El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este miércoles que con la investidura este miércoles del socialista Francisco Cuenca como alcalde de Granada se «recupera la normalidad» y se ha «restaurado la voluntad popular» que se planteó en las pasadas elecciones municipales, cuando fue la lista más votada por los ciudadanos.

En declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de Granada, Ábalos ha hecho hincapié en que el evitar, por parte de otros partidos, que Cuenca pudiera gobernar se materializó en un acuerdo por parte de PP y Cs cuya «estabilidad y viabilidad» ha quedado retratada y ha supuesto «en definitiva dos años perdidos para Granada».

A su juicio, todo aquello fue «sabotear» la «voluntad popular», lo que ha tenido sus consecuencias, y por eso hoy «se recupera la normalidad sin esfuerzo alguno, sin ninguna intriga», ha dicho, «simplemente por la mera descomposición de un acuerdo que también se ve en otras partes de España, donde hay una operación de disolución de una formación política que en su día generó una expectativa interesante de renovación que, lamentablemente, el tiempo ha liquidado y una operación de fagocitación por parte del Partido Popular, que interpreta que necesita conseguir un espacio que perdió para ser una alternativa en el país».

«Lo malo –según ha agregado– es que no lo hace sobre las propuestas políticas, el proponer un proyecto mejor, sino simplemente promocionando el transfuguismo y eliminando el pluralismo político del país».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha destacado la experiencia municipalista que atesora el recién elegido alcalde y los concejales socialistas, se ha mostrado confiado en que «Cuenca gobernará con el perfil dialogante y el consenso que le caracteriza y lo hará pensando en todos los granadinos y en aquellas familias que lo están pasando mal y que no se merecían el espectáculo que hasta el último segundo han protagonizado las derechas».

«Con ambición y pasión, el Partido Socialista defenderá desde la Plaza del Carmen mediante una gestión sólida y propositiva los intereses y el desarrollo igualitario de la ciudad de Granada y lo hará –ha dicho Pepe Entrena– con la misma fuerza que lo ha venido haciendo desde la oposición y al igual que lo hizo en el anterior mandato socialista».

Entrena también ha hecho un llamamiento a la unidad al resto de fuerzas políticas para que a partir de este momento faciliten la gobernabilidad y colaboren en beneficio del interés general de la ciudad y desde la diferencia ideológica primen puntos de acuerdo y las soluciones para abordar el «apasionante tiempo que resta de mandato».

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ que impute tanto a Iberdrola Renovables como a Repsol y Caixabank por contratar los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ahora el juez deberá decidir si atiende estas peticiones del Ministerio Público.

Fuentes jurídicas y fiscales confirman esta petición, que en el caso de Iberdrola llega en el marco de la pieza separada 17, en la que se investigan los diferentes contratos de la eléctrica con el comisario, cuando aun estaba en activo. La solicitud de imputación llega como respuesta a un auto del juez Manuel García-Castellón en el que preguntaba a los fiscales si la compañía debía estar en la causa como investigada o como perjudicada.

De hecho, se paralizaron las declaraciones como investigados tanto del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, como las de otros directivos y exdirectivos a la espera de conocer cuál era la situación procesal de la compañía.

En caso de que estas tres peticiones sean atendidas por el instructor, la de Repsol y Caixabank en el marco de la pieza separada 21, las tres compañías se sumarían a la lista de imputados en la que están de hecho ya algunos de los principales responsables o exdirectivos de cada una, como Isidro Fainé (Caixabank) o Antonio Brufau (Repsol).

LOS PROYECTOS PARA IBERDROLA

En el caso de la eléctrica, uno de los últimos pasos que la Audiencia Nacional ha acordado es la imputación de su presidente y de tres directivos, el ‘número dos’ y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Indiciariamente les imputa un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario.

En su auto, el magistrado explicaba que los cuatro desde sus respectivos puestos directivos pudieron participar en la contratación de los servicios de Villarejo cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encontraban desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

La relación con el comisario habría arrancado según la resolución del juez en 2004 cuando la eléctrica contrató con Cenyt –empresa de Villarejo– a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto ‘Arrow’, que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

A ese encargo siguieron otros, como el denominado ‘Black Board’ o ‘B-B’ que en 2004-2005 tenía por objeto conocer información sensible de actividades de Pizarro, o los de 2009 en los que Asenjo encomendó a Villarejo los denominados ‘Gipsy’ y ‘Posy’. El primero consistió en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Las pesquisas de Villarejo se extendieron a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez.

En ‘Posy’ el objetivo era investigar a Florentino Pérez porque querían conocer «cualquier circunstancia que pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola». De lo intervenido, se supo que recabaron datos personales de él y su familia, y constan dos facturas de las que tuvo conocimiento otro de los directivos imputados, Del Olmo. De hecho el juez recoge que de sus anotaciones se sabe que Asenjo le indicó que de ese trabajo «solo tenía conocimiento Sánchez Galán», y antes de pagarlo fueron firmadas por Orbegozo.

EL PROYECTO WIND PARA IBERDROLA RENOVABLES

Ya a finales de 2011, según el juez, el Grupo Iberdrola en esta ocasión a través de la mercantil Iberdrola Renovables Energía volvió a contratar a Villarejo cuando se encontraba prestando servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, dando lugar al denominado proyecto Wind.

En un primer momento, el trabajo se centró en investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables se había aliado para una serie de proyectos en Rumanía y «con quienes surgieron diferentes conflictos» que acabaron resolviéndose en favor de la eléctrica española en un procedimiento arbitral. En un segundo periodo, a partir de 2016, las pesquisas de Villarejo se centraron en localizar bienes de Eólica Dobrogea y de Kaap sobre los que poder ejecutar el laudo arbitral favorable.

De este asunto, que ha derivado en la petición de imputación de Iberdrola Renovables, se han localizado tres facturas recibidas de Cenyt que, por la fecha de su emisión, podría corresponder a los trabajos del proyecto Wind, una del año 2012, no asociada a ningún pedido, y dos del año 2017 que sí figuran asociadas a un pedido.

Dado que la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, relativa a las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas entró en vigor en octubre de 2011, se entiende que las empresas que contrataron proyectos al comisario con anterioridad a esa fecha quedan excluidas de responsabilidad. Ése sería el motivo por el que la imputación en el caso de la eléctrica recaería sobre Iberdrola Renovables, pues los trabajos arrancan en 2012.

EL ENCARGO DE REPSOL Y CAIXABANK

En noviembre de 2020, el juez acordó la imputación del que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño –ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado– por los encargos que realizaron al comisario José Manuel Villarejo en el marco de la pieza 21 del caso ‘Tándem’. A esas imputaciones siguieron otras y culminaron con la citación como inivestigados de Fainé y de Brufau.

En ese primer auto de noviembre, les imputaba delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos por el encargo que realizaron al comisario y que tenía por objetivo espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y a su entorno por medio del denominado ‘Proyecto Wine’.

Ese trabajo tenía por objetivo salvaguardar los intereses de Repsol y Caixabank, que eran aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía. El juez trata de esclarecer si recurrieron al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha instado al Gobierno de España este miércoles a intervenir las cuentas de la Generalitat de Cataluña para evitar que cubra las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a excargos de esta institución autonómica, como pretende hacer el Govern con el fondo de diez millones de euros que acaba de crear.

«Vamos a hacer todo lo posible para que estas personas devuelvan aquello que malversaron, aquello en lo que quebraron la caja común de todos los españoles», y evitar «que quienes sufrimos el golpe contra la democracia en 2017 seamos los que tengamos que pagar dos veces», ha declarado Bal en rueda de prensa en la sede de Cs al referirse al dinero público que antiguos cargos de la Generalitat usaron para impulsar el proceso independentista.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos ha indicado que, ante la aparente intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de «condonar la deuda» que esas personas tienen con el tesoro público, su partido plantea una solución que ya aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña y que está «avalada por la Justicia».

«Pedimos al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda», María Jesús Montero, «que intervengan las finanzas de la Generalitat de Cataluña de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera», ha manifestado.

Según ha precisado, en este caso no es necesario activar el artículo 155 de la Constitución, ya que basta con establecer «la indisponibilidad del crédito presupuestario y el cumplimiento de unos requisitos estrictos» por parte de la Generalitat para la utilización de su presupuesto.

«UNA CESIÓN TRAS OTRA» AL INDEPENDENTISMO

Ciudadanos teme que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos haga «una cesión detrás de otra» a los políticos separatistas catalanes, a los que considera «insaciables», y de esta manera se fomenten «los privilegios y los agravios» y se destruya la igualdad entre todos los españoles.

Bal ha señalado que ahora, tras indultar los líderes del ‘procés’ condenados por el Tribunal Supremo, el Gobierno realiza un «ataque indisimulado» a la labor del Tribunal de Cuentas al pretender «perdonar las deudas» a personas que cometieron delitos de malversación con un dinero que, según ha apuntado, se debería haber destinado a financiar la educación o la sanidad.

En este sentido, ha criticado que miembros del Ejecutivo digan que las acciones del Tribunal de Cuentas contra antiguos cargos del Govern que «desviaron dinero público para cometer delitos» –a quienes reclama provisionalmente 5,4 millones de euros– suponen «palos en las ruedas» en el proceso de diálogo político con la Generalitat.

BARONES SOCIALISTAS «COBARDES»

Según el vicesecretario general de Cs, en realidad «son palos en las ruedas para que Sánchez se sostenga en el Gobierno con el apoyo y el chantaje de sus amigos los separatistas y humillando a todos los españoles».

«Basta ya de buscar atajos, retorcer las leyes y consentir cosas tan aberrantes jurídicamente como ese fondo que la Generalitat va a crear para avalar o contraavalar la deuda de los golpistas», ha exigido el diputado.

En este contexto, ha arremetido contra «los barones socialistas que se vienen muy arriba cuando hablan de la infrafinanciación de sus comunidades autónomas», como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y que ahora están «bien calladitos» ante Sánchez.

«Son muy valientes cuando se trata de pedirle más dinero al Gobierno de España y, sin embargo, muy cobardes cuando se trata de levantar la voz para evitar esta tropelía y esta nueva humillación que el presidente del Gobierno quiere causar a todos», ha lamentado.

RECURRIR DECISIONES CONCRETAS SOBRE EL USO DEL FONDO

Bal ha avanzado que Ciudadanos peleará para impedir que la Generalitat cometa lo que, según Bal, podría constituir un delito de prevaricación e incluso una nueva malversación, una «infracción contable al cuadrado».

El portavoz de la formación naranja ha adelantado que también acudirán a la Justicia, aunque no mediante un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley aprobado por la Generalitat, ya que para eso Cs necesitaría 50 diputados en el Congreso. Lo que se plantean, según ha detallado, es recurrir las decisiones concretas de aplicación del fondo que vaya adoptando el fondo rector.

«Todo ello sin perjuicio de que esto se pueda denunciar ante la jurisdicción penal», ha añadido al indicar que alguna plataforma cívica catalana ya ha acudido a un juzgado para interponer una querella contra el Govern.

UN AUTOAVAL DE LA GENERALITAT POR UN DAÑO A SU PROPIO PATRIMONIO

El partido liderado por Inés Arrimadas también va a presentar en el Congreso unas preguntas dirigidas al Ejecutivo de Sánchez para que concrete qué medidas piensan tomar contra el fondo constituido por la Generalitat.

Bal ha explicado que algunos juristas ya han advertido de «inconsistencias» en ese mecanismo porque «no hay una extraordinaria y urgente necesidad» de crearlo y porque «se están invadiendo ámbitos de competencia del Estado».

Asimismo, ha afirmado que la Generalitat no puede establecer «una especie de autoaval respecto al daño que se ha causado al presupuesto de la propia Generalitat», del que tendrían que responder «con sus bienes personales» quienes han infligido ese quebranto en el patrimonio público.

Los 34 excargos de la Generalitat de Cataluña tienen hasta este jueves para recurrir la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

Las defensas de los excargos del Govern –incluidos el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras– tienen un plazo de cinco días hábiles, que empezó a correr desde el pasado miércoles, para presentar recurso contra el requerimiento acordado por el órgano fiscalizador, según lo establecido en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La semana pasada, en el marco del acto en el que el órgano fiscalizador comunicó a las defensas y acusaciones la suma a reclamar, el exconseller de Presidencia de Cataluña y letrado de varios excargos Francesc Homs mostró públicamente su oposición a la decisión del tribunal al asegurar que era «un despropósito» que «no tiene fundamentación jurídica razonable» y «busca perseguir una ideología».

Fuentes cercanas a la causa explican que si las defensas presentan recursos, estos darán paso a que la instructora abra trámite para estudiar las alegaciones y poder así dar respuesta. Según precisan no hay un plazo fijo determinado para la resolución.

Las mismas fuentes subrayan que la presentación de recurso no paraliza el plazo de 15 días hábiles –que también empezó a correr el pasado miércoles– que tienen los excargos para depositar la fianza requerida, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.

Tal y como establece la normativa del órgano fiscalizador, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.

INICIATIVA DE LA GENERALITAT

En el marco del plazo para presentar la fianza, la Generalitat de Cataluña ha aprobado un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Institut Català de Finances (ICF).

La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.

Fuentes del órgano fiscalizador insisten en que corresponderá a la instructora decidir si prospera o no la estrategia de la Generalitat, que figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional aunque desde el Govern no coincidan con ello.

PLAZO PARA DEMANDAS

Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat– y las demás acusaciones –Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes– para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante –quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar–, al que por turno le correspondió este asunto.

5,4 MILLONES ENTRE 34

Según el acta de liquidación provisional, se les reclama a 34 ex cargos –incluidos el ex presidente catalán huido Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras– cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.

La Comunidad de Madrid pone en marcha la campaña publicitaria ‘La Covid no se ha ido, métetelo en la cabeza’ para concienciar a los jóvenes sobre el disfrute durante el verano de actividades de ocio de manera responsable y evitar la transmisión del coronavirus.

Se recuerda con ello que, pese a la mejora de la situación epidemiológica y la aceleración del proceso de vacunación, el coronavirus y el riesgo de infección sigue presente en la sociedad.

Según ha explicado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, la campaña, promovida por la Dirección General de Salud Pública, cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y se desarrollará durante los meses de julio y agosto en las principales emisoras de radio de la región, en puntos del exterior de las zonas de ocio, líneas de autobuses y entorno web.

En concreto, consta de cuñas radiofónicas para su emisión desde mañana jueves en las principales emisoras generales, de radio fórmula, económicas y deportivas. Además, se exhibirá cartelería en autobuses interurbanos, plataformas digitales por zonas de ocio y restauración, páginas web, medios digitales, redes sociales, spotify y podcast, con una previsión de 40 millones de impresiones.

«La creatividad se centra en transmitir el mensaje positivo de que el conjunto de la sociedad forma parte de la solución y no del problema, asociado a que durante el verano y las actividades de ocio hay que seguir manteniendo las medidas de prevención frente al Covid-19 porque el riesgo de transmisión, infección y enfermedad persiste», han explicado posteriormente desde el Ejecutivo madrileño.

Bajo estas premisas, se lanzan mensajes preventivos en cada una de los cuatro carteles, creados para generar un impacto visual «amable» y«llamar la atención mediante el juego de palabras», que arranca con ‘Métetelo en la cabeza’, seguido de algunos los consejos.

Con el mismo propósito, las cuñas radiofónicas recrean situaciones de la vida real relacionadas con actividades de ocio y reuniones sociales con objeto de que el ciudadano reflexione sobre su papel para contribuir a cortar con la transmisión del virus y aplicar el sentido común o la cabeza en la protección frente al Covid-19.

En este sentido, la Comunidad de Madrid recuerda que el cumplimiento de las medidas de prevención sigue estando vigente y, con mayor necesidad en la población juvenil, que en su mayoría aún no está vacunada frente al coronavirus.

De hecho, en los últimos días se ha constatado un aumento de contagios entre los jóvenes de 15 a 24 años, con tasas de incidencia que superan los 400 casos por 100.000 habitantes. En este sentido, los técnicos de Salud Pública subrayan que, aunque los jóvenes cursan con formas leves la enfermedad, pueden contribuir a la transmisión del coronavirus y, por ello, deben mantener medidas preventivas para ayudar a romper las cadenas de transmisión o, al menos, a no acelerar la propagación.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez solo ha ejecutado en seis meses el 0,1% de los 24.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A su entender, la ejecución de los fondos europeos demuestra que «una cosa es la propaganda» de Moncloa y otra «la gestión» que está haciendo el Ejecutivo.

«La gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es: ¿Hay un proyecto para invertir? ¿Hay un proyecto de país en el que invertir estos fondos europeos?», ha interpelado, para añadir que «un plan país no es un inventario de modas como el que ha propuesto el Gobierno para los fondos europeos».

García Egea, que ha participado en la segunda jornada del curso que organiza la delegación del Grupo Popular del PPE en San Lorenzo de Escorial (Madrid), ha señalado que ese plan tiene que estar articulado en un proyecto de generación de empleo, competitividad y fiscalidad «atractiva» como el que plantea el PP.

El secretario general del PP ha resaltado que «transcurrida la mitad del año el Gobierno de Sánchez no ha ejecutado nada del Plan de Recuperación». «Hasta la fecha, el porcentaje de ejecución del Gobierno en los fondos europeos es del 0,1%. Ése es el compromiso del Gobierno con las pymes y los autónomos», ha denunciado.

«OTRO RÉCORD EN LA FACTURA EN LA LUZ»

Además, ha criticado que no se haya aprobado tampoco ningún proyecto estratégico para la Recuperación y la Ejecución Estratégica (PERTE), que no funcionen las convocatorias del plan y que no se dialogue con las comunidades autónomas. «La ejecución de los fondos europeos demuestra que una cosa es la propaganda del sanchismo y otra la gestión de Moncloa», ha manifestado.

Asimismo, el ‘número dos’ del PP ha asegurado que el «ecosistema» que ofrece España a las empresas punteras es que «hoy se ha batido por tercer día el récord de factura de la luz» y esto «no es un incentivo para que las empresas» vengan a España.

García Egea ha afirmado que al Gobierno «no le ha importado que el Covid se haya llevado por delante a 207.000 empresas y 323.000 autónomos: para ellos no hay red ni soporte de garantía, como el fondo que quiere crear la Generalitat», en alusión al fondo del Govern para cubrir las finanzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas.

«¿CUÁNTO ESTÁ ENDEUDANDO EL GOBIERNO A LOS ESPAÑOLES?»

El dirigente del PP ha asegurado que los jóvenes españoles están siendo «golpeados» por la pandemia y por la «gestión deficiente» del Gobierno «más caro de la historia, el de Pedro Sánchez», que no ha escuchado a esta nueva generación y está «endeudando su futuro».

«¿Cuánto está endeudando este Gobierno a los jóvenes de hoy? La deuda española hoy supera el 125% de nuestro PIB y crece 217 millones de euros. Desde que Pedro Sánchez es presidente la deuda por persona ha aumentado en 4.800 euros», ha aseverado, para añadir que el Gobierno ya cuesta a los españoles «casi cinco mil euros de deuda más» a cada uno.

García Egea se ha mostrado convencido de que cuando Casado sea presidente habrá «menos asesores viviendo del Estado y más emprendedores» en España y ha criticado que España sea «el líder europeo de paro juvenil» con cuatro de cada 10 jóvenes sin empleo.

Dicho esto, ha apostado por la digitalización para crear nuevos trabajos y sectores productivos, al tiempo que ha subrayado que han registrado la Ley para la Transformación Digital en España. «A Sánchez solo le importa su capital electoral y Casado está preocupado por el capital social de España», ha aseverado.

García Egea ha destacado que la «cuenta atrás» del presidente del Gobierno «ha comenzado» y solo el líder del PP «puede vencerle» porque es la «única alternativa que tiene España a este desgobierno». A su juicio, el PP es el «único proyecto viable» para hacer del país una de las economías «más importantes del mundo».

Unidas Podemos propone al Gobierno introducir una enmienda al real decreto ley de gestión de los fondos europeos para impedir que la empresas, sobre todo las grandes corporación del Ibex 35, reciban estos recursos si presentan impagos por encima de los 60 días legales con pymes y autónomos que sean sus proveedores.

Esta propuesta de modificación del decreto ha sido acordada con la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), organización patronal de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha indicado que esta propuesta consensuada con Conpymes les parece una «magnífica idea».

«No solamente se repara una incomprensible injusticia con el tejido de pymes y autónomos. Además pensamos que este requisito puede servir como aliciente para que las grandes empresas paguen lo que deben a nuestro tejido pequeño y mediano y eso suponga un importantísimo impulso a la recuperación económica y del empleo», ha destallado.

La propuesta de enmienda establece que en los pliegos del despliegue de los fondos incorporen como «requisito inexcusable» el cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, demedidas de lucha contra la morosidad. Además, pide la aportación de una declaración responsable o certificación emitida por auditor en la que se manifieste que el periodo medio de pago de la empresa se encuentra dentro de los límites establecidos.

Para ello, justifica que se viene arrastrando periodos excesivamente amplios y de morosidad en el pago de deudas comerciales, problema agudizado «aún más» por la crisis del Covid-19.

EL TEXTO YA ESTÁ EN MANOS DEL GOBIERNO

Fuentes del grupo parlamentario han explicado que la enmienda está redactada y se ha remitido al Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado con las Cortes Generales adscrito a la Vicepresidencia Primera, para que estudie su contenido. De esta forma, dicha modificación aún no se ha registrado, dado que primero se ha optado por informar al socio de coalición de esta iniciativa.

Además, tanto la formación morada como desde esta patronal se iniciarán contactos con el resto de grupos parlamentarios para que apoyen la propuesta.

DEUDAS POR ENCIMA DE LOS 140.000 EUROS

Desde Conpymes han propuesto la modificación para que aquellas grandes empresas que se encuentran endeudadas y que «lastran» la actividad del tejido productivo del país por el impago a proveedores, «no se les premie y por tanto se les restrinja el acceso a estas ayudas vinculadas a los fondos europeos».

La vicepresidenta segunda de Conpymes, María José Landaburu, ha declarado que «no es de recibo que se recompense a grandes empresas endeudadas mientras que a muchas pymes y trabajadores por cuenta propia no pueden afrontar la burocracia ni cuentan con la estructura para acceder a los fondos europeos, y siguen esperando que sus grandes morosos les paguen».

Al respecto ha desgranado que es necesario que «las grandes empresas que deben tanto dinero», concretamente 140.000 millones, lo pongan «en la mano» de las pymes y autónomos. Por ello, la iniciativa marca que las grandes empresas del Ibex 35, con cerca de 58.000 millones que adeudan a sus proveedores, no reciban las ayudas europeas hasta que «no estén al corriente» de sus pagos.

Por tanto, es «importante, en definitiva, que todo el tejido productivo» y que esa transformación que exige Europa, que debe ser «feminista» «ecologista» y «justa, no se hará si esos fondos no llegan a las pymes y autónomos.

Según ha destacado Unidas Podemos en un comunicado, en España más del 99% de las empresas son pymes y autónomos, que representan el 70% del empleo y más del 60% del PIB.

Al mismo tiempo, ha subrayado que las grandes empresas ejercen habitualmente su «posición dominante para lograr tratos abusivos» con pymes y autónomos, sobre todo en la fijación de precios y en los plazos de pago.

Aunque la ley fija un máximo de 60 días para pagar las facturas, la formación morada ha contabilizado que las empresas del Ibex pagan a un promedio de 169 días, casi medio año. Además y según los datos aportados por estas empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la deuda con proveedores superaría los 60.000 millones de euros.

«Esto no solamente supone una práctica abusiva de financiación forzada a tipo de interés cero y una injusticia sino que también supone una grave ineficiencia para nuestra economía«, ha zanjado el grupo parlamentario.

La asociación Mundo en Movimiento, la Fundación San Juan del Castillo-Centro Pueblos Unidos (red SJM) y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, han presentado este miércoles sendos escritos a la Fiscalía de Delitos de Odio, la Fiscalía de Extranjería y el Consejo General del Poder Judicial, en los que denuncian un «aumento de las situaciones de violencia» hacia los internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid.

Las tres entidades, que desarrollan un programa de visitas en el CIE de Aluche, han enviado estos escritos este miércoles por la mañana, y en ellos trasladan su preocupación por la denuncia de «agresiones» así como de «tratos degradantes e inhumanos» en este centro.

«Queremos trasladar públicamente nuestra preocupación ante la escalada de violencia en el CIE de Madrid, desde la reactivación de su actividad el pasado mes de octubre. Han aumentado las denuncias de las personas internadas por la constante tensión y el clima hostil provocado por la Policía», ha declarado la abogada y coordinadora del programa de visitas de Pueblos Unidos, Ana Bosch, en rueda de prensa.

Según puntualizan en el escrito, en el último trimestre del año 2020 (en los primeros meses tras la reactivación de la actividad del CIE), hubo tres intentos de suicidio de personas internas y en el relato de todas ellas se hace referencia al «desprecio y la hostilidad del trato policial durante su internamiento».

Además, según precisan, solo en el mes de marzo, al menos tres personas denunciaron ante los juzgados de instrucción haber sufrido agresiones policiales.

También denuncian la «rápida expulsión» de las presuntas víctimas y sus testigos a sus países de origen antes de que hayan concluido las investigaciones y la falta de emisión de partes de lesiones por el servicio sanitario.

INVESTIGACIONES «INEXISTENTES»

En todo caso, Jorge Del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura y Premio Nacional Derechos Humanos 2019, ha precisado que cuando se denuncian estos delitos «debería haber una investigación judicial seria» pero ha denunciado que esta investigación es «prácticamente inexistente».

Cuando se consigue presentar una queja ante los tribunales, los juzgados de control o de instrucción apenas hacen una investigación, se limitan a preguntar a los centros de internamiento qué ha pasado, y no se paraliza el proceso de expulsión de la persona», ha señalado.

También ha puesto de manifiesto que hay internos que dicen haber sufrido agresiones pero no se atreven a denunciar «porque temen represalias» y tienen miedo de que puedan «agilizar su proceso de deportación».

Además, la portavoz de CIEs No Madrid y coordinadora del equipo de visitas del CIE de Aluche de Mundo en Movimiento, María Paramés, ha denunciado que «el servicio sanitario del CIE no está respetando el derecho a la protección sanitaria» y que los partes de lesiones «la mayoría de las veces no se acompañan de fotos ni se rellenan preceptivamente».

Por su parte, fuentes policiales han indicado que la Policía estará a lo que solicite en su momento la Fiscalía y han precisado que todas las expulsiones de los internos en el CIE se dan «por orden judicial» y no se expulsa «a nadie» sin esta orden.