La Fiscalía de Barcelona ha abierto esta semana unas 230 investigaciones civiles a residencias de ancianos de la ciudad, a las que requerirá documentación para revisar su gestión y sus protocolos, tanto en lo relativo a la afectación del coronavirus como a su trabajo habitual.

Fuentes de la Fiscalía han explicado que se estudiarán aspectos como el trato a los residentes contagiados –también a las condiciones de los ancianos sin coronavirus– y los protocolos para trasladarles al hospital o para que reciban asistencia médica en la misma residencia.

También requerirá información sobre el trato con los familiares y cómo se hacen las visitas, tanto si hay contagios en el centro como si no los hay, y se revisará el grado de afectación de la pandemia a cada residencia así como la vacunación a los ancianos.

Estas investigaciones civiles se inician para revisar que se cumpla la normativa, no porque la Fiscalía haya detectado indicios de delito en la gestión de las residencias.

En caso de detectarse algún incumplimiento, la Generalitat podría imponer al centro una sanción administrativa.

INVESTIGACIONES EN CONFINAMIENTO

Estas 230 investigaciones se suman a otras ocho diligencias civiles abiertas durante el confinamiento y a dos investigaciones penales que siguen en curso, todas en la ciudad de Barcelona.

En mayo, la Fiscalía investigaba penalmente a un total de 25 residencias en toda Catalunya: 10 eran en la ciudad de Barcelona, y dos siguen vigentes.

En el ámbito civil, en mayo había 81 actuaciones en toda Catalunya, de las cuales 15 en Barcelona: de estas, ocho siguen abiertas.

Igualdad Animal ha dirigido un escrito al director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, para que informe sobre el método empleado para sacrificar a los terneros del barco ‘Elbeik’ en el puerto de Cartagena, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

En concreto, la petición de la asociación animalista se interesa por cómo están siendo aturdidos los animales, si se utiliza una pistola de perno cautivo, y qué método de sacrificio posterior se aplica, si están siendo desangrados o descabellados. Y en el caso de estar utilizando la inyección letal, qué producto se usa.

La solicitud también reclama conocer qué día y por qué medio contactaron las autoridades españolas por primera vez con los buques ‘Karim Allah’ y ‘Elbeik’ para explicar a sus tripulantes los problemas de los animales en relación con la enfermedad de la lengua azul tras su salida de los puertos españoles de Cartagena y Tarragona, respectivamente, el pasado 18 de diciembre.

Igualdad Animal ha apuntado que este jueves fueron sacrificados los primeros 360 animales, lo que supone entre 40 y 50 animales por hora, una cifra «considerablemente alta» teniendo en cuenta que el sacrificio tiene lugar en unas instalaciones portátiles en el Puerto de Cartagena y «no en un matadero».

«Después de tres meses a la deriva tratados como mercancía, lo mínimo que se merecen estos animales es un sacrificio digno, cumpliendo estrictamente la legalidad y minimizando su sufrimiento. Cualquier otra forma de hacerlo, más barata o cómoda para sus ejecutores, sería una vergüenza para nuestro país y nuestros gobernantes», ha señalado.

VISITA DE UNA EUROPARLAMENTARIA

La europarlamentaria Anja Hazekamp acudirá este sábado a Cartagena como observadora de la Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte del Parlamento Europeo.

Anja Hazekamp, política neerlandesa y miembro del Parlamento Europeo desde 2014, que estará acompañada por Silvia Barquero, directora de Igualdad Animal, pretende conocer sobre el terreno lo que está sucediendo y confirmar si se siguen las normas de bienestar animal.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Según ha subrayado Igualdad Animal, los casos del ‘Karim Allah’ y ‘Elbeik’, informes de la Comisión Europea y múltiples investigaciones evidencian que España no puede garantizar el bienestar de los animales durante este tipo de transportes.

Por ello, el próximo martes, 30 de marzo, a las 12:00 horas, la organización ha convocado una concentración frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, la petición que reclama la prohibición del transporte de animales vivos ha superado ya las 41.000 firmas.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 30 años de prisión a un vecino de Tudela como autor de tres delitos de abuso sexual a menores de 13 años, un delito de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico y un delito de posesión de pornografía infantil.

Esta sentencia ha sido dictada después de que el pasado enero la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) hubiera anulado, por segunda vez, la absolución del procesado y hubiera ordenado a la Audiencia que dictara una nueva resolución valorando las imágenes y los vídeos de los dispositivos electrónicos incautados en una entrada y registro domiciliaria judicialmente autorizada en una vivienda de Tudela. El fiscal y la acusación particular habían solicitado 38 años de prisión, mientras que la defensa había reclamado la absolución.

La Sección Segunda de la Audiencia dictó una primera sentencia absolutoria el 15 de enero de 2019, que fue anulada por el TSJN con el fin de que se practicase en la vista oral la prueba admitida. Esta nueva resolución debía dictarse con una nueva composición del tribunal de primera instancia.

La Audiencia dictó una nueva sentencia absolutoria el 28 de agosto de 2020, que fue nuevamente anulada por el TSJN el pasado 11 de enero. El Tribunal Superior ordenó que los mismos magistrados de la Audiencia dictaran una nueva resolución valorando, «con plena libertad de criterio», las pruebas halladas en una entrada y registro del domicilio del acusado llevada a cabo el 22 de junio de 2016, en la que se halló material pedófilo.

Ahora, en esta tercera sentencia, tras valorar esas pruebas, la Sección Segunda de la Audiencia ha impuesto al inculpado, natural de Venezuela, de 40 años, las siguientes penas de prisión: 9 años y 6 meses por un delito continuado de abuso sexual con penetración a menor de 13 años; 11 años y 6 meses por un delito de abuso sexual en concurso con otro delito de utilización de menores de edad para la elaboración de material pornográfico; 6 años por un delito de utilización de menores de edad para la elaboración de material pornográfico; 2 años por un delito de abuso sexual a menor de 13 años; y 1 año por un delito de posesión de pornografía infantil.

El procesado, además, deberá indemnizar a dos de las víctimas menores de edad con 5.000 euros a cada una de ellas, según ha informado el TSJN. Esta tercera sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Navarra.

Los hechos que motivaron este procedimiento, ha añadido, comenzaron el 14 de junio de 2016, cuando el inculpado se dejó olvidado en un banco del Paseo de Invierno de Tudela un bolso tipo bandolera que contenía, en el interior de una bolsa blanca, una memoria USB y dos tarjetas SD, así como documentación personal. Una mujer lo llevó a dependencias de la Guardia Civil.

Un agente revisó la documentación, avisó a la policía local para proporcionarle la información, como es práctica habitual con los objetos perdidos, y realizó una copia «de salvaguarda o de seguridad» de la memoria USB y las tarjetas. Al día siguiente, el propietario fue al cuartel a recoger sus pertenencias, y se marchó con ellas.

Posteriormente, sobre las 14 horas, un guardia civil que procedió a comprobar la copia de salvaguarda halló imágenes de contenido pornográfico con menores, en algunas de ellas con la intervención del encausado.

Por este motivo, se confeccionó un atestado policial, que fue entregado el 21 de junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Tudela. Este juzgado dictó ese mismo día un auto de entrada y registro en el domicilio del investigado «al objeto de poder encontrar efectos e instrumentos del delito de agresión sexual, pornografía infantil y cualquier otro contra libertad e indemnidad sexual».

En este registro, que se llevó a cabo el 22 de junio, tras serle requeridas, el acusado facilitó de forma voluntaria la memoria USB y las dos tarjetas SD que había perdido el día 14. Asimismo, los agentes se incautaron de diverso material informático (ordenadores, teléfonos, discos duros, CDs, DVDs y memorias digitales). Dos meses después, el 28 de agosto, se realizó otra entrada y registro por mandato judicial.

En su segunda sentencia, la Sección Segunda de la Audiencia absolvió al procesado al entender que todas las diligencias de investigación se derivaron «directa y sucesivamente» del visionado de la copia de salvaguarda que se realizó el 14 de junio «careciendo de cobertura legal, autorización, necesidad y sin que existiese urgencia alguna».

La Audiencia concluyó que, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda prueba obtenida a partir de la información derivada de pruebas vulneradoras del derecho fundamental a la intimidad «quedan contaminadas por la ilicitud de la fuente de prueba por existir una conexión de antijuricidad».

CONSENTIMIENTO DEL PROCESADO

En consecuencia, según expuso la Audiencia en su segunda sentencia absolutoria, tanto el consentimiento del acusado como los sucesivos registros se justifican en los hallazgos obtenidos con anterioridad, «y todos ellos comprometen el derecho a la intimidad» consagrado en el artículo 18 de la Constitución Española.

Sin embargo, ahora, en la tercera sentencia dictada después de que el TSJN hubiera anulado las dos anteriores, la Sección Segunda estima que esa argumentación ha quedado superada tras el fallo del Tribunal Superior.

«No obstante, el pronunciamiento efectuado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en su sentencia nº 2/2021 nos releva de la valoración correspondiente a si los medios de prueba que posteriormente se han obtenido pueden considerarse independientes o autónomos de la fuente ilícita, así como de valorar la existencia de un nexo entre las pruebas de cargo y las que tienen su origen en otras obtenidas ilícitamente y la posible atenuación de dicho nexo por la concurrencia de un acto o actos posteriores que puedan reparar la ilegalidad original; así como de valorar la concurrencia de los requisitos y entidad que deben tener estos, en caso de que se aprecien», argumenta en esta ocasión la Audiencia en su sentencia condenatoria.

Al respecto, el TSJN señala que en su sentencia del pasado enero constató «una persistencia del acusado en la tenencia de unos materiales presuntamente delictivos que constituyen en sí mismos un contenido sustantivo propio».

En este sentido, los magistrados expusieron que «el delito de elaboración y tenencia de pornografía infantil no agota sus efectos o no tiene por qué agotarlos en la aprehensión de un solo dispositivo que contenga este tipo de imágenes, y no se le puede dar al acusado una patente de corso para continuar poseyendo material incriminatorio indefinidamente». «Una cosa es la ilegitimidad del primer examen de la memoria USB incautada y otra distinta la persistencia del acusado en mantener material que pudiera constituir prueba de los delitos de pornografía infantil y abuso sexual a menores que se le imputan», añadieron.

Tres personas han sido detenidas en Salamanca después de participar en una fiesta ilegal dentro de un taller y darse a la fuga en un coche cuando la Policía les trató de identificar, para luego huir por las calles de la ciudad y por su entorno a velocidades que llegaron a superar los 180 kilómetros por hora, embestir en hasta cuatro ocasiones al coche de los agentes que trataba de darles el alto y terminar chocando contra la fachada de una vivienda.

Según han informado fuentes policiales, una llamada sobre las 23.05 horas de este viernes alertó de que en el interior de un taller de la calle Fernando de la Peña había personas haciendo ruido, en lo que parecía una fiesta ilegal.

Al llegar, miembros de la Policía Local vieron por una ranura que al menos cinco personas estaban dentro pero, a pesar de llamar, nadie quiso abrirles la puerta, por lo que decidieron esperar fuera hasta que, sobre las 2.45 horas, salieron dos hombres y una mujer que se montaron en un vehículo.

A la altura de la calle Alfonso de Castro y la Avenida de Portugal, los policías les dieron el alto y les pidieron la documentación, pero en ese momento, el conductor aprovechó para acelerar de golpe y darse a la fuga.

Así comenzó una persecución por Paseo de la Estación, Avenida de los Comuneros, calle Colombia y carretera de Aldealengua para luego seguir por los términos municipales de Cabrerizos, Moriscos, Castellanos de Moriscos y Villares.

CONTRA EL COCHE POLICIAL

En una rotonda del Polígono de los Villares, la Policía Local cruzó un coche para tratar de que parasen pero tuvo que retirarse cuando el vehículo fugado trató de embestir para seguir adelante en su intento de huida.

De nuevo en Cabrerizos, sí que chocó con la dotación policial, incluso regresó marcha atrás para golpear de nuevo, luego reanudó la marcha hasta que chocó con los agentes otra vez en la calle Los Rosales, donde el coche fugado llegó a impactar además contra la fachada de una vivienda.

A continuación, el conductor reanudó su intento de fuga , golpeó de nuevo contra los agentes y en la calle Jesús Arambarri se sumó la Policía Nacional, al tener conocimiento de lo que estaba pasando, así hasta que el coche fugado se empotró contra la fachada de otra vivienda en la calle Los Arroyos.

En este punto, los acompañantes, un hombre y una mujer, fueron ya detenidos pero el conductor logró escapar a pie, a pesar incluso de que los agentes tuvieron que disparar dos veces al aire para evitar que prosiguiese con su actitud, aunque finalmente fue interceptado y detenido, a pesar de tratar de golpear a los policías.

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha jurado este viernes su cargo en el Congreso de los Diputados, donde ha explicado su visión de una Corporación que, bajo su mando, sea «referente», un «foro público» y con una «agenda política propia».

En declaraciones a los medios, Pérez Tornero ha explicado que es el momento de «recuperar la ilusión» y del «cambio» para «cumplir con la misión» de ser «foro público» y acompañamiento «a los ciudadanos en la dificultad» ante la pandemia y la crisis económica.

Además, cree que RTVE debe ser «referente» y «alcanzar relevancia» sin que esto signifique «solo audiencia», sino un público «significativo». También propone «marcar» una «agenda informativa propia» que sea «la que demanden los ciudadanos».

Según ha explicado, esto lo hará con un «nuevo método de Gobierno con consenso» y con la «confianza» que, ha indicado, tiene «en los trabajadores» de la Corporación que, a su juicio, son quienes «pueden impulsar el cambio».

UNA RTVE «INDEPENDIENTE, PLURAL Y PROFESIONAL»

Tanto Pérez Tornero, como los nuevos consejeros de la dirección de RTVE, Ramón Colom, Elena Sánchez, Concepción Carmen Cascajosa, José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín, María Carmen Sastre, Jenaro Castro, Consuelo Aparicio y Juan José Baños, han jurado su cargo usando la misma fórmula por la que han prometido ejercer «fielmente» su cargo «con fidelidad al Rey, acatando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico».

El juramento ha tenido lugar en el conocido como Salón de los Pasos Perdidos del Congreso y en él han estado presentes las presidentas de las dos Cámaras, Meritxell Batet (Congreso) y Pilar Llop (Senado), la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en representación del Gobierno, así como la vicepresidenta segunda de la Cámara baja, Ana Pastor, el secretario tercero de la Cámara alta, Rafael Hernando y el secretario de grupo parlamentario socialista en el Congreso, Rafael Simancas, entre otros.

Batet se ha dirigido al nuevo Consejo de Administración de RTVE para recordarles que tienen «por delante un gran trabajo y el deber de proteger e impulsar» el «instrumento fundamental» que tiene la sociedad para que sea garantizado «su derecho una información rigurosa y veraz». En este sentido, ha llamado a una Corporación pública «independiente, plural y profesional».

En su discurso ha recordado que el juramento que ha tenido lugar este viernes es consecuencia del primer acuerdo de renovación de una institución de designación parlamentaria desde «marzo de 2017» y ha reconocido el «procedimiento largo de diálogo, reconocimiento y aceptación» entre las fuerzas políticas para lograrlo.

BATET DESTACA EL CONSENSO

«El consenso difícilmente aparece. Se construye con esfuerzo lealtad y disposición al diálogo», ha declarado la presidenta del Congreso, antes de indicar que «este mismo consenso es necesario en otras instituciones» que lo reclaman «desde gace tiempo».

Batet ha señalado que un órgano que nace del consenso debe también «actuar por consenso» o, «al menos, con lealtad y esfuerzo por llegar a acuerdos». Es por eso que espera que el nuevo Consejo de Administración de RTVE asuman con este espíritu sus nuevas labores. Batet les ha deseado los «mejores deseos» y les ha recordado que deben trabajar «para servir» a «la sociedad española» y no a quienes «les han elegido».

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este viernes a los andaluces «máxima precaución» ante los días festivos de la Semana Santa, porque podría producirse una «cuarta ola» de la pandemia del coronavirus «de manera inminente» ante el aumento en el número de contagios que se está viendo ya.

En declaraciones a los periodistas en la localidad malagueña de Mijas, el presidente ha expuesto, sobre la situación de la pandemia en Andalucía, que estamos en un momento de «tensa espera», ya que aunque estamos en una situación de «meseta», ya vemos una aceleración de contagios en muchos territorios, y «todo parece indicar que vamos camino de un rebrote de contagios y que podría darse esa cuarta ola de manera inminente».

En este sentido, ha pedido a los andaluces la «máxima precaución», porque se trata de evitar lo evitable, es decir, aglomeraciones, reuniones en casas cerradas u otras situaciones de riesgo.

«Que seamos cautos, porque esto todavía no ha acabado», según ha recalcado el presidente, quien ha indicado que aunque en Andalucía se está vacunando a buen ritmo, el número de vacunas que sigue llegando resulta insuficiente y de he hecho esta comunidad tiene un déficit de 471.0000 vacunas respecto a su nivel de población en el conjunto del estado.

El presidente ha insistido en que Andalucía está preparada para poner medio millón de vacunas a la semana y lograr el objetivo de llegar a junio con el 70 por ciento de la población vacunada.

Asimismo, ha defendido las decisiones que se adoptaron en el seno del comité de expertos el pasado miércoles 17 de marzo sobre el cierre perimetral de la comunidad y de cada una de las ocho provincias, así como las relativas al inicio del toque de queda a las 23,00 horas y al cierre de los sectores de hostelería y comercial a partir de las 22,30 horas.

Ha indicado que el cierre perimetral de la comunidad y de provincias no se ha decidido por criterios políticos, sino por criterios técnicos, tratando de evitar una situación que podría ser lamentable en términos de salud.

Moreno ha manifestado que si llega finalmente llega la cuarta ola, su Gobierno va a intentar que sea menos intensa que en otros territorios y que no se den situaciones como las que se produjeron tras las vacaciones de navidad. No obstante, ha mostrado su preocupación por la presencia de distintas cepas del coronavirus, que son más contagiosas, lo que nos tiene que llevar máxima preocupación.

Asimismo, Moreno ha descartado la aplicación en Andalucía de la nueva medida planteada por el Ministerio de Sanidad sobre el cierre del interior de bares y restaurante en comunidades con una tasa de incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes.

Ha manifestado que las medidas actualmente vigentes en esta comunidad y que se adoptaron en el seno del comité de expertos estarán en vigor hasta el 9 de abril y, a partir de ahí y en función de la situación epidemiológica, se decidirá si se adoptan o no nuevas medidas. Ha confiado en que no haya que tomar medidas más restrictivas, lo que va a depender también del comportamiento individual y colectivo de la ciudadanía.

El Consejo General de Enfermería acaba de publicar el Informe de Recursos Humanos en Enfermería 2020, una radiografía exhaustiva de la situación de la profesión en España en relación con la enfermería a nivel internacional, pero que también muestra las diferencias entre comunidades autónomas o con otras profesiones sanitarias. Así, se observa que la ratio nacional es de 5,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes.

«Si observamos los datos desglosados por comunidades autónomas encontramos que existen grandes contrastes entre todas ellas, un dato que pone en evidencia el principio de equidad en el que supuestamente se basa el Sistema Nacional de Salud y tiene una clara repercusión en la pandemia de COVID-19», subraya Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Como en años anteriores, Navarra es la comunidad autónoma que mayor número de enfermeras tiene con 8,6 enfermeros no jubilados por cada 1.000 habitantes. Siendo la única comunidad autónoma que supera la media de la Unión Europea. El contraste queda puesto de manifiesto cuando lo comparamos con el dato de Galicia (5,19 enfermeros no jubilados por 1.000 habitantes), Andalucía (5) o Murcia (4,59), las regiones con las menores ratios.

Por encima de la media nacional, a Navarra le siguen, con mucha diferencia 3 comunidades, País Vasco (7,69), Castilla y León (7,07) y Extremadura (6,92). Asimismo, Melilla se sitúa con 7,14 enfermeras no jubiladas por 1.000 habitantes.

Según los datos del Ministerio de Sanidad de 2018, en España hay un total de 256.333 enfermeras trabajando tanto en el sector público como en el privado, lo que supone una ratio de 5,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En base a esta misma fuente, en el SNS, en el año 2017 trabajaban 175.594 enfermeras en el ámbito público.

En los centros de salud y en consultorios de Atención Primaria lo hacían 29.662 (0,6 por 1.000 habitantes) y en los hospitales del SNS 141.132 (3,0 por cada 1.000 habitantes). En los servicios de urgencias y emergencias 112/061 trabajaban 2.964 enfermeras/os.

En el ámbito privado, según el informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) se estima que, el año 2017, había 70.078 enfermeras/os trabajando en el sector privado: 29.942 en el ámbito hospitalario y 45.136 en el extrahospitalario.

En términos globales señalan que se podría decir que en España se necesitarían actualmente 110.000 enfermeras más para alcanzar las medias de las ratios europeos. Sin embargo, en el informe también se detalla la estimación de necesidades de enfermeras para llegar a la ratio de la Unión Europea a medio y largo plazo. De tal forma que en 2023 esa cifra se situaría en las 108.000 enfermeras, llegando a las 127.000 en 2030, si se mantienen el crecimiento demográfico, la formación y el empleo enfermero actual.

A NIVEL INTERNACIONAL

En el ámbito internacional el informe analiza distintas fuentes (OMS, OCDE, Eurostat) para conocer la situación de la enfermería española con respecto a otros países. Así, España se encuentra en la posición número 61 del ranking mundial según la OMS, con una ratio de 5,73 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras que los médicos se posicionan en el número 26, lo que supone que se está tres veces mejor posicionada en lo que se refiere a médicos que a enfermeros.

De hecho, España es uno de los países con menos enfermeras por cada médico del mundo, situándose en la posición número 142 de los 193 países cuyos datos se disponen a nivel mundial, con una ratio de 1,48 enfermeras por cada médico.

Por su parte, la OCDE sitúa a España en el cuadrante de «muchos médicos y pocas enfermeras», ya que comparado con la media de los 35 países de este entorno la media de médicos por 1.000 habitantes es superior (3,9 vs 3,5) mientras que la ratio de enfermeras es notablemente inferior (5,7 vs 8,9).

Si se observa sólo el entorno europeo (Eurostat), España se encuentra por debajo de la media de los países de la UE, obteniendo la posición 12 de 30 en menor ratio de enfermeras profesionales, superando solamente a los países de Europa del Este. La posición es aún peor, cayendo hasta el puesto 7, en menor ratio de enfermeras totales de atención directa (profesionales y asociadas).

En función de las distintas fuentes consultadas por los autores del informe, la media de la ratio de enfermeras por habitantes oscila entre las 7,68 de Eurostat, las 8,18 de la OCDE y las 8,77 de la OMS, mientras que España cuenta con una ratio de 6,02 enfermeras no jubiladas por cada 1.000 habitantes.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha aportado al juez que investiga la presunta financiación irregular del partido un historial de vuelos a México y otros países, así como declaraciones tributarias por los más de 26.000 euros que cobró de la matriz mexicana de Neurona, a fin de acreditar que trabajó para la consultora política, en contra de lo que sospecha el instructor del caso, que cree que ese dinero fue una comisión para que el partido contratara a la empresa.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, trata de averiguar a qué se deben los 26.200,31 euros que, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Monedero cobró el 25 de enero de 2019 de Neurona Consulting –la matriz mexicana de la empresa española Neurona Comunidad, a la que Podemos contrató para la campaña electoral de 2019– por supuestos servicios de consultoría política.

Monedero los justificó en su momento con una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia», lo que implica que habría viajado a dichos países.

El ex dirigente ‘morado’ entregó al juez, el mismo día de su declaración como imputado en el caso ‘Neurona’, una serie de documentación con la finalidad de demostrar que hizo el trabajo. Entre esta documentación consta un historial de operaciones de Iberia que refleja los billetes de avión emitidos a Monedero durante 2018, incluidos tres viajes de ida y vuelta a México, dos vuelos a Argentina, uno a Colombia y otro a Brasil.

No obstante, Escalonilla solicitó a la Embajada de México en España que comprobara si su Sección Consular había expedido un visado a nombre de Monedero. «Sobre el particular, se hace de su conocimiento que no existe en esta oficina registro de atención de trámite y/o expedición documental de visa a ese nombre», ha comunicado la legación diplomática al juez, en un fax del 22 de marzo.

Según la información ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores español en su web, es posible viajar a México sin visado para realizar una actividad profesional de corta duración siempre que se esté empleado y retribuido en otro país. Así, explica que sería el caso de un trabajador de una empresa española retribuido en España. Pero, para realizar actividades remuneradas en México, siempre es necesario visado, aclara la diplomacia española.

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Monedero también aportó una serie de correos electrónicos con Andrea Edlin López, una de los dos socios de Neurona Consulting, en los que le plantea facturar por horas, proponiendo 300 horas «con un costo medio de 100 dólares la hora».

«Aunque excede de las 300 horas, creo que es una manera de poder medir el trabajo realizado», le explica Monedero en un ‘email’ del 29 de diciembre de 2018, adjuntando el detalle de las horas de trabajo imputables a cada país.

López le contesta dos días después para indicarle que quedan «en espera» de recibir la factura, facilitándole para ello los datos de la empresa. Ya en enero DE 2019, el día 13, Monedero le remite un archivo de Excel titulado ‘Factura Neurona’.

El cofundador de Podemos entregó asimismo una declaración de IVA y la declaración anual de operaciones con terceras personas por los 26.156 euros recibidos de Neurona.

SOSPECHAS DE UNA «FACTURA FALSA»

Tanto el juez como la UDEF sospechan que sería una «factura falsa» y se basan en tres motivos: que las labores de consultoría son un concepto habitual en facturas falsas porque es un servicio difícil de comprobar; que solo figura como emisor Neurona Consulting cuando debería constar Monedero; y que se emite como ‘factura número 1’ el último día del año y en domingo.

Escalonilla ha concluido, «indiciariamente», que Monedero «tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos» para la campaña electoral de 2019, apuntando así a la posibilidad de que ese dinero fuera en realidad una comisión.

Monedero, en su declaración como investigado del pasado 15 de marzo, negó que fuera una factura falsa, si bien admitió «errores» en la misma que justificó aduciendo que la elaboró él mismo y no es un experto en contabilidad ni fiscalidad.

El ex dirigente ‘morado’ también se desvinculó del hecho de que Podemos decidiera contratar a Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, negando igualmente que esos 26.000 euros fueran una comisión por ello.

EL CASO ‘NEURONA’

El núcleo de esta causa es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019, y que el juez sospecha que sería un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.

A lo largo de la instrucción, Escalonilla ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, de la que partió el caso Neurona, tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de la formación política a organizaciones afines pero la Audiencia Provincial le ha ordenado reabrirla.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.

La comunidad judía de España, compuesta por unas 45.000 personas, celebra este sábado 27 de marzo, con la salida de las primeras estrellas, la festividad de Pésaj, la Pascua judía, durante la cual, este año, los rabinos de España entonarán una oración especial en memoria de los fallecidos por la Covid-19, por la recuperación de los enfermos y por las familias que están sufriendo.

Los judíos recuerdan en este día la salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, hace 3.300 años, liderados por Moisés, el paso por el desierto durante 40 años y la llegada a Canaán, la tierra prometida.

Este año, al igual que en 2020, la cuarentena por la pandemia imposibilitará los encuentros familiares en torno a la mesa de una de las festividades más solemnes del calendario judío, según informa la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).

Es tradición prepararse para Pésaj con una limpieza profunda. Las familias limpian a conciencia las casas y algunas guardan el menaje de uso diario en la cocina para sustituirlo estos días de Pascua por una vajilla especial.

Además, durante la semana que dura esta fiesta no se consumen alimentos fermentados en recuerdo de la premura por salir de Egipto que impidió hacer pan con levadura. La Matzá (pan ácimo) sustituye al pan normal.

La gran cita de Pascua es la noche del Séder, la cena pascual, que este año se celebra el sábado 27 de marzo. Esta noche es especial porque recuerdan en familia el capítulo de la salida de Egipto, y adornan la mesa con un plato especial (keará) que contiene seis alimentos simbólicos que evocan la historia de los israelitas.

Estos alimentos son: el ‘maror’, hierbas amargas frescas que simbolizan el sufrimiento del pueblo durante la esclavitud; el ‘jazeret’, tronco de lechuga que simboliza la dureza de la esclavitud; y el ‘jaroset’, una pasta dulce de color marrón, mezcla de diversos frutos secos, manzana y miel que representa la argamasa que los israelitas esclavos fabricaban en Egipto.

También destacan otros como: el ‘karpas’, una verdura de sabor amargo (perejil o apio) que se moja en agua salada en recuerdo de la venta de José por sus hermanos que fue la causa del exilio en Egipto; ‘zeroa’, muslo de pollo o carne cocida que recuerda el sacrificio del cordero que hicieron los israelitas en Egipto; y ‘beitzan’, huevo cocido con su cáscara que simboliza el sacrificio que se ofrecía en el Templo de Jerusalén.

Asimismo, es tradición que el más pequeño de la casa pregunte por el significado de la celebración y es la explicación la que recuerda este capítulo de la historia.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, es el miembro del Consejo de Ministros que más patrimonio tiene, con un total de 3.943.219,78 euros, según la declaración de bienes y derechos patrimoniales publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, en la que también consta que tiene créditos pendientes por valor de 1.115.000 euros. Tras él, figuran el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con 1,8 millones de patrimonio, y el del Ciencia e Innovación, Pedro Duque, con 1,4 millones.

Por el contrario, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, son los que menos patrimonio tienen. El primero debe 26.804 euros más del patrimonio que declara –tiene 130.405 euros de patrimonio y un pasivo de 157.208 euros–, y Díaz cuenta con un activo de 50.552,442 euros, y una deuda pendiente de 25.324 euros.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha hecho públicas todas las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado que fueron cesados o nombrados a lo largo del año 2020. Por ello no figura la del ministro responsable de esta cartera, Miquel Iceta, que fue nombrado ya en 2021.

Según la resolución publicada en el BOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un patrimonio de 372.979 euros, de los cuales 180.794 euros corresponden a bienes inmuebles; 73.159 a cuentas bancarias; 5.550 a acciones y participaciones en capital social o fondos propios de entidades jurídicas no negociadas; 85.865 en seguros de vida y de planes de pensiones; y 27.609 euros en otro tipo de bienes y derechos de contenido económico. Además, informa de que tiene deudas pendientes por valor de 161.329 euros.

En comparación con la declaración que presentó al llegar a la Moncloa en 2018, el patrimonio de Sánchez ha crecido en 30.000 euros. En concreto, el presidente mantiene los mismos bienes inmuebles, pero ha aumentado en 50.000 euros su dinero en depósitos y cuentas respecto a la que presentó entonces, y 85.865 en seguros de vida y planes de pensiones. Al mismo tiempo, declara 110.000 euros menos en el concepto otros bienes y derechos de contenido económico, y ha logrado rebajar su pasivo en 30.000 euros.

Sánchez no es ni de lejos el miembro del Gobierno con más patrimonio. Por encima de él, además de Castells, está el ministro Escrivá, que declara un patrimonio de 1.870.972 euros, con un pasivo de 296.338 euros; y el titular de Ciencia e Innovación, el tercero con más patrimonio: 1.434.165 euros, y sin deudas.

También se sitúa en la parte alta de la tabla la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, con un patrimonio de 1.264.975 euros en total, con inmuebles por valor de 395.155 euros, y más de medio millón de euros en acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de I.I.C. negociadas. Celaá declara créditos pendientes por valor de 122.950 euros.

Ya por debajo del millón está la ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, con un patrimonio de 870.816,03 euros, sin pasivos. Le sigue la ministra de Defensa, Margarita Robles, con 772.809,87 euros de patrimonio, y también sin deudas.

MONTERO SUPERA EN PATRIMONIO A IGLESIAS Y AMBOS SUMAN 1,169 MILLONES

La siguiente en la lista de los ministros con más patrimonio es la ministra de Igualdad y ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero, con 629.969 euros de patrimonio declarados, de los cuales 335.049 son de bienes inmuebles. También informa de deudas pendientes por valor de 231.156 euros.

Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, tiene un patrimonio de 539.880 euros, de los cuales 233.282 son de bienes inmuebles, 111.000 euros de depósitos en cuentas bancarias, 187.500 en seguros de vida y planes de pensiones, y 8.000 en otros bienes, aunque tiene una deuda de 231.156 euros. Lo que arroja un patrimonio neto de 310.724 euros.

Después está la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien tiene un patrimonio de 519.113 euros, menos una deuda de 58.369 euros. A su vez, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, tiene un patrimonio acumulado de 466.967, con bienes inmuebles valorados en 162.073 euros y 176.828 euros en cuentas. Según su declaración, no tiene deudas.

Tras ella, están el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con un patrimonio de 457.922 euros, sin deudas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con 362.965 euros de patrimonio, también sin créditos pendientes; y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que declara un total de 342.011 euros, sin deudas declaradas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, acumula un patrimonio de 335.630 euros, resultante de los 288.675 euros que tiene en bienes inmuebles y los 46.955 que declara en cuentas bancarias. Según su declaración, tampoco tiene préstamos pendientes.

A continuación se situaría el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con 313.488 euros, y una deuda de 20.628 euros; la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, con 299.362 euros, y una deuda de 100.664 euros; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con un patrimonio de 225.308 euros, y una deuda de 199.312 euros; y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, con 147.000 euros, sin deudas.

LA TITULAR DE HACIENDA, GARZÓN Y YOLANDA DÍAZ, EN LA COLA

Ya entre los que menos patrimonio declaran están la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien informa de un patrimonio de 131.855 euros, de los cuales tiene 113.231 euros en bienes inmuebles y 18.124 euros en cuentas bancarias. Además, a lo que habría que restar un pasivo de 112.778 euros.

Por último está el ya mencionado ministro Garzón, que tiene 130.405,37 euros de patrimonio en total, y debe 157.208,83 euros, lo que arroja una saldo neto negativo de 26.804 euros; y la ministra de Trabajo y futura vicepresidenta –cuando Iglesias deje el Gobierno la semana que viene–, que declara un patrimonio de 50.552,44 euros, y una deuda de 25.324,49 euros.

Además de los ministros, entre los 626 altos cargos cesados o nombrados en 2020 que hacen público su patrimonio y sus bienes, destaca, por ejemplo, el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, con un patrimonio de 136.325,47 euros en depósitos y 19.102,82 euros en seguros de vida y planes de pensiones, y que no declara bienes inmuebles en propiedad ni deudas.

ALTOS CARGOS MILLONARIOS

De toda la lista de altos cargos publicada, el mayor patrimonio lo declara la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, que cuenta con un total superior a los siete millones de euros, con dos millones en bienes inmuebles y casi 2,5 millones en acciones.

Detrás aparecen el director general del Tesoro, Pablo de Ramón-Laca, que declara 4,7 millones, fundamentalmente en acciones (más de cuatro millones), y Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con un patrimonio superior a los cuatro millones de euros, incluyendo un millón en bienes inmuebles, otro en depósitos y cuentas y 1,83 millones en acciones.

Este club lo completa Maria Luisa Huidobro, embajadora en Omán, que figura con cuatro millones de euros de patrimonio, incluyendo 1,79 millones en bienes inmuebles y 1,5 millones en acciones, además del citado ministro Castells, con casi 4 millones.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha criticado que el nuevo alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha comenzado su mandato «insultando el honor y la profesionalidad de los funcionarios y los servicios municipales responsables del control de los medios públicos del Consistorio» al hacer pública su intención de hacer una auditoría de la gestión municipal.

Desde el PP defienden que los diferentes departamentos del Ayuntamiento «no tienen nada que esconder en un cajón», informaron fuentes del partido en un comunicado.

En este sentido, desde las filas ‘populares’ han exigido a Serrano que deje de poner en cuestión el trabajo «honrado y legal» que desempeñan todos los funcionarios municipales, que se someten periódicamente a los preceptivos controles de fiscalización previstos en la normativa vigente.

Para el PP, este hecho responde al afán de «estirar el chicle de la falsa corrupción» como fórmula para desacreditar al Partido Popular y así justificar «el asalto» que, en su opinión, consumó el PSOE este jueves en el Ayuntamiento, basado, en su opinión, «en la trama de falsedades e insidias destapada en los audios del imputado, secretario regional de los socialistas, Diego Conesa».

Al respecto, el Partido Popular en la Glorieta ha argumentado que «continuará defendiendo el buen nombre de los murcianos, del Ayuntamiento y la profesionalidad de sus funcionarios municipales», que son los fedatarios públicos responsables de la gestión y de la auditoría de la actividad municipal.

Asimismo, ha asegurado que los servicios municipales están «perfectamente auditados» por sus responsables y «no tienen nada que esconder en ningún cajón».

Además, desde el PP de Murcia han apuntado que los informes emitidos por los Servicios Jurídicos siempre han avalado la legalidad de todos los expedientes y proyectos realizados en el Ayuntamiento por parte de sus funcionarios.

«No existe ninguna causa judicial abierta. Tampoco hay un solo cargo que esté investigado», han señalado.

Finalmente, los ‘populares’ han recordado que el máximo órgano de contratación en España y los numerosos informes dictados por los Servicios Jurídicos Municipales constatan «la legalidad y rigurosidad de todos los expedientes tramitados y avalan el trabajo que desempeñan los funcionarios del Consistorio».