El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles que pueda haber un diálogo entre partidos catalanes sobre el conflicto pero ha avisado de que no puede «adulterar» el resultado de las elecciones del 14 de febrero, en las que el independentismo superó el 50% del voto.

«Hablemos, razonemos, discutamos, encontremos puntos de acuerdo pero no podemos adulterar el resultado electoral, que es claro. 52% de los votos a las elecciones del 14 de febrero a favor de candidaturas independentistas», ha afirmado en su turno de réplica en el pleno del Parlament, donde comparece sobre la desjuidicialización del conflicto catalán.

Lo ha dicho en respuesta al líder del PSC en la Cámara, Salvador Illa, que ha vuelto a pedirle reunir la mesa de partidos antes de la mesa de diálogo con el Gobierno central.

Aragonès le ha replicado que no puede ser que el objetivo de esta mesa de partidos sea «menospreciar la legitimidad de la posición de la Generalitat porque no tiene el consenso unánime del Parlament».

«Yo no pido al presidente del Gobierno español que venga con el consenso del Congreso de Diputados. Es un gobierno escogido con mayorías, es una negociación de gobierno a gobierno y tiene toda la legitimidad para venir y hacer su planteamiento. No le pido que lo acuerde con el PP. Es evidente que el Govern de Cataluña tiene toda la legitimidad para hacer su planteamiento», ha defendido.

El presidente catalán ha sostenido que el diálogo entre catalanes tampoco puede excluir ninguna propuesta y debe ser inclusivo, ya que argumenta que el referéndum y la amnistía cuenta con los catalanes no independentistas, y ha cuestionado que el planteamiento del PSC sea inclusivo: «Quizás la propuesta que plantean también es divisiva, señor Illa. Por algo no han obtenido la mayoría en este Parlament».

RÉPLICA A CUP Y COMUNS

Después de que la portavoz de la CUP, Eulàlia Reguant, haya pedido que el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación no sirva solo para presionar en la mesa de diálogo, sino también para plantear alternativas para cuando el Gobierno rechace el referéndum, Aragonès ha contestado que está de acuerdo que debe ser una herramienta para abordarlo todo de manera conjunta pero que es «imprescindible» ir a negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el máximo apoyo posible.

A los comuns les ha reprochado que digan que ahora no hay la correlación de fuerzas necesarias para un referéndum cuando hay un Gobierno entre PSOE y Podemos: «Si esta correlación de fuerzas no nos permite avanzar suficiente, ¿cuál nos permitirá avanzar?», ya que no se imagina en un futuro inmediato una situación mejor en el Gobierno de España.

Además, ha llamado a ERC y Junts a conjurarse para ir con toda la fuerza a la mesa de diálogo: «No tenemos que ir solo a constatar las dificultades. Vamos a intentar romper las barreras que nos encontremos».

El líder del PSC-Units en el Parlament, Salvador Illa, ha apostado este miércoles por abrir el debate sobre la financiación de Cataluña, y ha dicho al presidente del Govern, Pere Aragonès, que «tiene un papel clave en el tiempo nuevo» de diálogo.

Así, le ha pedido abrir una mesa de diálogo con todos los partidos con representación en el Parlament, ha insistido Illa en el pleno del Parlament, en el turno de contrarréplica en una comparecencia de Aragonès sobre la judicialización de la política.

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha apostado por aprovechar las reuniones bilaterales para solventar los déficits y defender las mejoras del día a día, pero ha destacado que la mejora de las infraestructuras «no resolverá el conflicto político de fondo», que cree que solo se solucionará con amnistía y autodeterminación.

Por su parte, Jéssica Albiach (comuns) ha defendido un referéndum y también el diálogo –cree que no puede haber uno sin el otro– y ha pedido también una mesa de partidos catalanes: «El acuerdo nacional por la amnistía y la autodeterminación nos parece bien, pero no puede ser la excusa para no convocar la mesa de partidos. Parece más un órgano de coordinación independentista».

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha llamado a ERC y Junts a escuchar a Europa porque, a su juicio, los tres pilares de la UE se declararon en contra de la independencia de Cataluña: «Decir que por el informe del Consejo de Europa toda Europa les da la razón, es tan absurdo como decir que con tres diputados he ganado las elecciones en Cataluña. Acepten la realidad en Europa».

En su turno, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha calificado de panfleto el informe del Consejo de Europa que invitaba a reformar el delito de sedición y apoyaba los indultos, y ha criticado que Eulàlia Reguant (CUP) haya hablado de subvertir el orden constitucional: «Vayan haciendo las maletas y cojan buenos libros, porque acabarán todos en prisión».

Reguant ha pedido articular un poder político que pueda confrontar al Estado, y ha manifestado su preocupación por una aparente confianza en que las instituciones europeas harán modificar la voluntad del Gobierno central, y porque no aprecian el nivel de tensión que creen que debería conllevar negociar un referéndum: «Corremos el riesgo de convertir en fetiche la autodeterminación y que se convierta en un horizonte eterno».

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha tachado de supremacista a la portavoz republicana, Marta Vilalta, por decir que la palabra catalana ‘enraonar’ (hablar) no tiene una equivalencia con tantos matices en castellano: «Consulte el diccionario. Será que su aversión al bilingüismo impide que tenga claras las equivalencias semánticas».

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha rechazado apostar por una reforma del sistema de financiación, porque no promovieron el 1-O para eso y porque cree que lo acabarían «pagando los catalanes», tras lo que ha insistido en pedir a Aragonès acordar una estrategia ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que condenó a un total de 20 años de cárcel a un profesor y sacerdote de la Orden de Frailes Menores (OFM) Franciscanos acusado de abusar sexualmente de forma continuada de cuatro alumnas menores de edad a las que impartía clases de Religión en Tercero y Cuarto de Primaria en un colegio de la capital cordobesa. La citada orden recurrió la sentencia.

De este modo, la Sección de Apelación Penal del TSJA ha desestimado el recurso presentado por la defensa del procesado contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que lo condenó como autor de cuatro delitos continuados de abuso sexual sobre personas menores de 13 años con prevalimiento de su condición de profesor de las víctimas y le impuso, por cada delito, cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores.

Asimismo, la Audiencia de Córdoba condenó al profesor a indemnizar con un total de 16.000 euros a las cuatro víctimas, mientras que lo absolvió de un delito de abuso sexual puntual sobre una de sus alumnas y de otro delito de abuso sexual continuado sobre otra menor, dado que, según la Audiencia, en estos dos casos «no ha quedado acreditado tras la prueba practicada que realizara sobre ellas tocamientos de significación sexual».

La Audiencia consideró probado que el acusado impartió clases desde el comienzo del curso 2012/2013 como profesor en un colegio de Córdoba y, al menos hasta 2014, fue párroco de una parroquia, señalando que, cuando las menores afectadas estaban cursando tercero y cuarto de Primaria, el investigado las «sometió a tocamientos» en el interior del aula.

Además, la Audiencia relata en la sentencia ahora confirmada por el TSJA que, en el curso escolar 2014/2015 y cuando una de las víctimas asistía a un campamento organizado por el propio colegio en el mismo centro escolar, el acusado, que en esas fechas ya no les daba clase, pero era párroco de una parroquia, le pidió tanto a esta menor como a otra compañera que «fueran con él a su despacho con la excusa de recoger chucherías para los niños».

Una vez allí, supuestamente abusó sexualmente de una de ellas, unos hechos que la joven puso en conocimiento de sus padres, quienes a su vez remitieron una carta al director del colegio, fechada el 2 de diciembre de 2014, tras lo que el procesado fue trasladado a otra población.

Al cabo del tiempo, y cuando iban a organizar una fiesta en el colegio ya en el año 2019 con ocasión de la graduación de la educación segundaria obligatoria, «se comentó la posibilidad» de invitar a la misma al condenado, ante lo cual ésta última menor «revivió con ansiedad lo ocurrido» y, ya el 30 de mayo, reveló lo acontecido a unos agentes de la Policía Local, dando lugar a las investigaciones que iniciaron este procedimiento.

«PERFECTAMENTE RAZONABLE, CONCRETA Y DETALLADAMENTE MOTIVADA»

La Sección de Apelación Penal del TSJA, en una sentencia fechada el día 1 de julio y contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), acepta íntegramente los hechos que se declararon probados por la Audiencia de Córdoba y concluye que el recurso del acusado «no puede prosperar frente al análisis de la prueba practicada que se efectúa en la sentencia impugnada, sin que la defensa proporcione datos o elementos de hecho que pudieran revelar una valoración arbitraria del tribunal de primera instancia ni argumentos para poner seriamente en entredicho la racionalidad de su motivación probatoria».

En este sentido, el TSJA pone de manifiesto que la Audiencia de Córdoba contó para formar su convicción con las declaraciones de las propias menores que relatan los tocamientos a que fueron sometidas en su infancia por el procesado, «a las que sirve de elemento de corroboración el testimonio periférico de otras que no fueron objeto de esos actos, pero que confirman que el comportamiento del acusado con sus pequeñas alumnas excedía de los contactos corporales normales en una relación docente, confirmando así la verosimilitud de las imputaciones».

«Frente a esos testimonios de cargo», la Audiencia Provincial «ha contrapesado la versión exculpatoria del acusado, que cuenta con el apoyo, también periférico, de otras alumnas y del padre de una de ellas, y ha llegado a la conclusión de que solo los primeros merecen crédito, o, con más precisión, que esos testimonios de descargo no los desvirtúan», razona el TSJA, que considera que la Audiencia ha llevado a cabo una apreciación probatoria «perfectamente razonable, concreta y detalladamente motivada y no carente de pautas objetivas de valoración».

Además, según expone en su sentencia la Sección de Apelación Penal, la defensa del condenado «no es capaz de proporcionar en su recurso datos o elementos de hecho que pudieran revelar una valoración arbitraria del tribunal de primera instancia ni argumentos para poner seriamente en entredicho la racionalidad de su motivación probatoria, limitándose a tratar de poner en entredicho la credibilidad de los testimonios inculpatorios de las menores con alegaciones que, pese a su número y extensión, carecen de consistencia para suscitar un margen de duda razonable sobre la culpabilidad del acusado».

El acusado también recurrió negando que actuara con dolo y, por ello, que su conducta integrase el tipo subjetivo del delito de abusos sexuales, «tratándose simplemente de manifestaciones de su afectividad», pero el TSJA también desestima este motivo del recurso porque considera que «es sencillamente absurdo pretender que el acusado ignorase que sus actos tenían una significación sexual en la que involucraba a sus infantiles alumnas».

Unos actos que, además, «se realizan no por una persona cualquiera, sino por un profesor de las niñas que es además religioso, lo que no se dice porque aumente el reproche culpabilístico –aparte del prevalimiento–, sino porque hace imposible que el autor ignore los rígidos límites de lo que está permitido en ese contexto».

«La doctrina jurisprudencial vigente es inequívoca: cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual implica un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre –a la indemnidad sexual, en el caso de menores de 16 años– y, como tal, ha de ser constitutivo de un delito de abuso sexual», según destaca el Alto Tribunal andaluz.

PAGÓ UNA FIANZA DE 20.000 EUROS

Cabe recordar que el sacerdote miembro de la Orden de Frailes Menores (OFM) Franciscanos eludió el ingreso en prisión provisional con el pago de una fianza de 20.000 euros, después de que la Fiscalía había pedido su ingreso en prisión. Así, se encuentra en libertad provisional con retirada de pasaporte, prohibición de salida de territorio nacional y obligación de comparecer en sede judicial semanalmente.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este miércoles un llamamiento a la «responsabilidad» de los jóvenes para frenar los contagios de Covid-19, así como ha pedido al Gobierno de España que «envíe dosis suficientes para acelerar la vacunación y llegar lo antes posible a la población más joven».

Así lo ha trasladado el presidente durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento para abordar la situación actual de Andalucía, donde ha subrayado que la «principal preocupación» del Gobierno andaluz sigue siendo la gestión de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, que «en los últimos meses ha tenido dos caras, la batalla contra la propagación del virus y la esperanza de las vacunas», ha dicho.

Moreno ha defendido que, en ambas caras, el Gobierno que preside «ha actuado siempre con transparencia, diciendo la verdad a los andaluces y siguiendo los criterios del ‘Comité de Expertos'», tras lo que ha reconocido que, «en este momento, el foco está en el contagio entre los jóvenes menores de 30 años», a quienes, por ello, ha pedido «un último esfuerzo de responsabilidad».

«Sé que ellos también han puesto de su parte para que hoy estemos mejor, pero tienen que seguir siendo generosos, por ellos, por sus familias y por toda la sociedad», ha agregado el presidente, que también ha destacado que, pese a los «meses duros» que se han vivido y las «incidencias altas que han obligado a cierres perimetrales», en Andalucía «nunca ha estado cerrada la actividad al 100% como ha ocurrido en otras comunidades autónomas», así como que «las medidas adoptadas y la responsabilidad de los andaluces nos permitieron superar los peores momentos».

«REPUNTE» DE CONTAGIOS

Moreno ha reconocido que la incidencia de contagios ha experimentado «un repunte» que «preocupa mucho» a la Junta, pero ha apostillado que «lo que más nos debe preocupar es el número de personas que enferman y tienen que ir a un hospital o ingresar en la UCI», y, a día de hoy, estos indicadores más preocupantes son mucho menores que «en los peores momentos y en una tendencia descendente», según ha celebrado el presidente de la Junta.

Así, ha puesto de relieve que el pico máximo de la pandemia de pacientes ingresados en UCI fue en la tercera ola, cuando se llegó a alcanzar, el día 6 de febrero, hasta 735 pacientes en unidades de Cuidados Intensivos, cuando hoy son 117 los ingresados en unidades de críticos, un 84% menos.

De igual modo, ha destacado que el pico máximo de hospitalización en el año y medio de pandemia se alcanzó en Andalucía el pasado 1 de febrero con 4.980 pacientes, cuando este miércoles, 7 de julio, son 522, un 89% menos.

PORCENTAJES DE VACUNACIÓN

Moreno ha apuntado que «es obvio que la vacunación está siendo nuestro mejor aliado para superar la pandemia y ver cada día más cerca la recuperación», y ha valorado que, «tras unas primeras semanas de preocupación, porque no llegaban las dosis suficientes para Andalucía, la vacunación alcanzó una velocidad que hemos ido incrementando de forma constante hasta llegar al récord de 756.000 vacunas en una semana».

El presidente ha destacado que, cuando acabe esta semana, «habremos logrado que más del 57% de la población que se puede vacunar, los mayores de 16 años, tengan la pauta completa, y el 70% con al menos una dosis», un porcentaje mayor del que ha conseguido, por ejemplo, Estados Unidos, «el país más avanzado y con más vacunas disponibles», según ha puesto de relieve antes de indicar también que «este domingo estaremos muy cerca de superar los 8,7 millones de vacunas puestas».

Moreno ha reclamado que «no se reduzca el ritmo de llegada de vacunas», y ha sostenido que, «en este momento de rebrote entre la población más joven, necesitamos que el Gobierno nos envíe dosis suficientes para acelerar la vacunación y llegar lo antes posible a la población más joven».

Ha destacado el «éxito» alcanzado por Andalucía para organizar la vacunación en una comunidad autónoma con ocho provincias, 87.000 kilómetros y 8,5 millones de habitantes, «situándonos un mes por delante de otras comunidades de menor tamaño», y ha reivindicado el «trabajo ejemplar de miles de profesionales sanitarios y voluntarios», a quienes ha agradecido su «esfuerzo y generosidad».

Moreno ha remarcado que «el Covid-19 todavía es una amenaza y nos exige seguir siendo prudentes y responsables», y ha defendido que desde el Gobierno autonómico han puesto el «máximo empeño en la coordinación de las políticas contra la crisis» sanitaria con el resto de administraciones, «fundamentalmente con el Gobierno de la Nación».

Así, ha sostenido que Andalucía «ha llevado la iniciativa en los consejos interterritoriales» del Sistema Nacional de Salud «con propuestas que han sido útiles al conjunto de España», pero ha insistido en señalar que «esta cogobernanza no ha funcionado en demasiadas ocasiones, y se han tomado decisiones unilaterales sin escuchar a las comunidades autónomas, como ocurrió con el fin prematuro del estado de alarma o la retirada de las mascarillas de manera precipitada», según ha opinado el presidente de la Junta.

Un hombre de 57 años acusado de abusos sexuales ha negado este miércoles, ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Palma, que forzase a un hombre con discapacidad a practicarle una felación dentro de un vehículo, y ha atribuido la denuncia de unas mujeres que llamaron a la Policía a un malentendido por lo que se podía ver desde fuera del coche.

El hombre, que se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel, ha defendido en el juicio su inocencia y ha asegurado que en el vehículo no ocurrió nada. Según su versión, se recostó en el asiento para descansar, por unas molestias que tenía debido a un tratamiento médico, y mientras la víctima –de la que él era el cuidador– le estuvo molestando. «Yo le dije que por favor me dejara descansar», ha contado.

Siguiendo con su relato, se quedó dormido y se despertó cuando le sacó la Policía y le comenzó a interrogar. «No sé lo que querían de mí», ha declarado. El hombre cree que las mujeres que llamaron a la Policía malinterpretaron algún gesto de la víctima.

El acusado también ha dicho que la víctima siempre era cariñoso con él, y que solía tratar de abrazarle, pero que él le decía que se comportase.

Durante el juicio tanto la Fiscalía como la defensa han renunciado al interrogatorio de la víctima, un hombre con un grado de discapacidad intelectual del 83,5 por ciento, ante las evidentes dificultades para llevar a cabo la toma de declaración.

Por su parte, las mujeres que llamaron a la Policía han mantenido que les pareció de forma inequívoca que el acusado estaba forzando a la víctima a practicarle una felación, si bien no llegaron a verlo de manera directa.

Las testigos fueron al coche que estaba estacionado junto al vehículo en el que supuestamente ocurrieron los abusos. La que conducía ha explicado que vio a una persona con discapacidad y a otro hombre recostado que le agarraba la cabeza y le obligaba a bajar con movimientos que le dieron a entender que le estaba forzando.

«Nos pusimos nerviosas y llamamos a la Policía, y no nos movimos hasta que llegaron», ha contado la mujer, que se ha mostrado completamente segura de que estaban ocurriendo abusos.

La mujer que se sentaba en el asiento del copiloto, y que estaba más cerca del vehículo del acusado, tampoco llegó a ver los genitales del hombre porque «tendría que haber estado encima» para poder verlo, pero «era más que evidente». «Nos íbamos acercando y el hombre no paraba», ha dicho, manifestando no tener «ninguna duda» de lo que contó.

Además esta mujer ha afirmado que cuando el hombre bajó del coche tenía la bragueta abierta, algo que no ha corroborado la Policía. Uno de los agentes ha apuntado que el acusado «estaba tranquilo» y que parecía que no sabía por qué estaba ahí la Policía.

Un conjunto de organizaciones de periodistas, sindicatos, partidos políticos y asociaciones sociales han advertido este miércoles de que la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid (RTMV) que se aprobará previsiblemente mañana en la Asamblea de Madrid devolverá al ente a «su era más nefasta».

«Conocemos a dónde van estas medidas. Tenemos en el recuerdo la parte más nefasta vivida por Telemadrid y cómo se usaba y utilizaba para mayor gloria de una persona», ha lanzado el presidente del comité de empresa de RTVM, Luis Lombardo, durante la presentación de un manifiesto conjunto, titulado ‘En Defensa de Radio Televisión Madrid y la Libertad de Información’, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Entre los firmantes de este manifiesto se encuentran la FAPE, la Federación Profesional de Periodistas, la Fesp, el Foro de Organizaciones de Periodistas, EFJ, ADSPM, FRAVM, FMM, FAPA Ginero de los Ríos, Más Madrid, PSOE de Madrid, IU Madrid, Podemos Comunidad de Madrid, CC.OO., UGT y CGT.

Lombardo ha indicado que se encontraron «sorprendidos» cuando «48 horas después de tomar posesión» se presentó esta reforma de forma «urgente y en lectura única» mientras que no se tomaron medidas contra «otras urgencias» como los cierre de centros de atención sanitaria o la «incertidumbre educativa».

Al hilo ha aseverado que «no tiene que ver con la mejora de su funcionamiento» sino para poner «al servicio de unos pocos» este medio de comunicación frente al modelo que «recuperó el rigor y la eficiencia del servicio público.

Ha reprochado, asimismo, la creación de la figura del «administrador único» nombrado desde el Consejo de Gobierno con «las mismas funciones» que el director general. «Esta reforma está encaminada a dinamitar a los garantes de la independencia y pluralidad», ha lanzado Lombardo, que la ha contrapuesto a la aprobada en 2015 que la puso «al servicio de todos los madrileños» y para «sacar del debate político la dirección general de RTVM».

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha puesto en valor la «extraordinaria labor» que ha hecho el director general de RTVM, José Pablo López, y el director de informativos, Jon Ariztimuño.

«Creo que tenemos un problema una anomalía democrática a la hora de abordar cómo tienen que ser los modelos públicos de televisión. Llevamos más de 40 años de democracia y no hemos sido capaces de llegar a un consenso global que permita que las televisiones estatal y autonómica tengan libertad y puedan aplicar los principios de independencia», ha lamentado Rodríguez, quien también ha señalado al concurso público en RTVE.

En el comunicado, los firmantes reclaman la función «esencial» para el desarrollo de la democracia por parte de los medios de comunicación. «Una radiotelevisión basada en criterios de pluralidad, transparencia, independencia y en la profesionalidad de sus trabajadores es el mejor aval para conseguir esos objetivos», añade.

Carga contra la reforma a la que tacha de «innecesaria» y piden mantener la pluralidad, neutralidad, objetividad, transparencia y profesionalidad de los trabajadores, «frente a los intentos de menoscabar la independencia y el deterioro de la calidad de los servicios que presta».

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que la nueva Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es un «auténtico disparate» que lleva a un sistema que «todos» quiere evitar porque «va contra las libertades democráticas de los ciudadanos».

De esta forma se ha referido a la reforma de la Ley de Seguridad –adelantada por ‘El País’ hace unos días– por la que todos los mayores de edad podrán ser movilizados en España en caso de crisis, al tiempo que las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes. En su edición de hoy, ‘El Mundo’ destaca que con esa norma el presidente del Gobierno se reserva plenos poderes en emergencias nacionales.

«Es un auténtico disparate que nos lleva a un sistema que todos queremos evitar. Es un sistema que va contra las libertades democráticas de los ciudadanos», ha declarado a los periodistas en el curso de verano ‘España, Europa y libertad» que organiza la delegación española del PPE en el Parlamento Europeo en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Este martes Casado ya criticó públicamente que esa reforma que quiere llevar a cabo el Ejecutivo permita expropiar bienes y pedir «casi un servicio obligatorio para la comunidad». Y censuró además que, a las puertas de «una quinta ola», no haya aún una ley de pandemias, como pide su partido, pero el Ejecutivo se «precipite» con esta reforma que incluye «la posibilidad de que el Estado expropie» como, según ha recalcado, defiende Podemos en su programa electoral.

GAMARRA: «ASÍ ES SÁNCHEZ EL ‘TOTALITARIO'»

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, también se ha mostrado muy dura al conocer los detalles de al reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno y que ve como un ejemplo de «despotismo preilustrado».

«Plenos poderes y sin controles, así es Sánchez ‘el totalitario'», ha afirmado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

De la misma manera, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha afirmado que se trata de «otro abuso de poder». «El Gobierno tiene intención de minar nuestra libertad otorgando a Pedro Sánchez la capacidad de expropiar bienes en situaciones de emergencia. Lo que menos garantiza esta Ley es la seguridad de los españoles», ha añadido en la misma red social.

El alcalde de Sevilla y el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha valorado que «se recomponga la lista más votada en 2019» y ha agradecido el voto a Luis Salvador (Cs), que dimitió a raíz de que el PP rompiera el pacto de gobierno que mantenía con su formación y que este miércoles ha permitido al candidato socialista, Paco Cuenca, hacerse con la Alcaldía dándole su apoyo, junto al del otro edil de Cs y los de Unidas Podemos.

«Yo creo que es un día feliz sobre todo para los granadinos y desde luego para el PSOE, volvemos a ser cuatro alcaldes socialistas al frente de ayuntamientos de las capitales andaluzas», ha subrayado Espadas.

En declaraciones a los periodistas, el candidato del PSOE-A a la Junta ha enviado su felicitación y enhorabuena a Cuenca, a quien considera que es «una garantía» por su «experiencia en gestión municipal y de liderazgo».

Preguntado sobre si puede servir de impulso a la candidatura del PSOE a la Junta, Espadas ha reconocido que «es un compañero con responsabilidad de gobierno y eso significa multiplicar la capacidad de trasladar confianza a la ciudadanía con políticas socialistas y, por lo tanto, con hechos».

«Sin duda alguna, es un activo que recuperemos un gobierno de una ciudad como Granada, que sin duda es importantísimo para el futuro, para el presente y futuro de Andalucía», ha remarcado Espadas.

Por otra parte, ha agradecido el apoyo de Cs porque «en la vida, lo honesto es ser agradecido cuando se ve que se toma una posición coherente». «La posición coherente tras la renuncia de Luis Salvador es decidir apoyar a la lista más votada», ha subrayado.

En este sentido, ha valorado que los dos concejales de Cs hayan votado «lo que entendían que debían hacer en una situación como esta», que es, «sencillamente, apoyar la lista más votada, que es apoyar la voluntad de los granadinos».

En cualquier caso «y visto lo visto en política hoy», Espadas ha considerado oportuno «agradecer que se hagan las cosas con coherencia y con sentido común». EL CAMBIO «NO ES CASUAL»

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y vicepresidente primero del Congreso, donde es diputado por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se ha mostrado «muy feliz» con la llegada a la Alcaldía de Cuenca y ha asegurado que para la Ejecutiva Federal del PSOE es «muy importante este paso».

«El cambio en Granada también tiene que ver con el cambio del PSOE-A con Espadas al frente, lo que abre nuevos escenarios de moderación», ha indicado Celis, al tiempo que ha asegurado que «este perfil acogedor, nuevo y consensuado de Espadas ha tenido que ver». «Abrimos un camino para trasladarle ese mensaje a las personas que son moderadas y que entienden la política como el consenso y el acuerdo para que se puedan ir fraguando nuevos escenarios de cara al futuro», ha apuntado.

ENTRENA PIDE «RESPONSABILIDAD»

El presidente de la Diputación de Granada y secretario general del PSOE en esta provincia, José Entrena, ha valorado esta «oportunidad de contar con un gobierno estable» y «con un alcalde con visión de qué es el presente y de hacia dónde vamos en el futuro de Granada».

Asimismo, Entrena ha apelado a «la responsabilidad de todo el mundo» y ha remarcado que «el espectáculo que se ha dado últimamente» no lo merece Granada, reclamando que la ciudad «destaque por otras cosas porque tiene muchos elementos para hacerlo y no por vivir lo que ha vivido en los últimos meses».

Junts ha registrado una batería de preguntas en el Congreso pidiendo cuentas al Gobierno de Pedro Sánchez por la actuación, a su juicio, «totalmente desproporcionada» exhibida por la Policía Nacional en el marco de la manifestación celebrada en Madrid en repulsa por el asesinato del joven coruñés Samuel.

En sus interrogantes, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, censura el nivel «injustificado» de violencia policial que se vivió en la protesta de Madrid, donde los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegaron a cargar de forma «desproporcionada» contra los manifestantes.

«La brutalidad llegó a tal nivel», dice Nogueras, que hasta Unidas Podemos, partido coaligado con el PSOE en el Gobierno, ha rechazado esta actuación policial y ha exigido una investigación para depurar responsabilidades.

DEBEN DEPURARSE RESPONSABILIDADES

Y precisamente en sus preguntas Junts pide al Gobierno saber, en primer lugar, por qué motivos la Policía intervino con este nivel de violencia, así como las medidas que prevé impulsar para investigar y dirimir responsabilidades tanto a nivel técnico y político.

Además, quiere que el Ejecutivo especifique qué medidas estructurales pondrá en marcha para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «dejen de promover la inseguridad y la violencia desproporcionada en un futuro», teniendo en cuenta la «brutalidad» policial en las protestas por el asesinato de Samuel pero también durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Aunque aún no está confirmado que el asesinato del joven Samuel sea un crimen homofóbico, el partido independentista también pregunta al Ejecutivo qué medidas piensa adoptar para prevenir las actitudes y el discurso de odio que están provocando una «escalada» de crímenes y actos contra los colectivos LGTBI.

Un Juzgado de Palma tiene abierta una investigación por posible contaminación en el acuífero de Son Reus debido a la presencia de un vertedero en la superficie, clausurado en 2008.

Así lo han confirmado fuentes próximas al caso, en el que ha intervenido la Fiscalía de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ha elaborado diversos informes.

Según ha indicado el regidor de Medio Ambiente de Palma y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, la investigación parte de un informe de unas 600 páginas elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), con cuyas conclusiones la empresa pública no está conforme, ha dicho.

Según Cort, actualmente no hay ningún cargo municipal imputado por esta investigación, ni tampoco Emaya aparece como investigada. Desde el Ayuntamiento han asegurado que han ofrecido al Juzgado toda la colaboración y documentación necesaria para esclarecer este asunto.

En una rueda de prensa, Perpinyà ha informado de que el vertedero daba originalmente servicio a Palma y a partir de los años 90 comenzó a dar servicio a toda la Isla, hasta que en 2008 se clausuró. Según el regidor, se llevaron a cabo «toda una serie de infraestructuras», de las que se encarga Emaya, para velar por el mantenimiento del lugar.

El concejal ha apuntado que la ley exige realizar analíticas cada seis meses pero que Emaya, «por precaución», las hace cada tres meses. Según Perpinyà, todas las analíticas «salen correctas» y «no se ha encontrado ninguna que incumpla las normativas vigentes».

Sin embargo, Emaya encargó al IGME este estudio, algo más detallado, cuya respuesta llega en 2019, que sí concluye que hay contaminación del acuífero. «No estamos conformes con las conclusiones», ha incidido, considerando que son «contradictorias».

Perpinyà ha sostenido que «no hay ninguna analítica» que constate la contaminación, sino «muchos estudios que dicen una cosa y otro que saca unas conclusiones un poco especiales», a su juicio.

El presidente de Emaya ha defendido que «se han hecho todas las actuaciones necesarias para mantener en buen estado» el acuífero y que se sigue actuando «de forma continuada».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado este miércoles a construir en las próximas semanas una «gran alianza» por la amnistía y un referéndum de autodeterminación para afrontar la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su comparecencia en el pleno del Parlament sobre la desjudicialización del conflicto catalán, ha explicado que quiere reunir el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación antes de la reactivación de la mesa de diálogo con el Gobierno en la tercera semana de septiembre, y el primer paso será convocar «con la máxima celeridad» a los grupos que apoyaron su investidura –ERC, Junts y la CUP– para después ampliarlo a más partidos, entidades e instituciones.

Aragonès ha defendido la necesidad de transformar el consenso que, a su juicio, hay en la sociedad catalana entorno a la amnistía y la autodeterminación en «una herramienta efectiva, una herramienta política» que refuerce esta posición en la negociación con el Gobierno.

El presidente catalán ha garantizado que irán a esta mesa a reivindicar estas dos demandas «por convicciones democráticas» y porque cree que son las dos únicas propuestas que pueden superar el conflicto en Cataluña y que incluyen a toda la población, tanto a los independentistas como a los que no quieren la independencia.

Por eso, cree que hay que «impulsar una gran alianza entre instituciones, partidos, sociedad civil y ciudadanía», que recoja el espíritu de los pactos nacionales por el derecho a decidir y el referéndum, y que dé forma a este amplio consenso que considera que hay en la sociedad catalana.

«Que nos dé la fuerza para ir a defenderlo. Debe ir mucho más allá de lo que debe ser dar apoyo y cobertura, empujar por detrás a esta posición negociadora», y ha afirmado que, junto a la lucha contra la pandemia y la recuperación económica y social, esta será su prioridad en las próximas semanas y meses.

En este espacio espera sumar a agentes socioeconómicos, representantes de la sociedad civil, instituciones, mundo municipal y fuerzas políticas que estén de acuerdo con estas dos propuestas, más allá de si defienden la independencia o no: «Por eso, entiendo este Acuerdo por la Amnistía y la Autodeterminación como un llamamiento al conjunto del país a movilizarse para hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación».

También ha advertido de que la negociación que pretende afrontar con el Gobierno central para superar el conflicto será la más difícil que ha tenido la Generalitat en su historia contemporánea porque no renunciará a estos dos objetivos: «No hemos venido a renunciar, hemos venido a defender los grandes consensos».

«HAY COSAS QUE NO CAMBIAN»

Aragonès ha reconocido que en las últimas semanas se han hecho pasos para desjudicializar el conflicto, en referencia a los indultos a los presos del 1-O y la reactivación de la mesa de diálogo, pero que «es evidente que la represión no se detiene».

Ha insistido en que, para él, con los indultos no se acaba nada ni se resuelve el conflicto, pero sí que lo ve un paso importante para «dar crédito» a la vía del diálogo con el Gobierno y para facilitar una solución a la situación política en Cataluña.

«Se han hecho algunos pasos. Han cambiado algunas cosas pero hay cosas que no cambian. Es evidente que la represión no se detiene», ha criticado, y ha puesto como ejemplo la causa del Tribunal de Cuentas, al que ha acusado de actuar ideológicamente por las ideas políticas de los afectados y no por lo que han hecho, ya que defiende que la Generalitat tiene derecho a hacer acción exterior.

Asimismo, ha reivindicado el fondo que ha aprobado el Ejecutivo catalán para cubrir las fianzas como un mecanismo para proteger a los trabajadores públicos: «Ante la arbitrariedad del Tribunal de Cuentas, seguridad de la Generalitat a los servidores públicos».

CONSEJO DE EUROPA

Además, ha vuelto a exigir a España el cumplimiento del informe del Consejo de Europa, que pide retirar las peticiones de extradición de los dirigentes independentistas en el extranjero y que ve como «un antes y un después» en la internacionalización de las causas judiciales contra el independentismo.

«Es evidente el impacto político que tiene la resolución del Consejo de Europa sobre el prestigio del Estado español a nivel internacional como democracia», y cree que con este informe Europa pide una nueva etapa basada en la negociación y el diálogo, y que también reconoce el derecho a decidir sobre la independencia, según él.

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha lamentado que Granada vaya a contar desde miércoles con un «alcalde imputado», en alusión al socialista Francisco Cuenca, y ha querido dejar claro que la ruptura a nivel local entre PP y Ciudadanos (Cs) «para nada» afectará al pacto de gobierno que mantienen ambas formaciones en la Junta.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento después de que Cuenca haya sido elegido nuevo alcalde de Granada, López ha criticado especialmente que el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, haya estado presente en ese pleno municipal demostrando que es un «delegado» de Pedro Sánchez en Andalucía, mientras que también se ha visto que quien «manda» en esta tierra son los dirigentes socialistas nacionales José Luis Ábalos y Alfondo Rodríguez Gómez de Celis.

«Este no es un nuevo PSOE, sino el PSOE de siempre, el que va a apoyar a los alcaldes imputados y el de los indultos», según ha sentenciado López, para quien al PSOE andaluz ya se le ha caído «la careta».

A partir de este momento, según ha señalado, al PP lo que le corresponde es hacer una oposición responsable poniendo el interés de los granadinos por encima de todo lo demás, al tiempo que ha considerado que Ciudadanos, lógicamente, tiene que «actuar» ante lo ocurrido y ha señalado que es de «sentido común» que desde la dirección de ese partido se vaya a abrir expediente de expulsión a Luis Salvador y José Antonio Huertas por romper la disciplina de voto y apoyar a Cuenca.

Asimismo, Loles López ha querido dejar claro que lo ocurrido entre PP y Cs en Granada «no afecta para nada al pacto de gobierno» en la Junta, puesto que se trata de una cuestión de Granada.

Preguntada sobre si cree que desde el PP se ha hecho lo correcto, ha defendido que lo han hecho «desde el minuto uno: Tenemos la conciencia muy tranquila, porque siempre hemos puesto el interés de los granadinos por encima de ideologías políticas».

Sobre el hecho de que el expresidente provincial del PP de Granada Sebastián Pérez haya exigido dimisiones en la dirección regional del PP por lo ocurrido en Granada, López insistido en que la dirección regional tiene la conciencia «muy tranquila porque siempre se ha puesto el interés general de los granadinos por encima de intereses partidistas o personales», cosa que no ha hecho este señor (Pérez) u otros señores».

«Si lo hubiesen hecho, incluido este señor el primero, la alcaldía de Granada hubiera sido del PP desde el primer momento, pero a este señor le pesaron más otros intereses personales», ha sentenciado en referencia al exdirigente provincial del partido.