La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que era «muy urgente» para el Gobierno aprobar la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como ‘Ley Celaá’), una norma duramente criticada por la oposición por no contar para su tramitación con la comunidad educativa.

Según ha explicado este jueves en Barcelona durante la inauguración del seminario ‘La LOMLOE: un paso adelante para la equidad, la calidad y la excelencia de la educación’, organizado por la Diputación de Barcelona, urgía aprobar una nueva Ley de Educación para así dejar atrás la LOMCE, una «legislación desconectada de las corrientes pedagógicas más interesantes europeas o internacionales», a juicio de la ministra.

«Sentimos la necesidad de tener otro marco legislativo para llegar a desarrollos que nos fueran útiles», ha añadido Celaá, que defiende que la LOMLOE está «conectada con Europa, la Agenda 2030 y la UNESCO».

La ministra ha dedicado su intervención inicial a defender la Ley. En primer lugar, ha insistido en que la LOMLOE pone sobre la mesa una «realidad incómoda pero real» como es la segregación escolar. «Sabemos que no se puede llegar de 0 a 100 en un año, pero lo importante es trazar el camino correcto», ha afirmado Celaá, que advierte de que «todos» los niños y jóvenes «tienen que caber» porque «todos tienen el mismo derecho» a la educación.

En este sentido, asegura que la LOMLOE establece que la prestación del servicio público de la educación se hace por la red pública y por la red concertada, por tanto, «ambas tienen que asumir todo lo que significa la tarea de educar en equidad». «Si ambas redes tienen acceso al sistema público de prestación financiera, queremos que compartan derechos y obligaciones», avisa.

Por otro lado, ha hablado de que la nueva Ley, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre, regula la educación infantil de 0 a 3 años –que en España es de carácter voluntario–, ya que se trata de una «etapa educativa» y «como tal ha de tratarse». La LOMLOE establece el incremento progresivo en la oferta de plazas públicas en el primer ciclo «con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de 0 a 3 años», un aspecto que también ha recibido críticas, sobre todo, por parte de las patronales.

Para la ministra, existe «evidencia» de que la primera etapa de educación infantil redunda en un «beneficio» en el desarrollo de los menores. De ahí que la nueva Ley incorpore el «interés superior del menor», según la ministra.

MÁS FÁCIL MEMORIZAR QUE ENTENDER

Con respecto al currículo, Celaá ha recordado la voluntad del Gobierno de que sea competencial y no tan memorístico. «Hay que procurar que, al mismo tiempo que hacemos una reforma educativa, hacer una transición cultural, un cambio de mentalidad», ha abogado.

Aunque la jefa del Departamento de Educación admite que «la memoria es imprescindible para conectar» porque «es parte de la inteligencia», otra cosa es basar la educación en «catálogos memorísticos». «Estamos en un mundo tan cambiante que tenemos que enseñar de otra manera, ayudar a aprender de otra manera a los alumnos, que han de ser a la fuerza mucho más polifacéticos», agrega.

Tal y como ha enumerado, en concreto, los estudiantes tendrán que incorporar a su aprendizaje las ‘soft skills’, la capacidad de autoorganizarse, la capacidad de vivir en comunidad, socializar, comunicarse o tratar de desarrollar la creatividad, entre otros.

En este punto, Celaá ha negado que con un enfoque competencial se esté dando más facilidades a los alumnos. De hecho, «el sistema es más difícil ahora que antes», asegura. Para la titular de Educación, «es mucho más fácil para el alumno recitar de memoria las partes de una flor, los reyes o la tabla periódica que buscar sentido a cada una de las cosas, entender de qué les están hablando y tener ese aprendizaje esencial para aplicarlo». En sus palabras: «La aplicación es mucho más difícil que el recitado memorístico».

«USO ABUSIVO DE LA REPETICIÓN»

Este enfoque competencial está ligado a otra de las prioridades en las que se centra el Gobierno, como es la repetición de curso. «Nuestro propósito es que todo el mundo titule y que pueda seguir en la enseñanza obligatoria», ha dicho Celaá, que considera que «España adolece de un uso asiduo o abusivo de la repetición».

Tal y como ha recordado, en España el porcentaje de alumnado, al alcanzar los 15 años, repite 3 veces más de media que los estudiantes de países de la OCDE, cuando los alumnos españoles «son comparables a los del resto». «Y me atrevo a decir que trabajan mucho, no son más lentos que los demás, sin embargo tropiezan con la repetición a lo largo de su itinerario escolar tres veces más», ha defendido.

Aunque un 29% de españoles ha repetido curso a los 15 años, la ministra ha puesto en valor que de esos alumnos, un 53% es capaz de superar el nivel del Informe PISA en Ciencias y un 43% en Matemáticas. «Estamos haciendo repetir a alumnos que son perfectamente homologables al resto», lamenta Celaá, que critica que «la repetición no genera mejores resultados, sino todo lo contrario, desmotiva al alumno, no le enseña más», provocando su abandono del sistema educativo. Por tanto, para la ministra, la repetición, que es «la fórmula más sencilla», tiene que ser una «medida súper excepcional».

Para reducir la repetición de curso, el Ministerio de Educación y FP pretende tratar con refuerzo a aquellos alumnos que muestran «debilidades en algún momento del itinerario», a los que se les podrá realizar un «diagnóstico precoz» y por tanto incluirlos en programas de refuerzo. «Ahora tenemos medios, recursos, hay que hacerlo», ha celebrado.

La manifestación central de la fiesta del Orgullo Estatal LGTBI 2021 se celebra este sábado 3 de julio con medidas especiales debido a la situación de crisis sanitaria que vive el país por el Covid-19, de forma que no habrá en esta edición las características carrozas, ni tampoco escenario. El manifiesto, que tendrá un contenido reivindicativo por los derechos trans, se leerá en la Plaza de Colón de Madrid.

La marcha comenzará a las 20.00 horas desde la Plaza de Carlos V, aunque la cabecera, que portará una pancarta con el lema ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya’, se situará para el arranque en la Plaza de Murillo, en la entrada del Museo del Prado. Los participantes recorrerán así todo el Paseo del Prado de la Capital, para terminar en la Plaza de Colón.

La organización de este evento, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid y AEGAL, ha pedido «responsabilidad» a la ciudadanía que quiera participar en el evento y ha llamado a «respetar las normas de seguridad», la «distancia social» y «el uso de la mascarilla».

La Delegación de Gobierno de Madrid ha autorizado esta manifestación y, según ha explicado, a día de hoy esta decisión se mantiene. Según ha explicado, la previsión es que, en principio, no habrá cambios ya que la situación de pandemia oscila de forma paulatina.

ORGANIZACIONES HAN PEDIDO QUE NO SE INVITE AL PSOE

Ciudadanos es el único partido, hasta ahora, que ha confirmado a sus representantes en la marcha. Por parte de los naranjas, asistirán la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el vicesecretario general del partido y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal; y la diputada Sara Giménez, responsable de políticas sociales.

No acudirá, en este caso, la presidenta de la formación Inés Arrimadas –que cumple 40 años eses mismo día y lo celebrará con su familia– que sí estuvo en la edición de 2019 cuando los naranjas fueron increpados por asistentes a la manifestación que les reprochaba haber pactado con Vox, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

Es sabido que tanto PSOE, como Podemos, también acudirán, aunque no han comunicado aún quiénes serán sus representantes.

Desde organizaciones Trans se pidió a las entidades responsables de esta marcha que no invitasen a los socialistas a participar en la cabecera de la misma tras la abstención de los socialistas a la toma en consideración de la Ley Trans en el Congreso, así como a su oposición pública a la autodeterminación de género.

Algunas de estas entidades lideraron, el pasado lunes, la llamada marcha del Orgullo Crítico, en la que se reclamó un «modelo de Orgullo no mercantilizado, que reivindica la diversidad» y la «disidencia frente al capitalismo rosa», contra «la mercantilización de los cuerpos» y contra «la extrema derecha». «Ni sexo asignado ni género demostrado. Furia trans contra toda autoridad», fue su lema.

La cúpula del PP y los parlamentarios del Grupo Popular se desplegarán este viernes por toda España para explicar la oposición del partido a los indultos del ‘procés’ y sus recursos ante el Tribunal Supremo, al tiempo que exigirán la convocatoria de elecciones y la dimisión de Pedro Sánchez, haciendo hincapié en que ha convertido la «mentira» en su forma de gobernar, según han informado fuentes de la formación.

El primer partido de la oposición está convencido de que su «no» a los indultos y a la mesa de diálogo que promueve Sánchez con el Gobierno de la Generalitat recoge el sentir mayoritario de la sociedad española y así lo visualizará explicando en las distintas provincias la posición que defendió esta semana Pablo Casado ante el Pleno del Congreso.

En ‘Génova’ consideran que la legislatura está «agotada» y «caducada» y que la única salida pasa por disolver el Parlamento y convocar elecciones, como ha solicitado el presidente del Partido Popular. Así, los cargos del PP destacarán que si «tan valiente es Sánchez como para indultar a quienes dieron un golpe a la legalidad, que abra las urnas y que los españoles puedan opinar».

«LOS BANDAZOS Y LA MENTIRA, SEÑAS DE IDENTIDAD DE SÁNCHEZ»

En el cuartel general de los ‘populares’ recalcan además que el presidente del Gobierno ha instalado la «mentira como forma de gobernar». Por eso, el PP aprovecharán todos sus actos para denunciar que «Sánchez y mentira son sinónimos y significan lo mismo» porque ha quedado demostrado por los hechos que su «palabra no vale nada», según argumentan fuentes de la formación.

«Todo lo que prometió lo ha incumplido, y cuando ha dicho una cosa ha hecho la contraria. Los bandazos son su seña de identidad. Hasta sus socios independentistas se mofan de él, le humillan y le recuerdan cuando rechaza el referéndum que antes también dijo que no habría indultos, no pactaría con Bildu y no gobernaría con Podemos», resumen en la cúpula del PP ante la declaración solemne de Sánchez este miércoles ante el Congreso garantizando que no habrá referéndum y las palabras del Gabriel Rufián (ERC) restando credibilidad a las mismas.

Como prueba de ello citan también las manifestaciones del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, acerca de votar en referéndum un acuerdo sobre el autogobierno y la financiación, algo que, según el PP, confirma que «las mentiras» del presidente del Gobierno «no duran ni 24 horas».

ACCIÓN JUDICIAL ANTE EL SUPREMO

Los dirigentes del PP dedicarán también sus intervenciones públicas a explicar la acción jurídica del partido ante el Tribunal Supremo contra los indultos y subrayar que la medida de gracia será el «finiquito» de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y el «epitafio» del PSOE, en línea con el mensaje lanzado hace un par de días por Casado.

Precisamente este jueves el Supremo ha admitido a trámite esos nueve recursos del PP, uno por cada uno de los indultados, que el partido presentó en «representación de los millones de españoles afectados por este atropello democrático y en defensa de los miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia».

Fuentes del PP ya aseguraron este miércoles que el partido también está estudiando la posibilidad de que Pablo Casado recurra a nivel personal después de que su nombre apareciese en un informe de la Guardia Civil como posible objetivo de atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).

EL PP, EN CONTRA DE «ENTERRAR» LA MALVERSACIÓN DEL PRÓCÉS

Los parlamentarios y vicesecretarios del PP utilizarán también sus comparecencias este viernes para defender la independencia de los órganos constitucionales y judiciales, como el Tribunal de Cuentas, que ha cifrado en más de cinco millones de euros el dinero supuestamente malversando en el ‘procés’ por exaltos cargos de la Generalitat.

Es más, avisarán al PSOE que si trata de subvertir las mayorías en este órgano fiscalizados con el objetivo de «enterrar la corrupción económica de los líderes independentistas», el PP pedirá amparo al Constitucional, a la Comisión de Venecia y al Parlamento Europeo como hicieron ante los «intentos de controlar el CGPJ», según añaden las fuentes consultadas.

Una nueva tasación de los vehículos de lujo propiedad de Jordi Pujol Ferrusola –primogénito de la familia Pujol– que realizó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz arroja un valor de los mismos que asciende a los 2.600.560 euros.

El objetivo era conocer el valor actual de la flota de doce coches del primogénito de los Pujol, que ha sido procesado junto con sus seis hermanos y sus padres por delitos de organización criminal, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad documental, para que sean subastados.

Entre los vehículos requisados destacan tres Ferrari –uno de ellos un F-40 valorado por la ORGA en más de 678.000 euros–, un par de Lamborghini –uno de ellos el Miura valorado en 959.000 euros–, dos Porsche, un Jaguar y dos Mercedes Benz, además de un Seat 600 valorado en 7.600 euros.

Según mandato del juez, estos vehículos serán sometidos a subasta electrónica por la ORGA a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal (BOE), y el producto obtenido con la venta «se conservará íntegramente hasta la finalización del procedimiento judicial», que se encuentra actualmente en fase intermedia.

FAMILIA PROCESADA

El pasado 16 de julio el juez José de la Mata predecesor de Pedraz en el juzgado, propuso enviar a juicio al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

En el auto que puso fin a la pieza principal de este caso, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 procedía contra toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procede también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

La procedencia del patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que en algún caso son desconocidas, si bien destaca que existen «indicios sólidos» que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florensi Pujol.

LA FISCALÍA PIDE 9 AÑOS PARA JORDI PUJOL

Hace un mes se conoció que la Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio.

A los empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil, según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal.

Para el resto del ‘clan’ las penas va de los 17 años a los ocho. Así, para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, interesan una pena de 17 años por esos cinco delitos, mientras que para Josep Pujol la petición es de 14 años de prisión. Tanto para Pere como para Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, solicitan ocho años de cárcel sólo por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En cambio, la Abogacía del Estado solicita una pena de 25 años de cárcel para el primogénito del ‘clan’ mientras que para Gironés interesa 17 años y medio, y para su hermano Josep Pujol la pena de cuatro años de prisión. No se dirigió en cambio contra el resto de los Pujol y dejó fuera tanto al expresident de la Generalitat como al resto de hermanos.

El juicio por la denominada ‘Operación Rosado’, entre cuyos acusados figura el agente de la Guardia Civil por su supuesta implicación en una trama de favores hacia una decena de empresarios, no se celebrará finalmente este lunes próximo, 5 de julio, al haber renunciado el agente a su defensa.

La vista oral, en principio, estaba prevista para ese día y el 6 de julio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, si bien la renuncia del agente a su abogado ha obligado a posponer la vista para que su nuevo representante legal pueda ponerse al día del procedimiento, según informaron fuentes jurídicas.

Fiscalía de Valladolid imputa al citado agente un delito continuado de violación de secretos y otros dos de tráfico de influencias y solicita por el primero una multa de 10.800 euros y por cada uno de los dos siguientes nueve meses de cárcel, junto con su inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo total de ocho años.

Además, y con respecto al resto de presuntos implicados, el fiscal designado excluye a seis que figuraban como investigados y dirige la acusación contra otros cuatro: J.R.R, al que imputa un delito de violación de secretos, en calidad de inductor, y le pide multa de 2.400 euros e inhabilitación para cargo público por un año, así como contra F.G.J, E.O.C. y D.E.A. por delito de tráfico de influencias, los tres como cooperadores necesarios, e interesa para ellos cuatro meses de prisión y su inhabilitación por siete meses.

LA CALIFICACIÓN MÁS DURA, LA DE LA UO

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular, solicita tres años de prisión para el agente, mientras que la Unión de Oficiales (UO), también en calidad de acusadora popular, pide para el integrante del Instituto Armado una condena global de cuatro años y nueve meses de cárcel y su retirada del Cuerpo por espacio de diez años y medio.

Alternativamente, deja abierta la posibilidad de sustituir la condena por otra de nueve meses de cárcel, 18.000 euros de multa y cuatro años de inhabilitación.

La investigación de los hechos ha corrido a cargo del Juzgado de Instrucción número 1. En su día, el juez José María Crespo abrió procedimiento contra el agente J.C. y otra decena de personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y prevaricación administrativa.

Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la ‘Operación Rosado’ contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las supuestas prebendas entregadas al mismo.

Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la ‘Operación Rosado’, coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto.

Según recogía el auto, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones «incompatibles con su condición» de agente de la autoridad.

GRABACIONES

Las grabaciones, señalaba el juez, reflejan «la potestad de la que hacía gala el agente frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad» y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.

El magistrado instructor mantenía que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y «vendía» esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.

Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores–en un caso se colocó a un fallecido–y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.

Igualmente, se sospechaba que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.

Este mismo juzgado, en un auto de fecha 8 de septiembre de 2019, ya exoneró al guardia civil y a otros 21 investigados–de un total de 44–de la ‘Operación Rosado’ desplegada contra el tráfico de drogas al no ver indicios de participación de los mismos en dicha actividad ilícita.

Ciudadanos considera que con la creación de una Oficina del Español, el Gobierno de la Comunidad de Madrid puede «perjudicar la unidad de acción exterior en materia de promoción de nuestro idioma» desde hace 30 años realiza el Instituto Cervantes y quiere saber si el Gobierno central piensa tomar cartas en el asunto.

Así lo asegura el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, en la iniciativa parlamentaria que ha registrado para animar al Gobierno al actuar para velar por el mantenimiento de la unidad de acción en este asunto, ante la posibilidad de que empiecen a proliferar más oficinas como la creada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para su excompañero en el partido naranja Toni Cantó.

Para Bal, la creación de esta nueva oficina «plantea importante dudas». Por ejemplo, se pregunta «con qué regiones europeas va a competir Madrid a la hora de convertirse en la capital europea de la lengua castellana».

Además, en su iniciativa, alerta de que «existe un riesgo importante de ineficiencia del gasto público por el solapamiento de competencias» con «la institución de referencia de promoción de las lenguas españolas y de nuestra cultura en el exterior», en referencia al Instituto Cervantes que, recuerda, hace esta labor desde 1991

GASTO INEFICIENTE

«En definitiva, nos encontramos ante un riesgo claro de fragmentación de la labor de promoción de la lengua castellana en el exterior y de que la creación de esta Oficina del Español en la Comunidad de Madrid pueda perjudicar la unidad de acción exterior en materia de promoción de nuestro idioma común que realiza desde hace 30 años el Instituto Cervantes», aduce Bal.

Por todo ello, se ha dirigido al Gobierno para saber qué acciones va a llevar a cabo «para asegurar que la creación de oficinas autonómicas de promoción del español no ponen en cuestión la labor que realiza el Instituto Cervantes».

Asimismo, le pregunta si tiene previsto «establecer alguna directriz común en materia de promoción del español en el exterior» para «evitar la proliferación de este tipo de oficinas autonómicas que pueden suponer un gasto público ineficiente y una fragmentación de la unidad de acción exterior en esta materia».

Este mismo jueves, en una rueda de prensa, Bal ha ironizado con el nuevo cargo de Cantó. «Es un servicio administrativo para una necesidad que no existe, eso es lo que, en perfecto español, le digo que define la palabra chiringuito», ha dicho, convencido de que el organismo que dirigirá su otrora compañero no discutirá esa afirmación.

La candidata a presidir el PP de Baleares y diputada, Marga Prohens, ha pedido este jueves que la presidenta del Govern, Francina Armengol, dimita del cargo «si no está en condiciones de seguir al frente de la crisis sanitaria o si se siente agotada y superada por el macrobrote».

Prohens ha señalado en una rueda de prensa que el auto de la juez que anula el confinamiento forzoso de los estudiantes con PCR negativa «es demoledor para el Govern» y ha lamentado «la imagen caótica que se está dando de Baleares por el descontrol y la falta de gestión».

En este sentido, la candidata ha afirmado que «Armengol se ha convertido en un problema para las Islas, para la salud pública, para la temporada y para la recuperación». Además, le ha reprochado que después de todo lo sucedido, «nadie haya asumido responsabilidades».

Ha criticado que si en estos momentos hay jóvenes contagiados en la calle o que darán positivo en los próximos días, «la responsable es Armengol, no la juez, y es igual de culpable si ha habido chicos confinados sin ser contactos estrechos».

Ha defendido que el PP condena los actos incívicos que han provocado el ‘macrobrote’ y lamenta todo lo sucedido. No obstante, si la juez ha tumbado el confinamiento «ha sido porque el Govern no ha aportado la información requerida para justificar y demostrar de forma clara si estos jóvenes eran o no contactos estrechos».

Por todo ello, la diputada ha exigido que Armengol comparezca en el Parlament la semana que viene. «Que salga del Consolat de Mar, de la cara y deje de publicar tuits a través de la cuenta oficial del Govern que atacan al Estado de Derecho», ha asegurado.

‘MACROBROTE, REFERZOS POLICIALES Y EL BARCO BURBUJA’

Prohens ha recordado que hay un responsable, «que nadie sabe todavía quién es», que autorizó los conciertos de la Plaza de Toros, «a pesar de tener informes de la Policía Local en contra». «Con su silencio, Armengol respalda la decisión de esta persona», ha señalado.

también ha subrayado que «es vergonzosos que ellos nunca asuman la culpa de nada». Prohens se ha referido a que cuando empezó a conocerse el ‘macrobrote’, el Govern «culpó primero a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; después al alcalde de Llucmajor, Eric Jareño, y luego a los jóvenes y ahora a la juez».

La candidata ha hecho hincapié en que «la situación es preocupante y que Armengol y sus socios están más ocupados en hacer propaganda que en gestionar». En este sentido, ha asegurado que los refuerzos policiales prometidos por la presidenta, «son mentira».

Ha aludido a la promesa del Govern de que el Gobierno Central enviaría entre 200 y 300 policías nacionales. No obstante, según Prohens, «son las mismas cifras que en temporadas anteriores y además estos agentes vienen por turnos, no todos de golpe».

De igual modo, ha aseverado que el barco burbuja no es tal, ya que tienen conocimiento de que «los jóvenes han embarcado por los mismos accesos que el resto de pasajeros y que no se les han mantenido separados en ningún momento».

LEY DE PANDEMIAS Y FALTA DE CONTROL

Prohens ha advertido que esto sucederá de nuevo, «porque no hay un plan ni policía suficiente». Además, ha afirmado que el Govern sabe dónde están los botellones y «no actúa». «Pero siguen viniendo estudiantes y en los próximos días llegarán 300 vuelos de Reino Unido».

«Hemos pasado del Estado de Alarma a la nada. Todo esto se podría haber evitado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiese pactado la Ley de Pandemias con el PP», ha afirmado.

La base de las Naciones Unidas en Quart de Poblet (Valencia) prevé aumentar su plantilla en unas 250 personas e incorporar agencias nuevas de la organización como Unicef, que prevé traer a la sede valenciana a unas 100 personas, o la Organización Internacional de Migraciones, con 50.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha visitado la base este jueves en la primera parada de su visita a España. Guterres ha indicado que este centro «no podría estar en cualquier parte del mundo», y ha loado su capacidad científica y el nivel de sofistificación.

En su discurso, Guterres ha destacado el «talento» valenciano y se ha comprometido a trabajar en favor de la extensión de este centro, donde espera que «cada vez se instalen más agencias».

A la visita, también han acudido la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y el president de la Generalitat, Ximo Puig. González Laya ha remarcado la capacidad en tecnología y ciberseguridad del centro, y ha destacado que se ha convertido en un «pequeño corazón de la ONU aquí en València.

Mientras, para Puig, «tener aquí un pedazo de Naciones Unidas es una inspiración y un recordatorio: cada día, con cada decisión, todos contribuimos a mejorar o deteriorar la convivencia. Cada uno, con nuestro humilde ‘clavel’, armamos la mejor de las revoluciones: la revolución de la paz. Transitemos ese camino muchos años más».

UNICTF

En estos momentos trabajan en la UNICTF (United Nations Information and Communications Technology Facility) unas 400 personas, y más de 200 se concentran en la UNICC, el Centro Internacional de Computación, que desde València, provee apoyo a las misiones de paz de la organización.

Esta agencia se asentó en la base hace 10 años y tiene sedes en Italia, Suiza y Estados Unidos. Su director, Sameer Chauhan ha explicado que encontraron en la ciudad «talento local» y ha adelantado que prevén que su plantilla crezca hasta las 300 personas en València para el año que viene.

De hecho, Chauhan ha destacado que la de València es la oficina más grande que tiene la agencia en todo el mundo, y que están planteando ampliarla. También es la organización de la ONU más grande asentada en España.

La agencia nació hace 50 años y se instaló en València hace 10. Desde aquí, dan apoyo a unas 70 organizaciones de la ONU y otras como la OCDE o los bancos asiático y africano de desarrollo. En la base se trabaja en ámbitos como la robótica, el apoyo tecnológico.

DÉCIMO ANIVERSARIO

Este centro fue inaugurado el 6 de julio de 2011 por el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki Moon y el entonces Príncipe de Asturias, Don Felipe. Creada inicialmente para prestar apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) en el área de la informática y de la comunicación, la base de Quart de Poblet es actualmente un referente a nivel mundial en el ámbito de la tecnología de la información y de la comunicación, y tiene vocación de convertirse paulatinamente en un centro de transformación digital de todas las Naciones Unidas, su «campus digital.

Según el Gobierno, este centro ha supuesto un polo de atracción de talento, generando empleos cualificados y una red de contactos con universidades y empresas españolas del sector tecnológico, además del empleo indirecto asociado a la presencia de numeroso personal expatriado.

La base tiene ahora alrededor de 480 trabajadores de Naciones Unidas y contratados externos, todos ellos de un alto nivel técnico. Alrededor del 60% de ellos son españoles. Está previsto que en diez años doble el número de trabajadores y que cuando esté completa ronde los 1.300.

En línea con el proyecto de reforma está centrado en promover la eficiencia del sistema de las Naciones Unidas, esta organización tiene previsto crear su propio sistema de «nube» para evitar depender de empresas internacionales, abaratando costes y ganando en independencia. Uno de los dos nodos de la nube se instalará en la Base; el otro, en Ginebra. Éste es uno de los muchos proyectos que se están desarrollando y que consagra a la Base como campus digital y favorece su expansión.

«Como muestra de su compromiso con este proyecto, en 2019 España cedió 24.000 m2 adicionales de terreno, lo que permitirá doblar la extensión de la base», ha indicado el Gobierno. En septiembre de 2020 comenzó la construcción de un tercer edificio de oficinas con unos 110 puestos de trabajo por seis millones de euros financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se inaugurará en abril de 2022.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha liquidado este jueves a la política de dispersión utilizada en la lucha contra ETA al aprobar siete traslados de presos, entre ellos Iñaki Bilbao y los otros tres internos que continuaban en cárceles de Andalucía.

Hasta cárceles del País Vasco irán Andoni Murga Zenarruzabeitia, de Zaragoza a San Sebastián, y Jon Zubiaurre Aguirre y Liher Aretxabaleta Rodríguez, que dejarán la prisión de Burgos para ir a la de Álava.

Iñaki Bilbao Goicoetxea, ‘Txikito’, es uno de los presos que se beneficia de la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que dejará el Centro Penitenciario de Puerto III de Cádiz para ir a Topas, en Salamanca.

AMENAZAS A JUECES

Ingresó en prisión el 31 de marzo de 2002 y cumple una condena de 68 años y siete días por asesinato, el del concejal Juan Priede Pérez, colaboración con banda armada, amenazas y daños. No consta acumulación jurídica de su condena, según ha informado Instituciones Penitenciaria, que añade que se ha dispuesto su progresión a segundo grado a propuesta de la junta de tratamiento de Puerto III.

Iñaki Bilbao cuenta con un historial de incidentes penitenciarios, huelgas de hambre –la última en 2020– y amenazas directas a varios jueces, motivo por el que fue condenado. Apartado de la disciplina del EPPK, el colectivo de presos de ETA, ‘Txikito’ es miembro destacado del Movimiento Pro Amnistía y contra la Represión (ATA).

De la prisión de Puerto III saldrán otros tres presos de ETA: Daniel Pastor Alonso, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Oscar Barreras Díaz, que irán a las cárceles de Zaragoza, León y Logroño, respectivamente. Con esta decisión, los 192 presos etarras que cumplen condena en España se encuentran en la actualidad en cárceles situadas entre Madrid y el norte peninsular.

ATENTADOS CON VÍCTIMAS MORTALES Y NIÑOS HERIDOS

Daniel Pastor Alonso, otro de los presos que deja la cárcel gaditana, fue condenado en 2013 a 485 años por el asesinato de Luis Conde de la Cruz. Ese mismo año fue condenado a 45 años de prisión por el atentado que acabó con la vida de Eduardo Antonio Puelles García.

Además, en 2013 la Audiencia Nacional le condenó a 3.860 años de prisión por colocar la furgoneta bomba que estalló frente a la casa cuartel de Burgos en la madrugada del 29 de julio de 2009 y que dejó 160 heridos de diversa consideración, entre ellos 41 niños.

Jesús María Echevarría Garaicoechea también tiene una condena como autor del asesinato de Antonio Molina Martín, mientras que el cuarto etarra que dejará la prisión de Puerto III, Oscar Barreras Díaz, fue juzgado y condenado en 1999 por matar a Luis Andrés Samperio Sañudo.

TODOS DE MADRID HACIA EL NORTE

«Todos los presos se encuentran ya en prisiones de Madrid hacia arriba, ya no hay ninguno en ninguna cárcel al sur de la capital», ha señalado en un comunicado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha censurado que se ponga fin a la política de dispersión sin exigir colaboración con la Justicia.

Además, la AVT lamenta que el fin de la dispersión llegue con el traslado de Iñaki Bilbao, recordando sus declaraciones sobre que volvería a atentar. La asociación teme que la decisión de progresar a los condenados por terrorismo al segundo grado anticipe la «impunidad» a través de permisos, la libertad condicional «o incluso indultos».

Según los datos de la AVT, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018 se impulsó un cambio de política penitenciaria que ha propiciado 247 traslados correspondientes a 201 etarras. Al País Vasco o Navarra se han aprobado 66 acercamientos, de ellos 13 por tercer grado y 7 por enfermedad.

Son 96 los terroristas beneficiados por el cambio de prisión, acumulando entre todos 295 víctimas en 215 atentados. En este tiempo también se han aprobado 22 progresiones al tercer grado, pasando la práctica totalidad del resto al segundo grado o régimen ordinario, lo que permite solicitar permisos penitenciarios en cumplimiento de la legislación.

La AVT tiene contabilizado una docena de etarras que no han sido trasladados en los tres años de Gobierno de Pedro Sánchez, aunque todos ellos se encontraban ya o en el País Vasco o en cárceles situadas en la mitad norte. En el listado figuran nombres como el de Gorka Palacios, preso preventivo en Madrid. En cárceles madrileñas están también Natividad Jáuregui, José Ignacio Reta de Frutos e Iurgi Garitagoitia Salegui.

El tabaco y el alcohol son las drogas legales más consumidas en la población mayor de 64 años, seguidas de los hipnosedantes; y entre las ilegales, el cannabis y la cocaína incrementan su presencia en este grupo de edad y los datos indican una tendencia ligeramente ascendente en su consumo, según muestra el informe ‘Informe Anual sobre alcohol, tabaco y drogas ilegales en España’, publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad.

Los datos, que son recopilador por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) de las diferentes fuentes y sistemas de información sobre el consumo y demanda de drogas, muestra que las prevalencias de consumo son mayores en los hombres y en el grupo de 15 a 34 años, salvo en el caso de los hipnosedantes y los analgésicos opioides, que se dan en mujeres y grupos de edad más avanzada.

La percepción de riesgo ante el consumo de drogas se mantiene en niveles elevados mientras que la disponibilidad percibida desciende moderadamente, con el cannabis como la droga más disponible. El 59,4% de la población considera que es fácil o muy fácil conseguirlo.

En 2019 se registraron 50.035 admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias ilegales, más de la mitad de ellas (54,9%), por primera vez en la vida. La cocaína se mantiene como la droga que mayor número de ingresos causó (44,7% del total), seguida del cannabis (28,4%) y de los opioides (22,3%).

Sin embargo, en el caso de personas menores de edad, la droga mayoritaria es el cannabis (95,2% del total). En estos casos, la mayoría de las admitidos fueron varones (82,9%) y la edad media se situó en los 35,6 años, mantenido la tendencia ascendente de las últimas décadas.

Cabe destacar que la cifra de personas con antecedentes de inyección alcanza este año su mínimo histórico (4,6% de los admitidos se ha inyectado en el último año) y también la prevalencia de positividad para enfermedades infecciosas como VH, VHC o VHB, que muestran una tendencia descendente entre los admitidos, en particular entre aquellos con antecedentes de inyección.

Por otro lado, el volumen de ventas de alcohol, cigarrillos y cigarros ha disminuido en 2020 en relación al año anterior, no ocurriendo lo mismo con la picadura de pipa, sobre todo, seguido de la picadura de liar. En cuanto a las drogas ilegales, la cantidad de heroína y cocaína incautada ha disminuido respecto del 2019, no ocurriendo lo mismo con el hachís y el éxtasis.

URGENCIAS HOSPITALARIAS RELACIONADAS CON DROGAS

En lo referente a las urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, en 2019 el 50,7% se relacionó con cocaína, el 50,6% con cannabis y el 15,2% con opioides, teniendo en cuenta que, en el 60% de los casos, se encontraron al menos dos sustancias relacionadas. Continuando con el patrón de años anteriores, la mayoría de los casos fueron hombres (74,3%) y la edad media continúa su tendencia ascendente (34,1 años en 2019).

En 2019 se notificaron al Registro específico de mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 920 defunciones, la mayoría hombres (80,8%). En el 90,2% de los casos se encontró más de una sustancia en el análisis toxicológico, siendo las más habituales los hipnosedantes (66,8% del total), la cocaína (60.3%) y los opioides (59%).

En 2019, el perfil de las personas fallecidas, al igual que ocurre en los últimos años, es el de un hombre mayor de 44 años, soltero, que ha consumido recientemente una combinación de sustancias, pero que no muestra signos recientes de venopunción y tiene serología VIH negativa.

En cuanto a las estimaciones de consumo problemático, el 4,2% de la población de 15 a 64 años estaría realizando un consumo de riesgo de alcohol y el 1,9 %, de cannabis, con cifras en ambos casos mayores entre los hombres y los menores de 35 años.

El número de consumidores problemáticos de heroína, al igual que el de personas que se han inyectado drogas recientemente (último año), continúan su tendencia descendente, situándose entre los niveles más bajos de la serie histórica.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, ha ordenado a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que «se abstenga de excluir» de sus competiciones organizadas a los clubes fundadores de la European Super Leage, conocida como la Superliga, y ha subrayado que de incumplir con lo señalado incurriría en un delito de desobediencia.

En un auto emitido este jueves, también ha requerido a la confederación que «anule, deje sin efecto y archive» los procedimientos disciplinarios incoados al Real Madrid, a la Juventus y al Fútbol Club Barcelona.

En este sentido, ha reprochado a la UEFA que iniciara los procedimientos contra los clubes y ha asegurado que estos suponen «un desprecio notorio a las medidas cautelares acordadas en el auto de 20 de abril de 2021», en el que el magistrado prohibía a la FIFA y la UEFA que anunciaran o prepararan medidas disciplinarias o sancionadoras durante la investigación.

«Las actuaciones de los demandados (…) a procurar la inefectividad de una resolución judicial y de anular los efectos que pudiesen derivarse del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la cuestión prejudicial comunitaria planteada por éste órgano jurisdiccional entran en abierta confrontación con los principios esenciales de un Estado en Derecho», ha señalado el juez.

QUE LEVANTE LAS SANCIONES

En el marco de su resolución, el titular del juzgado ha acordado también que se levanten las medidas y compromisos impuestos por la UEFA a varios de los clubes fundadores de la Superliga.

En concreto, ha reclamado que se «deje sin efecto» la «sanción encubierta consistente en la reducción del 5% de los ingresos» y la «contribución al Fondo de Solidaridad con 15 millones de euros»; así como la obligación impuesta de proceder a disolver la Superliga y de poner término a los procedimientos judiciales iniciados por la nueva competición.

En el auto, a su vez, ha ordenado a la UEFA que levante la penalidad de 100 millones de euros en caso de incumplimiento de los compromisos de acuerdo, en particular si pretenden participar en la Superliga.

En definitiva, ha concluido que debe quedar sin efecto «cualesquiera otros términos del acuerdo que tenga el efecto de impedir o dificultar de forma directa o indirecta la preparación de la Super Liga Europea de fútbol».

El magistrado ha asegurado que todas estas «sanciones encubiertas» impuestas a estos clubes también «suponen un claro incumplimiento» del auto de medidas cautelares que acordó el pasado abril.

Ahora, según ha precisado, la UEFA deberá publicar en su página web las acciones acordadas por el magistrado en cumplimiento del auto de medidas cautelares. Contra la resolución de este jueves cabe interponer recurso de reposición en un plazo de cinco días.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha encorajado este jueves a los jóvenes a aprovechar las «enormes oportunidades» actuales y a tener la responsabilidad y la oportunidad de «poner al planeta en la dirección correcta». «No conseguimos evitar un mundo de fragilidades», ha lamentado, aunque ha insistido en que nunca hay que pensar que «todo está perdido».

La pandemia, la emergencia climática, la digitalización y el desarrollo económico desigual son algunos de los desafíos que ha apuntado el portugués en un encuentro en el Palau de les Arts de València con una veintena de universitarios junto a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

«Vuestra generación tiene la responsabilidad, y espero que también tenga la oportunidad si no continuamos haciendo el tonto», ha manifestado, y ha advertido más tarde que «la irracionalidad se multiplica» ligándolo a los nacionalismos.

El titular de Naciones Unidas también ha prevenido contra el populismo, la xenofobia y el racismo, y ha pedido a los jóvenes que sean conscientes de que son privilegiados porque pertenecen «al 2% más rico del mundo».

Pero, a su juicio, si algo necesita la sociedad global es solidaridad y «encontrar formas de trasladarla» para conseguir los cambios necesarios. «Todos los días me voy a dormir enfadado con el mundo, pero al mismo tiempo hay tantas cosas que podemos hacer que nunca debemos resignarnos», ha reivindicado.

LAMENTA QUE NO HAYA UN PLAN GLOBAL DE VACUNACIÓN

El virus es la «primera fragilidad» que ha señalado, «sin control en el mundo» y con el peligro de que haya una mutación que «resista las vacunas». Ha lamentado que no haya sido posible establecer un plan global de vacunación para que las dosis lleguen a todos los países.

Como segunda amenaza ha apuntado el clima, al estar «muy cerca» del límite de 1,5 grados de calentamiento global, por lo que ha pedido el compromiso de la comunidad internacional para lograr las cero emisiones netas en 2050. «Mi generación –ha lamentado– no es capaz de garantizar una respuesta global porque no estamos movilizando la solidaridad necesaria y hay desconfianza entre los países desarrollados».

La digitalización es el tercer reto para Guterres, ante la ausencia de una regularización mundial para que «sea en beneficio de todos y no se convierta en un peligro», seguido por el desarrollo desigual al que «los países no tienen escapatoria». «África está condenada a un crecimiento mucho más reducido que la media, es inaceptable», ha aseverado.

En general, ha hecho notar que los países no están a la altura de las potencialidades, los retos y las necesidades y, por contra, ha puesto en valor el enorme potencial de la ciencia y de las nuevas generaciones para «cambiar la mala dirección en la que estamos».

La ministra, que hasta «hace poco» fue directora del Centro de Comercio Internacional, ha coincidido en su breve intervención en que la responsabilidad es el principal valor del mundo. «Es lo que nos toca a todos los que vivimos en democracia; la participación es responsabilidad, la concienciación es responsabilidad y la solidaridad es responsabilidad», ha constatado, para defender la ONU como la suma de voluntades en todas sus dimensiones, desde los ciudadanos a las empresas y los partidos políticos.

«FALTAN OPORTUNIDADES PARA DEMOSTRAR LO QUE VALEMOS»

El encuentro ha arrancado con una reflexión de los jóvenes de cara al futuro de Naciones Unidas, tras su 75 aniversario en 2020, para combatir la brecha generacional actual y tejer una «alianza de generaciones» y no solo de civilizaciones.

Bajo este prisma, sus peticiones han ido desde convertir a la ONU en algo más cercano, y que «el nacionalismo no sea más atractivo que el multilateralismo», a que haya más diálogo entre los países y se puedan lograr acciones reales.

La mayoría de los participantes en el coloquio se han mostrado optimistas, aunque algunos han recordado que es conveniente «estar preparado para lo peor» y otros han pedido más determinación y educación en valores. También han destacado que los avances médicos podrán prevenir futuras pandemias y han prevenido contra el escepticismo.

Una de las jóvenes se ha mostrado como «pesimista impotente» al formar parte de una generación muy preparada que no puede hacer «nada» y otra ha coincidido en que los jóvenes de hoy carecen del «empoderamiento para tomar decisiones». «Tenemos mucho que decir, pero ¿dónde se nos escucha?», se ha preguntado.

«Nos faltan oportunidades para demostrar lo que valemos, no tenemos herramientas y empezamos desde abajo», ha resumido otro universitario, mientras otro de los optimistas ha recordado que la realidad es la que es y que «lo mínimo» que pueden intentar es mejorar la situación actual.

Como desafíos, los jóvenes han situado el acceso global a la sanidad y a la educación, «más comunicación entre los que tienen el poder y los individuos» o la falta de desarrollo tecnológico nacional, aunque una ha remarcado que «la digitalización masiva también comporta un gasto energético masivo.

Otros de los retos que ven urgentes son que los refugiados sean acogidos en todos el mundo porque «la inmigración va a ir a más», que no haya que salir de tu país para trabajar o que la sociedad vuelva a «conectar con el mundo» y no sea tan egoísta. «Acabas viendo imágenes de una guerra por televisión y no sientes nada», ha lamentado uno de los estudiantes.

Pero algunos creen que hay «oportunidad de reimaginar el mundo y estar unidos. «Si no podemos poner solución a esto, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas si no podemos hacer que la gente no sufra», ha lamentado una de las jóvenes.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que es conocedor de que en plazas y localidades gallegas hay botellones y otras «concentraciones ilegales», por lo que ha urgido la actuación de las autoridades locales y también de la policía para evitar que se incumplan las normas y puedan producirse situaciones similares al ‘macrobrote’ de Mallorca.

En su reflexión inicial sobre la evolución de los datos covid en la Comunidad, el presidente gallego ha defendido que la situación en Galicia, con el foco en la presión asistencial e incluso en la tasa de positividad, sigue siendo mejor que la de España; pero también ha ratificado que los contagios han empeorado a raíz de la desescalada y «de una forma muy especial» con los casos asociados al brote balear.

En el turno de preguntas, ha admitido que la «preocupación» existe y es preciso «monitorizar y diagnosticar» la situación de forma adecuada. Al tiempo, aunque ha evitado focalizar sus reproches en el Gobierno balear, ha advertido que resulta evidente que «hay responsabilidades» en lo ocurrido, pues que «hubo un incumplimiento sistemático de las normas».

Feijóo considera «sorprendente» que se pudiese celebrar un concierto en una plaza de toros en el que, en un momento determinado, dejaron de cumplirse las normas, y que, a renglón seguido, los jóvenes continuasen de fiesta y sin cumplir las medidas en el paseo marítimo y en la playa. Así, aunque ha rechazado entrar en una «discusión» sobre lo ocurrido en otra comunidad, ha insistido en que «hay distintas responsabilidades».

«La policía municipal tiene que controlar la playa, para lo que puede tener el auxilio de la nacional», ha ejemplificado, antes de subrayar que, lo que resulta evidente es que, si se hubiesen respetado las normas de las mascarillas y las distancias de seguridad, no se hubiese producido un brote de este calibre.

Ha agregado que la gestión de los protocolos depende de los gobiernos autonómicos y que los promotores de los eventos también tienen sus propias responsabilidades.

ACTUAR «DE FORMA MÁS RÁPIDA»

«Si cumplimos las normas, el nivel de seguridad es alto; si se incumplen, por el contrario, la seguridad desaparece», ha sentenciado, antes de dar a entender que en Galicia también se podrían dar situaciones preocupantes si no se atajan los «botellones» y otras «concentraciones ilegales» que –ha afirmado– hay en algunas localidades.

Feijóo no ha dado nombres, pero ha anticipado que este viernes está previsto que el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, participe en una reunión con las fuerzas y cuerpos de seguridad para intentar poner coto a este tipo de prácticas. De forma concreta, ha puesto el foco en las autoridades locales y en el papel de la policía municipal.

Y es que a su juicio, se debería actuar «de forma más rápida y preventiva». «Como vecino de Galicia veo concentraciones ilegales y gente que llama para denunciar sin que se reciba atención o esta llega muy tarde», ha advertido.

EL OCIO, «EN SITUACIÓN DELICADA» SI NO SE CUMPLEN LAS NORMAS

«Si se cumplen las normas, el ocio es posible. Si no se cumplen estará en una situación muy delicada», ha advertido, en su intervención, el presidente autonómico, antes de apelar a la responsabilidad individual y de recalcar que los empresarios de este sector tiene «todo el derecho a llamar la atención sobre el incumplimiento» de las medidas y los efectos de lo que ha calificado como «ocio descontrolado».

Por parte de la Xunta, ha reivindicado las ayudas proporcionadas por la Xunta al ocio nocturno tanto a través de apoyos directos como indirectos. «No creo que haya muchas comunidades que puedan acreditar este apoyo», ha zanjado.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que se debe mirar el aumento de la incidencia del coronavirus en Cantabria en los últimos días con «preocupación» y tomando las «medidas oportunas» por parte de la Consejería de Sanidad pero sin «pánico».

«Lo que no podemos hacer es cortar la dinámica de la actividad económica. Seguir adelante, y desde luego tomar las medidas oportunas, vacunarnos y precaución a quienes no la están tomando ahora», ha afirmado Revilla al ser cuestionado por el aumento de la incidencia en Cantabria, situándose a la cabeza de España.

Según los últimos datos, en Cantabria la incidencia a 14 días se sitúa en los 218 casos por cada 100.000 habitantes, y en 139 a 7 días, siendo la población joven la más afectada por los nuevos contagios.

De hecho, la incidencia a 14 días se sitúa en más de 700 casos por 100.000 habitantes entre el colectivo de 20 y 30 años, y en más de 400 entre los jóvenes de 16 a 19 años.

Revilla ha afirmado que «esto de la pandemia va por barrios» y ha recordado que hay comunidades autónomas que en un momento son la mejor y en dos meses pasa a ser la peor, citando como ejemplo a Asturias.

El presidente ha señalado que, hasta ahora, Cantabria «siempre ha estado entre las mejores en todos los aspectos», no ha habido nunca nadie que haya precisado hospitalización que no la haya tenido y, a su juicio, el Servicio Cántabro de Salud «ha funcionado de manera extraordinaria».

Ha achacado el aumento de la incidencia en Cantabria a los brotes entre la gente joven, algo que, según ha dicho, «probablemente» ha estado relacionado con el hecho de que durante unas semanas no hubiera limitación en el horario del cierre de la hostelería y el ocio nocturno después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria echara para atrás la limitación que había fijado el Gobierno regional.

«Probablemente ahí haya estado uno de los motivos del incremento importante en Cantabria», ha indicado el presidente, que ha señalado que los tribunales superiores de justicia en España «están actuando de manera bastante dispar», actuando en unos lugares «de una manera» y en otros «de otra.

Y cuestionado por las acciones que se pueden adoptar desde el Gobierno para atajar la situación en Cantabria, Revilla ha vuelto a insistir en que debe ser la Consejería de Sanidad la que decida las medidas.

El presidente cántabro ha vuelto a subrayar que él «jamás» ha interferido en las decisiones de Sanidad, un modo de actuar que, a su juicio, es el que deben tener los políticos en una materia como esta, «estrictamente sanitaria».

«Lo que diga Sanidad. Me podrá gustar más o menos como presidente pero jamás va a tener interferencias por parte del presidente», ha reiterado Revilla, que ha vuelto a repetir que él «no tiene ninguna competencia» en la apertura o el cierre de la hostelería.

El presidente ha garantizado que se tomarán «las medidas oportunas» y ha señalado que, pese al aumento de la incidencia de los últimos días, en este momento la preocupación «es mucho menor» y la situación no es comparable a la de otros tiempos cuando había una alta ocupación hospitalaria y en las UCIs.

Ha recordado que, según los últimos datos, Cantabria tiene a una persona en la UCI y solo 20 hospitalizados por coronavirus. «Hay que mirar esto con preocupación pero que no haya pánico», ha apostillado.

Revilla ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, tras el acto de inauguración de las Naves de Gamazo como sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ENAIRE.

El Comité Europeo de las Regiones (CDR, por sus siglas en inglés) ha pedido a la Unión Europea (UE) «determinación» y «corage» para atender las necesidades de los países mediterráneos y la protección del Mar Mediterráneo, al considerar que requieren «una atención especial» de los Estados miembros.

En este sentido, este 30 de junio, el CDR adoptó una serie de recomendaciones en las que ofrece una perspectiva «local» y «regional» sobre la estrategia revisada de la región mediterránea, que se acordó en abril de 2021 y que enfatiza en la necesidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. En febrero de 2021, la UE ya anunció un Plan Económico y de Inversiones para los países del sur que apoyaba una decena de iniciativas centradas en la resiliencia y el desarrollo económico.

«Sobre muchos temas importantes, desde el medio ambiente a la seguridad, de las políticas de juventud a la protección de los derechos, de la migración a la movilidad, la UE y la relación mediterránea es fundamental para el equilibrio económico, social, humanitario y de seguridad de nuestros países», defiende Vincenzo Bianco, miembro del Ayuntamiento de Catania (ITalia) y del CDR y ponente sobre la ‘Alianza renovada con los vecinos del Sur: Una nueva Agenda para el Mediterráneo’.

«La renovada atención prestada por la Unión a su vecindario sur es un factor positivo, pero no suficiente. Pedimos a la UE que sea más decidida y valiente a la hora de garantizar un mayor papel de los entes locales y regionales, con el fin de permitir la creación de una forma real de gobernanza multinivel. Nuestro futuro, que en gran medida y en muchos aspectos es verdaderamente un futuro común, depende de estas decisiones», apostilla.

Las recomendaciones del Comité describen a las autoridades locales y regionales del sur como «clave» en el desarrollo sostenible. El dictamen señala que «casi el 50% de la población del sur tiene menos de 25 años» por lo que elogia el apoyo al emprendimiento juvenil que consta en la agenda de la UE y subraya el compromiso del CDR con la promoción de la mujer, el empoderamiento y la igualdad de género como eje esencial para promover la estabilidad y desarrollo socioeconómico de la zona.

El documento también enfatiza en la necesidad de apoyar la agricultura en la región, sugiriendo que la UE debería intentar desarrollar una estrategia conjunta para la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en el Mediterráneo; apoyar una transición agroecológica hacia prácticas que preserven el suelo y la agrobiodiversidad e implementar sistemas alimentarios sostenibles, desde la producción hasta el consumo. Además, aboga por una colaboración más profunda entre ciudades y regiones de la región mediterránea y homólogos en la Unión Europea.

Por otro lado, el CDR acoge con satisfacción la decisión de la UE de aumentar la financiación destinada a ciudades y regiones en su nuevo presupuesto, desde 2021 hasta 2027. Sin embargo, cree que el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) debería dedicar más fondos a los objetivos relacionados con el clima, incluido el apoyo a iniciativas para proteger el mar Mediterráneo.

EXTRAPOLAR EL MODELO LIBIO

Las recomendaciones mencionan específicamente el trabajo del CDR con las ciudades libias como un modelo que podría desarrollarse y seutilizado más ampliamente. El CDR ha estado ayudando a las ciudades libias a encontrar socios en la UE desde 2016, un proceso que dio lugar a proyectos y alianzas y que, desde 2021, ha dado lugar a programas apoyados a través del presupuesto a largo plazo de la UE.

A través de estas alianzas, el CDR está ayudando a las ciudades libias a mejorar no solo su prestación de servicios básicos, como la gestión de residuos y la gestión del agua, sino también al desarrollo de su capacidad administrativa, ser capaces de ejecutar proyectos de consolidación de la paz entre los jóvenes y desarrollar la industria pesquera local.

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) acoge con satisfacción el nuevo compromiso del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de recaudar la parte de los fondos dedicados a la acción climática para 2025, el desarrollo de la hoja de ruta del Banco del Clima y el sistema de evaluación de riesgos climáticos (CRA) del BEI, pero ha instado a reducir la burocracia y simplificar el acceso a dichos fondos.

El CDR ha adoptado sus propuestas sobre adaptación climática en el dictamen ‘Forjar una Europa resiliente al clima: la nueva estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático’, que se ha expuesto este jueves en una sesión plenaria.

Durante su presentación en la sesión plenaria del CDR, Markku Markkula, presidente del consejo municipal de Espoo y presidente de la región de Helsinki, ha instado a «empezar por reducir la burocracia y simplificar el acceso a la financiación de la UE».

«También necesitamos mayor ambición para fomentar medidas precursoras, innovaciones sociales e incentivos sólidos basados en el mercado para implementar nuevas tecnologías de reducción de CO2. Los municipios y las regiones deben elaborar sus propios planes de acción Green Deal Going Local, en estrecha cooperación con el mundo académico, los institutos de investigación y empresas privadas. Para ello, las nuevas soluciones de huella de carbono para productos, sistemas y servicios son cruciales», ha comentado.

El Comité pide también a la industria europea que inicie e invierta en el desarrollo empresarial de la huella de carbono, como la mejora de la eficiencia energética, la reducción del uso de materiales, la introducción de materias primas respetuosas con el clima, la reducción de la cantidad de residuos, la ampliación de la vida útil de los productos y la mejora de su usabilidad.

Asimismo, reclama políticas basadas en la demanda, incentivos de mercado, que se tenga en cuenta como criterio de contratación pública la huella de carbono y que se acelere la cooperación con el mundo académico y las empresas para impulsar la innovación a gran escala, los productos, servicios y soluciones sostenibles y basados en la naturaleza.

A pesar de que se estima que las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2020 caigan un 35% por debajo de los niveles de 1990, el repunte económico tras el COVID-19 podría provocar que las emisiones vuelvan a aumentar. Alrededor del 40% de las ciudades de la UE con más de 150.00 habitantes han adoptado planes de adaptación al clima.

Markku Markkula, expresidente del CDR, destaca la necesidad de poner fin a las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles, como las exenciones fiscales existentes para el combustible de aeronaves, y de garantizar un sistema eficaz de fijación de precios del CO2 que incluya un mecanismo de ajuste de las fronteras del carbono para eliminar fugas de carbono y proteger a las empresas contra prácticas anticompetitivas.

El dictamen del CDR pide a los entes locales y regionales que utilicen la contratación pública para acelerar la demanda de productos y servicios innovadores y sostenibles, aplicar soluciones de adaptación basadas en la naturaleza en las zonas urbanas verdes y proteger y restaurar la capacidad de captura de carbono de los bosques.

REDUCIR EMISIONES DE METANO

Por su parte, Maria Spyraki, miembro del Parlamento Europeo, ha afirmado que «ninguna política de adaptación climática tendrá éxito a menos que tenga en cuenta las necesidades, puntos de vista y experiencia de las regiones y ciudades». «Necesitamos coherencia y coordinación entre las políticas de la UE y la combinación adecuada de mecanismos de mercado, impuestos, medidas de financiación, disposiciones legales y compromisos voluntarios del sector público para atraer inversiones en adaptación climática», ha señalado.

A su juicio, abordar el cambio climático significa reducir las emisiones de GEI. El metano es un GEI que calienta el planeta 86 veces más que el dióxido de carbono (CO2). Por lo tanto, insta a negociar un acuerdo principal sobre las emisiones de metano en la próxima COP26 en Glasgow, con el fin de establecer un marco regulatorio global del metano en 2021.

EL CDR ANIMA A UTILIZAR COPERNICUS

Los miembros instan a la Comisión Europea a recomendar encarecidamente a los Estados miembros que involucren a los gobiernos subnacionales en la elaboración de estrategias nacionales de adaptación al clima, que incluyan desgloses regionales y que apoyen el desarrollo de planes regionales y locales de adaptación al clima.

También proponen ampliar el alcance del Observatorio Europeo del Clima y la Salud en el marco de Climate-ADAPT para incluir también los efectos de la urbanización y el envejecimiento como parte de su misión de recopilar, monitorear y analizar datos, herramientas y experiencia para prevenir los efectos del cambio climático sobre la salud humana.

Del mismo modo, el Comité pide una rápida implementación de las misiones de Horizonte Europa planificadas, incluidas las dos misiones centradas en el clima (‘Una Europa resiliente al clima’ y ‘100 ciudades climáticamente neutrales para 2030’). En este sentido, el Comité subraya su compromiso de cumplir el plan de acción conjunto, firmado en noviembre de 2020 con la comisaria Mariya Gabriel, y está dispuesto a cooperar con el Centro Común de Investigación (CCI) para organizar actividades de investigación y aprendizaje.

Sobre digitalización, datos y espacio, el CDR destaca la importancia de utilizar sistemas de información preventivos, sistemáticos y completos, como Galileo y Copernicus, para anticipar los riesgos relacionados con el clima, y anima a los entes locales y regionales a utilizar los servicios de cambio climático de Copernicus (C3S).

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una propuesta del Grupo Parlamentario Popular, con el voto en contra del PSOE, para pedir al Gobierno que adopte las medidas oportunas para compensar con ayudas económicas a todos los sectores afectados por la no realización por segundo año consecutivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

A través de una Proposición no de Ley (PNL) en la comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, la diputada por la provincia de Cádiz, Pilar Pintor, ha recordado que esta operación implica el desplazamiento de tres millones de personas y el paso de 750.000 vehículos a través de los puertos de Algeciras, Tarifa, Málaga o Motril, entre otros, y ha destacado especialmente que los de Algeciras y Tarifa asumen el 80% de la OPE que afecta a los puertos españoles, según ha informado este partido por medio de una nota.

Pese a que el Gobierno de Marruecos aduce razones sanitarias para cancelar la OPE, Pintor recordó que «a nadie se le escapa que la crisis diplomática entre España y Marruecos ha tenido más peso que la crisis sanitaria», y remarcó que tanto en España como en los países de origen de estos viajes «ya hay un importante porcentaje de población vacunada».

Es más, apostilló que «Marruecos ya ha inoculado una dosis a casi el 25% de su población y es el país de África con mayor inmunización».

La diputada por Cádiz ha explicado que para poder llevar a cabo la OPE, «el transporte de pasajeros podría realizarse desde puertos españoles, además, con garantías y con todas las medidas sanitarias y protocolos anticovid necesarios, así como con las mismas exigencias de presentación PCR que el Reino de Marruecos impone para las salidas desde puertos de Italia y Francia para garantizar la máxima seguridad sanitaria para los viajeros».

Durante la defensa de la Proposición no de Ley, Pintor ha lamentado que la no realización de la OPE supone «un duro golpe a la economía y al empleo andaluz».

En este sentido, expuso que en caso de lo de los puertos de Algeciras y Tarifa la cancelación no sólo afecta a las empresas que realizan su actividad durante todo el año y que han visto agravada su situación económica, sobre todo, navieras, agencias de viaje, empresas de avituallamiento de barcos, taxistas, hoteles, sino que también ha repercutido a las contrataciones temporales que se realizaban para cubrir las necesidades derivadas del incremento de la actividad portuaria y servicios anexos.

Concretó que en el caso de la comunidad portuaria de Algeciras se han calculado unas pérdidas cercanas a los 500 millones de euros, y ha recalcado que «lo único que pretendemos con esta PNL es que el Gobierno de España, responsable de la parte española de la OPE, establezca líneas de ayudas económicas urgentes a todos los sectores afectados».

Pintor ha criticado además que el Gobierno de España avale la decisión de Marruecos y ha lamentado que la ministra portavoz Montero defienda al país vecinos porque «responde a criterios estrictamente sanitario.

«Es lamentable que la ministra diga que estamos peor que el año pasado, ignorando la evolución de la pandemia y la vacunación que se está llevando a cabo en toda Europa», ha reprochado Pintor.

El Parlamento de Andalucía manifestó la necesidad al Gobierno de España de reconducir e intensificar las relaciones diplomáticas con Marruecos, así como a instar al Gobierno marroquí a reconsiderar su posición y permitir la OPE a través de los puertos españoles con los protocolos y las medidas de seguridad pertinentes.

El Parlamento también ha manifestado su posición favorable a que desde el Gobierno de España se adopten, en su caso, las medidas oportunas a fin de compensar a través de ayudas económicas a todos los sectores especialmente afectados por la no realización por segundo año consecutivo de la Operación Paso del Estrecho, a pesar del voto en contra de los diputados socialistas.

España fue el país de la Unión Europea que más solicitudes de participación en el programa Erasmus+ recibió en 2021, con un total de 2.817, según ha informado este jueves Alfonso Gentil, director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie).

Gentil ha inaugurado el seminario ‘Los desafíos del nuevo programa ErasmusPlus’, que dirige y que forma parte de la programación de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Este ciclo analizará a través de diversos expertos la trayectoria de la iniciativa y los retos para la nueva etapa, que comienza este año y que se prolongará hasta 2027.

El director del Sepie, que ha estado acompañado en esta primera sesión por Kristijan Vukelic, de la Comisión Europea; ha recalcado que la nueva fase arranca con el propósito de ser «más inclusiva, más digital y más ecológica» en consonancia con los objetivos de la UE, y ha recordado que el programa «ofrece oportunidades de formación en todos los sectores educativos».

En este sentido, el directivo ha explicado que la etapa que ahora empieza contará con un presupuesto global cercano a los 8.000 millones de euros y se espera que proporcione movilidad a un total de 10 millones de participantes.

«Nuestro propósito se basa en la visión y la misión de valores. Estas oportunidades se deben dar para modernizar e internacionalizar nuestro sistema educativo y conseguir así una sociedad más cohesionada e inclusiva, además de un trabajo que potencie la eficiencia e innovación», ha subrayado Gentil respecto a la labor del Sepie.

Para ello, ha precisado que «nuestra misión es ayudar a gestionar de forma eficiente y transparente los fondos europeos de Erasmus+ en todos los sectores educativos, así como difundir todas las oportunidades que el programa ofrece».

En cuanto a los resultados de la etapa 2014-2020, parte que ha ocupado la mayor parte de su intervención, el director del curso ha hecho un repaso pormenorizado a la evolución de todos y cada uno de los sectores educativos, como la FP, la formación universitaria y la educación para adultos.

Dicha exposición ha mostrado una tendencia progresiva y generalizada al alza, tanto en la movilidad de profesores como del alumnado.

En ese período, ha indicado, se produjeron un total de 59.734 movilidades adscritas al programa comunitario en nuestro país, empezando con alrededor 5.000 en 2014 para terminar con cerca de 11.500 en 2020.

Lo mismo ocurrió, por su parte, con el número de proyectos financiados y con la cantidad de solicitudes recibidas.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn se reencontrarán este viernes con el expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica).

Será el primer encuentro en persona de los exconsellers con Puigdemont desde otoño de 2017, después de que los cuatro fueran excarcelados la semana pasada por un indulto concedido por el Gobierno.

Desde su salida de la prisión, todos ellos habían manifestado su voluntad de reunirse con Puigdemont en Waterloo, y lo harán en un contexto político marcado por la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Cataluña, Pere Aragonès, mantuvieron el martes, que acordó celebrar la mesa de diálogo durante la tercera semana de septiembre en Barcelona.

Sin embargo, las posiciones entre ambas partes siguen totalmente distanciadas, dado que el Govern llegará a la mesa de diálogo con su propuesta de partida de amnistía y la autodeterminación, mientras que el Ejecutivo central ha reiterado su negativa a estas premisas.

Todo ello en paralelo a la negociación que Junts y ERC deben llevar a cabo para acordar la estrategia independentista, tras las discrepancias que generó que el líder republicano, Oriol Junqueras, descartara recientemente la vía unilateral.

Para Junts, renunciar a la vía unilateral y asegurar, como dijo Junqueras, que la actitud del Gobierno es la mejor de la última década, sólo se entiende «en la estrategia y la necesidad de articular el apoyo de ERC al que llaman el gobierno más progresista de la historia», sostuvo esta semana el secretario general del partido, Jordi Sànchez.

CRISIS INTERNAS

Aunque Junts no cuestiona la vía unilateral, el partido, que a finales de este mes cumplirá su primer año de vida, también ha tenido que afrontar crisis internas después de que Sànchez afirmara que el referéndum del 1-O fue concebido más para forzar una negociación con el Estado y lograr pactar una consulta que para proclamar la independencia.

Esto provocó que sectores críticos de Junts, ya molestos por el papel que tuvo durante las negociaciones con ERC para formar Govern, impulsaran un texto, que pedía la dimisión del secretario general del partido y que pusiera su cargo a disposición de los afiliados en forma de votación para su cese.

El 24 de julio se celebrará el primer Consell Nacional del partido, un cónclave que puede servir para calibrar la fuerza de Sànchez en el seno de la formación y para afrontar el inicio del nuevo curso político a partir de septiembre.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha abierto diligencias para investigar la posible comisión de un delito de falsedad documental y, tal vez otro de prevaricación.

Según han informado fuentes judiciales, el juez Rafael Lasala ha remitido un exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que le pide algunos documentos e informes.

El pasado 18 de abril, Brahim Ghali, llegó a España en una avión de la Presidencia de Argelia, que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza, siendo trasladado en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde ha estado ingresado durante mes y medio para ser tratado de COVID-19.

Asimismo, mediante un oficio, el juez Lasala solicita información al Salud de Aragón sobre el traslado de Ghali al Hospital San Pedro de Logroño.

SIN CONTROLES DE PASAPORTES NI ADUANAS

El Ministerio de Asuntos Exteriores permitió la entrada a España, el pasado 18 de abril, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin pasaporte y sin facilitar información sobre las personas que iban en el avión de la Presidencia de Argelia, que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza, según el jefe de Movilidad Aérea, el general José Luis Ortiz Cabañete.

Según ha publicado Heraldo de Aragón, esta es una de las respuestas que ofrece el también jefe de la Base Aérea de Zaragoza en ese momento, a las preguntas de un cuestionario remitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, sobre la entrada de Ghali y su posterior traslado a un hospital de Logroño.

Ortiz Cabañete refiere que el avión tomó tierra a las 19.25 horas, y que fue conducido a la plataforma militar, «una práctica habitual para las aeronaves de Estado». Amparada por el Reino de España «de manera permanente» por «la relación diplomática que existe con la República de Argelia, tenía autorización para aterrizar en nuestro país».

En sus respuestas Ortiz Cabañete también apunta que una vez recibidas las órdenes de Exteriores por el Estado Mayor del Ejército del Aire, el personal del avión no pasó controles de pasaportes ni trámites de aduanas, por lo que no se sabía quienes eran. Por teléfono se informó de que uno de los pasajeros estaba enfermo y era argelino. Una ambulancia llegó a la Base para recogerle, aunque no detalla si era del Salud de Aragón o de La Rioja. El paciente fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.

El general asegura que al recibir el cuestionario del Juzgado de Zaragoza fue remitido al Estado Mayor del Ejército del Aire, desde donde precisaron que las órdenes a la Base Aérea de Zaragoza fueron dirigidas desde el gabinete de la ministra Arancha González Laya.

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, considera necesario que las plataformas paguen impuestos para financiar los medios públicos y todos tengan «las mismas reglas».

«Es hora de unirse y de demandar a nuestros gobiernos y a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) políticas para la protección y promoción de nuestros servicios públicos», ha añadido tras ser elegido por unanimidad nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de la UER durante la 86ª Asamblea General, celebrada este jueves de forma virtual.

Así lo ha dado a conocer la Corporación pública, que ha destacado que «RTVE vuelve de esta manera a ocupar un puesto en este órgano del que estaba ausente desde el año 2014».

En este contexto, Pérez Tornero ha defendido su candidatura expresando su convicción de que los medios públicos son «esenciales» para la democracia, así como la necesidad de modernizarse y adaptarse «a la nueva era digital».

El presidente de RTVE ha sido elegido como representante en el Consejo Ejecutivo de los países mediterráneos y se ha marcado como objetivo «unir las dos orillas».

El Consejo Ejecutivo (EXBO) es el principal órgano de gobierno de la Unión Europea de Radiotelevisión. Diseña la estrategia general de la UER, presenta el presupuesto para su aprobación ante la Asamblea General y supervisa que se lleven a cabo las decisiones que voten los miembros.

Está formado por once miembros, lo preside Delphine Ernotte, directora general de France TV, y su vicepresidente es Petr Dvorák, director general de la TV checa. Además, cuenta con nueve miembros más: Thomas Bellut (ZDF), Cilla Benkö (SR/Suecia), Marcello Foa (RAI), Monika Garbaciauskaite-Budriene (LTR/Lituania), Giacomo Ghisani, (Radio Vaticana), Sebastian Sergei Parker (Channel One/Rusia), Fran Unsworth (BBC) y Alexander Wrabetz (ORF/Austria).

En la reunión celebrada este jueves, la 86ª Asamblea General de la UER ha acordado potenciar las coproducciones internacionales de ficción y los documentales, potenciar la compra de derechos deportivos y el lanzamiento de una plataforma paneuropea de radiotelevisiones públicas.

La UER tiene 115 organizaciones miembros de 56 países y 31 asociados en Asia, África, Australasia y América. RTVE es uno de los cinco grandes contribuyentes de la UER, junto con la BBC, RAI, France TV y ZDF.