La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos seis niños, al rechazar el recurso de apelación que había presentado.

En la vista, celebrada el miércoles, la defensa de Urrutikoetxea alegó una vulneración a la intangibilidad de las resoluciones judiciales, dado que en sentencias anteriores se establece que quien ordenó el atentado fue el etarra histórico Francisco Mújica Garmendia, ‘Pakito’; que el informe firmado por la Guardia Civil que obra en la causa quiebra el principio de imparcialidad porque el ataque se dirigió contra este cuerpo; y que no hay indicios suficientes en su contra.

Tanto el Ministerio Público como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se opusieron a este recurso de apelación solicitando que se desestimara, según fuentes jurídicas.

Para ello, esgrimieron que en los fallos previos se habla expresamente de ‘personas’ para referirse a quien pudo ordenar el atentado, por lo que podría haber más de uno implicado, y que si la defensa quiere que se descarte el informe de la Guardia Civil debe hacerlo más adelante al no ser este el momento procesal indicado.

La Sección Tercera ha rechazado la vulneración de derechos fundamentales denunciada por Urrutikoetxea, subrayando que el auto de procesamiento contiene una exposición detallada y concretísima de los hechos, con mención expresa de las diligencias y elementos sumariales en los que se apoya el juez.

Además, ha explicado que, tal y como reconoce la parte apelante, algún indicio de criminalidad existe respecto a ‘Josu Ternera’, lo cual no solo permite sino que obliga a dictar auto de procesamiento.

En cualquier caso, ha recordado que es en el juicio oral cuando corresponde a la Sala de lo Penal estudiar los indicios de criminalidad recabados durante la fase de instrucción para determinar la implicación del ex jefe de ETA en este atentado.

En la misma línea, ha recalcado que no es el momento procesal para pronunciarse sobre los visos de éxito de una acusación aún no efectuada ni sobre el posible resultado de una actividad probatoria que debe desplegarse en el juicio oral.

EL JUEZ TUMBÓ OTRO RECURSO

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ya rechazó el recurso de reforma formulado por ‘Josu Ternera’, contestando que el auto de procesamiento contiene una exposición «detallada y concretísima» de los hechos que se imputan al ex dirigente etarra, así como de las diligencias practicadas para llegar a esta conclusión.

Moreno subrayó entonces que será en el juicio oral cuando «el fiscal habrá de probar los hechos y exponer los fundamentos doctrinales y legales de la calificación definitiva que se presente» y que competerá al tribunal valorar los indicios de criminalidad expuestos.

El procesamiento del histórico etarra por parte de la justicia española llegó después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó así otro recurso presentado por la defensa de ‘Josu Tenera’ contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

La Corte de Casación también ha acordado la entrega definitiva de Urrutikoetxea a España por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las ‘herriko tabernas’, mientras que el Tribunal de Apelaciones ha dado luz verde a su extradición por el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

La Audiencia Nacional también reclamaba a ‘Josu Ternera’ por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de la organización terrorista, pero en este caso las autoridades francesas denegaron la devolución a España.

JUICIO PENDIENTE EN FRANCIA

Urrutikoetxea, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requiere por varias causas.

Ahora, tras la decisión de la Audiencia Nacional, y después de que se celebre el último juicio que tiene programado para septiembre Josu Ternera en Francia, las autoridades galas deberán decidir si entregan temporalmente al ex jefe de ETA.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha atendido la petición de Fiscalía y ha acordado que el productor de televisión José Luis Moreno quede en libertad bajo fianza de tres millones de euros, cantidad que deberá depositar en metálico o con aval bancario antes de las 15.00 horas del próximo jueves.

Este jueves, Moreno ha sido puesto a disposición del juez junto a otros cuatro de la casi cincuentena de encausados por la presunta estafa de 50 millones. Según fuentes jurídicas, el juez le imputa los delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible.

Al igual que con Moreno, que se ha negado a declarar en esta causa que permanece bajo secreto, el juez ha acordado la puesta en libertad de los otros tres detenidos que han comparecido también en la Audiencia Nacional, aunque con fianzas distintas.

Así, ha fijado en 200.000 euros la de Antonio Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, quien figura como administradora de algunas de las empresas envueltas en la trama. Ambos son acusados de los mismos delitos que Moreno, y también tienen de límite hasta el próximo jueves para abonar esas cantidades.

El cuarto de los detenidos, Javier Villaba, ha quedado en libertad sin fianza pero con obligación de comparecencia semanal, retirada de pasaporte, fijación de domicilio donde pueda ser localizado y prohibición de salir del país.

José Luis Moreno, que alcanzó la fama con sus marionetas en programas televisivos de los 90, ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional por su propio a pie por la rampa del parking ubicado en la plaza de la Villa de París de Madrid. En la calle, además de una maraña de periodistas y cámaras le esperaba un vehículo de alta gama que le ha recogido nada más salir del recinto judicial.

Fuentes jurídicas apuntan que este viernes será el turno de otros seis o siete detenidos. Moreno fue detenido el martes fruto de la macrooperación de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona que ha terminado con 47 detenidos, 25 de ellos en Madrid, 17 en Barcelona, 3 en Murcia, 1 en Valencia y 1 en Alicante.

Ese mismo día, se realizaron registros en su mansión y en la sedes madrileñas de las empresas de Moreno, en los que estuvo presente el productor de televisión, que pasó la noche en la comisaría de Moratalaz.

Los arrestados están acusados de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

LA INVESTIGACIÓN Y LA OPERACIÓN POLICIAL

Durante la investigación policial, que se remonta a dos años, se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una ‘mula’, que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los investigadores de la ‘Operación Titella’ creen que la organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. «Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga», según ha informado la Policía Nacional y la Guardia Civil.

A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de una investigación de la Audiencia Nacional.

Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.

Esta organización, una vez captaba los fondos, «activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el ‘peloteo’ de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria», según han destacado Policía y Guardia Civil.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados, tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no sólo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.

Unidas Podemos ha ensalzado el acuerdo de reforma de las pensiones que deroga el factor de sostenibilidad y revaloriza los importes en función del IPC, pero también ha dejado claro que el nuevo índice de equidad «no podrá suponer recorte de prestaciones futuras».

También ha señalado que, pese a este avance en el acuerdo de gobierno de coalición, existe «un déficit» en ese pacto que se tendrá que corregir en los próximos Presupuestos Generales: la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas.

Así lo ha destacando el responsable del área económica de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, después de que el Gobierno y los agentes sociales hayan rubricado este acuerdo.

Previamente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional producirá un «ajuste moderado» sobre la pensión de los llamados ‘baby boomers’. «Es un ajuste bastante moderado. No verán mermada su pension, podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más», explicó a continuación.

Respecto al pacto entre los agentes sociales, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone un «cambio de paradigma» al «garantizar la revalorización de las pensiones al IPC y derogar el factor de sostenibilidad del PP». «Las pensiones son un pilar imprescindible para reconstruir un nuevo pacto intergeneracional», ha detallado en Twitter.

A su vez, la secretaria general de Podemos y titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, también ha señalado en redes sociales que el acuerdo es «fruto de la movilización» de los pensionistas, que han sido «fundamentales para conseguirlo».

En esta línea, Álvarez ha destacado que uno de los principales hitos de la reforma es la eliminación del índice de revalorización que aplicó el PP y que «condenaba a las pensiones a perder poder adquisitivo», unido al fin del factor de sostenibilidad que «reducía la cuantía de la pensión a medida que incrementaba la esperanza de vida».

NO HAY RECORTES NI AMPLIACIÓN DEL CÓMPUTO DE EDAD DE JUBILACIÓN

«Frente a las reformas anteriores, basadas en recortes de las pensiones como principal mecanismo de ajuste, en esta ocasión se opta por garantizar su crecimiento, modificar los incentivos a la jubilación anticipada y mejorar la financiación de la Seguridad Social», ha loado Álvarez también en redes sociales.

Al hilo, ha insistido en que «no hay recortes de pensiones» al no incorporarse «ninguna referencia a la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión», por lo que las pensiones seguirán calculándose con los últimos 25 años y no con los últimos 35 años cotizados, «como algunas voces habían pedido».

Con ello aludía al polémico borrador del Gobierno que aludía a la ampliación de los años de cómputo y en el que figuraba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como departamento encargado de llevarlo a cabo. El socio morado de la coalición, ya desde la anterior etapa liderada por Pablo Iglesias, se opuso de plano a que se incluyera esa medida, al subrayar que hubiera sido un recorte «inaceptable» y «desleal» con el acuerdo de gobierno, como dijo en su día el exvicepresidente segundo.

Otras virtudes del acuerdo, según Álvarez, es el incluir» una reivindicación histórica» para desarrollar, en un plazo de tres meses, la normativa que garantice la cotización a la Seguridad Social de los becarios y que contará con un 75% de reducción.

Además, se equipara el acceso a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con los matrimonios, se mejora la financiación de la Seguridad Social con el traspaso de los llamados gastos impropios a los Presupuestos Generales y se modifica el Régimen de Trabajadores Autónomos para que «coticen de acuerdo a sus ingresos reales».

MEJORA DE LAS PENSIONES EN LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado, ha desgranado que la sustitución del factor de sostenibilidad por un futuro mecanismo de equidad intergeneracional no es un simple cambio de nombre. «El factor de equidad intergeneracional no podrá suponer recorte en las prestaciones futuras», ha desgranado.

Finalmente y a pesar de la valoración positiva del acuerdo, Álvarez ha señalado que hay un déficit que «habrá que corregir vía presupuestos», la «necesaria» mejora «significativa de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas».

VICTORIA DE LOS PENSIONISTAS

El corportavoz de Podemos, Pablo Fernández, también ha relacionado en redes sociales este acuerdo con la movilización del colectivo de pensionistas que «ha sido crucial para modificar la voluntad inicial de Escrivá y conseguir este avance».

«Esta es una victoria de los pensionista, que durante años han sido un ejemplo de movilización y lucha por sus derechos. Sin ellos no se hubiera alcanzado este acuerdo ni se hubieran revertido las intenciones de recortar aún más las pensiones», han desgranado fuentes de la formación morada.

El torero Finito de Córdoba sustituirá a Enrique Ponce en el cartel de la feria taurina de Santander, que se celebrará del 22 y 25 de julio, tras el anuncio de este último de su retirada de los ruedos por tiempo indefinido.

Finito de Córdoba participará en la corrida del 24 de julio, junto a Emulio de Justo y Ginés Martín, con toros de la ganadería de Torrealta, según ha anunciado este jueves José María Garzón, organizador de la feria, que se celebrará en el Coso de Cuatro Caminos del 22 al 25 de julio y que es la primera del norte de la temporada.

Los toreros Rui Fernández, Diego Ventura y Leonardo, y la ganadería Los Espartales, abrirán la feria el día 22; y el 23 será el turno de José Antonio Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Pablo Aguado, que se enfrentarán a toros de la ganadería El Puerto de San Lorenzo.

Los festejos se cerrarán el día 25 con los diestros Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Roca Rey, que lidiarán toros de la ganadería La Quinta.

Así se ha dado a conocer esta mañana en una rueda de prensa de presentación de los eventos taurinos de la Feria de Santiago en la que también han participado la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el presidente del Consejo de Administración de la plaza de toros, Indalecio Sobrino.

La alcaldesa ha destacado que Santander se convierte en la primera ciudad del norte de España en acoger estos festejos tras la pandemia, que contarán con las medidas sanitarias establecidas por el coronavirus y con un aforo del 50 por ciento.

Igual ha valorado tamién el gran impacto económico que genera la feria en la ciudad, a la que acuden muchas personas «única y exclusivamente» para ver este espectáculo.

Además, ha subrayado que con estas iniciativas el Consistorio defiende y apoya «la cultura y las tradiciones» de España. «El mundo del toro está contento y valora la valentía del Ayuntamiento», ha dicho.

La alcaldesa ha recordado que todos los abonos contarán con un 10% de descuento y se establecerá uno nuevo en el tendido 6 para jóvenes a un precio reducido de 39 euros. «El precio de las entradas sueltas será el mismo que el de 2019», ha reclacado, por lo que ha animado a los aficionados a cudir a la plaza.

Para cumplir con las limitaciones sanitarias, habrá un aumento de vigilantes de seguridad; vallas y señales para el control de accesos y el mantenimiento de la distancia de seguridad; control de temperatura y desinfección de manos en el control de acceso a la plaza.

Además se instalará una carpa con personal médico por si fuera necesario realizar alguna prueba diagnóstica; sectorización de puertas para regular el flujo en los accesos; localidades preasignadas y numeradas; limpieza y desinfección general de las instalaciones, y dispensadores de geles hidroalcohólicos y jabón.

Por su parte, Garzón ha explicado que este año por la situación pandémica «no ha sido fácil» organizar el cartel y ha supuesto «un esfuerzo para todos», pero se ha mostrado orgulloso de que Santander sea la primera ciudad del norte en acoger este espectáculo.

También ha asegurado que el cartel de esta edición es «inédito» y de una categoría «máxima», y que serán «muy rígidos» con la salud y con el correcto funcionamiento de plan de contigencia que han elaborado porque es «lo más importante».

Por otro lado, Sobrino ha recordado que en esta edición se cumplen 60 años desde que la feria se realiza en el mes julio, por lo que, tras avalar la Consejería de Sanidad los festejos, el espectáculo se podrá realizar en sus «fechas tradicionales».

Igualmente ha opinado que, a pesar del «imprevisto» que ha supuesto la ausencia de Enrique Ponce, el cartel es «sorprendentemente bueno».

Las corridas serán amenizadas por la Banda Municipal de Santander y los carteles, diseñados por el director de cine Agustín Díaz Yanes y su hijo Javier Díaz Garrido, se presentarán en Santander, Madrid y Bilbao, difundiéndose también en mupis y a través de campañas publicitarias en radio, televisión, revistas especializadas, prensa escrita, páginas webs y redes sociales.

Además, se distribuirán asimismo 50.000 carteles de mano, 4.000 de escaparate, 1.800 de murales y 6.000 abanicos con anuncios de la feria y alguno de los festejos se retransmitirá por televisión.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que el presidente del PP, Pablo Casado, «está errando de forma cada vez más calamitosa» y ha señalado que le preocupa que el PP vea el diálogo social «como un demonio».

En declaraciones a los medios tras firmar el acuerdo de pensiones, Sordo ha señalado que al presidente del PP «últimamente le ha dado por cuestionar no ya los acuerdos, sino la legitimidad del diálogo social».

«Hablemos las cosas en plata. Este hombre ha llegado a comparar las propuestas que llegan de un club de tenis con las propuestas que podamos suscribir los agentes sociales representativos de la sociedad española», ha criticado.

Sordo ha recordado que los sindicatos han demostrado corresponsabilidad en mil circunstancias y que los primeros acuerdos negociados para recuperar poder adquisitivo en los salarios fueron con la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el expresidente, Mariano Rajoy. «Y no se nos cayó ningún anillo», ha apostillado.

«No sé si Casado piensa que quien le vote a él en el Barrio Salamanca tiene más valor que el que vote a CCOO o UGT en unas elecciones sindicales, pero me parece que es un pensamiento retrógrado desde el punto de vista democrático y preocupante», según Sordo.

De hecho, considera que «la especie de guerra» contra todos que está manteniendo el presidente del PP es errónea. Así, ha dejado claro que la gente necesita acuerdos de este tipo «y no barbaridades como las que se dicen en la tribuna».

«Ayer se le dio legitimidad al fascismo en España cuando el presidente del PP dijo la tontería sobre la Ley sin democracia y la democracia sin Ley. Necesitamos un centro derecha español que baje el monte al llano, mire los problemas del país e hable con los agentes sociales», ha concluido Sordo.

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, ha asegurado este jueves sobre la dimisión como alcalde de Granada de Luis Salvador que «en Granada ha sucedido lo que temíamos que podía suceder», por lo que ha concluido que «Ciudadanos y su alcalde Luis Salvador han hecho lo que debía» al argumentar que «ha intentado formar gobierno» y ha acabado por «dar un paso al lado» cuando no ha sido posible, por lo que ha anunciado que «tenemos claro que no vamos a apoyar al candidato del PSOE (Francisco Cuenca), que está imputado por prevaricación».

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento de Andalucía tras una comparencia en comisión, Marín ha subrayado que «hacer lo correcto en el momento adecuado no es fácil», en relación al papel desempeñado por su partido para lograr la gobernabilidad de Granada tras abandonar el equipo de gobierno los concejales del PP y otros dos de Cs, mientras que ha puesto el acento en el hecho de que fuera el PP el partido que «abandonara unilateralamente el equipo de gobierno y crear una inestabilidad que tendrá que explicar por qué».

Marín ha defendido que ante la imposibilidad de lograr gobernar Granada «el paso al lado es lo honesto, es lo que había que hacer», por lo que ha trasladado que los próximos pasos tras el cese Luis Salvador como alcalde «cuando se convoque el Pleno veamos los candidatos a la Alcaldía de Granada», al tiempo que ha pronunciado «palabras de reconocimiento para Luis y el compañero que han hecho todo lo posible por la gobernabilidad», por lo que ha recordado que este miércoles Salvador «intentó convencer al PP para que volvieran al gobierno», y a partir de ese momento «ha anunciado que renuncia a la Alcaldía».

«ESTAS CUESTIONES NO AFECTAN A LA JUNTA, PERO SON INCÓMODAS»

Sobre la repercusión en el Gobierno andaluz de las desavenencias entre el PP y Cs en el Ayuntamiento de Granada, Marín ha apuntado que «estas cuestiones no afectan para nada al Gobierno andaluz», aunque ha reconocido que estas diferencias «son incómodas» antes de abogar por que su resolución sólo requiere de «sensatez, sentido común».

«Está claro que son decisiones políticas de los grupos que nada tiene que ver con acuerdo de gobnernabilidad», ha argumentado el vicepresidente de la Junta sobre el alcance de las diferencias en el Ayuntamiento de Granada, mientras que ha defendido el camino emprendido por Luis Salvador de renunciar a la Alcaldía tras ser abandonado por los concejales del PP con la idea de que «hay veces en que hay que buscar otras alternativas, es lo que ha hecho Luis».

«Veremos el apoyo a las candidaturas», ha indicado Marín sobre el futuro alcalde de Granada, mientras que por segunda vez ha afirmado que «no vamos a apoyar al candidato del PSOE» y ha insistido en que «Luis Salvador ha hecho todo lo posible» por garantizar la gobernabilidad de Granada antes de dar «un paso al lado como concejal de la oposición».

Cuestionado sobre la influencia en la sombra en las diferentes crisis municipales que está viviendo Cs del ex secretario de Organización cuando Albert Rivera era presidente de Cs, Fran Hervías, Marín ha afirmado que «la he visto desde que empezó en Granada, Jaén, en Mijas».

«Esta persona sigue ahí para hacer daño, no sé si perteneció a Ciudadanos o sencillamente lo utilizó», ha indicado Marín, quien ha proseguido apuntando que «no tengo nada más que añadir porque ahora milita en el PP».

Luis Salvador ha indicado este martes en rueda de prensa que para «desatrancar» la situación de «bloqueo» que padece desde hace 23 días el Ayuntamiento de Granada y permitir que haya «estabilidad los dos próximos años», «eso –ha dicho– solo se puede hacer apoyando la lista más votada» en las pasadas elecciones municipales, que fue la liderada por el socialista Francisco Cuenca, que cuenta con diez de los 27 concejales que integran la corporación municipal.

«Como el PP no ha vuelto», Salvador se ha mostrado convencido de que «si se tiene que reconstruir algo sería con la lista más votada».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha llamado a «estar unidos» en «los momentos difíciles» porque cuando la sociedad lo necesita «no hay partidos ni colores políticos» mientras que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recalcado que lo que reclaman los ciudadanos es la colaboración de todas las instituciones en situaciones «críticas y sensibles»

Así lo ha puesto de manifiesto durante un acto de demostración de efectivos contra los incendios forestales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Cebreros (Ávila), en la que Robles ha estado acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

«En los momentos complicados y en los momentos difíciles todos tenemos que estar unidos y lo hemos hecho aquí en Ávila y en Castilla y León», de la que ha dicho que es «una comunidad tan española que representa lo mejor de España».

«Lo mejor de España está aquí, esos hombres y mujeres solidarios generosos son los voluntarios pero también los funcionarios de la Junta y, cómo no, nuestras Fuerzas Armadas» ha dicho en referencia a la UME.

«Todos los ejércitos que están entregadas siempre a los más vulnerables» para «ayudar a aquellos que más lo necesitan sin pedir nada a cambio», como se ha visto «durante la pandemia, poniendo en muchas ocasiones en riesgo su vida», a lo que ha añadido que las Fuerzas Armadas «no son de nadie, no tienen color, son de todos de los ciudadanos», ha subrayado la ministra.

Por ello, ha querido que se visualice la presencia del Ministerio de Defensa junto al presidente de la Junta, porque, según sus propias palabras, «es la mejor visualización de que cuando llegan los momentos difíciles y tenemos que avanzar y pensar en los ciudadanos no hay partidos, no hay colores políticos, hay unión entrega generosidad».

«Cada días estos voluntarios, estas funcionarios de la Junta y las Fuerzas Armadas trabajan por los ciudadanos, están siempre donde se les necesita y representan a España, y en este caso a Castilla y León», ha expresado la ministra de Defensa.

«Castilla y León, lo mejor de España, se siente orgullosa de sus Fuerzas Armadas», ha terminado su intervención Robles.

Por su parte, el presidente de Castilla y León ha tenido palabras de agradecimiento a todas las instituciones y al personal que trabaja en la lucha contra incendios, así como a la ministra, por invitarle a asistir al ejercicio celebrado en la base de Cebreros.

«Es importante y aquí lo quiero reseñar agradecer al Ejército su colaboración permanente con España, con la población de nuestro país, pero muy en particular con Castilla y León», ha asergurado Ferández Mañueco, quien ha reconocido que han estado al lado de los ciudadanos en la pandemia, «en los momentos más difíciles», haciendo labores de rastreo y colaborando la desinfección de aquellas instalaciones «más críticas y más vulnerables como las residencias de mayores».

Por ello, el presidente de la Junta ha subrayado que lo que reclama la sociedad en su conjunto, es el que el Ejército, el Gobierno de España, los trabajadores de la Junta colaboremos con los voluntarios de Protección Civil y con las administraciones locales y con otras entidades y colectivos «para proteger a las personas». «Es lo que nos exigen», ha sentenciado.

«Es lo que nos exige la sociedad y es lo que además establece el Estado autonómico, la España de las autonomías es colaborar entre el Gobierno de España y gobiernos autonómicos», ha señalado Fernández Mañueco, quien se ha dirigido a la ministra para decirle que «siempre» va a encontrarle a él y a su Gobierno a su lado «en la colaboración de aspectos tan críticos y sensibles» como lo que se han podido ver hoy en Cebreros.

El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, ha reconocido este jueves que el peso de las ONG en el sistema de acogida español tiene «mucho peso» frente a la labor del Estado que, a su juicio, «es menos presencial de la que debiera». Es por eso, que ha anunciado la creación se nuevas plazas, hasta alcanzar las 5.000, en el sistema público para la acogida de migrantes.

Según ha explicado, la presencia del Estado, en este momento, se sitúa en torno al 3% de estas plazas y el objetivo de su departamento será llegar al 30%. Un impulso que, según ha señalado, se va a hacer con el asesoramiento de la Oficina Europea de Asilo y al cargo de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia.

Además, una «parte importante» de estas nuevas plazas tendrán como destinatarios a colectivos especialmente vulnerables, con actuación «preferente» hacia las víctimas de trata y las mujeres víctimas de la violencia de género.

Así lo ha explicado Perea durante su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso, en donde ha explicado a los grupos parlamentarios las principales líneas de trabajo de su departamento para lo que queda de legislatura. En su intervención, ha llamado al consenso en esta materia, a la coordinación entre administraciones para un mejor trabajo y a poner en marcha políticas de prevención frente a un problema estructural y no de actuación reactiva.

El secretario de Estado ha explicado que «de los más de 5 millones de residentes extranjeros en España, un 80,4% tienen autorización de residencia de larga duración» y que, si se tienen en cuenta los datos del padrón, las llegadas irregulares al país suponen «un 5% del total». «5 de cada 100 personas que han llegado a España en la última década lo ha hecho de forma irregular», ha apuntado.

REFLEXIÓN SOBRE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO

En cuanto a protección internacional, ha indicado que el número de solicitudes ha crecido de forma exponencial desde 2015 y el Gobierno maneja, en la actualidad, que en 2019 se presentaron 118.000 y en 2020, «año excepcional», según ha apuntado Perea, fueron más de 88.000, de los que un 28% eran menores. A pesar de estas cifras, ha indicado, España es uno de los países con el ratio más bajo en materia de acogida de solicitantes de todos los de su entorno.

Dentro de esta realidad, Perea ha señalado su intención de poner en marcha un nuevo modelo de acogida que supone la adaptación de las plazas disponibles a la presión asistencial; aumentar la capacidad de acogida a través de centros propios, de titularidad estatal; y optimizar los instrumentos de gestión y financiación.

En este sentido, ha señala que se hará una «reflexión» sobre los centros de internamiento, se pondrá en marcha uno en la costa andaluza en el que se tendrá en cuenta, además, las posible llegadas puntuales a las costas de Ceuta y Melilla; y otro en Canarias. «Vamos a tener una actitud preventiva e individualizada dependiendo de cada punto de llegada, teniendo en cuenta que las actuaciones son divergentes dependiendo de la ruta», ha indicado.

Pero también ha hablado de medidas para «propiciar la atracción del talento» o la «reinversión en el país de origen» como mecanismos que propicien procesos migratorios regulares.

CEUTA Y CANARIAS

Son varios los grupos los que han preguntado al responsable de migraciones del Ejecutivo sobre las actuaciones de su departamento en las crisis migratorias de Canarias, el año pasado, y de Ceuta, el pasado mes de mayo.

En el primer caso, Perea ha reconocido que la situación no fue fácil por la coyuntura de pandemia y, en este sentido, ha defendido la labor de su predecesora, Hana Jalloul, que, a su juicio, fue todo lo «ágil y digna» que permitía la situación.

En su intervención ha recordado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se enfrentó a la activación de una ruta migratoria que estaba latente desde hace 10 años y, a su juicio, lo que debería haber sido noticia es que Canarias en esos meses no se convirtiera en un vector de contagio masivo del Covid-19.

Y en relación a la actuación en la ciudad autónoma, ha apuntado que no ha sido consecuencia de una «crisis migratoria como tal» y que el Ejecutivo ha tratado ante este suceso «ofrecer el máximo apoyo» a las administraciones locales, en «habilitar espacios» en el CETI para duplicar plazas y poder cumplir con las cuarentenas de quien así lo necesitara y la acogida de los más vulnerables.

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Cuestionado por la diputada de Junts, Mariona Illamola, por la presencia del Ejército en la frontera y compatibilidad con la «defensa de derechos humanos», el secretario de Estado ha indicado que las fuerzas y cuerpos del Estado ofrecieron en esos días una imagen de «un país que, literalmente, se tira al agua para salvar vidas» y ha mostrados su satisfacción por ello.

Los grupos también se ha interesado por la situación del reglamento del pacto europeo de asilo. Al respecto, Perea ha indicado que España mantiene la idea de «profundizar en las vías legales y seguras» de migración, porque, ha indicado, el objetivo es que más allá del «necesario control de frontera, se pueden «abrir ventanas de esperanza en los países de origen», propiciando, así, «el fin de mafias».

Las dos formaciones más críticas han sido PP y Vox. El portavoz ‘popular’ en esta materia, José Ortiz, ha culpado «al sanchismo y a Podemos» de la «desastrosa» política que «provocó el efecto llamada del Aquarius»; de la «no buena política de exteriores» con terceros países; se que las mafias ganen «más dinero que nunca negociando con personas», del «caos» de Canarias y Ceuta y otras zonas de España, entre otras situaciones.

La representante de Vox, Rocío de Meer, por su parte, ha acusado al Gobierno de ser cómplice de las muertes en el Meditarráneo, de estar favoreciendo la migración ilegal y el trabajo de las mafias y de hablar a los españoles de la necesidad de aspirar a una sociedad multicultural. A su juicio, en las políticas migratorias del Gobierno «falta mucha altura de miras para poder salvaguardar, entre otras cosas, la seguridad de las calles».

Al portavoz del PP, Perea le ha respondido lamentando que su discurso se acerque cada vez más al de la «ultraderecha» en esta materia, mientras que a la diputada de Vox le ha asegurado que el «efecto llamada» o «salida», en este caso es «la pobreza» y que, deben entender que, en esta materia, «hay una economía que trasciende a los eslóganes baratos».

La Audiencia de Málaga ha condenado a 15 años de prisión a dos jóvenes que fueron juzgados en relación con el asesinato de otro que medió en una pelea en el centro de Málaga capital en abril de 2017; mientras que ha impuesto 14 meses de cárcel a los otros dos procesados por un delito de encubrimiento.

Así consta en la sentencia, que se dicta después del veredicto de culpabilidad emitido el pasado mes de abril para los cuatro procesados, dos de ellos por un delito de asesinato con dolo eventual y los otros dos por encubrimiento en el asesinato.

Además, impone a los dos primeros acusados el pago de una indemnización de manera conjunta y solidaria en la cantidad de 80.000 euros a cada uno de los progenitores de la víctima y en la cantidad de 20.000 euros a la hermana.

El juicio se volvió a celebrar tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la primera sentencia que condenó a dos acusados de acabar con la vida del joven pero por un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente y también la resolución que absolvió a los otros dos procesados por encubrimiento, ordenando celebrar una nueva vista oral.

La Fiscalía y la acusación particular, en representación de la familia del joven, siempre han mantenido que se trató de un asesinato, por lo que el ministerio público solicitaba que se impusieran 18 años de prisión para dos de los acusados de un delito de asesinato; mientras que la abogada de la familia elevaba a 20 años de prisión la petición de pena para estos dos procesados.

Los hechos sucedieron en abril de 2017. La víctima, Pablo Podadera, salió con unos amigos para celebrar sus 22 años y fueron a un local, donde coincidió con los acusados. Según declaró probado el jurado, y consta en la sentencia, estando en la puertas vio una discusión entre personas que no conocía, entre los que estaban dos de los procesados, acercándose con intención de apaciguar la situación.

Cuando el joven se dio la vuelta y abandonaba el lugar, estando de espaldas a uno de los acusados, «recibió de este de manera sorpresiva dos fuertes puñetazos en la cabeza, golpeándole de nuevo cuando estaba en el suelo», dejando de hacerlo cuando intervino otro joven, amigo del fallecido, al que también propinó un puñetazo.

Instantes después de que ese procesado diera los dos primeros puñetazos, señala la resolución, el otro condenado por asesinato «le propinó un fuerte derechazo –a la víctima–, también en la cabeza que le hizo caer al suelo de rodillas y, estando ahí sentado, apoyado en la pared, el primero «continuó golpeándole» y el segundo «le lanzó una patada que agarrándole la pierna trató de mitigar la víctima».

«Todos los golpes recibidos por Pablo, que nada pudo hacer para defenderse, fueron muy fuertes y violentos», señala la sentencia, apuntando que el joven fue trasladado al hospital pero «a consecuencia de los golpes que ambos jóvenes le propinaron sufrió tan graves lesiones que determinaron su fallecimiento en escaso tiempo».

Se indica que «si bien ambos acusados no buscaron dar muerte a Pablo, al que de nada conocían, dada la violencia, envergadura y fuerza de los golpes, unido al lugar al que la mayoría de estos se dirigieron, la cabeza, pudieron representarse que tal muerte podía suceder, y pese a ello asumieron dicha posibilidad por resultarles indiferente», dice la resolución.

Tanto el veredicto como la sentencia alude al carácter sorpresivo del ataque, apuntando que las imágenes grabadas «no dejan lugar a la duda» respecto a que cuando el joven se está marchando, al pasar al lado de uno de los acusados este «le lanza un fuerte puñetazo, de atrás hacia delante impactando en la cara de Pablo», sin que previamente hubiera incidente alguno entre ambos jóvenes.

Sobre el otro procesado, se indica que «el ataque a la víctima es también sorpresivo y mezquino, en cuanto falto de nobleza, en la medida en que estando Pablo tirado en el suelo, aturdido por los golpes ya recibidos, le golpea no ya solo con los puños, sino también con patadas dirigidas a la cabeza».

«Ninguna posibilidad de defensa tuvo la víctima», insiste la resolución, precisando que se desprende de las pruebas expuestas en el juicio «la vulnerabilidad frente a un ataque feroz», considerando que en ambos casos se trata de un delito de asesinato causado con alevosía.

Las defensas insistieron en que la acción debía enmarcarse como homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones dolosas, pero los jurados rechazaron esta interpretación por unanimidad y entendieron que no hubo imprudencia, teniendo en cuenta «la violencia de los golpes, le reiteración de los mismos con gran intensidad cuando Pablo esta ya en el suelo, la falta de preocupación o asistencia o por el estado de indefensión».

«No se trató de una pelea, sino de una agresión a un chicoindefenso que trató de mediar», señala la resolución, incidiendo en que «la agresión es corta en el tiempo pero de una gran brutalidad, de una gran violencia, que no se aminoró ni siquiera cuando Pablo estaba ya tendido en el suelo y recibió más golpes y patadas dirigidos a la cabeza».

La magistrada recuerda que las defensas alegaron varias veces que lo ocurrido fue «una pelea de borrachos con un fatal resultado para uno de ellos»; respecto a lo que señala que es «una descripción profundamente incierta» y que «la riqueza del idioma español hubieraprobablemente permitido en atención a la familia del joven víctimade los hechos, presente en la Sala, el hallazgo de términos distintospara describir la situación, lo que hubiera permitido hacer gala de una elegancia procesal necesaria en supuestos tan dolorosos».

En el caso de los otros dos acusados, la sentencia señala que ayudaron a los dos primeros a encubrir lo sucedido, en uno de los casos «dando una versión sesgada» de los hechos y ocultando que uno de los supuestos autores estaba aún dentro del local, y en otro caso acompañando a su amigo los días posteriores.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha señalado, en relación al diálogo entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña, que el punto de encuentro «a partir del cual el entendimiento es posible» es el del «cumplimiento de la legalidad» y no el de exigir «a nadie» la renuncia de sus ideas.

Así se ha pronunciado el histórico dirigente socialista en una conversación con la periodista Julia Navarro, que se enmarca dentro de una grabación de una serie de ‘podcast’ que está protagonizando el propio Felipe González.

En este contexto, González ha defendido que ha sido «más coherente que la inmensa mayoría» sobre su posición respecto a los indultos a los líderes independentistas del ‘procés’ y ha incidido en que sí es exigible que se renuncien a los actos que «violentan las reglas de convivencia ilegalmente».

Y es que, sin hacer referencia a ninguna reforma en particular, González considera que aquello que se tenga que reformar «tiene que ser de nuevo dialogado, pactado y dentro de las reglas establecidas». «Lo que no se puede es violentar y vulnerar», ha subrayado Felipe González.

CONTAMINACIÓN DEL DISCURSO DE LOS EXTREMOS

Asimismo, el exjefe del Ejecutivo ha criticado la «política de bloques» aseverando que, cuando se hace este tipo de política, las mayorías no suelen estar en estos extremos de los bloques.

«Pero en los extremos hay un discurso hegemónico que contamina las mayorías, esto es lo curioso y da igual como se exprese. Hemos oído las expresiones de derechita cobarde o socialtraidores, o toda esta literatura», ha añadido.

Por ello, cree que debates como el que se produjo en la campaña de las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo son «espeluznantes». En este punto, ha puesto de ejemplo el lema de «comunismo o libertad» y ha reprochado que no se hablara de políticas públicas «en serio.

Es algo que, según ha dicho, le «preocupa» y ha alertado de que estamos en uno de los momentos «en los que se puede decidir el futuro de España» para los próximos 20 años. «Si acertamos, habremos salvado la situación, pero si no, vamos a perder 20 años de historia», ha sentenciado.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los nueve recursos contencioso-administrativos que interpuso este miércoles el PP contra los indultos concedidos a los condenados por el ‘procés’ y ha reclamado al Ministerio de Justicia que remita los expedientes de indulto en un plazo máximo de 20 días, según han confirmado fuentes del partido y del alto tribunal.

Se trata de nueve recursos presentados ante el Supremo por el PP por cada uno de los nueve expedientes de indulto, una medida de gracia aprobada el pasado 22 de junio por el Consejo de Ministros y que el presidente de los ‘populares’, Pablo Casado, ha calificado de «atropello democrático».

«Anuncio que hemos recurrido al Tribunal Supremo la concesión de estos indultos como partido político que representa a millones de españoles afectados en su soberanía con este atropello democrático y a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o en los servicios públicos. ¡Basta ya!», proclamó Casado ante el Pleno del Congreso este miércoles, en un debate sobre los indultos que se prolongó más de seis horas.

UN PASO AUTOMÁTICO SI LOS RECURSOS SON FORMALMENTE CORRECTOS

Un día después, el Supremo ha admitido a trámite esos nueve recursos contencioso administrativos del PP y ahora el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo tiene que remitir los expedientes de concesión de esos indultos al tribunal en el plazo máximo de veinte días, según han subrayado fuentes ‘populares’.

Fuentes jurídicas consultadas han confirmado que el alto tribunal ha admitido los recursos del PP, igual que hizo con los de Cs y Vox. Según han añadido, se trata de un paso automático si los recursos son formalmente correctos y se inicia la tramitación. En el caso del PP no piden ningún tipo de medidas cautelares.

Este trámite automático no adelanta ninguna decisión sobre el fondo del asunto ni sobre la legitimación para recurrir, asuntos que se resolverán más adelante. La única consecuencia procesal de este paso es que obligará al Gobierno a entregar al alto tribunal los expedientes de indulto, ya que siempre se reclaman los documentos sobre los actos gubernativos que han sido impugnados para que puedan ser analizados.

EL PP NO DESCARTA QUE CASADO RECURRA COMO OBJETIVO DE LOS CDR

Fuentes del PP ya aseguraron este miércoles que el partido también está estudiando la posibilidad de que Pablo Casado recurra a nivel personal después de que su nombre apareciese en un informe de la Guardia Civil como posible objetivo de atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Casado ha criticado que el Gobierno le ocultara este hecho y le ha pedido explicaciones, ya que, a su juicio, «lo más grave» es que cuando salió esa información, en plena campaña electoral de noviembre de 2019 y se puso escolta a los empresarios incluidos en ese informe, su jefe de gabinete llamó al de Pedro Sánchez, Iván Redondo, para preguntar si había «algún político del PP en la lista», algo que negaron «rotundamente».

«Algún día me tendrá que dar explicaciones de esto señor Sánchez y espero que no sea demasiado tarde y que a nadie del PP le pase nada con los CDR. Si no, su Gobierno será responsable por no haberles avisado a tiempo», espetó Casado al presidente del Gobierno durante el Pleno del Congreso.

El Consell Valencià de la Joventut (CVJ) ha denunciado este jueves la «criminalización» que está sufriendo el colectivo joven en los últimos días a causa del aumento de la incidencia acumulada de coronavirus y dado que, tanto en el ámbito nacional como autonómico, la franja de edad de entre 12 y 29 años concentra la mayoría de los nuevos casos de covid-19. La entidad pide acelerar la vacunación en el colectivo, como han hecho algunas comunidades autónomas.

«Estos datos se han interpretado como una consecuencia directa de la irresponsabilidad que desde los poderes públicos y los medios de comunicación se atribuye a las personas jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes. Sin embargo, es normal que esta franja de edad acumule más contagios actualmente dado que se trata del grupo de edad con un menor porcentaje de personas vacunadas», ha asegurado la presidenta del CVJ, Cristina Martínez, en un comunicado.

En esta línea, señala que solamente un 8,1% de la población joven valenciana de entre 20 y 29 años está vacunada con pauta completa (un 10% a escala estatal), una cifra que disminuye hasta el 0,4% en el grupo de 12 a 19 años (un 0,6% a escala estatal), según datos del Ministerio de Sanidad.

Para Martínez, el macrobrote de Mallorca en jóvenes de viajes de final de curso y que afecta a alrededor de 1.500 personas de entre 18 y 20 años, es un incidente «injustificable» que responde «al incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene por parte de las personas asistentes, pero también de las empresas organizadoras».

«No se puede utilizar este hecho, protagonizado por una minoría, para culpabilizar y estigmatizar a toda la juventud, un colectivo que comprende desde los 12 a los 30 años y donde conviven muchas realidades diversas», ha añadido Martínez.

OCIO ALTERNATIVO

Asimismo, considera que la «escasa oferta de ocio alternativo, más allá del tradicional ocio nocturno», se constituye como «una de las principales causas de la celebración de botellones entre la juventud».

«Desde el CVJ hemos reclamado la apuesta decidida de las instituciones públicas por actividades de esparcimiento destinadas a las personas jóvenes que representen una alternativa real al entretenimiento nocturno, como son las actividades que llevan a cabo las entidades de educación no formal», ha reivindicado la presidenta del CVJ.

Cristina Martínez ha señalado también como parte de la solución «la necesidad de acelerar la vacunación entre las personas jóvenes en el territorio valenciano», como ya han hecho las comunidades autónomas de Baleares, Cataluña y Murcia.

Del mismo modo, el CVJ apuesta por la implementación de un sistema «más flexible» para pedir cita previa para la vacunación, sobre todo ante el verano, pero también para «adaptar el proceso a las circunstancias personales».

El jurado ha declarado culpable por unanimidad al joven, de 29 años, acusado de atropellar de forma intencionada en Úbeda (Jaén) a una familia y de causar la muerte a una mujer, de 73 años, además de ocasionar heridas de diversa consideración a otras cinco personas más.

Unas tres horas es lo que ha necesitado el jurado –conformado por cinco mujeres y cuatro hombres– para emitir veredicto de culpabilidad como autor de un delito de homicidio, tres de lesiones agravadas y dos delitos leves de lesiones.

A pesar de que el acusado, F.J.V.P. mantuvo durante su declaración que todo ocurrió cuando una persona se metió por la ventanilla y le giró el volante, lo que le llevó a perder el control del vehículo, el jurado no le ha dado credibilidad y se ha apoyado en las declaraciones de los testigos que apuntaron que el coche arremetió contra la familia cuando se encontraban tomando el fresco a las puertas de una vivienda de la calle Alameda.

«Yo no llevaba intención de atropellar a nadie, solo quería salvar mi vida e irme de allí», fijo F.J.V.P. durante su declaración ante el jurado en la Audiencia de Jaén. Al parecer, en el origen del suceso se encuentra rencillas con algunos miembros de la familia que fue atropellada y que se saldaron finalmente con la muerte de una mujer.

Los hechos se remontan al 17 de julio de 2019, sobre las 21,45 horas, cuando el acusado, según ha venido manteniendo el Ministerio Fiscal, «circulando a gran velocidad y siendo perfectamente consciente arrancó de cuajo el bolardo que protegía el acerado a la altura del número 1 de la calle Alameda».

De esta forma, arremetió contra una familia, cuyos miembros, unos de pie y otros sentados tomaban el fresco a las puertas de una vivienda. Como consecuencia del impacto resultó herida una mujer, de 73 años, que acabaría falleciendo el 1 de agosto como consecuencia de la gravedad de las lesiones. También resultó herido de gravedad el esposo de la fallecida, así como otras cuatro personas más que presentaban lesiones de diversas consideración.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de homicidio, tres delitos de lesiones agravados por el uso de instrumento peligroso y dos delitos leves de lesiones. Por todos ellos, el Ministerio Público ha reclamado que se le imponga una condena de 22 años de cárcel y 600 euros de multas.

En concepto de responsabilidad civil, las indemnizaciones solicitadas por Fiscalía suman 168.870 euros y van desde los 148.000 euros para los herederos de la fallecida a los 980 euros para cada uno de los dos heridos más leves del atropello.

La acusación particular contempla los mismos delitos que Fiscalía y ha elevado su petición de penas a los 23 años de cárcel, aunque ha pedido que se haga responsable con carácter subsidiario a la compañía aseguradora del vehículo, también personada en esta causa.

Desde la defensa se partía inicialmente de la petición de libre absolución, aunque oído el veredicto ha pedido que le apliquen las penas mínimas que se corresponden con los delitos por los que finalmente ha sido condenado.

Una vez emitido el veredicto, será la presidenta del tribunal la que se encargue de dictar sentencia e imponer la pena de prisión. El acusado se encuentra actualmente en prisión por otra causa diferente a la que ha sido juzgado en la Audiencia de Jaén.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido este jueves al PP que deje de hacer «cálculos» y se «lance a la piscina» presentando una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los indultos concedidos a los presos del procés. «Lo más que le puede pasar es que lo pierda, pero lo perderá con dignidad y habiendo cumplido con el deber», ha dicho.

En declaraciones a los periodistas tras presentar un recuso el recurso contra la Ley Riders ante el Tribunal Constitucional, Ortega Smith ha subrayado que existen razones «más que justificadas» para que el PP presente esa moción de censura en tanto que es «el primer partido de la oposición para algo, no para convertirse en ministro de la oposición».

«Si realmente tenemos que sacar de Moncloa a este Gobierno que tanto daño está haciendo a los españoles, el PP debe ejercer su papel de oposición», ha insistido el ‘número dos’ de Vox, recordando que Vox no sólo no le pone plazos, sino que ya le ha confirmado que contará con su apoyo «sin reproches ni condiciones».

QUE SE TOMEN SU TIEMPO, PERO QUE LO HAGAN

«Que se tomen su tiempo, pero que lo hagan», ha reclamado Ortega Smith, quien ha tachado como «trampa» que el PP justifique que no le dan los números para rechazar la presentación de esa moción de censura contra Sánchez.

Y es que, según ha destacado, en todas las mociones de censura que ha habido en la reciente historia democrática –salvo la de Pedro Sánchez que triunfó– «no daban los números». «Ésa no puede ser una excusa», ha indicado.

Sobre todo porque algunas de las fuerzas políticas que votaron en contra de la moción que protagonizó Vox en octubre, como es el caso del PRC o Teruel Existe, puede que ahora apoyen una eventual moción del PP al no estar de acuerdo con la «absoluta impunidad» que, a su juicio, suponen los indultos de Sánchez a los «golpistas».

EN POLÍTICA HAY QUE MOVERSE POR PRINCIPIOS

Ortega Smith sostiene que el PP debe intentar recabar todos los apoyos posibles aunque luego no le den los números. «En política hay que moverse por principios y valores, y no estar haciendo siempre un cálculo de resultados electorales –ha dicho–. ‘Láncese a la piscina’ porque esto es suficientemente grave y porque lo más que le pueda pasar es que lo pierda, pero lo perderá con dignidad y habiendo cumplido con el deber».

En caso de que el PP no presente esa moción que le reclama no sólo Vox sino también Ciudadanos, Ortega Smith ha confirmado que su partido no descarta presentarla porque existen «muchas razones» que la justifican, aunque desconoce cuándo ocurrirá eso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que no está entre sus planes hacer una crisis de Gobierno, pero ha adelantado que tendrá que hablar con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en caso de que lo hiciera.

Así lo ha afirmado hoy en una entrevista en La Sexta, en la que ha sido preguntado si una crisis de Gobierno supondría una reducción de Ministerios.

«No está entre mis planes hacerlo», ha recalcado Pedro Sánchez, quien además ha explicado que su prioridad es otra «la recuperación y la vacunación».

No obstante, ha añadido: «En todo caso, en un Gobierno de coalición, tendré que hablar con la otra parte del Gobierno». En este sentido, ha explicado que con quien tendrá que «tratar estos temas» será con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Bueno así es como me lo han hecho saber», ha remachado.

En este punto ha admitido, sin embargo, que tiene una «buena relación» con Pablo Iglesias después de estos meses «tan duros» de pandemia. Y ha añadido que después de que el exlíder de Podemos dejara su cargo en el Gobierno ha tenido ocasión de hablar con él y de verse. «Tengo buena relación con ellos», ha insistido.

En cualquier caso ha apuntado que cuando se formó el Ejecutivo de coalición ya dijo que los ministros lo eran del Gobierno, no de un partido u otro y así, ha recalcado, seguirán funcionando hasta que se convoquen las elecciones en 2023 «en tiempo y forma».

RECUPERAR LA NORMALIDAD DE LEGISLATURAS DE CUATRO AÑOS

De hecho, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de adelantar los comicios a pesar de que Pablo Casado se lo lleve pidiendo desde que llegó al Gobierno. Alega, en este sentido que hay que volver a la normalidad de legislaturas de cuatro años.

Esto le ha dado pie para cargar contra el Pablo Casado por ser «bastante persistente» en pedir comicios dado que, ha recordado, perdió dos veces las generales, las autonómicas, las municipales y las europeas.

«Sería bueno que el PP fuera consciente de cuál es su situación», ha exclamado antes de apuntar que además de perder las elecciones está cada vez más solo en el Congreso. En su opinión, el PP ha tomado la decisión de «arrinconarse, quedarse en una esquina» y a pesar de la pandemia «no arrimar el hombro».

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cartel electoral del partido naranja en las últimas elecciones de Madrid, Edmundo Bal, ha ironizado este jueves con el nuevo cargo de su excompañero Toni Cantó, nombrado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid : «Es un servicio administrativo para una necesidad que no existe, eso es lo que, en perfecto español, le digo que define la palabra chiringuito», ha dicho.

Así ha respondido Bal, durante una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, al ser preguntado sobre el nuevo destino de su antiguo correligionario, quien ya intentó ir en las listas del PP a la Asamblea madrileña el pasado 4 de mayo, pero finalmente fue expulsado de la lista por la Justicia al no haberse empadronado a tiempo para concurrir a las elecciones.

A la pregunta de «qué puede aportar» Cantó a la oficina que la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso ha creado para él, Bal ha respondido, entre risas: «Hombre, habla bien el español».

Además, ha destacado el «ingenio» de las personas que este miércoles inundaron las redes sociales para burlarse con numerosos «chistes» del nombramiento de Cantó, tirando de la hemeroteca del actor y recuperando sus discursos, primero en UPyD y después en Ciudadanos, en los que abogaba por acabar con los «chiringuitos políticos».

MALA GESTIÓN DEL DINERO PÚBLICO

«Resucitaron la vieja hemeroteca de Toni Cantó, que siempre está ahí», ha indicado Bal, para quien todo esto «sería gracioso» si no fuera porque los 75.000 euros que va cobrar su excompañero, y los gastos que genere la estructura administrativa que va a dirigir, se «van a pagar a costa del bolsillo de los madrileños y los españoles».

Bal, que ha vivido «toda la vida» en Madrid, ha confesado que nunca ha sentido que el español estuviera «amenazado», por eso ha apuntado que dedicar dinero a este asunto supone una «mala gestión de caudales públicos» que deberían estar dedicados a sanidad, educación y servicios sociales.

«Se trata de una malísima gestión, muy desafortunada por parte de Isabel Díaz Ayuso», ha agregado, antes de recordar a Cantó que «crear un servicio administrativo para una necesidad que no existe» es lo que, «en perfecto español», se define con «la palabra chiringuito». «Supongo que la Oficina del Español me dará la razón en esta definición», ha apostillado, con sorna.