La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), han constituido una comisión de seguimiento, según lo previsto en el convenio firmado para el intercambio de datos de información meteorológica.

El convenio alcanzado entre ambas instituciones preveía la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de cada una de las dos instituciones; ésta será el órgano encargado de planificar, potenciar, controlar y evaluar los proyectos que se determinen, de interpretar el convenio y, cuando proceda, de resolver las controversias que surjan entre las partes con ocasión de la aplicación de los convenios firmados.

Esta Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año, y con carácter extraordinario cuando así lo solicite cualquiera de las partes, según han detallado sus impulsores que añaden que el objetivo del convenio es establecer las bases del intercambio de información generada por las estaciones meteorológicas de las redes de observación de la AEMET y del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío (SiAR), dependiente del MAPA, cuya principal misión, desde su creación hace más de 20 años, es lograr un uso eficiente del agua en el regadío, promoviendo su sostenibilidad económica, social y medioambiental.

De este modo, ambas instituciones podrán intercambiar series completas de datos de sus respectivas estaciones y datos en tiempo real. La red de la AEMET cuenta con casi 800 estaciones meteorológicas repartidas por todo el territorio nacional, mientras que el SiAR del MAPA dispone de más de 500 estaciones meteorológicas que cubren más del 90% de la superficie de la agricultura de regadío de España.

Fruto de este convenio, el MAPA dispondrá, entre otros, de los datos de la previsión de la evapotranspiración de referencia, así como de los datos de precipitación de las estaciones de la AEMET. Todo ello redundará en una mayor precisión de los datos y una mayor cantidad de información que la red del SiAR pone al servicio del ciudadano.

AEMET, por su parte, obtendrá, por ejemplo, información acerca de parámetros como la radiación solar, la temperatura, la humedad, la precipitación o la velocidad y dirección del viento de las estaciones del SiAR del MAPA, que servirán para incrementar su capital climatológico.

Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) organizan, por quinto año consecutivo, la Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión, que tendrá lugar de forma virtual entre el 23 y el 26 de septiembre y de forma presencial el 26 de septiembre en Valdebebas (Madrid).

La cita cuenta con el apoyo de atletas como Martín Fiz, Abel Antón, Fernando Carro o Pablo Sánchez Valladares, y de los representantes paralímpicos en Tokio como Adiaratou Iglesias, flamante medalla de oro en 100 metros; Alejandro Sánchez Palomero, medalla de bronce en triatlón, y Alberto Suárez, quien este domingo competirá en el maratón.

Asier García y Vicky Vilariño, ambos jugadores de baloncesto en silla de ruedas; Álex Vidal, quien compite en taekwondo; Adrián Castaño, en piragüismo, y la judoka Marta Arce, completan el apoyo a esta iniciativa que es una de las principales actividades de promoción del Día de la Educación Financiera, que se celebra el próximo 5 de octubre.

En esta ocasión, Fundación ONCE y ASNEF han contado con la dirección técnica del área de eventos de la revista SPORT LIFE del grupo Motorpress Ibérica. Las inscripciones pueden llevarse a cabo, hasta el 23 de septiembre, a través de la página web 'www.carreraeducacionfinanciera.org', tanto para la modalidad presencial como virtual.

En el Parque Forestal de Valdebebas, los corredores podrán optar por la modalidad de 10 o 5 kilómetros. Además, habrá carreras infantiles en distintas distancias. También se ha habilitado una fila cero para que todos aquellos que no quieran o puedan correr contribuyan al objeto social de la carrera.

El Día de la Educación Financiera es una iniciativa del Plan de Educación Financiera, impulsado por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es concienciar a los ciudadanos de la importancia de contar con un adecuado nivel de cultura financiera para afrontar las decisiones económicas a las que se enfrentarán en las diferentes etapas de la vida.

Este año la donación de los participantes en la carrera se destina al proyecto 'Finanzas Inclusivas', un recurso formativo online que tiene como objetivo mejorar la educación financiera inclusiva de las personas con discapacidad intelectual y personas con dificultades de aprendizaje.

La iniciativa ha contacto con el apoyo de Fundación Citi, se ha desarrollado con la participación de Fundación Aprocor, así como la colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (BdE) en el marco del Plan de Educación Financiera.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en líneas generales la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre la pieza separada de la 'Gürtel' relativa a los contratos irregulares de AENA, firmados entre 2000 y 2002, con el grupo de empresas de Francisco Correa, para quien ha confirmado la pena de seis años de prisión --reducida en seis meses-- y ha rebajado en casi 390.000 euros la multa impuesta.

En una sentencia de 196 folios, firmada este 28 de julio, la Sala de lo Penal ha acordado rebajar la condena de Correa --de seis años y nueve meses de cárcel a seis años y tres meses-- y la multa --que pasa de 654.000 euros a 265.000 euros-- tras apreciar un atenuante de dilaciones indebidas.

El tribunal ha estudiado el recurso presentado por el líder de la 'Gúrtel' en el que alegaba haber sufrido dilaciones indebidas durante el procedimiento. Según consta en la resolución, los magistrados han estimado parcialmente la impugnación tras reconocer que que la causa de AENA "no presenta una complejidad de investigación tan marcada como en otras piezas" de la trama. En este sentido, han asegurado que son "conscientes" del "importante tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones".

En el marco de su recurso, Correa también defendió que durante la instrucción de la causa se vio afectado su derecho de confidencialidad en la relación abogado-cliente por la decisión del entonces juez instructor Baltasar Garzón de interceptar las comunicaciones de los letrados y los principales acusados.

El Supremo ha reconocido que "se produjo una importante transgresión del derecho de defensa", pero ha recordado que el exmagistrado fue apartado de su cargo. En este sentido, además, ha subrayado que "no puede proclamarse que cualquier restricción devenga incompatible con la validez del procedimiento en su conjunto". Por ello, ha estimado que "no procede acordar la nulidad de todo el proceso" en los términos reclamados por Correa.

Así, en la sentencia, la Sala ha confirmado la condena por delitos continuados de cohecho activo, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y prevaricación. Además, se le comisa el beneficio que obtuvo como consecuencia de estos contratos, unos a 2,2 millones de euros.

PERSONAL DE AENA Y DE CORREA

En la resolución, que se ha dado a conocer este jueves, el Supremo también ha confirmado íntegramente las penas acordadas por la Audiencia Nacional para el ex director de Comunicación de AENA Ángel López de la Mota y su subordinado José María Gavari, quienes conocieron a Correa cuando trabajaban en la oficina de prensa del PP.

López de la Mota y Gavari fueron condenados a cinco años de cárcel con multas 95.000 y 168.000 euros, respectivamente, por cohecho pasivo, prevaricación, y fraude a las administraciones públicas.

El tribunal también ha mantenido la condena de prisión de tres años y tres meses para José Luis Izquierdo López, excontable del grupo de empresas de Correa. Pero ha acordado reducirle la multa de 654.000 euros a 131.750 euros por el delito de cohecho activo por el que fue condenado junto al de falsedad en documento mercantil.

AJUDICACIÓN IRREGULAR DE 22 CONTRATOS

El Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional al dar por probado que López de la Mota y Gavari pactaron con Correa "la adjudicación irregular de un total de 22 contratos de la entidad pública AENA para realizar eventos o participar en Ferias, todo ello a cambio de recibir dinero en efectivo o determinados servicios de carácter particular".

La Sala ha respaldado el fallo del tribunal de instancia en el que se concluía que los acusados "manipularon diversos procedimientos administrativos de adjudicación de contratos" del gestor aeroportuario para adjudicarlas a las empresas de la trama 'Gürtel' "por un precio superior al de mercado".

Según han precisado los magistrados, "las contrataciones, con márgenes de beneficio desproporcionados, permitieron un notable enriquecimiento de las empresas beneficiadas, recompensándose económicamente a Ángel López de la Mota y a José María Gavari (empleado de la entidad Centros Logísticos Aeroportuarios SA, participada al 100% por Aena), por facilitar las manipulaciones contractuales que posibilitaron el enriquecimiento de las empresas adjudicatarias".

Se trata de la tercera sentencia relativa a la trama de corrupción que respalda el Tribunal Supremo, tras las dictadas por la primera época de 'Gürtel' y Fitur Valencia.

La capital gallega recibió este jueves a su peregrino número 100.000, una cifra muy representativa del resurgimiento del Camino de Santiago durante este verano y que pone fin a un agosto de desbordamiento en los servicios de la oficina internacional de atención a los visitantes de Compostela.

El propio deán de la Catedral, Segundo Pérez, se refirió este jueves al fenómeno vivido especialmente durante el mes de agosto, cuando se registró un "boom" de visitantes y peregrinos que suscitó, en algún caso, quejas en redes sociales por no poder recibir la 'Compostela' el mismo día de llegada.

En este sentido, Segundo Pérez destacó el "esfuerzo" realizado por los servicios de atención para ir "incorporando en la medida de las posibilidades" a estos peregrinos, con alternativas como avisos mediante correo electrónico y otras iniciativas.

"Hacemos lo que podemos", insistió Pérez, que a su vez destacó la ocupación de todas las plazas y el apoyo de la Xunta de Galicia para facilitar la gestión ante la "sorpresa" y el "desbordamiento" inesperado durante el mes de agosto, aunque se espera un descenso paulatino a partir de septiembre.

Pérez participó junto al vicepresidente primero, Alfonso Rueda, en el acto de recepción a Jorge Manuel GonÇalves, peregrino número 100.000 y que llegó e Santiago de Compostela desde la ciudad portuguesa de Aveiro acompañado por su hijo, a quienes deseó que sean "verdaderamente portadores del espíritu xacobeo".

El propio Jorge Manuel relató que se trata de la tercera vez que realiza el Camino y agradeció el "gesto" como un homenaje "a todos los peregrinos que vienen a Santiago", en un año "especial" por el contexto de pandemia pero con toda seguridad mediante el cumplimiento de las medidas de precaución y la mascarilla.

"RESURGIMIENTO" DEL CAMINO

Alfonso Rueda destacó el "resurgimiento del Xacobeo" registrado, especialmente, en los últimos tres meses, una "magnífica noticia" tras los escasos resultados cosechados a principios del año.

De ahí vienen "parte de las circunstancias" explicadas por Segundo Pérez, añadió Rueda, ante un agosto de "tanto éxito y tanta potencia" que derivó en dificultades para poder atender a todo el mundo.

El vicepresidente primero se comprometió a seguir "mejorando" y continuar con los preparativos para un "muy buen ritmo de llegada de peregrinos" en los próximos meses, a pesar de la relajación que se espera en las cifras de visitantes.

En definitiva, Rueda reivindicó las cifras y el "beneficio indiscutible" que repercute en Santiago, su comarca y toda Galicia, en un verano que demostró que el Camino "es seguro" con una incidencia "mínima" y que ya mira hacia el próximo año 2022.

El ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por su presunta participación en 'Kitchen', alegando que su "rectitud" hacía "inverosímil" que sus otrora compañeros contaran con él para un operativo ilegal como el supuesto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

En un escrito, Martín Blas solicita a la Sala de lo Penal que revoque dicha decisión, librándole así de ser procesado por la 'Operación Kitchen', y reclama además que el magistrado Fernando Andreu no forme parte de la sección que vaya a estudiar el recurso debido a su "manifiesta amistad" con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, otro de los procesados en esta pieza separada de la macrocausa 'Tándem'.

García-Castellón señala al ex jefe de Asuntos Internos como uno de los entonces mandos policiales que habrían participado en 'Kitchen' conociendo "los verdaderos objetivos" de la operación, esto es, espiar a Bárcenas y su familia para robarles la información sensible que pudieran guardar sobre el PP y sus dirigentes y evitar con ello que llegara al cauce judicial.

Martín Blas no solo niega que fuera así sino que esgrime que tanto Villarejo como los demás imputados "sabían de su rectitud", porque había "denunciado y perseguido con ahínco" sus presuntas actividades ilícitas, de modo que --afirma-- "es inverosímil que contaran con él para una operación de carácter ilícito". "Siendo lo lógico lo contrario: que le ocultasen sus planes por temor a que ordenase a su unidad una investigación", añade.

Reprocha al juez instructor que no detalle los indicios que habría en su contra, sugiriendo a renglón seguido que García-Castellón se guiaría solamente por una "intuición", ya que --a su juicio-- existen "contraindicios" que respaldarían su presunción de inocencia, entre los que menciona que "durante el desarrollo de la 'Operación Kitchen' se producen constantes presiones para que sea cesado" como jefe de Asuntos Internos.

PAGOS CON FONDOS RESERVADOS

El recurso rebate asimismo que Martín Blas diera dinero de los fondos reservados "sin control ni resguardo" a Villarejo para que éste a su vez pagara al entonces chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, que según la investigación judicial fue captado como espía de la 'Kichen' cobrando unos 2.000 euros al mes.

Nuevamente, apunta a un "descomunal error" del magistrado para aseverar que no correspondía ni a Martín Blas ni a Asuntos Internos abonar "ningún fondo" a Villarejo. En este sentido, recalca que este último dependía "directamente" del entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, de quien dice que retenía dinero para operaciones propias de la DAO.

Incide Martín Blas en que no hay ningún informe de Asuntos Internos que indique que en algún momento hiciera un uso irregular de los fondos reservados asignados a esta unidad policial, recalcando que antes y después de su paso por la misma se ha venido actuando del mismo modo: sin libros de contabilidad ni recibís. Por eso, acusa al juez de hacer "una aseveración absurda y gratuita sin respaldo indiciario de ningún tipo".

Refuta igualmente su participación en los seguimientos a Bárcenas y su entorno. "De ser cierto ese operativo", razona, "no podría desde luego entenderse que tiene este vinculación con la 'Operación Kitchen', tanto en cuanto ni se puede determinar cuándo ocurrió, ni en qué ubicación, ni cuál era su fin". No obstante, apostilla que, de haberse producido, serían responsabilidad del que fuera jefe de la Sección de Seguimientos Jesús Vicente Galán.

LA PALABRA DE VILLAREJO Y PINO

Con todo, Martín Blas entiende que su incriminación en esta pieza 7 de 'Tándem' se apoya únicamente en los testimonios de Pino y Villarejo, dos personas a las que no da credibilidad ninguna.

A Villarejo le acusa de tener una "notoria enemistad" con él porque Martín Blas le investigó junto a sus supuestos "cómplices", incluso trató de detenerlo, por sus supuestas actividades ilícitas, motivo por el cual --continúa-- "esa misma trama criminal urdió todo tipo de conspiraciones y campañas de difamación (...) para aniquilarle profesional y personalmente".

En cuanto a Pino, defiende que su testimonio no es válido debido a su "acreditada animadversión" hacía él y a su "amistad" con Villarejo, así como a sus "declaraciones incongruentes" y a sus "problemas psicológicos".

Además de la escasa fiabilidad que le merecen la palabra de Pino y Villarejo, Martín Blas enuncia a lo largo de su recurso una serie de "contraindicios" que probarían que estaba al margen de 'Kitchen', entre ellos las entradas sobre el ex jefe de Asuntos Internos que hay en las agendas personales de Villarejo, "en las que este recogía de forma exhaustiva y diaria todas sus conversaciones y reuniones que mantenía con terceros", "amigos y enemigos".

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado la "superación" propia del "espíritu fallero" tras las dificultades que comisiones y artistas han vivido durante la noche de la 'plantà' para poder tener listos sus monumentos en medio de una fuerte lluvia, que dejó más de 50 litros por metro cuadrado en València y provocó desperfectos en numerosas fallas.

"Cuando hay más situación de dificultad, más es grande es la respuesta. Y ha habido una respuesta enorme", ha asegurado. El 'president' ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Comisión Falla Ferroviaria Bailén de València para interesarse por los desperfectos en el monumento fallero.

"Las fallas, más allá de los monumentos, es ese espíritu común de fraternidad y de creatividad que, al final, es lo que genera convivencia", ha señalado Puig, quien ha definido las fiestas como "un enorme ejercicio de convivencia".

Así, ha alabado la labor de la Comisión Falla Ferroviaria Bailén durante el temporal y ha destacado su "gran sensibilidad social", al tratarse de un monumento asociado "a la inclusión, que es el atributo básico de una sociedad como la valenciana. Se ha demostrado esa capacidad, ese espíritu y fortaleza", ha añadido.

"NECESITAMOS QUEMAR ESTE MALSUEÑO"

Asimismo, Puig ha reivindicado la "corresponsabilidad enorme" demostrada por la sociedad valenciana durante esta pandemia gracias a la cual se ha "minimizado el efecto de la pandemia, que ha sido terrible". "Ahora necesitamos con las fallas quemar este mal sueño, esta pesadilla horrible que ha sido la pandemia", ha subrayado.

"Venimos arrastrando muchas desgracias y este año es más importante que nunca quemar las fallas para, de alguna manera, iniciar una primavera, aunque sea en otoño, de recuperación", ha añadido.

Por último, ha insistido en la necesidad de guardar la "máxima prudencia" durante estos días de actos falleros y ha urgido a "respetar todas las normas". "Que se hagan fiestas y se presenten los monumentos, pero con la máxima responsabilidad. Eso es fundamental".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha movilizado más de 200 efectivos y 80 medios para paliar las consecuencias del temporal que desde el martes por la tarde está azotando a la región y que ha afectado, fundamentalmente, a Toledo capital y a los municipios de alrededor. A este dispositivo hay que sumar otros 70 operarios de la Diputación provincial, que continúan prestando servicio tras el agua caída.

Este mismo jueves se ha mantenido una nueva reunión del Comité Asesor del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM), que ha presidido el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, en el Centro del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Un encuentro tras el cual el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha hecho un balance de la situación.

Ruiz Molina ha destacado que las incidencias se han reducido "considerablemente" a lo largo de la noche y ha concretado que se han contabilizado 27, de las cuales 17 (el 60 por ciento) se han registrado en la provincia de Cuenca, "aunque no con la gravedad de ayer" en Toledo, sino que las precipitaciones han caído con menor virulencia.

Igualmente, ha explicado que desde la activación del Meteocam el pasado día 31 de agosto a las 20.00 horas se han contabilizado 740 incidencias, más del 60 por ciento, unas 500, en la provincia de Toledo. Y ha recordado que éstas se han concentrado, fundamentalmente, en Toledo capital y en los municipios de alrededor, tales como Argés, Polán, Guadamur, Cobisa y Nambroca. Aunque también se han visto afectadas las poblaciones conquenses de Iniesta y Tarancón.

LA JUNTA PONE SUS MEDIOS A DISPOSICIÓN DE LOS MUNICIPIOS MÁS AFECTADOS

El consejero ha resaltado que la Junta está poniendo a disposición de los ayuntamientos de estas localidades todos los medios solicitados, lo que se traduce en más de 200 efectivos entre personal del Infocam, operarios de carreteras y voluntariado de agrupaciones de Protección Civil, así como más de 80 medios entre camiones, autobombas y distinta maquinaria, que están permitiendo achicar agua y limpiar el lodo de las carreteras y vías urbanas.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha asegurado que, aunque la mayor parte de las vías de la red regional son "transitables", muchas siguen con barro, por lo que "las brigadas están trabajando al cien por cien para dejarlas en perfecto estado".

También ha precisado que a las 8.00 horas había dos carreteras cortadas, en Ledaña (Cuenca) y El Toboso (Toledo) y que, asimismo, permanece cortado el tráfico ferroviario en la línea de AVE Madrid-Toledo. Si bien, ha hecho hincapié en que lo más importante es que "no ha habido que lamentar daños personales".

Ruiz Molina ha incidido en que, por el momento, el Gobierno regional mantendrá el Meteocam en fase de emergencia nivel 1 "por prudencia", hasta ver cómo evoluciona la DANA en las provincias de Guadalajara y Albacete, donde "todavía existe riesgo".

ESCUDERO DA MÁS DETALLES

De su lado, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha concretado que con cargo al Infocam "más de 100 personas y 18 medios terrestres entre camiones autobombas, patrullas pick up y todoterrenos están trabajando de manera ininterrumpida".

A ellos hay que sumar un helicóptero del Plan Infocam que, tanto ayer como hoy, ha llevado a cabo sendos vuelos de reconocimiento para identificar los principales daños causados por las intensas lluvias.

Fundamentalmente se están realizando trabajos de limpieza, achique de agua y extracción de lodos, tanto en las vías públicas, como en los alrededores de centros sanitarios, residencias de mayores o centros educativos. Los municipios en los que se está actuando son Toledo capital, Cobisa, Nambroca, Guadamur, Argés, Polán, y Burguillos, en la provincia de Toledo; y en Tarancón e Iniesta, en Cuenca.

70 EFECTIVOS DE DIPUTACIÓN

Además, el Gobierno de la Diputación de Toledo ha movilizado todos los efectivos de la Institución provincial para atender a los municipios de la provincia afectados por las riadas, y ya se ha intervenido en las carreteras de la red provincial para subsanar los problemas ocasionados por las fuertes lluvias del temporal que ha afectado a la zona centro, muy especialmente a la ciudad de Toledo y a los pueblos de alrededor.

Del mismo modo, atiende a los municipios afectados con los efectivos de las brigadas de carreteras provinciales para ayudar a recuperar la normalidad y contribuir a las limpiezas de las vías públicas para volver a hacerlas transitables, así como ponerse a disposición de los ayuntamientos para lo que fuera necesario, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha seguido desde el primer momento la evolución de las tormentas en la provincia en primera línea y en coordinación con los servicios provinciales las labores de intervención que se dirigen desde el Comité Asesor del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Las concesionarias de carreteras dependientes de la Diputación de Toledo han actuado directamente en un total de 15 tramos de carreteras para solucionar los problemas ocasionados por arrastres de tierra, balsas de agua, caídas de ramas o árboles y otros imprevistos.

Entre esas actuaciones pueden destacarse la realizada en la carretera TO-2628, que une la localidad de Villasequilla con la N-400 (Toledo-Ocaña), retirando entre 25 y 30 camiones de barro, pudiendo circular por ella con precaución.

Lo mismo ocurre con la vía de circunvalación de Toledo a Cobisa, entre la TO-3100, en el término de Cobisa, y la TO-3210, en Argés, con daños materiales considerables en fincas colindantes y vehículos que se encontraban en las inmediaciones al tratarse de tramos en travesía.

OTRAS ACTUACIONES

Otras actuaciones se han localizado en Argés, Cobisa, Nombela, Castillo de Bayuela, Torrijos, Albarreal de Tajo, Urda, San Román de los Montes, Santa Olalla, Navamorcuende, Santa Cruz de la Zarza, Esquivias, Camarenilla, Villamiel, Recas o Villanueva de Bogas.

El equipo humano que forman las brigadas de carreteras de la Diputación provincial de Mora, Toledo y Torrijos ya se han puesto a disposición de los ayuntamientos más afectados por las tormentas, como Argés, Cobisa, Guadamur, Layos, Nambroca o Polán, para ayudar en las labores de recuperación y limpieza necesarias.

En estos momentos se puede decir que todas las incidencias se encuentran resueltas permitiéndose la circulación con precaución en algunos tramos hasta que concluyan los trabajos de refino que permitan lo antes posible la retirada total de materiales en las vías.

MÁS DE 250 INTERVENCIONES DE LOS BOMBEROS TOLEDANOS

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (CPEIS), dependiente de la Diputación de Toledo, ha registrado más de 250 intervenciones en los últimos dos días, agrupando dos centenares de ellas en el día de ayer en la provincia.

Son los datos recabados por el Centro Operativo de Rescate en Emergencias (CORE), del Consorcio Provincial, registrando el total de sus intervenciones por avisos relacionados con las tormentas.

Más de la cuarta parte de las entidades locales no cumple con la obligación de presentar anualmente sus balances al Tribunal de Cuentas, y esta institución insiste en la conveniencia de 'castigar' esa actitud reteniéndoles la financiación que les corresponde por tributos e impidiendo su acceso a ayudas públicas y subvenciones.

Así figura en el informe de fiscalización del sector público local correspondiente al año 2019, aprobado en el último pleno del Tribunal.

En 2019, un total de 15.580 entidades locales de España (ayuntamientos, diputaciones, cabildos empresas muncipales, etc), excluyendo las de Euskadi y Navarra, que tienen su propio régimen foral, estaban obligadas a presentar sus cuentas anuales antes del 22 de enero de 2021, ya que se les dio más plazo para compensar los meses de confinamiento de 2020 por el coronavirus.

Según indica el Tribunal, un 62% de esas entidades presentaron sus datos dentro del plazo legal de enero de 2021, un porcentaje que en abril de ese año llegaba al 73%. Por primera vez en años, la cifra es mejor a la del ejercicio anterior, que fue del 55 y del 71%, respectivamente, pero sigue suponiendo que más de una cuarta parte no cumple con su obligación de rendir cuentas.

Este aumento se aprecia especialmente en los cabildos y consejos insulares, que han pasado del 10% en 2018 a un 60% en el periodo fiscalizado, y en los ayuntamientos, cuyo porcentaje de rendición de cuentas ha crecido diez puntos, del 58% de 2018 al 68% de este último informe.

LOS PEORES DATOS, EN ANDALUCÍA Y MURCIA

Por comunidades autónomas, las entidades locales de Andalucía y Región de Murcia registraron los niveles de rendición más bajos a 7 de abril de 2021, con el 45% y el 52%, respectivamente.

En cambio, las que presentan los mayores niveles de rendición a la referida fecha son las entidades locales de la Comunidad Valenciana (con el 97%) y de las comunidades autónomas de Aragón (95%), Galicia (94%), Cataluña y Madrid (ambas con el 89%), teniendo todas ellas como característica común que en su normativa autonómica se prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades locales que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas.

Según señala el Tribunal, a 7 de abril de 2021, había ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes, tres cabildos y consejos insulares y cinco diputaciones provinciales que no habían rendido las cuentas generales del ejercicio 2019. Y un poco después, al cierre de los trabajos de fiscalización, seguían sin rendir la cuenta general cinco ayuntamientos de dicho tramo de población, dos cabildos y consejos insulares y tres diputaciones.

Además, y en cuanto a la integridad y coherencia de los balances presentados, el 14% no integraba la totalidad de las cuentas anuales de dichas entidades instrumentales.

A partir de las validaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas se comprobó que un total de 38 entidades locales u organismos autónomos no habían remitido la información de tesorería y otros 88 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o entidades locales supramunicipales no habían adjuntado las preceptivas memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

En materia de contratación pública, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado el 32% dentro de la fecha límite prevista y otro 22% fuera de plazo.

En un total de 1.718 contratos comunicados en las relaciones anuales, con un importe global adjudicado de 1.941 millones de euros, se incumplió la obligación de remisión del extracto del expediente de contratación. Este incumplimiento se corresponde en su mayoría a contratos de servicios y de obras.

Así las cosas, en sus recomendaciones el Tribunal de Cuentas hace hincapié en que se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito, para el acceso por las entidades locales a las subvenciones o ayudas públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas.

EMPRESAS PÚBLICAS EN DISOLUCIÓN

En el informe se señala también que el 7% de empresas públicas locales que rindieron cuentas se encontraban en situación de disolución o sin actividad: un total de 126 empresas tenían un importe neto de la cifra de negocios igual a cero, el 67% de las cuales figuraban como activas, el 25% en disolución y el 8% como inactivas.

Pero, además, el 9% del total de empresas tenían patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, encontrándose en causa legal de disolución si no procedían a su reequilibrio patrimonial.

El endeudamiento de las empresas públicas locales suponía el 35% del activo total en las sociedades mercantiles y el 36% en las entidades públicas empresariales.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha declarado ajustada a derecho la negativa de la Universidad de Alicante (UA) a eliminar de sus buscadores de búsqueda en Internet el nombre del secretario del juzgado que instruyó el procedimiento sumarísimo contra el poeta oriolano Miguel Hernández.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación, desestima la demanda por el llamado "derecho al olvido" que había presentado el hijo del aludido contra la resolución dictada el 29 de julio de 2019 por el rector de la institución académica, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El recurrente solicitaba que el repositorio digital de la UA no redirigiera a los internautas al artículo titulado 'El Caso Diego San José y el Juez Humorista' -escrito por un profesor universitario y que analiza el papel del Juzgado Especial de Prensa entre los años 1939 y 1943- al introducir los datos personales de su progenitor.

En este caso, el juez señala que la petición de la parte demandante es objeto de análisis desde el prisma de la protección de datos de carácter personal, "dejando fuera cuestiones tales como el derecho al honor de la persona citada las publicaciones, que no son materialmente objeto de la Jurisdicción contencioso administrativa, y que además requeriría la intervención personal del autor, cuando este proceso lo es contra una administración pública educativa (la UA), y no contra el autor de las obras objeto de publicación virtual", según la resolución.

Además, añade que este procedimiento se limita al artículo en concreto aunque el demandante ha intentado a lo largo del proceso ampliar su objeto a otras publicaciones localizadas donde también se cita a su padre fallecido, una pretensión que no ha sido admitida ya que el acto administrativo impugnado es ese texto y no otros que no fueron objeto de la petición inicial ni del recurso de alzada.

En todo caso, apunta a que el resultado práctico (y lo que dice respecto a este concreto artículo) "sería perfectamente extensible o extrapolable al resto".

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA O INTERÉS PÚBLICO

El magistrado entiende que debe prevalecer "la libertad científica del investigador en un trabajo de investigación histórica, frente a la protección de los datos personales, cuando la información que contiene tiene relevancia o interés público" y añade que es "evidente" que "no podemos pedir a una universidad pública que ejerza una suerte de censura previa sobre la producción científica de su profesorado, porque ello supondría la reviviscencia de las formas de censura anteriores a la aprobación de la propia Constitución".

"Conocer el nombre de las personas que ejercieron autoridad y funciones públicas, como es el caso del juez y el secretario judicial, además de estar íntimamente relacionado con la finalidad misma del trabajo de investigación, resulta de interés público", concluye el juez.

La UA consideró que, en el período histórico investigado, las funciones desempeñadas por esa persona, actuando como secretario judicial, ejerciendo funciones públicas, tienen "interés público" y, además, esa función lo fue en ejercicio de la legalidad entonces aplicable.

SOBRE LA FALTA DE VERACIDAD

Sobre la alegación del demandante de falta de veracidad de las afirmaciones contenidas en el trabajo publicado, el magistrado señala que la jurisprudencia ha terminado por establecer "la mayor protección de la que goza la libertad científica respecto a la libertad de expresión e información, y la innecesariedad de que laveracidad responda a datos exactos, menos cuando se trata de un trabajo de investigación histórica, admitiéndose inexactitudes que respondan a errores circunstanciales que no afecten a la esencia delo informado".

El magistrado afirma que el recurrente tiene razón en la existencia de "alguna inexactitud" y expone que en la copia completa del procedimiento sumarísimo de urgencia número 21001 seguido contra el procesado Miguel Hernández, "claramente" se puede comprobar que ni el juez instructor ni quien actuó como secretario del mismo, ni ninguna otra de las personas que firman a lo largo del proceso "fueron quienes pidieron la condena a muerte" para el poeta.

En esta línea, añade que la intervención de este último "no fue otra que la de revisar una relación de periódicos publicados con anterioridad a la guerra civil donde apareciera cualquier referencia a los procesados" y remitir las referencias aparecidas en prensa sobre el proceso en el procedimiento sumarísimo. Sin embargo, subraya que se admiten jurisprudencialmente "errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado; más aún en un trabajo de investigación histórica, como es el que nos ocupa".

Castilla y León ha notificado este jueves 346 nuevos positivos de Covid-19 --173 menos que ayer y 127 menos que el mismo día de la semana pasada--, para sumar 301.736 desde el inicio de la pandemia, con cuatro fallecidos más en los hospitales de la Comunidad para un total de 6.074 y 29 nuevas altas médicas, 32.825 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 301.736 positivos de COVID-19, incluidos los reinfectados, en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 346 nuevos casos más en la última jornada. De ese total, 295.250 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

En cuanto a los brotes activos, se contabilizan 364, la misma cifra que en el anterior parte, con un total de 2.347 casos vinculados, 38 menos.

PALENCIA SUMA 92 CONTAGIOS

Por provincias, Palencia es la que más positivos ha notificado desde la jornada anterior, con 92 casos más, aunque solo ocho diagnosticados en las 24 horas previas, para un total de 24.770; le sigue Burgos, con 72 y 51.574; Valladolid, con 64 y 66.827; Salamanca, con 46 nuevos y un total acumulado de 39.263; León con 31 nuevos para un total de 51.305; Ávila, con 16 y 16.736; Zamora, con 12 y 17.998; Segovia, con siete y 20.894; y Soria, con seis y 12.369.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 6.074, después de que se hayan registrado cuatro nuevas defunciones en Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid.

Del total, 1.239 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.204; Salamanca, que tiene 857; Burgos, 775; Palencia, 498; Zamora, con 460; Segovia, con 379; Ávila, con 368, y Soria, con 294.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 32.825, 29 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 8.054 en Valladolid; 5.625 en León; en Burgos, 4.834; en Salamanca, 4.278; en Palencia, 2.532; en Zamora, 2.158; en Segovia, 2.036; en Ávila, 1.905 y en Soria, 1.403.

AUMENTAN LOS INGRESADOS EN PLANTA Y DESCIENDEN EN UCI

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 287 pacientes con COVID-19, cinco más que en la jornada anterior. De ellos, 58 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI), uno menos que en la jornada anterior, mientras que en planta se encuentran ingresados 229, seis más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias --todos los que tienen unidades de este tipo-- y ocupan un 18 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, mismo porcentaje que ayer.

Así, se informa de diez ingresados en el Río Hortega de Valladolid, nueve en el Complejo Asistencial de Burgos y en el Clínico de la capital vallisoletana; siete en el complejo de León y en el de Palencia; cuatro en el de Segovia; tres en los de Salamanca y Zamora; y dos en los complejos de Ávila y Soria, así como en el Hospital de El Bierzo.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que es "compatible" apoyar movilizaciones que pueda convocar la sociedad civil ante el alza del precio de la luz con su labor de gobierno en el Ejecutivo de coalición.

Además, ha asegurado que no piensa que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se refiera a su formación cuando aludió esta mañana durante una entrevista a "deslealtades" en relación al coste de la electricidad, sino más bien a planteamientos de la oposición.

Eso sí, ha dejado claro que la propuesta remitida al PSOE para limitar el precio de la energía nuclear y de la hidroeléctrica de cara a bajar la factura de la luz, es factible y acorde con el marco comunitario y de la propia situación del país, dado que el mercado ya está "intervenido" en lo referente a la generación de energía renovable.

1M Y EL 8M, EJEMPLOS DE MANIFESTACIONES APOYADAS POR PARTIDOS

Así lo ha trasladado en rueda de prensa sobre si compartía las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ayer aseguró que entiende las movilizaciones ciudadanas contra la subida del precio de la luz y destacó las medidas adoptadas por el Ejecutivo para rebajar la tarifa eléctrica. "El Gobierno gobierna y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones", ahondó Díaz.

Al respecto, el dirigente de la formación morada ha destacado que Díaz "acierta" con esas palabras y que las "dos cosas", gobernar y apoyar movilizaciones de la sociedad civil, son "compatibles".

De hecho, ha recalcado que una democracia es "más sana" cuanto 2"más movilizaciones hay" y que es una práctica habitual que partidos políticos apoyen manifestaciones.

Como ejemplo concreto, Echenique ha aludido a que el propio secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a manifestaciones del 1 de mayo convocadas por los sindicatos, que plantean reivindicaciones sobre el mercado laboral. También ha citado el caso del 8M, a la que acuden los partidos políticos. "Y hacen bien", ha enfatizado.

Por tanto, ha desgranado que las movilizaciones es una manera habitual que tiene la sociedad civil de aportar a la política, y que al mismo tiempo los "gobiernos tienen que gobernar" y desplegar medidas, como cumplir con su "obligación" de "tocar los beneficios caídos del cielo" de las eléctricas.

También ha sido cuestionado por las palabras de Bolaños esta mañana, cuando ha dicho que el problema de la electricidad requiere "buscar alternativas viables, seguras y efectivas" y no "deslealtades", tras las críticas que está recibiendo la estrategia del Gobierno.

Sobre esta materia, el portavoz de Unidas Podemos ha destacado que conoce "muy bien" al ministro de Presidencia, con quien ha negociado cuestiones dentro de la coalición, y que ha escuchado atentamente la entrevista de Bolaños en la Cadena Ser. Por ello, ha inferido que el ministro no se refería con estas palabras a Unidas Podemos, sino a la postura que mantiene la oposición al Ejecutivo.

INTERVENIR MÁS EL MERCADO ES FACTIBLE

Eso sí, ha reivindicado que el planteamiento que hace su formación para aplicar medidas inmediatas para bajar la factura de la luz es "perfectamente compatible" con la normativa europea y el hecho que lo revela es que Francia aplica un precio fijo, de 42 euros, a la energía nuclear.

Pero también ha destacado que en España se establece un precio máximo para la energía fotovoltaica y eólica, lo que supone que el mercado español "ya está intervenido" en esta vertiente.

De esta forma, Echenique ha concluido que es difícil argumentar que no se puede hacer en el caso de la energía nuclear e hidroélectrica, cuando ya sucede con otras formas de generación.

El Govern de Cataluña ha celebrado este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya aceptado sus alegaciones para mantener cerrado el ocio nocturno en Cataluña y espera que se pueda abrir "lo antes posible, a medio plazo".

En declaraciones a los medios en la Conselleria de Interior, la secretaria general de la Conselleria de Salud, Meritxell Masó, ha recordado que los datos van a mejor, pero "a estas alturas todavía hay 350 personas en la UCI, la quinta ola no ha desaparecido".

Ha sostenido que con esta situación epidemiológica "no es conveniente abrir el ocio nocturno", y ha justificado la decisión del TSJC alegando que en la última reapertura hubo 59 rebrotes con 934 personas contagiadas.

"Es un sector muy perjudicado, somos conscientes del malestar del sector, lleva 18 meses cerrado, trabajamos día a día con el sector las decisiones de las resoluciones de la pandemia que son semanales, y cada semana se adapta la reapertura basándose en los datos epidemiológicos", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de la Conselleria de Interior, Oriol Amorós, ha añadido que seguirán reforzando la colaboración con policías locales para prevenir y trabajar con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas "siempre que no se cumplan las medidas de seguridad".

Ha recordado que desde el fin del toque de queda en Cataluña, se ha incrementado la vigilancia con 100 dotaciones de los Mossos d'Esquadra y un 25% durante las noches desde 2019.

FIESTAS MAYORES

Respecto a las fiestas mayores de Cataluña, Amorós ha señalado que la colaboración con los ayuntamientos "es buena" y que trabajan con el objetivo de evitar las aglomeraciones.

Ha asegurado que las próximas fiestas mayores, como La Mercè en Barcelona o las de Sabadell (Barcelona), "se tienen que hacer y celebrar, pero en condiciones", siempre siguiendo las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus.

Un total de 63 refugiados afganos han llegado a Navarra en los últimos días en el marco del programa de Protección Internacional del Gobierno de España. Corresponden a un total de 10 familias y, entre todas ellas, hay 30 menores. La edad media de los refugiados en la Comunidad foral es de 22 años, ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra.

Según ha indicado en un comunicado, estas personas son acogidas en recursos del Estado, centros propios del Ministerio de Inclusión o financiados por el mismo y gestionados por entidades.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado este jueves en un balance de la denominada Operación Antígona que el dispositivo temporal de tránsito de Torrejón atendió a 2.181 personas evacuadas desde Afganistán.

En la presentación del balance, el ministro ha subrayado "el esfuerzo que se ha realizado para atender a las personas evacuadas en 17 vuelos aterrizados a lo largo de nueve días en la base de Torrejón".

Desde la Delegación del Gobierno han destacado que el Ejecutivo central ofrece a las familias solicitantes de protección internacional "las condiciones de acogida más idóneas para cada caso, dentro de las cuales recorrerán un itinerario de inclusión personalizado".

Así, las derivaciones a las plazas de acogida del Gobierno central a cada comunidad autónoma se han llevado a cabo tras realizar entrevistas a las familias evacuadas y determinar qué recursos eran los más adecuados para cada caso.

Entre otras cuestiones, se analizan sus necesidades especiales, la existencia de posibles redes familiares cercanas y la disponibilidad del número de plazas necesarias para cada unidad familiar en el momento de la derivación.

La finalidad del sistema de acogida del Estado es "facilitar la progresiva autonomía de las personas acogidas y su inserción social y laboral" para lo que su atención se estructura en dos fases. La primera, de acogida, con una duración mínima de seis meses, prevé su residencia en plazas del sistema. La segunda, de preparación para la autonomía, se encarga de proporcionar ayudas para cubrir las necesidades básicas.

A lo largo de todo el proceso, "se trabaja con itinerarios de integración individualizados, que se evalúan y adaptan a la persona refugiada" y que se traducen en una serie de prestaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su inclusión: alojamiento y manutención; información y orientación social; intervención social; ayudas económicas; asistencia jurídica; asistencia psicológica; traducción e interpretación y orientación y formación para el empleo.

Familias numerosas y jóvenes. Este es el perfil medio de las 1.723 personas acogidas por España tras su evacuación de Afganistán, según ha informado este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una rueda de prensa en la que ha explicado la 'Operación Antígona', desplegada para recibir a los ciudadanos afganos tras la llegada del régimen talibán al país asiático.

Los datos facilitados por el ministro señalan que entre las más de 1.700 personas que se van a quedar en el país tras su salida de Afganistán hay 420 familias que, de media, cuentan con unos cinco miembros. La media de edad de los refugiados es de 22 años y, según ha apuntado Escrivá, un tercio de ellas es menor de 15 años.

En cuanto a sexo, la mayoría de las mujeres que han llegado a España desde el país asiático, un total de 726, son niñas: 281 del total son menores de 15 años.

A todos ellos, así como a los 428 que aterrizaron en la base aérea de Torrejón (Madrid) pero con otros destinos --UE, Estados Unidos y Portugal-- fueron atendidos en el campamento provisional que la UME, ha destacado Escrivá, montó en unas 24 horas y que, además, tuvo que ser adaptado sobre la marcha. En un principio estaba preparado para 400 y, finalmente, se amplió a 800 con posibilidad de acoger hasta a 1.000.

En total, ha recordado el ministro, han sido más de 2.000 personas las que han pasado por Torrejón: 1.645 'reclamadas' por España; 335 a petición de las UE, aunque 25 se quedarán en España también por formar parte de la cuota correspondiente al país; 132 del contingente estadounidense; 50 de la OTAN que también se quedan en el país; y otros 19 que han sido trasladados a Portugal.

UNA MEDIA DE 45 HORAS EN TORREJÓN

En la rueda de prensa, Escrivá ha agradecido la labor de la UME y las ONG que han colaborado con su departamento en toda esta operación y ha puesto en valor, además, la coordinación entre los ministerios que tenían competencias en la misma: Sanidad, Exteriores, Interior, Defensa y Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Gracias a este trabajo, ha indicado se ha podido mejorar el "ambicioso" plan que tenía el Gobierno para reducir al máximo el tiempo que los refugiados iban a estar en el campamento de Torrejón. Al final, ha declarado el ministro, la media de estancia de los evacuados que se han quedado en España ha sido de 45 horas y en el caso de otros contingentes 67 horas.

Esta coordinación y esta reducción en las horas, ha indicado Escrivá, "es lo que ha permitido absorber a tantas personas" y que el aeropuerto español haya podido convertirse en 'hub' en esta situación.

En cuanto a los que han solicitado protección en España, el responsable de Inclusión ha explicado que han sido atendido por 71 funcionarios de su Ministerio, encargados, junto a Cruz Roja, de realizar las entrevistas personales que, ha apuntado Escrivá, son "fundamentales" para determinar la derivación al sistema de acogida. En total, ha indicado Escrivá, los funcionarios han realizado hasta 1.500 horas de estas entrevistas.

SOLO CANARIAS NO HA RECIBIDO REFUGIADOS

La información obtenida de estos contactos ha permitido la inclusión en el sistema de más de 1.700 personas y unas 320 familias, según datos de Migraciones. Todas ellas han sido trasladadas a recursos de la red estatal.

De ellas, 249 personas están en recursos de Castilla y León, 208 en los de Cataluña, 188 en Andalucía, 179 en Aragón, 167 en la Comunidad de Madrid, 99 en Galicia y 96 en Asturias. En País Vasco y Comunidad Valenciana se han acogido a 85 personas en cada una, y en Castilla-La Mancha y Murcia 68, también en cada una de ellas.

Cantabria con 43 personas acogidas, Baleares con 33, La Rioja con 25 y Extremadura, con 18, completan este reparto. El Gobierno no ha enviado a nadie a los recursos en Canarias ya que, como ha explicado Escrivá, esta comunidad ya tiene "mucha tralla" con la inmigración.

SISTEMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN

Esta derivación se ha realizado en base a tres criterios, según ha apuntado el ministro: la disponibilidad de plazas, las entrevistas personales realizadas por los expertos --que pueden determinar la vulnerabilidad de los refugiados-- y las redes familiares cercanas. En este caso, sin embargo, Escrivá ha explicado que este último punto no ha sudo relevante porque "no hay muchos afganos en España".

Una vez en los recursos de acogida estatales, los refugiados pasarán por dos fases. Una primera de "acogida", que dura entre seis y nueve meses desde su llegada, en la que se hace un acompañamiento integral de estas personas; y una segunda de "preparación a la autonomía", en la que reciben ayudas y apoyo para su integración.

Aquí se trabaja con "con itinerarios de integración individualizados, que se evalúan y adaptan al beneficiario" y que se traducen en una serie de prestaciones como alojamiento y manutención, información y orientación social, intervención social, ayudas económicas, asistencia jurídica, asistencia psicológica, traducción e interpretación y orientación y formación para el empleo.

Sobre la escolarización de los menores llegados a España, Escrivá ha indicado que se está trabajando con los ayuntamientos para agilizar el trámite y se reforzará con los centros el aprendizaje del lenguaje de estos niños.

En este sentido, el ministro ha explicado que la juventud de la mayoría de refugiados es una buena noticia de cara a esta integración ya que, según ha explicado, los más jóvenes tienen una "capacidad superior" para ello.

"REFORZAR EL SISTEMA"

A pesar de que el ministro se ha felicitado de cómo se ha realizado todo este procedimiento, que ha permitido acoger a más de 1.700 personas en diez días cuando, ha explicado, el Ministerio hace en un año (según datos de 2019) unas 1.300 acogidas, Escrivá también ha reconocido la necesidad de "reforzar el sistema".

En concreto ha señalado la necesidad de mejorar el "patrocinio comunitario". Se trata de convenios entre el Estado y ayuntamientos, autonomías o administraciones territoriales que se van a involucrar en el proceso de acogida, así como ONG y otras organizaciones, con el objetivo de crear una 'comunidad' y derivar a personas con protección internacional de la red estatal a otros recursos que estas administraciones y organizaciones tengan.

Con este convenio, los nuevos responsables de los refugiados deben cumplir unas condiciones que establezca el Estado y que, en este caso, serían las mismas que se aplican en los centros estatales.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha trasladado a la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, el dictamen favorable a la orden de la Consejería de Salud y Familias del 18 de agosto por la que se acuerda establecer pruebas PDIA semanales al personal sanitario no vacunado, así como las personas trabajadoras en los centros socio sanitarios residenciales y no residenciales de mayores y grandes dependientes, al igual que al personal del servicio de ayuda a domicilio.

Con este informe, la Fiscalía de Andalucía no acepta la demanda de la asociación Liberum contra esta orden de la Consejería de Salud y Familias por considerar que limita derechos fundamentales.

El dictamen de la Fiscalía señala que existe una normativa habilitante que autoriza a la administración sanitaria a dictar normas que contengan medidas en la lucha contra la pandemia y considera que ésta "soporta el juicio de proporcionalidad exigible".

"Son medidas necesarias para la obtención del fin perseguido y moderadas a la situación actual hasta el punto de que, frente a la vacunación obligatoria, la vacunación obligatoria indirecta o la pruebas PDIA, la orden opta por la menos invasiva con la pruebas PDIA para el personal que trabaja con un sector especialmente vulnerable".

Del mismo modo, subraya que "esta medida concilia la libertad de los empleados, plasmada en la decisión personal de vacunarse o no vacunarse, con la vigilancia escrupulosa de las consecuencias que depare a terceros su libre decisión que libremente adoptan no ha de perjudicar a terceros y menos a un colectivo especialmente vulnerable, dada la evidencia científica de la facilidad de transmisión".

También recoge el dictamen de la Fiscalía que las medidas son ponderas y equilibradas por derivarse de ellas más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto "ya que con las medidas se persigue la garantía de la salud pública y la salvaguarda de los derechos a la protección a la salud y a la vida que corresponden a personas vulnerables como al personal sanitario o socio sanitario que presta servicios en dichos centros".

LA JUNTA RECURRE AL SUPREMO

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que el Gobierno andaluz ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la resolución del TSJA que suspende cautelarmente la medida acordada por la Junta para imponer la realización de pruebas diagnósticas periódicas a todos los trabajadores de residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios.

Aguirre ha lamentado que el TSJA le "va cortando las alas" a la Junta de Andalucía en su lucha contra la persistencia del Covid-19 en las residencias, pues, ante la negativa a vacunarse de algunos trabajadores, Salud pretendió la vacunación obligatoria de estos empleados, lo cual ha rechazado el alto tribunal andaluz, y después el que, al menos, se les puedan hacer "PCR dos veces en semana", lo que también ha sido rechazado por el TSJA.

Por esta razón, la Junta ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo (TS) dichas resoluciones, ya que, según manifiesta Aguirre, "quitan las armas" a Salud para combatir al coronavirus en las residencias, lo cual se debe también, según ha argumentado, a que "no hay una Ley de Salud Pública, a que no ha habido un cambio legislativo" para adaptarse a la pandemia, "y eso es achacable al Gobierno central", ha dicho.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation, la promotora de la gira de despedida de la banda Extremoduro, por "dificultar el reembolso" de las entradas de los conciertos tras la cancelación definitiva del evento.

Las denuncias han sido presentadas ante las autoridades de protección al consumidor de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Andalucía, Cataluña, Extremadura y Euskadi, al ser las comunidades en las que iba a realizarse la gira.

El espectáculo tenía previsto celebrarse inicialmente en la primavera y el verano de 2020, pero fue aplazado, con motivo de la pandemia de Covid-19, sin confirmación de las nuevas fechas. Ahora, Live Nation ha emitido un comunicado en el que anuncia que "tras haber intentado el aplazamiento hasta el último momento", lamenta comunicar la "imposibilidad definitiva" de celebración de los conciertos de la Gira de Despedida de Extremoduro, como consecuencia de la negativa de Robe Iniesta y su representante artístico a realizar la misma en un futuro.

Live Nation, en el comunicado, ha indicado que para solicitar la devolución del importe de las entradas, hay que seguir unas instrucciones por email que recibirán los compradores. Además, impone a los usuarios como fecha límite el 30 de septiembre para poder solicitar la restitución del importe.

En este sentido, FACUA advierte de que establecer un plazo "excesivamente breve podría considerarse una práctica abusiva" en las condiciones de contratación, ya que supone un grave perjuicio para los consumidores que, de no solicitar la devolución en plazo, perderían el derecho a obtener el reembolso de un servicio que no se ha prestado.

FACUA, además, advierte de que resulta "igualmente perjudicial" para los usuarios que Live Nation imponga una única forma de solicitar el reembolso, al obligar que se haga "siguiendo las instrucciones del email" que asegura que remitirá a los afectados.

"Esto podría provocar que los consumidores se vean imposibilitados a pedir la devolución --habida cuenta, además, del exiguo plazo que da la empresa--- por no haber tenido conocimiento a tiempo de este correo electrónico", ha apuntado. La asociación incide en que un email no es un medio que permita acreditar de forma fehaciente que el receptor haya tenido conocimiento efectivo de su lectura, ni siquiera de que lo haya recibido con la antelación suficiente.

FACUA ha solicitado a las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas donde se iban a realizar los conciertos de la gira de Extremoduro que inicien las investigaciones que consideren oportunas e incoen el correspondiente expediente sancionador contra Live Nation por imponer cláusulas abusivas y dificultar el reembolso del importe de las entradas.

El diputado regional del PSOE Antonio José Espín ha denunciado que la Región de Murcia es "una de las pocas comunidades de toda España que no mantendrá los docentes de refuerzo Covid para 2021-2022", y que, a cuatro días de empezar el curso escolar, "el Gobierno regional no ha proporcionado a los centros educativos los recursos para aplicar la normativa", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Espín ha indicado que el Ministerio de Educación anunció la semana pasada que el Gobierno de España enviará 13.000 millones de euros a las comunidades autónomas para adaptar los servicios públicos al contexto sanitario, y pidió a los consejeros y consejeras del ramo que destinasen parte de este dinero, que llegará entre octubre y noviembre, al refuerzo de la educación para adaptarla a la situación de pandemia.

Además, ha señalado que la mayoría de comunidades autónomas van a mantener los docentes de refuerzo Covid del curso anterior. "Algunas van a aumentar aún más las plantillas, como la Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria, y otras, aunque disminuyen el número de refuerzos, los mantienen en una cantidad elevada, mientras los centros de la Región se quedan totalmente abandonados, con el mismo número de docentes que antes del inicio de la pandemia y sin un solo docente Covid", ha dicho.

A esto, ha añadido que "a gran parte del profesorado interino no se le adjudicará la plaza hasta unos días después de empezar el curso, por lo que los centros comenzarán las clases sin refuerzos y con las plantillas incompletas, un auténtico despropósito".

Por otra parte, Espín ha criticado que los ayuntamientos "siguen sin recursos para sufragar los gastos extraordinarios de limpieza y desinfección de los centros y que "López Miras no les ha transferido desde el pasado mes de diciembre".

En este sentido, ha lamentado que "la incapacidad del Gobierno regional pone en riesgo la salud y la calidad de la educación de los estudiantes de la Región", por lo que le ha vuelto a exigir que disponga, "de manera urgente", de la línea de subvenciones municipales, "como están haciendo en otras comunidades autónomas".

Finalmente, el diputado socialista ha insistido en que garantizar la presencialidad en las aulas, con la aplicación de todas las medidas sanitarias y de seguridad, "debe ser una prioridad para el Gobierno regional, tal como se comprometió en la Conferencia Sectorial de Educación".

"Desde el PSRM, exigimos al Ejecutivo de López Miras una rectificación inmediata antes de que sea demasiado tarde", ha concluido.

El Rey Felipe VI ha asistido este jueves en Cartagena a una demostración de identificación y detección de minas a bordo del cazaminas Tambre. Su Majestad ha visitado la ciudad portuaria para participar en diversos actos relacionados con la Fuerza de Medidas Contra Minas (MCM) de la Armada Española, con motivo de su 75 aniversario.

Sobre las 10.30 horas, el Rey llegaba al Arsenal Militar de Cartagena, donde tiene su sede la Primera Escuadrilla de MCM, que está formada por seis cazaminas de la clase 'Segura'. Estos buques, que han sido todos construidos en los astilleros de Cartagena, son el cazaminas Segura, Sella, Tambre, Turia, Duero y Tajo. Uno de ellos, el Turia, se encuentra actualmente en reparación.

Una vez allí, el monarca ha asistido a una charla en la que se le ha detallado las misiones que lleva a cabo la Fuerza de Medidas contra Minas. Posteriormente, ha pasado a un aula del curso de operaciones de guerra de minas, donde se ha interesado por el adiestramiento que están realizando los alumnos. Tras esa primera visita, se ha dirigido a la sala de simuladores para conocer el trabajo que se está desarrollando en la MCM.

Posteriormente, el Rey Felipe VI se ha desplazado a la Estación Naval de La Algameca, donde ha saludado al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y unos minutos después se ha incorporado a la comitiva el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

Allí, ha saludado a la unidad de buceadores de medidas contra minas y ha visitado una exposición estática de material de la Unidad y el Museo de Artefactos Explosivos y Minas Desactivadas, donde se le ha explicado, también, cuáles son las incidencias más comunes que suelen producirse con este tipo de artefactos.

La lluvia de primeras horas de la mañana no ha afectado al normal desarrollo de la visita. No obstante, estaba previsto poder seguir una exhibición de la Unidad de Buceadores, aunque según han comentado desde la Armada, la turbidez del agua lo ha impedido.

Finalmente, el Rey ha embarcado en el cazaminas Tambre, donde se le ha realizado una simulación de la llamada guerra de minas, empleando para la detección e identificación de los artefactos el vehículo controlado por control remoto Pluto Plus.

La misión principal de este tipo de buques es la de contribuir a mantener abiertos al tráfico los puertos principales y bases navales, así como posibilitar las operaciones anfibias de proyección del poder naval sobre tierra. Su cometido principal es la detección, localización, identificación y neutralización de minas de fondo y orinque.

La Escuadrilla de Medidas contra Minas está integrada plenamente en la OTAN y mantiene una unidad permanentemente en la Agrupación SNMCMG2 (Standing Naval Force MCM Group Two), cuyo escenario natural de actuación son las aguas del Mar Mediterráneo.

Con esta es la tercera vez que Su Majestad visita la ciudad portuaria en 2021. La primera fue el pasado abril, cuando acudió acompañado de la Reina Letizia y las infantas Leonor y Sofía a la ceremonia de puesta a flote del submarino S81. La segunda visita, que hizo en solitario, tuvo lugar a principios de mayo para inaugurar el Museo del Foro Romano, enclavado en el Parque Arqueológico del Molinete.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este jueves que la mesa de diálogo "no se devalúa en ningún caso ni en ninguna situación", al ser preguntado por si cree que perderá valor si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no participa en la reunión de la tercera semana de septiembre.

Lo ha dicho en declaraciones desde Ginebra (Suiza), donde ha viajado junto a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, para encontrarse con la secretaria general de la formación, Marta Rovira.

En este viaje, que estaba previsto para el miércoles, también debía acudir el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pero lo pospuso para centrarse en la gestión de las inundaciones que se han producido en Tarragona y prevé ir a Ginebra más tarde, ha explicado Junqueras.

El líder republicano ha afirmado que, para ERC y para la comunidad internacional, no hay nada que devalúe la mesa de diálogo, que ha definido como el mejor camino que tienen ahora mismo para sumar fuerzas en el extranjero.

Así, ha defendido que la mesa de diálogo es imprescindible para lograr el reconocimiento de la comunidad internacional y ha augurado que "hará gestos" si el Govern actúa con convencimiento a favor de la negociación con el Gobierno.

"Constatamos, intuimos y prevemos que la comunidad internacional hará gestos en la medida que nosotros actuemos con convencimiento y franqueza en defensa de la negociación. Somos conscientes de las dificultades y es la única manera de obtener este reconocimiento internacional que nos es imprescindible para hacer la independencia de Cataluña", ha subrayado.

"FRANQUEZA Y CONVENCIMIENTO"

Junqueras ha argumentado que la independencia es "imposible sin reconocimiento internacional", por lo que cree que tienen la obligación de defender la mesa de diálogo y ha asegurado que esto es la recomendación que le llega siempre desde la comunidad internacional.

Por eso, ha animado "a todos los independentistas a ponerle toda la intensidad y las ganas", y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que se tome el diálogo seriamente.

"Quien más defienda esta mesa de negociación, quien más actúe con franqueza y convencimiento, más apoyos obtendrá de esta comunidad internacional", ha advertido.

Asimismo, ha insistido en que, como su prioridad es lograr la independencia para trabajar de la manera más efectiva por la ciudadanía de Cataluña, deben apostar por la negociación con el Ejecutivo central: "Es evidente que nosotros la importancia que le damos es toda".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el recurso de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) y ha decidido mantener cerrados los espacios interiores de los locales de ocio nocturno.

Según un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo pidió a la Generalitat que razonara los motivos para mantener el cierre del ocio nocturno después de que la patronal pidiera su apertura como medida cautelar, y el Govern ha justificado la necesidad de mantenerlo para evitar contagios de Covid-19.

En su resolución, los magistrados recuerdan que la incidencia acumulada que justificó la adopción de estas medidas no es "reflejo de una situación de normalidad o suficiente mejora que justifique la suspensión" de restricciones como las analizadas.

El tribunal también ha avalado la limitación horaria de las actividades de restauración, que deben cerrar a las 0.30 horas, con 30 minutos para desalojar, según la resolución aprobada por el Govern.

Recalca, además, que estas son medidas distintas al toque de queda: "La denegación de la autorización de restricciones de movilidad nocturna no puede extenderse a las restricciones horarias y en espacios cerrados de actividades de restauración y recreativas musicales por la falta de similitud del contenido y alcance de esas medidas".

Así pues, se mantiene cerrado al público el espacio interior del ocio nocturno, al que los clientes no pueden acceder para hacer "ninguna otra actividad que no sea el acceso a las terrazas o espacios al aire libre y la utilización de los servicios higiénicos", y no impone condena en costas.

La patronal del ocio nocturno había pedido abrir los locales permitiendo el acceso solo a las personas que hayan superado un test entre las 24 y las 48 horas previas, que tengan la pauta completa de la vacunación o bien que hayan pasado la enfermedad entre los 3 y los 6 meses anteriores; el TSJC ha considerado que no han aportado un "principio de prueba" que justifique que esa medida puede ser tan eficaz para contener la pandemia como el cierre.

EL INFORME

Según el informe de la Agència de Salut Pública aportado por la Generalitat, "todavía se mantiene una transmisión comunitaria no controlada y sostenida que afecta principalmente las franjas más jóvenes --15-29, 5-14 y 30-39 años--", y que durante el último mes se ha extendido hasta la franja de más de 70 años.

El informe también sostiene que los datos epidemiológicos actuales son mucho más graves y severos "que en el momento en que se adoptó la apertura del ocio nocturno con las restricciones citadas".

"Y es precisamente esta flexibilización de las condiciones restrictivas hacia el ocio nocturno una de las causas del aumento de la diseminación", subraya el informe de la Generalitat.

EL TSJC también ha aceptado este jueves prorrogar una semana más la limitación de las reuniones a un máximo de 10 personas en Cataluña, tal y como pidió el Govern de la Generalitat, y mantener el aforo de actos religiosos al 70% y con un aforo de 1.000 a 3.000 personas --dependiendo de la ventilación de los diferentes espacios--.

Un total de 25 refugiados afganos han llegado a La Rioja en los últimos días, en el marco del programa de Protección Internacionaldel Gobierno de España. Estas personas son acogidas en recursos del Estado, -centros propios del Ministerio de Inclusión, o financiados por el mismo y gestionados por entidades-.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado hoy en un balance de la denominada Operación Antígona que el dispositivo temporal de tránsito de Torrejón atendió a 2.181 personas evacuadas de Afganistán. En la presentación del balance, el ministro ha subrayado el esfuerzo que se ha realizado para la atender a las personas evacuadas en 17 vuelos aterrizados a lo largo de 9 días en la base de Torrejón.

"Nuestra prioridad -ha destacado Escrivá- ha sido que estas familias evacuadas puedan empezar su nueva vida en España cuanto antes, para lo que era necesario ser ágil en las derivaciones hacia los recursos, en los que ya inician su proceso de integración". Para ello, el Gobierno de España ofrece a las familias solicitantes de Protección Internacional las de acogida más idóneas para cada caso, dentro de las cuales recorrerán un itinerario de inclusión personalizado.

El ministro ha indicado igualmente que las derivaciones a las plazas de acogida del Gobierno central a cada Comunidad Autónoma se han realizado tras realizarse entrevistas a las familias evacuadas y determinar qué recursos eran más adecuados para cada caso. Entre otras cuestiones, se analizan sus posibles necesidades especiales, la existencia de posibles redes familiares cercanas y la disponibilidad del número de plazas necesarias para cada unidad familiar en el momento de la derivación.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha resaltado "la capacidad de respuesta del sistema de acogida de protección internacional del Estado ante esta emergencia", y esto, en un corto periodo de tiempo: la estancia media de las familias afganas en Torrejón ha sido de 45 horas, muy inferior de las 72 horas inicialmente fijadas como objetivo.

Ha destacado que ha sido capaz de admitir a casi 1.700 personas en apenas diez días, "cuando lo habitual era la entrada de 1.300 al mes de media", lo que ha supuesto un "esfuerzo considerable" tanto para nuestros trabajadores como para las entidades colaboradoras, a las que ha agradecido su trabajo en estos días.

"Esta emergencia -ha indicado- nos ha recordado la importancia de tener un sistema de acogida de protección internacional robusto, algo que España tiene, pero que necesita reforzar". Para este refuerzo, el Gobierno central cuenta con el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dedicará174 millones de euros en el periodo 2021-2024 para la puesta en servicio de nuevos centros.

La finalidad del sistema de acogida del Estado, ha recordado Escrivá, es "facilitar la progresiva autonomía de las personas acogidas y su inserción social y laboral" para lo que su atención se estructura en dos fases. La primera, de acogida, con una duración mínima de seis meses, prevé su residencia en plazas del sistema. La segunda, de preparación para la autonomía, se encarga de proporcionar ayudas para cubrir las necesidades básicas.

A lo largo de todo el proceso, "se trabaja con itinerarios de integración individualizados, que se evalúan y adaptan a la persona refugiada" y que se traducen en una serie de prestaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su inclusión:

- Alojamiento y manutención- Información y orientación social- Intervención social- Ayudas económicas- Asistencia jurídica- Asistencia psicológica- Traducción e interpretación- Orientación y formación para el empleo

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerda que ha sido una constante durante el operativo de acogida en Torrejón la voluntad de estas familias de salvaguardar su intimidad y de descansar de un trayecto traumático. La inmensa mayoría de las familias afganas mantienen vínculos familiares en Afganistán expuestos a un peligro inminente, por lo que se reiterala petición de respetar esta voluntad por parte de las personas acogidas en el Sistema de Protección Internacional estatal, para comenzar a trabajar en su restablecimiento e inclusión.

Las derivaciones de las personas afganas pertenecientes cada contingente (Europa y España) están disponibles en este mapa interactivo elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:https://public.tableau.com/views/OPEANTIGONA/mapas?%3AshowVizHome=no&%3Aembed=true#2

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que hoy España se ha ganado el derecho a tener optimismo y a perder el miedo sin renunciar a la prudencia frente a esta pandemia y atribuye el éxito a la "autoestima colectiva" porque "el país se marcó objetivos y los ha bordado", y eso va a permitir celebrar con esperanza la salida de esta crisis".

Para García-Page está claro que esta crisis se ha abordado con "mucho mimo, cariño, tacto humano y con mucho miedo". "Y hoy nos hemos ganado el derecho a tener optimismo", ha dicho tras unir esta esperanza en la salida de esta crisis con la del desempleo, que en agosto ha alcanzado niveles esperanzadores tanto en Castilla-La Mancha como en España.

Además, se ha mostrado convencido de que más allá de ruidos ha habido colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. "El estado de las autonomías y el sistema sanitario no ha sido un impedimento sino diecisiete aceleradores para poder decir que en ocho meses hemos vacunado a toda la población que queríamos".

Ante la presencia también de Araceli Hidalgo, la primera persona vacunada en toda España, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la región ha recordado como con Araceli empezó la "operación de salud pública masiva" más importante de este país que se recuerda y "lo hizo precisamente en Guadalajara --ha dicho--", resaltando de esta mujer no solo su optimismo y alegría sino su sonrisa en este proceso, y la importancia que tuvo para que fuera acogida la vacunación de otra forma.

Así, el presidente de Castilla-La Mancha ha dado las gracias públicamente a Araceli por su reacción tras ser vacunada, porque su reacción y la sonrisa y optimismo que le puso "fue terapéutico".

En todo caso, aunque para García-Page no se puede hablar de celebración pese a haberse alcanzado el objetivo de vacunación del que muchos se reían hace unos meses ya que ha habido fallecidos de por medio y pesa aún el dolor por la gente a la que no se ha podido ayudar, pero si ha hablado de "gratitud y de éxito colectivo". "En democracia los éxitos son colectivos y los fracasos son de los gobiernos y lo tengo asumido", ha precisado.

El presidente sí ha reconocido que él mismo se ha planteado en alguna ocasión en qué condiciones se hubiera abordado la crisis sanitaria presentada de forma imprevisible con el sistema sanitario que había años atrás y ha apuntado que en esos años, en vez de 70% de vacunación había un 70% de despidos y de paralización de obras. "Aquí se suprimieron hasta las pruebas del talón para los recién nacidos", ha apostillado, admitiendo además que hubiera sido distinto en ese contexto abordar esta crisis sanitaria.

Para García-Page está claro que esta crisis se ha abordado con "mucho mimo, cariño, tacto humano y con mucho miedo", y "hoy nos hemos ganado el derecho a tener optimismo", ha apuntado convencido de que esto se debe a todos.

El líder regional ha subrayado que, en su opinión, esta recuperación será más rápida de lo lógico porque cree que "simplemente, se ha respondido". "Seguramente --esta vacuna-- nos ha vacunado también contra el virus de los recortes", ha apostillado, resaltando el papel de todos los profesionales ante esta pandemia.

Por último, para García-Page cree que la sociedad se ha ganado ya el derecho a no tener miedo y ha apuntado que eso se a ver ya en la recuperación económica y espera que también en los niveles de cordialidad política. "La reacción del sistema sanitario y de protección social va a dar también garantía y esperanza económica", ha concluido, convencido de que todo va de la mano.

ALBERTO ROJO DEFIENDE INVERTIR EN SANIDAD PÚBLICA

De su lado, el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha tenido un recuerdo especial para todos las personas que han perdido la vida por el coronavirus, para la sociedad en general por su comportamiento "ejemplar" en estos momentos "tan duros" y para los miles de trabajadores que han logrado que el país no se haya parado en lo fundamental, especialmente el sector público.

"Si hoy estamos en este punto es porque nuestro sector público es sólido, especialmente nuestro sistema sanitario. Por eso hoy somos uno de los grandes países del mundo líderes en vacunación", ha subrayado tras asegurar que Guadalajara es también una ciudad en la que la vacunación avanza "a muy buen ritmo".

"La pandemia demuestra algo que muchos siempre defendimos, es la necesidad de invertir, invertir e invertir en la sanidad pública", ha concluido tras recordar la próxima apertura del nuevo Hospital Universitario en la capital alcarreña.

La Audiencia Provincial de Almería acoge a partir del 8 de septiembre el juicio con jurado contra J.M.P., el joven acusado de acabar con la vida de su padre de 27 puñaladas en su casa en la calle Alcor de Almería.

Durante la vista con la que arranca el calendario judicial en el Palacio de Justicia, el presunto parricida se enfrenta a 23 años de prisión por un delito de asesinato y por otro contra la salud pública al encontrar en la vivienda en la que vivía varios botes de cristal con diferentes cantidades de cannabis preparadas para su venta, según el escrito provisional de la Fiscalía.

Los hechos tuvieron lugar hacia la medianoche del 13 de octubre de 2019, cuando el acusado acudió a casa de su padre en la zona próxima a Cruz de Caravaca, con el que había convivido hasta fechas recientes.

Según el auto de hechos justiciables, el jurado deberá determinar si el acusado actuó con premeditación al acudir al domicilio con unos guantes de látex y un cuchillo de cocina de unos 15 centrímetros "con intención de causarle la muerte" o si solo acudió a la vivienda a recoger unos enseres personales y una vez allí, se inició una discusión tras ser increpado por su padre.

En este sentido, y en base a las pruebas y declaraciones que se aporten en las tres sesiones previstas, deberán determinar si el acusado habría aprovechado que su padre se encontraba viendo la televisión para efectuar un ataque "por sorpresa" por la espalda, con una primera cuchillada en el pecho, otra en el cuello y después otras 25 tras caer al suelo la víctima o si, por el contrario, previamente se inició una discusión por la que "el padre recibió una puñalada en el corazón".

La Fiscalía sostiene que el supuesto parricida, que confesó los hechos ante la Policía tras su arresto, habría accedido a la casa de su padre con unas llaves cuando la víctima, de 56 años, se encontraba en el salón sentado en un sillón mientras veía un programa de televisión.

Según sostiene el Ministerio Público, el acusado se ubicó a las espaladas de su padre y "con el fin de causarle la muerte, con el cuchillo que portaba, le asestó una primera puñalada en el tórax a la altura del corazón".

A pesar de dicha agresión, la víctima habría podido levantarse y caminar unos pasos, momento en el que su agresor dio "una segunda puñalada en el cuello, cayendo ya la víctima al suelo". Ante los "síntomas de vida" que aún mostraba la víctima, el acusado le habría asestado "una secuencia de puñaladas por varios puntos del abdomen" hasta un total de 25 cuchilladas para asegurarse de que "había acabado con su vida".

En esta línea, según la acusación, habría tratado posteriormente de limpiar la escena del crimen y sus huellas con varios productos de limpieza y utensilios que encontró en la cocina. Del mismo modo, habría tratado de dejar falsas pistas, para lo que "cogió un cuchillo de unos diez centímetros de hoja, lo impregnó de la sangre del fallecido que se hallaba derramada por el suelo y lo dejó junto al cadáver".

Tras lavarse las manos, el presunto autor del crimen recogió todos los utensilios que usó para dar muerte a su padre como el cuchillo de la agresión, guantes, toallas, papel higiénico y una camiseta, los metió en una bolsa que llevó consigo y abandonó inmediatamente la vivienda, según el relato fiscal.

El joven, que fue detenido apenas una semana después del crimen, guardaba en casa de su abuela útiles y herramientas para la preparación de plantas de marihuana con destino al tráfico ilícito. En dicha residencia la Policía Nacional intervino 12 bolsas de plástico con sustancias en su interior seis envoltorios pequeños y varios botes de cristal con cannabis. En total, 317,8 gramos, que habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de 1.612 euros.

Así, la Fiscalía solicita para él dos años de prisión por un delito contra la salud pública, con una multa adicional de 2.000 euros, y otros 21 años por un delito de asesinato, así como otros siete años de libertad vigilada.

"AÑOS DE MALOS TRATOS"

El presunto parricida, detenido pocos días después de la aparición del cadáver, se habría "obcecado" después de mantener una fuerte discusión con su padre la noche de los hechos tras haber soportado "años de malos trato", tanto él como su madre, según la versión dada a la Policía y que el joven habría ofrecido a los agentes poco después de su arresto.

El jurado también deberá ratificar, en caso de que resulte probado, que la relación entre la víctima y el supuesto agresor "nunca había sido buena", que el acusado consume estupefacientes "a diario desde que tenía 16 años" y que presenta un trastorno denominado 'síndrome amotivacional', el cual "daña seriamente sus capacidades cognitiva y volitiva", ya que estos aspectos junto con su supuesta confesión, podrían actuar como atenuantes ante una eventual condena e incluso para declarar su no culpabilidad en función del grado de aplicación.

Fuentes de la investigación apuntaron los supuestos maltratos sufridos por el joven, que aún vivía con su padre, y por la madre, con la que ya no convivía. En este sentido, el detenido tampoco aprobaba una relación que su progenitor había iniciado recientemente, lo que habría desencadenado una discusión días atrás.

El joven confesó el crimen en dependencias policiales tras encontrarse ropa en su vivienda con restos de sangre de la víctima. Así, se reveló como uno de los principales sospechosos después de que fuera situado en la escena la noche de los hechos, algo que "en una primera declaración policial negó a los agentes".

Tras un registro "exhaustivo" en la vivienda del presunto parricida, la Policía Nacional halló varias prendas de ropa con restos de sangre de su padre muerto. En este sentido, y durante una segunda declaración en la Comisaría Provincial, el joven "de manera espontánea" confesó "el crimen y su autoría".

Los agentes descubrieron el cadáver del varón en el interior de su vivienda, en posición decúbito prono en el suelo del salón, y sobre un gran charco de sangre. Cerca del finado, los investigadores hallaron un cuchillo de cocina de grandes dimensiones manchado de sangre. A pesar de estos indicios, en un primer momento la muerte se achacó erróneamente a un suicidio.

El cadáver del hombre fue encontrado poco antes de las 9,50 horas del día 13 por la pareja del fallecido, quien alertó a los servicios de emergencias. Según los testigos, el hombre había vuelto solo a su casa la noche anterior tras haber salido.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha admitido este jueves que Canarias asume un "sobreesfuerzo evidente" por acoger a menores migrantes no acompañados --en la actualidad atiende a unos 2.500-- y por ello, su departamento, pese a no tener competencias directas, prepara un "mecanismo estable" de acogida.

En una rueda de prensa acompañada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la ministra ha indicado que "es necesaria la corresponsabilidad" de otras comunidades autónomas para que todo el esfuerzo no recaiga en una sola, en este caso Canarias.

"Es una pedagogía que he tratado de hacer y lo estamos consiguiendo", ha indicado, subrayando que su Ministerio ha intervenido en algunas reubicaciones en menores de Ceuta y las islas, si bien "no es suficiente".

Belarra ha asumido que España forma parte de varias rutas migratorias permanentes y debe dar sistema de acogida y vías para migrar "estables y seguras", y en ese sentido, ha señalado que trabajan para que las comunidades "se responsabilicen".

"La sensibilidad va aumentando y cada vez hay una conciencia mayor, todos tenemos que aportar a los grandes retos de la globalización y la migración es uno de ellos", ha señalado.

Belarra ha coincidido con el presidente canario en apoyar la posible devolución de menores a sus países de origen pero si se hace con todas las garantías legales y su propio consentimiento.

Torres ha explicado que apoyan estas devoluciones "siempre que se defienda la ley y los derechos de los menores", atendiendo al marco legislativo y con "total transparencia", sabiendo que el menor regresa con su unidad familiar y con convenios bilaterales con los países de origen.

Ha dicho que esa "es una opción" para aligerar la presión de acogida en Canarias y otra es la "solidaridad obligatoria" que se defiende con el caso de los migrantes adultos y la Unión Europea, y ahí se depende de la "colaboración" de las demás comunidades.

Por ello, ha comentado que hay que "actualizar" la ley actual que fija la tutela de los menores no acompañados en las comunidades autónomas dado que cuando nació no estaba tan relacionada para los menores que llegan del exterior.

Andalucía registra este jueves 2 de septiembre un total de 1.229 contagios, una subida de 277 casos respecto a la víspera y 873 menos que los comunicados hace siete días, según los datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía (IECA), que también contabiliza 25 fallecidos, diez más que la jornada anterior y dos más que hace una semana.

Por su parte, la incidencia acumulada se sitúa en 210,1 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone 17,6 puntos menos respecto a la jornada anterior y 79,4 puntos menos que hace siete días.

Los 1.229 contagios de este jueves se registran tras los 949 del miércoles, los 980 del martes, los 1.359 del lunes (48 horas), los 1.514 del sábado, los 1.698 positivos del viernes y los 2.102 de el jueves pasado.

Por provincias, Sevilla continúa nuevamente como la que más casos suma con 359 casos, seguida de Málaga con 183, Granada con 147, Cádiz con 141, Huelva con 133, Almería con 95, Jaén con 87 y Córdoba con 84.

En cuanto a los 25 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, se contabilizan diez en Sevilla, ocho en Málaga, tres en Almería, dos en Jaén y uno en Cádiz y Córdoba. Granada y Huelva son las provincias que no registran fallecidos esta jornada.

LOS HOSPITALIZADOS EN NIVELES DE FINALES DE JULIO

Andalucía ha registrado este jueves 2 de septiembre un descenso de 46 pacientes hospitalizados por Covid respecto a la jornada anterior para situarse en un total de 906, lo que supone un descenso de 259 en la comparativa intersemanal y que la situación hospitalaria se sitúe en niveles de 22 de julio, cuando se contabilizaban 911 hospitalizados. En el caso de los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se han registrado 182, seis menos que la víspera y 35 menos que los difundidos hace una semana.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 230 y 44 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 230 y 43 en UCI, Granada con 100 y 20 en UCI, Córdoba con 83 y 21 en UCI, Cádiz con 71 y 19 en UCI, Almería con 69 y 18 en UCI, Jaén con 69 y diez en UCI, y Huelva con 54 y diez en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 788.481 casos confirmados --1.229 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.907 muertes, 25 más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 55.331, 74 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.078 --diez más--, y el número de curados es de 713.602, después de añadirse 3.280.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.907 fallecidos desde el inicio de la pandemia --25 más--, Sevilla con 2.182 se mantiene como la provincia con más muertes --diez más--, seguida por Málaga con 1.904 --ocho más--, Granada con 1.847, Cádiz con 1.567 --uno más--, Jaén con 1.052 --dos más--, Córdoba con 1.048 --uno más--, Almería con 904 --tres más-- y Huelva con 403.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 788.481 desde el inicio de la pandemia --1.229 más--, liderados por Sevilla con 172.068 --359 más--, seguida de Málaga con 151.215 --183 más--, Cádiz con 110.869 --141 más--, Granada con 107.444 --147 más--, Córdoba con 71.307 --84 más--, Almería con 68.065 --95 más--, Jaén con 63.234 --83 más-- y Huelva con 44.279 --133 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 55.331 --74 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 12.265 --31 más--, seguida de Málaga con 10.228 --nueve más--, Granada con 9.041 --nueve más--, Cádiz con 6.435 --dos más--, Córdoba con 5.212 --siete más--, Jaén con 5.134 --nueve más--, Almería con 4.321 --cuatro más-- y Huelva con 2.695 --tres más--.

De ellos, 6.078 han pasado por la UCI en Andalucía --diez más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza que se mantiene en 1.191 --cuatro más--, seguida de Granada con 1.151 --dos más--, Málaga con 988, Almería con 740 --uno más--, Cádiz con 678, Córdoba con 646 --dos más--, Jaén con 480 --uno más-- y Huelva con 204.

La cifra de curados alcanza los 713.602 en toda la región, 3.280 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 152.217 --658 más--, seguida de Málaga con 136.144 --878 más--, Granada con 99.223 --314 más--, Cádiz con 99.122 --745 más--, Córdoba con 64.611 --325 más--, Almería con 62.756 --290 más--, Jaén con 59.379 --47 más-- y Huelva con 40.150 --23 más--.

NINGUNA PROVINCIA POR ENCIMA DE 300 PUNTOS DE INCIDENCIA

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 210,1 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Huelva a la cabeza con 294,4. Detrás se sitúan Sevilla con 270,5; Almería con 198,9; Jaén con 198,8; Málaga con 184,9; Granada con 177,9; Cádiz con 175,8 y Córdoba con 169,8.

La portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, ha insistido este jueves en pedir el cese del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, por negarse a reformar la ley para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento.

Gamarra ha señalado que se trata de un "ataque a la democracia" y que Bolaños "agudiza" el "totalitarismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para la portavoz del PP, la Constitución permite que los jueces elijan a sus representantes en el CGPJ y, en su opinión, "no solo pueden sino que deben" para "despolitizar" la justicia, según ha explicado en declaraciones a La Sexta.

Así, ha apuntado que la Constitución lo permite ya que entre los años 1980 y 1985 "los jueces elegían a los jueces" y hoy las instituciones europeas piden que no se politice la justicia y que se cambie el ordenamiento jurídico para que vuelva a ser así.

EL PSOE ACUSA AL PP DE MANIPULAR LAS PALABRAS DE BOLAÑOS

Gamarra ha insistido en pedir el cese de Bolaños después de que el PSOE haya acusado hoy al presidente del PP, Pablo Casado, de haber manipulado las palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha avisado al líder de los populares de que "la renovación del CGPJ no se hace a golpe de tweet".

En una entrevista en la Cadena SER esta mañana, el ministro ha rechazado las exigencias del PP para la elección de los consejeros en la carrera judicial alegando que "no se puede hacer compartimentos estancos con los poderes del Estado" y que en un Estado de Derecho y en una democracia plena "ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos".

Para Casado, esas palabras son "un ataque a la democracia y al Estado de derecho", por lo que opina que Bolaños "debería ser cesado". "Un totalitarismo inadmisible", ha escrito en la red social Twitter.

Sin embargo, fuentes del PSOE han asegurado que estas afirmaciones del dirigente popular suponen una "manipulación" de las palabras del ministro Bolaños y han pedido a Pablo Casado que no pretenda una renovación del CGPJ "a golpe de tweet".

Con todo, Gamarra ha reiterado el mensaje y ha rechazado que eso de que los ciudadanos elijan a los políticos y ellos "elijan todo" es "la máxima del autoritarismo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este miércoles con el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea y les ha trasladado que aspira a una mayoría absoluta en 2023 así como que ve a la izquierda "con falta de valores y sin escrúpulos".

En la cita, celebrada esta mañana en Arganda del Rey, la dirigente madrileña ha hecho hincapié, según fuentes de su entorno, en que "vienen muchas dificultades para España y Madrid es, sin duda, no la más importante pero sí clave en los debates ideológicos que transforman un país".

"Ahora mismo hay un cambio de rumbo en España, en un momento en que la Unión Europea tiene una crisis de valores sin igual, y le faltan respuestas para muchos problemas; y en un momento en que la izquierda está desbocada y va a venir a Madrid con piel de cordero", ha trasladado la presidenta, quien está misma semana confirmó su intención de presentarse a liderar el PP de Madrid en el próximo Congreso Regional.

A su parecer, esta es "una izquierda que está instalando la pobreza y la miseria como una herramienta para perpetuarse en el poder, para justificar su existencia; una izquierda que está combatiendo a través del asalto a la universidad".

También es una izquierda, a su parecer, "con falta de valores y sin escrúpulos, que ataca al esfuerzo, a la responsabilidad y espacios comunes, en general, a la libertad; y que está implantando un relativismo espantoso, sobre todo, entre los más jóvenes y aborregando a muchas generaciones que ahora mismo están con graves problemas".

"Madrid es más importante que nunca y para corregir estos desmanes, cuanto más amplias sean sus mayorías, será más fácil hablar a la sociedad y explicarles que este es el camino correcto", ha manifestado. Para Ayuso, las herramientas son "la actitud, el fomento de la hispanidad y potenciar el español" así como dar "todas las batallas, y siendo la casa de acogida a todo el que quiera emprender".

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha afirmado que, si procedieran a revisar los expedientes sancionadores firmes que se abrieron durante el confinamiento en el primer estado de alarma, que fue declarado inconstitucional por el TC, podría afrontar "un expediente de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas".

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, Erkoreka se ha referido, de esta manera, al hecho de que, en cumplimiento de esta sentencia, el Gobierno vasco haya procedido a anular los expedientes sancionadores que todavía no son firmes y que no se revisen las multas que ya se han abonado.

El consejero de Seguridad ha destacado el "esfuerzo importantísimo" realizado en su Departamento durante el último año para poder responder a "una cantidad de denuncias" relacionadas con el primer estado de alarma, y que "multiplicaban por diez" el que anualmente se tramita en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana.

"Y que ahora todo ese esfuerzo, con mucho tiempo invertido y con dinero también, se quede en agua de borrajas por la gracieta del estado de alarma, tampoco nos anima mucho ni es motivo de alegría, pero es lo que hay, el barco funciona así", ha señalado

Erkoreka ha añadido que el TC tiene "sus atribuciones y competencias" y, aunque no le gusta la sentencia que ha dictado, porque le parece "muy objetivable desde el punto de vista jurídico", hay que "ejecutarla y no hay más remedio".

Asimismo, ha indicado que uno de los efectos "colaterales" de la sentencia es que "se quiebra" la "aportación educativa" que podría haber tenido una resolución judicial exigiendo "límites claros y transmitiendo el mensaje de que hay un marco normativo pensado para proteger la salud pública" y todo el mundo está "llamado a respetarlo". "Y se extiende la sensación de impunidad de que todo el monte es orégano y que, hagas lo que hagas, tampoco va a haber consecuencias", ha añadido.

Erkoreka ha señalado que en sentencia hay un "mandato claro, directo e inequívoco" donde se dice que no son susceptibles de revisión las situaciones decididas como consecuencia de actuaciones administrativas firmes. Por lo tanto, ha indicado que una multa pagada es una actuación administrativa firme y el TC es "incontestable" y dice que "no es susceptible de revisión".

Por lo tanto, ha manifestado que, si la administración pública, "por su cuenta y riesgo, decide revisar esa situación que, además tiene implicaciones económicas para la administración pública, podría afrontar un expediente de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas" porque habría "devuelto unas cantidades a ciudadanos que las pagaron sin título jurídico ni base fundamentada alguna".

Por ello, ha insistido en que se tienen que "ajustarse lo que dice la sentencia", aunque considera que se crea un "agravio comparativo" con las personas que "han sido más diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones y se han adelantado al pago de las multas", que son las que "salen perjudicadas".

"Y, en cambio, el marrullero típico que ha encadenado recursos de diferente naturaleza para procurar no pagar o posponer el pago es el que se ve beneficiado por el efecto de la sentencia, así que la sentencia, que debería venir a hacer justicia, genera agravios comparativos, que son difícilmente sostenibles", ha añadido.

Erkoreka ha señalado que se tienen que ajustar a lo que dice la sentencia y es "bastante clara hasta la fecha", aunque ha indicado que habrá que ver si "cambia el panorama" con otro pronunciamiento judicial.

TRANSFERENCIAS

Por otra parte, sobre el calendario de las transferencias pendientes a Euskadi, ha indicado que recuerdan al Gobierno central "permanentemente" que hay un "compromiso asumido" para esos traspasos.

"Ahora está puesto por escrito y estamos pidiendo que se comprometan con el efectivo cumplimiento de ese compromiso, yo espero que, de aquí a diciembre, lo que está previsto en el cronograma, las nueve transferencias previstas para lo que resta de 2021 se lleven a cabo", ha añadido. Erkoreka ha asegurado que "no hay motivo ya" que pueda justificar "un retraso más allá de lo que se ha producido".

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado al líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, de ser el "socio a la sombra" del Govern y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

En rueda de prensa este jueves, ha asegurado que Illa no ha creado un Govern a la sombra sino que da "apoyo explícito" al gobierno de Aragonès, después de haberse ofrecido a negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2022 si el Govern no puede aprobarlos.

Preguntado por la mesa de diálogo, ha insistido en que esta mesa no es de diálogo, sino que es una "especie de vehículo político de Sánchez para mantenerse en la Moncloa, haciendo equilibrios con las instituciones democráticas que están erosionando".

Para él, la mesa de diálogo "no será positiva ni para Cataluña ni para el conjunto de España" y ha lamentado que se pretenda tratar en ella la autodeterminación de Cataluña y la amnistía, y no la repartición de los fondos europeos para paliar la crisis por el Covid-19.

Sobre los 100 días del Govern de Pere Aragonès, Fernández los ha tachado de "100 días del gobierno de la decadencia" y cree que es como si el expresidente Quim Torra siguiera siendo el presidente, porque afirma que ambos comparten el mismo modelo de gobierno con carencias y decadencia, en sus palabras.

Preguntado por si el PP catalán acudirá a los actos oficiales con motivo de la Diada, Fernández ha dicho que seguirán la misma dinámica que en los últimos años y que no asistirán porque es un día de "exaltación separatista", pero que redactarán un manifiesto y que darán libertad a los portavoces municipales para que decidan si participan o no.

ESTRATEGIA ALTERNATIVA

El PP catalán ha presentado este jueves la estrategia de la formación para este curso político bajo el lema 'Sí a la libertad, no a la decadencia', que darán a conocer en el próximo Debate de Política General del Parlament y que se centra en reducir los impuestos propios de Cataluña, "burocracia y organismos superfluos e ineficaces".

Entre los puntos, se encuentra el rechazo a la entrada en vigor del impuesto de emisiones de CO2 --porque, según el PP, se pone al límite la economía de las familias--, y la defensa del derecho a la propiedad privada ante la "ocupación ilegal y la permisibilidad del Govern y administraciones locales".

Asimismo, han urgido a dar libertad a las instituciones públicas y medios de comunicación públicos de Cataluña para que "no estén al servicio de una ideología en concreto", piden la defensa de la libertad de los padres para escoger el modelo educativo, más seguridad y más recursos para sanidad.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha respaldado la negativa del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a la propuesta del PP orientada a reformar la ley para que una parte de los vocales del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) sean elegidas por los propios jueces, al entender que es una excusa de esta formación para continuar con el "bloqueo" que mantiene sobre la renovación del órgano judicial.

Precisamente este rechazo de Bolaños ha suscitado que los populares hayan reclamado este jueves el cese del ministro, al entender que su planteamiento es un "ataque a la democracia".

En rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha subrayado que existen en Europa órganos del Poder Judicial que incluso están "participados" por el poder político y que la Constitución española es muy clara al respecto, al definir que la Justicia "emana del pueblo".

EL ÚNICO PODER QUE NO EMANA DE LAS URNAS ES EL REY

Por tanto, el portavoz de la formación morada ha destacado que el ministro ha aludido a un "principio democrático", dado que solo existe un poder del Estado que no emana directamente de las urnas, que es la monarquía.

Además y en el caso del ejecutivo y el judicial, su legitimidad proviene de las cámaras de representación. En consecuencia, Unidas Podemos ha considerado que es "muy sensata" la postura de Bolaños, dado que a nadie le parecía asumible que el próximo Congreso lo eligieran los actuales diputados, al igual que tampoco sería de recibo que el Poder Judicial "autoeligiera a sí mismo".

Bajo el mismo prisma, Echenique ha destacado que el "espíritu de la Constitución" reside en la actual ley, que pauta la renovación mediante las Cortes Generales, y ha detallado que el propio Tribunal Constitucional ya se ha expresado a favor de este criterio.

AL PP LE INTERESA UN CGPJ SIN "LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA"

A su juicio, que el PP plantee ahora "lo contrario" tiene que ver con su "voluntad de bloqueo" del CGPJ, que dura más de 1.000 días, y ha incidido en que los populares gozaron en el pasado de amplia mayoría absoluta para acometer este cambio ahora esgrimido sin "negociar con nadie, pero no lo hicieron".

Finalmente, ha concluido que el principal partido de la oposición no recurre a un argumento judicial en su propuesta sino que, en su opinión, formula una "excusa" bajo la creencia que con un CGPJ "sin legitimidad democrática", les va a ir "mejor" en "sus juicios por corrupción".