El director del Observatorio de Ceuta y Melilla, Carlos Echeverría, ha apostado por establecer la exigencia de visado a todos los marroquíes como posible solución a los problemas que viven Ceuta y Melilla en consonancia con la propuesta lanzada este jueves por el secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan González-Barba, que ha asegurado que el Gobierno está considerando la posibilidad de suprimir el régimen especial que evita este trámite a algunos ciudadanos de Marruecos.

Echeverría lo ha expresado así en una intervención en el Senado ante la Comisión de despoblación y reto demográfico en el marco de la ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla que se desarrolla desde finales de 2020 en la Cámara Alta.

Ha afirmado que es necesario cuestionarse si la exención de visado «sigue teniendo sentido», pues produce la paradoja de que «la frontera esté en los pasos terrestres pero la aduana en el puerto» y en que es necesario establecer reformas que permitan reconstruir las economías de Ceuta y Melilla más allá del ámbito comercial.

Este jueves en Ceuta, el secretario de Estado González-Barba ha asegurado que el Gobierno «está considerando» la posibilidad de «que se suprima el régimen especial que para las ciudades autónomas se dispuso cuando España ingresó en Schengen», una excepcionalidad que permite a los residentes en las provincias de Tetuán y Nador acceder sin visado a Ceuta y Melilla, respectivamente. En la misma línea, González-Barba argumentó que «de esa forma el control fronterizo pasaría a estar en el paso con Marruecos» y no en el puerto.

En la comparecencia en el Senado también ha participado el coordinador del Instituto de Seguridad y Cultura, Alfonso Mateos, que ha incidido en que la reciente crisis vivida en Ceuta por la entrada ilegal en la ciudad de más de 10.000 personas procedentes de Marruecos, entre ellos muchos menores, forma parte de una estrategia «más amplia» diseñada por Rabat para presionar a España en la consecución de sus «aspiraciones territoriales. Unas aspiraciones que, según ha destacado pasan por el Sáhara Occidental «de forma inmediata» pero que, «como recuerdan de manera periódica desde Rabat», tienen en Ceuta y Melilla su siguiente objetivo.

El Instituto de Seguridad y Cultura es una asociación que promueve la prevención del extremismo violento y que ha impulsado el Observatorio de Ceuta y Melilla.

Echeverría ha destacado que el Senado atienda la situación de Ceuta y Melilla y que, junto a la de Canarias, se aborde «en el marco del contexto internacional y de vecindad con Marruecos» para poder enfocar posibles soluciones a sus problemas de la forma más efectiva posible. «Es necesario que Europa preste más atención a lo que ocurre en su frontera sur», ha incidido.

Así, ha insistido en que se trata de la frontera de la Unión Europea en África, «ante el empeño de Marruecos por plantearlo como un problema bilateral con España». Echeverría, ha aplaudido que este mismo jueves el Parlamento Europeo haya aprobado una resolución contra Rabat por lo sucedido en Ceuta los pasados 17 y 18 de mayo y ha señalado que «hace falta más Estado en las ciudades autónomas porque «la fiscalidad es Estado, la seguridad es Estado, la sanidad es Estado y todo ello permitirá configurar unas ciudades mucho más dinámicas y menos dependientes de su relación con el vecino del sur», ha zanjado.

El Gobierno ha pedido a la Comisión Europea ayudas por valor de 10,2 millones de euros para financiar los gastos del país durante la crisis migratoria de Ceuta, según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las mismas fuentes han explicado que se ha trasladado al órgano europeo un documento de necesidades preliminares, que recoge las estimaciones que ha hecho España en relación al gasto en estos sucesos. Se trata, indican, de un paso previo a la formalización de estas ayudas de emergencia.

El Ejecutivo estima que, de estos 10,2 millones, casi ocho irán para la ciudad de Ceuta, para la atención de menores y adultos que allí se encuentran; mientras que 1.350.000 de euros se destinarán también a la ciudad autónoma, pero exclusivamente para cubrir los gastos que han tenido, hasta ahora, con los menores migrantes.

Del resto, unos 200.000 euros irían para Defensa, para subsanar los gastos que supuso el despliegue del Ejército de Tierra en Ceuta durante los días que se registró la crisis.

Además, se han pedido 800.000 euros para el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para mejorar su capacidad y material logístico de emergencia.

BRUSELAS ESPERA LOS DETALLES PARA DECIDIR

La Comisión Europea, según han informado fuentes del órgano, tomará una decisión cuando evalúe la petición formal de España.

Según explican, las autoridades españolas han tenido ya conversaciones con los servicios comunitarios para trasladar la intención de solicitar estos fondos de emergencia por valor de más de 10 millones, aunque indican que Bruselas no evaluará la petición hasta recibir los detalles de la misma.

Los principales instrumentos de Bruselas para responder a las necesidades de los Estados miembro en materia de migración son el Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF) y el Fondo de Seguridad Interior (ISF), por lo que necesita primero recibir una petición del país para decidir sobre los recursos.

La Comisión no tiene unos plazos cerrados para evaluar y decidir sobre este tipo de peticiones, pero las fuentes consultadas aseguran que son procesos que pueden tramitarse «rápidamente» a partir de la formalización de la solicitud para que España aclare las necesidades concretas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, adelantó este jueves en una entrevista en Antena 3 que confía en que Bruselas desbloquee fondos para Ceuta «en los próximos meses», después de que la víspera se hubiera remitido a las autoridades comunitarias las estimaciones de la comunidad autónoma sobre los recursos que necesita.

También este jueves el Parlamento europeo adoptó una resolución de apoyo a España frente al pulso de Rabat, a quien acusa de utilizar a los migrantes, sobre todo menores no acompañados, para presionar al Gobierno, y pidió ayuda económica urgente para Ceuta.

El PP someterá la próxima semana a debate y votación del Pleno del Congreso una iniciativa en la que pide al Gobierno que deniegue los indultos a los condenados por el proceso soberanista en Cataluña y desista de su pretensión de derogar o modificar el delito de sedición.

Así lo recoge en una moción, que es consecuencia de la interpelación que el PP dirigió este miércoles al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a cuenta de los indultos que el Gobierno tiene voluntad de conceder a los presos de procés.

Los ‘populares’ destacan que ni el tribunal sentenciador –en este caso el Supremo– ni la Fiscalía consideran que se dan circunstancias de justicia y equidad para esa medida de gracia, y que por tanto concederla sólo sería de «utilidad» para el Gobierno, en tanto que los penados pertenecen a partidos que habitualmente le apoyan en el Congreso.

Por ello, instan al Gobierno a cejar en su empeño de ‘perdonar’ a los presos del 1-O, así como a desistir en su pretensión de modificar a la baja los delitos de rebelión y de sedición que, a su juicio, sólo persiguen «beneficiar» a los condenados en la causa del procés y a los que se encuentran «en rebeldía» sólo para «dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el presidente Pedro Sánchez con sus socios independentistas».

Por último, y frente al objetivo del independentismo de «internalizar el conflicto» y de «denigrar» la imagen de España en el exterior, el PP plantea que el Ministerio de Asuntos Exteriores promueva las acciones oportunas para que los países miembros el Consejo de Europa cuenten con información «veraz» sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2018 en Cataluña y la respuesta al mismo por parte del Estado de Derecho.

Esta misma semana, las Cortes de Castilla y León ha sido el primera Cámara autonómica que se ha pronunciado sobre los indultos a los presos del procés, es su caso con una mayoría en contra de conceder la medida de gracia frente a PSOE y Unidas Podemos.

¿HASTA DÓNDE LLEGARÁ PARA MANTENERSE EN EL PODER?

Pero, además, el PP, Vox y Ciudadanos, que se manifestarán el domingo en Madrid contra los indultos, han decidido centrar en la medida de gracia y el problema catalán sus preguntas al Ejecutivo en la sesión de control de miércoles en el Congreso, incluidas dos dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esta semana faltó al Pleno por estar de viaje en Argemntina.

Así, el líder del PP, Pablo Casado, preguntará al jefe del Ejecutivo si «va a defender la Constitución, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles», mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, le exigirá que desvele «hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder».

«¿Considera que la actuación del Gobierno bajo su coordinación responde al interés general de los españoles?», reza la pregunta que ha registrado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

También sacarán Cataluña en los duelos que buscan con la ‘número dos’ del Gobierno la portavoz ‘popular’, Cuca Gamarra, quien le echará en cara que el Gobierno se «someta al independentismo», y su homólogo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien pondrá en duda que el Ejecutivo cuente con «el respaldo mayoritario de los españoles fuera de la Cámara».

QUIEREN QUE ROBLES SE ‘MOJE’

El PP también ha registrado una pregunta para que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explique si, a su juicio, «los indultos van a facilitar la cooperación judicial europea y, en particular la aplicación de la euroorden».

Los ‘populares’ aspiran, asimismo, a que se pronuncien sobre este tema la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska. «Propondría al Consejo de Ministros la concesión de un indulto en el ámbito de su competencia sin que concurrieran razones de justicia, equidad y utilidad pública», reza la que dirigen a Robles.

A Marlaska le quieren preguntar si el «trato privilegiado recibido por los condenados por sedición tanto por Instituciones Penitencias como por el Departamento de Justicia del Gobierno catalán anticipaba la voluntad política de conceder los indultos».

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha reclamado este jueves en el Congreso que la reforma de la ley por cuyo cumplimiento vela este organismo le dote de las armas jurídicas necesarias para poder exigir el cumplimiento «efectivo», por parte de los organismos públicos, de las resoluciones que aprueba.

Así lo ha reclamado durante su comparecencia en la Comisión de Política Territorial y Función Pública, donde ha dado cuenta de las memorias correspondientes a los años 2019 y 2020.

Rodríguez Álvarez ha señalado que en un «importante» porcentaje se producen retrasos en la ejecución de sus resoluciones o que directamente no se cumplen nunca. En concreto, a 31 de diciembre de 2019 no se cumplieron el 29,10% en el ámbito estatal y el 36,20% en el autonómico, cifras que, un año después fueron del 30,65 y el 30,61%, respectivamente.

No obstante, ha explicado que el Consejo ha reforzado su política de seguimiento del cumplimientos de su resoluciones y que él mismo ha tratado el asunto con los responsables ministeriales con los que se ha reunido desde que fue nombrado el pasado mes de noviembre. Esto está «dando sus frutos» y los incumplimientos se ha reducido en 10 puntos en el ámbito estatal. «Pero es evidente que queda mucho por mejorar en este terreno y seguiremos perseverando», ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de aprovechar la próxima reforma de la Ley de Transparencia para dotar al Consejo de «remedios jurídicos eficaces» que, en su opinión, son «imprescindibles» para «asegurar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones».

Además, considera que la reforma de la ley debería servir para definir mejor la Presidencia y la Comisión de Transparencia y las «entidades públicas y privadas» y precisar los sujetos públicos obligados a cumplir.

En materia de publicidad activa ha pedido simplificar y objetivar los requisitos y articular mejor el Portal de Transparencia con las webs. En general, sostiene que se deberían dar avances en publicidad, proque si la información estuviera publicada se descargaría de trabajo a quienes reciben las consultas.

Según ha explicado, ahora hay «problemas con las multas coercitivas» por parte de una autoridad administrativa y este punto debería ser también objeto de regulación en la reforma de la norma.

También ha defendido «sin ninguna duda» que debe reconocerse el acceso a la información pública como un «derecho fundamental». «Si se cambia la Constitución, éste es uno de los derechos que deben incorporarse», ha afirmado, pero aún sin cambiar la Carta Magna ha abogado por buscar fórmulas para conectarlo con «alguna de las cláusulas constitucionales» como las de los artículos 20 (libertad de expresión e información) o 23 (participación en los asuntos públicos).

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Respecto al cumplimiento de la ley, ha destacado que entre 2019 y 2020 el índice ha pasado del 62% al 77,3%, si bien ha resaltado que existe un «amplio margen de mejora» en algunos de los organismos analizados.

En general, los déficits detectados son que algunos no tienen un apartado específico para la transparencia en sus webs o publican la información de forma desorganizada o con baja calidad en lo que se refiere al fechado o al uso de formatos no reutilizables.

También ha destacado, no obstante, que en ocasiones, se publica «abundante» información adicional no obligada por ley como agendas de trabajo, códigos éticos, informes de auditoría o retribuciones de directivos.

Además, Rodríguez Álvarez ha anunciado que este año se ha empezado a aplicar un nuevo modelo de evaluación del cumplimiento de la ley que permitirá ir publicando cada uno de los análisis, según se vayan realizando, y que al final todos se compendiarán en la memoria anual, que estará lista a finales de marzo del ejercicio siguiente.

ABUSO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

El presidente ha confirmado la tendencia al alza en las reclamaciones por solicitudes de acceso a la información desde la entrada en vigor de la ley a finales de 2014. En 2015 hubo 517 y este año la previsión es acabar con cerca de 2.000. En el año de la pandemia se estimaron el 42,69% de las reclamaciones en el ámbito estatal y el 53,17% en el autonómico.

Tal y como hace en sus memorias, el presidente del Consejo ha denunciado el «elevado número» de reclamaciones no resueltas en el plazo previsto que acaban siendo desestimadas por silencio administrativo, que el año pasado llegaron al 47,06% a nivel estatal y un nada desdeñable 70% a nivel autonómico.

También ha reseñado la, a su juicio, «excesiva preponderancia de los motivos formales frente a los materiales» en las denegaciones de información: que la información está en plena elaboración o publicación, que tiene carácter meramente auxiliar, que hay que reelaborarla o que se solicita de forma repetitiva.

«Muchos casos esa invocación está justificada o se puede discutir, pero en otras se trata de un recurso fácil para no tener que motivar la aplicación de los artículos de la ley que ponen límites al acceso a la información», ha advertido el presidente del Consejo.

Además, Rodríguez Álvarez ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para reclamar más presupuesto para el Consejo, que se recortó en 2018 y ahora está en 2,38 millones, una cifra, ha denunciado, «manifiestamente insuficiente», igual que la plantilla, que consta sólo de 24 personas, incluido el presidente y dos administrativos de nuevo ingreso, cuando debería rondar las 60.

Según los cálculos más conservadores, el Consejo debería, como mínimo, duplicar su presupuesto anual. Pero el presidente ha dejado claro que esta precariedad no afecta a la imparcialidad del órgano, pero sí a su «independencia de actuación», puesto que le impide desarrollar eficazmente todas las funciones que tiene encomendadas.

Asimismo, ha vuelto a pedir que se reforme la estructura orgánica del Consejo, ya que por ejemplo, carece de una secretaría y de un gabinete jurídico propio, lo que juzga «inconcebible» cuando su labor principal es garantizar el ejercicio de un derecho. Según ha detallado, para estas labores, la institución tira de la Abogacía del Estado, con la que ha suscrito un convenio, pero cuando tiene que pleitear con el Gobierno o cualquier organismo de la administración hay conflicto de intereses y debe recurrir a abogados y procuradores profesionales.

FALTA DE IMPARCIALIDAD

Rodríguez Álvarez ha vuelto a escuchar por boca de PP, Vox, Ciudadanos acusaciones de falta de imparcialidad por haber ocupado otros altos cargos en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Él se ha defendido pidiendo que juzguen al Consejo por sus decisiones y sin «prejuicios» y ha recalcado que desde que llegó al puesto se ha puesto su firma en 586 resoluciones, de las que 311 son estimatorias y sólo 171 desestimatorias.

Además, ha vuelto a justificar el cese de la anterior subdirectora general de Reclamaciones Esperanza Zambrano, a la que sustituyó tras ser nombrado presidente. Ha insistido en que fue una decisión de política de personal, ajustada a derecho y que no tiene nada de excepcional», ha negado que su sucesora, Carmen Montero, fuera «mano derecha» de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y ha recordado que fue nombrada directora general técnica del Ministerio de Presidencia en marzo de 2017, aún con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Respecto a Javier Amorós, que ocupó de forma interina la Presidencia del Consejo de Transparencia en los últimos años, ha subrayado que mantiene su confianza y que continúara desempeñando funciones «directivas» en uno o otro puesto.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este jueves, tras conocer que la Guardia Civil intervino en octubre de 2020 la hoja de ruta de ERC para forzar los indultos y reactivar la vía unilateral, que «sigue el juego de trileros».

Así se ha referido Casado a la información –adelantada por ‘El Confidencial’ y recogida por más medios– que desvela que el sumario de la operación Voloh que instruye el Juzgado número 1 de Barcelona contra el presunto desvío de fondos públicos al ‘procés’ cuestiona la supuesta renuncia a la unilateralidad de ERC.

Según las informaciones publicadas, la Guardia Civil intervino el pasado octubre a Xavier Vendrell, exsecretario de Organización del partido y unos de los líderes del ‘procés’ en la sombra del 1-O y Tsunami Democràtic, una nueva hoja de ruta que contempla la vía unilateral para conseguir la independencia.

El citado documento, que guardaba Vendrell en el teléfono móvil intervenido y que figura en una presentación tipo PowerPoint, establece tres fases hacia la independencia: «prepararnos», «votar» y «culminar».

JUNQUERAS CUESTIONÓ POR CARTA LA VÍA UNILATERAL

«Sigue el juego de trileros», ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, haciéndose eco de esta información, que se conoce apenas unos días después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras admitiera en una carta difundida el lunes que los indultos pueden «aliviar el conflicto» y asegurara además que la unilateralidad no es viable.

En esa misiva, redactada de la mano del propio Junqueras, sostiene además la mejor vía para la independencia es la escocesa y lograr un referéndum pactado, ya que considera que es la que genera más reconocimiento internacional, a diferencia de la unilateral: «Sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida que, de hecho, nos alejan del objetivo que hay que alcanzar».

Ese mismo lunes, Casado restó credibilidad a las palabras de Junqueras y expreso su desconfianza en ese giro del líder republicano porque, según recalcó, apenas unos meses antes había rechazado la medida de gracia para los condenados por el ‘procés’.

«Hace apenas unos meses escuché a Junqueras diciendo que los indultos se los podía meter el Gobierno por no sé donde», afirmó Casado, quien ha acusado además al Gobierno de Pedro Sánchez no responder «por qué negocia la autodeterminación» con el líder republicano, «condenado por sedición y malversación».

EL PP VE MÁS MOTIVOS PARA MANIFESTARSE

A raíz de esa carta de Junqueras y las declaraciones que está realizando el Gobierno, diferentes miembros del PP han subrayado que hay más motivos para manifestarse en la Plaza de Colón contra los indultos este domingo.

«Seguimos teniendo los mismos motivos y más motivos porque la música sigue siendo la misma y el guión que se puede ver en esa carta responde a una película que ya hemos visto en otras ocasiones», dijo la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, el pasado martes.

Es más, Gamarra considera capaz al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de asumir el «guión» que defiende el independentismo, como el referéndum pactado que plantea Junqueras y la ruptura de la Constitución. «Sánchez es capaz de cualquier cosa», concluyó.

La Audiencia Nacional ha condenado a la Agencia Tributaria a indemnizar con 6.000 euros a una pareja por la «pesadilla» que le hicieron vivir dos funcionarios de la delegación extremeña de Hacienda que se presentaron en su boda amenazando con «embargarla» para cobrar una deuda de la empresa de catering, lo que arruinó «su día especial».

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2, Luis Alfredo de Diego, ha apreciado responsabilidad patrimonial por los daños morales que los dos funcionarios de la Agencia Tributaria causaron a Irene y Marcos, los novios, el día de su boda, por lo que estima completamente la demanda planteada por la pareja contra el fisco, ordenando indemnizarles con la suma reclamada, 6.000 euros.

Los hechos se remontan al 1 de junio de 2019, en torno a las 16.00 horas, cuando la novia acudió a su habitación en el cortijo Los Cañizos (Badajoz) –donde tuvo lugar la celebración– acompañada de dos primas suyas para usar su baño privado. La «pesadilla» que recrea De Diego en su fallo, con todo lujo de detalles, comenzó cuando salieron del aseo.

Encontraron a dos hombres en la habitación, uno «sentado en el escritorio con una botella de agua y un ordenador». «Como si estuvieran en su casa», cuenta el juez, citando a una de las primas, que declararon como testigos en el juicio. Se identificaron como dos funcionarios de Hacienda y les dijeron que venían a «embargar la boda». Para evitarlo, conminaron a la novia a firmar inmediatamente unos documentos.

Al principio, Irene y sus primas pensaron que podía tratarse de una broma, dado que algunos amigos del novio eran actores de profesión. Nada más lejos de la realidad. Los funcionarios les explicaron entonces que la empresa que habían contratado para el catering tenía deudas con Hacienda y advirtieron a la novia de que, si pagaban a la compañía, cometerían un «delito».

En las cuatro horas siguientes, ya con presencia del novio, personal del cortijo, el encargado del catering y hasta de la Guardia Civil, los funcionarios insistieron en recabar información de los novios y del contrato y los pagos efectuados y pendientes con la empresa que les había suministrado la comida y la bebida del enlace.

«Los novios, indignados por la situación y en ‘shock’, al ver que su boda se iba al traste, dijeron a quienes se presentaron como funcionarios de la Agencia Tributaria que no llevaban sus documentos de identidad encima ni estaban en condiciones de declarar ni de facilitar datos o documentos, que por favor se marcharan y les dejaran disfrutar de su día especial, que podían solucionarlo al día siguiente o el lunes», relata De Diego.

Pese a ello, «se encontraron con una rotunda negativa». El espectáculo acabó en torno a las 20.30, si bien Irene y Marcos recibieron en plena ‘luna de miel’ las notificaciones de las diligencias que habilitaban a Hacienda a retener el dinero que tenían que pagar a la empresa de catering.

ACTUACIÓN «DESPROPORCIONADA»

Para el magistrado de la Audiencia Nacional, no hay duda de que la actuación de los funcionarios fue «desproporcionada». «No todo vale para que la Agencia Tributaria alcance sus fines», sostiene.

Así, subraya que «la todopoderosa Agencia Tributaria tiene a su disposición medios más que suficientes para lograr el cobro de los impuestos, sin tener que humillar a un deudor ante sus clientes y, de paso, arruinar a Marcos e Irene –terceros ajenos a la deuda– la celebración de su boda».

En su opinión, la presencia de los empleados de Hacienda en el enlace era «perfectamente evitable». «No es descabellado pensar», señala, que la delegación extremeña hubiera solicitado una entrada y registro en la sede de la empresa de catering para obtener información sobre sus clientes y próximos servicios.

«Pero no lo hicieron. Resultaba más fácil, cómodo y, sobre todo, espectacular presentarse en la boda, denostando la fama del empresario que servía el catering y amedrentando a unos novios con ‘embargarles la boda'», recrimina.

Afea también a la Agencia Tributaria que pretendiera que la pareja, en pleno festejo, «atendiera y entendiera» unas notificaciones «de cinco páginas cada una y con el prototípico lenguaje farragoso, confuso y de difícil comprensión incluso para los iniciados en la materia».

Igualmente cree que «resulta completamente absurdo pensar que la novia podía llevar la documentación (requerida por los funcionarios) el día de su boda entre los pliegues del traje o el novio en el bolsillo de la chaqueta».

PERJUICIOS MORALES «NOTORIOS»

Con todo, De Diego concluye que «los perjuicios morales son notorios», pues «Irene y Marcos tendrán para siempre un mal recuerdo de lo que pudo y debió ser uno de los días más felices de su vida».

Esas cuatro horas «distorsionaron, entorpecieron y dieron lugar a la desatención del evento y de los invitados», recalca y precisa que «no se llevó a cabo el corte de la tarta nupcial, no se sirvió champán, los camareros estaban descoordinados y los novios en un estado comprensible de ansiedad, desasosiego e indignación».

El juez ve en el comportamiento de esos dos funcionarios «una falta de empatía en grado sumo e incluso un abuso, ante la situación de debilidad que para cualquier ciudadano puede suponer que aparezcan dos funcionarios del fisco con exigencias en un día tan señalado». Les reprocha especialmente que llegaran a hablar de «delito». «Faltaba únicamente informar (a los novios) de su derecho a ser asistidos por un abogado para rematar el disgusto», apostilla.

De Diego se muestra tajante al afirmar que «la deshumanización de los cobradores de tributos no puede permitirse hasta estas cotas». «Solo faltaba», comenta, «que la Agencia tributaria se dedicase por sistema a invadir la intimidad de los ciudadanos en bautizos, comuniones y bodas para retener créditos que debe intentar lograr por otros mecanismos menos lesivos».

«El deber de colaboración es exigible, sí pero no a cualquier precio, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia», razona, indicando en este sentido que tiene que haber proporcionalidad en las actuaciones de la administración pública y, en este caso, estuvo ausente.

Así, el juez concede a la pareja la indemnización de 6.000 euros que reclamaba a Hacienda, a pesar de que considera que es una cifra «escasa» teniendo en cuenta que con ella se busca resarcir «daños indelebles para el resto de su vida».

El PP y Vox han registrado sendas enmiendas de totalidad en el Congreso pidiendo devolver al Gobierno el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución que ha impulsado el Ejecutivo para acabar con el término ‘disminuido’, un rechazo que amenaza la aprobación de este cambio en la Carta Magna ya que se necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara.

La reforma constitucional impulsada por la Vicepresidencia de Carmen Calvo propone un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.

Este texto, además del cambio del término ‘disminuido’, propone destacar «los derechos y deberes previstos» en la Carta Magna «en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva» para este colectivo, sin que «pueda producirse discriminación»; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de «políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad».

La reforma se enfrenta ahora a su primer tramite parlamentario, el debate de totalidad, y tanto el PP como Vox apuestan por tumbarla en el Pleno del Congreso y devolver el texto al Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos no deberían tener problemas para superar esa votación, pero el rechazo de esos dos partidos, que suman 140 diputados, amenaza la aprobación final de la reforma, que requiere el voto a favor de los otros 210 miembros de la Cámara, sin que falte ninguno.

UN TEXTO QUE NO TIENE NI CALIDAD NI CONSENSO

En su enmienda de totalidad, Vox pide la retirada de la reforma alegando que la redacción planteada por el Gobierno «no es adecuada a los fines que persigue, habiendo sido declarada como ‘perturbadora’ por el propio Consejo de Estado, y carece de la calidad necesaria para ser incluida como artículo de la Carta Magna».

El PP, por su parte, argumenta que reformar la Constitución siempre exige «espíritu de sosiego y de pacto político, justamente dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen». «Con estas premisas, la aspiración de proceder a una remodelación de la Carta Magna a día de hoy es imposible», avisa,

A su juicio, «la inoportunidad del momento es clara y va unida a la inestabilidad de un Ejecutivo débil sometido a permanentes presiones de sus socios coyunturales para garantizar su permanencia en el poder, lo que abona la posibilidad de que, si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, pueda abocar a intentos de voladora de toda la arquitectura constitucional mantenida por decenios de convivencia y de progreso y de bienestar para los españoles».

«ESTO NO ABRE NINGÚN MELÓN», DIJO CALVO

Cuando presentó la reforma ante el Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno quiso dejar claro que no iba a suponer la apertura de un proceso constituyente, ni «abre ningún melón» para tratar otros asuntos.

«No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos», afirmó, tras plantear algún grupo parlamentarios como ERC la necesidad de llevar acabo otras reformas de mayor calado, y alertar el PNV de que el debate de esta norma podrá ser usado para ponerlos sobre la mesa.

Las mujeres esperan más para ser madres en la España Rural. La edad media nacional está situada en 32 años, y en opinión del doctor Médico en Clínicas Vida Recoletas, Luis Rodríguez-Tabernero, «en estos casos se supera», según ha explicado en el Foro Next Educación que se ha celebrado este jueves.

En el encuentro, en el que han participado distintas personalidades del mundo de la medicina de Valladolid y Zamora, del grupo Recoletas, se ha especificado la difícil situación que abordan los pueblos rurales en España. «El 75% de los pueblos de Zamora están en riesgo de despoblación total», ha indicado el gerente del Hospital Recoletas Zamora, Óscar Iglesias.

La crisis sanitaria también está teniendo impacto en este ámbito. La gerente del Hospital Recoletas Campo Grande Valladolid, Belén Gallegos, ha aclarado que con la pandemia se ha acentuado el papel de «cuidadoras familiares». La preocupación del 73 por ciento de las madres era no enfermar «para poder cuidar de los suyos». Esto expone, ha explicado Gallegos, lo esencial de disponer de un centro hospitalario cercano, además de «facilitar el acceso a los tratamientos modernos y las técnicas de reproducción asistida».

En este caso, tampoco se ha cumplido el «baby boom» esperado de la crisis sanitaria, ha sostenido el doctor Rodriguez-Tabernero, ya que ha habido un 23 por ciento menos de nacimientos en los tres primeros meses si se compara con las cifras del año anterior.

Los expertos han coincidido en que la limitación de los servicios básicos como el servicio sanitario o la educación, sumado a la falta de oportunidades laborales, afecta directamente a la natalidad y al equilibrio demográfico, algo que respalda el Estudio sobre la percepción de los avances en la España Despoblada.

Por último, el periodista y presidente de Next Educación Manuel Campo Vidal, que participaba en el encuentro, ha afirmado que «España es un país de desigualdades. De desigualdad económica, de género, pero también territorial».

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha pedido este jueves a su homólogo de España, Pedro Sánchez, que «mueva los corazones» de los Estados miembro de la Unión Europea para que destinen recursos a Centroamérica, con la vista puesta en solucionar los aspectos que favorecen la migración forzada en la región.

«Que miren a Centroamérica como una tierra de oportunidades», ha pedido Giammattei durante un evento de solidaridad convocado para abordar el fenómeno del desplazamiento forzado en estos países organizado por España, Guatemala y Costa Rica y celebrado en la capital de este último país.

El presidente guatemalteco ha reconocido que España ha sido «uno de los países que más han apoyado» a la región y ha incidido en que Centroamérica requiere de «recursos, transformación, innovación y una reforma educativa«, entre otros aspectos, para lograr frenar el flujo migratorio forzado.

Precisamente durante su intervención, Sánchez ha anunciado que España destinará 6,3 millones de euros para apoyar a los países centroamericanos a hacer frente al problema del desplazamiento forzado y las migraciones en esta región, que ha calificado de «crisis olvidada».

En este sentido, Giammattei ha mencionado el cambio climático como una de las principales causas que estimulan el desplazamiento forzado y ha afeado la «poca solidaridad» de los países desarrollados, «en su gran mayoría los causantes» del mismo.

«Encontramos siempre la piedra en el zapato del cambio climático y la poca solidaridad de los países causantes del cambio climático», ha lamentado, antes de reiterar su «invitación» a los países desarrollados a «apostar» por los estados «económicamente débiles». «El mundo debería darse la vuelta y ver una región (…) las islas del Caribe asoladas todos los años, Centroamérica inundada, sin posibilidad de lluvia por una sequía», ha agregado.

Asimismo, ha descartado que la inseguridad y las «guerras internas» antes causantes de la migración en Centroamérica sean hoy la causa del desplazamiento forzado. «Es básicamente la falta de oportunidades generadas por estados indolentes», ha insistido, al tiempo que ha pedido no «criminalizar» a los migrantes.

No obstante, el mandatario guatemalteco ha reconocido que «una de las grandes deficiencias» mostradas por los países de la región es que no han tenido la «visión» de unirse y «combatir las causas que dan origen a la migración», de las que ha dicho que son «estructurales».

A juicio de Giammattei, la única solución a la inmigración en Centroamérica es el desarrollo de la región, en campos como el empleo, los sistemas sanitarios o la seguridad, entre otros. «Dar una respuesta a la gente para que no se vaya», ha remarcado, subrayando que ahí es donde está la «diferencia. «Hay que empujar a Centroamérica», ha zanjado, antes de mostrar su convencimiento de que «los cambios se pueden dar».

FENÓMENO «MULTICAUSAL»

Durante su intervención, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, también se ha referido a las razones causantes de la migración forzada, pero ha rechazado hablar de una sola. «No hay un fenómeno tan multidimensional y multicausal como lo son las migraciones», ha detallado, enumerando el cambio climático, la pérdida de empleos, el narcotráfico o la desprotección de los Derechos Humanos.

El presidente costarricense, que ha agradecido al presidente de España haber facilitado el evento, ha urgido a que el fenómeno de las migraciones y las personas refugiadas, un asunto que ha tildado como de «dignidad», permanezca «siempre en la implementación de la política pública y la solidaridad regional y global».

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se ha expresado en la misma línea que el presidente guatemalteco y ha considerado que no se logrará mitigar los «altos niveles» de movilidad humana en Centroamérica «sin una respuesta integral que pueda promover logros en materia de prosperidad y reducción de la violencia».

Grandi, que ha agradecido a España su «importante» contribución y ha expresado su esperanza de que esta sea un «ejemplo», ha señalado que responder a los retos del desplazamiento en la región requiere la «comunión» de los «esfuerzos» de las partes interesadas.

Por último, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha recordado que, junto al cambio climático, la pandemia de COVID-19 agrava los desplazamientos forzados en Centroamérica, que además afectan a más de un millón de personas de todos los grupos etarios.

«Estas son razones que nos deben movilizar para mostrar nuestro respaldo y humanidad para encontrar soluciones», ha especificado, subrayando que la coyuntura actual es un «momento decisivo para «acelerar las muestras de apoyo ante las circunstancias apremiantes».

Así, Almagro ha reconocido los esfuerzos que hacen los países implicados, aunque ha señalado que, no obstante, «falta más inversión. «Aumentar los niveles de cooperación, actuar con resiliencia y solidaridad marcará la diferencia para migrantes y comunidades de acogida», ha remachado.

Los españoles reciclaron un volumen récord de pilas y baterías durante el año 2020 a través del sistema integrado de gestión de Recyclia, que recogió más de 7.315 toneladas de pilas y baterías, lo que convierte a esta entidad en la quinta por volumen de residuos gestionados en España, ya que desde la puesta en funcionamiento de Ecopilas, ha gestionado más de 43.600 toneladas de pilas desde que arrancó su actividad.

Durante la presentación de resultados anuales, el consejero delegado de Recyclia, José Pérez, ha celebrado que el reciclaje de aparatos electrónicos y pilas «resistió la ralentización impuesta por la Covid-19», las «restricciones a la movilidad y el descenso de la actividad comercial y productiva derivados de la crisis sanitaria».

Además, ha manifestado que durante el confinamiento estuvieron «muy preocupados» porque la demanda de recogida cayó un 70 por ciento e incluso varias empresas del sector tuvieron que entrar en ERTE por la falta de demanda, pero después «hubo un repunte».

Con todo, Pérez ha destacado que desde que comenzó la actividad de Recyclia, el SIG ha gestionado 415.720 toneladas de este tipo de residuos. En sus cuatro fundaciones medioambientales (Ecopilas, Ecoasimelec, Ecolum, Tragatoner/Tragatinta), en 2020 gestionó un total de 59.154 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de pilas y baterías el año pasado. De ellas, 51.839 toneladas fueron de aparatos electrónicos.

En lo que se refiere a pilas y baterías, la entidad ha establecido un récord con la recogida, a través de la fundación Ecopilas, de 7.315 toneladas de estos residuos, tanto de tipo doméstico, como industrial y de automoción. Ecopilas, que ha gestionado más de 43.600 toneladas de pilas desde que arrancó su actividad, ocupa ya el quinto puestoentre los sistemas colectivos de gestión de estos residuos de Europa, según la asociación europea Eucobat.

Pérez ha celebrado que con este volumen ha alcanzado el objetivo que se marcó a raíz de la pandemia de «intentar mantener» el total de residuos por encima de las 50.000 toneladas, pero se ha logrado superar aún más el récord de toneladas logrado en 2019, cuando se gestionaron 57.520.

Entre los incrementos más altos destacó en 2020 la gestión ambiental de paneles solares, que creció un 329 por ciento y alcanzó un volumen de 481 toneladas en 2020. «Aún es poco, pero irá creciendo en el futuro a medida que vaya terminando la vida útil de los paneles que empezaron a instalarse de 2006 a 2009 y posteriormente en los últimos años», ha explicado el director comercial de Recyclia, Gonzalo Torralbo.

«Tras este año inesperado, podemos concluir que la conciencia ambiental, tanto de los ciudadanos como de toda la cadena comercial de los productos electrónicos, ha alcanzado un nivel de madurez de la que todos nos podemos felicitar», ha celebrado Pérez, que observa como se consolida la red de reciclaje y su eficacia al tiempo que aumentan las empresas adheridas.

Asimismo, ha manifestado que el COVID ha ralentizado el reciclaje pero las cuatro fundaciones de Recyclia han resistido incluso con incremento de cantidades de algunos flujos muy relevantes, con aumento de empresas adheridas y de puntos de recogida. Además, celebra que haya incrementado la «concienciación social» lo que hace a la entidad ser «optimista».

OPORTUNIDADES DE FUTURO

En cuanto a los ámbitos de mayor crecimiento en el futuro destaca el reciclaje de paneles solares y de baterías procedentes de la nueva movilidad eléctrica. En 2020 se reciclaron 54 toneladas de baterías de coches, motos, bicis y patinentes. «Parece una cantidad pequeña, y lo es, pero la vida útil media de estas baterías es de cinco a seis años, por lo que este volumen aumentará en el futuro», ha indicado.

Torralbo calcula que, en el marco del Plan Nacional de Energía y Clima, que contempla un 74 por ciento de renovables en 2030, habrá que alcanzar los 3 o 4 gigawatios de instalación de paneles solares fotovoltaicos, que se reciclarán 25 años después, y para ello estima que «al menos» se requerirá una o dos plantas de reciclado en el conjunto de España.

«Decir que 320.000 toneladas a reciclar en los próximos 10 años no es una burrada», ha calculado Torralbo, que cree que hará falta más de una plana.

«Su tratamiento es caro, muy especializado y tienen que aparecer plantas con la capacidad suficiente para lo que va a venir: Esto lanza dos retos, que haya capacidad, que el volumen se adecuado, y financiación», comenta Pérez.

En cuanto a la movilidad desde la entidad subrayan que es otro sector «emergente» en «rápido crecimiento» y de difícil gestión porque en su mayoría tienen litio y níquel. «Los incrementos empiezan a ser fuertes y van a hacer falta infraestructuras de gestión final», ha advertido.

Por eso, Pérez ha indicado que Recyclia está trabajando en desarrollar la red de puntos de distribución porque estas baterías son complejas de almacenar, de modo que está diseñando una nueva red para todas las baterías que se van a originar

En ese sentido, ha apuntado que España tendrá que contar, al menos con una planta de reciclaje de baterías eléctricas. «Hasta ahora no había incentivos suficientes porque no había flujo de residuos pero estamos convencidos de que se va a producir, no puedo especular si una planta o dos, pero existe la tecnología. Ahora depende de la iniciativa empresarial y lo veo de aquí a dos o tres años», comenta.

El secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Ministerio de Sanidad, Alfredo González, ha rechazado que se haya producido algún tipo de «filtración de datos personales» en la aplicación puesta en marcha por Sanidad para ampliar la información disponible para los futuros especialistas del Sistema Nacional de Salud.

Así ha respondido a la queja de algunos opositores, reunidos en torno a la organización FSEUnida y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que ha denunciado este jueves que el sistema «adolece de un importante fallo en su seguridad», puesto que «cualquier usuario ajeno al proceso puede acceder a la totalidad de datos personales» de los aspirantes.

Así, según han avanzado en un comunicado, desde CESM «se pondrá hoy mismo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos para su valoración». Del mismo modo, los servicios jurídicos del sindicato están viendo si la trascendencia de esta vulnerabilidad del sistema puede ser constitutiva de «algún tipo de ilícito penal para trasladarlo a la Fiscalía por si fuera necesario que actuara de oficio».

«Con las incidencias de los últimos días se está comprobando que desde el Ministerio existe un inmovilismo absoluto en la defensa de un sistema informático con tal número de fallos que genera una total desconfianza entre quienes tienen que elegir una plaza en esta convocatoria. Los errores al cargar la página o al añadir nuevas opciones de especialidad, la filtración de datos, la falta de seguridad, la facilidad en la manipulación externa de las peticiones y la falta de transparencia no hacen sino frustrar a los especialistas y aumentar las sospechas de posible fraude», resaltan desde CESM.

FSEUnida advirtió ayer a los opositores de que «se han filtrado todas las preferencias incluidas en las listas tramitadas». «Podemos estar ante un presunto incumplimiento de la Ley de Protección de Datos», denunciaron. La diputada popular y ex ministra de Sanidad Ana Pastor ha cargado contra el Ministerio a través de sus redes sociales: «Imposible hacerlo peor y además vulnerando la protección de datos».

En respuesta, González ha defendido con rotundidad que «no ha habido filtración de datos personales». Es una aplicación segura que funciona perfectamente, con las incidencias que puedan ser lógicas en toda aplicación», ha esgrimido al respecto durante su intervención ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha informado de que más de 6.000 aspirantes han firmado ya de manera provisional su solicitud de plaza, 3.718 de ellos de médico interno residente (MIR). Así, ha defendido la actuación del Ministerio en este asunto, pese a las críticas de la oposición, como los de la diputada popular Elvira Velasco.

«El Ministerio está poniendo a disposición de los aspirantes un conjunto de instrumentos de apoyo que les da datos reales de cómo está siendo en tiempo real la adjudicación para orientarles a la toma de decisiones», ha argumentado González.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que España destinará 6,3 millones de euros a apoyar a los países de Centroamérica a hacer frente al problema del desplazamiento forzado y las migraciones en esta región, «una crisis olvidada».

Sánchez ha hecho el anuncio durante el Evento en solidaridad con los desplazados forzosos y las comunidades de acogida en Centroamérica y México que se celebra en San José (Costa Rica), defendiendo que migrar no debería ser «la única salida» y apostando por prestar más atención a este fenómeno que tiene multitud de causas.

España destinará 6,3 millones de euros (7,6 millones de dólares) en el periodo 2021-22 «como apoyo directo a los planes de acción» de los países que integran el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) –Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y El Salvador–, ha indicado, consciente de que hay que «actuar con urgencia».

En los últimos cinco años, ha precisado, España canalizó ayudas al desarrollo para estos países por un total de 350 millones de euros, pero ha decidido «redoblar esfuerzos» ante lo «apremiante de la situación».

El monto anunciado representa el 14 por ciento de la brecha financiera de unos 55 millones de dólares de estos países, ha precisado, para aclarar que los fondos se canalizarán a través del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y mediante una «aportación pionera» al Fondo MIRPS de la OEA.

El objetivo del evento, organizado por España junto con Guatemala y Costa Rica, no es otro que «explorar la manera de hacer frente juntos al drama del desplazamiento forzado y evitar en consecuencia lo que es una crisis olvidada» a nivel internacional, ha subrayado el presidente del Gobierno.

En la región, ha recordado, hay un millón de desplazados por la fuerza y es una «realidad que se ceba particularmente» tanto con mujeres como con menores y que tiene por detrás numerosas causas –económicas, medioambientales, de seguridad– a las que ha venido a sumarse la pandemia.

Al margen de la ayuda financiera, ha dicho Sánchez, el Gobierno también centrará sus esfuerzos en «fortalecer las capacidades de los gobiernos, de las comunidades de acogida, ofrecer atención sanitaria y facilitar acceso a la educación y el empleo a la población afectada».

«La decisión de migrar debe ser una opción libremente elegida y no una única salida ante la falta de oportunidades», ha reivindicado el presidente del Gobierno.

Por ello, ha recalcado que España seguirá trabajando para mejorar las condiciones de los desplazados forzosos y también para que la UE «priorice esta región en sus políticas», además de con los organismos multilaterales y con el sector privado.

Igualmente, ha agregado, «seguiremos impulsando la capacitación técnica en áreas tan importantes como es por ejemplo la gestión de solicitudes de asilo, integración de refugiados, la trata de seres humanos o la situación de los menores no acompañados».

AYUDA DE LA UE

Por su parte, la UE ha anunciado 18,5 millones de euros de ayuda, de los que los que 12 millones de euros serán financiación humanitaria para Centroamérica y 6,5 millones de euros constituyen ayuda al desarrollo, según ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

De este total, 4 millones se destinarán específicamente a hacer frente a las consecuencias humanitarias de la violencia, incluidos los desplazamientos, un millón contribuirá a hacer frente a la inseguridad alimentaria, mientras que 2 millones serán para la educación en situaciones de emergencia. Los 4 millones de euros restantes se destinarán a actividades de preparación ante catástrofes.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que Galicia ha comenzado a revisar todas sus medidas adoptadas para realizar una nueva normativa integral, pero ha avanzado que será un verano con «restricciones», puesto que aunque estamos en el «final» de la pandemia, todavía hay «virus» y sigue «infectando» diariamente. «Este verano va a haber restricciones», ha sentenciado.

En este punto, se ha dirigido a los jóvenes y, especialmente, a los que concluyen estos días las pruebas de acceso a la universidad para recordar que se abre un periodo de «ocio», el cual ha pedido «que lo usen con prudencia» para que puedan «disfrutar todo el verano». «El riesgo de contagio existe», ha aseverado.

Es más, el presidente autonómico ha señalado los «bares de vinos en los que es muy difícil» observar las medidas de distancia social de 1,5 metros, que son «sin duda un foco de riesgo muy superior».

Por ello, Feijóo se ha dirigido «a todos los jóvenes que terminaron la selectividad» y se les abre «un periodo de ocio, que lo usen con la prudencia» necesaria para que este periodo «lo tengan extenso en todo el verano». «El riesgo de contagio existe», ha aseverado.

«EN NINGÚN CASO» SERÁ «UN VERANO NORMAL»

«¿Si va a haber restricciones este verano? Va a haber restricciones», ha asegurado Feijóo, quien ha insistido en que «no, en ningún caso» va a ser un «verano normal», si bien ha dicho que la «clave» va a estar en el «ritmo de vacunación» para el combate del virus.

El presidente de la Xunta ha remarcado que en este momento, Galicia no cuenta con «argumentos epidemiológicos» para mantener las limitaciones en las reuniones o la prohibición de encuentros entre la 1 y las 6 de la madrugada, de ahí que se levanten estas medidas desde este sábado, pero ha pedido prudencia a la ciudadanía en general.

REVISIÓN DE LA NORMATIVA

En todo caso, Galicia se prepara para dotarse de un nuevo cuerpo de normas para gestionar la pandemia en los próximos meses y sí prevé alivios en la hostelería y reactivar el ocio nocturno, coincidiendo además con el acuerdo en el consejo interterritorial que deja en manos de las comunidades los ajustes a la situación epidemiológica.

En la reunión del Consello de este jueves, todas las consellerías analizaron cómo afectan las medidas a sus respectivos departamentos y «este fin de semana» se trabajará para cerrar un documento que el próximo martes pueda ser sometido a debate en el comité clínico. Aunque inicialmente Feijóo indicó que si no puede entrar en vigor el sábado 19 se haría para el siguiente sábado 26 de junio, este jueves el mandatario autonómico reiteró la intención de intentar cerrar la normativa para ponerla en marcha ya el siguiente fin de semana.

«No es un trabajo fácil, hay que hacer un expurgo de todas las disposiciones dictadas», ha apuntado, y agregó que ahora hay que reorientar todas las medidas para que «resulten correctas y proporcionadas» para darles seguridad jurídica una vez que entren en vigor.

Feijóo ha recordado que se han dejado sin efecto las restricciones en las reuniones y en los encuentros entre la 1 y las 6 de la madrugada, pero «añadimos la recomendación de que durante varios meses no debería haber reuniones de no convivientes ilimitadas». En este sentido, recordó que los datos epidemiológicos no dan «argumentos para prohibirlas», es decir, que estaría en cuestión la autorización de los tribunales a estas medidas.

Además, el presidente gallego ha indicado que hay que analizar también cómo impactan las medidas de relajación que se han implantado y seguirán este fin de semana, como la apertura de los bares hasta la 1 de la madrugada. Al respecto, ha señalado que puede haber un repunte atribuible a las medidas o también a los «picos de la pandemia».

MATERIAL COVID

Vinculado con la gestión de la pandemia, el Consello de la Xunta ha autorizado la tramitación de emergencia de un expediente de contratación, por valor de 1.539.441 euros, para suministrar material frente a la covid-19 en el área sanitaria de Vigo.

Dentro del expediente, destaca la adquisición de equipamientos de protección individual con un importe de 815.217 euros. La mayor parte, 596.187 se destinan a la compra de 5.241.000 guantes de protección y se completa con 219.030 euros para 700.000 mascarillas y batas de protección individuales. También hay 613.824 euros que se irán para adquisición de pruebas PCR de detección genética covid, entre otros materiales.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado el papel clave que desempeñan los municipios y entidades locales en la mejora de las capacidades preventivas del Sistema Nacional de Salud, en el marco del acto de presentación del Convenio 2021 de la RECS ‘Gobiernos Locales y Salud, un Marco para la Reconstrucción’.

«No solo se trata de vivir más, sino de cómo vivimos mejor y de cómo tenemos mayor calidad de vida, y ahí los entornos locales son clave», ha hecho hincapié la ministra, quien también ha puesto énfasis en el paso adelante que el convenio 2021 de la RECS supone en la consecución de este objetivo. En esta misma línea, ha puesto de relieve la perspectiva municipal en la puesta en marcha de políticas públicas, tanto para la promoción y prevención de la salud como de entornos saludables.

El convenio, ha continuado Darias, sirve asimismo para destacar el trabajo conjunto que se desarrolla entre el Ministerio de Sanidad y la Red Española de Ciudades Saludables, así como para incidir en el carácter trasversal de la salud y la implicación de todos los niveles de la administración pública en la misma. Así, ha abundado la ministra, de lo que se trata es de «cómo podemos colaborar todos frente a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, de manera coordinada, integral y priorizada» y conseguir contar con ciudades más habitables, sostenibles, verdes y a la vanguardia, tal y como apunta el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 de la Agenda 2030, «el mayor contrato de toda la humanidad», señala.

Por lo tanto, ha recalcado Darias, el Convenio 2021 de la RECS debe ser un «punto de inflexión» para tener más calidad de vida y hacer de los municipios lugares de convivencia que promocionen la salud y la prevención de la enfermedad.

PAPEL DESTACADO FRENTE A LA COVID-19 Y A FAVOR DE LA VACUNACIÓN

La ministra de Sanidad también ha tenido palabras de reconocimiento hacia las entidades locales, como administraciones más cercanas, en la lucha contra la pandemia provocada por la COVID-19 y en el desarrollo de la Campaña de Vacunación iniciada a finales del año pasado.

En este sentido, ha aplaudido el papel de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells a la hora de trasladar al ámbito municipal las decisiones y acuerdos de las autoridades sanitarias que se iban adoptando. Asimismo, ha reconocido la colaboración y coordinación favorecidas por la FEMP, con su progresiva incorporación a los distintos órganos de gestión de la pandemia.

«Entramos en esta crisis sanitaria juntos y saldremos juntos», ha asegurado Darias, incidiendo en el «horizonte de esperanza» que significan las vacunas contra la COVID-19, no solo como «la mejor arma sanitaria frente al virus, sino como la mejor arma para la recuperación económica de nuestro país».

El evento, que se ha celebrado este jueves en la sede de la FEMP en Madrid, ha contado con la asistencia, entre otros, de su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como la del presidente de la Red y alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa; y del secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, notificará personalmente este viernes al ex ministro de Economía Rodrigo Rato el auto que ordena sentarle en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

Este trámite procesal se realizará de forma personal «dada la naturaleza de la pena solicitada» por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama 70 años de cárcel para Rato. Servirá para darle cuenta también de su obligación de prestar fianza por un total de 65.132.961 euros.

Con este dinero, el magistrado trata de «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponerse a Rato en sentencia, y por ello se le hará el apercibimiento de que si no aporta esta cantidad en el plazo de un día «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».

15 PROCESADOS

Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras quince personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.

Según el resultado de la instrucción, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

MÁS DE 8 MILLONES DEFRAUDADOS

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121 euros en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el exministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

Por los dos últimos delitos no será finalmente juzgado, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.

Tras conocer la decisión del instructor, Rato señaló en manifestaciones que responderá en julio –mediante el escrito de defensa que ya preparan sus abogados– a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por las que se le vuelve a sentar en el banquillo.

El portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha subrayado este jueves que Cs «no participa como partido» en el acto del domingo en Colón, en Madrid, contra los indultos para los presos del ‘Procès’.

En un acto en Ibiza, Bal ha expresado además su convicción de que muchos socialistas acudirán al acto: «El domingo habrá muchos socialistas que protestarán contra Pedro Sánchez», ha asegurado.

Bal ha remarcado que la manifestación del domingo es un acto convocado por «la sociedad civil», y que ha pedido de manera expresa que los partidos no tengan protagonismo. «Iremos como ciudadanos de a pie. Yo iré y espero que sea un éxito y que haya mucha gente y muchos socialistas que creen en la unidad de España, que creen que los indultos son injustos», ha afirmado.

Bal ha señalado que algunos socialistas ya se han manifestado públicamente respecto a los indultos y ha pedido a los ‘barones’ del PSOE «que pasen de las palabras a los hechos», que no permitan que su secretario general y presidente estatal «humille a España de esta manera delante de las personas que trataron de romper la convivencia en este país».

El portavoz ha criticado que Sánchez asegure que los indultos se van a dar en favor de esa convivencia. «Llamo a la gente que se acuerde de lo que pasamos», ha dicho Bal, asegurando que fue el Jefe del Estado, con su mensaje, el que «nos llenó de alivio».

«Ahora parece que el jefe del Gobierno quiere rectificar aquel mensaje que dio el Jefe del Estado que nos llenó de esperanza a tantos españoles», ha concluido.

El portavoz de Cs también ha recordado que este viernes el partido va a convocar una manifestación en Barcelona para exigir que no sean indultados los presos del ‘Procès’.

Igualmente, Bal ha cuestionado también si en Cataluña los constitucionalistas no van a recibir la «magnanimidad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado que el «perdón sólo circula en un solo sentido», dejando a los constitucionalistas desguarnecidos debido al deseo de Sánchez de mantenerse en el poder.

CRITICA LA «INDEFINICIÓN» DEL PSOE CATALÁN

«Hoy nos despertamos con un nuevo episodio de esa definición o indefinición del PSOE de Cataluña cuando el señor Illa dice que habría que hacer una consulta para aprobar lo que saliera de esa infame mesa de negociación donde no se descarta que pueda sentarse el propio Oriol Junqueras, que está inhabilitado», ha criticado Edmundo Bal.

«Es una mesa de la vergüenza. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Socialista a vender España para mantenerse en el poder?», ha añadido también.

Según Bal, Cs es «más necesario que nunca en Baleares y recuerda mucho a cómo nació Cs en Cataluña para dar voz a los constitucionalistas a quienes los separatistas querían acallar».

El Congreso de los Diputados ha convalidado por amplia mayoría, con 339 votos a favor, 2 votos en contra y 6 abstenciones, el Real Decreto Ley de 18 de mayo por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca ‘Filomena’ que afectó a buena parte de España entre los días 7 y 22 de enero de este año.

En la defensa del Real Decreto, que no se tramitará por el procedimiento de urgencia, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mostrado la solidaridad del Gobierno y de la Cámara con los afectados, especialmente a las familias de los fallecidos. Además ha destacado el trabajo y la gestión «razonablemente positiva» realizada para recuperar la normalidad tras la borrasca en el menor tiempo posible

Marlaska ha elogiado al Sistema Nacional de Protección Civil al que ha puesto de «ejemplo» de los «mejores valores democráticos» como la solidaridad, la cohesión y la coordinación y ha insistido en que las ayudas suponen una «malla de respuesta» ante los daños provocados por el «fenómeno más adverso del último siglo» en cuanto a nevadas.

El Real Decreto de ayudas amplía la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil a Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, durante el ámbito temporal de Filomena del 7 de enero hasta el 18 de enero, por lo que alcanza a 13 comunidades autónomas (Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra y Andalucía).

Asimismo, «prevé» la incorporación de estas ayudas a otros fenómenos adversos que puedan suponer un riesgo que cubren, en general «cualquier hecho catastrófico» acaecido entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021.

«Activamos una gestión asentada en la anticipación, respuesta y resiliencia. Gracias al trabajo conjunto podemos decir que la gestión fue razonablemente positiva porque coordinamos los recursos existentes y ponerlos al servicio de las personas», ha elogiado.

El ministro ha elogiado el «extraordinario esfuerzo presupuestario para el Gobierno» que suponen estas ayudas de las que una Comisión interministerial hará seguimiento y emitirá antes de final de noviembre un primer informe de situación.

CRITICAS POR LA LENTA TRAMITACIÓN

Durante el debate de convalidación, la diputada del PP Ana Belén Vázquez ha criticado a Marlaska por ir al Congreso este jueves a «limpiar su imagen con un Real Decreto del que su Ministerio del Interior es el que menos participación tiene, con 11,7 millones de euros».

«La tormenta fue pasajera, dejó graves daños pero remitió. Marlaska, en vez de remitir, sigue causando daños cada día en ese Ministerio que deshonra. El Real Decreto llega tarde», ha apostillado.

Por su parte, el diputado del PSOE Daniel Vicente ha defendido la adecuada gestión del Gobierno frente al PP que tiene «el caos en la cabeza» y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien «decía estar preparado» pero que junto a la Comunidad de Madrid «dejó tiradas a las familias que viven en la Cañada Real».

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Mercedes Pérez ha manifestado que ‘Filomena’ mostró que «no todas las personas sufren igual ante un desastre» y que la desigualdad es «sinónimo de pobreza energética» y ha advertido que la nueva tarifa de la luz «no soluciona un problema estructural y muy grave que tiene que ver con los abusos sistemáticos de las grandes empresas», por lo que ha reclamado un «mayor control público».

Desde Vox, el diputado Pedro Fernández ha criticado la «mala gestión» de la borrasca Filomena mientras se estaba produciendo, lo que conlleva la necesidad de «la convalidación de este decreto» y ha manifestado que «la mejor» manera de afrontar emergencias como ‘Filomena’ pasa por que «el Estado tiene que ordenar, las comunidades autónomas tienen que acatar y los ayuntamientos tienen que hacer».

Desde el PRC, el diputado José María Mazón, ha recordado que este no es el primer real decreto ley de esta naturaleza, como las inundaciones de diciembre de 2019 que afectaron a Cantabria, cuya convocatoria de ayudas «no ha sido resuelta» por lo que opina que las ayudas irían más rápido si se incluyeran en los Presupuestos Generales del Estado.

En la misma línea, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha lamentado que pueden pasar «años o meses» hasta que se cobran las ayudas, algo que «no es eficaz ni eficiente» y ha propuesto buscar «entre todos» la forma de que esta gestión sea más fácil, ágil y elimine burocracia para que lleguen a los afectados de forma «más inmediata».

Por su parte, la diputada de CS María Carmen Martínez Granados ha confiado en que la cuantificación de los daños sea rigurosa pero ha exigido urgencia en su reparto tras mostrar su preocupación por el tiempo en que las ayudas tardan en hacerse efectivas, puesto que todavía «no se han cobrado las de ‘Gloria'».

En cuanto a la comisión interministerial para hacer seguimiento de las ayudas, ha respondido a Marlaska que eso «ocurre siempre» y, de hecho, le ha afeado que «todavía» no está presentado el informe de las DANAS acaecidas en 2020 y que también requirieron ayudas. Tras preguntarle por la fecha en la que ese informe llegará, ha lamentado que las de Filomena «con suerte» llegarán antes de final de 2021, por lo que ha reclamado que cumplan en un plazo riguroso.

En la misma línea, el diputado de PdCAT Ferrán Bel ha reclamado al Gobierno que sea «extremadamente diligente» para que su tramitación se haga «lo más rápida posible» y ha criticado la falta de homogeneidad en «todas» las situaciones y territorios de estos decretos de ayudas.

En el turno de Esquerra Republicana, la diputada Norma Pujol se ha centrado en exponer «la huella» de Filomena en Cataluña y en particular en el Delta del Ebro. A su juicio, es imprescindible no cometer los mismos errores de Gloria y ha confiado en poder mejorar la coordinación.

Del mismo modo, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha criticado que no han llegado todavía las ayudas del temporal Gloria –que ocurrió en enero de 2020– y ha reclamado que se ejecuten ya «porque la vida real no espera». Aunque ha celebrado la diferencia en la gestión con la borrasca Filomena, ha pedido al Gobierno que revise las políticas públicas para hacer frente a los eventos meteorológicos.

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias ha reclamado a los gobiernos de las comunidades autónomas la habilitación «definitiva» de la entrada de los familiares en los centros y que se eliminen las «limitaciones salvajes, inhumanas e ilegales» que, a su juicio, soporta este colectivo en los 5.500 geriátricos repartidos por el país.

Del mismo modo, pide a la Fiscalía General del Estado y a lasfiscalías superiores autonómicas que investiguen si se están vulnerando derechos fundamentales y constitucionales en las restricciones marcadas por las administraciones y empresas geriátricas en el acceso de las familias a las residencias.

A través de un comunicado, la plataforma señala que los centros de mayores y dependientes están viviendo actualmente «una situación incongruente» y «contraria a la lógica» una vez terminado el estado de alarma.

«Hoy, en la mayor parte de las comunidades autónomas, solo se permiten 3 horas de visitas semanales como media, con territorios como Cataluña o Andalucía con una sola visita semanal, un régimen similar al que se desarrolla en las prisiones», advierte.

Y esta expresión, apunta, no es solo un símil, ya que, según la organización, son muchos los usuarios y familias los que utilizan la expresión «encarcelados» para referirse a la situación que están viviendo y que consideran «alarmante» porque suspende «las libertades que soportan los residentes».

«DEMOLEDORES CONFINAMIENTOS»

De hecho, apuntan que en julio de 2020, con buenos datos en cuanto al contagio en la población, pero sin vacunación y sin seguridad en el futuro más próximo, se permitía una mayor apertura de las residencias, posibilitando incluso visitas diarias dependiendo de la evolución epidemiológica. Esto, apuntan, «choca radicalmente con lasactuales limitaciones» que son, a su juicio, «un retroceso comparativo inexplicable».

En este sentido, la plataforma recuerda que los centros de mayores y dependientes, gracias a la ciencia, se han visto libres del Covid-19, en «una inmensa mayoría, desde finales de enero», cuando se concluyó la vacunación a residentes y trabajadoras. Sin embargo, insiste, las comunidades autónomas no han cambiado «significativamente» los protocolos y las instrucciones de apertura.

Además, denuncian, «un número nada desdeñable» de empresas operadoras «incumplen a la baja las instrucciones de las autonomías» y, en otros casos, dice, es «la propia administración» la que «se limita a hacer recomendaciones, dejando en manos de las empresas la decisión del número de visitas semanales y su duración». «Un contrasentido que redunda en más restricciones», señala.

Así, advierten de que «se siguen produciendo demoledores confinamientos, conculcando las leyes y los derechos fundamentales de los residentes, con el beneplácito de los poderes públicos que nada o poco hacen para evitarlo».

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido este jueves el trabajo del Servicio de Información Toxicológica (SIT) en la lucha contra los bulos y la desinformación en el marco de la jornada conmemorativa por el 50 aniversario del organismo dependiente del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF).

Según ha informado el Ministerio en un comunicado de prensa, Campo ha destacado el «compromiso» y «la gran labor» que realiza el SIT y ha agradecido el «trabajo extraordinario» realizado durante las primeras fases de la pandemia.

«Durante aquellos días resultó de gran ayuda para la ciudadanía, para aclarar dudas y, sobre todo, para combatir los bulos que ponían en riesgo la salud de todos, con informaciones falsas sobre supuestas fórmulas milagrosas para curar o prevenir el coronavirus», ha asegurado el ministro.

Campo ha reconocido a los trabajadores del Servicio de Información Toxicológica por el asesoramiento que prestan al personal sanitario, a la industria química, a Protección Civil y a la Administración de Justicia. «50 años después es un centro de vanguardia y referencia para toda España, y también a nivel europeo», ha asegurado.

El SIT atiende consultas telefónicas para la lucha contra la intoxicación. Cuenta con un personal médico que ofrece atención ininterrumpida 24 horas al día, 365 días al año y actúa como órgano asesor de la Administración de Justicia, elaborando informes periciales solicitados a requerimiento judicial.

MOTOR DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Durante el encuentro, el ministro también ha destacado el trabajo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, como órgano de apoyo a la Administración de Justicia que «contribuye a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica», así como al desarrollo de las ciencias forenses.

«Su evolución ha sido el motor fundamental para la modernización de la investigación judicial y el enjuiciamiento de delitos», ha dicho Campo, quien ha situado a esta entidad española como una de las más avanzadas en su ámbito.

EVENTO ANIVERSARIO

Durante la jornada se han celebrado dos mesas redondas con el objetivo de «dar difusión al trabajo del SIT y acercar a la ciudadanía todas las actividades que este organismo desarrolla».

La primera de las mesas redondas, ‘Evolución del SIT y su acercamiento a la ciudadanía’, ha sido moderada por la directora general del Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, y han participado el jefe del SIT, José Luis Conejo; el exjefe del servicio, José Cabrera; el subdirector general de Prevención, Planificación y Emergencias de Protección Civil, Francisco Ruiz; y el presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner.

La directora general del Servicio Público de Justicia ha hecho hincapié en el valor del teléfono del SIT –915 620 420–, una «referencia al alcance del ciudadano, que se incluye en los medicamentos y en los productos químicos y agroquímicos, con más 80.000 consultas atendidas al año».

En la segunda mesa redonda, ‘La nueva plataforma SIT y las relaciones con otros sectores’, moderada por el director del INTCF, Antonio Alonso, han intervenido la jefa de la Sección de Documentación del SIT, Rosa Martínez; el director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, Juan Antonio Labat; y la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas.

Cerca de cuarenta cardenales, arzobispos y obispos españoles, junto al nuncio apostólico, monseñor Bernardito Auza, acompañarán a José Ángel Saiz Meneses este sábado en la ceremonia de presentación y toma de posesión como nuevo arzobispo de Sevilla, tras suceder a monseñor Asenjo Pelegrina en la sede de San Isidoro.

Monseñor Saiz pasará a ocupar el número 130 en el orden del episcopologio de la sede hispalense, una relación que se inició en el siglo III con el obispo Marcelo, informa la Archidiócesis en una nota de prensa.

Entre las autoridades eclesiásticas que ya han confirmado su asistencia se encuentran el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, y los cardenales Juan José Omella, Antonio Cañizares y Antonio María Rouco.

La ceremonia comenzará a las 11 horas, cuando la comitiva compuesta por el nuncio, el arzobispo electo y el administrador apostólico sea recibida en la Puerta de la Asunción –la principal de la Catedral– por el Cabildo. El deán, Teodoro León, dará a besar el Lignum Crucis al nuncio y al arzobispo electo, y la comitiva se dirigirá a la capilla de la Antigua, donde está la Reserva del Santísimo Sacramento. Finalmente, se revestirán en la sacristía de los Cálices antes de dar comienzo a la misa.

La parte más significativa de este acto será al inicio de la misa, que comenzará presidiendo el nuncio. Tras una breve alocución de monseñor Asenjo, el nuncio presentará a monseñor Saiz, se mostrarán y leerán las letras apostólicas –con el nombramiento del arzobispo, firmadas por el papa Francisco–.

Tras esta lectura, monseñor Saiz ocupará la cátedra y recibirá el báculo. Es entonces cuando se formaliza el relevo al frente de la Archidiócesis, y una representación de la Archidiócesis –sacerdotes, religiosas, laicos– sube al presbiterio para saludar al nuevo arzobispo. Este trámite ha tenido que ser aligerado debido a las cautelas que impone la pandemia del Covid-19.

Igualmente, el aforo ha sido reducido a algo más de 800 personas. Acto seguido, la eucaristía se seguirá celebrando como de costumbre, pero ya bajo la presidencia de monseñor Saiz Meneses.

OTRAS AUTORIDADES Y ACCESO DEL PÚBLICO

Este sábado también habrá una importante representación de autoridades civiles, militares y académicas, con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, al frente, junto al clero y la Curia de la Archidiócesis. Las personas que deseen seguir el acto desde el interior de la seo deben acceder entre las 10 y las 10,30 horas por las puertas de Palos y San Miguel.

Este paso se cerrará una vez completado el aforo permitido. La ceremonia también podrá seguirse a través de las retransmisiones que harán Trece, 7TV, PTV, COPE Sevilla y Radio María.

La Audiencia de Barcelona ha acordado citar como investigados a dos jefes de grupo de los antidisturbios de la Policía Nacional por las órdenes que dieron durante las cargas en el Institut Pau Claris el 1-O.

En un auto, estima parcialmente el recurso de Irídia en representación de cuatro lesionados durante la jornada contra la decisión del juez instructor, que se opuso a investigarlos.

La sección 3 de la Audiencia de Barcelona argumenta que, aunque se haya imputado a sus superiores jerárquicos, estos dos policías «tienen un grado de autonomía amplio» en el operativo y eran responsables del grupo que actuó en el instituto, por lo que podrían ser responsables de las lesiones que causaron sus subordinados.

En concreto, se investiga la actuación en las escaleras de entrada al instituto, donde había decenas de personas sentadas y que según afirmar los jueces tras estudiar las imágenes «fue en muchos casos desproporcionada».

Los magistrados recuerdan que «obviamente, el diseño de la ejecución concreta de esta operación policial –subir las escaleras para acceder al piso de arriba– corresponde a los jefes de grupo», los dos policías ahora citados como investigados, que como muestran los vídeos de la causa estuvieron presentes durante las cargas.

«La actuación policial que observamos en muchos casos resulta, indiciariamente, desproporcionada, innecesaria e injustificada», valoran los jueces tras revisar las imágenes, y señalan que algunos agentes dieron bofetadas a manifestantes.

Entre las acciones de los policías también resaltan «tirar en volandas a las personas por las escaleras, coger del pelo a mujeres y arrastrarlas, lanzar a la calle bolsos y efectos personales de la gente, incluso uno de ellos llega a pisotear a las personas.

VOTO PARTICULAR

El auto incluye el voto particular de un magistrado, que sostiene que no debería citarse a los policías porque en la instrucción ya se ha acreditado que «no es necesaria una orden expresa» para que los agentes usen la porra.

Este juez también argumenta que la actuación de cada agente es «absolutamente distinta y no parece responder a unas pautas de actuación u órdenes concretas», y considera que la mayoría se ajustaron a los criterios y algunos incluso actuaron, en sus palabras, de manera sumamente cautelosa.

RECHAZAN UNA «IMPUTACIÓN GENÉRICA» DE ALTOS MANDOS

En mayo, la Audiencia de Barcelona rechazó un recurso de 10 acusaciones particulares que pedían investigar a los altos mandos de la Policía Nacional en Cataluña por las cargas del 1-O, al considerar que «no hay ningún indicio de la existencia de una instrucción concreta de actuar el 1 de octubre de 2017 con contundencia o usar una mayor violencia que la imprescindible».

Al exponer esa decisión, los magistrados –la misma sala que ahora acepta investigar a dos mandos intermedios– rechazaron una «imputación genérica de todos los mandos» del dispositivo, y distinguieron entre los altos mandos y los inspectores jefes de cada núcleo de antidisturbios o UIP, mandos medios, emplazando a cada las piezas separadas que investigan las cargas en cada colegio electoral valoren las posibles responsabilidades de estos mandos intermedios.

Cuatro vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han redactado un voto concurrente al informe aprobado por este órgano sobre la Ley de Memoria Democrática en el que puntualizan algunos aspectos de este texto, pese a que lo votaron a favor. Dicen sobre las fundaciones franquistas que no puede decirse que el fin de estas entidades se incardine en el interés general y recuerdan que la ley no peca de «tutela asimétrica» de las víctimas, como dice el informe oficial, si se tiene en cuenta que el franquismo fue el único régimen totalitario que logró implantarse en España.

El texto, de 9 páginas, ha sido suscrito por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, la magistrada del Supremo Clara Martínez de Careaga, la abogada Pilar Sepúlveda y el magistrado Rafael Mozo, todos ellos designados a propuesta del Partido Socialista.

El voto concurrente se centra en determinados aspectos y consideraciones que estos cuatro vocales estiman que no son abordados por el informe preceptivo que se mandará al Gobierno «de manera acertada o a plena satisfacción».

A juicio de estos consejeros, el texto aprobado por el Pleno el pasado lunes desliza «de manera forzada, contradictoria, injustificada, excesiva y sin motivación alguna,» un recelo respecto del Anteproyecto impulsado por el Gobierno al señalar que se podría dar lugar a una «tutela asimétrica» de la dignidad de las víctimas.

«¿Quiénes son las víctimas tratadas asimétricamente? El informe nada indica ni aclara, por lo que podría ser fruto de un involuntario «corta- pega», procedente de textos corregidos sobre los que no hubo acuerdo», señalan en su voto.

Además, y respetando la memoria y la dignidad de todas las víctimas de la violencia política de ese periodo histórico, y «condenando las devastadoras consecuencias y masivas vulneraciones de derechos humanos cometidas en el nombre de todo tipo de regímenes e ideologías totalitarias», apuntan que » lo cierto es que el franquismo es el único régimen totalitario implantado en España durante una parte del siglo XX, y más concretamente en el periodo histórico objeto de la norma, es decir, desde el 18 de julio de 1936 hasta las elecciones del 15 de junio de 1977 que dan lugar a la Constitución democrática publicada el 29 de diciembre de 1978″.

El texto oficial, aprobado con 15 votos a favor y 6 en contra , se muestra muy crítico con algunos aspectos de la norma al considerar que vulneran la libertad de expresión. Para los vocales, la apología franquista que puedan realizar determinadas fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.

FINES DE LAS FUNDACIONES

A este respecto, y sin entrar en la consideración de una definición o delimitación taxativa de lo que sean fines de interés general, estos cuatro vocales advierten de qye la simple mención de las categorías ejemplificativas que realiza la ley permite, ‘ad sensum contrario’, excluir que algunos fines puedan ser considerados como de interés general», especialmente «aquellos que son opuestos o contradictorios con los mencionados».

Así lo debería, añaden, la divulgación de un credo o una obra política que es contraria a los valores constitucionales y a la defensa de los principios democráticos, asunto que relacionan con lo dicho en el informe que hechos mismos han avalado sobre las fundaciones franquistas que el Gobierno pretende disolver.

Recuerdan que su postura coincide con lo dicho recientemente el Parlamento Europeo en su Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, que insta a los Estados miembros a que «prohíban efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo o cualquier otra forma de totalitarismo, dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacionales».