Unidas Podemos propone al Gobierno introducir una enmienda al real decreto ley de gestión de los fondos europeos para impedir que la empresas, sobre todo las grandes corporación del Ibex 35, reciban estos recursos si presentan impagos por encima de los 60 días legales con pymes y autónomos que sean sus proveedores.
Esta propuesta de modificación del decreto ha sido acordada con la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), organización patronal de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha indicado que esta propuesta consensuada con Conpymes les parece una «magnífica idea».
«No solamente se repara una incomprensible injusticia con el tejido de pymes y autónomos. Además pensamos que este requisito puede servir como aliciente para que las grandes empresas paguen lo que deben a nuestro tejido pequeño y mediano y eso suponga un importantísimo impulso a la recuperación económica y del empleo», ha destallado.
La propuesta de enmienda establece que en los pliegos del despliegue de los fondos incorporen como «requisito inexcusable» el cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, demedidas de lucha contra la morosidad. Además, pide la aportación de una declaración responsable o certificación emitida por auditor en la que se manifieste que el periodo medio de pago de la empresa se encuentra dentro de los límites establecidos.
Para ello, justifica que se viene arrastrando periodos excesivamente amplios y de morosidad en el pago de deudas comerciales, problema agudizado «aún más» por la crisis del Covid-19.
EL TEXTO YA ESTÁ EN MANOS DEL GOBIERNO
Fuentes del grupo parlamentario han explicado que la enmienda está redactada y se ha remitido al Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado con las Cortes Generales adscrito a la Vicepresidencia Primera, para que estudie su contenido. De esta forma, dicha modificación aún no se ha registrado, dado que primero se ha optado por informar al socio de coalición de esta iniciativa.
Además, tanto la formación morada como desde esta patronal se iniciarán contactos con el resto de grupos parlamentarios para que apoyen la propuesta.
DEUDAS POR ENCIMA DE LOS 140.000 EUROS
Desde Conpymes han propuesto la modificación para que aquellas grandes empresas que se encuentran endeudadas y que «lastran» la actividad del tejido productivo del país por el impago a proveedores, «no se les premie y por tanto se les restrinja el acceso a estas ayudas vinculadas a los fondos europeos».
La vicepresidenta segunda de Conpymes, María José Landaburu, ha declarado que «no es de recibo que se recompense a grandes empresas endeudadas mientras que a muchas pymes y trabajadores por cuenta propia no pueden afrontar la burocracia ni cuentan con la estructura para acceder a los fondos europeos, y siguen esperando que sus grandes morosos les paguen».
Al respecto ha desgranado que es necesario que «las grandes empresas que deben tanto dinero», concretamente 140.000 millones, lo pongan «en la mano» de las pymes y autónomos. Por ello, la iniciativa marca que las grandes empresas del Ibex 35, con cerca de 58.000 millones que adeudan a sus proveedores, no reciban las ayudas europeas hasta que «no estén al corriente» de sus pagos.
Por tanto, es «importante, en definitiva, que todo el tejido productivo» y que esa transformación que exige Europa, que debe ser «feminista» «ecologista» y «justa, no se hará si esos fondos no llegan a las pymes y autónomos.
Según ha destacado Unidas Podemos en un comunicado, en España más del 99% de las empresas son pymes y autónomos, que representan el 70% del empleo y más del 60% del PIB.
Al mismo tiempo, ha subrayado que las grandes empresas ejercen habitualmente su «posición dominante para lograr tratos abusivos» con pymes y autónomos, sobre todo en la fijación de precios y en los plazos de pago.
Aunque la ley fija un máximo de 60 días para pagar las facturas, la formación morada ha contabilizado que las empresas del Ibex pagan a un promedio de 169 días, casi medio año. Además y según los datos aportados por estas empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la deuda con proveedores superaría los 60.000 millones de euros.
«Esto no solamente supone una práctica abusiva de financiación forzada a tipo de interés cero y una injusticia sino que también supone una grave ineficiencia para nuestra economía», ha zanjado el grupo parlamentario.
