Unidas Podemos reivindicará en la manifestación del Orgullo de este sábado en Madrid el avance de derechos que supone la Ley Trans-LGTBI, cuyo anteproyecto fue aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, con una pancarta propia bajo el lema ‘Son derechos, no deseos ¡es ley!’.

La representación del espacio confederal que asistirá a la marcha del Orgullo estará liderada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, Ione Belarra.

Además acudirá la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago y la directora general de Diversidad Sexual y por los Derechos LGTBI, Boti García, así como la eurodiputada y portavoz de la dirección federal de IU Sira Rego.

Serán ellas quienes formen la primera línea de la pancarta de la formación. Pero también estarán acompañadas de las secretarias de Derechos LGTBI de Podemos e Izquierda Unida, Ángela Rodríguez-Pam y Vanesa Angustia y de la portavoz estatal de Podemos, Isa Serra, y diputadas del grupo confederal como Sofía Castañón.

«Este año la celebración del Orgullo es histórica pues celebramos que por fin avanzamos en blindar por ley muchos de los derechos de nuestros colectivos», ha afirmado Ángela Rodríguez-Pam.

Mientras, la responsable federal de ALEAS-IU ha calificado de «imprescindible» el proyecto de ley que «por fin» ha visto la luz «tras muchos años de lucha colectiva, social y política.

«Ahora no solo queremos cubrir los derechos fundamentales, sino mejorar las condiciones materiales y de seguridad de las personas LGTBIQA+ que aún vivimos acoso y agresiones, además de situaciones laborales adversas y dificultades en nuestros entornos familiares», ha añadido Vanesa Angustia.

El espacio confederal ha explicado que después de que en la celebración del Orgullo 2020 Unidas Podemos se comprometiese a elaborar una Ley Trans, esta cita llega con la aprobación de la normativa para la igualdad «real y efectiva» de las personas Trans y para la «garantía» de los derechos de las personas LGTBI, impulsada por el Ministerio de Igualdad.

«Habrá ley Trans, y eso no solo servirá para despatologizar por fin la libre determinación de la identidad de género, sino también para cuestiones tan importantes como que las mujeres lesbianas y bisexuales por fin podamos formar una familia sin las discriminaciones que aún hoy sufrimos», ha destacado Rodríguez-Pam.

Con este nuevo marco legislativo, Unidas Podemos ha destacado que se confirma «la despatologización de las personas trans, que dejan legalmente de ser consideradas enfermas, ya que no se les volverá a exigir un diagnóstico médico, si no que tendrán derecho a la autoderminación de género a través con un sistema de doble comparecencia, sin tutelas médicas ni judiciales».

También se reconoce el derecho a la filiación de hijos e hijas de parejas de mujeres, equiparando sus derechos a las parejas heterosexuales en cuanto al derecho de filiación de su descendencia sin que sea necesario el matrimonio.

Además, quedan «prohibidas» las terapias de conversión, se protegen los derechos de las personas intersexuales, prohibiendo las cirugías no imprescindibles en bebés y alargando el plazo hasta un año para determinar su sexo, así como la implementación de estrategias para el desarrollo de políticas LGTBI y Trans, impulsar la inserción sociolaboral de las personas trans y promoviendo una educación en diversidad, entre otras medidas.

MARCHA SIN CARROZAS NI ESCENARIO

La manifestación central de la fiesta del Orgullo Estatal LGTBI 2021 se celebra con medidas especiales debido a la situación de crisis sanitaria que vive el país por el Covid-19, de forma que no habrá en esta edición las características carrozas, ni tampoco escenario. El manifiesto, que también tendrá un contenido reivindicativo por los derechos trans, se leerá en la Plaza de Colón de Madrid.

La marcha comenzará a las 20.00 horas desde la Plaza de Carlos V, aunque la cabecera, que portará una pancarta con el lema ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya’, se situará para el arranque en la Plaza de Murillo, en la entrada del Museo del Prado. Los participantes recorrerán así todo el Paseo del Prado de la Capital, para terminar en la Plaza de Colón.

La organización de este evento, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid y AEGAL, ha pedido «responsabilidad» a la ciudadanía que quiera participar en el evento y ha llamado a «respetar las normas de seguridad», la «distancia social» y «el uso de la mascarilla».

La Delegación de Gobierno de Madrid ha autorizado esta manifestación y, a día de hoy esta decisión se mantiene. Según ha explicado, la previsión es que, en principio, no habrá cambios ya que la situación de pandemia oscila de forma paulatina.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no justificó la «urgente necesidad» del nombramiento de la periodista Rosa María Mateo como administradora única provisional de la Corporación RTVE en 2018.

El TC admitió en septiembre de 2018 dos recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados y senadores del Partido Popular (PP). La ponencia sobre este asunto recayó en la magistrada María Luisa Balaguer y el pleno del TC la aprobó en su reunión de la semana pasada. Pero lo hizo dividido, por lo que la decisión ha salido adelante con el voto de calidad del presidente del Juan José González Rivas, dado que ha habido un empate de cinco votos a favor y cinco en contra, por lo que también hay cinco votos particulares.

En la sentencia hecha pública este viernes, el alto tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado tercero del artículo único, y la disposición final primera del Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente, modulando el alcance de los efectos de dicha declaración.

Según ha informado el TC, en relación con la disposición final primera, el Constitucional basa su declaración de inconstitucionalidad en que la causa justificativa del Decreto-ley –la situación de extraordinaria y urgente necesidad– ha de ser explicitada por el propio Gobierno para tener por válida la asunción gubernativa de la potestad legislativa, de modo que la carencia de tal justificación determina que no pueda apreciarse la concurrencia del presupuesto habilitante.

Respecto a la impugnación del apartado tercero del artículo único, esta se basaba en la falta de respeto de los límites materiales impuestos a la aprobación de un decreto ley en el artículo 86.1 de la Constitución.

La Carta Magna establece en este artículo que, «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general».

En este sentido, el Pleno asume que tales límites no han sido respetados por cuanto las previsiones del apartado tercero, relativas al presupuesto subsidiaria de nombramiento por el Congreso de los Diputados de los cuatro miembros del consejo de administración que corresponde designar al Senado, privan a la Cámara Alta de su potestad de designación y, con ello, de una de las manifestaciones del control que dicha cámara ha de desarrollar en cumplimiento del artículo 20.3 de la Constitución.

Este artículo establece que «la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España».

Por tanto, el Tribunal Constitucional declara que, al afectar el decreto ley a lo previsto en el artículo 20.3 Constitución, incurre en la prohibición de afectar «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I» que contempla el artículo 86.1 Constitución.

«Los efectos de sendas declaraciones de inconstitucionalidad son meramente declarativos al regular los dos preceptos afectados regímenes transitorios que han dejado de desplegar, al día de la fecha, efectos sobre el ordenamiento», ha aclarado el alto tribunal.

VOTOS PARTICULARES

No obstante, el fallo contiene cuatro votos particulares. El primero formulado por el magistrado Andrés Ollero, al que se adhiere la magistrada y vicepresidenta del Tribunal Encarnación Roca, considera que la sentencia aprobada por la mayoría da a entender que el control parlamentario previsto en el artículo 20.3 de la Constitución debe ser bicameral (Congreso y Senado), lo que convertiría en inconstitucional la previsión que hurta al Senado su capacidad de elección.

En su opinión, el problema es otro; el control ha quedado reservado a una ley que habría de ser parlamentaria, dada la singularidad de la materia, lo que simplemente llevaría consigo la exclusión del recurso al decreto-ley.

Por su parte, la magistrada María Luisa Balaguer, a la que se adhiere el magistrado Juan Antonio Xiol, constata en su voto que se ha producido un cambio de jurisprudencia inadecuadamente justificado en la sentencia del Pleno, respecto de las SSTC 103 y 150/2017, a las que presentó en su día los oportunos votos particulares, a cuyo contenido se remite.

Asimismo, el voto particular formulado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón explica que no es correcta la caracterización que hace la sentencia, aprobada por la mayoría, de la previsión constitucional relativa al control parlamentario de los medios públicos de comunicación recogida en el art. 20.3 CE. En su opinión, es evidente que en tal previsión de la norma fundamental no se recoge un derecho fundamental sino un mandato dirigido al legislador, como recuerda la doctrina constitucional.

Desde su punto de vista, la sentencia puede llevar a la confusión, ya que el art.20.3 CE tiene dos partes diferenciadas. Una, el control parlamentario de los medios públicos y otra, la garantía del acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado de los grupos sociales y políticos significativos. Sólo el segundo es un derecho fundamental; el primero es un simple mandato, que puede ser regulado a través de un decreto-ley.

Por tanto, no sería correcto fundar la inconstitucionalidad del Decreto-ley impugnado que regula el control parlamentario de los medios públicos en la contravención del límite recogido en el art. 86.1 CE cuando dispone que los decretos-leyes no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I, pues no se ha afectado derecho fundamental alguno.

NOMBRAMIENTO DE MATEO

La periodista Rosa María Mateo fue propuesta para gestionar RTVE después de que el proceso de renovación fracasara con una votación fallida en la que dos diputados se equivocaron al meter la papeleta y otros dos no acudieron a la sesión plenaria.

Mateo obtuvo el respaldo del Parlamento en una votación celebrada el pasado 27 de julio, cuando recabó un total de 180 votos a favor, cuatro más de los 176 necesarios y que suponen la mayoría absoluta del Congreso. La votación se completó con 1 voto en blanco y 131 nulos.

Desde el pasado mes de marzo, José Manuel Pérez Tornero es el nuevo presidente del Consejo de Administración de RTVE, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP en este asunto.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha recalcado este viernes que debe ser su partido, el que tiene la mayor representación con diez concejales de una corporación de 27, quien «lidere la salida» de la actual crisis municipal, y a partir de ahí afirma que «están abiertos a cualquier escenario» porque «es momento de sumar», por lo que ha pedido «altura de miras» al resto de formaciones políticas para devolver la «estabilidad» a la ciudad.

Cuenca ha señalado en rueda de prensa que no tienen ningún tipo de acuerdo con el hasta ahora alcalde, Luis Salvador (Cs), –que anunció el jueves su renuncia– ni con ninguna formación hasta el momento, aunque han mantenido contacto con todos los grupos políticos y los concejales no adscritos.

A preguntas de los periodistas, ha confirmado que no se plantean presentar un candidato alternativo, después de que distintas formaciones hayan hecho hincapié en las últimas horas en que él sigue estando investigado en una causa que lleva el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por su etapa como delegado de la Junta. Ha opinado que supondría «casi una vulneración de la decisión de los granadinos» que le votaron mayoritariamente en las pasadas elecciones municipales a pesar de que este proceso ya estaba abierto. «Es una cuestión de ámbito administrativo y los ciudadanos lo saben», ha agregado el portavoz socialista, que ha enmarcado esta causa en la «persecución» a la que está siendo objeto desde 2010 por «parte del PP».

Aunque ha opinado que la dimisión de Luis Salvador «llega tarde», ha incidido en que «ya ha llegado» y ha pedido que la actual situación «se resuelva lo antes posible» con la convocatoria de un pleno de investidura para emprender «un camino de confianza y recuperación» donde los granadinos vean en su ayuntamiento un espacio donde «solventar sus problemas» y no «un tapón a sus expectativas». Ha querido lanzar así el mensaje a los ciudadanos de que «en cuanto se desarrolle el pleno de investidura el PSOE, en cualquiera de los escenarios, contribuirá a la tranquilidad, a la recuperación y a la confianza».

Preguntado sobre una posible entrada en el gobierno de Unidas Podemos o de ediles de otras formaciones, ha incidido en que en este momento lo que contemplan es que «quien lidere la salida de esta situación sea el PSOE» atendiendo al «mandato» de los granadinos cuando votaron en las pasadas elecciones, y a partir de ahí se ha mostrado abierto «a cualquier escenario». «Estamos abiertos a sumar (…) por encima incluso de mi parecer o gusto personal está la ciudad de Granada», ha enfatizado.

Mes y medio después de la crisis humanitaria en Ceuta, Save the Children ha advertido de que aproximadamente una cuarta parte de los niños migrantes a los que ha entrevistado sufrió violencia física, abusos o malos tratos en su país de origen, lo que provoca que vivan con miedo o ansiedad.

La organización también incide en que uno de cada seis menores encuestados padecieron tortura o trato degradante antes de llegar a España.

Así lo asegura en un comunicado, en el que explica que, desde el comienzo de la emergencia, la ONG está presente en la ciudad autónoma realizando entrevistas individualizadas a los menores que se encuentran en los espacios temporales de acogida. Cada uno de ellos ha sido atendido por hasta cuatro profesionales que han evaluado su caso.

Hasta la fecha, indica la entidad, y en colaboración con la Dirección General de Infancia y Adolescencia (DGIA) de Ceuta, se ha apoyado a 135 niños y 85 niñas, la mayoría de los cuales (209), tienen como país de origen Marruecos y están acogidos en el centro de Piniers y 11 de ellos son de África subsahariana y se encuentran en el Pabellón Santa Amelia.

Todos ellos tienen entre 12 y 17 años y en su mayoría explican que han venido a España tras sufrir explotación laboral, el rechazo de sus familias o persecución en el país de origen por su orientación sexual. En el caso concreto de las niñas y adolescentes, dicen haber huido del matrimonio forzoso, la violencia de género o el abuso sexual en el entorno familiar, entre otros motivos.

De los más de 200 menores menores entrevistados en este proceso, 13 ya han manifestado voluntad de solicitar asilo, ha explicado Save The Children.

EL DEBER DE ESCUCHAR A LOS NIÑOS

«Tenemos el deber de escuchar a los niños, las niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en Ceuta para asegurarnos de que su situación personal y sus necesidades sean escuchadas y sirvan como punto de partida de las decisiones que les conciernen», ha indicado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de la organización.

«Es necesario contar con procedimientos especializados para la infancia, especialmente para que los perfiles solicitantes de asilo y víctimas de trata cuenten con especial protección», ha añadido.

La organización recuerda que, aún hoy, se desconoce la cifra total de menores que llegaron a la ciudad autónoma entre el 17 y el 18 de mayo, así como la cifra de ellos que se encuentran viviendo actualmente en situación de calle. El único dato disponible procede de la policía de Ceuta, que ha registrado a 1.108 hasta el momento.

En este punto, Save the Children muestra especial preocupación por la infancia y la adolescencia que sigue fuera de los sistemas de protección, sin ningún tipo de recurso económico o protección de una persona adulta.

Ahora, la entidad trasladará toda esta recopilada al Área de Menores de Ceuta, la institución que tiene su tutela. En concreto, Save the Children ya ha remitido 41 perfiles vulnerables con problemas médicos que requieren atención especializada, según ha informado.

Los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional que investigan las amenazas de muerte recibidas en redes sociales por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y que éste denunció ante la Policía han identificado a dos personas y han detenido a una de ellas, aunque ya ha sido puesta en libertad. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones, según las fuentes jurídicas y policiales consultadas.

Tal y como adelanta El Mundo, esas identificaciones tienen que ver con las pesquisas que se realizaban para localizar a los responsables de las amenazas, que se produjeron en octubre de 2020, después de que el magistrado pidiera al Tribunal Supremo investigar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por tres delitos relacionados con la pieza ‘Dina’, en el marco del conocido como ‘caso Villarejo’.

El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional trasladó a la Policía que había recibido amenazas de muerte en la red social Twitter a raíz de esa exposición razonada remitida al Supremo en el marco de la pieza en la que se investiga el robo de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, y el posterior uso de los datos que contenía el mismo. Algunos archivos aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La Comisaría General de Información asumió la investigación por las amenazas en redes sociales sufridas por el juez quien también dio traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según explicaron fuentes policiales, la investigación la lleva la unidad que rastrea delitos en redes sociales enclavada en la CGI, ya que fue a esta comisaría a la que se remitió el juez para ponerle en conocimiento de lo que entiende que es una campaña de desprestigio iniciada tras su exposición razonada.

AMPLIFICADOS POR DIRIGENTES POLÍTICOS

Ante el CGPJ presentó un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente Carlos Lesmes denunciando la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que estaba sufriendo en redes sociales y en algunos medios de comunicación, y que le colocaban «en una situación de indefensión y de descrédito profesional».

Explicaba que esa campaña pretendía restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».

El magistrado indicaba que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, «entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación». En este sentido, denunciaba que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, «señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional».

CASO PREVIO

Ya en marzo de 2019, el Ministerio del Interior puso escolta a García-Castellón tras denunciar un allanamiento en su domicilio. El juez llamó a la Policía porque un individuo sin identificar accedió a su vivienda particular en Madrid por la tarde mientras un familiar se encontraba en el interior.

La Policía Nacional se personó en el domicilio, donde tomó declaración al familiar del juez García-Castellón y buscó huellas del asaltante. Las diligencias policiales apuntaron a que este individuo estuvo varios minutos en la vivienda y recorrió varias estancias; posteriormente, salió dejando la puerta principal abierta. Fue otro familiar el que alertó de esta circunstancia al acceder a la casa.

El asaltante no sustrajo ningún objeto de valor ni documentos o el ordenador personal que utiliza el juez de la Audiencia Nacional, según informaron fuentes policiales. La puerta de acceso tampoco fue forzada.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España se ha incrementado hasta 23 en lo que va de 2021, tras confirmarse el caso de la mujer asesinada el pasado 30 de junio en Barbastro (Huesca), presuntamente a manos de su pareja.

Así, el número de mujeres víctimas mortales de la violencia machista aumenta hasta 1.101 desde 2003, cuando comenzaron a registrarse estos casos, y el número de menores huérfanos por violencia de género asciende a 13 en 2021 y a 317 desde 2013.

En el caso de la mujer asesinada en Huesca, la víctima tenía 35 años y tenía tres hijos menores de edad. Además, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según informa el Ministerio de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado de nuevo su «más absoluta condena y rechazo» a este asesinato machista y trasladan «todo su apoyo» a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada, piden «todos los esfuerzos» desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para «llegar a tiempo y evitar más muertes».

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, quiere recordar que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, según recuerda el Ministerio de Igualdad.