Canarias ha registrado 140 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en las islas se eleva a 54.296 en el archipiélago, al tiempo que el número de fallecidos alcanza los 756 óbitos tras sumar cinco muertes --tres en Gran Canaria y dos en Tenerife--, según los datos que la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico avanza diariamente pasadas las 14.00 horas.

Así del total de casos, 2.560 se encuentran activos (-82), de los cuales 64 están ingresados en UCI (-5), 240 están hospitalizados (-1) y 2.256 están en su domicilio (-76). Además, 50.980 personas ya han superado la enfermedad en las islas tras recibir el alta 217 en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias baja hasta los 39,75 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días desciende a los 84,79 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se han realizado un total de 1.086.909 pruebas PCR en las islas, de las que 57.725 han dado positivo, lo que representa el 5,31 por ciento del total.

Por islas, Tenerife suma 102 nuevos contagios con un total de 23.620 casos acumulados, de los que 1.641 están activos epidemiológicamente (-58), 420 han fallecido (+2) y 21.559 han superado la enfermedad; mientras Gran Canaria cuenta con 22.101 casos acumulados (+28), de los que 688 están activos (-32), 264 han perecido (+3) y 21.149 recibieron el alta.

Lanzarote, por su parte, acumula 5.156 (+29), de los que 196 son activos epidemiológicamente (+22), 48 han muerto y 4.912 recibieron el alta; Fuerteventura tiene 2.278 casos acumulados (que reajuste y tiene 22 casos menos con respecto al día anterior), de los que 15 están activos (-15), 13 fallecieron y 2.250 han superado la enfermedad.

La Palma, por su parte, suma un nuevo caso y acumula 540, de los que 10 están activos (+1), seis han muerto y 524 superaron la enfermedad; El Hierro suma dos casos y acumula 368, de los que seis se mantiene activos, cuatro perecieron y 358 han recibido el alta.

La Gomera no tiene nuevos casos y acumula 231, de los que hay tres activos, una persona ha fallecido y 227 superaron el virus.

Las ONG ambientales han celebrado el paso dado por el Parlamento al aprobar la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España que, aunque con años de retraso tras la firma del Acuerdo del Clima de París, confían en que permita encarar la necesaria acción contra la emergencia climática. No obstante, en declaraciones han lamentado la falta de ambición que el texto aprobado recoge para lograr limitar el ascenso de la temperatura global.

Tras la votación en el Pleno del Congreso del texto definitivo que marcará la senda de reducción de emisiones hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050, la responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, Cristina Saavedra, ha manifestado que la ONG no puede evitar celebrar la aprobación de una ley de estas características, aunque considera que el Gobierno está "perdiendo una oportunidad con un texto excesivamente flojo".

En su opinión, es una ley "muy por debajo de las necesidades estatales e internacionales que la ciencia ha marcado para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. "No tiene en cuenta su responsabilidad histórica como país industrializado frente a los países del Sur Global, territorios y comunidades más vulnerables que más están sufriendo los impactos de la emergencia climática sin tener apenas responsabilidad sobre ella", lamenta.

Por su parte, el responsable del programa de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha lamentado sin embargo que después de "dos años de trámite" la ley de cambio climático es "insuficiente", incorpora objetivos por debajo de los necesarios y no concreta medidas en sectores clave en la descarbonización. Por ello, reclama un "debate más profundo" y un mayor compromiso que recoja las recomendaciones de las ONG.

En definitiva, considera que la nueva ley es una "oportunidad perdida" para impulsar un cambio de lo global a lo local que consiga reducir los "importantes impactos climáticos y sociales". Por ello, recuerdan que para alcanzar la estimación de reducción de emisiones de un 7,6 por ciento anual hasta 2030, España debería reducir al menos un 55 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero en esta década, frente al 23 por ciento que ha establecido la nueva norma.

En definitiva, Andaluz sostiene que "no se puede pensar que con esta ley se han cumplido suficientemente los objetivos climáticos" sino que es preciso acometer una revisión profunda para alinear los objetivos climáticos recogidos en el texto con las recomendaciones científicas.

Por su parte, Greenpeace considera que la nueva ley "no responde a al emergencia climática" y tiene un punto de partida "poco ambicioso" e "insuficiente" para cumplir el Acuerdo de París ya que "nace mucho más débil de lo que sería necesario". Por ello, señala que el texto tendrá que reforzarse y aumentar sus objetivos de reducción de misiones para servir "de forma decidida" para luchar contra la emergencia climática.

La responsable de la Unidad Política de Greenpeace, Alicia Cantero, ha explicado que este es un momento "crucial" para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con limitar el calentamiento del planeta al 1,5º.

"La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. Esta ley es un punto de partida mucho menos ambicioso del que necesitamos, por eso hay que seguir trabajando para concretar aquellos aspectos que nos permitan lograr la eliminación de los combustibles fósiles y una recuperación justa y verde", ha concluido.

En una línea más optimista, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha celebrado la aprobación de la "imprescindible" Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque es una "reivindicación histórica" del movimiento ecologista y supone la herramienta necesaria para afrontar el cambio climático en un "momento crítico" porque "no hay un segundo que perder".

De ese modo, reclama actuar "con determinación" para evitar los peores impactos del cambio climático, en un país "tan vulnerable" a ellos por su ubicación en la región mediterránea. Por ello, Del Olmo valora que la ley supone un "importante punto de partida para iniciar una profunda transformación hacía una economía totalmente descarbonizada".

No obstante, subraya que junto a otras ONG ecologistas WWF también reclama objetivos "más ambiciosos" por lo que confía en que en los mecanismos de revisión introducidos en la norma se puedan "acelerar estas metas" para ajustarlas "lo antes posible" a lo que la ciencia demanda y lograr que la descarbonización plena se produzca antes de 2050.

En definitiva, felicita al Gobierno y a todos los partidos políticos que han mejorado el texto de la ley y que lo han apoyado, al tiempo que les emplazan a seguir trabajando en su desarrollo e implementación. "Esta ley es el punto de partida del largo camino que tenemos por delante en la batalla contra el cambio climático", ha deseado.

Finalmente, para el director de Políticas Ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, este es un día en el que las ONG celebran un "momento muy importante tras un camino muy largo", ya que las organizaciones de la sociedad civil comenzaron hace más de una década la reclamación de una norma para luchar contra el cambio climático.

Así, lamenta este retraso de 10 años en los que han seguido las "inercias que han dificultado poder alcanzar la ambición de emisiones que las ONG deseaban". No obstante, para Howell uno de los avances más significativos de la ley recién aprobada en el Parlamento son el reconocimiento a la importancia de planificar mejor el urgentísimo despliegue de las renovables pero de acuerdo con la conservación de la biodiversidad y proteger las zonas con mayor valor.

Sin embargo, ve "necesario" profundizar y "atar mejor" esta relación entre las renovables, la planificación autonómica, estatal y europea y la protección de la biodiversidad porque la redacción actual es, a su juicio, "poco explícita".

Por otro lado, destaca como un avance la implantación de un Comité de personas expertas, que debe ponerse en marcha "este mismo año" y disponer de presupuesto y recursos propios para su desarrollo, de cara a que pueda emitir sus recomendaciones antes de que en 2023 se revisen los objetivos.

Por último, el representante de SEO/BirdLife ha valorado que gracias a una enmienda propuesta por la ONG se introduce en la ley la obligación de hacer un seguimiento específico de las especies y habitats más vulnerables porque supone una novedad que la ley de cambio climático ayude a "mejorar" la relación entre clima y biodiversidad.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de la Covid-19, al tiempo que se ha aprobado su tramitación como proyecto ley por el procedimiento de urgencia.

En concreto, el Congreso ha convalidado el decreto que da luz verde a las comunidades autónomas a ampliar las ayudas directas dentro del fondo de 7.000 millones a más sectores y a empresas con pérdidas en 2019 con un total de 294 votos a favor, ninguno en contra y con un total de 52 abstenciones.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sido la encargada de defender ante el Congreso el decreto, asegurando que "desde el primer momento" el Ejecutivo se planteó reconsiderar los sectores que pudieran cumplir con los requisitos fijados en el decreto aprobado en marzo y dotado con un total de 11.000 millones, de los que 7.000 millones corresponden a ayudas directas.

Así, en abril, el Gobierno dio luz verde, a través de otro real decreto, a la posibilidad de que las comunidades pudieran incluir nuevos sectores especialmente afectados en sus territorios, como es el caso del calzado y del vino en algunas regiones, además de empresas "viables" que hubieran registrado pérdidas en 2019 debido a "circunstancias excepcionales".

Como ejemplo de circunstancia excepcional, la ministra señaló el impacto de la quiebra de Thomas Cook en las empresas turísticas y particularmente en Canarias y Baleares.

Algunos de los grupos políticos del Congreso han transmitido a la ministra ciertas reticencias y críticas sobre la tardanza y complejidad de la puesta en marcha de estas ayudas.

En concreto, desde el Partido Popular, aunque han mostrado su voto favorable, han criticado que el decreto llega "tarde" y después de un anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso "y no como planificación por parte del departamento que dirige Calviño", mientras que Vox ha señalado que el decreto es "insuficiente, llega tarde y con procedimientos para su ejecución "lentos y farragosos".

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha señalado que el decreto llega "tarde y mal" respecto a otros países europeos, advirtiendo de que muchas empresas se han quedado por el camino, y desde Ciudadanos han criticado que el decreto ahonda en la desigualdad percibida en el decreto anterior entre comunidades.

PAÍS VASCO, NAVARRA, CEUTA Y MELILLA, NO HAN FIRMADO LOS CONVENIOS

Todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya han firmado los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha las ayudas directas de 7.000 millones destinadas a autónomos y empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.

Sobre esta cuestión, Idoia Sagastizabal (PNV) ha asegurado que en el caso de Euskadi se firmará el convenio, pero ha achacado este retraso a las peculiaridades del sistema de tributación, que había que homologar. Además, la diputada, aunque lo apoya, ha criticado que el decreto no haya sido consensuado previamente con los grupos políticos ni con las comunidades autónomas.

La ministra ha señalado, además, que el Gobierno ya ha transferido la parte correspondiente de los recursos a Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana, y en los próximos días se realizará el desembolso a Cataluña, Murcia, La Rioja, Andalucía y Cantabria.

El Ministerio de Hacienda remitió el pasado 15 de abril a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pidió que tramitaran la firma de dichos convenios con carácter de urgencia, aunque sin establecer una fecha límite para su rúbrica.

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS

En el decreto defendido este jueves por Calviño, el Gobierno también incluyó una medida para garantizar la liquidez de las empresas y agilizar los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y de Hacienda.

Es decir, la medida va a afectar a deudas que se derivan del reintegro o del reesembolso de ayudas o de préstamos que se conceden por la Administración General del Estado (AGE) y se distribuyen desde el ámbito territorial en las delegaciones correspondientes.

También afectará a deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda o a aquellas que se encuentran en periodo voluntario de pago o que se aplazan o se fraccionan previamente.

Para este tipo de deudas, se ha habilitado a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder un periodo de carencia de hasta dos años para el pago de obligaciones no tributarias y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición con la que el Gobierno "blindó" la presencia del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia.

La sentencia, que responde a sendos recursos de Vox y del PP de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento. El magistrado Cándido Conde-Pumpido ha anunciado un voto particular que se conocerá junto a la sentencia en los próximos días.

Tras la conformación del gobierno de coalición, el presidente Pedro Sánchez decidió en febrero modificar la composición de las comisiones delegadas, entre ellas, la que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para ello, aprobó un real decreto, pero fue recurrido por Vox ante el Supremo.

Tras ese recurso, el Ejecutivo decidió aprovechar en marzo el decreto de medidas económicas contra la pandemia para realizar una modificación de la ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y blindar ese cambio en la composición de la comisión de Asuntos de Inteligencia.

Para incluir a Iglesias en la comisión que controla al CNI, Sanchéz dio entrada a todos los vicepresidentes --hasta ahora solo estaba la vicepresidenta primera--. La modificación también contemplaba la inclusión del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un cargo que ahora ostenta Iván Redondo.

En concreto, la sentencia declara que el precepto adolece de un defecto formal determinante de su inconstitucionalidad, en cuanto su aprobación a través de la figura jurídica del decreto-ley vulnera los requisitos exigidos por la Constitución para la utilización de este instrumento legislativo.

Añade que el artículo 86.1 del texto constitucional señala que solo en "caso de extraordinaria y urgente necesidad" podrá el Gobierno dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes.

OBVIÓ EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

La sentencia considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento.

Acudiendo a una jurisprudencia consolidada en esta materia, la sentencia, de la que hoy sólo se ha avanzado una nota de prensa, pone de manifiesto que el Gobierno no justificó la extraordinaria urgencia de esta medida en el procedimiento de elaboración de la norma; ni la misma guarda coherencia con los motivos generales que determinaron la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, y que no se discuten.

El real decreto-ley contempla una serie de medidas de carácter económico, social y sanitario dirigidas a atender de forma inmediata las consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19, y no resulta posible determinar la conexión de sentido que pudiera existir entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia, y la modificación de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que propició la integración en la misma del entonces vicepresidente Segundo del Gobierno, siendo éstas las razones esenciales que determinan la infracción del mencionado precepto constitucional.

VOX LO CALIFICÓ DE "TRUCO"

Los recursos fueron presentados por el PP y Vox. El partido liderado por Santiago Abascal, que calificó de "truco" al método empleado para incluir al ya ex líder de Podemos en este órgano parlamentario.

El Consejo de Ministros ya aprobó en febrero de 2020 un decreto que regulaba los miembros de la comisión delegada del CNI para dar la oportunidad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incluir a los cargos de la Administración que considerase convenientes.

Ese decreto fue recurrido por Vox y posteriormente, según el recurso presentado ante el TC, el Gobierno trató de sortear ese recurso incluyendo la modificación de la composición de la comisión delegada del CNI en el decreto ley que recoge todas las medidas aprobadas la pasada semana por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias del coronavirus.

Defendía en el recuso resuelto este jueves por el TC que los decretos tienen que obedecer a una circunstancia "de extraordinaria y urgente necesidad", requisito que sí reúne el COVID-19 pero "en ningún caso una cuestión ajena a la crisis sanitaria como es la presencia del líder de Podemos en la Comisión del CNI".

La disposición adicional segunda incluida por el Gobierno, ahora declarada inconstitucional reza: "La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior, y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretaria".

El dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde estaba el pozo en el que cayó y falleció en enero de 2019 el pequeño Julen ha informado de la consignación de la indemnización que debía de varios meses a los padres, con el fin de poder evitar ir a prisión para cumplir la condena impuesta por un delito de homicidio con imprudencia grave por la muerte del niño.

El escrito, remitido este jueves por la defensa de David Serrano al Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, que mantiene suspendida la pena impuesta de un año de prisión, señala que este ha satisfecho ya el importe total de 200 euros, a razón de 50 euros mensuales, que no había abonado desde febrero pasado.

Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros. La prisión fue suspendida, por lo que no ha ingresado en la cárcel, aunque este beneficio está condicionado a cuestiones como el pago de la responsabilidad civil, de la que inicialmente abonó 25.000 euros.

Posteriormente, en diciembre pasado, la Fiscalía y la familia de Julen pidieron la revocación del beneficio de la suspensión de la condena y el ingreso en prisión "inmediato" del condenado, al no haber pagado varias mensualidades de la indemnización. Ante eso, la defensa del condenado consignó judicialmente la cantidad de 500 euros por las deudas de su cliente.

En ese momento, el magistrado acordó mantener la suspensión de la pena de prisión, al considerar que lo sucedido "no debe conllevar la revocación del beneficio", aunque advirtió a Serrano de su posible revocación si se producían nuevos impagos de la indemnización que debe pagar a los padres y si no informaba de su situación económica al juzgado.

La pasada semana, el juzgado emitió una resolución, en la que se indicaba que examinada la cuenta de consignaciones, se ha comprobado que el penado había "incumplido" la obligación de abono de la responsabilidad civil desde el mes de febrero, según la información adelantada por el Diario 'SUR'.

En dicha diligencia de ordenación, se acuerda "iniciar nuevamente el trámite de revocación de la suspensión" y dar traslado a las partes para que se pronuncien al respecto y en el caso del fiscal para que emita un informe. La abogada de los padres ya se ha manifestado, según han apuntado fuentes judiciales, instando a la revocación de la suspensión de la condena.

Por su parte, la defensa del condenado se opone a dicha revocación en el mismo escrito en el que informa de que se ha realizado el pago del importe total de 200 euros. El letrado Antonio Flores, del despacho LawBird Legal Services, que representa a Serrano, ha señalado que han aportado lo que el cliente les traslada y entienden "que debería quedarse aclarado" el asunto.

Con todos los pronunciamientos que emitan las partes personadas en este caso el magistrado deberá tomar una decisión respecto a la continuación o no del trámite para revocar el beneficio de la suspensión del ingreso en prisión de Serrano.

Un total de 170 temporeras marroquíes contratadas en origen para la campaña agrícola de Huelva espera su repatriación "por razones humanitarias" a Marruecos, después de que el viaje haya sido suspendido por el Gobierno alahuita "sin razón concreta".

Según informa la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en nota de prensa, el pasado 21 de abril estaba previsto "con todas las medidas administrativas y sanitarias en regla", el retorno de 80 trabajadoras de la campaña de frutos rojos que debían ser repatriadas a Marruecos "por razones humanitarias, algunas de gravedad" por "razones de salud, nacimiento de hijos o fallecimiento de familiares en Marruecos", pero que "vieron imposible el retorno sin una razón concreta".

Desde entonces, la organización ha indicado que "las necesidades de repatriación han aumentado hasta 170 personas" y que "el Gobierno de Marruecos no ofrece aclaraciones sobre el motivo de la suspensión ni ofrece una nueva fecha para el viaje de vuelta de estas trabajadoras".

En este punto, UPA Huelva ha trasladado "su incertidumbre y preocupación" al respecto, "dado que las trabajadoras necesitan volver a sus hogares con sus familias y no pueden por circunstancias ajenas a ellas, a los empresarios y al Gobierno de España", por lo que considera necesario que el Gobierno de Marruecos se pronuncie" y ofrezca soluciones a sus compatriotas".

Así, según han indicado desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, ya se está trabajando para solventar esta situación, mientras que desde UPA han solicitado al Cónsul de Marruecos una reunión urgente para abordar este tema. Asimismo se ha hecho extensiva la solicitud de reunión al secretario de Estado de Migraciones, Jesús Pera Cortijo, "por su competencia en la materia por parte del Gobierno de España".

La organización agraria ha trasladado a ambas administraciones que, a finales de mayo, comenzará el retorno escalonado de la totalidad del contingente y que "debe organizarse y coordinarse con una antelación adecuada", por lo que, asevera, "la falta de noticias al respecto está generando inseguridad tanto entre las personas trabajadoras como entre los empresarios".

En este sentido, UPA Huelva ha solicitado tanto al cónsul como a la Dirección de Migraciones del Gobierno de España "la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que el retorno de las trabajadoras sea efectivo en las fechas previstas como en cada campaña" y "evitar escenarios como el vivido la campaña pasada con el cierre de fronteras con Marruecos debido al Covid-19".

Finalmente, UPA apela "a la sensibilidad del Gobierno marroquí con sus súbditos que están trabajando en la campaña agrícola bajo el sistema de contratación en origen", y espera "que se ponga solución urgente al retorno inmediato de estas 170 trabajadoras".

Cabe recordar que a día de hoy se encuentran en la provincia 12.725 trabajadoras de contratación en origen para la campaña de las fresas y los frutos rojos de Huelva.

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha reconocido este jueves que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le advirtió de antemano durante su visita a Moscú del pasado febrero de que si mencionaba el tema del opositor Alexei Navalni él le sacaría Cataluña.

Borrell realizó a principios de febrero una controvertida visita a Moscú, por la que fue muy criticado antes y después de la misma. En su rueda de prensa conjunta con Lavrov, el jefe de la diplomacia europea pidió a Rusia la liberación de Navalni y una investigación independiente sobre el envenenamiento que sufrió el pasado verano.

Ante estas palabras, el ministro de Exteriores ruso le replicó aludiendo casos de abusos policiales vividos en la UE y Estados Unidos y sacó a la palestra la situación de los presos independentistas como ejemplo de "decisiones judiciales motivadas políticamente".

Los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica hayan fallado en contra", afeó Lavrov. "Ante esto, España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos de Occidente en términos de reciprocidad", agregó.

Borrell ha explicado ahora en un encuentro organizado por el Real Instituto Elcano en Madrid lo que había ocurrido antes de esa tensa rueda de prensa.

NO FUI A MOSCÚ A HABLAR DE JUNQUERAS

"Lavrov me advirtió que 'si sacas a Navalni te voy a sacar el tema de Cataluña para demostrar que tienes problemas internos de Derechos Humanos y libertades'", ha indicado, defendiendo que él no había viajado a Moscú para "discutir si la situación del señor (Oriol) Junqueras, que estaba haciendo campaña electoral en ese momento, era la misma que la de Navalni", quien "se arriesga a muchos años de régimen penitenciario bastante distinto".

"Rusia no acepta que se le planteen los temas de Derechos Humanos, en este caso Navalni, porque para el régimen de (Vladimir) Putin es una cuestión existencial", ha justificado el exministro de Exteriores, que ha defendido nuevamente su decisión de viajar a Moscú en aquel momento.

Así, ha dicho que optó por el viaje porque quería trasladar a Rusia "abiertamente" el rechazo europeo a lo que estaba ocurriendo con Navalni. "Ir allí a decírselo a la cara evidentemente no iba a salir gratis", ha reconocido.

Desde entonces, ha añadido, ha habido nuevos contactos lo que demuestra que pese a los "encontronazos" en determinadas cuestiones, como puede ser Bielorrusia o Navalni, en las que "nuestras discrepancias no van a desaparecer", en otras "queremos cooperar".

HAY QUE EVITAR EL ENQUISTAMIENTO CON RUSIA

El jefe de la diplomacia europea ha reconocido que el intercambio de sanciones ha hecho "más difícil" la relación con Rusia, "pero no debe conducirnos al enquistamiento", ha sostenido. Hay cuestiones en las que la UE deber "mostrar firmeza absoluta porque algunos países ven en Rusia una amenaza absoluta". "Es un equilibrio difícil pero en él tenemos que vivir", ha remachado.

En cuanto a Bielorrusia, ha dicho que comprende que la oposición se sienta frustrada porque el apoyo que les brinda la UE no haya conseguido cambios, pero ha insistido en que hay que ser conscientes de lo que el bloque puede hacer que es mantener la presión sobre el régimen de Alexander Lukashenko, imponer sanciones --hay una tercera ronda en preparación-- y apoyar a la sociedad civil. "A veces se pide a la UE cosas que no puede hacer", ha lamentado.

La Red de ONGD de Madrid ha demandado este jueves al próximo Gobierno de la Comunidad una solución global a la actual crisis, "para no dejar a nadie atrás", y que apueste por la Cooperación Internacional para el Desarrollo "como una herramienta esencial para salir de la crisis sanitaria con una mirada global".

A su juicio, el nuevo Gobierno debe avanzar hacia la construcción de una sociedad madrileña "basada en un sistema sólido de protección social que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas y comprender que el carácter global y sistémico propio de esta pandemia, así como de la crisis generada, obliga también a las instituciones públicas a dar respuesta más allá de nuestras fronteras, movilizando los recursos necesarios para ello".

Por ello, la Red solicita que retomen los procesos paralizados por estas elecciones, impulsando la puesta en marcha de la Agenda 2030 y agilizando los trámites para la aprobación de unos presupuestos regionales expansivos y sociales "que permitan atender la necesidades de la población madrileña más vulnerable, acoger con generosidad a quienes solicitan acogimiento y refugio en nuestra región y cumplir con nuestros compromisos internacionales de cooperación con los países empobrecidos que están sufriendo con más severidad los impactos de las crisis".

"El impacto que la extensión de la emergencia sanitaria está suponiendo en los países empobrecidos está siendo catastrófico, con consecuencias mucho más graves para las personas en situación de mayor vulnerabilidad", añaden.

Por ello, la Red de ONGD de Madrid creen que las medidas de salida post-crisis deben enmarcarse en la formulación de políticas sociales públicas con financiación suficiente de ámbito regional, nacional e internacional, coherentes entre sí y con las metas del desarrollo sostenible recogidas en la Agenda 2030.

"La Agenda 2030 pone claramente de manifiesto que todos los países tienen responsabilidades en los desafíos del desarrollo mundial y la Comunidad de Madrid debe ser partícipe de esa corresponsabilidad, como así lo ha demostrado en los últimos años en los que ha mantenido la Cooperación Internacional dentro de su acción política, ha impulsado espacios de participación social, como el Consejo de Cooperación, y ha dado pasos hacia la aprobación de un Plan General de Cooperación al Desarrollo en nuestra comunidad", apuntan.

La Red considera con la llegada de los fondos europeos para la recuperación (los llamados NextGenerationEU) la Comunidad de Madrid tiene la oportunidad de ampliar la mirada global en la respuesta a la crisis. "Una salida justa a la misma implica una gestión eficiente de dichos fondos y debe comenzar por el fortalecimiento de las políticas sociales públicas, entre las que se incluye la cooperación internacional para el desarrollo que es, también, competencia de gobiernos locales y regionales", concluyen en un comunicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la anulación al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) de Barcelona de 2017 al no admitir a trámite el recurso de casación que el consistorio interpuso contra la sentencia que lo anulaba por inexistencia de evaluación económica y financiera.

Según ha anunciado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, el plan sigue vigente porque el consistorio aprobó inicialmente en enero de 2020 una actualización del Peuat, incorporando las modificaciones que alegaba la sentencia, por lo que ha insistido en que "las prohibiciones y limitaciones que fijaba el Peuat de 2017 siguen vigentes" en base a la nueva aprobación.

El plan marca que no se podrán ampliar ni abrir nuevos establecimientos en el centro de la ciudad, que no se podrá aumentar el número de viviendas de uso turísticos y que un establecimiento no podrá sustituir viviendas existentes.

Según el Ayuntamiento, la actualización aprobada inicialmente y la correspondiente suspensión de licencias impiden que se tramite ningún proyecto contrario a su normativa, de manera que "en ningún caso se pone en duda la columna vertebral ni los principios básicos que rigen el plan".

"SENTENCIA DISCUTIBLE"

Sanz ha valorado que es una "sentencia discutible" porque ha asegurado que tiene contradicciones jurídicas, pero ha reconocido que era un riesgo que contemplaban porque los recursos de casación se admiten pocas veces, en sus palabras.

"Cuando innovas y cambias las reglas del juego y planteas propuestas para ganar autonomía municipal sabes que habrá un riesgo y que habrá debate jurídico", ha apuntado.

A pesar de eso, ha defendido que el Peuat ha cumplido con los objetivos previstos: "Nos ha salvado del colapso turístico", porque se ha limitado el crecimiento hotelero en ámbitos saturados --como Ciutat Vella, Gràcia y Eixample-- y se han extendido a otras zonas como Nou Barris, Sant Andreu, Les Corts o el 22@, ha explicado.

"Ninguna sentencia nos dice que no podemos hacer un Peuat. Ni que no tenemos competencia para hacerlo. Ni que tenemos que pagar nada", ha señalado Sanz, que ha insistido en que el Ayuntamiento tiene competencia para realizar estos planes.

En este sentido, ha remarcado que el plan cuenta con una mayoría política que lo aprobó, por lo que ha asegurado que la ciudad tiene un Peuat "que no está en duda", y ha explicado que la nueva actualización se encuentra en fase de exposición pública y pendiente de su aprobación definitiva en el plenario.

ERC Y CS PIDEN UN PEUAT "FIRME"

Para el grupo municipal de ERC, la situación con el Peuat representa "un nuevo ejemplo de la incapacidad del Gobierno de los comuns y el PSC de ofrecer respuestas adecuadas y bien hechas para la ciudad", a los que les ha reprochado quedarse en el terreno superficial en sus propuestas.

Por su parte, la líder de Cs en el consistorio, Luz Guilarte, ha reclamado al Gobierno municipal "que no sigan perdiendo más tiempo en proyectos sectarios e ideológicos" y les ha instado a aprobar un nuevo Peuat en criterios técnicos para que dé respuesta a la nueva situación socioeconómica.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de Plasencia, han investigado al conductor de un vehículo que, el pasado día 20 de abril, causó un accidente de circulación en Valverde de la Vera (Cáceres), en el que dejó heridas a dos personas y abandonó el lugar antes de la llegada de los efectivos de este cuerpo.

La labor realizada por los agentes ha permitido su identificación y posterior investigación como supuesto autor de los delitos de quebrantamiento de condena, conducción careciendo de puntos, abandono del lugar del accidente y dos delitos de lesiones por imprudencia grave.

Los hechos se produjeron en la noche del pasado día 20 de abril, cuando se registró un siniestro vial en la carretera EX-203 (Plasencia-límite provincia con Ávila), en el término municipal de Valverde de la Vera (Cáceres), consistente en un choque frontal entre dos vehículos, en el que resultaron heridas dos personas de carácter leve.

El conductor, supuesto causante del accidente, se ausentó del lugar dejando el vehículo abandonado antes de que llegara la Guardia Civil, ha apuntado este cuerpo en nota de prensa.

Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una investigación que finalmente ha permitido la plena identificación y localización del supuesto autor de los hechos quien, tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

El conductor ha sido investigado por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, castigado con una multa de 12 a 24 meses y otro contra la seguridad vial por conducir el vehículo con una pérdida de vigencia del permiso de conducir, por pérdida total de los puntos asignados, el cual tiene prevista una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de comunidad de 31 a 90 días.

También por un tercer delito contra la seguridad vial por abandono del lugar del accidente, penado de 6 meses a 4 años de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor de 1 a 4 años y, además, por dos supuestos delitos de lesiones por imprudencia grave, los cuales llevan aparejados, cada uno, una pena de 3 a 6 meses de prisión o multa de 6 a 18 meses y la privación de conducir vehículos a motor de 1 a 4 años.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Castilla y León suma 237 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 231.352, al tiempo que registra cuatro nuevas víctimas mortales, así como un total de 29.687 altas médicas, de ellas 34 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas hoy registran cuatro nuevos fallecimientos en hospitales, con lo que eleva la cifra de defunciones en estos centros hasta 5.724.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 341 --15 menos que en la jornada anterior-- y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 1.895 --82 menos--. De ellos, Ávila contabiliza 21 brotes --dos menos--; Burgos, 70 --seis menos--; León, 59 --cuatro menos--; Palencia, 25 --sin variación--; Salamanca contabiliza 42, dos menos; Segovia, 35 --dos menos--; Soria, 14 --dos menos--; Valladolid suma 52, cuatro más, y Zamora 23, uno menos que el día anterior.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 231.352 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 237 en la última jornada. De ese total, 224.552 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

BURGOS, A LA CABEZA CON 70 NUEVOS CASOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos han notificado en esta jornada, con 70 nuevos casos para sumar 35.699; le sigue Valladolid, con 46 nuevos positivos y 51.044 totales; León, con 35 y 40.197 totales; Salamanca, con 33 y 32.109 acumulados; Segovia, con 17 y 17.372 globales; Zamora, con 14 nuevos positivos para un total de 13.383; Ávila con nueve nuevos y 12.617 acumulados; Palencia, que suma 8 para un total de 19.108; y Soria, con cinco nuevos y 9.829 totales.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 5.724, cuatro más, registrados en las provincias de Burgos, León, Valladolid y Zamora. Así, la provincia vallisoletana es la que suma más muertes, con 1.163; seguida por León, con 1.149; Salamanca, que tiene 837; Burgos, 705; Palencia, 446; Zamora, con 431; Segovia, con 367; Ávila, con 340, y Soria, con 286.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 29.687, de las que se han computado 7.243 en Valladolid; 5.131 en León; en Salamanca, 4.085; en Burgos, 4.089; en Palencia, 2.240; en Zamora, 1.938; en Segovia, 1.895; en Ávila, 1.758, y en Soria, 1.308.

BAJAN LAS HOSPITALIZACIONES

En cuanto a las hospitalizaciones, a día de hoy hay un total de 364 hospitalizados, 19 menos que ayer. De estos pacientes, 242 se encuentran en planta --18 menos que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se sitúan en 122, uno menos.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y suponen un 37 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, sin variación con respecto a la jornada anterior.

Así, se informa de 21 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos; 17 en el Clínico de Valladolid; 13 en el Complejo Asistencial Universitario de León; doce en el Río Hortega de Valladolid; once en el complejo de Segovia; diez en el Hospital El Bierzo; nueve en los complejos de Palencia y Salamanca; siete en Ávila y Soria; y seis en el de Zamora.

El 36,7% de los catalanes es partidario de un Estado que reconozca a las comunidades la posibilidad de convertirse en Estados independientes, mientras que hay un 18,6% que preferiría un sistema en el que las comunidades tuvieran más autonomía y también un 18,4% para el que no hay que hacer cambio alguno en esta materia.

Así se desprende de la encuesta poselectoral de los comicios catalanes del pasado 14 de febrero realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se ha hecho pública este jueves.

Tras aquellos comicios, el CIS también preguntó sobre la posibilidad de un "Estado con un único Gobierno central, sin autonomías", opción que respalda el 10% de las personas entrevistadas. Además, hay un 7,5% que se decanta por comunidades con menos autonomía.

Cruzando estos datos con los del recuerdo de voto en las elecciones del 14 de febrero, se comprueba que una consulta para la independencia es la opción preferida para el 92,2% de los votantes de Junts, el 86% de los de la CUP y el 77% de los de ERC. Entre los votantes del PSC, es una opcion defendida por el 6%.

La posibilidad de dotar de más autonomía a Cataluña triunfa entre los votantes de En Comú (43%), en los que esta fórmula es la mayoritaria. También la comparte el 28% de los del PSC, aunque entre los votantes de Salvador Illa la opción mayoritaria, apoyada por el 38,5%, es la de no hacer cambios en el modelo autonómico, una cifra que se queda en el 31% en el electorado de Cs.

En Vox, la mitad de sus votantes se decanta por un Estado sin autonomías, lo que también ve bien el 23,7% de los del PP, el 15,6% de los de Cs y el 10,5% del PSC. En todo caso, la opción preferida entre los votantes 'naranjas' y 'populares', con un 40 y un 33%, respectivamente, es quitar competencias a las autonomías.

42,5% TAN ESPAÑOL COMO CATALÁN

Por otra parte, en la encuesta se refleja que son mayoría (42,5%) los catalanes que se sienten tan español como catalán, seguidos del 21,4% que dice sentirse más catalán que español. Sólo un 13,7% se siente únicamente catalán, por un 8,3% que se siente sólo español. Además, hay un 5,6% que asegura ser más español que de esa comunidad autónoma.

El CIS también ha querido medir el nivel de "nacionalismo catalán" de las personas consultadas. Un 24,1% se sitúa en el "mínimo grado de nacionalismo", frente a un 11% que se coloca en el "máximo". En el punto medio figura un 17% de los entrevistados.

El 49,2% de los catalanes cita la independencia de Cataluña como el tema más debatido durante la campaña electoral, muy por encima del coronavirus, que se queda con un 10,3% de menciones.

La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) que representa a más de 1.500 familias acogedoras, se ha dirigido a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para pedirle que inste a las comunidades autónomas a priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial, de forma que los más de 23.000 niños, niñas y adolescentes que crecen actualmente en residencias, puedan ejercer su derecho a vivir dentro de una familia.

Según ASEAF, desde la reforma de la ley de 2015 que elevó el acogimiento familiar a requerimiento legal, los menores que crecen en residencias en España han aumentado en un 70%, hasta alcanzar los 23.209 en 2019, mientras que los que viven con una familia acogedora han disminuido en un 4%, situándose en 19.320.

Esto ocurre a pesar de que la ley dispone que "prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis años salvo en supuesto de imposibilidad, debidamente acreditada". A finales de 2019, en España había 1.300 niños y niñas menores de 6 años creciendo en residencias, según precisa la asociación.

La petición de ASEAF, que lanzan con motivo del Día Internacional de la Familia que se celebra este sábado 15 de mayo, está en línea con la recomendación que viene realizando desde hace 20 años el Defensor del Pueblo en sus informes anuales.

En el último de ellos, la institución avisa de que el cambio a un modelo en el que prevalezca el acogimiento familiar aún "no se ha producido". También desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de los Derechos del Niño mostró en 2018 su preocupación por el elevado número de niños en atención residencial.

"Las familias acogedoras, tanto ajenas como extensas, hacemos un llamamiento al Gobierno y a la sociedad civil para que, cuanto antes, se pongan en marcha las instituciones responsables de la infancia, con el objetivo de que los más de 23.000 niños, niñas y adolescentes que hoy crecen en una residencia en España ejerzan su derecho a vivir en una familia", ha subrayado la presidenta de ASEAF, María Arauz de Robles.

MÁS APOYO A LAS FAMILIAS QUE ACOGEN

En esta misma línea, Aldeas Infantiles SOS ha expresado su reconocimiento a la "imprescindible" labor social que realizan las familias acogedoras y reclama para ellas el apoyo y los recursos necesarios para que puedan llevar a cabo su labor y garantizar el bienestar de todos los menores que crecen bajo esta medida de protección.

La organización recuerda que ante la retirada de la tutela de un niño a sus padres, la primera medida de cuidado alternativo recomendada por la Ley del Menor es el acogimiento familiar y, si es posible, en familia extensa (abuelos u otros familiares).

Sin embargo, la ONG precisa que, mientras el número de niños privados del cuidado parental ha crecido en España un 18% en los últimos cinco años, pasando de los 42.628 niños que había en 2015 a los más de 50.000 de 2019, el acogimiento familiar ha descendido. Según precisa, en la actualidad, de cada 100 niños y niñas que crecen separados de sus padres, 65 lo hacen bajo la modalidad de acogimiento residencial, a pesar de que la ley recomienda lo contrario.

Aldeas Infantiles SOS subraya que el acogimiento familiar tiene carácter temporal y que su función nunca pasa por suplantar a la familia de origen, sino por apoyar y facilitar la reintegración del niño con la misma. "Las familias de origen forman parte inexcusable del contexto de acogimiento de todo niño y también una posibilidad en su futuro; y por ello, su participación no es solo un derecho, sino un deber y una responsabilidad", apunta.

Por ello insisten en la importancia de que las familias acogedoras cuenten con el apoyo y con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor. En este sentido, Aldeas Infantiles SOS, a través de sus programas de Apoyo al Acogimiento Familiar, trata de acompañar y asesorar a las familias en todo este proceso, ofreciendo pautas de crianza basadas en el buen trato a la infancia y promoviendo la buena relación entre el niño y las dos familias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirma que el Ministerio de Sanidad y Consumo contempla una modificación del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS) para convertir en estructurales aquellas plazas que lleven más de dos años concatenando contratos temporales, tal y como reclama sindicato.

En una reunión de la mesa del Ámbito, el Ministerio se ha mostrado abierto a esta iniciativa, que se concretaría en una modificación del artículo 9.3 del Estatuto Marco. Asimismo, señala el sindicato que Sanidad estudia una modificación del artículo 37.2 de la misma norma con el fin de establecer concursos de movilidad permanente, "una demanda histórica del personal del SNS".

Por el momento, Sanidad se ha comprometido a realizar un estudio pormenorizado sobre la situación del personal del Sistema Nacional de Salud para conocer las cifras exactas y el alcance de la temporalidad, así como del desarrollo de las ofertas de empleo público y de consolidación de plazas, como también ha pedido CSIF.

También, tal y como ha reclamado CSIF de manera reiterada, el Ministerio discutirá con las comunidades autónomas el establecimiento de sanciones a aquellas administraciones que abusen de la temporalidad, en línea con las recomendaciones del Tribunal Superior de Justicia de la UE.

"Desde CSIF valoramos de manera positiva esta reunión, si bien esperaremos a su concreción por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, departamento del que depende la solución del problema de la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas. Para nuestra organización, tal y como hemos hecho constar en la reunión con el Ministerio, la solución a la temporalidad debe extenderse a todas las categorías del SNS", señalan en un comunicado.

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO

Por otro lado, denuncia que el sector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales destruyó un total de 14.582 empleos en el primer trimestre del año (9.547 en enero, 1.778 empleos en febrero y 3.257 en marzo). Para CSIF, "resulta indignante" que se haya prescindido de efectivos durante tres meses consecutivos, de los peores meses de la pandemia, en los que se volvieron a disparar los contagios, la presión hospitalaria, con las UCI al límite y la segunda cifra más alta de fallecidos en lo que va de crisis sanitaria. "Esta situación es fruto de la precariedad en el empleo y de la temporalidad", añaden

CSIF ha presentado un plan de refuerzo para el conjunto de las administraciones públicas para reforzarlas con 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años. La Sanidad, en concreto, requiere un plan adicional con 289.235 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararnos a la media de la Unión Europea.

Asimismo, recuerdan que España cuenta con 3 camas de hospital por cada mil habitantes, frente a las 5 de la media UE o las 8 de Alemania, con lo que conlleva de personal. La sanidad tiene un problema de personal estructural, tanto de médicos como de Enfermería, de tal manera que se han tenido que adoptar medidas como la contratación de médicos extracomunitarios sin título homologado, estudiantes en el último año de grado o la movilidad forzosa.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, ha celebrado la aprobación en el Consejo de Gobierno de este jueves de la Estrategia Regional frente al Reto Demográfico y la Lucha contra la Despoblación 2021-2027 como instrumento "fundamental" para fijar la población en Cantabria con medidas "pioneras".

Así, Fernández ha subrayado en un comunicado que el objetivo del Gobierno de Cantabria está centrado en que "cualquier cántabro, viva donde viva, tenga iguales derechos y oportunidades" por lo que, en su opinión, las medidas que incluye el documento son el resultado del trabajo "siliente, pero importante" que lleva realizando la Comunidad Autónoma para que se puedan implementar en el territorio y tengan el objetivo "real" de cambiar la dinámica actual y contribuir a incrementar la población.

En este sentido, la consejera ha recordado que en Cantabria preocupan algunas zonas que partían ya de densidades de población bajas y que, además, en los últimos años han sufrido una pérdida de población "importante", lo que, a su juicio, da lugar a cambios económicos y sociales y plantea "graves dificultades" en el acceso a los servicios públicos básicos, que se van reduciendo ante el descenso de población.

Es por ello que, según ha insistido, esta situación "únicamente se puede revertir mediante la atracción a estos municipios de nuevos vecinos para desarrollar actividades productivas, formar familias y contribuir a asegurar el relevo generacional".

La consejera ha puesto en valor los diferentes hitos que se han desarrollado hasta ahora, entre los que se encuentran situar la fijación de población en el medio rural y la lucha contra el despoblamiento en los municipios más rurales como eje transversal en agenda política del Gobierno; constituir el Consejo Asesor para la Lucha contra el despoblamiento, como órgano que coordina e impulsa la labor en la que está representado todas las consejerías del Gobierno y sectores y colectivos implicados; desarrollar un mapa de municipios en riesgo de despoblamiento para "tener claro donde actuar y centrar las políticas de discriminación positiva", y aprobar hoy la estrategia que permita seguir "una hoja de ruta, muy clara ya".

ACCIONES DE LA ESTRATEGIA

Entre los principales ejes de la estrategia se encuentra la dinamización, consolidación y crecimiento del tejido productivo en el medio rural, que incluye incorporar la innovación al tejido productivo en el medio rural y desarrollar el programa 'Retorno del Talento interno', para facilitar a los titulados cántabros el retorno a las zonas rurales escasamente pobladas, fomentando su contratación, su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional.

Por otro lado, se contempla el fomento de la cotitularidad de las mujeres en las explotaciones del sector primario y el impulso de la bioeconomía y de las energías renovables en las instalaciones agrícolas y ganaderas.

El documento también apuesta por garantizar servicios públicos de calidad. En Educación, apuesta por adecuar las ratios a las zonas despobladas, mejorar la red de transporte escolar o garantizar la apertura de colegios rurales.

En Sanidad, quiere potenciar la atención primaria y los servicios de proximidad en las zonas rurales despobladas, establecer un programa de incentivos económicos y de carrera profesional para los profesionales de la medicina en el ámbito rural despoblado, garantizar el servicio de atención farmacéutica en las zonas rurales afectadas de despoblación o desarrollar las UVIS móviles.

En Servicios Sociales, pretende desarrollar una red de viviendas para personas mayores autónomas con el objeto de favorecer la permanencia en su entorno, ampliar la cobertura del servicio público de Teleasistencia y de Ayuda a Domicilio en el ámbito rural e incrementar las ayudas para accesibilidad.

Asimismo, pretende fomentar el transporte combinado y colaborativo -escolar, laboral, de viajeros, etc.- y diseñar un transporte sanitario por agrupación de personas.

Por otro lado, la estrategia incluye mejorar la seguridad fomentando el asociacionismo municipal para la prestación de servicios de policía local y la colaboración de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con aumento de efectivos de la Guardia civil.

En cuanto a las infraestructuras, se contempla un estudio pormenorizado de sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas de cada núcleo rural despoblado y ubicar cajeros automáticos en los municipios.

También se quiere fomentar la rehabilitación y reutilización de viviendas y edificios y dar ayudas para la adquisición de vivienda para jóvenes que fijen su residencia en las zonas despobladas, así como implantar la conectividad digital de banda ancha rápida y ultrarrápida y móvil y fomentar el uso de las energías renovables para la producción de energía desde las infraestructuras agro ganaderas.

En el ámbito de ocio y cultura el documento incluye el fomento del servicio de bibliotecas, de bibliobús y programas de envío a domicilio, y la potenciación de circuitos artísticos y mayor descentralización de la oferta cultural.

En la parte económica, contempla deducciones de la cuota del IRPF y el establecimiento de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Por último, plantea facilitar, simplificar y agilizar los trámites de planeamiento urbanístico de los pequeños municipios y las posibilidades de desarrollo de las poblaciones de la región para luchar frente a la despoblación, así como blindar el Fondo de Cooperación Municipal en al menos 15,2 millones de euros para el apoyo a la prestación de servicios básicos en el medio rural.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado que "España mire hacia el interior" y dedique los fondos de recuperación de la UE para equilibrar territorios y afrontar el problema de la despoblación.

Mañueco se ha pronunciado de este modo en Albarracín (Teruel) tras reunirse con los presidentes autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, con quienes se ha escenificado un nuevo pacto denominado 'Declaración de Albarracín', en virtud de la cual reclamarán al Gobierno estatal que las ayudas que la Unión Europea dispensará para atajar la despoblación no se queden sólo en Cuenca, Teruel y Soria y puedan extender su radio de acción más allá de sus límites provinciales, beneficiando también a otros territorios colindantes y en la misma situación de baja densidad de población.

Así, Fernández Mañueco ha destacado el trabajo realizado por los tres gobiernos para avanzar en la búsqueda de soluciones ante este problema estructural que se centra en tres provincias concretas en este caso como son Soria, Cuenca y Teruel. "Esto es un compromiso con las personas, estamos comprometidos los tres gobiernos en afrontar la despoblación, es un objetivo compartido y una preocupación compartida", ha defendido el presidente de Castilla y León.

En este punto, Mañueco ha defendido que el Acuerdo de Albarracín rubricado este jueves es un "paso fundamental" con el objetivo de que "España mire hacia el interior". "Los fondos de la UE deben servir para equilibrar las políticas públicas en el territorio", ha defendido.

El presidente de Castilla y León ha explicado que esta declaración es "una llave para abrir las puertas de las ayudas" a Teruel, Soria y Cuenca con esa reducción del 20 por ciento de costes laborales anuales de las empresas que se instalen en estas provincias.

Ahora, el siguiente paso es que el Gobierno de España acelere los plazos para poder acceder a este régimen y mejorar así la implantación de empresas en zonas adyacentes, ya que "es justo que estas empresas tengan facilidades para invertir y crear empleo" de cara a "fijar población".

Fomentar la incorporación de familias al mundo rural mejorando la prestación de servicios es otra de las propuestas blindada por los tres presidentes, según ha dicho Fernández Mañueco, quien ha añadido la necesidad de buscar herramientas para apuntalar el "compromiso" con las zonas despobladas.

En su opinión, es "crucial" que ahora la Unión Europea apuesta junto a las regiones afectadas contra el problema de la despoblación, un objetivo que "tiene que estar presente" en todos los planos políticos en el corto y medio plazo, también en la Conferencia de Presidentes.

La financiación autonómica y el nuevo modelo "tiene que tener presente, como objetivo de país", las diferencias entre las zonas despobladas y las grandes ciudades.

"Las tres comunidades hemos demostrado nuestro compromiso con España. Hemos dado lo mejor de nuestro territorio. La vida de personas que se han desplazado a otras ciudades para construir nuestro país. Ahora necesitamos que España mire hacia el interior y que apuesta por el mundo rural", ha reivindicado Fernández Mañueco. Con todo, exige que los fondos europeos vengan a "equilibrar" los territorios.

Por último, ha defendido que el compromiso en la lucha contra la despoblación es "irrenunciable" para la Junta de Castilla y León. "Debemos ir a elementos concretos sobre servicios públicos básicos", ha aseverado, tras lo que ha considerado "irrenunciable" la apuesta por la digitalización.

Los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, Javier Lambán, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page, respectivamente, han escenificado un nuevo pacto a tres bandas, en este caso con la despoblación de fondo, blindando la denominada Declaración de Albarracín, en virtud de la cual reclamarán al Gobierno estatal que las ayudas e incentivos fiscales que la Unión Europea dispensará para la instalación de empresas en Cuenca, Teruel y Soria puedan extender su radio de acción más allá de sus límites provinciales, beneficiando también a territorios colindantes y en la misma situación de baja densidad de población.

Este pacto ha quedado rubricado tras un acto protagonizado por los tres líderes autonómicos en la localidad turolense de Albarracín, dentro de una estrategia europea que plantea reducir en un 20% los costes laborales de las empresas que operen en estas tres provincias que ahora estos tres gobiernos quieren arrastrar a más territorios.

En el caso de Aragón, Lambán ha considerado que estos incentivos pueden beneficiar también a comarcas de Daroca, Belchite, el Aranda, incluso Calatayud; mientras que García-Page ha apuntado que las comarcas de Molina de Aragón o Sigüenza podrían conseguir acceder a esta consideración en el caso de Castilla-La Mancha.

PETICIONES A TERESA RIBERA

Javier Lambán ha explicado que las tres regiones han trabajado conjuntamente de cara a la Conferencia Sectorial que este viernes tendrá lugar con todos los gobiernos y el Ministerio de Transición Ecológica para abordar las 130 medidas para hacer frente contra la despoblación.

Proponen una reunión con las ocho regiones que trabajan más intensamente contra este problema --Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura--, comunidades que trabajaron en el Foro por el Reto Demográfico y que ya han mantenido varias reuniones.

Así, este viernes reclamarán a Teresa Ribera una reunión con todos estos actores para buscar soluciones a esta problemática, donde van a plantear igualmente que "gran parte del trabajo ya está hecho", apuntando que todas las regiones participantes "ya han hecho normas y leyes y cuentan con una serie de medidas ya adoptadas que permiten decir que hacer frente a la despoblación no está pendiente de comenzar".

Otra sugerencia que elevarán en el foro de este viernes es mejorar la financiación autonómica de cara a implementar herramientas para atajar la despoblación. "Aquí, una plaza escolar o sanitaria cuesta a veces dos, tres o cuatro veces más que en Madrid", ha reivindicado Lambán.

Sobre la Política Agraria Común, propondrán "ir hacia una eliminación a medio plazo de la cobranza si no se vive en el pueblo correspondiente".

Fomentar la implantación de energías renovables será otro de los mimbres a exponer ante el Ministerio de Transición Ecológica de cara a "fomentar el desarrollo de las comunidades autónomas" donde se implantan. Que la energía que se instale en estas regiones sirva para impulsar el desarrollo de estas regiones", ha precisado, proponiendo igualmente beneficios en el consumo eléctrico de los vecinos de pueblos con instalaciones de este tipo.

La guerra contra las macrogranjas de cerdos también estará presente en la batería de peticiones a exponer a Teresa Ribera; a lo que se sumado la necesidad de "revisar conceptos" de cara a no usar el término 'España vaciada'. "El vaciamiento requiere relleno. Hay que pensar en los paradigmas de la economía y los recursos del mundo rural", ha señalado, apuntando que "no tiene sentido situar la batalla bajo el epígrafe de Reto Demográfico.

El reto, considera, pasa por el envejecimiento de la población, por lo que propone introducir esta perspectiva para ahondar en las políticas que redunden en revitalizar el mundo rural.

MAÑUECO PIDE A SÁNCHEZ "USAR LA LLAVE Y ABRIR LA PUERTA"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que esta declaración es "una llave para abrir las puertas de las ayudas" a Teruel, Soria y Cuenca con esa reducción del 20% de costes laborales anuales de las empresas que se instalen en estas provincias.

Ahora, el siguiente paso es que el Gobierno de España acelere los plazos para poder acceder a este régimen y mejorar así la implantación de empresas en zonas adyacentes, ya que "es justo que estas empresas tengan facilidades para invertir y crear empleo" de cara a "fijar población".

Fomentar la incorporación de familias al mundo rural mejorando la prestación de servicios es otra de las propuestas blindada por los tres presidentes, según ha dicho Fernández Mañueco, quien ha añadido la necesidad de buscar herramientas para apuntalar el "compromiso" con las zonas despobladas.

En su opinión, es "crucial" que ahora la Unión Europea apuesta junto a las regiones afectadas contra el problema de la despoblación, un objetivo que "tiene que estar presente" en todos los planos políticos en el corto y medio plazo, también en la Conferencia de Presidentes.

La financiación autonómica y el nuevo modelo "tiene que tener presente, como objetivo de país", las diferencias entre las zonas despobladas y las grandes ciudades.

"Las tres comunidades hemos demostrado nuestro compromiso con España. Hemos dado lo mejor de nuestro territorio. La vida de personas que se han desplazado a otras ciudades para construir nuestro país. Ahora necesitamos que España mire hacia el interior y que apuesta por el mundo rural", ha reivindicado Fernández Mañueco. Con todo, exige que los fondos europeos vengan a "equilibrar" los territorios.

GARCÍA-PAGE: "ESTAMOS DANDO EJEMPLO"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha indicado por su lado que, entre los tres gobiernos autonómicos, se está dando un ejemplo de "cómo ponerse de acuerdo en lo esencial".

Ha reivindicado este Pacto de Albarracín como otro documento que acabará "saliéndose con la suya", después de que en los últimos meses Europa haya escuchado la defensa de estos tres ejecutivos para poder considerar a Soria, Teruel y Cuenca como zonas despobladas merecedoras de más incentivos.

"Europa nos ha abierto una puerta que sabíamos que estaba ahí, pero estaba cerrada", ha apuntado García-Page, quien ahora pide que, de la mano del Gobierno estatal, se cierre una agenda que convierta esos 130 objetivos contra la despoblación en una estrategia calendarizada y presupuestada.

Ahora, a partir de esta decisión de la Unión Europea, estas tres provincias son oficialmente zonas con despoblación, ante lo que propone aprovechar las oportunidades de estos territorios para frenar el problema.

La intención con este escenario es "meter la cabeza" dentro de una línea de actuación que implique incentivar fiscalmente la llegada de nuevas empresas, un objetivo que, junto a la universalización de las telecomunicaciones o equiparar la prestación de servicios, pueda suponer "dar un paso más" en este objetivo.