchado, entre otros convenios.

Desde la entidad, recuerdan que la profesión «no puede» abstraerse de que «entre un 10% y un 20% de la población ha sufrido abusos sexuales en su infancia» y de que «en un alto porcentaje el abusador es un familiar o persona del entorno». También hay que tener constancia, apuntan, de que «los procedimientos no están diseñados ni adaptados a los niños y niñas».

«Tampoco podemos cerrar los ojos que las niñas, niños y adolescentes que valientemente denuncian abusos sexuales o malos tratos por parte de algún familiar muchas veces no reciben el apoyo de las personas más cercanas y sufren el prejuicio de que mienten, estereotipo que hay que desterrar», concluyen.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a 23 años de cárcel a Enrique R.B. por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y género, después de que un jurado popular le declarase «culpable de matar intencionadamente y con alevosía» a su expareja atacándola «por sorpresa» con un cuchillo en una vivienda en el barrio de Los Pajaritos de la capital andaluza.

En esta sentencia de fecha 12 de abril, según informa el TSJA, el Alto Tribunal Andaluz desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado contra la sentencia condenatoria, que incluye además la medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años una vez extinguida la pena de cárcel impuesta y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización total de 230.000 euros a los dos hijos menores de edad de la víctima.

El abogado del condenado recurrió al TSJA alegando que la apreciación de la alevosía y la consecuente calificación de los hechos como asesinato habrían vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, pues no existiría prueba de cargo bastante en relación a los elementos sobre los que se ha sostenido, mientras que también recurrió por infracción de precepto legal al haberse aplicado conjuntamente las agravantes de parentesco y género.

«PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE»

Pero el TSJA resuelve que «no se ha vulnerado la presunción de inocencia del acusado», ya que la apreciación de la alevosía «se basa en prueba de cargo suficiente y lícita y no ha sido arbitraria o irrazonablemente valorada».

De este modo, y según indica el TSJA, el jurado tuvo en cuenta «el lugar en el que se produjo la agresión en la escalera del edificio, con poca luz y angostura de espacio; la existencia de un corte en el cuello que, conforme a la conclusión de la prueba pericial forense, debió haber sido producido desde detrás; la fuerza con que se asestaron las cuchilladas, incompatibles con que se produjeran en un forcejeo; el reconocimiento por el acusado de que conocía los horarios de la víctima, y en particular la hora a la que solía regresar al domicilio tras dejar a su hija en el colegio; y la configuración misma de la escalera, que impide desde un tramo ver a quien espera en el tramo inmediatamente superior».

«Tales elementos, unidos al hecho de que el agresor cuenta con un arma blanca y la víctima está desarmada, son suficientes como para integrar un cuadro de agresión alevosa», indica el TSJA.

INTENTO DE «GIRO ARGUMENTAL»

Asimismo, el TSJA considera que la defensa del acusado utiliza en su recurso «un giro argumental difícil de comprender, que más bien tiende a calificar como incompatibles las circunstancias de alevosía y la de discriminación de género», para lo que «viene a decir que la «superioridad» del varón agresor ya se ha considerado para apreciar la circunstancia de alevosía, por lo que no puede volver a considerarse para apreciar la agravante de género».

A juicio del tribunal, este planteamiento «es insostenible, porque nada tiene que ver la superioridad medial y circunstancial buscada por el agresor para cometer su acción (un cuchillo, un lugar estrecho y sin luminosidad, y un contexto en el que la víctima se halle desprevenida) con la motivación del hecho («para demostrar la superioridad» del varón sobre la mujer)».

«Una agresión por motivación machista puede ser alevosa o no. No hay incompatibilidad alguna», finaliza la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El Parlamento Vasco ha aprobado una iniciativa del PNV a través de la que expresa su compromiso con los principios del republicanismo y en la que declara que «el pueblo vasco constituye un sujeto jurídico y político con derecho a la libre determinación». La propuesta ha salido adelante con el apoyo de los 31 parlamentarios jeltzales, la abstención de los 21 representantes de EH Bildu y el voto en contra de los 21 parlamentarios que suman el PSE-EE –socio del PNV en el Gobierno Vasco–, PP+Cs y Vox.

Este pronunciamiento de la Cámara vasca se recoge en una enmienda de totalidad presentada por el PNV a una moción registrada por Elkarrekin Podemos-IU con motivo del 90 aniversario de la II República (1931-1936).

La propuesta de la coalición progresista destacaba, entre otras cuestiones, la importancia de conmemorar el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República por tratarse esta de «un hito político fundamental en la historia democrática de Euskadi, como primera experiencia democrática para construir una sociedad moderna identificada con la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la justicia social».

La moción de Elkarrekin Podemos-IU no ha salido adelante, como tampoco lo han hecho las enmiendas presentadas por EH Bildu, PSE-EE y PP+Cs.

La enmienda de EH Bildu establecía que «el Parlamento Vasco no hace suya la monarquía de España y manifiesta su compromiso en favor de la República Vasca».

En el caso del PSE, se planteaba una reivindicación de «los valores del republicanismo cívico», mientras que PP+Cs proponía una defensa de los valores y derechos amparados por la Constitución de 1978.

Una vez rechazadas la moción de E-Podemos-IU y las enmiendas de EH Bildu, PSE-EE y PP+Cs, se ha sometido a votación la enmienda del PNV, que ha salido adelante con el apoyo de los 31 parlamentarios jeltzales, la abstención de los 21 representantes de EH Bildu y el voto en contra de los 21 parlamentarios que suman el PSE-EE –socio del PNV en el Gobierno Vasco–, PP+Cs y Vox.

«VALORES DEMOCRÁTICOS»

A través de esta enmienda, el Parlamento expresa su compromiso con los principios del republicanismo «basados en valores democráticos y en la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos». Dichos principios –según se indica en el texto– «deben vertebrar cualquier Estado, tanto en su acción política, como en la forma de resolver conflictos».

Además, mediante esta enmienda, la Cámara declara que «el pueblo vasco constituye un sujeto jurídico y político con derecho a la libre determinación», y señala que el reconocimiento y ejercicio de ese derecho es «garantía del desarrollo político, económico, social, cultural y lingüístico de la sociedad vasca».

«HACER JUSTICIA»

En el transcurso del debate, el parlamentario de E-Podemos-IU Jon Hernández ha lamentado que no haya salido adelante la propuesta con la que se grupo pretendía «hacer justicia» a lo que, con sus «vicisitudes y contradicciones», supuso la II República.

Además, ha criticado que con el discurso mantenido en el debate de este jueves, el PP+Cs pretenda hacer «responsable» de la Guerra Civil, iniciada con el golpe de estado franquista, al régimen «democrático y legítimo» de la II República.

Por parte del PNV, Joseba Egibar ha afirmado que «el mejor homenaje» que puede hacerse a la II República es plantear, tal y como se indica en la enmienda de su grupo, que «cualquier Estado» ha de tener en cuenta los valores del republicanismo.

COMPROMISO CON LA AUTODETERMINACIÓN

Egibar también ha lamentado que EH Bildu «desconfíe» del compromiso del PNV con el soberanismo, y ha destacado que la posición del partido ‘jeltzale’ en favor de la «autodeterminación» del País Vasco es «claro».

Desde EH Bildu, Jasone Agirre ha mostrado su «respeto» hacia los valores de la II República, aunque ha advertido a Elkarrekin Podemos de que «no nos une la misma nación», aunque sí «la misma clase» social.

«TRIBU O ALDEA ESPAÑOLA»

Además, tras denunciar el carácter «antidemocrático» de la monarquía, aunque sin querer pronunciarse sobre «la monarquía de la tribu o la aldea española», ha reclamado al PNV que vaya «más allá» de sus reivindicaciones soberanistas y asuma «compromisos» para poder hacerlas efectivas.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha asegurado que la II República «fracasó» porque –según ha dicho– «nos llevó a una guerra civil y a una dictadura ilegítima».

Barrio ha criticado a aquellos que presentan aquella república como un «paraíso perdido», y ha denunciado que la república vasca a la que aspira EH Bildu «no nos permitiría nacer, vivir y morir en castellano».

A su vez, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha acusado a Elkarrekin Podemos-IU de utilizar el 90 aniversario de la II República «como torpedo contra la línea de flotación» de la Constitución.

El director general del Imserso, Luis Barriga, ha hecho un llamamiento a revisar el modelo de cuidados y rediseñar el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia tras el impacto que la pandemia provocada por la Covid-19 ha tenido en el sector.

«Hay que revisar el modelo de cuidados y rediseñar el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia», ha asegurado Barriga en la jornada online ‘Experiencias de mayores durante la pandemia: la necesidad de un cambio en el modelo sociosanitario’ organizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) este jueves, 15 de abril.

Barriga ha reconocido que, durante la primera ola de la pandemia, «se produjo la tormenta perfecta» ya que el sector se tuvo que enfrentar a una «enfermedad muy contagiosa, de origen desconocido», unido a una crisis de personal de cuidados, «con centros residenciales donde hasta un 50% del personal estaba de baja» y donde los residentes sufrieron las consecuencias del confinamiento. «Aislar y confinar deteriora la vida de estas personas», ha recordado.

El director del Imserso ha señalado que la situación era «muy difícil de gestionar», al tiempo que ha lamentado que «nunca se aplaudió al personal de servicios sociales que hizo una labor fundamental», cuando durante los primeros meses de pandemia, los ciudadanos aplaudían desde sus balcones a las 20.00 horas en homenaje al personal sanitario.

Barriga también ha enfatizado que «ganar años no es perder calidad de vida», ya que el actual sistema residencial «no puede ser concebido como un antiguo hospicio». «No es un paciente, es una persona que necesita un hogar y parar ello tiene que estar configurado», ha defendido, al tiempo que ha insistido en la importancia de combatir la soledad, el aislamiento y no perder de vista la importancia de la gestión pública.

«Es necesario garantizar la asistencia sociosanitaria y el derecho al acceso universal a la salud independientemente de la edad y del lugar de residencia», ha insistido.

En la misma línea se ha expresado el secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ignacio Álvarez, al afirmar que «uno de los grandes retos» de la sociedad «es poder envejecer y poder envejecer bien» por lo que ha considerado «fundamental garantizar la asistencia sociosanitaria para las personas mayores».

En este punto, ha pedido trabajar tanto a corto como a largo plazo y ha subrayado que los esfuerzos realizados en un primer momento se pusieron de manifiesto con la irrupción de la segunda ola, «cuyas consecuencias fueron diferentes a las de la primera gracias al trabajo realizado».

Además, ha puesto de relieve los resultados obtenidos por la estrategia de vacunación al atender en primer lugar a personas mayores que viven en residencias, lo que ha permitido que «en torno al 90% de los residentes ya estén vacunados». «Los brotes y fallecimientos se han reducido hasta casi desaparecer», ha apostillado.

A medio y largo plazo, Álvarez ha insistido en la importancia de revalorizar las pensiones y desarrollar el Sistema de Dependencia que, como ha lamentado, «nació cojo» lo que ha provocado que cerca de 300.000 personas tuvieran reconocido el derecho pero que no lo recibieran, al quedar en el denominado «limbo de la dependencia».

Por ello, ha subrayado la importancia de los acuerdos alcanzados con las CC.AA «para reforzar el sistema y reducir estas listas de espera», además de mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, su formación o desarrollar nuevas prestaciones como el derecho a la teleasistencia o el desarrollo de la figura del asistente personal, entre otras cuestiones.

También ha avanzado que se usarán los fondos europeos –cerca de 700 millones– para cambiar el modelo de cuidados en el medio plazo en España, donde se invierte el 0,75% del PIB cuando la media europea es del 1,5%. «Hay que usar la financiación para modificar el modelo», ha explicado, apostando por la atención domiciliaria para que «la atención en centros sea el último paso».

ATENCIÓN A LOS MAYORES DURANTE LA PANDEMIA

La jornada ha contado con ponentes de distintos representantes de administraciones públicas de ámbito autonómico, estatal y europeo, así como de diversas entidades sociales, que han abordado las consecuencias que la crisis ocasionada por la COVID-19 ha tenido entre las personas mayores, además de buscar posibles soluciones de futuro para evitar que se repitan situaciones como las vividas durante la pandemia.

Así, en la inauguración, el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, ha lamentado que «la sociedad se ha sentido agredida por la manera en que hemos atendido a las personas mayores durante la pandemia y esto hay que afrontarlo».

Posteriormente, Astrid Dentler, miembro del Gabinete de la Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Democracia y Demografía Dubravka Suica, ha señalado que «el 20% de la población en Europa tiene más de 70 años y esta cifra va a seguir aumentando.

«Esto afecta a toda la población, por ello tenemos que trabajar en este sentido desde la equidad intergeneracional», ha enfatizado. Dentler también ha puesto el foco en el papel que han representado estas personas durante la pandemia, «al ayudar y brindar cuidados a sus nietos».

«Recibir la atención sociosanitaria que merecen las personas mayores es un derecho obligatorio que se ha visto mermado durante la pandemia», ha indicado por su parte la coordinadora de Políticas, Derechos Humanos y No-discriminación de la Plataforma Europea AGE, Nena Georgantzi, que también ha lamentado que «el edadismo es igual de grave que otras formas de discriminación y tiene un impacto muy negativo en las personas mayores y en la sociedad en general».

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha mandado un mensaje a los colectivos científicos que este jueves 15 de abril se manifestarán en varias ciudades de España para protestar por la reforma que prepara el Ministerio de la Ley de la Ciencia.

«El proceso de diálogo ya hace tiempo que se ha iniciado y creemos que sería más provechoso sentarse a dialogar en esta etapa que tenemos por delante», les ha instado en una entrevista.

Promovidas por la Coordinadora Marea Roja de la Investigación, las movilizaciones contra el proyecto de modificación de la Ley de la Ciencia tendrán lugar en varias ciudades españolas, entre ellas, Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Sevilla y Oviedo. En Madrid, la concentración se ha convocado a las 18.00 horas frente al Ministerio de Ciencia e Innovación (Paseo de la Castellana, 162).

Tras las diferencias entre parte de la comunidad científica y el Ministerio, Duque ha asegurado que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública convocará «en un par de semanas» a los sindicatos en una Mesa General de Negociación para abordar la modificación de la norma. «Es una mesa preceptiva y haremos el diálogo durante estas semanas», indica Duque, que añade que la Mesa podrá convocarse «dentro de una semana o dos».

Si bien, el ministro recalca que «todas las semanas» se ha estado convocando a sociedades y colectivos científicos para discutir sobre la reforma. «Creo que sería mejor primero dialogar y luego ver cuál es el resultado; es un orden de cosas más correcto», afirma.

«TENEMOS UN PLAN GENERAL»

El ministro explica que lo que prepara su Ministerio es «un plan general de cómo resolver los problemas de la ciencia en general». Por un lado, recalca «el incremento de presupuesto que jamás en la historia de España había ocurrido», del orden de un 60%. «Tenemos este año un 30% más de dinero, para subvenciones y para la contratación, que el año que más hubo en la historia y, por lo tanto, eso nos da un margen», insiste.

Así, defiende que el plan de su Ministerio es «completo», con más convocatorias y convocatorias de otro tipo. «Esa expansión de los proyectos dará otra perspectiva a las personas que están contratadas por proyecto», dice.

En palabras del ministro, una «pequeña parte del plan» requiere cambiar la Ley de la Ciencia de 2011: «Si no cambias la Ley, no puedes hacer estas contrataciones en las cuales das más seguridad a la gente y se elimina, al menos, la bolsa de temporalidad y de incertidumbre».

Según desliza, el incremento del presupuesto va ligado a la mejora de las condiciones de los investigadores: «La incertidumbre de si me saldrá un proyecto ya no es tanta si estamos incrementando los presupuestos». Y es que, la incertidumbre de los científicos viene dada por «una década entera de decisiones equivocadas en los presupuestos de ciencia», sostiene en referencia a los recortes en la inversión en Ciencia de los últimos años.

«Tenemos que conseguir por medio de un Pacto por la Ciencia que este enorme incremento de este año continúe en el futuro hasta que lleguemos a un nivel que, por lo menos, sea la media de los niveles de inversión en Ciencia de los países de la Unión Europea con los que nos queremos comparar y con los que queremos competir en producción científica», asegura.

Actualmente, España invierte un 1,24% del PIB en I+D+i, muy alejado de la media de los países de la UE, que se sitúa en el 2,12%. El objetivo que se ha marcado el Gobierno es alcanzar el 2% en 2024 y del 3% en 2030.

EL «TENURE TRACK»

Una de las modificaciones que pretende incorporar el Departamento que gestiona Pedro Duque es la figura contractual «tenure track», que según el Ministerio de Ciencia e Innovación permitirá que los investigadores estén en plantilla de forma «permanente». Esta figura consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta figura.

La Coordinadora Marea Roja de la Investigación considera que el «tenure track», modelo que está implantado en otros países, «no garantiza la estabilización del personal de investigación, pues la oferta sigue condicionada a cada OEP (Oferta de Empleo Público), y la contratación queda en manos del centro de destino y de un comité de expertos, con una evaluación final que no garantiza el puesto». También CSIF está en contra de esta medida: «Reduce derechos y garantías y estaría fuera del Convenio Colectivo».

Pero Duque defiende la iniciativa: «En vez de tener un contrato temporal y luego ya veremos si sale la plaza, es tener un contrato ya fijo desde el principio con simplemente una evaluación, que es lo que tienen todos los demás países, al cabo de unas cuantos años».

Según el ministro, el «tenure track» se implantaría en España para aquellos científicos que quieran estar en plantilla en el sistema público de ciencia. Se espera que estos científicos, según Duque, se conviertan en «el germen» de los nuevos grupos de investigación y que «den el relevo a los grandes científicos que ahora se van a jubilar».

Aunque esta medida no guste «a dos o tres» colectivos, según Duque, se intentará llegar a un acuerdo, aunque advierte: «No todas las soluciones son buenas y no todas las soluciones que le convienen mucho a unos, resulta que no les conviene tanto a otros».

No obstante, Duque se muestra optimista, ya que «el proceso tiene al menos dos meses por delante». «Al consenso sí se puede llegar, pero como toda negociación, unos tendrán que ceder en unas cosas y otros en otras», concluye.

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha calificado de «positivos» los testimonios públicos en los medios de comunicación de alto alcance, como el de Rocío Carrasco, siempre que su tratamiento se realice con «rigor» y con «perspectiva de género».

Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de seguimiento del Pacto de Estado contra esta lacra en el Senado, Rosell ha señalado el «pico de llamadas» y consultas a los diferentes servicios del 016 a víctimas de violencias machistas y ha indicado que es habitual esta consecuencia después de actos, campañas o testimonios en los medios de comunicación.

Según ha indicado, de esta forma las mujeres «visibilizan» y «autoidentifican» su situación y, finalmente, «la verbalizan» en los servicios de atención. Este reclamo de ayuda, ha indicado Rosell, es además el principio para poner fin a la situación de violencia en la que vive.

La delegada de Gobierno ha puesto en valor, además, que en el caso de Carrasco se esté hablando de violencia psicológica, más invisibilizada, y a quienes critican el formato del programa o a la cadena, Rosell ha insistido en que se trata de una situación «positiva» si se hace «con rigor y perspectiva de genero».

Rosell ha respondido así a las cuestiones sobre esta materia realizadas por los senadores de Joseba Martínez, de Geroa Bai, y María Adelaida Pedrosa, del grupo popular.

UN ESTUDIO SOBRE LOS PIROPOS

Esta última también ha cuestionado a la compareciente por un estudio de 45.000 euros realizado por el Ministerio de Ciencia sobre «el impacto sexista de los piropos». «¿No cree que gastar dinero público para investigar si a la mujer le gusta el piropo o se siente acosada es un despilfarro en estos momentos?», ha preguntado la senadora.

Rosell ha desmentido la existencia de este estudio y ha señalado la importancia de «no llamar piropo» al acoso sexual callejero o acoso ocasional. «Si una mujer se siente humillada, avergonzada, acosada o perseguida, sea por expresiones gestuales o verbales sexistas, por uno o varios varones, me parece importante que no lo llamemos piropo», ha declarado, para recordar que esta cuestión «requiere denuncia», por lo que si la víctima «no lo siente como un piropo, el problema no es de ella, es de él».

La senadora ‘popular’ también se ha dirigido a la delegada de Gobierno para criticar el nuevo reparto de partidas el presupuesto para la violencia de género a los ayuntamientos y que, según ha asegurado, deja a algunos consistorios con el 50% de cuantía que el año anterior.

En este sentido, Rosell ha explicado que se han cambiado «los criterios» de reparto centrándose en el servicio ATEMPRO. Se ha bonificado a aquellos consistorios que cuentan con este sistema y a quienes tengan censadas a víctimas de violencia de género en su padrón. En este sentido, la delegada de Gobierno ha reconocido que hay ayuntamientos, especialmente algunos de mayor tamaño, que han visto su cuantía reducida, pero es en detrimento, ha explicado, de que otros municipios más pequeños cuenten con mayor financiación.

Aún así, ha explicado que se ha repartido sólo la primera parte del presupuesto que se dirige a este tema y que, gracias a una enmienda de PSOE y Podemos, se dobló la partida (de 20 a 40 millones) en los presupuestos para los ayuntamientos. La cuantía restante, ha indicado, se repartirá próximamente.

SOBRE LAS PERSONAS TRANS

Durante la sesión, Rosell también ha sido cuestionado, en este caso por la portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en esta comisión, Elisenda Pérez, por la situación de las personas trans. En concreto, ha denunciado la violencia que también sufre este colectivo.

La delegada del Gobierno ha aclarado el compromiso del Ministerio con este colectivo, poniendo como ejemplo que, entre las mujeres asesinadas por violencia de género en 2020, se ha incluido en las estadísticas a una mujer trans, «Porque es una mujer», ha aclarado Rosell, quien ha asegurado que las instituciones deben tener las «rutas compatibles» en el marco de «los derechos que hay que defender».

Finalmente, la compareciente ha destacado la importancia de un servicio estatal como el 016, tras las dudas de la senadora del PNV, María Dolores Etxano, por la compatibilidad del mismo con los servicios del Ejecutivo vasco y la cercanía que este tipo de iniciativas territoriales suponen para las víctimas.

Para Rosell, el servicio estatal permite atender, precisamente, a esas víctimas que viven en zonas con menos recursos. «Igual que Cataluña o País Vasco dicen que pueden cumplir con el servicio, otros territorios se benefician más de tener un servicio estatal», ha indicado.

El exjefe de la Unidad de Blanqueo, que trabajó con el exfiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva en la instrucción del ‘caso Cursach’, ha negado este jueves que cometiera irregularidades durante la investigación de la macrocausa.

Además, otro de los agentes citados a declarar este jueves ha seguido la línea de su compañero y ha negado igualmente irregularidades en la investigación.

Las supuesta ilegalidades se refieren especialmente a la posibilidad de que se manipulara a un testigo o se le coaccionara para que mintiera durante la instrucción y acusara a policías locales de Palma.

Los agentes han declarado este jueves ante el juez instructor, Carlos Gómez, y está previsto que entre hoy y este viernes declaren igualmente otros dos agentes más.

Este miércoles, el exjuez Manuel Penalva negó igualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) haber presionado a un testigo para que vertiera acusaciones falsas contra policías nacionales durante la instrucción.

El exjuez respondió solo a preguntas del Fiscal y de su defensa y defendió la legalidad de las investigaciones durante la instrucción.

Por otra parte, el testigo 26, conocido como el trilero, también citado a prestar declaración a primera hora, se acogió a su derecho a no declarar.

Los interrogatorios se centran en determinar si Penalva y Subirán indujeron a testigos a realizar declaraciones falsas durante la instrucción del ‘caso Cursach’.

Entre este jueves y este viernes, deben declarar los cuatro policías de Blanqueo con los que Penalva y Subirán trabajaron en el caso investigado.

Cabe recordar que, a mediados de marzo, a través de una providencia, el magistrado Carlos Gómez dio conocimiento del auto de la Sala de lo Penal del TSJIB, en el que se acordaba investigar si Penalva y Subirán indujeron a testigos a realizar declaraciones falsas durante la instrucción del ‘caso Cursach’.

De este modo, el juez citó a declarar, además de al ex juez y al ex fiscal, al testigo número 26 de la causa tras aceptar la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y varias acusaciones.

Esta decisión se tomó después de que la Sala revocara el auto con el que se cerraba la instrucción y procesaba a Penalva, a Subirán y a cuatro policías nacionales por delitos de revelación de secreto, omisión del deber de perseguir delito y omisión del deber de promover la persecución de delitos, dejando fuera del proceso judicial las acusaciones por detenciones ilegales, coacciones a testigos e investigados o manipulación de declaraciones.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha asegurado este jueves que el Gobierno presentará una versión de la Carta de Derechos Digitales «antes de junio».

Artigas ha resaltado, en el evento Wake Up organizado por El Español, que España está ocupando una posición de liderazgo internacional al desarrollar esta Carta de Derechos Digitales y ha apuntado a la «soberanía sobre los datos» como el gran elemento diferenciador que tendrá la Unión Europea respecto a China y Estados Unidos.

En la Carta se contemplarán asuntos relacionados con el derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión y la igualdad, que promoverán, por ejemplo, evitar la discriminación por parte de los algoritmos.

Artigas, que ha señalado que la sociedad actual está «a caballo entre dos transiciones», ha señalado que España debe ser «competitiva» y que desde Europa se busca enfocar la tecnología desde el punto de partida de que los datos pertenecen a los ciudadanos.

«Aunque eso parezca que puede dejar de ser competitivo en algún momento, nosotros pensamos que no, que Europa es un mercado tan importante que nadie puede renunciar a él y que quién quiera acceder a ese mercado lo tiene que hacer con nuestras normas del juego», ha sostenido.

Artigas ha señalado que Europa «perdió el tren de la digitalización» en la última década y que debe reindustrializarse digitalmente hasta que la economía digital suponga el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023.

EL ÁMBITO ESPAÑOL

En el terreno nacional, Artigas ha hecho balance de su desempeño en el Gobierno en un año marcado por la pandemia, en el que la aceleración digital ha hecho que las prioridades a largo plazo de su equipo se convirtieran en «urgentes».

La secretaria de Estado ha subrayado que los hábitos digitales se han acelerado «años» y ha puesto como ejemplo el aumento de trámites digitales o el uso generalizado del código QR para leer la carta de un restaurante.

Por ello, ha señalado que el Gobierno tiene «las prioridades claras» para el uso de los fondos europeos y ha indicado que España es el país europeo que más porcentaje de los fondos va a destinar a la digitalización.

La secretaria de Estado ha asegurado que espera realizar «cambios estructurales» que potencien especialmente la capacitación digital de los españoles y la digitalización de las pymes.

Asimismo, Artigas ha apuntado como objetivo que las pequeñas y medianas empresas capturen al menos el 25% del crecimiento del comercio electrónico, frente al 9% del pasado año, y que 1,5 millones de pymes se digitalicen, al tiempo que 2,5 millones de sus trabajadores se forman digitalmente.

Además, ha apuntado a lograr que, al menos, el 80% de los españoles cuente con competencias digitales para aprovechar la digitalización y que el número de analfabetos digitales, un campo señalado como una debilidad para la digitalización española, disminuya notablemente.

No podemos sumar la brecha digital a más brechas», ha señalado Artigas, que ha defendido el «poder vertebrador» de la digitalización, así como el plan del Gobierno que viene a terminar con un «déficit de inversión pública» de años. En ese sentido, ha llamado a construir una «infraestructura de talento».

«No podemos pretender modernizar un país, si no nos modernizamos a nosotros mismos», ha señalado en referencia a la Administración Pública, un campo que la secretaria de Estado cree que «ha envejecido mal».

Entre las líneas de actuación que ha destacado se encuentra la personalización de servicios y la automatización o agilización con Inteligencia Artificial de los diez trámites más solicitados por ciudadanos y empresas.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha alertado en el Senado frente a la publicación de fotografías, vídeos o audios de contenido sexual o violento en Internet sin el consentimiento de las personas afectadas y ha informado de que ha solicitado al Ministerio de Justicia que tipifique como delito penal el reenvío de imágenes y audios en casos de sexting.

«Hemos pedido al Ministerio de Justicia que se incluya en el 197.7 del Código Penal, que regula los delitos se sexting, la responsabilidad penal no sólo de quien graba y envía, sino de quien reenvía», ha indicado en su comparecencia de este jueves ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado, a petición de Grupo Parlamentario Popular, para explicar en qué consiste el Pacto Digital para la Protección de las Personas lanzado el pasado enero por la autoridad pública independiente.

En este contexto, la directora de la AEPD ha anunciado el lanzamiento de ‘Lo paras o lo pasas’, una nueva iniciativa de la Agencia que forma parte del Pacto Digital para la Protección de las Personas, con el objetivo de fomentar el uso del Canal Prioritario para denunciar la difusión de contenidos sexuales o violentos.

La iniciativa ha contado con la colaboración de la actriz Ana Milán, que ha publicado en sus redes sociales un hilo en el que reflexiona sobre el poder que tiene cada persona para frenar ese tipo de contenidos y denunciarlos.«Estamos teniendo casos dramáticos», ha advertido la directora.

España ha detallado que hay casos de difusión de vídeos o fotografías de carácter sexual grabadas inicialmente con el consentimiento de la mujer, pero que «son luego difundidas sin su permiso, por revancha, en páginas pornográficas, contenidos sexuales grabados sin consentimiento y difundidas posteriormente, la grabación de agresiones y humillaciones a menores de edad, a personas de LGTBi, la publicación de perfiles falsos en páginas web pornográficas, utilizando la imagen real y el número de teléfono de mujeres sin su consentimiento y muchas veces sin que las mujeres lo sepan».

Durante el año 2020, la AEPD ha recibido 358 peticiones de retirada de contenidos sexuales o violentos a través del Canal Prioritario. Tras su análisis, se han tramitado como urgentes casi medio centenar de estas peticiones por encontrarse dentro de los objetivos de este Canal, solicitando en 29 de estos casos la retirada urgente de los contenidos a los proveedores de servicios, que era lo que solicitaba el denunciante.

El porcentaje de efectividad en la retirada de estos contenidos se situó en torno al 86% tras el envío de la medida cautelar a las páginas que lo alojan. En general, la retirada de contenidos se produce en un plazo de 72 horas cuando el responsable de la plataforma se encuentra en España. La directora de la Agencia ha apuntado que tiene abiertos en este momento 19 actuaciones previas de investigación y tres procedimientos sancionadores contra los responsables de haber subido este tipo de contenidos a la Red o de haber creado los perfiles falsos.

Por otro lado, la directora de la AEPD ha indicado que se ha constituido en grupos de trabajo en relación con el control de la edad por parte de las empresas de pornografía. «Lamentablemente, hay datos escalofriantes. En acceso de los menores a las páginas pornográficas está nuestro país en ocho años», ha señalado, para después añadir que no extrañe después «el concepto del sexo o las violaciones en manada».

En este punto, Mar España ha anunciado que la Agencia ha lanzado un requerimiento de información a las páginas web de pornografía «más usadas» y establecidas en España, pidiéndoles que acrediten cómo están garantizando el control de la edad de acceso.

Respecto al Pacto Digital, la responsable de la AEPD ha puesto relieve la importancia de que se hayan adherido ya un total de 210 entidades. Están las asociaciones empresariales más importantes del sector económico», ha declarado España, al tiempo que ha añadido que también están entidades del Tercer Sector y organizaciones de periodistas y medios de comunicación.

En este sentido, el Pacto Digital cuenta con la carta de adhesión, el compromiso por la responsabilidad en el ámbito digital y un decálogo de buenas prácticas para medios de comunicación y organizaciones con canales de difusión propios.

Mar España ha destacado que además incluye un documento que detalla «las responsabilidades penales, civiles, administrativas y laborales y educativas en que se puede incurrir por un mal uso del derecho fundamental a la privacidad, un mal uso de Internet». «Está fenomenal hablar de derechos digitales, pero hay que hablar en paralelo y en balance de las obligaciones digitales para poder aumentar esta concienciación», ha recalcado.

ADICCIÓN A LA TECNOLOGÍA

Otro tema que en el que ha hecho hincapié es el de las adicciones a las tecnologías. «Ahora mismo, uno de cada cinco jóvenes presenta adicciones a las nuevas tecnologías. Eso tiene consecuencias no solo de fracaso escolar, sino en cuanto a las relaciones sociales, problemas de conducta, problemas en el ámbito familiar», ha manifestado, para después añadir que también se ha creado un grupo de trabajo en este campo con «actuaciones prometedoras».

«El otro día me comentaba un compañero y un amigo que con su hijo de 14 años no pueden quitarle el móvil porque les espera y están teniendo que quitarle el teléfono cuando ya está dormido por las noches. ¿Qué sociedad estamos construyendo?», se ha preguntado España, que aboga por la prevención y la formación.

Finalmente, la directora de la AEPD, cuyo mandato está caducado, ha reiterado «rotundamente» que la Agencia no dispone de medios suficientes ni una estructura organizativa «adecuada a la realidad». Así, ha vuelto a reclamar más financiación y consenso político para renovar la dirección de el organismo estatal.

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a 11 mujeres como presuntas autoras de diversos robos en domicilios en el distrito madrileño de Chamberí, quienes formaban parte de un grupo criminal itinerante proveniente de Europa del Este y desempeñaban un rol claramente definido.

Aprovechaban la ausencia de los moradores durante el día para acceder al portal de la finca a través del método del ‘resbalón’, metiendo en la abertura un trozo de plástico duro a modo de radiografía, y posteriormente introducirse con sigilo en las viviendas mediante la fuerza, ha informado este jueves la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

Su principal objetivo era el vecindario con mayor capacidad adquisitiva, por cuyas calles se desplazaban pasando completamente desapercibidas al vestir indumentaria elegante y portar bolsos de prestigiosas marcas o sus imitaciones. Las arrestadas miraban cada pocos segundos a su alrededor y atrás para comprobar si alguien las estaba siguiendo u observando.

UNAS PROFESIONALES DE LOS SAQUEOS EN VIVIENDAS

Las pesquisas se iniciaron a finales del pasado año cuando los agentes recibieron varias denuncias de robos con fuerza en viviendas del barrio de Chamberí, determinando que estas compartían ciertas similitudes.

Tras las averiguaciones practicadas, los investigadores pudieron determinar la participación en los hechos de mujeres comprendidas entre 20 y 30 años, integradas en clanes fuertemente jerarquizados de Europa del Este.

Estos grupos se dedican profesionalmente a saqueos en domicilios y se desplazaban por el país de forma itinerante, intentando dificultar así la investigación policial. Una vez en el lugar, empleaban diversos métodos para forzar o franquear las puertas de acceso, sirviéndose para ello de herramientas tipo destornilladores, tijeras, elementos de plástico o llaves inglesas, destrozando los bombines de las cerraduras.

Los agentes establecieron un primer dispositivo de vigilancia a principios de marzo, en el cual detectaron a dos mujeres recorriendo las calles del distrito en actitud evasiva y vigilante, comprobando tras su identificación que estaban implicadas en hechos denunciados anteriormente, por lo que fueron arrestadas.

Asimismo, llevaron a cabo diversos operativos a principios del presente mes, que culminaron con la detención de las restantes nueve responsables, las cuales acostumbraban a actuar en pareja. Se ha descubierto que venían a Madrid en coche exclusivamente a dar los ‘palos’ y regresaban a su país con las joyas y dinero sustraído.

Los agentes pudieron observar como una de ellas manipulaba de forma reiterada y brusca la cerradura de los portales, mientras la otra la cubría y vigilaba el entorno. Tras el cacheo superficial, les encontraron entre sus pertenencias las herramientas que usaban para consumar los robos.

Con la detención de las 11 mujeres, la Policía Nacional recuperado joyas y gran cantidad de dinero en efectivo. Las arrestadas pasaron a disposición judicial como presuntas responsables de siete delitos de robo con fuerza. Se trata de personas croatas muy jóvenes, la mayoría con veintipocos años y la más mayor de 30 años, la mayoría con antecedentes por el mismo delito en España, ha indicado a Europa Press fuentes policiales.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido este jueves al Ministerio de Sanidad «claridad y una decisión más estratégica» en la vacunación frente al Covid-19.

En declaraciones a los medios tras visitar el Banco de Tejidos situado en el Hospital Clínico San Carlos, Escudero ha recordado las propuestas que planteó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, «tres medidas de calado» para la estrategia de vacunación.

En primer lugar, ha defendido atender a las fichas técnicas de todas las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y utilizarlas, por tanto, «sin límite de edad», tanto AstraZeneca como Janssen, como ya se está haciendo con Pfizer y con Moderna.

Si eso no se cumple, en cuyo caso ha solicitado un informe técnico que avale la decisión, ha abogado por permitir que los menores de 60, en el caso de AstraZeneca, o de 70, en el de Janssen, puedan recibir esas vacunas voluntariamente, una medida «lógica en un entorno de pandemia», ya que se trata de «inmunizar al mayor número de población».

Asimismo, ha propuesto «una estrategia a primeras dosis», de manera que se pueda aplazar la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna a los 42 días, en vez de administrarla a los 21 días o los 28 días de la primera dosis, respectivamente, manteniendo la pauta establecida para el Grupo 7 de la estrategia de vacunación, las personas con morbilidades.

Escudero se ha referido a estudios que indican que la inmunización con la primera dosis se sitúa entre el 75% y el 80%, y ha señalado «al tener más inmunizados hay menos población susceptible de contagiar y de poder ser contagiado».

Hay que dejarse ya de estar siguiendo noticias que se producen a nivel internacional, el organismo regulador, que es la Agencia Europea del Medicamento, en su ficha técnica, habla muy claro de cuáles son las edades donde hay que vacunar, por lo tanto, pedimos al Ministerio claridad y una decisión más estratégica en la vacunación», ha manifestado.

Sobre la petición de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al Gobierno regional para que endurezca las medidas para evitar la cuarta ola, ha dicho que él le pediría que «antes de cuestionar cómo se actúa en Madrid» valorase la capacidad que tiene la región para poder dar respuesta a los contagiados por Covid-19.

REITERA SU PETICIÓN DE QUE «LLEGUEN MÁS VACUNAS»

Además, ha considerado que debería preocuparse más de que llegasen más vacunas y no llevar «una política tan errática en la campaña de vacunación».

Escudero ha reconocido que se ha producido un «ligero aumento» de los contagios después de Semana Santa, pero ha asegurado que a nivel asistencial la situación es de «cierta estabilidad».

Asimismo, ha afirmado que la Comunidad de Madrid «tiene una estrategia perfectamente marcada» en cuanto a las restricciones, que no solo atiende a la incidencia acumulada sino también a la calidad de los contagios.

«La hostelería no incrementa de manera importante el número de contagios, el principal número de contagios se produce en el hogar, y seguimos tomando las decisiones con nuestra estrategia», ha señalado.

A su juicio, resulta «sorprendente» que después de un año de pandemia «únicamente se fije como punto de medición la incidencia acumulada», ya que ha subrayado que no es lo mismo una incidencia acumulada según el número de inmunizados o la capacidad asistencial.