El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el archivo de la querella de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por delitos de genocidio en relación con hechos presuntamente cometidos contra miembros del pueblo saharaui entre 1975 y 1990, al considerar que hay una "manifiesta insuficiencia" de indicios que apunten a que participó en las presuntas torturas.

ASADEDH denunció que agentes del Frente Polisario, incluido Ghali, y de la seguridad argelina cometieron numerosos abusos, que describe como torturas, en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que comprendería entre 1975 y 1990.

Calificó lo sucedido de presuntos delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones, si bien el magistrado considera que la responsabilidad penal por estos hechos ha expirado porque el Código Penal aplicable es el de 1973, que establece un plazo de prescripción de 20 años, ampliamente superado.

Pedraz argumenta además que, incluso si se aplicara el actual Código Penal, "las conductas expuestas en la querella no integran todos los elementos del delito de genocidio", por cuanto no observa la "intención conjunta" de los acusados de "destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen", aduciendo asimismo que "no hay rastros de esos subgrupos" en los que los querellantes dividen al pueblo saharaui según su localización geográfica.

Contesta de esta forma a ASADEDH, que en su querella sostenía que el Frente Polisario llevó a cabo una "limpieza étnica" desde mediados de los años 70 contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.

Sin embargo, para el instructor, "se trata de forzar la norma penal para lograr la calificación indicada y evitar la aplicación de la figura de la imprescriptibilidad del delito de genocidio contemplado en el Código Penal actual".

TESTIMONIOS DÉBILES

El juez señala también que en los testimonios escuchados hasta ahora "se aprecia una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos, detalles concretos de la participación de Ghali", lo cual "resta credibilidad" a los mismos.

Pedraz observa las mismas "contradicciones" denunciadas por la defensa entre las afirmaciones de la querella sobre la participación de Ghali en los hechos denunciados y las declaraciones de los testigos en sede judicial.

El último testigo en comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 fue la de Ahmed Tarouzi el pasado martes. Según su relato, estuvo detenido entre 1982 y 1995 en una cárcel del Frente Polisario en Tinduf donde sufrió torturas. En concretó, afirmó que le arrancaron dientes, le quemaron con cigarros y hierros candentes, prácticas que le habrían dejado cicatrices por todo el cuerpo.

Tarouzi atribuyó las torturas que sufrió a miembros del Frente Polisario y militares argelinos. Interrogado directamente sobre Ghali, contestó que le vio varias veces en la prisión dando órdenes.

OTRA QUERELLA CONTRA GHALI

La querella de ASADEDH se presentó inicialmente en 2008 contra trece miembros del Frente Polisario, si bien posteriormente se amplió a más de una veintena, incluido Ghali, y a cuatro militares argelinos. La querella seguiría viva, por tanto, respecto al resto de acusados.

Hay que tener en cuenta además que Pedraz tiene en sus manos una segunda querella contra Ghali. Se trata de la presentada en 2020 por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras escuchar al líder del Frente Polisario, Pedraz acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado requisaron durante 2020 un total de 9.229 artículos que vulneraban los derechos de propiedad intelectual y que están valorados en 862.401 euros. Adicionalmente, los agentes investigaron 138 posibles infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual que afectaron a 133 presuntos infractores.

Así se refleja en el Balance 2020 de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual publicado este jueves por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura y Deporte --en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio--.

Este documento recoge el total de las intervenciones policiales realizadas por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d'Esquadra, así como por los cuerpos de policía local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

En esta línea, las investigaciones policiales permitieron esclarecer el 59% de los casos. La lista de actuaciones la encabeza la Comunidad Valenciana con 24, Andalucía terminó con 22, Cataluña con 21 y Madrid finalizó el año con 18 intervenciones, lo que los convierte en los territorios con más casos investigaciones durante 2020.

Por su parte, la Comunidad de Madrid es el territorio donde se intervino un mayor número de objetos con 5.278 productos del total, seguida por Cataluña con 1.495 y la Comunidad Valenciana con 1.083 objetos.

En este contexto, el balance señala que la mayor parte de las incautaciones policiales realizadas durante 2020 se han llevado a cabo en naves, fábricas o almacenes lo que supone el 72,7% siendo el 13,4% de los decomisos en establecimientos, locales u otros recintos

BLOQUEAN OCHO WEB INFRACTORAS Y 107 DOMINIOS

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual --Sección Antipiratería-- del Ministerio de Cultura y Deporte bloqueó en 2020 ocho páginas web infractoras a través del procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

Así, estos bloqueos se llevaron a cabo a partir de las denuncias presentadas por titulares de derechos de propiedad intelectual, cuyos contenidos estaban siendo explotados sin su autorización.

Al amparo del Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), el Ministerio de Cultura solicitó a la entidad pública empresarial Red.es la cancelación de los nombres de dominio ".es" de las webs denunciadas.

En este sentido, en las web denunciadas se había constatado la ausencia de datos identificativos de sus responsables que permitieran comprobar su veracidad y exactitud. De esta forma, hasta 2020 Red.es ha cancelado once nombres de dominio a solicitud de la Sección Antipiratería.

Así las cosas, las 15 respuestas emitidas por Cultura y Deporte han afectado, directamente, a 107 dominios infractores, a más de 321 subdominios y a cientos de miles de URL vulneradoras que enlazaban ilegalmente a contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, permitiendo su suspensión o bloqueo.

Interior ha recordado que la vulneración de derechos de propiedad intelectual, tanto en el ámbito físico como a través de Internet, puede constituir un ilícito civil ante el que cabe la interposición de la correspondiente demanda con el fin de indemnizar el daño causado y, en los supuestos más graves, un ilícito de naturaleza penal.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado este jueves un cambio de "inercia" en las políticas públicas del Gobierno y ha insistido en que los fondos europeos destinados a la reconstrucción tengan en cuenta la lucha contra la despoblación, el medio rural, la España interior "que durante décadas ha estado olvidada de las grandes inversiones".

Así lo ha aseverado Fernández Mañueco en una entrevista concedida al programa 'Espejo público' de Antena 3 y donde se ha referido a la Conferencia de Presidentes que este viernes se celebra en la capital salmantina.

Alfonso Fernández Mañueco ha lamentado que no haya habido un trabajo "previo" a esta Conferencia de Presidentes que hubiera permitido llegar a acuerdos ya que, según sus propias palabras, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, o en las sectoriales que se han celebrado estas semanas "ha sido un diálogo exclusivo del Gobierno diciendo a cada Comunidad te toca este dinero y lo tienes que gastar de esta manera".

Y esta postura "de imposición y no dialogar", según el presidente de la Junta de Castilla y León "no es buena tarjeta de presentación" por parte de Pedro Sánchez, quien ya ha anunciado a las comunidades, a través de la CPFF que en 2022 no habrá un fondo covid no reembolsable, ha recordado Fernández Mañueco, quien considera que el presidente del Gobierno "actúa como si no hubiera pandemia", ya que ni coordina a las diferentes autonomías ni les da un instrumento jurídico "intermedio" al Estado de Alarma.

Asimismo, ha lamentado que, al igual que en las cumbres de jefes de Estado o de países como el G-8 siempre hay un trabajo previo preparatorio, no haya sido así en el caso de la Conferencia de Presidentes, ya que este trabajo previo permitiría llegar a "acuerdos" a cuestiones como los fondos europeos destinados a la recuperación.

Y es que según Fernández Mañueco, "es fundamental" que esos fondos "apuesten por la lucha contra la despoblación, por el medio rural, por la España de interior, que durante décadas ha estado olvidada de las grandes inversiones" por lo que le ha pedido a Sánchez "un cambio de inercia de las políticas públicas" del Gobierno central.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha tachado de "error" que haya una Comunidad, Cataluña, que esté en el encuentro de Salamanca, ya que, como ha recordado Fernández Mañueco, en "prácticamente todas las conferencias de presidentes", durante la pandemia, ha estado el anterio responsable de la Generalitat, Quim Torra.

Por ello, a Fernández Mañueco le da que pensar que esta ausencia de Pere Aragonés sea porque "puede haber una negociación bilateral, especial, con la Generalitat, a espaldas de las otras comunidades. Lo que hay que rechazar".

Sobre el Lehendakari, Iñigo Urkullo, que hasta este miércoles no confirmó su presencia, ha explicado que el País Vasco tiene una fiscalidad diferente, pero ha rechazado "que haya excepciones" porque , "lo que es común a todos debe ser negociado por todos".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha autorizado la prórroga hasta el 5 de agosto del toque de queda solicitada por el Gobierno foral entre la 1 y las 6 horas para los municipios en situación de riesgo extremo por la Covid-19 durante los fines de semana, en festivos y en las fechas (incluidas las vísperas) en las que hubiera correspondido celebrar las fiestas patronales.

En el auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN considera que se trata de "una medida idónea, esto es, eficaz para la contención de los contagios al evitar la interacción social en momentos en que se relajan las medidas de prevención como el uso de mascarilla y la distancia social", ha informado el TSJN.

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, esta medida "es necesaria dada la gravedad de la situación con un ritmo de contagios que colocan a las poblaciones en las que se establece en riesgo extremo y puesto que el adelanto del cierre de locales de hostelería a la 01:00 horas, medida que también incide en el ocio nocturno acordado por Orden Foral 22/2021 y prorrogada por la Orden Foral 24/2021, no ha sido suficiente para controlar la expansión del virus en las localidades para las que se propone la limitación de la circulación nocturna".

Al respecto, el tribunal recuerda que la medida se considera "proporcionada" porque se adopta en el "mínimo imprescindible" para reducir la cadena de contagios, toda vez que no impide la movilidad de forma absoluta, ya que existen varias excepciones a dicha limitación y no se extiende a toda la Comunidad foral, sino que es aplicable únicamente en los municipios en riesgo y no se aplica todos los días de la semana.

Asimismo, la Sala ha autorizado la prórroga hasta el 2 de septiembre del resto de restricciones, como la limitación para todo el territorio en el número de personas que pueden reunirse en exteriores, que quedó fijado en 10. Además, los jueces avalan el mantenimiento de la suspensión de kalejiras y pasacalles, comidas populares y festejos taurinos.

"También desde el punto de vista temporal, se consideran proporcionadas en las circunstancias actuales de la evolución de la pandemia, en la que hay que mantener un nivel de prudencia alto en la flexibilización de las medidas porque, como se destaca en la Orden Foral, el alto número de casos acumulados hace prever un mayor incremento de hospitalizaciones en las semanas próximas que debe ralentizarse para evitar que impacte en la planificación de la actividad no COVID-19 del hospital, como así ha ocurrido en otras olas anteriores", subrayan los magistrados.

La Organización Colegial de Enfermería y la Asociación Enfermería y Vacunas (ANENVAC) han solicitado al Ministerio de Sanidad que las embarazadas sean reconocidas como grupo de vacunación prioritario, dado el elevado riesgo de complicaciones si contraen la enfermedad. Además, han reiterado su recomendación para que las embarazadas se vacunen ya que son "seguras y eficaces" para ellas.

"En un primer momento las embarazadas quedaron excluidas de la vacunación frente al Covid-19, porque no había estudios científicos que la avalaran. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la evidencia científica lo primero que debemos tener claro es que las vacunas de ARN mensajero, que son las que se han analizado en este colectivo, son seguras y eficaces también para las mujeres embarazadas, por lo que enfermeras y matronas, enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia deben recomendar la vacunación a las pacientes en sus consultas, tanto en el embarazo como en la lactancia", ha dicho el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

A este respecto, el presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas (ANENVAC), José Antonio Forcada, ha recordado que con esta vacuna se está protegiendo a la mujer de los riesgos derivados de infectarse por coronavirus durante el embarazo, evitando así que se convierta en un embarazo de riesgo. "Si se contagia durante la gestación tiene más riesgo de desarrollar un COVID-19 grave, pero también de parto prematuro, preeclampsia y trombos", ha subrayado.

De hecho, la vocal matrona del CGE, Montserrat Angulo, ha recordado recuerda que sobre todo si está en el tercer trimestre, la evidencia científica dice que hay más riesgo de que el bebé llegue antes de tiempo, que tenga un parto pretérmino. "Si ella se vacuna va a pasar inmunidad a su bebé, con lo que en el nacimiento estará protegido frente al Covid-19. Por ello, lo que se está recomendando es la vacunación", ha añadido.

De hecho, para resolver todas las dudas que plantean las embarazadas, o en periodo de lactancia, frente al COVID-19, el CGE y ANENVAC publicaron a primeros de julio una infografía y un vídeo animado. En ellos se cubren todos los aspectos relacionados con la vacunación para mujeres en edad fértil, tanto antes del embarazo, como en la lactancia o en caso de tratamientos de fertilidad.

"Así, según la última evidencia disponible, lo que sabemos es que no es necesario ni posponer ningún tipo de tratamiento de fertilidad o de fecundación in vitro, ni esperar ningún tiempo para buscar el embarazo. La vacuna ni causa infertilidad ni aumenta el riesgo de aborto espontáneo. La única precaución es evitar la vacunación tres días antes y después de someterse a una recuperación de ovocitos, transferencia de embriones o inseminación, pero por poder vigilar mejor los posibles efectos secundarios del tratamiento, no porque suponga ningún problema con la vacunación", ha subrayado Angulo.

Tampoco supone ningún tipo de inconveniente con la lactancia, más bien al contrario, pues a través de la leche materna, la inmunidad que adquiere la madre se transmite al bebé. Al final, la última decisión será de la madre, pero en caso de duda recomiendan que valore con su matrona o con el profesional sanitario de referencia que controle su embarazo, su nivel de riesgo a la exposición, pues no es lo mismo estar teletrabajando que atendiendo al público, así como los riesgos de contraer la enfermedad tanto para la madre como para el bebé, así como los beneficios que ya se conocen de la vacunación y la evidencia de la seguridad de la vacuna en el embarazo.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria están estudiando la posibilidad de permitir a personas con pasaporte Covid acceder a interiores de locales de hostelería y de otros sectores en aquellos municipios de la región con más restricciones -de aforos o incluso cierre- por una mayor incidencia del coronavirus, que se encuentren en nivel tres o cuatro de riesgo.

De momento, funcionarios de las consejerías de Sanidad y de Presidencia y Justicia están analizando desde el punto de vista técnico y legal esa opción, que se incluiría dentro de las medidas del 'semáforo Covid' y que ha sido objeto de debate en la reunión semanal de los consejeros del Ejecutivo PRC-PSOE, que asimismo han mostrado un respaldo "unánime" a esa herramienta que evalúa y actualiza semanalmente la incidencia de la pandemia por municipios.

Así lo ha indicado al término del encuentro, el portavoz y vicepresidente del bipartito, Pablo Zuloaga, en una rueda de prensa en la que ha declinado dar plazos acerca de cuando, en caso de que se pueda, entraría en vigor la medida, más allá de comentar que sería "lo antes posible".

"Sería una osadía por mi parte dar un plazo que pudiera no cumplirse", se ha justificado el también consejero ante la insistencia de los medios en la comparecencia, que ha comenzado con más de media hora de retraso. Ha indicado al respecto que se trata de un trabajo jurídico y técnico, que compete a funcionarios y que se tendrán que tomar "el tiempo que requieran para saber si esta medida es posible o no".

El estudio y análisis de esa posibilidad en el seno del Consejo de Gobierno se ha producido un día después de que el titular de Sanidad, Miguel Rodríguez, planteara en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) dicha opción, es decir, que personas con el pasaporte Covid -que hayan pasado la enfermedad, estén vacunadas o tengan un test negativo- puedan entrar al interior de bares, restaurantes y otros espacios cerrados o con limitaciones de acceso por la incidencia de contagios.

Sin embargo, en el encuentro de los consejeros del ramo con la ministra, Carolina Darias, no se abordó ni decidió nada al respecto, por lo que "al no tener una respuesta" -ha dicho Zuloaga-, Cantabria estudia ahora la incorporación de la medida al 'semáforo Covid', la herramienta que desde el pasado mes de mayo, cuando decayó el segundo estado de alarma en todo el país, actualiza semanalmente el riesgo de la pandemia por municipios y establece restricciones en función de los distintos niveles de riesgo.

Zuloaga ha aclarado así que la opción de entrar a diferentes espacios con el pasaporte Covid es algo que "no está en vigor" en la comunidad autónoma, sino que se está "estudiando" su viabilidad, y ha remarcado que el objetivo es doble: que disminuyan los contagios y paliar los efectos de una decisión "tan compleja" como limitar la actividad en interiores.

Sobre el hecho de que se aborde en este momento, ha argumentado que hace dos meses, cuando se puso en marcha el 'semáforo Covid', todavía no estaba en vigor el pasaporte, y además la campaña de vacunación no llegaba a los niveles actuales.

Al hilo, y a preguntas de la prensa sobre la relación del planteamiento del Gobierno cántabro con las palabras de su presidente, Miguel Ángel Revilla -que ayer dijo que le gustaría convencer a Sanidad para implantar medidas "no tan duras" como cerrar la hostelería-, Zuloaga ha considerado que el jefe del Ejecutivo "en todo momento" ha manifestado la importancia de garantizar la asistencia sanitaria en la región.

Además, ha asegurado que no le consta que haya habido "unos lados y otros en anteriores decisiones" sanitarias, pues el Gobierno ha avalado "siempre" las medidas adoptadas por el consejero.

Cuestionado también por las críticas de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria -que piden la dimisión o cese del responsable de Sanidad-, el vicepresidente ha cerrado filas en torno a Miguel Rodríguez y ha destacado que todo el Consejo de Gobierno respalda su labor y gestión.

Finalmente, a propósito de la Conferencia de Presidentes, que se celebra mañana viernes, y de los planteamientos que llevará la comunidad autónoma a esa cita, Zuloaga ha resumido que Revilla "se manifestará en defensa de los intereses de Cantabria", como una financiación "justa" o la llegada de fondos europeos de recuperación, de los que ya se han asignado a esta región cerca de 350 millones.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas de cinco años y siete años de prisión a los dos patrones de una patera que fue interceptada con 13 personas más a bordo en agosto de 2020 después de que ambos intentasen huir de la Guardia Civil con "maniobras evasivas" que pusieron en "peligro" a la patrullera.

La sentencia de la Sección Tercera, impone a N.B. y a M.S.I., de 24 y 30 años, cinco años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y siete meses de prisión por sendos delitos de resistencia a la autoridad.

El tribunal considera probado que, de común acuerdo y con la intención de enriquecerse ilícitamente, promovieron de forma directa la inmigración clandestina de personas con destino España.

Indica que, en ejecución de dicho plan, junto a 13 personas, salieron en la madrugada del 14 de agosto de 2020 desde Orán (Argelia) a bordo de una embarcación de fibra de cinco metros de eslora por dos de manga, con motor fueraborda de 115CV, con una bomba de achique que no funcionaba, y "sin pericia ni capacitación técnica ni práctica exigida para navegar en alta mar, usando un GPS portátil, así como repostando combustible".

La embarcación fue detectada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil a 15 millas náuticas de las costas de Almería pero cuando la patrullera se aproximó para que detuviera la marcha, el tribunal señala que los acusados, sin respetar las señales de detención, incrementaron la velocidad para no ser detenidos.

Media hora después, sin ser perdidos de vista por los agentes del Servicio Marítimo, la embarcación llegó cerca de la playa, y sin detener la marcha, los 13 ocupantes de la embarcación saltaron al agua y los acusados emprendieron la huida rumbo de vuelta a las costas argelinas, superando los 30 nudos de velocidad, según recoge el fallo.

Tras varias millas siguiendo su estela en persecución, la Guardia Civil le dio alcance y les indicó que detuvieran la marcha, pero los acusados, "lejos de deponer su actitud, con total desprecio al principio de autoridad y a la función que los agentes desempeñan, realizaron múltiples maniobras evasivas tales ciabogas con grave riesgo para la patrullera, que tuvo que recortarles varias veces, hasta que finalmente detuvieron la marcha", señala.

El tribunal relata que uno de los acusados arrojó al mar el GPS que portaba en la mano siendo recuperado e intervenido y destaca que ambos se le encontró encima 500 euros en efectivo.

Destaca para apreciar el subtipo agravado que, durante el viaje, ambos "pusieron en peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo de la embarcación, al no reunir la misma las condiciones de seguridad mínimas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar".

La sentencia detalla que la patera, por sus características técnicas, "no estaba capacitada para realizar trayectos de 100 millas náuticas" ni para el número de ocupantes que transportaba ya que la capacidad máxima era de la mitad.

Subraya el tribunal que el peso se vio "incrementado" además "por las garrafas de gasolina que portaban" en tal número, según concreta, "que creaba un gran peligro de incendio o deflagración a bordo tanto por ser sustancia volátil como por el modo de repostaje en movimiento mediante manguera".

Añade que carecían de equipo de navegación salvamento, contraincendios, achique o radiocomunicaciones, pues la embarcación "solo contaba con un chaleco salvavidas para 15 personas, un GPS portátil, un compás magnético, y los cubos con los que sacaron el agua de la embarcación por falta de funcionamiento de la bomba de achique".

"De igual modo, la falta de seguridad en la navegación se vio agravada por las características concretas del tráfico en la zona por la que discurrió la embarcación durante el viaje, al ser utilizado por 23 buques mercantes", concluye.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expresado este jueves la "firme disposición", desde ya, del Grupo Socialista a buscar "fórmulas" con la Junta andaluza para llegar a un acuerdo que permita aprobar el Presupuesto autonómico de 2022 sin necesidad de depender del apoyo de Vox.

Así lo ha señalado el también candidato socialista a la Junta en una atención a medios al participar junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la firma de un protocolo para la promoción de viviendas de alquiler social o asequible en Sevilla, y al hilo del resultado de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este pasado miércoles.

De dicho encuentro entre la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y los consejeros autonómicos del ramo, Juan Espadas ha valorado como "elemento muy destacable" la "transferencia de fondos de Presupuestos Generales del Estado que va a llegar a Andalucía para la elaboración del Presupuesto de 2022" de la comunidad autónoma.

Al hilo, el candidato socialista ha querido trasladar la "idea fuerza", tanto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como a los andaluces, de que "estamos en disposición de hacer el mejor Presupuesto de la historia de Andalucía para 2022".

En esa línea, Juan Espadas ha puesto de relieve que se puede contar con "el mayor techo de capacidad de financiación que ha tenido la comunidad autónoma en el momento que más lo necesitamos, en el que la recuperación económica y la generación de empleo en Andalucía es el gran protagonista de coyuntura y lo que esperan los andaluces".

"La idea es muy clara", la de que, "con esta financiación estatal, con estos 1.800 millones de euros adicionales, Andalucía no puede quedarse sin Presupuesto", ha aseverado Juan Espadas, que ha anticipado al respecto la "firme disposición" del Grupo Socialista para que, "desde el primer día hábil en el que el Gobierno presente las líneas del Presupuesto en septiembre, se siente" con el Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "a buscar fórmulas para llegar a un acuerdo presupuestario".

Espadas ha animado así a la Junta a que "desoiga los chantajes de la fuerza política que últimamente le echa pulsos al Gobierno andaluz", en alusión a Vox sin citarlo, y a que "se centre en el interés de los andaluces, en que esa financiación extraordinaria del Estado a Andalucía se convierta en un Presupuesto, porque Andalucía lo necesita y el PSOE está dispuesto a demostrar hasta qué punto tiene altura de miras para que Andalucía tenga Presupuesto en el último año de legislatura", según ha zanjado el líder socialista.

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha visto hoy que no es "necesario" obligar a la vacunación en esta comunidad dado el éxito de la misma; pero sí tiene "en mente" la posibilidad de poner en marcha un 'Pasaporte COVID' para la hostelería: "No hay nada decidido, pero lo tenemos en mente", ha dicho.

Andreu ha hecho balance, en un desayuno informativo con los medios de comunicación, del curso político en el Parque Tecnológico de La Fombera. Un encuentro en el que, reconociendo la dureza vivida, ha creído que estamos ante el "capítulo final de la pandemia".

La presidenta ha señalado cómo "esta enfermedad ha marcado todos los aspectos de nuestra vida en el último año y medio", aunque ha creído que "ya acomete los últimos latigazos".

Preguntada por el hecho de que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, vaya a plantear en la Conferencia de Presidentes la posibilidad de obligar a vacunar contra la COVID-19 a los ciudadanos ha señalado que, en La Rioja, no existe la necesidad "de obligar a nadie a vacunarse" por el "incide de aceptación de la vacuna".

Se ha mostrado "orgullosa", en este sentido, de la población riojana. En cuanto a la posibilidad de introducir en La Rioja, como ya han planteado otras comunidades, un 'pasaporte COVID' para entrar en establecimientos hosteleros ha dicho que es algo "que se está estudiando desde hace tiempo en los consejos de gobierno".

Mientras el Ministerio de Sanidad, por el momento, no se plantea una reforma legal para que el pasaporte covid sirva como salvoconducto para la entrada en locales como bares y restaurantes, algunas comunidades lo están planteando.

Supondría usar el certificado digital de vacunación de la UE para entrar en determinados locales y su puesta en marcha en La Rioja, tal y como ha dicho Andreu, está presente en las "conversaciones" que tiene la líder del Ejecutivo con el equipo de Salud, con el que evalúa "si es conveniente".

Aún no se ha "decidido si es necesario", pero "es una alternativa que se propone"; eso sí, "siempre en función de la evolución real de la situación de contagios" que, ha dicho, "va cambiando cada quince días".

En su repaso, por otro lado, Andreu ha tenido clara "la necesidad absoluta de pediatras", reconociendo que hay municipios sin este especialista; algo que ha achacado a una "escasez brutal" en toda España. Ha dicho que se les ofrecerá condiciones atractivas para elegir La Rioja y "captarles" (aunque no las ha concretado).

Con respecto a su equipo de trabajo, en un momento en el que los miembros del Ejecutivo están "más unidos que nunca" y enfocados en la misma dirección para lograr la recuperación", Andreu no tiene previsto "a día de hoy" cambios en ninguna consejería.

La presidenta ha incluido en ese ambiente de trabajo "para preparar a La Rioja para la siguiente generación" a la "colaboradora externa" del Gobierno riojano: la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno.

También ha relatado cómo se está trabajando con las empresas riojanas, así como con SEPES (entidad estatal de suelo) para la puesta en marcha de la Ciudad del Envase y Embalaje.

Andreu ha dicho que serán las empresas las que "definirán" la ubicación. "Ahora mismo está todo abierto, la clave está en las empresas", ha indicado añadiendo que "algunas pueden ampliar sus instalaciones y otras deberán cambiar de ubicación". Con respecto a fecha ha dicho: "Me gustaría decir octubre".

Por último, ha informado de que ya está elaborado el borrador de los presupuestos, que ya tienen las consejerías para trabajar en él.

Cantabria registró en nueve meses, del 31 julio de 2020 al 30 abril de 2021, un total de 694 ataques del lobo, con más de 1.210 cabezas de ganado muertas y otras 66 heridas, en 52 municipios, incluidos algunos de la costa occidental donde no eran habituales, unas cifras "similares" a las del año anterior.

"En estos momentos, está sobrepasado con creces las posibilidades territoriales de coexistencia entre el lobo y la ganadería en extensivo en Cantabria desde hace ya mucho tiempo", ha afirmado este jueves el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), que considera que la situación será "insostenible".

Blanco ha hecho estas afirmaciones durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer la resolución del cupo de extracción del lobo para la temporada 2021-2022, que se publicará mañana, viernes, en el Boletín Oficial de Cantabria y que establece que se podrán abatir 34 ejemplares desde el 1 de agosto de este año al 31 de julio del que viene, bien en batidas autorizadas de jabalí o en controles de Guardería del Medio Natural.

En la temporada anterior, se extrajeron 36 ejemplares, 35 de ellos abatidos (30 por los servicios de Guardería y 5 en cacerías) y uno de ellos atropellado.

El consejero ha explicado que a la hora de establecer el cupo de extracción, que es una de las medidas más destacadas del plan de gestión del lobo en Cantabria, se tienen en cuenta factores como la población censada del lobo --se estima que hay 20 manadas con presencia en la comunidad, 7 compartidas con otras comunidades vecinas--, el daño que producen y la mortalidad de la especie.

Blanco ha señalado que el actual censo de manadas de lobo es 6 veces superior a la que había en 1998, cuando se empezó con este recuento, cuando no habitaban de forma permanente más de 3 manadas).

LA MEDIDA DECAERÍA SI SE INCLUYE AL LOBO EN EL LESPRE

El consejero ha destacado que el plan de gestión del lobo de Cantabria cumple con la Directiva Hábitat de la UE, actualmente en vigor y que permite el control poblacional del lobo en las poblaciones españolas al norte del río Duero.

Sin embargo, el consejero ha reconocido que si se cumple la "amenaza" de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE), prohibiendo su caza a partir del 25 de septiembre, esto podría hacer decaer el plan de gestión del lobo y con ello la medida de control poblacional.

En este sentido, Blanco ha vuelto a insistir que el Gobierno de Cantabria recurrirá, junto a las otras tres comunidades afectadas (Asturias, Galicia y Castilla y León) dicha orden ante los tribunales y pedirá su suspensión cautelar.

El consejero ha recordado que Cantabria y otras 9 comunidades ha pedido al Ministerio que primero hiciese un censo y llevará a cabo la renovación del plan nacional de gestión del lobo antes de decidir si el lobo había que incluirlo el lobo o no, propuesta de la que no han obtenido respuesta.

"Hay una decisión precipitada por parte del Ministerio, una decisión ideológica, acientífica que nos lleva a un callejón sin salida en este momento más que ir a los tribunales", ha apostillado.

Blanco ha criticado que "ninguno de los que han tomado, desde los despachos de Madrid, esas decisiones, han pisado esta tierra para conocer la realidad ni han contado con los informes que reiteradamente" se les ha hecho llegar desde el Gobierno regional.

"Uno de los grandes problemas que en estos momentos tiene la España rural es que la mayoría de las decisiones que se toman, muchas de ellas en contra de las necesidades de los pueblos de Cantabria y del resto de España, se toman desde despachos urbanitas alejados del pueblo", ha censurado.

ATAQUES

Según los datos ofrecidos en la rueda de prensa por el consejero y el director general de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, Antonio Lucio, los municipios más afectados por los ataques del lobo en en el periodo julio 2020-abril 2021 han sido la Hermandad de Campoo de Suso y Camaleño, donde se produjeron 121 y 56 ataques, respectivamente, con 126 y 192 reses muertas. También destacan Campoo de Enmedio, Polaciones, Los Tojos, Cabuérniga o Rionansa.

Municipios costeros como Valdáliga o Cabezón de la Sal también tienen cifras "significativas", con más de 20 ataques y 50 reses muertas en cada uno de ellos, unos datos que, según Blanco, demuestran "la estabilidad de la especie en lugares en los que no estaba presente hasta hace muy pocas fechas".

INDEMNIZACIONES Y AYUDAS

El consejero ha recordado que el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria, aprobado en abril de 2019, cuenta con otras medidas al margen del control poblacional, como son algunas de carácter preventivo y compensatorio por los daños que producen los ataques del lobo en toda la comunidad.

Para hacer frente a las indemnizaciones a los ganaderos, el Gobierno de Cantabria tiene contratado un seguro que le cuesta a la comunidad 750.000 euros.

Lucio ha explicado que, desde que se recibe la solicitud de indemnización de los ganaderos hasta que se abona por parte del seguro, pasan de media entre 3 y 6 meses. Además, menos de un 5% de las solicitudes son rechazadas.

Además, ha señalado que este año ha sido la primera vez que se han ejecutado las ayudas del Gobierno de Cantabria a los ganaderos para el mantenimiento de mastines o la construcción de cercados, de las que se han beneficiado ya 134 ganaderos.

Además, está en tramitación la línea de pagos por servicios ambientales en ganadería extensiva en aquellas zonas donde más presencia hay del lobo dotada de 660.000 euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que el PP es quien tiene la capacidad para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha evitado apuntar posibles alternativas impulsadas por el Ejecutivo.

"El Gobierno cumple con la Constitución y pedimos a la oposición que cumpla con la Constitución", ha insistido varias veces Sánchez durante su comparecencia de balance de ciclo político en el Palacio de la Moncloa.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que los miembros del CGPJ llevan ya 968 días con el mandato caducado, pero también están pendientes de renovación otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

Y ha insistido en situar la pelota en el tejado del PP. "Llevamos tres años tendiendo la mano al PP para renovar y cumplir con la Constitución", ha defendido evitando hablar de posibles alternativas, como una reforma legislativa para modificar el modo de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Para Sánchez, la "experiencia" señala que el hecho de que el PP "cumpla" con la Constitución "no depende del Gobierno", sino que depende del propio Partido Popular, al que ha instado a abandonar "la posición de bloqueo".

De hecho, ha recordado que el propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha enviado cartas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, instando a los grupos parlamentarios a abordar la renovación del órgano.

"No es una obligación que marca el Gobierno de turno, lo marca la Constitución. El Gobierno cumple con la Constitución y lo que tiene que hacer el principal partido de la oposición es cumplir con la Constitución", ha insistido.

"PACIENCIA" DEL GOBIERNO

A su juicio, este cumplimiento de la Carta Magna es "aún más necesario" en el momento actual en el que hay que "regenerar la vida democrática del país"; pero ha reiterado que los 'populares' son los que deben dar el paso al frente tras las "cuatro ocasiones" en las que el Gobierno ha intentado abordar el asunto en los últimos tres años.

"Todos estamos obligados a cumplir con la Constitución. Y más aquellos partidos que se autoproclaman constitucionalistas. Eso se dice y se hace --ha emplazado--. No será por esperar y por la paciencia del Gobierno".

SENTENCIA DEL TC, ACATA PERO NO COMPARTE

Además, ha asegurado que el Ejecutivo respeta y acata la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en contra del primer estado de alarma para hacer frente a la evolución del coronavirus, aunque no la comparte.

De hecho, Sánchez ha sostenido que el Gobierno sigue manteniendo que el estado de alarma es el instrumento "más eficaz" para poder hacer frente "a esta pandemia y a potenciales pandemias en el futuro".

"Pero como no podía ser de otra manera acatamos la sentencia del Tribunal Constitucional", ha insistido en línea con la posición que ya marcó la ministra de Justicia, Pilar Llop, tras hacerse publica la decisión del alto tribunal.

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha explicado que el Govern reclamará en la comisión bilateral con el Gobierno el traspaso de 56 competencias que ha asegurado que están pendientes: "Los queremos todos y los queremos ya".

"Queremos todos los recursos para mejorar la vida de la ciudadanía porque estamos en un momento complejo social y económicamente", ha dicho Vilagrà en rueda de prensa junto al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, después de reunirse con los grupos del Parlament antes de la bilateral.

"Ya hace mucho tiempo que hablamos de los mismos temas. Queremos concreción y acuerdos detallados", ha añadido Vilagrá, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar temas como la regulación del alquiler, el traspaso de becas, la financiación de Rodalies y líneas regionales, las necesidades en vivienda y en pobreza infantil y el ingreso mínimo vital, entre otros.

"DECEPCIÓN" POR EL ORDEN DEL DÍA

Puigeneró también ha lamentado que el Gobierno no quiera incluir una negociación sobre los fondos europeos, y ha admitido estar "decepcionado" por ello.

Asimismo, ha asegurado que el Govern también está preocupado por la "invasión de competencias a raíz de la voluntad recentralizadora del Estado", y ha criticado lo que considera un incumplimiento claro y meridiano de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, según él.

"Las expectativas de las reuniones vienen muy marcadas por el pasado, por lo que vamos con expectativas muy relativas", ha añadido Puigneró, que ha advertido de que la recentralización de competencias va en contra del estado de las autonomías que defiende el Gobierno central.

A la reunión han asistido la portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero; la secretaria adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta; el presidente del grupo de Junts, Albert Batet; el diputado de los comuns, David Cid, y el diputado de Cs Joan García; mientras que los grupos parlamentarios de la CUP y Vox no han acudido a la reunión, tal como habían avanzado, y tampoco ha asistido al encuentro ningún representante del PP.

La Rioja no ha registrado en estas últimas 24 horas fallecidos por coronavirus, en una jornada en la que se contabilizan 1.698 casos activos, 68 más que ayer. Además, los contagios en los centros de mayores han sufrido un nuevo incremento con 24 nuevos positivos hasta los 78. También aumenta la incidencia acumulada a 14 días hasta los 735,51 casos por cada 100.000 habitantes (39 puntos más que ayer).

Por su parte, la presión hospitalaria sigue estable con respecto a hace 24 horas, con 72 pacientes ingresados en los diferentes centros riojanos.

La buena noticia es que, de nuevo, no hay que lamentar víctimas mortales por el virus en la región. De este modo, de acuerdo con las cifras de Salud, desde que comenzó la pandemia, un total de 782 personas han fallecido por la enfermedad, 302 de ellos residentes de centros de mayores.

En cuanto a la presión asistencial, hay 72 personas ingresadas en diferentes centros hospitalarios riojanos por coronavirus. Así, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 58 personas ingresadas en planta (1 más en las últimas 24 horas) con 9 ingresos y 7 altas. Por su parte, en la UCI, hay 9 pacientes Covid (uno más que el ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (9 a día de hoy, uno menos que ayer), la UCI riojana tiene 18 pacientes (misma cifra que ayer) y se encuentra al 41,86 por ciento (igual que ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra registra cinco pacientes ingresados en planta por coronavirus (dos menos que hace 24 horas), produciéndose cero ingresos y dos altas.

Por lo demás, en cuanto a la Incidencia Acumulada a 14 días, ha aumentado considerablemente al pasar de los 696,44 casos por cada 100.000 habitantes a los 735,51 de hoy. Una subida de aproximadamente de 39 puntos.

Respecto a la Incidencia Acumulada a siete días se sitúa este jueves en 399,17 frente a los 381,35 casos por cada 100.000 habitantes de ayer. Es decir, un aumento de unos 18 puntos. En cuanto a la tasa de positividad, ésta sube ligeramente del 15,00 por ciento de ayer al 15,63 por ciento de hoy.

Finalmente, hay 11.006 personas en cuarentena frente a las 10.736 de hace 24 horas y los centros de mayores cuentan con 78 residentes positivos frente a los 54 de ayer (24 más) y, según los datos, el virus sigue afectando a dos residencias de las 33 contabilizadas en la región.

Los niños y jóvenes que han tenido contacto directo con la Covid-19 presentan más problemas de ansiedad, ansiedad social y depresión.

Así se desprende de un reciente estudio desarrollado por el codirector del Máster Propio en Psicología y Psicoterapia de la Universitat de València, José Gil, que ha analizado a 39 personas (de entre 6 y 16 años) atendidas durante el curso escolar 20-21 en el marco de este postgrado y del Servicio Municipal de Psicología de la población de Alcàsser.

El estudio compara niños y jóvenes en contacto con la Covid-19 --bien por haber sufrido la enfermedad, por confinamiento o por el fallecimiento de algún familiar-- con niños y jóvenes que acuden a la consulta de psicología por diferentes problemas.

En general, al comparar la muestra clínica de niños sin contacto directo con Covid con los niños que sí han estado en contacto con esta enfermedad se observa una diferencia en el tipo de problemas psicológicos.

Mientras que aquellos que han tenido contacto directo con la Covid presentan más problemas interiorizados --depresión, ansiedad, ansiedad social y quejas somáticas--, los niños que acuden al servicio de psicología sin relación con el virus presentan más problemas exteriorizados como problemas de atención, hiperactividad, ira, agresión o conducta desafiante.

Son especialmente llamativas las diferencias en los problemas relacionados con la ansiedad social --con 13 puntos más en el caso de los niños y adolescentes que han estado en contacto con el Covid--, la ansiedad y las quejas somáticas, con 9 y 8 puntos más, respectivamente.

Además, el estudio pone el acento en la importancia del ambiente familiar en los problemas de la población infanto-juvenil y en la modulación de la gravedad psicopatológica. En concreto, subraya que el modo en el que se vivencia la Covid-19 influye directamente en la aparición de problemas psicológicos en estos colectivos.

En este sentido, la muestra del estudio presenta más problemas psicológicos como depresión, ansiedad, quejas somáticas, obsesión, compulsión y sintomatología postraumática en los casos en los que sus entornos familiares han vivido intensamente y con mucha gravedad la pandemia por la Covid-19.

España concedió el estatuto de refugiado a 4.359 solicitantes en 2020, una cifra que aumentó en un 162% las peticiones que se resolvieron favorablemente en 2019 y que multiplica por siete las cifras de 2018, según indica un informe del Ministerio del Interior publicado este jueves.

Los motivos de persecución por los que se reconocieron el estatuto de refugiado en 2020 fueron las opiniones políticas (33%), el género (31%), la orientación sexual/identidad de género (16%) y la pertenencia a un grupo social determinado (13%).

España recibió un total de 88.826 solicitudes de protección internacional en 2020, siendo así el tercer Estado miembro de la Unión Europea en número de peticiones, por detrás de Alemania y Francia. Este procedimiento administrativo está dirigido a identificar entre los solicitantes a aquellas personas que están en necesidad de protección internacional y que pueden resultar beneficiarias del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria.

Venezuela encabezó las peticiones de protección internacional (28.375), seguida por Colombia (27.586). Los tres países siguientes con mayor demanda fueron Honduras (5.536), Perú (5.160) y Nicaragua (3.749). La restricción de movimientos provocada por la pandemia redujo la cifra de estas solicitudes en un 25% respecto a 2019.

De igual manera, el Ministerio resolvió 1.401 solicitudes de protección subsidiaria que se ofrece a aquellas personas que, sin reunir los requisitos, puedan ser reconocidas como refugiadas ya que el regreso a su país de origen podría suponerles daños graves. Esta cifra se redujo un 10,7% respecto a 2019.

Junto a la evolución de las solicitudes de protección internacional, el Ministerio recoge también los datos relativos a las solicitudes de apatridia. Durante los años 2017, 2018 y 2019, España registró un número muy elevado de solicitudes de reconocimiento del estatuto de apátrida por encima de las 1.500 solicitudes anuales. En el año 2017 se alcanzaron las 2.418 solicitudes y en 2020 las 913.

Por otro lado, la Oficina de Asilo y Refugio experimentó un incremento en la tramitación de solicitudes y, durante 2020, se resolvieron 116.567 expedientes, un 86,2% más que en 2019. Esta tendencia creciente ha permitido, a su vez, multiplicar por nueve la capacidad de gestión de la SGPI/OAR al incrementar la plantilla de 60 puestos de trabajo que había desde 1992 hasta 300 empleados públicos que la forman en la actualidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés, no acuda a la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Salamanca porque, más allá de que "sean independentistas", se tratarán temas "muy importantes", y, además, ha pedido a los 'barones' del PP que eviten la "lucha partidista" en esta cita.

Durante su comparecencia desde el Palacio de La Moncloa para hacer balance del curso político, Sánchez ha valorado la reunión multilateral con los presidentes autonómicos asegurando que es una "pena" que "la voz de Cataluña" no esté presente para hablar de asuntos como los fondos europeos, la lucha contra la pandemia o el reto demográfico.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha recordado que la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y el de Cataluña se reunirá "como marca el Estatuto de Autonomía" el próximo lunes 2 de agosto, apenas tres días después de esta Conferencia de Presidentes, para avanzar en los traspasos a la región catalana.

Precisamente, ante las críticas que ha suscitado que se reúna bilateralmente con Cataluña días después de la Conferencia de Presidentes a la que no irá Aragonés, Sánchez ha defendido que el Gobierno "cumple con el ejercicio de cogobernanza" desde el punto de vista de la multilateralidad y la bilateralidad.

"Las comisiones bilaterales también son necesarias como cualquier Conferencia sectorial que estamos celebrando", ha reivindicado Sánchez, que ha destacado que estas reuniones bilaterales se hacen en el marco del mandato de los Estatutos de Autonomía de cada región.

ADVERTENCIA A LAS CCAA DEL PP

Asimismo, el jefe del Ejecutivo también ha comentado las quejas de algunas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP sobre el formato de la Conferencia de Presidentes de Salamanca, el orden del día y los cinco minutos que dispondrán los mandatarios autonómicos para exponer sus planteamientos.

En este contexto, Sánchez se ha dirigido expresamente a los 'barones' del PP para pedirlos que utilicen este foro para el "diálogo" y no para una "lucha partidista", poniendo en valor la "unidad" para la recuperación.

Así, el presidente del Gobierno ha reivindicado la Conferencia de Presidentes como un foro de cogobernanza en el que "el diálogo es un valor en sí mismo" y ha sacado pecho de que, bajo su mandato, se han convocado 18 de las 24 celebradas desde su creación.

Cataluña ha registrado hasta este jueves 892.778 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --827.507 con una prueba PCR o test de antígenos--, 4.770 más que en el recuento del miércoles, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

El total de fallecidos se sitúa en 22.512, los mismos que los registrados el miércoles: 14.356 en hospital o centro sociosanitario, 4.576 en residencia, 1.196 en domicilio y 2.384 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.208, que son 35 menos que en el último recuento.

Un total de 558 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, nueve más que en el último recuento: de ellos 318 necesitan ventilación invasiva (intubación), 14 oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y 226 apoyo no invasivo sin intubación.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja a 0,83 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 17,23%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 1.101,38 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 33,39 años.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el miércoles alcanzaba un nivel de 929 y 24 horas después se sitúa en 895.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 4.984.051 personas desde que empezó la campaña de vacunación, de los que 4.413.771 ya tienen la pauta completa: 17.914 personas han recibido la primera dosis en las últimas 24 horas.

En porcentajes, el 63,3% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 56,1% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

Las residencias de mayores de Navarra registran en estos momentos 21 casos positivos por Covid-19 y dos personas permanecen hospitalizadas, según los datos dados a conocer por la consejera de Derechos Sociales del Gobierno foral, Mari Carmen Meztu.

Según ha detallado, en estos momentos hay seis residencias de mayores que contabilizan casos Covid entre sus usuarios, además de un centro residencial de personas con discapacidad.

A preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, la consejera ha afirmado que la valoración que realizan de la situación actual de las residencias es "buena" y ha destacado que la vacunación ha sido "efectiva", ya que "llevamos ya cinco meses sin ningún fallecimiento por Covid y ese es un dato muy importante".

"Se ha recuperado además la actividad en los centros y se sigue llevando a rajatabla todo lo que son las medidas preventivas recomendadas", ha remarcado Maeztu.

No obstante, ha subrayado que la mayor incidencia de casos en la Comunidad foral acaba afectando también a los centros de mayores, de modo que en este momento hay 21 casos positivos en las residencias, de una población de aproximadamente unos 5.600 residentes.

Se registran, además, dos personas hospitalizadas, de las que preocupa su evolución. "Esperamos que sea positiva", ha declarado la consejera de Derechos Sociales, para destacar que desde su departamento siguen en comunicación "permanente" con los centros para "apoyarles y poner a su disposición todas las medidas necesarias para evitar al máximo los contagios.

Al ser preguntada por si se están planteando endurecer las medidas en los centros si los casos siguen aumentando, Maeztu ha contestado que "estamos muy lejos todavía de pensar en ese tipo de medidas porque sabemos también el impacto que tienen en las personas la suspensión de las visitas, algo que ahora mismo no se contempla".

"Estamos hablando de 21 positivos en un sector que hay aproximadamente 6.000 personas, entre personas mayores y el sector de discapacidad", ha concluido.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a nueve años de prisión a Fernando S. B. A., alias 'Nene' y líder de la banda de los Dominican Don't Play (DDP) en Alcobendas, por el asesinato de un joven en una reyerta durante las fiestas celebradas en septiembre de 2017 en San Agustín de Guadalix.

El magistrado, que presidió la vista oral del juicio con jurado popular, ha acordado además penas de siete años de prisión y seis meses para el autor material del apuñalamiento y los otros cuatro miembros de la banda implicados en los hechos.

Asimismo, confirma el veredicto de absolución para el séptimo implicado, David B.R., alias 'Negro Bangoura', al no existir indicios suficientes de su participación en los hechos ni de su pertenencia a la banda. Además, el magistrado impone a los condenados una indemnización conjunta y solidaria de 100.000 euros para los padres de la víctima.

A raíz de un incidente previo con un grupo de jóvenes, los condenados se reunieron el 15 de septiembre de 2017 en el parque "Miguel Hernández" de la localidad de Alcobendas (Madrid) donde decidieron acudir "fuertemente" armados con machetes y navajas al recinto ferial denominado 'Caruncho' donde se celebraban las fiestas de San Agustín de Guadalix.

Una vez allí, al encontrarse con los jóvenes con quienes pretendían vengarse del incidente anterior, se originó una trifulca durante la cual los acusados agredieron a M. de C. C., a quien propinaron un golpe en la cabeza que le dejó aturdido.

A continuación "y con intención de acabar con su vida, o al menos, representándose esa posibilidad", le asestaron una puñalada en el tórax que le alcanzó el corazón, causándole la muerte.

En la sentencia, se recoge que el autor material del apuñalamiento, David Andrés R. V., asestó varias puñaladas al joven tras recibir la orden del 'Nene', cabecilla del denominado 'Coro de Alcobendas' de los Dominican Don't Play de esa zona de Madrid, en la que ostentaba el cargo de "soberano".

El 'Coro de Alcobendas', recoge igualmente la resolución, es un grupo jerarquizado, estructurado, estable y duradero, territorialmente establecido en la localidad de Alcobendas y con una importante actividad delictiva por parte de sus miembros, especialmente los denominados como "los tigres", que serían todos los miembros de pleno derecho de la banda de los DDP, a la que los acusados confesaron en el juicio su pertenencia.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este jueves que la decisión sobre la aplicación del 'pasaporte Covid' para entrar en locales como establecimientos de hostelería "debería unificarse" entre las comunidades autónomas.

Así lo ha señalado el vicepresidente andaluz en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha valorado como "una alternativa positiva" la posibilidad de exigir ese pasaporte o certificado de vacunación para entrar en determinados locales, y ha defendido que "a nadie le molesta estar mucho más seguro en un establecimiento por el simple hecho de presentar con tu móvil un código QR", pero ha apostillado que "eso deberíamos valorarlo todas las comunidades autónomas".

"Debería ser algo común, igual que pedir la tarjeta única sanitaria en materia Covid en España y en Europa creo que también tendríamos que hacerlo todas las comunidades autónomas", según ha abundado Juan Marín antes de apostillar que "seguimos encontrándonos con el mismo problema, que el Gobierno de España le pasa la pelota a las comunidades autónomas, y que cada una decida lo que tenga que decidir".

Frente a ello, Marín ha defendido que "debería unificarse esa decisión, y al final todos iríamos con nuestra tarjeta, con nuestro pasaporte a cualquier sitio, mientras dure la pandemia".

El vicepresidente y consejero de Turismo ha agregado que "no descarta que muchos establecimientos que tienen posibilidad de hacerlo pudieran restringir la entrada de sus clientes con ese 'pasaporte Covid', porque al final están garantizando la seguridad", si bien ha advertido de que la Junta, como administración, podría hacer "una recomendación" al respecto para orientar las decisiones de los negocios, pero "en ningún caso como una imposición", porque la administración "no puede imponer el servicio discrecional dentro de un local privado".

En todo caso, Marín ha insistido en opinar que "sería recomendable" exigir ese certificado Covid en determinados establecimientos, que "no tendría ninguna dificultad y los ciudadanos se encontrarían mucho más seguros".

El vicepresidente andaluz ha recordado que "la protección 100% no va a existir nunca", pero ha remarcado que la vacuna ante la Covid "te protege en un 95% del virus", y "lo que tenemos que estar es todos vacunados", porque eso "te puede salvar la vida".

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA PANDEMIA EN ANDALUCÍA

Por otro lado, sobre la decisión que adoptó este miércoles el Gobierno andaluz de pedir medidas de restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno de 2,00 a 7,00 horas en Marbella y Estepona (Málaga), y en Montoro (Córdoba), Marín ha defendido que había que adoptar "algunas decisiones en función de la evolución de contagios".

Ha razonado que, con los 'toques de queda', se busca "intentar reducir al máximo la presencia en la calle", en horas de madrugada, de jóvenes con edades comprendidas principalmente entre los 16 y 29 años, para "controlar esos brotes que están provocando un mayor número de contagios" actualmente, y en esa línea ha opinado que, "dentro de lo malo", la limitación de la movilidad nocturna en municipios de más de 5.000 habitantes con una tasa acumulada de contagios de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días es "lo menos malo que se podía decidir en estos momentos".

El vicepresidente ha comentado que los hospitales andaluces cuentan actualmente con unas 1.100 personas ingresadas con Covid, de las que aproximadamente más de 200 están en unidades de Cuidados Intensivos (UCI). De estos pacientes críticos, "casi el 90% son personas que no han sido vacunadas", según ha puesto de relieve Juan Marín, que ha defendido al hilo de ello que la vacuna está sirviendo de "freno a la hospitalización y a la entrada de pacientes en UCI".

Además, ha indicado que, aunque el dato de ingresados en UCI "preocupa" al Gobierno andaluz, si se compara con otras comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía está "muchísimo mejor que otros territorios, y tenemos los medios necesarios para combatir cualquier situación extraordinaria que se pudiera provocar".

Asimismo, Juan Marín ha indicado que la Junta cuenta con informes de servicios sanitarios que "nos dicen que, aproximadamente dentro de unos 12-14 días, podríamos empezar a reducir el número de contagios, porque se está vacunando a la población diana" que centra ahora mismo los casos positivos, de jóvenes de 18, 20, 25 años de edad, que "en unos 15 días estarán inmunizados al menos con primera dosis".

Por eso, el vicepresidente ha sostenido que "hay que ser prudentes" y "estar pendientes de la evolución sanitaria", pero ha querido dejar claro que "estamos en un momento que nada tiene que ver con la segunda, tercera o cuarta ola" de la pandemia "que sufrimos hace unos meses".