Un 50 por ciento de los españoles consideran que la independencia del sistema judicial es mala o muy mala, algo que atribuyen a las presiones políticas y económicas, siendo España uno de los Estados miembros de la Unión Europea con peor percepción de su justicia.

Según muestra el barómetro anual europeo, entre los ciudadanos de la UE solo croatas, eslovacos, polacos, búlgaros e italianos confían menos en la independencia judicial que los españoles. En el polo opuesto se encuentran Austria, Finlandia y Alemania donde más de un 80 por ciento de sus ciudadanos creen en la independencia de sus jueces y tribunales.

A esto se suma que cada vez menos españoles, un 38 por ciento, valoran positivamente la independencia del sistema, un retroceso de seis puntos con respecto al año anterior.

En términos generales, un 54 por ciento de los ciudadanos de la UE consideran la independencia del sistema de justicia en su país como buena o bastante buena, mientras que un 35 por ciento la percibe como mala o muy mala.

LOS ESPAÑOLES APUNTAN A PRESIONES POLÍTICA Y ECONÓMICAS

Los españoles con una percepción negativa apuntan a las presiones políticas, un 79 por ciento, y a intereses económicos, 75 por ciento, mientras que no atribuyen tanto la falta de independencia a los propios jueces, 57 por ciento, algo que en general sí achacan los ciudadanos de la UE, 63 por ciento.

Con respecto a los parámetros de eficacia y rapidez de la Justicia, España se encuentra a la cola de la UE en número de jueces por cada 100.000 habitantes con solo 11,5, un ratio muy inferior al del bloque, mientras que en lentitud de la justicia también está entre los peores con 274 días de media para resolver litigios civiles, comerciales y administrativos.

En la presentación de la encuesta, que acompaña al indicador de la Justicia en la UE, el comisario del ramo, Didier Reynders, ha señalado que la tendencia sobre percepción ciudadana se mantiene estable, aunque en aquellos Estados miembros en los que ya había una percepción negativa sigue habiéndola e incluso se ha deteriorado más.

Entre los retos de futuro, el comisario belga ha puesto la digitalización como uno de los elementos a mejorar, resaltando que durante la pandemia de coronavirus casi todos los países de la UE implementaron sistema de videoconferencia y los funcionarios de justicia pudieron trabajar en remoto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este jueves el nivel de seguridad en España en una visita a las instalaciones de la Comisaría General de Policía Judicial, que logró en 2020 la desarticulación total o parcial de 224 grupos organizados y la detención o imputación de casi 2.600 personas.

Grande-Marlaska ha ensalzado la labor del comisario principal Rafael Pérez –que sustituyó en septiembre de 2020 a Eloy Quirós– al frente de 986 agentes de Policía Judicial, «centro de élite en la investigación del crimen organizado». «La tecnología, la formación y vuestra dedicación están haciendo posible un país cada día más seguro para nuestros ciudadanos», ha señalado.

Según Interior, el titular de la cartera ha puesto en valor las cifras de actuaciones durante 2020, un año marcado por la pandemia de Covid-19 pero que «no ha impedido continuar con una labor incansable y eficaz que ha dado un año más importantes resultados operativos».

CIBERDELINCUENCIA, FUGITIVOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En el ámbito de la ciberdelincuencia, el pasado año también llevaron a cabo 4.500 investigaciones, de las cuales el 61% obtuvieron resultados y culminaron con la detención de 1.732 personas. Entre 2018 y 2021, la Comisaría General de Policía Judicial detuvo a 1.503 los fugitivos y los detenidos por violencia de género, doméstica o sexual superaron los 166.000.

El ministro, acompañado del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, así como otros mandos policiales, ha visitado este jueves la sede de esta comisaría general a la que le corresponde principalmente la investigación y persecución de las actividades delictivas.

Grande-Marlaska ha recorrido las instalaciones de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado y de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, así como las oficinas de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, entre otras.

OPERACIONES MÁS RECIENTES

El Ministerio del Interior ha destacado algunas de las operaciones recientes de la Comisaría General de Policial, como la desarrollada en abril contra una de las mayores organizaciones dedicada al tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar, a través del transporte de hachís en ‘narcolanchas’ desde Marruecos hasta nuestras costas o la incautación de un pesquero en alta mar, al este de Canarias, con 15 toneladas de hachís a bordo.

A primeros de año, la Policía Nacional destapó una estafa de más de siete millones de euros en monedas virtuales en la que se detuvo a cuatro personas que, a través de una sociedad inexistente, gestionaban inversiones de bitcoin. En mayo, otra operación descubrió un fraude intracomunitario de IVA en el sector de la informática de más de 26 millones de euros realizado entre 2017 y 2020.

Más de cinco millones de muertes adicionales al año pueden atribuirse a las temperaturas anormales de frío y calor, según un estudio internacional pionero en el mundo dirigido por la Universidad de Monash (Australia).

El estudio, publicado en la revista científica ‘The Lancet Planetary Health’, descubrió que las muertes relacionadas con las temperaturas cálidas aumentaron en todas las regiones entre 2000 y 2019, lo que indica que el calentamiento global debido al cambio climático empeorará esta cifra de mortalidad en el futuro.

El equipo internacional de investigación analizó los datos de mortalidad y temperatura en todo el mundo desde 2000 hasta 2019, un periodo en el que las temperaturas globales aumentaron 0,26C por década.

El estudio, el primero en vincular definitivamente las temperaturas por encima y por debajo de las óptimas (correspondientes a las temperaturas mínimas de mortalidad) con los aumentos anuales de mortalidad, descubrió que el 9,43 por ciento de las muertes mundiales podían atribuirse a las temperaturas frías y cálidas. Esto equivale a un exceso de 74 muertes por cada 100.000 personas, y la mayoría de las muertes se deben a la exposición al frío.

Los datos revelan diferencias geográficas en el impacto de las temperaturas no óptimas en la mortalidad, siendo Europa del Este y el África subsahariana los que presentan las mayores tasas de exceso de mortalidad relacionadas con el frío y el calor.

Es importante destacar que las muertes relacionadas con el frío disminuyeron un 0,51 por ciento entre 2000 y 2019, mientras que las relacionadas con el calor aumentaron un 0,21 por ciento, lo que supuso una reducción de la mortalidad neta debida a las temperaturas frías y cálidas.

El mayor descenso de la mortalidad neta se produjo en el sudeste asiático, mientras que hubo un aumento temporal en el sur de Asia y en Europa.

El profesor Yuming Guo, de la Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash, señala que esto demuestra que el calentamiento global puede «reducir ligeramente el número de muertes relacionadas con la temperatura, en gran parte debido a la disminución de la mortalidad relacionada con el frío, sin embargo, a largo plazo se espera que el cambio climático aumente la carga de mortalidad porque la mortalidad relacionada con el calor seguiría aumentando».

Los datos de mortalidad de este innovador estudio son significativamente más altos que los del segundo estudio más grande publicado en 2015, que se basó en 74 millones de muertes en 13 países/regiones y estimó que el 7,7 po ciento de las muertes estaban relacionadas con las temperaturas frías y calientes.

De las muertes mundiales atribuidas al frío y el calor anormales, el estudio descubrió que más de la mitad se produjeron en Asia, sobre todo en el este y el sur del continente; Europa tiene la mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 personas debido a la exposición al calor; y en el África subsahariana se registraron las mayores tasas de mortalidad por cada 100.000 personas debido a la exposición al frío.

El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde este jueves, con los votos a favor de todos los grupos –PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Vox– salvo Unidas Podemos por Andalucía, que se ha abstenido, a la proposición de ley planteada por el Grupo Socialista y a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil.

La proposición ha incorporado una enmienda ‘in voce’ que ha contado con el respaldo de todos los grupos y la abstención de los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía. Tras su aprobación, el Parlamento designará para su tramitación ante el Congreso de los Diputados a tres ponentes para cuya selección los grupos tendrán hasta las 14,00 horas del próximo martes, 13 de julio, de plazo, según ha anunciado la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet.

La proposición de ley consta de un artículo único de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; en concreto, de su artículo 15, así como de una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En virtud de esta iniciativa, se plantea que el artículo 15 de la citada ley establezca que «las Administraciones públicas garantizarán una oferta suficiente de plazas para responder a la demanda en el primer ciclo de educación infantil, promoviendo para ello un incremento progresivo de la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos en el primer ciclo».

«Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones públicas y entidades privadas», añade el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación según la redacción planteada por esta iniciativa del Parlamento andaluz.

De igual modo, la proposición aprobada en el Parlamento andaluz acuerda que la ley estatal de educación establezca que «el primer y segundo ciclo de educación infantil serán gratuitos», así como que disponga que, «a fin de atender las demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán y financiarán una oferta suficiente de plazas, incluido el comedor escolar, y el total de plazas autorizadas, tanto en centros públicos como privados, y en el segundo ciclo las Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su programación educativa».

«Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos, si bien el primer ciclo sólo podrá ofrecerse en centros exclusivos de educación infantil, que deberán además abarcar dicho primer ciclo completo», abunda también el texto que plantea la proposición de ley a tramitar ante el Congreso, que igualmente plantea que «estos centros deberán incluir en su proyecto educativo la propuesta pedagógica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 14 y deberán contar con el personal cualificado en los términos recogidos en el artículo 92».

La proposición de ley planteada por el Grupo Socialista también contempla una disposición adicional única según la cual «el Estado transferirá a las comunidades autónomas el crédito suficiente para garantizar la gratuidad del servicio de atención socioeducativa, incluido el comedor escolar, de los niños y niñas matriculados en el primer ciclo de la educación infantil, tanto en centros públicos como en privados».

También, una disposición final primera, por la que «se habilita al Gobierno para dictar en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la presente ley».

IMPORTANCIA DEL PRIMER CICLO DE INFANTIL

En representación del grupo proponente, la parlamentaria del PSOE-A Beatriz Rubiño ha defendido la importancia «fundamental» del primer ciclo de Educación Intantil, destinado a la atención social y educativa de los niños menores de tres años, «base e inicio de todo el proceso educativo».

Ha subrayado además que este ciclo educativo constituye «un elemento básico para eliminar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o niña socialmente desfavorecido, potenciando la igualdad de oportunidades educativas y la socialización, del mismo modo que se erige en factor esencial en la prevención de las dificultades de aprendizaje y del fracaso escolar».

Desde el Grupo Socialista han defendido que la escolarización de la primera infancia, además de aportar beneficios en cuanto a la atención y formación para los menores, constituye «una medida de gran relevancia para el conjunto de la sociedad», ya que la escolarización a una edad temprana «estimula las habilidades cognitivas de los niños y niñas y favorece el rendimiento escolar posterior».

Actualmente, según advierte la exposición de motivos de esta iniciativa, en España existe una «enorme brecha» entre la oferta de plazas públicas y privadas en centros de educación infantil y el volumen real y potencial de niños escolarizados.

Añade que La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, «reconoce los aspectos positivos de la educación infantil y la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso al sistema educativo, sin que la implantación del ciclo de esta etapa haya tenido el impacto deseado en la escolarización de los niños y niñas de esta edad, lo que implica importantes desigualdades en cuanto al acceso, condicionado por la situación socioeconómica de las familias», de ahí que, «para compensar las citadas desigualdades en cuanto al acceso al primer ciclo de educación infantil, se estima procedente modificar el artículo 15» de la citada ley estatal, «en el sentido de que posibilite la gratuidad a los niños y niñas que se matriculen en el mismo».

Los forenses consideran «creíble» el relato de los menores que acusan de abusos sexuales a un cura de los Salesianos juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra por hechos supuestamente sucedidos en un campamento de verano.

En la tercera sesión del juicio contra Segundo C.V., el sacerdote del colegio Salesianos de Vigo acusado de abusar sexualmente de varios menores de 16 años la Fiscalía ha modificado la acusación en uno de los casos de abuso eliminando la consideración de «continuado» y ha retirado los cargos respecto a uno de los menores con lo que la petición de condenas se refiere a cinco chicos.

Durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Pontevedra, este jueves la defensa del sacerdote llamó a declarar a numerosos jóvenes, aunque la mayoría de ellos no había participado en el campamento de verano organizado por el colegio María Auxiliadora de la congregación de los Salesianos, a través de la asociación juvenil Abertal.

Sí que habían acudido otros años como alumnos o como monitores pero nada pudieron aportar en relación a los hechos que se juzgan. Su declaración se limitó a reiterar que la relación del procesado con todos ellos era «cordial» y «estrecha».

Tres de los testigos de la defensa que sí participaron en el campamento del verano de 2019 aclararon que ellos no eran amigos de las víctimas y que estaban en otra habitación distinta. Uno de ellos explicó ante el tribunal que «recuerdo que un día unos chicos estaban muy mal, llorando, y que juntaron las camas» aunque en aquel momento no sabía lo que había sucedido.

Los letrados de la defensa también citaron a dos curas salesianos pero que no fueron a ese campamento, así como a padres de otros alumnos y familiares del acusado que hablaron en favor de éste.

«RELACIÓN DE CONFIANZA»

También comparecieron ante la sala por videoconferencia los peritos psicólogos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que evaluaron a las víctimas y que destacaron que su testimonio es «creíble» y que en él no detectaron «ninguna motivación espúrea, al contrario tenían una relación de confianza con la persona investigada».

Como consecuencia de estos hechos, los psicólogos apreciaron que algunos de los jóvenes sufrieron de trastorno de estrés postraumático o sintomatología de trastorno psicológico adaptativo de grado menos grave, con problemas de sueño (pesadillas), pensamientos recurrentes, recuerdos angustiosos, involuntarios e intrusivos del suceso, bajo rendimiento escolar, síntomas depresivos, sentimiento de estigmatización y desconfianza, alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso.

A ello sumaron comportamiento irritable y arrebatos de furia, hipervigilancia, problemas de concentración, por lo que algunos de ellos precisaron terapia psicológica a fin de poder entender, integrar y resolver la situación que sufrieron para que no le afectase a su desarrollo.

En sus conclusiones han destacado que «son indicadores propios de haber vivido una experiencia traumática en todos los casos». También negaron que el relato de los menores sea fruto de una «sugestión» como planteó la defensa del acusado. En el mismo sentido se manifestó una psicóloga que trató a los menores. En el caso de dos de los chicos se aportó un «test de credibilidad», una prueba que no se practicó con el resto de niños «para evitarles una victimización secundaria».

La defensa aportó la pericial de un psicólogo que evaluó al sacerdote, un informe de parte que se incorporó este martes a la causa y que sostiene que el cura «no tiene el perfil propio de un abusador». Los letrados de la acusación señalaron que este informe estaba incompleto algo que reconoció su autor.

El próximo lunes a las 11,30 horas la Sección Cuarta de la Audiencia acogerá la lectura de los informes de las partes, con lo que el juicio quedará previsiblemente visto para sentencia.

El cambio climático aumentará la mortalidad atribuible a las temperaturas en Europa si no se aplican medidas severas de mitigación, según ha avisado un nuevo trabajo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación ‘La Caixa’.

Según esta investigación, publicada en The Lancet Planetary Health , el descenso en las muertes atribuibles a las temperaturas bajas no compensará el incremento cada vez mayor previsto en la mortalidad asociada al calor .

Tras analizar los datos de mortalidad y de temperatura registrados entre 1998 y 2012 en 16 países europeos, el equipo científico concluyó que más de un siete por ciento del total de las muertes registradas en este periodo son atribuibles a la temperatura. Las temperaturas frías tuvieron un impacto sobre la mortalidad hasta diez veces superior al de las cálidas.

Sin embargo, las proyecciones realizadas mediante modelos epidemiológicos indican que, en caso de no introducir medidas de mitigación efectivas de manera inmediata, la tendencia podría revertirse a mediados del presente siglo , dando lugar a un rápido aumento de la mortalidad atribuible al calor.

Usando como referencia los datos del periodo 1998-2012, el equipo combinó cuatro modelos climáticos para realizar proyecciones hasta finales del presente siglo bajo tres escenarios distintos en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.

«Todos los modelos indican un aumento progresivo de las temperaturas y, en consecuencia, un descenso de la mortalidad atribuible al frío y un incremento de las muertes atribuibles al calor. La diferencia entre los escenarios planteados está en el ritmo al que se produce el aumento de las muertes asociadas al calor», ha explicado la investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio, Èrica Martínez.

Los datos, prosigue, apuntan a una estabilización e incluso un descenso de las cifras totales de mortalidad atribuible a las temperaturas en los próximos años, seguida de un incremento muy pronunciado, que podría producirse a partir de la mitad del siglo o hacia el final del mismo, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por su parte, el investigador Marcos Quijal, que comparte la primera autoría del estudio, ha informado de que en las últimas décadas, el calentamiento en Europa se ha producido a un ritmo más rápido que en cualquier otro continente.

«La incidencia de este fenómeno es desigual, ya que los países del Mediterráneo se muestran más vulnerables que el resto. Nuestros modelos, además, prevén un aumento desproporcionado de la mortalidad atribuible al calor en los países del arco Mediterráneo, debido a un ascenso significativo de las temperaturas en los meses de verano y a esa mayor vulnerabilidad al calor», ha dicho.

Las proyecciones indican un aumento muy notable de las muertes como consecuencia del calor extremo, hasta el punto de que, en el escenario de emisiones más altas sin adaptación, estas llegarían a sobrepasar la mortalidad atribuible al frío.

«Nuestros resultados confirman la urgencia de adoptar medidas de mitigación de carácter global , ya que si solo se adoptan en países o regiones específicas no resultarán efectivas. Además, un factor que resultará determinante y que no hemos introducido en nuestros modelos es nuestra capacidad de adaptación a los nuevos escenarios, que ya está contribuyendo a reducir nuestra vulnerabilidad frente a las temperaturas», ha zanjado el investigador de ISGlobal y último autor del estudio, Joan Ballester.

El agua y el trasvase Tajo-Segura han vuelto a protagonizar un enfrentamiento entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la oposición liderada por el PP. La diputada ‘popular’, Ana Guarinos, ha calificado de «fracaso, traición, decepción y fraude» la política en materia de agua de Emiliano García-Page, que es el presidente «más trasvasista de la historia», mientras que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que «una de las mayores traiciones que ha habido en esta tierra» en materia hídrica «la cometió María Dolores de Cospedal».

Este nuevo rifirrafe se ha producido en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que debate sobre la situación del río Tajo a petición del PSOE. Guarinos ha criticado que García-Page, cada vez que tiene un problema político, utiliza el agua como «arma arrojadiza para intentar desviar la atención», ya que «vive más cómodo en la confrontación entre personas y territorios que en la solución de los problemas que los castellanomanchegos tienen en materia de agua».

Para la parlamentaria ‘popular’, la aportación de los socialistas a la defensa del río Tajo se resume en 0 hectómetros cúbicos de reserva estratégica en cabecera en los embalses de Entrepeñas y Buendía; 0 m3/segundo de caudal mínimo circulante por Toledo; y 0 m3/segundo de caudal mínimo circulante por Talavera de la Reina.

Además, con el nuevo borrador de Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo «seguimos igual», ha sentenciado. Así, Guarinos ha señalado que «decepción, frustración o fraude» fueron las palabras que más se usaron en la última reunión de la Mesa Regional del Agua y son las que «mejor resumen la sensación que hay en Castilla-La Mancha entre los interesados y las que mejor definen el trabajo mal hecho desde el Gobierno de Page en materia de agua».

Mientras tanto el consejero de Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no utiliza el agua «como arma arrojadiza», no está más cómodo en la confrontación y no ha traicionado a nadie, tal y como dice el PP. «Hemos sido absolutamente coherentes desde el año 2015. No nos hemos opuesto a los trasvases para consumo humano en el Levante. Hemos mantenido la coherencia más absoluta, la que ustedes no han tenido».

Así, ha señalado que «una de las mayores traiciones que ha habido en esta tierra la cometió Cospedal». «Los 400 hectómetros cúbicos son una de las mayores indecencias que se han cometido en la política en Castilla-La Mancha», ha defendido el titular de Agua de la región.

A diferencia de la oposición, el consejero ha afirmado que él sí que está satisfecho de los avances alcanzados en materia de agua, aunque ha reconocido que son «insuficientes» y que hay tiempo para mejorar. Además, ha apuntado que los trasvases, «por mucho que el PP insista», no han sido mayores con el PSOE gobernando.

ALEGRARSE POR LO CONSEGUIDO

Dicho esto, ha pedido a PP y Ciudadanos que se alegren por lo conseguido. «La gente está esperando que ustedes se alegren porque queremos alegrarnos todos juntos de algo que hacemos todos juntos por todos nosotros. Parece que lo único que les importa es llevar la contraria», ha sostenido Francisco Martínez Arroyo.

A Ciudadanos, que previamente se había quejado de que en la última reunión de la mesa del agua el consejero «no salió bien parado», Martínez Arroyo le ha dicho que «cuando uno arriesga e incluye a todos en el foro, les da la palabra, no corta a nadie, y pretende llegar a un acuerdo, creo que merece, al menos, ese reconocimiento».

Según ha defendido, «no hay una región en España que haya puesto en marcha una mesa del agua democrática, transparente y participativa, en la que cada uno expresa sus opiniones».

Por parte de Ciudadanos ha tomado la palabra Elena Jaime, quien ha pedido impulsar un nuevo Plan Hidrológico Nacional, previo diálogo con las comunidades autónomas y con los diferentes agentes económicos y sociales, que garantice los principios de unidad de gestión y unidad de cuenca en el marco de una planificación nacional.

También ha solicitado que se vuelva a convocar una mesa del agua para que todos los agentes implicados hagan las alegaciones que vean convenientes al plan hidrológico. Asimismo, ha exigido que no se politice la mesa del agua, una herramienta que, a su juicio, debe servir para trabajar. «Dejen de utilizar el Tajo tanto los unos como los otros, necesitamos el agua para regar y para que nuestros ecosistemas perduren y necesitamos el agua para vivir».

«No podemos tener una visión cortoplacista y electoralista de este tema. Tengamos altura de miras, miremos al futuro de nuestros ríos, de nuestros hijos y miremos al futuro de Castilla-La Mancha», ha recalcado la diputada de la formación naranja.

AZNAR Y RAJOY, LOS MÁS TRASVASISTAS

Por parte del PSOE, el diputado Francisco Pérez Torrecilla ha indicado que el gobierno más trasvasista no es el gobierno del PSOE. «De ninguna de las maneras», ha sentenciado. Los datos «reales» –ha aseverado– dicen que «el presidente más trasvasista es Aznar, con 589 hectómetros cúbicos trasvasados en el año 2000, y el siguiente más trasvasista es Rajoy, con un segundo récord de 487 hm3 trasvasados en el año 2014».

También ha tomado la palabra el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, quien ha lamentado que ni Guarinos ni Jaime hayan dicho cuál es su posición frente al trasvase y, sin embargo, el PSOE «siempre ha manifestado su deseo de que ese trasvase llegue un día a su fin». «Lo que no nos valen son engaños ni memorándum, que lo que hacía es retener agua en cabecera para trasvasar más», ha denunciado el dirigente socialista.

Trabajadores y empresarios del ocio han escenificado un botellón a las puertas de Les Corts para protestar contra las restricciones «desproporcionadas» del sector y la desescalada «caótica» en la que, según han afirmado, se les ha convertido en «chivo expiatorio».

El acto ha coincidido con la sesión de control de Les Corts, antes de la celebración de la mesa intertepartamental COVID donde se han aprobado las nuevas medidas contra el coronavirus, que incluyen el cierre del ocio nocturno.

Durante la protesta, convocada por la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana (CEOH), el sector ha denunciado que «desde las administraciones públicas se les vuelva a señalar y a convertir en el chivo expiatorio por la falta de organización y relajación del Gobierno valenciano desde que finalizó el toque de queda el pasado 7 de junio».

Los empresarios han pedido al Consell que asuma su responsabilidad por la «caótica» planificación durante el proceso de desescalada para frenar «los desmanes que se han producido en calles, plazas y playas, con botellones multitudinarios, y en fiestas clandestinas y no cargue la culpa a los pubs y discotecas que tienen activados todos los mecanismos y protocolos para que el riesgo de contagio sea el mínimo posible», ha indicado la CEOH en un comunicado.

La patronal ha recordado que ya advirtió que «esta situación de ocio descontrolado y no reglado en la calle iba a producirse y que no se han tomado las medidas de prevención, control y seguridad necesarias que el propio sector viene reclamando».

No obstante, desde la CEOH han reprochado al Consell que «una y otra vez» haya hecho «oídos sordos» a las propuestas del sector, «resistiéndose a aplicar protocolos científicos y tecnológicos para garantizar, más todavía, la seguridad en los establecimientos reglados de ocio y de hostelería; e incluso campañas de concienciación y de prevención dirigidas a público y empresarios».

La Coordinadora ha lamentado que «hasta el momento han hecho todo lo contrario: limitarse a adoptar medidas cortoplacistas, cargando el peso de éstas contra la actividad de los locales de ocio». «Una situación que ahora está en manos del Gobierno del Botànic poder revertir, ya que frenar, de nuevo, la actividad empresarial del sector del ocio no es la solución», ha sostenido.

Más bien, ha subrayado, es una «mera cortina de humo ante su incapacidad para gestionar y atajar de raíz el descontrolado repunte de casos de contagios juveniles, manteniendo el orden en la vía pública, combatiendo el botellón y todo tipo de concentraciones multitudinarias que son un auténtico factor de riesgo para el contagio, en estos momentos, entre los más jóvenes».

COMPENSACIONES ECONÓMICAS

Los empresarios han insistido en que la desescalada «se ha hecho sin medir las graves consecuencias que todo ello supone para los cerca de 1.100 locales de ocio que han logrado sobrevivir a la crisis y que no tienen ya capacidad de resistencia para soportar nuevas restricciones».

Por eso, durante la protesta han vuelto a reclamar, con carácter inmediato, un tercer plan de ayudas económicas directas, que no deje fuera a ninguna empresa y que compensen las pérdidas económicas hasta que recuperen su actividad al 100%.

Asimismo, también han reclamado poner sobre la mesa la implantación del Certificado Digital COVID de la Unión Europea, poder utilizar la realización de test de antígenos o los carnets de vacunación, que permitiría recuperar la actividad de los locales, con total garantía sanitaria, en vez de limitarla.

La CEOH considera que «es el momento de exigir ayudas económicas para un sector que ha perdido entre 250.000 y 450.000 euros durante estos 16 meses y que apenas ha recibido ayudas, ya que estas no cubren ni el 6% de las pérdidas acumuladas». Unas ayudas económicas que «deben proteger también a los trabajadores que acaban de sacar de los ERTE y que han quedado sin ninguna cobertura».

«FALSEDADES» EN LAS AYUDAS

Por otra parte, la CEOH ha criticado «los anuncios tramposos y las falsedades» de Ximo Puig en la interdepartamental, anunciando un plan de ayudas de 4,8 millones para el ocio nocturno, «que ya fueron comunicadas hace un mes, después del ridículo que supuso que las primeras ayudas comprometidas para el sector, el pasado mes de noviembre, no alcanzaron al 100% de los establecimientos por el error de cálculo del Consell sobre el número de pymes existentes».

«Es lamentable que ahora las venda como si formaran parte de un nuevo paquete de ayudas, mintiendo clamorosamente a las pymes a las que obliga a volver a cerrar», ha censurado, antes de añadir que las cifras son «claramente ridículas e insuficientes para compensar el daño y el sacrificio impuesto a los locales de ocio».

La CEOH ha lamentado «volver a escuchar que los contagios se producen en el ocio reglado y en el irregular, criminalizando la actividad de unas empresas que llevan siendo víctimas después de 16 meses del abandono de la Generalitat».

La Coordinadora «no renuncia a ningún tipo de medida judicial ni de movilización para responder a esta nueva injusticia, sobre la que daremos puntual información a los medios de comunicación conforme se produzcan novedades».

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su reacción ante el debate sobre el consumo excesivo de carne al afear que «más que al punto, el compromiso verde del Gobierno está poco hecho».

A través de Twitter, Errejón aludía así a las declaraciones realizadas por Sánchez, quien ha mostrado un claro respaldo al consumo de carne y, con ello, a la postura que defiende el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, frente a la del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que recomendó reducir el consumo de carne.

«Sobre esta polémica, lo diré en términos muy personales: A mi, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible», ha afirmado el jefe del Ejecutivo, al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Lituania, en el marco de su gira báltica, junto a la primera ministra, Ingrida Simonyte.

Tras apuntar con ironía a que, después de estas palabras del presidente, «el compromiso verde del Gobierno está poco echo», Errejón también ha deslizado también un mensaje implítico a Garzón al subrayar que «el ecologismo tiene que seducir mas que regañar».

«Necesitamos una gran transformación de nuestra forma de estar en el planeta para que la vida sea sostenible y no se puede hacer por decreto», ha defendido el diputado de Más País.

Eso sí, ha dejado claro que «el negacionismo y su humor chusco hacen perder un tiempo precioso», en relación a las reacciones que ha suscitado la campaña iniciada ayer por el titular de Consumo.

Para Errejón, la transición ecológica «sólo es posible si va acompañada de justicia social», pues de lo contrario «generará rechazo». Siendo importante, hay que poner el foco menos en el consumidor individual, con poco poder real de elección (menos cuanta menor renta) y mucho más en las regulaciones industriales», ha zanjado.

Ante las palabras de Sánchez, Garzón ha dicho que no esperaba la respuesta del presidente del Gobierno y ha asegurado que, en cualquier caso, no va a abandonar su empeño en que se reduzca el consumo de carne para «salvar miles de vidas».

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado con dos votos particulares fijar plazo para ejecutar la limpieza definitiva de las 40 hectáreas de suelo contaminado con plutonio y americio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería).

La sala ha decidido desestimar tras más de un mes de deliberación el recurso contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción tras incorporar al procedimiento el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) que fue aprobado en 2010 y que el Consejo de Ministros desclasificó con condiciones en noviembre de 2020.

La Audiencia Nacional ha mantenido blindado en los últimos meses el contenido del plan objeto del pleito para «garantizar su confidencialidad» ya que su desclasificación se hizo «a los únicos efectos» de resolver el pleito.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de 16 de febrero de 2017, que daba respuesta a los recurrentes en relación con su petición de clausura de la instalación nuclear de Palomares.

La sala, según ha informado en un comunicado, rechaza la demanda por su «incorrecta articulación» y porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «no es el órgano competente al que debían dirigirse».

La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideran que el CSN debía haber culminado el proyecto de rehabilitación y dar un plazo razonable para ello.

EL CSN NO TIENE LABORES EJECUTIVAS NI MATERIALES

En su sentencia, la Sección Séptima explica que las funciones del CSN son de inspección, asesoramiento y sancionadoras, «pero que no tiene labores ejecutivas ni materiales que permitieran a esta Sala dictar sentencia que le obligue a llevar a cabo lo que pretende la parte recurrente».

«Las competencias ejecutivas no se residencian en el CSN sino en la Administración del Estado y en los organismos que de ella dependen», según mantiene.

La sentencia señala que la parte recurrente tiene «la obligación de señalar las pretensiones que se deduzcan, una obligación que en este caso apenas se ha cumplido, una vez que ha variado y cambiado sus pretensiones en cuatro escritos presentados».

Añade que debe darse una «oportuna armonización «entre lo que se pide, los argumentos de la demanda y lo que consta en el expediente administrativo.

Por ello, considera que aun realizando previamente un notable esfuerzo de concreción de los diversos súplicos formulados por la parte recurrente en sus diversos escritos de alegaciones, «no podría dictar nunca la sentencia condenatoria que se pretende».

«Ello pues el presente recurso no se ha dirigido contra la Administración del Estado sino contra un ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado, que tiene personalidad jurídica diferenciada y patrimonio propio e independiente de los del Estado», remarca.

El tribunal concluye que el suplico de la demanda solicita que se lleven a cabo determinadas tareas como fijar un plazo y realizar las tareas de desinfección que «no corresponden al CSN», por lo que sostiene que si se llegara a dictar la sentencia que pretende la recurrente «sería plenamente inejecutable».

VOTO PARTICULAR FAVORABLE A QUE EL CSN CULMINE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO RAZONABLE

En un voto particular, dos de los magistrados de la sala entienden que la demanda debió estimarse en parte, encomendando al CSN, en el ejercicio de su condición de organismo regulador independiente único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, «el impulso de la culminación del proyecto de rehabilitación».

Posteriormente, según añade, de los trabajos para el mantenimiento de las tierras contaminadas, «fijando a tales efectos un plazo razonable para la ejecución de estos cometidos y el cese de una situación que la población de Palomares lleva soportando más de 55 años».

Estos magistrados defienden, a diferencia de la mayoría del tribunal, que el CSN es la autoridad competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para impulsar la adopción de medidas efectivas de intervención en el área contaminada.

CONTROL DE LA COMISIÓN EUROPEA

España deberá informar a finales de este año a la Comisión Europea de los «progresos» alcanzados respecto al plan de limpieza «definitivo» por el que se debe «eliminar» el suelo contaminado para su «deposito de forma segura» en un almacenamiento «a largo plazo».

La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra «para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico» en especial en las zonas 2,3 y 6 «teniendo en cuenta la muy larga vida media» de los «contaminantes» allí presentes.

Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba «una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año».

La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunicó en su informe que no se ha descontaminado «ninguna» de las áreas afectadas y aludía a que las autoridades españolas tenían «toda actividad paralizada» respecto a esta situación a la espera de un «acuerdo vinculante» con EEUU.

España sostiene que para «la solución final» al «problema» del área bajo vigilancia radiológica es «primordial» el acuerdo con EEUU ya que «no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza».

CONTAMINACIÓN EN 72 MUESTRAS RECOGIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2020

Mientras, el CSN ha reanudado la medición de plutonio en el área bajo vigilancia radiológica ambiental con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis que dieron como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.

Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y, hasta noviembre, se recogieron y trataron 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.

El informe preceptivo remitido a la CE por el regulador atómico español concluyó que estos 107 análisis dieron como resultado la identificación de «72 emisores alfa», si bien precisó que solo se había completado la medición de 25 para «determinar» la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.

En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, prevé la «recogida y análisis anual» de muestras de carne de conejo en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo tras caer de un bombardero estadounidense en 1966.

Los españoles estiman que su situación personal está mejor de lo que la valoración general de la situación del país estima, según ha recogido el Barómetro de Consumo del primer semestre del 2021 publicado por El Observatorio Cetelem, unidad de estudios de BNP Paribas Personal Finance.

El documento, en el que se analizan los principales indicadores de la evolución económica, el ahorro y la intención de compra de los españoles, ha planteado que, en el primer semestre del año, la tendencia al alza continúa alcanzando el dato de 6,38 en el mes de junio, 0,20 puntos mayor que el dato de enero (6,18), y la más alta de los últimos 12 meses.

No obstante, todavía no alcanza datos del primer trimestre de 2020 en el que la nota se situó en un 6,43 en febrero. Si se compara con datos de periodo pre-Covid del segundo semestre de 2019, tampoco logra alcanzar la nota de septiembre de ese mismo año, situada en un 6,39.

La nota de la valoración que realizan los españoles sobre la situación general del país aumenta a lo largo del semestre de 2021, se sitúa en un 5,13 en junio 2021, la puntuación más alta de los últimos 12 meses. En comparación con los datos pre-Covid, esta nota todavía no supera la puntuación alcanzada en febrero de 2020, situada en un 5,58 y muy por debajo de datos del segundo semestre de 2019 en el que se alcanzó en julio un 5,76.

El 48,8% de los españoles declara haber podido ahorrar en el último mes, lo que supone un incremento de 2,1 puntos porcentuales con respecto a enero de este 2021, pero algo menor de la cifra de 50,3% que se logró en marzo del año pasado, o del 49,1% de agosto de 2019.

En cuanto a la intención que tienen los españoles de seguir ahorrando, en el mes de junio alcanza un 42,2%. Este dato es mayor incluso del obtenido en el periodo pre-COVID-19 del segundo semestre de 2019.

El top 5 en las intenciones de compra para los próximos tres meses en junio es, en primer lugar, textil/deportes (21,9%), seguido de turismo (21,4%), tecnología e informática, con un 19,2%; muebles, complementos y decoración (15,9%) y por último, gama blanca, con un 15,4%.

El sector turístico recupera posiciones después de desaparecer de los primeros puestos de intención de compra durante el 2020, aunque no ha logrado alcanzar los datos pre-Covid.

La Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid ha investigado desde 2017 hasta finales de junio un total de 1.111 hechos discriminatorios y de odio desde 2017, el 30% dirigido al colectivo LGTBI, han informado fuentes del Cuerpo.

La Unidad de Diversidad fue creada a mediados de 2016 y desde el año siguiente ya hay datos. Así, en 2017 investigaron 234 hechos de este tipo, 285 en 2018, 342 en 2019, 170 en 2020 y unos 80 en los que llevamos de año.

El 30% de ellos están relacionados con LGTBIfobia y discriminación por motivos de orientación social o de género. En la primera mitad de este año 32 personas han denunciado estos comportamientos, 49 en 2020, 88 en 2019 y 94 en 2018. Los agentes atribuyen el descenso en el último año y medio a la pandemia, las restricciones y el cierre del ocio nocturno, donde suelen ser más frecuentes estos hechos.

De todos ello, solo el 60 por ciento acabó en denuncia. Así, se instruyeron finalmente 57 diligencias por vía penal y administrativa en 2018, 56 en 2019, 32 en 2020 y 15 en lo que llevamos de 2021. Según los agentes, sigue siendo alto el nivel de infradenuncia, pero cada vez son más lo que se animan a iniciar los procedimientos ante una mayor concienciación ciudadana y las campañas informativas de las administraciones.

En unos recientes Desayunos Madrid, la delegada del Gobierno en Madrid indicó que los delitos que más están aumentando en la pandemia, además del relacionados con Internet, son los delitos de homofobia y racismo. Para intentar atajarlos anunció la creación de una iniciativa llamada ‘Madrid Diversa’, de la que aún se desconocen los detalles.

OBSERVATORIO CONTRA LA LGTBIFOBIA

Además de estos datos policiales, el Observatorio contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid proporciona también los suyos sobre los incidentes de odio contra el colectivo que les llega. Así, el año pasado fueron 259. «Esperábamos mayor descenso de incidentes por el toque de queda y cierre de locales. Que con las medidas excepcionales sigamos recogiendo 259 incidentes implica que la LGTBIfobia sigue plenamente presente en la sociedad madrileña», explicó Rubén López, director del Observatorio.

Los datos revelan que sí descendieron los incidentes en la calle y los incidentes nocturnos, que por primera vez no son los más numerosos. Así, la tarde pasa a ser el momento del día donde más ataques contra el colectivo LGTBI ocurrieron, ya que ha habido toque de queda nocturno durante muchos meses.

Los incidentes en locales de ocio, también cerrados una gran parte del tiempo, han descendido un 66% y las dos zonas donde más han subido son en la vivienda habitual (33% de subida) y en Internet, como corresponde a una sociedad confinada en casa.

En 2020 el Observatorio registró el mínimo histórico de víctimas, predominando los hombres cisexuales gais como víctima más habitual. El perfil del agresor sigue siendo el de un hombre menor de 30 años. La tasa de denuncia ha caído casi un 7%, después de varios años aumentando, detallan.

Por su parte, en el año prepandémico de 2029 se registraron 321 incidentes de distinta gravedad motivados por LGTBfobia, con 331 víctimas directas, lo que supone 24 incidentes menos que en 2018, por lo que bajaron por primera vez desde que existe registro. La mayoría de los ataques se dieron en la capital, el 77,3% del total, y ahí los distritos con más casos fueron Centro, Chamberí y Moncloa.

La mayor parte de los incidentes ocurrieron de noche (el 25,9%), seguidos de cerca de la tarde (23,1%) y de la mañana (20,6%). Se observó un aumento incidentes en las fechas que rodearon al Orgullo. La mayoría de los incidentes se dieron en la vía pública.

El incidente más repetido en 2019 fueron las agresiones verbales, una cuarta parte del total. Luego hubo 35 agresiones físicas y en 28 ocasiones se produjeron denegaciones de servicios motivadas por la orientación sexual o identidad sexual y/o de género de las víctimas. Las situaciones de hostigamiento suman 21 casos.

El 34% de los incidentes anotados hace dos años fueron denunciados. La mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años, el 12,7% fueron personas trans y el 68,1% gais. La mayoría de los agresores fueron veinteañeros, el 60%, y el 85% hombres.

El ministerio fiscal ha solicitado finalmente penas que oscilan entre los 19 y 21 años de prisión por delitos de agresión sexual y cooperación a los cuatro acusados de la violación grupal a una joven en una vivienda de Callosa d’en Sarrià la noche de fin de año de 2018.

De esta manera, la acusación pública ha rebajado a más de la mitad la pena solicitaba inicialmente para los cuatro acusados, y que oscilaba entre 48 y 52 años de cárcel, según han confirmado tanto la acusación particular como las defensas de los acusados al término de la vista, celebrada en la Audiencia de Alicante a puerta cerrada.

Fiscalía ha tenido en cuenta todas las atenuantes salvo la de drogadicción al considerar que las facultades de los cuatro jóvenes no estaban mermadas en el momento de los hechos como sí sostienen tanto la acusación particular como las defensas. Tampoco la de dilaciones indebidas. No obstante, el ministerio público sí ha aceptado la de reparación del daño y confesión tardía.

Por su parte, el abogado de la víctima ha mantenido los términos de un ‘preacuerdo’ al intentaron llegar el pasado lunes las partes y del que Fiscalía se desvinculó, por lo que ha pedido penas de entre 15 y 18 años de prisión para los cuatro por los mismos delitos y revelación de secretos.

Así lo ha señalado el letrado Francisco González, quien en declaraciones a los medios a la finalización de la última sesión, ha calificado de «razonable» y «aceptable» la postura que ha asumido el ministerio fiscal en las conclusiones expuestas a la Sala.

Aún así ha lamentado que esto se haya producido después de que haya transcurrido la totalidad del juicio y que la víctima tuviera que declarar para asumir la existencia de unas atenuantes que «existían desde el principio y que eran bastante objetivas».

«Me parece bastante razonables las penas solicitadas, el fiscal ha hecho un informe brillante y ha justificado bastante bien su petición. Sinceramente, he sentido la tentación procesal de adherirme a la petición pero se había llegado a un acuerdo con las defensas y he decidido mantener la palabra y las penas recogidas en dicho acuerdo», ha justificado González.

Sobre las atenuantes, ha destacado la confesión tardía del grupo ha facilitado el desarrollo del juicio junto con la reparación del daño causado tras depositar una indemnización de 60.000 euros, puesto que se trata de un grupo de personas que «han venido a España a buscar un futuro económico y tiene su relevancia».

Por último, las defensas han solicitado la condena mínima por solo un delito de agresión sexual, por lo que han pedido entre tres años y medio y cuatro años y medio para el grupo.

La letrada de uno de los acusados, Miriam Santamaría, ha destacado en declaraciones a los medios el esfuerzo de que los cuatro hayan depositado la fianza de 60.000 euros en concepto de indemnización antes de la celebración del juicio, algo que también ha considerado el ministerio fiscal.

«Sus familias son de origen humilde y les ha costado mucho reunir esa cantidad de dinero», ha indicado Santamaría. Por su parte, otro de los abogados de los acusados, José Luis Sánchez Calvo, ha sostenido que la rebaja de las penas «era previsible» por parte de Fiscalía dado que ha sido «indudable» la presión mediática que han sufrido las partes y los testigos.

Asimismo, ha indicado que no entienden por qué el acusador público no ha contemplado que las facultades de los acusados estaban mermadas por ingerir alcohol y drogas en grandes cantidades, puesto que se trata de un hecho probado.

«Al final, la Fiscalía ha recapacitado y se han atenuado las penas; los acusados han querido evitar en todo momento que la víctima, que era amiga suya, reviviera los hechos. Le han pedido perdón y se han arrepentido porque no querían que volviera a sufrir todo el proceso, pero al final no pudo ser por la postura de la fiscalía», ha señalado.

Por último, ha manifestado no estar satisfecho por cómo se ha desarrollado el juicio: «Creo que la presión mediática ha influido notablemente en el desarrollo y en que se enturbie lo que podía haber sido un procedimiento normal que se hubiera saldado en un día».

La Fiscalía ha solicitado la revocación del tercer grado penitenciario concedido a Juana Rivas y que le permitió abandonar el pasado 15 de junio el Centro de Inserción Social (CIS) ‘Matilde Cantos’ de Granada para cumplir en su domicilio con control telemático la condena de dos años y seis meses de prisión impuesta por el Tribunal Supremo por la sustracción de sus dos hijos menores.

El abogado de esta madre de Maracena (Granada), Carlos Aránguez, ha censurado que la Fiscalía haya hecho esta petición al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pues «en términos sencillos», lo que se pide es que Juana Rivas «ingrese en prisión», lo que ha calificado como un «acto más de violencia institucional judicial» contra su clienta.

Aránguez ha defendido así en un comunicado que, tal y como lo estimó la Secretaría de Instituciones Penitenciaras a propuesta de la Junta de Tratamiento del CIS Matilde Cantos, «se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la legislación para conceder el tercer grado penitenciario».

Junto a ello, ha mostrado su «perplejidad» con que «casi un mes después de adoptarse esta decisión –que permitió a Juana Rivas salir del CIS– se solicite su revocación, justo cuando está pendiente de resolverse un indulto del que –según agrega– indebidamente informaron negativamente el juez y el fiscal adscritos al Juzgado de lo Penal 1 de Granada, siendo claro que la competencia corresponde al Tribunal Supremo.

Esto se produce porque fue el alto tribunal el que dictó sentencia estimando su recurso y reduciendo la pena de Juana Rivas a la mitad, de cinco a dos años y medio de cárcel.

«Ni la Sala Segunda del Tribunal Supremo ni la Fiscalía del Tribunal Supremo han emitido a fecha de hoy su informe, que por supuesto puede ser favorable o desfavorable a nuestras pretensiones, pues no están vinculados a la opinión tan extrañamente emitida por el juez y fiscal de Granada», ha clamado el letrado, quien avanza que ejercerán todas las acciones legales para impedir que «Juana vuelva a ser encerrada».

La defensa de Rivas ha precisado que mientras se resuelve sobre la petición del fiscal de revocar el tercer grado, ella «seguirá en su situación actual», esto es, cumpliendo condena en su domicilio supervisada mediante un brazalete de control telemático.

Juana Rivas se presentó voluntariamente en el CIS el pasado 11 de junio para cumplir la orden de ingreso en prisión decretada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada tras la condena del Supremo y salió el 15 de junio, después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la clasificara en tercer grado, aplicándole el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que supone cumplir la pena en casa con pulsera telemática.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en mostrarse cauto sobre «el móvil» de la paliza que acabó con la vida de Samuel Luiz y ha repudiado, tras condenar la violencia y de forma expresa la homofobia, a aquellos políticos que «hacen política con un asesinato».

«Asesinar a alguien siempre es algo miserable; entre varios y con una paliza con resultado de muerte es de una cobardía difícil de explicar», ha reflexionado, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, antes de aseverar que los políticos no son «jueces, ni guardias civiles, ni policías».

«Y cuando un político usa un asesinato para hacer política sobrepasa todas las rayas admitidas», ha sentenciado, antes de recordar que, según ha trascendido, los detenidos afirman que no conocían a la víctima. «¿Se puede, en consecuencia, sacar una extrapolación directa, inmediata y relacionada entre la causa, disparatada y el efecto?», se ha preguntado.

«Estamos acostumbrados a casi todo, pero que algún grupo parlamentario en Galicia haga política con un asesinato es algo que ya forma parte de la biografía tanto política como individual de las personas que hacen estas manifestaciones», ha aseverado Feijóo.

Aunque no ha dado ningún nombre, el presidente gallego ha realizado estas manifestaciones en la misma semana en la que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le afeó una actitud, a su juicio, «equidistante» en relación al crimen de Samuel.

Feijóo, por su parte, ha esgrimido que igual que su Ejecutivo condena la violencia, condena «con igual rotundidad cualquier tipo de homofobia». «Y es lamentable que haya políticos haciendo política con un asesinato», ha insistido.

CONDENAS «CON MAYOR O MENOR INTENSIDAD» SEGÚN LA VÍCTIMA O EL AUTOR

En su respuesta, ha insistido en que la Xunta no tiene «ninguna notificación» de los investigadores sobre «el móvil o la causa directa o indirecta» de la paliza mortal a Samuel, antes de añadir que los pronunciamientos llegarán cuando esto ocurra.

Enfrente, ha reprobado que «hay partidos que en función de quien sea el autor o la víctima condenan con mayor o menor intensidad el asesinato». Sin embargo, ha afirmado que la «condena» del Ejecutivo autonómico es «igual de rotunda» con independencia de ello.

Finalmente, ha insistido en la «absoluta sorpresa» que le produce el «comportamiento de algunas diputadas y de algún diputado» del Parlamento.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves, tras la reunión que han mantenido en Waterloo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que «se ve que los efectos de los indultos» del Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados por el ‘procés’ «también llegan a Bélgica».

Puigdemont y Junqueras se reencontraron este miércoles en la vivienda que tiene en Waterloo el expresidente catalán y líder de Junts, la primera cita entre ambos desde que el primero huyera de España en 2017.

«Ayer estaban en Waterloo. Se ve que los efectos de los indultos también llegan a Bélgica», ha manifestado Casado en la clausura del curso de verano ‘España, Europa y Libertad’ organizado por la delegación española del Grupo del PPE en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) junto al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que ha coincidido con Casado en sus críticas al «populismo».

EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LA «MALVERSACIÓN» DEL ‘PROCÉS’

Casado ha afirmado que «lo mismo que se está viendo en Argentina con el uso que se hace de las instituciones frente a los adversarios políticos», lo están viviendo también en España con órganos como el Tribunal de Cuentas, que ahora está analizando si «ha habido algún tipo de malversación a los fondos dedicados a la independencia en Cataluña».

El presidente del PP ha criticado que el Gobierno catalán haya creado un fondo para cubrir la fianza de los investigados por el Tribunal de Cuentas para que «no tengan que pagarlo» cuando, según ha dicho, deben hacerlo.

Casado ha aludido a la «buena relación» del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con el Gobierno de Argentina y ha añadido que «son los mismos dejes: el populismo, la mala gestión económica y el uso de las instituciones en beneficio partidista».

«Ya le dirá papá Estado lo que puede hacer mientras que los gerifaltes son los que salen más beneficiados», ha criticado, para recordar los «nexos compartidos» de Podemos con las «autocracias» por sus conexiones con «Maduro, Chávez o Evo Morales».

El jefe de la oposición ha denunciado también el «vaciamiento» del Parlamento que se ha producido con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Los populismos utilizan las instituciones como un cascarón vacío en el que se infiltran y o las duplican o las arrasan», ha agregado.

Según Casado, el Gobierno de Pedro Sánchez es «puro populismo, puro fracaso en la capacidad de gestión y pura ingeniera social» que el PP tiene que combatir con sus ideas. «Pero es verdad que tenemos que estar más organizados», ha manifestado, aludiendo a las protestas que están sufriendo los Gobiernos de Colombia, Chile o Ecuador. «Tenemos una capacidad de organización y de activismo menor de lo que ellos hacen».

Casado ha explicado que el PP ya trabaja en la preparación de su Convención Nacional que celebrará en octubre en Valencia, que servirá para presentar su alternativa política al Gobierno de Pedro Sánchez. «Estamos trazando ya ese Gobierno alternativo e incluso textos legales para llegar al Gobierno y hacer las cosas pronto», ha afirmado.

TRAS LAS REFLEXIONES DE MACRI: «ME RECUERDA A LA ESPAÑA DE HOY»

Macri ha arremetido contra el Gobierno de Alberto Fernández, que considera que será el «último populista» al frente del país, y ha subrayado que ese Gobierno ha llegado a la «máxima plenitud en este modelo destructivo» porque puede cobrar los impuestos que se le «antojen» sin «ningún tipo de control».

«Me recuerda mucho a la España de hoy», ha respondido entonces Casado, que ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la «ingeniería social» porque «suben los impuestos para poder repartir incluso la solidaridad ajena», en este caso los fondos europeos.

En este punto, ha aludido al «peronismo» que se puede producir con ese dinero por la «clientelización» de las ayudas y el «nepotismo». A su juicio, están «intentado eludir los controles administrativos» y pretenden «maquillar los resultados en empleo» a corto plazo.

El presidente del PP ha elogiado el compromiso de Macri con «la libertad, el progreso y la institucionalización» y ha subrayado que bajo su mandato se incrementó la credibilidad y la solvencia de Argentina.

«CONSTERNACIÓN» POR EL ASESINATO DE SAMUEL

Casado ha aprovechado su intervención para expresar su «condena rotunda» por el asesinato a tiros en su domicilio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y ha dicho que es «terrible» lo que ha ocurrido. También ha reivindicado la libertad de prensa y ha lamentado el asesinato en Holanda de un periodista de investigación.

A renglón seguido, ha expresado su «consternación» por «el asesinato» del «joven gallego» Samuel. «Se está investigando la motivación pero fue un brutal apaleamiento que también nos ha conmocionado a todos», ha manifestado.

También ha aludido al hecho de que Pedro Sánchez se haya visto obligado a parar una rueda de prensa en Lituania por una incursión aérea rusa. «Estamos también pendientes de que se aclare este suceso. En la política exterior intentamos siempre contribuir en una política de Estado conjuntamente con el Gobierno, aunque a veces se deja poco», ha manifestado.

En este punto, ha aludido además a los «casos escandalosos» del Gobierno de Sánchez en política exterior, entre los que ha citado «la crisis diplomática» provocada tras la entrada del líder del Frente Polisario en España, la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, o el rescate con fondos públicos de la línea aérea Plus Ultra.

El 68 por ciento de las personas con discapacidad cree que los avances tecnológicos impulsarán su acceso al empleo, mientras que un 32 por ciento teme que la Inteligencia Artificial (IA) les ‘quite’ el trabajo.

Un año después de la irrupción de la Covid-19 y en plena ‘nueva normalidad’, la Fundación Adecco, con el apoyo de Keysight Technologies Spain, ha presentado el informe ‘Tecnología y discapacidad’, que profundiza en cómo la tecnología se está imponiendo como gran aliada para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, en una sociedad digitalizada.

Este informe basa sus conclusiones en una encuesta a 700 personas con discapacidad, complementada con datos oficiales de contratación ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Entre sus conclusiones, la mayoría de las personas con discapacidad, el 68 por ciento, ve en la transformación tecnológica y digital una aliada para facilitar su inclusión laboral.

Sin embargo, casi un tercio (32 por ciento) considera que podría perjudicarle, ante el temor a que los empleos que habitualmente ocupan se vean reemplazados por máquinas o que los sesgos de la Inteligencia Artificial les dejen fuera de los procesos de selección.

«Hemos de dejar de hablar en términos de destrucción de puestos de trabajo para referirnos a transformación en el empleo. La tecnología no ha venido a sustituirnos, sino a acompañarnos, y nuestro reto es aprovechar su potencial, poniéndola al servicio de las personas», ha afirmado Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Asimismo, un 66 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca, y las nuevas tecnologías suponen un gran recurso para impulsar su participación en el mundo del empleo ante la consolidación del teletrabajo.

La mayor parte de las personas con discapacidad (43 por ciento) cree que los avances tecnológicos harán posible el pleno empleo de las personas con discapacidad para la década de 2040.

A pesar de todo, un 48 por ciento de las personas con discapacidad sigue manifestando dificultades técnicas, de accesibilidad, económicas y sociales en el uso de dispositivos tecnológicos.

Los jóvenes detenidos en relación con la paliza mortal al joven Samuel Luiz, de 24 años, pasarán este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de A Coruña, en funciones de guardia.

Según han informado fuentes judiciales, los jóvenes detenidos en relación a la muerte de Samuel en la madrugada del sábado al domingo serán trasladados desde la Comisaría de Lonzas al juzgado de guardia, el de Instrucción 1.

Posteriormente, el número 1 remitirá al instructor de la causa, el número 8, que es el que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos, lo actuado para que ratifique las medidas acordadas, han aclarado las mismas fuentes judiciales.

Al respecto, fuentes policiales han confirmado que está previsto el pase judicial en las próximas horas y, junto con los detenidos, será remitido al juzgado el atestado realizado en relación a la muerte de Samuel Luiz.

El cuarto joven detenido en relación con la paliza mortal que durante la madrugada del pasado sábado al domingo en A Coruña le costó la vida Samuel Luiz ha sido el único de los cuatro arrestados que ha prestado declaración en la Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad herculina.

Así lo han explicado fuentes consultadas, que han puntualizado que este cuarto detenido era uno de los testigos que ha pasado a la condición de investigado, acusado de homicidio y apropiación indebida –por sustraer el teléfono de la víctima–.

La Policía Nacional detuvo durante la noche de este miércoles a este cuarto joven de entre 20 y 25 años como presunto autor de la muerte de Samuel. Este arrestado ha prestado declaración hasta la madrugada de este jueves en la comisaría, han asegurado las mismas fuentes consultadas.

Este cuarto detenido también es vecino de A Coruña y amigo de los otros tres arrestados, que permanecen en la Comisaría de Lonzas, a la espera de pasar a disposición judicial. Este último arrestado tampoco conocía de antes a la víctima, según los datos recabados por los investigadores.

Está previsto que los cuatro detenidos, tres varones y una chica, todos ellos vecinos de A Coruña de entre 20 y 25 años de edad, pasen en la mañana de este viernes a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción Número 1 de la ciudad herculina.

SIN ANTECEDENTES

La cuarta detención fue fruto de la información obtenida en las testificales realizadas durante el pasado miércoles por la Policía Nacional, ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia.

Esta detención se añade a la de los otros dos hombres y una mujer, coruñeses y también de entre 20 a 25 años, arrestados el pasado martes como presuntos participantes en la paliza mortal a Samuel Luiz, por lo que la Policía los acusa también de homicidio.

A ninguna de las cuatro personas detenidas hasta el momento le constan antecedentes. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña.