El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha criticado que el nuevo alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha comenzado su mandato «insultando el honor y la profesionalidad de los funcionarios y los servicios municipales responsables del control de los medios públicos del Consistorio» al hacer pública su intención de hacer una auditoría de la gestión municipal.
Desde el PP defienden que los diferentes departamentos del Ayuntamiento «no tienen nada que esconder en un cajón», informaron fuentes del partido en un comunicado.
En este sentido, desde las filas ‘populares’ han exigido a Serrano que deje de poner en cuestión el trabajo «honrado y legal» que desempeñan todos los funcionarios municipales, que se someten periódicamente a los preceptivos controles de fiscalización previstos en la normativa vigente.
Para el PP, este hecho responde al afán de «estirar el chicle de la falsa corrupción» como fórmula para desacreditar al Partido Popular y así justificar «el asalto» que, en su opinión, consumó el PSOE este jueves en el Ayuntamiento, basado, en su opinión, «en la trama de falsedades e insidias destapada en los audios del imputado, secretario regional de los socialistas, Diego Conesa».
Al respecto, el Partido Popular en la Glorieta ha argumentado que «continuará defendiendo el buen nombre de los murcianos, del Ayuntamiento y la profesionalidad de sus funcionarios municipales», que son los fedatarios públicos responsables de la gestión y de la auditoría de la actividad municipal.
Asimismo, ha asegurado que los servicios municipales están «perfectamente auditados» por sus responsables y «no tienen nada que esconder en ningún cajón».
Además, desde el PP de Murcia han apuntado que los informes emitidos por los Servicios Jurídicos siempre han avalado la legalidad de todos los expedientes y proyectos realizados en el Ayuntamiento por parte de sus funcionarios.
«No existe ninguna causa judicial abierta. Tampoco hay un solo cargo que esté investigado», han señalado.
Finalmente, los ‘populares’ han recordado que el máximo órgano de contratación en España y los numerosos informes dictados por los Servicios Jurídicos Municipales constatan «la legalidad y rigurosidad de todos los expedientes tramitados y avalan el trabajo que desempeñan los funcionarios del Consistorio».
