El Patronato de la Fundación para Estudios Superiores de Música y Danza de Baleares (Fesmae-IB) ha decidido, por unanimidad, el despido de dos profesores de la Escuela Superior de Arte Dramático de las Islas (Esadib) tras que 56 alumnos del centro denunciaran «conductas inapropiadas».

Según ha informado la Conselleria de Educación en nota de prensa, el Patronato de la Fesmae-IB ha decidido este martes, por unanimidad, dar por finalizada la relación laboral de dos profesores de la Esadib a raíz de las denuncias presentadas por parte del alumnado del centro sobre «conductas inapropiadas».

La decisión se ha tomado en la reunión celebrada esta jornada y teniendo en cuenta los informes de la Abogacía de la Comunidad, del Instituto Balear de la Mujer y de la Inspección Educativa a partir de los hechos denunciados por 56 alumnos del centro.

Los hechos que se detallan en los escritos presentados por parte de la Asociación de Alumnos de la Esadib, relatan conductas de dos profesores, mantenidas en el tiempo, pero concretadas en hechos específicos que describen con detalles las alumnas que los han sufrido en este curso académico y en algún otro anterior.

Los informes han concluido que los hechos imputados a los docentes tienen «absoluta apariencia de verosimilitud» y las imputaciones son «totalmente creíbles», porque han sido recibidas del mismo modo por buena parte del alumnado y constan testigos «más que suficientes» para considerarlos acreditados.

Los dos profesores objeto de las denuncias del alumnado, por su parte, han tenido acceso a las denuncias y se ha pronunciado a través de escritos.

La decisión adoptada, ha asegurado la Conselleria de Educación y Formación Profesional, es conforme a la normativa laboral y se ha adoptado en aplicación del Estatuto de los trabajadores.

Asimismo, la decisión de finalizar la relación laboral de los dos profesores se ha adoptado teniendo en cuenta la «gravedad» de los hechos denunciados y para asegurar la protección del alumnado.

La relación laboral de los profesores de la Esadib es una relación laboral de empresa y los profesores no son empleados públicos. Este hecho se ha tenido en cuenta a la hora de adoptar la decisión de finalizarla.

También se ha tenido en cuenta el hecho de que en Baleares no se dispone de ninguna otra Escuela de Arte Dramático, cosa que no hace posible un cambio de centro, para alejarlos del alumnado.

Así pues, se ha considerado que la decisión más adecuada, en ambos casos, es el despido.

UNA NUEVA ETAPA EN LA ESADIB

Por otro lado, el conseller March ha explicado que el Patronato ha aprobado este martes el equipo directivo provisional de la Esadib, integrado por Maite Villar como directora, Joan Manel Albinyana, como jefe de estudios, e Irene Pasqual como secretaria.

También se ha aprobado por parte del Patronato iniciar el proceso de convocatoria electoral para elegir equipo directivo «tan pronto como sea posible».

El conseller ha explicado que en las próximas semanas se ha previsto mantener reuniones con el claustro, con el alumnado y con diferentes colectivos del sector teatral de las Islas para tratar nuevas líneas de trabajo conjunto para impulsar el trabajo de la Esadib de ahora en adelante.

Finalmente, el Patronato ha aprobado esta jornada un borrador de Protocolo para la prevención del acoso que se negociará próximamente en el comité de empresa de la Fesmae-IB.

El extesorero del PP Luis Bárcenas podrá salir en los próximos días del centro penitenciario de Soto del Real, en el que se encuentra cumpliendo una condena de 29 años de prisión por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), una vez que la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de concederle un permiso penitenciario de 12 días ha adquirido firmeza, según han informado fuentes jurídicas.

Las fuentes consultadas han confirmado que la Fiscalía Anticorrupción, aunque se opuso en un primer momento a que Bárcenas obtuviera ya su primer permiso penitenciario al entender que era «prematuro», no ha recurrido el auto del juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro dictado el pasado 17 de marzo, por lo que ya es firme y permite que el extesorero pueda abandonar la cárcel por unos días.

Bárcenas solicitó este permiso después de que la Audiencia Nacional fijara en 12 años su estancia máxima en prisión, que corresponde al triple de la pena más alta impuesta, que fue de 4 años por un delito de blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública.

Así, una vez que la decisión del juez ya es firme, el extesorero puede decidir cuándo comenzar a disfrutar de este permiso penitenciario, según han apuntado las fuentes jurídicas consultadas, que precisan que no será este martes cuando abandone la prisión.

MÁS DE CUATRO AÑOS EN PRISIÓN

El extesorero ingresó en prisión en mayo de 2018 tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó por los primeros años de la Gürtel, resolución que el Tribunal Supremo hizo firme en octubre de 2020, rebajando la pena de Bárcenas de 33 años y cuatro meses de cárcel a 29 años y un mes. A estos casi tres años, habría que sumar los casi dos años que estuvo en prisión preventiva.

Para hacer el cómputo de la pena, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también tuvo en cuenta las 154 comparecencias ‘apud acta’ cumplimentadas por el extesorero del PP compensándolo con 15 días de cárcel, así como los 44 meses de retirada de pasaporte que ha hecho que se descuenten otros 22 días.

En total más de cuatro años en prisión, que supone que, una vez establecido el límite de 12 años de estancia en el centro penitenciario, ya ha cumplido una cuarta de la pena necesaria para comenzar a disfrutar de días fuera de la prisión, según establece el Régimen Penitenciario.

Precisamente, el juez de Vigilancia penitenciaria afirmó en su auto que Bárcenas ha superado «en un año y cinco meses el requisito cuantitativo necesario para obtener un permiso de salida».

BUENA EVOLUCIÓN Y PROGRESIÓN

El juez Castro aprobó el permiso solicitado por el extesorero al tener en cuenta factores positivos como un informe de fecha de 25 de noviembre de 2020 que destaca que Bárcenas «ha utilizado su estancia en prisión desde una perspectiva constructiva y formativa, aprovechando las oportunidades que el programa tratamental le puede presentar».

«Su evolución y progresión penitenciaria ha sido permanente y constante, mejorando en lo regimental y en lo personal; manteniendo correctas relaciones con sus compañeros de internamiento y con los profesionales del Centro, lo que nos permite concluir que se trata de un interno primario con buena conducta en prisión, constatada por la ausencia de expedientes disciplinarios», concluye.

Otro de los factores tenido en cuenta para conceder el permiso penitenciario es que el tiempo en el que Bárcenas estuvo en libertad provisional no se produjo incidencia alguna o intento de fuga. Un riesgo que el juez ve ahora «anulado» debido a su situación familiar, pues el extesorero solo cuenta con el «apoyo externo» de su hijo, ya que su mujer, Rosalía Iglesias, se encuentra también en la cárcel cumpliendo 12 por el mismo procedimiento.

EL «ARREPENTIMIENTO» DE BÁRCENAS

Además, el juez recalcó como «requisito subjetivo» favorable que el extesorero del PP remitió de «forma voluntaria» a las autoridades competentes un escrito el pasado mes de enero en el que textualmente afirmaba que se «arrepiente de los delitos por los que ha sido condenado recientemente» por la trama Gürtel, «por no haber cumplido con el artículo 31.1 de nuestra Constitución, en el sentido de contribuir al sostenimiento de los Gastos Públicos de acuerdo con mi capacidad económica».

El escrito, recogido en el auto, subraya además que «dicho arrepentimiento es real» y que en ese sentido se ha expresado en alguna declaración pública. «La defraudación fiscal y la ocultación de fondos a la Hacienda Pública es un acto de clara insolidaridad con respecto a los ciudadanos que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales», reconoce Bárcenas en su carta.

A todo ello añadió el juez de vigilancia penitenciaria que el extesorero ‘popular’ dio su autorización expresa para que la Audiencia Nacional pudiera reclamar a Suiza la repatriación de unos 20 millones de euros que tiene en cuentas bancarias del país helvético para satisfacer la responsabilidad civil establecida en la sentencia por Gürtel.

Por último, el magistrado también subrayó en su auto que el permiso también tiene el visto bueno por unanimidad por la Junta de Tratamiento, que está compuesta por «rigurosos profesionales penitenciarios que estudian y valoran las distintas variables que se dan en el penado y cuya actuación se ve presidida por el principio de legalidad y, en tanto órgano administrativo, por el presunción de veracidad».

Se da la circunstancia de que Bárcenas está siendo juzgado actualmente en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’, si bien el juez destacó que ni la legislación penitenciaria ni el Código Penal establece que esta circunstancia pueda ser un obstáculo para conceder permisos penitenciarias.

El Parlament balear ha rechazado, este martes, la creación de una comisión no permanente de investigación sobre explotación sexual de menores tutelados o en guarda y reforma.

La moción ha sido presentada por el PP en el pleno del Parlament y defendida por la diputada ‘popular’ Margalida Durán. El primer punto, relativo a la creación de esta comisión de investigación, ha sido rechazado por 30 votos en contra de Grupo Mixto, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y PSIB y 25 a favor de El PI, Vox, Ciudadanos y PP.

Durante su defensa en el debate de la moción, Durán ha afirmado que «hoy, un año y medio después, es más importante que nunca votar a favor de una comisión de investigación, no sólo para depurar responsabilidades, sino para buscar entre todos soluciones de futuro».

En este sentido, ha añadido que una comisión es «la única herramienta de la que disponemos los parlamentarios para realizar nuestras aportaciones y, velando por el interés de los menores, es fundamental que este Parlament no mire hacia otro lado».

En la votación de la moción, el pleno del Parlament también se ha opuesto a revisar y modificar el Protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil y explotación sexual infantil en las Islas; así como a instar al Consell de Mallorca, y al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), a promover, con campañas, el conocimiento este protocolo.

Asimismo, el Parlament ha rechazado solicitar al Govern que establezca e implante itinerarios integrales de proyectos de recuperación psicológica y de inserción social para las víctimas de explotación sexual e instar a los consells y al Govern a impartir talleres de educación afectiva sexual.

De igual modo, el Parlament ha rechazado instar al Govern a convocar, con una periodicidad mínima trimestral, reuniones de coordinación con los consells, Fiscalía, policía y entidades implicadas, para examinar el cumplimiento del protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil

En el caso contrario, han sido aprobados los puntos relativos a instar al Govern a personarse en los casos judiciales abiertos que impliquen explotación sexual de menores tutelados o en guarda y reforma y a que los consells y el Govern sigan con los cursos de formación específicos y actualizados sobre explotación sexual infantil y adolescente a todos los trabajadores del centros menores.

En el turno de las aportaciones de los partidos, la diputada de Vox Idoia Ribas ha recordado que la formación política solicitó, hace más de un año, la creación de una comisión de investigación, que «no se ha creado aún por culpa de los grupos de izquierdas que se niegan a ejercer su función de control sobre los gobernantes».

Ribas ha manifestado que «los partidos de izquierdas, los del ‘hermana yo sí te creo’, que tienen bajo su responsabilidad a decenas de niñas que son prostituidas, en vez de activar los mecanismos legales para investigar lo que está pasando aquí con esas niñas, que son las más vulnerables de nuestra sociedad, los rechazan».

La exportavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez, será finalmente la segunda en el orden de confluencia de IU con Podemos para la lista electoral del 4 de mayo, siguiendo en primer lugar la exdiputada Vanessa Lillo.

‘Madrid con Todas’, la candidatura liderada por Lillo ganó las primarias electorales de Izquierda Unida celebradas en los últimos días con el 63,8 por ciento de los votos (1.169). La otra lista, la encabezada por la hasta ahora portavoz adjunta de Unidas Podemos (UP), Sol Sánchez, ‘Unidas Madrid’, cosechó el 36,2 por ciento de los votos (663 sufragios).

La exportavoz adjunta señaló ayer por redes sociales que quedaría finalmente como número 2 en la papeleta electoral de UP. Pero la Coordinadora Regional, aplicando el Coeficiente Mayor para asignar los votos, ratificó también este lunes, con 43 votos a favor (el 91%), 4 votos en contra (9%) y ninguna abstención el siguiente orden: Vanessa Lillo, Fernando Jiménez Briz, Sol Sánchez, Carmen Domínguez, Yolanda Domínguez, Mariano Pérez, Leire Olmeda y siguientes.

La candidatura de Sánchez impugnó esta decisión y presentó un recurso interno sobre este asunto. La Comisión Regional de Arbitraje y Garantías de Democráticas de Izquierda Unida Madrid le ha dado la razón hoy y ha modificado el orden establecido mediante Coeficiente Mayor (cuota Hare) y estableciendo otro en aplicación del sistema D’Hont.

«A pesar de no compartir la lectura e interpretación de los estatutos realizada por la Comisión en dicha resolución», la Colegiada Regional de la formación ha acatado su contenido, que configura el orden de la lista de la siguiente manera: Vanessa Lillo, Sol Sánchez, Fernando Jiménez (Madrid con Todas) (Madrid con Todas), Mamen Domínguez (Madrid con Todas), Mariano Pérez (Unidas Madrid) y Yolanda Rodríguez (Madrid con Todas), Antonio Ares (Madrid con Todas), Leire Olmeda (Unidas Madrid) yh siguientes.

El segundo puesto de IU es de suma importancia ya que, según las ultimas negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida, para esta última formación quedarían reservados los puestos 3, 10, 15, 24 y 33, y de ahí en adelante, uno de cada cinco, en la lista electoral. Las últimas encuestan dan a la coalición entre 10 y 15 diputados en la nueva Asamblea de Madrid, por lo que su tercer escaño no está garantizado.

El del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Javier Brea ha asegurado este martes que «no existen criterios científico-técnicos no objetivos» que recomienden la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y que así lo traslada el PP en sus alegaciones al proyecto de orden ministerial.

Brea ha hecho esta afirmación durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Lena, municipio asturiano elegido por su «simbolismo», ya que del mismo fue alcalde el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que se ha referido Brea como «precursor de elevar la protección del lobo».

Para el ‘popular’ resulta inexplicable que alguien que ha tenido responsabilidades políticas en Asturias impulse esta medida y considera que Morán «ha traicionado a los ganaderos lenenses de los que un día fue alcalde y a todos sus paisanos asturianos».

Además, Brea ha explicado que el mismo Comité Científico que pide incluir todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial destaca que los lobos están ganando presencia de norte a sur. El diputado ha apuntado a un problema normativo al conllevar esta medida un conflicto con las autonomías y con sus competencias en materia de gestión de la fauna salvaje.

Brea ha insistido también en el perjuicio que supondría esta protección en la ganadería extensiva «afectada ya gravemente por los ataques del lobo» y que está forzando a muchos ganaderos a abandonar el medio rural. «Es que ni siquiera se trata de dinero, que te maten a un animal también es duro psicológicamente», añadió Brea.

«Se nos llena la boca alabando a nuestros ganaderos como garantes de nuestro paraíso y paisaje, pero con este tipo de medidas, estamos consiguiendo que cada vez haya menos gente en el medio rural», sentenció Brea.

Por último, el popular apostó por buscar el equilibrio entre la existencia del lobo y el mantenimiento de la actividad ganadera para frenar la despoblación en las alas y la zona rural asturiana y seguir permitiendo actividad económica.

«Se nos llena la boca alabando a nuestros ganaderos como garantes de nuestro paraíso y paisaje, pero con este tipo de medidas, estamos consiguiendo que cada vez haya menos gente en el medio rural», sentenció Brea.

Por último, apostó por buscar el equilibrio entre la existencia del lobo y el mantenimiento de la actividad ganadera para frenar la despoblación en las alas y la zona rural asturiana y seguir permitiendo actividad económica.

Para ello, ha reclamado la realización de un censo de la población del lobo en Asturias y de su distribución, para conocer la carga ganadera, es decir cuántos animales puede asumir un territorio para hacer sostenible la presión con la actividad ganadera.

PP, Cs, Más Madrid y PSOE han tumbado en el Pleno de Cibeles el intento de Vox de investigar en comisión las subvenciones nominativas del gobierno presidido por Manuela Carmena.

La concejala de Vox Arantxa Cabello ha propuesto una comisión de investigación que analizara las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Madrid entre 2016 y 2019, bajo la Alcaldía de Manuela Carmena.

La petición llega «a raíz del informe que la Intervención Municipal ha elaborado sobre las subvenciones nominativas otorgadas en los ejercicios de 2016 a 2019 y que señala múltiples deficiencias».

SUBVENCIONES «IDEOLÓGICAS»

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, que ha coincidido con Vox en la «preocupación por los recursos públicos», ha afirmado que el informe de Intervención concluye que hay «subvenciones de carácter ideológico» pero rechazan la comisión de investigación porque la propuesta de Vox es de «sujeto genérico».

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha enmarcado la proposición de Vox en su «guerra a las asociaciones de la ciudad». Unos traen las propuestas y otros por la noche, en su particular Noche de los Cristales Rotos, visitan la sede de Greenpeace o la asociación de vecinos Fleming, en Coslada, donde rompieron personas de extrema derecha los cristales de la asociación, con gente dentro», ha recriminado.

«SEGUIR ACOSANDO A LAS ASOCIACIONES»

«El único objetivo de la proposición es hacer oposición a la oposición, arrojar dudas sobre las subvenciones de gestión directa y seguir acosando a las asociaciones con un informe de Intervención que no avala sus tesis, que dice que las subvenciones fueron ajustadas razonablemente a la normativa de aplicación, excepto algunas deficiencias señaladas, que son de carácter administrativo», ha apostillado Murgui.

La portavoz de Hacienda del PSOE, Enma López, ha rechazado formar parte de una «caza de brujas» dejando claro que siempre apoyarán toda necesidad de control del gasto. «Pero nunca para generar persecución y desconfianza ante las entidades sociales y vecinales, que han realizado una labor fantástica», ha subrayado.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Cabello ha registrado la proposición «con el fin de aclarar las responsabilidades de tipo político de componentes de la Corporación que hayan tenido relación con los hechos recogidos en el informe» y ha recordado que en julio de 2019 presentaron una moción, respaldada por la mayoría del Consistorio, para que se aprobara un Plan de Actuación de Comprobación de las Subvenciones Nominativas correspondientes a los ejercicios 2016-2019, a encomendar a una unidad independiente.

«Mas de un año después, se conoce el informe de control financiero permanente elaborado por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, que hace un análisis exhaustivo de las subvenciones de concesión directa entre 2016 y 2018 y que recoge que en múltiples ocasiones no se justificaron correctamente las ayudas», ha apuntado.

Este grupo municipal instaba a que se proceda de manera inmediata «para evitar el periodo de prescripción» de los expedientes de reintegro de cantidades no debidamente justificadas y de subvenciones en las que se hayan podido infringir los criterios establecidos en la normativa.

El PP le ha ofrecido una transacción a Vox en los días pasados para identificar las subvenciones que pueden incumplir la normativa legal. Hidalgo ha señalado con respecto al informe de Intervención que señala a «múltiples deficiencias en las subvenciones de gestión directa, que crecieron un 76 por ciento entre 2016 y 2018», periodo en el que se eliminó el requisito de aprobación previa en Junta de Gobierno.

La portavoz de Junts en el Parlament, Gemma Geis, ha asegurado este martes que están comprometidos con que el acuerdo para investir al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), llegue «lo antes posible», y ha dicho que el escollo para no apoyarle ahora pasa por que no se han concretado los acuerdos de la legislatura.

Lo ha dicho ante el pleno en el turno de réplica de los grupos durante la segunda vuelta de la investidura de Aragonès, que volverá a no prosperar y obtendrá los mismos votos que el viernes: sólo le apoyarán ERC y la CUP, mientras que Junts se abstendrá, y el resto votará en contra.

El republicano Sergi Sabrià ha reprochado a Junts su «falta de voluntad», porque las urgencias no esperan; ha sostenido que los socialistas se ha marchado del consenso y ha asegurado que los que creían en el PSC de Pasqual Maragall ahora están en ERC, y ha tendido la mano a los comuns, porque cree que sí están en el consenso por la autodeterminación y amnistía.

La diputada de la CUP Basha Changue ha asegurado que la gente tiene prisa y no pueden esperar a que haya un nuevo Govern, y ha pedido a quienes llaman a la unidad que miren el consenso que hay en la calle: «Las calles están unidas y movilizadas. Hay que hacer que la vida de la gente sea una prioridad. Tenemos prisa porque la gente no puede esperar».

VOTOS EN CONTRA

Desde el PSC, Salvador Illa ha pedido a Aragonès que diga la verdad y reconozca lo que ya admiten en público, según él: «Se ha acabado, no es posible. Al menos en esta generación no pasará. Su proyecto ha fracasado» y sólo ofrecen promesas vanas y palabras, detrás de las cuales hay división y disputas, ha asegurado el exministro.

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado a Aragonès de humillarse ante la CUP, «un partido que alienta la violenta» y que espera que sea ilegalizado, y ha reprochado que el independentismo es excluyente y genera división frente al patriotismo que, a su juicio, hace lo contrario.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, le ha dicho a Aragonès que un líder debe de saber cuándo «ha llegado el momento de plantarse, decir basta y rectificar el camino que ha dibujado»; ha acusado a ERC de ceder cada vez más ante Junts, y ha insistido en que si en algún momento quieren dejar de perder oportunidades, los comuns estarán ahí.

Carlos Carrizosa (Cs) ha reivindicado la suma de lo votos socialistas, populares y naranjas que defiende, Inés Arrimadas, en el Congreso, frente a lo que ha descrito como una mesa de chantaje perpetuo, y ha advertido a Aragonès de que «cuando dice a Vox que no patrimonialice la representación de catalanes fuera de Cataluña, se lo tendría que decir a Junqueras» –en referencia al líder de ERC encarcelado, Oriol Junqueras–, mientras que Alejandro Fernández (PP) ha rechazado intervenir en el turno de réplica.

El Gobierno valenciano ha asegurado este martes que el viaje de la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro, al concierto celebrado el pasado fin de semana en Barcelona fue «profesional». Así lo han indicado desde la Conselleria de Sanidad y también la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, mientras que el PP ha pedido el «cese fulminante» de la número dos de Sanidad por «saltarse el cierre perimetral» decretado ante la Covid-19.

El concierto, del grupo Love of Lesbian, tuvo lugar el pasado sábado en el Palau Sant Jordi de la capital catalana con un aforo de 5.000 personas que se realizaron previamente un test de antígenos rápido (TAR) para poder entrar.

Desde la Conselleria de Sanidad han explicado que Isaura Navarro hizo este «viaje profesional» invitada por la Agencia Valenciana del Turismo y han señalado que la responsable autonómica «no se saltó» el cierre perimetral establecido para frenar la expansión de la pandemia de la Covid-19 porque su desplazamiento a Barcelona «fue por trabajo».

Por su lado, Mónica Oltra, ha insistido en ese «motivo profesional» de la titular de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público para viajar a este acontecimiento musical. No obstante, ha comentado que no conoce el tema «en profundidad» y que se informará.

Por lo que sé, no conozco en profundidad el tema, sí que parece que había un motivo profesional detrás, con todo el tema de la cultura segura en este proyecto piloto o experimento que se ha hecho. En todo caso, me informaré», ha expuesto Oltra preguntada sobre este asunto tras presidir la reunión de la Comisión Mixta de la Estrategia Valenciana para la Igualdad del Pueblo Gitano.

Con todo, la vicepresidenta de la Generalitat ha subrayado, a continuación, que «el mensaje a la población» es mantener y respetar las «medidas de protección» y «cumplir estrictamente lo que son las normas en espera de que la vacunación masiva pueda hacer que poco a poco podamos salir de la situación en la que ya desde hace más de un año nos encontramos» por la pandemia.

«El mensaje a la población, a toda la población, es prudencia. A medida que avance la vacunación, también tendremos mejores condiciones», ha agregado la responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Por parte del PP, su portavoz de sanidad en Les Corts, José Juan Zaplana, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «el cese fulminante» de Navarro por «saltarse el cierre perimetral e irse de conciertos a otra comunidad autónoma, animando con su ejemplo a la insumisión de las normas Covid dictadas por el Consell».

«SER EJEMPLAR»

Zaplana ha criticado que Isaura Navarro, «que debe ser ejemplar» se fuera de concierto a Barcelona. «Puig debe tomar medidas urgentes porque esto es una evidencia más de que la Conselleria de Sanidad se le ha ido de las manos. No puede ser que sigan habiendo contagios, se aborte la vacunación masiva, siga falleciendo gente, no se hagan PCR, no lleguen vacunas y su secretaria autonómica en lugar de trabajar esté animando a la insumisión», ha planteado.

El diputado ha considerado que «si Puig (PSPV) no cesa hoy mismo a la secretaria autonómica, se convertirá en un pelele en manos de Compromís –coalición de Navarro–«. «Hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, dando el peor ejemplo a los valencianos. Este tipo de actitudes no contribuye a promover una conciencia social de respeto de las normas, sino todo lo contrario», ha añadido.

José Juan Zaplana ha calificado de «vergüenza que las personas que ponen las normas se saltan las normas». «Es una vergüenza que las personas que ponen las normas digan a todos los demás lo que tienen que hacer y se vayan a otras comunidades de concierto», ha insistido. Así, ha aseverado que la política de Navarro es la de «haz lo que yo diga pero no lo que yo haga».

«No puede ser que Puig tenga a personas con responsabilidades claras en el sistema sanitario público que hayan vivido del cuento durante la pandemia. Esto no es serio. Isaura Navarro vive como una celebrity con sueldo público. Por dos fotos, la de las vacunas y la del concierto, ha cobrado un año de sueldo pagado por los valencianos cuando debería estar velando por la sanidad pública, para eso le pagan», ha declarado.

«ARROJAR LUZ»

El representante del PP ha agregado que su grupo presentará una batería de preguntas en Les Corts para «arrojar luz sobre estas vacaciones musicales de quien debe dar ejemplo». «Queremos saber con quién se ha ido, cuántos días, cuánto ha costado su escapada musical y por qué motivo» y «si hay alguna persona más que ostenta un cargo directivo o alto cargo en el gobierno de Puig que se ha ido para que se tomen las medidas oportunas», ha explicado el diputado.

José Juan Zaplana ha lamentado que «mientras los datos nos hablan ya de una cuarta ola, en medio de un caos sanitario sin precedentes, la número dos de la conselleria –de Sanidad– se va de conciertos a Barcelona» y ha declarado que se trata de «una falta de respeto a todos los valencianos».

«Llueve sobre mojado en la conselleria de Sanidad porque la actitud de insumisión de Isaura Navarro se suma a la investigación por corrupción abierta contra la subsecretaria de Sanidad. La conselleria es una olla de grillos», ha afirmado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al director de una sucursal de Bankia por delitos de estafa y falsedad documental, después de que dos ancianos fueran a renovar una imposición a plazo fijo y les diera a firmar la extracción de 6.000 euros, dinero con el que se habría quedado.

El Alto Tribunal ha desestimado así el recurso de casación formulado por el director de sucursal y por Bankia, destacando el rico acervo probatorio tenido en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ratificó el fallo de la Audiencia castellonense y que acredita la culpabilidad.

El condenado deberá indemnizar con 6.000 euros más intereses a las dos personas afectadas, habiéndose declarado la responsabilidad civil subsidiaria de Bankia, entidad a la que pertenecía la oficina.

El 19 de enero de 2015 el director de una sucursal de Bankia en Almazora (Municipio de la Comunidad Valenciana) advirtió que en la proximidad de su despacho estaban sentados en actitud de espera una mujer de 85 años de edad y su hermano de 82, quienes habían acudido a renovar una imposición a plazo fijo que habían realizado tres años antes y vencía ese mismo día.

Esa operación estaba asociada a una cuenta titularidad de ambos, en cuya cartilla estaba reflejada la imposición y el pago de los intereses que trimestralmente había ido generando.

Según el relato de los hechos, el acusado se identificó como el director de la oficina ofreciéndose para atenderles. Los afectados facilitaron sus datos y la cartilla y, el empleado, «guiado por un ánimo de lucro», preparó un documento recibo de «disposición en efectivo» por importe de 6.000 euros para simular que le era solicitado un reintegro por la misma.

Los afectados confiaron y firmaron creyendo que se iba a utilizar para la operación de renovación «que era de su exclusivo interés». Para apropiarse de los 6.000 euros, mientras estaba con los clientes se puso en comunicación por vía interna con una empleada de caja para solicitarle que preparase esa cantidad de dinero.

«Al instante salió de su despacho para regresar de inmediato con la cartilla y en el interior de ésta el papel que había dado a firmar, si bien ya rellenado con la impresión de disposición en efectivo, introduciéndolo todo junto en un sobre en el que él mismo rotuló la fecha del próximo vencimiento (19 de febrero de 2016), entregándoselo a los clientes y diciéndoles que hasta el próximo año no tenían que preocuparse», señala.

Cuando los dos ancianos se habían ido, la empleada disponía de los 6.000 euros –había sido necesario un breve tiempo de espera para la apertura de la caja fuerte– y avisó al acusado que ya tenía el dinero haciéndoselo llegar a su despacho.

Los afectados, confiados en que todo estaba en orden y sin mirar la documentación contenida en el sobre, «lo advirtieron al momento de vencer el plazo fijo, o sea trece meses después».

De este modo, los afectados acudieron a la sucursal a la renovación de la imposición el día de vencimiento y salieron habiendo firmado la retirada de efectivo. Además, hay unos 30 minutos de diferencia entre la constancia en el ordenador del acusado del supuesto pago de los 6.000 euros a los clientes y el reflejo de la entrega material de ese dinero en efectivo al director.

La sentencia añade que el proceso inductivo, llevado a cabo para concluir la culpabilidad del recurrente, «no solo es lógico, sino que además es sólido y suficientemente concluyente en el sentido de permitir descartar cualquier otra hipótesis alternativa que diese coherencia a los hechos que se declaran probados».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar los trámites para la aprobación de la ley que modifica la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo crear una carrera investigadora «más atractiva, más ordenada y estable», impulsar la transferencia de conocimiento y mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Así lo ha dado a conocer el ministro, Pedro Duque, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A partir de este momento, comenzarán las reuniones con las asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, las comunidades autónomas y los agentes sociales para abordar las reformas propuestas.

El texto resultante será sometido a audiencia pública antes de su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y su remisión al Parlamento para su tramitación como proyecto de Ley.

Además, el Ministerio ha asegurado que se atenderá al desarrollo de la subcomisión del Congreso de los Diputados, cuya creación se aprobó por unanimidad la semana pasada para analizar el Pacto por la Ciencia y la Innovación y para estudiar la reforma de la Ley.

Según ha manifestado, el primer objetivo de esta reforma es conseguir una carrera científica «atractiva, predecible y estable», que permita atraer y retener el talento científico.

Para modernizar la contratación de empleados públicos y reducir la precariedad y la temporalidad de los científicos en España, se propone la creación de un modelo de contratación tipo ‘tenure track’, utilizado en EEUU, Canadá y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, y que consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa.

Al mismo tiempo, Ciencia apuesta por orientar y reforzar las políticas de atracción del talento, «con más y mejores» contratos en la fase posdoctoral inicial y con ayudas a los contratados ‘tenure track’ para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos.

INNOVACIÓN BASADA EN CONOCIMIENTO

Otra de las reformas que aborda el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el impulso de la transferencia de conocimiento.

En este caso, se acometerán distintas reformas, entre las que destacan mejorar los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, facilitar la generación directa de sociedades start-up derivadas de resultados de la investigación, o la orientación de las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado.

El anteproyecto de ley también tiene como objetivo mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevos programas complementarios del Gobierno con las CCAA, para financiar y realizar acciones de I+D+I conjuntas y estratégicas; reformas normativas para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las CCAA, o la agilización administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.

INTEGRACIÓN DE LOS OPIS

Este martes también se ha dado luz verde al Real Decreto por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) se integran en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Mantendrán su nombre y actividades y tendrán la categoría de ‘Centro Nacional’.

Según el Ministerio, «tras las dificultades de gestión técnica y científica que han sufrido en los últimos años, estos OPIs verán multiplicadas sus capacidades organizativas y de actuación, aprovechando el régimen jurídico más flexible del CSIC y sus mayores capacidades para la gestión administrativa, científica y técnica».

Tras la integración el CSIC contará con una plantilla de más de 12.500 personas y un presupuesto anual de más de 1.100 millones de euros.

La querella que presentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre contra el extesorero del PP Luis Bárcenas por falso testimonio ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, dirigido por Mónica Aguirre, que decidirá si admite ésta a trámite y practica diligencias o por el contrario archiva de plano.

La que fuera líder de los ‘populares’ madrileños anunció esta querella contra Bárcenas, después de que éste afirmara en su declaración como testigo en el caso ‘Púnica’ el pasado 24 de febrero, que entregó a Aguirre 60.000 euros procedentes del empresario Luis Gálvez para financiar su campaña electoral en 2007.

«Estas afirmaciones son rotundamente falsas y se han realizado en sede judicial sin ninguna prueba que las respalde», afirmó Aguirre en un comunicado remitido justo después de la comparecencia de Bárcenas.

Se da la circunstancia de que este empresario, dueño de la constructora Ploder, fue imputado también en el caso ‘Púnica’ a raíz de las afirmaciones del extesorero del PP, si bien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó archivar la causa con respecto a él un día después de interrogarle.

EL EMPRESARIO NEGÓ LA ENTREGA DE COMISIONES AL PP

Gálvez negó haber entregado comisiones al PP o que realizara donaciones a partidos políticos o fundaciones de formaciones. Por tanto, el juez instructor entendió, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía, que se enfrentaba a «dos versiones radicalmente distintas de los hechos», a lo que añadió que de las actuaciones practicadas hasta la fecha «no se desprende la existencia de indicios racionales de la participación del investigado en los hechos».

Según ha informado ‘La Información’ y han confirmado fuentes jurídicas, la magistrada que estudiará la querella de Aguirre contra Bárcenas será la titular del Juzgado de Instrucción número 53, Mónica Aguirre, quien en junio de 2020 rechazó investigar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.

La magistrada inadmitió la querella presentada por la Asociación de Usuarios y Consumidores José María Mena –que se personó como acusación popular en el conocido como ‘caso 8-M’, en el que se investigó al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco– contra Simón y contra otros cargos de Sanidad porque los querellantes no identificaron a los «afectados» de la gestión que hicieron los responsables del CCAES de la pandemia del coronavirus.

Recientemente, la juez Aguirre ha tenido entre sus manos otro asunto mediático como la reapertura de la investigación sobre la muerte de Cristina Ortiz, conocida como ‘La Veneno’. El pasado mes de febrero, la juez acordó rechazar el recurso de la familia de la vedette para investigar este suceso conforme al informe de la Fiscalía que se opuso a reabrir la causa.

El Ministerio Público recordó que tanto el informe de la autopsia como la investigación policial «ya descartaron la existencia de un presunto delito de homicidio».

OTROS ASUNTOS EN MANOS DE LA JUEZ DE MADRID

Otra de las causas cuyas instrucciones ha llevado esta juez fue la relacionada con la trágica muerte del acróbata Pedro Aunión en el festival Mad Cool en julio de 2017. La titular del Juzgado de Instrucción 53 se encontraba de guardia cuando sucedieron los hechos.

Asimismo, en 2105 la juez acordó la diligencias previas y pidió a la Fiscalía que informara sobre si era competente para estudiar la querella presentada por Manos Limpias contra el marido de Manuela Carmena, Eduardo Leira, por presuntos delitos, entre otros, de alzamiento de bienes y contra los trabajadores, a raíz de un procedimiento para la declaración de insolvencia de una estudio de arquitectura del esposo de la exalcaldesa de Madrid.

La magistrada instructora finalmente se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 15, que entonces estaba ocupado por el actual juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira, porque éste ya había analizado anteriormente un asunto similar y quien volvió a archivar la causa contra el marido de Carmena.

El Real Monasterio de San Jerónimo ha acogido en Granada este Martes Santo un acto con medidas de seguridad contra el coronavirus en que la hermandad de la Soledad, conocida popularmente como la de Las Chías, ha recuperado la tradición, suspendida en 2020 por la pandemia, de liberar a un preso en Semana Santa, este año sin procesiones.

En declaraciones el hermano mayor de la Soledad y Descendimiento, Enrique Crespo, ha señalado que el acto se ha trasladado a este martes en vez de celebrarlo en Viernes Santo, cuando tradicionalmente procesiona la hermandad, para ese día poder centrarse en la recepción de los devotos que están llenando los templos de Granada, en el acompañamiento a las hermanas jerónimas en los Santos Oficios, y en los cultos ante el altar.

El preso común liberado, que ya tenía el tercer grado, y ha mostrado su alegría por poder empezar «una vida nueva», ya reinsertado con su familia y su trabajo, ha estado sentado en primera fila junto con funcionarios del Centro de Inserción Social, como es tradicional, en un acto que ha contado con la asistencia, entre otras autoridades, del alcalde de Granada, Luis Salvador, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, y el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes.

La Soledad de San Jerónimo ha recuperado esta tradición después de que el Gobierno le concediera, en el Consejo de Ministros el pasado martes, el indulto a un condenado por la Audiencia Provincial de Granada a solicitud de esta hermandad granadina, y que fue publicado en un real decreto firmado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Según ha detallado Enrique Crespo, en el acto se ha procedido a la firma simbólica del pergamino con el indulto, con lazo negro al principio –en señal de que el reo sigue preso– y blanco después, ya «libre», en virtud de las propuestas presentadas por la hermandad el año pasado.

La hermandad, según ha recordado Crespo, está pendiente de celebrar el reconocimiento de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, a expensas de la evolución de la pandemia de covid-19 y las medidas de las autoridades sanitarias para frenarla, y no descarta que pueda liberar otro preso con este motivo en 2021.

El BOE, especifica que el ahora indultado fue condenado por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada como autor de un delito contra la salud pública a tres años y dos meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 5.000 euros.

«Atendiendo a las circunstancias del condenado» consideradas en los pertinentes informes de la Audiencia y la Fiscalía, «concurren razones de justicia y equidad», que, previa deliberación del Consejo de Ministros de este pasado martes, conducen al indulto «pendiente de cumplimiento a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto».

La hermandad no procesionó el Viernes Santo de 2020, como el resto de cofradías, por las restricciones derivadas de la declaración del primer estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, en un año que, además, fue el primero en una década en que el Gobierno no concedió el indulto a un preso común.

Este año no procesionará tampoco, en el marco de las restricciones articuladas por las autoridades sanitarias contra la pandemia, pero sí ha podido recuperar la tradición de liberar a un reo de su condena. También en Andalucía, en Málaga, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Teófilo Ruiz, anunció la semana pasadael indulto de tres presos por parte del Consejo de Ministros que serán liberados por la cofradía de Jesús El Rico de la capital malagueña, para cumplir la tradición, por la que normalmente se libera a un solo interno, después de que en 2020 «todo quedó en suspenso» por la pandemia de covid-19.

JUSTICIA Y EQUIDAD

Tradicionalmente, las cofradías solicitan esta medida de gracia para aquellos reos del ámbito de su provincia que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario, en los que concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública.

La Virgen de la Soledad celebró en 2019 el reconocimiento diocesano de la Curia por la devoción de Granada a esta talla mariana, que llevaba casi 400 años procesionando en Viernes Santo de forma prácticamente ininterumpida, y recuperó sobriedad en su estación penitencial en la calle.

Así, la dolorosa, obra de Pedro Mena en el XVII, fue ataviada al modo del principios del siglo pasado, también en conmemoración de la distinción de la Curia, por la que salió en rosario vespertino en otoño de 2018.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no se plantea un «no» por respuesta a la posibilidad de que la comunidad internacional pueda no cumplir el objetivo fijado en el Acuerdo del Clima de París, porque en su opinión se trata de un «asunto existencial» y un reto que hay que gestionar para conseguir limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.

Durante su participación en el evento ‘Financial Times Climate Summit’, junto a sus homólogos de Singapur y Dinamarca, la vicepresidenta ha defendido que España está trabajando para preparar su posición en la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) que se celebrará a final de año en la ciudad escocesa (Reino Unido), dentro del marco de la Unión Europea.

El objetivo es, según ha destacado que la postura de la UE sea «ambiciosa» y «tan creíble como sea posible», de manera que se fije una senda de descarbonización a medio y largo plazo congruente que además de facilitar la transformación necesaria no deje de prestar atención a las necesidades sociales.

En el foro ha defendido que la ley de cambio climático que está «a punto» de aprobar el Parlamento español supondrá un «cambio significativo» del sistema energético pero además ha defendido que el Gobierno está acometiendo otras reformas importantes en materia del uso de la tierra, la biodiversidad y las políticas sociales.

De cara a la COP26, Ribera ha dicho que su expectativa es poder completar la implantación operativa completa del Acuerdo de Paris, pero sobre todo hacerlo con sendas de descarbonización a medio y largo plazo «creíbles» de los países para que los Gobiernos puedan demostrar que están «comprometidos» con el camino de la descarbonización.

En ese contexto, ha confiado en que la respuesta «consistente» deberá proceder de agendas formales de los Gobiernos, que han de dar «señales fuertes de cambio» a todos los actores para lograr precisamente esas sendas de largo plazo y, para ello, ha insistido en que se requieren de manera urgente compromisos de medio plazo, a 2030, consistentes en materia de descarbonización y procedentes de todos los países.

Para la ministra hay «un nuevo aire» dentro del escenario de la negociación climática, pues a pesar de ser un año difícil, también hay «buenas noticias» que deberían ayudar a facilitar la aceleración de los compromisos de todos los países.

«En términos generales, esperamos ser creíbles pero al mismo tiempo, en un contexto de pandemia, estamos todos tratando de ver como reactivamos la actividad económica y como podemos invertir mejor en el contexto de los paquetes de estímulo», ha reflexionado la vicepresidenta cuarta, que ha reclamado trabajar «con consistencia climática tanto en mitigación como adaptación» porque confía en que la carrera para lograr cero emisiones «puede acelerarse».

No obstante, ha admitido que en este momento la comunidad internacional está «muy lejos» de lo necesario por lo que celebra que la Presidencia de la COP26 está «tratando de mover las distintas alas de los países para lograr un alto nivel de ambición.

Pese a que el sector de la energía se está moviendo «muy fuerte» y la movilidad de manera «dramática», para Ribera aún quedan «otros muchos aspectos» que dan margen para ser más ambiciosos en la comunicación de los compromisos nacionales de contribución. En ese sentido, opina que importante contar con una ambición suficiente y creíble por parte de Estados Unidos para facilitar a «todos» a avanzar.

Por otro lado, ha defendido que parte de la «responsabilidad» de los Gobiernos es crear las condiciones para acelerar esta acción y ha puesto de ejemplo los objetivos «ambiciosos» planteados por España en su ley de cambio climático y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030 de los que ha dicho que «al principio» la gente decía que eran «demasiado ambiciosos» y ahora les piden «más.

Por último, respecto a la necesidad de lograr la responsabilidad individual en este reto, opina que la pandemia debería suponer un cambio de comportamiento tras observar en este año los vínculos del cambio climático con la salud. «Esto es muy importante y es una buena forma de introducir esto en la agenda: los vínculos del cambio climático con biodiversidad, con la calidad del aire», ha concluido la ministra, que cree que estos argumentos deben ser utilizados para explicar tanto la mitigación como la adaptación.

La Audiencia Nacional ha ordenado suspender la extradición a Venezuela del opositor Ernesto Quintero, acusado de estafar 40 millones de dólares por el Gobierno de Nicolás Maduro, debido a una nueva petición de asilo presentada por la defensa, junto a una batería de medidas, para intentar frenar lo que parecía una entrega inminente al país caribeño hace apenas unos meses.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha acordado en una providencia, «suspender la entrega a las autoridades reclamantes y ponerlo en conocimiento de Interpol por encontrarse a su disposición».

Así lo ha decidido tras conocer que Quintero ha presentado una nueva solicitud de protección a la Oficina de Asilo y Refugio, al tiempo que ha reclamado a este organismo que de manera «urgente» informe al tribunal sobre el estado en el que se encuentra dicha petición.

Quintero, que actualmente está en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, fue detenido el pasado 10 de febrero después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas.

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.

MANIOBRA ‘IN EXTREMIS’

Tras el arresto de Quintero, su nueva defensa –a cargo del despacho Oliver Abogados– presentó otra demanda de asilo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con «documentos novedosos» para que le reconociera la protección internacional, entre ellos un informe de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, alegando además que España no reconoce como legítimo al Gobierno de Maduro ni a los órganos emisores de la orden de captura, por lo que no debería entregarlo.

Los abogados de Quintero se dirigieron en un segundo escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión cautelar de su regreso a Caracas, aduciendo que no se debía proceder a la entrega hasta que se resolviera la nueva demanda de asilo, y reiterando que «el Gobierno de Venezuela no tiene potestad para solicitar la extradición, dado que no ha sido reconocido por la UE por ser dictatorial y por vulnerar reiteradamente los Derechos Humanos».

En tercer lugar, la defensa de Quintero avanzó que también presentaría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto del 6 de octubre en el que la Audiencia Nacional acordó la extradición a Venezuela.

PRINCIPIO DE UNIDAD FAMILIAR

El opositor venezolano ya había presentado una petición de asilo en España que le fue denegada por tener antecedentes penales, precisamente, debido a esta acusación de estafa. En cambio, su mujer y la hija del matrimonio, de 7 años, sí lo consiguieron.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió el 4 de febrero –a petición de la defensa– un pronunciamiento en el que instó a las autoridades españolas a «valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela», pidiendo tener en cuenta «los principios de unidad familiar».

ACNUR también emplazó a valorar «la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela», recordando que «cuando el Gobierno (de Maduro) quiere intimidar o amenazar a alguien, abre una investigación penal y acusa a la persona», que «el país carece de un sistema judicial imparcial, transparente y funcional, y los tribunales están politizados.

La mujer de Quintero, Cismary Marcano, imploró al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frenara la extradición de su marido, asegurando que es «inocente» y advirtiendo de que, si vuelve a Venezuela, podría ser «asesinado». «Lo que me dicen es que, en el primer vuelo que salga a Caracas, allí van a enviar a mi esposo», alertó Marcano en declaraciones a la prensa durante un acto de protesta realizado el pasado 12 de febrero en los alrededores de la Audiencia Nacional.