La Junta de Castilla y León ha prorrogado la limitación de aforos y horarios vigentes para hacer frente a la COVID-19 durante 14 días más, hasta el 13 de septiembre incluido, por lo que se da continuidad al régimen preventivo especial, cuya actual prórroga decae el próximo lunes, 30 de agosto, para la prevención pandémica en ámbitos y actividades sociales de mayor interacción.

Así lo ha indicado este jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien ha resaltado que «a pesar de favorable evolución» de la pandemia de Covid-19, los niveles de incidencia continúan siendo «altos», mientras que la ocupación tampoco está aún «normalizada».

«Todo ello aconseja prorrogar las medidas restrictivas hasta el próximo 13 de septiembre, dos semanas más de los previsto, porque creemos que es la mejor manera de prevenir nuevos rebrotes», ha aseverado el vicepresidente, quien ha detallado que esta prórroga contempla las misas medidas que estaban en curso hasta ahora.

Por otro lado, aunque la vacunación, centrada ahora ya en la horquilla poblacional entre doce y 30 años, avanza «satisfactoriamente» en Castilla y León, hasta que no se complete la pauta en ese grupo etario y dado el actual contexto estival y de concentración de fiestas patronales en numerosas poblaciones castellanoleonesas a principios de septiembre, la situación epidemiológica y de presión asistencial aconseja el mantenimiento de las medidas preventivas de salud pública adoptadas a través del Acuerdo 76/2021 y sus sucesivas prórrogas, para la contención pandémica.

Por ello y tras su pertinente publicación en Boletín Oficial de la Comunidad, la Junta mantendrá ese actual régimen desde las 00 horas del próximo martes, 31 de agosto y durante 14 días, con el fin de reforzar las acciones de prevención y contención pandémicas en los sectores hostelero y de restauración, del ocio nocturno, peñas, celebraciones, espectáculos públicos y en otros ámbitos de alta interacción social.

En este sentido, Igea ha hecho un especial llamamiento a los regidores municipales para «extremar la prudencia» en los periodos festivos y «evitar acciones donde no se puedan evitar las aglomeraciones o no se garantice el cumplimiento de las medidas en vigor» ya que, según ha recordado, «algunos rebrotes se han dado con ocasión de las fiestas y ‘no fiestas’ patronales».

«Hemos visto que las fiestas populares acaban coincidiendo con picos de incidencia y no es sensato mandar un mensaje de ‘aquí no pasa nada’, por lo que, en nuestra opinión, mantener las restricciones es lo más sensato».

No obstante, el vicepresidente ha asegurado que se puede mantener una actividad razonable pero «siendo capaces de evitar escenas que incrementen el riesgo de transmisión», pues prefiere que los ayuntamientos «no pidan fiestas primero y cribados después», sino que eviten que se produzcan brotes y sean responsables.

Por ello, Igea, partidario de una programación compatible con la normativa, considera que «esto de la cogobernanza también vale para los municipios» ha insistido en que «si uno no es capaz de organizar actividades que cumplan con las restricciones es mejor no hacerlas».

Además, en el caso concreto de las fiestas de Valladolid y tras haber mantenido una conversación en tono «correcto y cordial» con su alcalde, Óscar Puente, Igea confía en que la programación se haya diseñado acorde a las medidas y limitaciones vigentes, por lo que ha advertido de se sancionarán aquellas actividades que no cumplan con la norma ya que «no existe una vara distinta» para cada municipio.

MEDIDAS

Las medidas especiales que se mantienen contemplan las siguientes limitaciones, referidas sobre todo a aforos y horarios, por lo que se mantiene la prohibición de consumo de pie o en barra en establecimientos hosteleros y de restauración, cuyos aforos se mantendrán al 75 por ciento y con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de diez personas.

Se establece también como horario de cierre del interior de estos establecimientos las 1.30 horas máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de la una de la madrugada. En todo caso podrá procederse a la apertura de las terrazas al aire libre de estos establecimientos, si las hubiera, en las mismas condiciones que el resto de las terrazas de establecimientos de hostelería y restauración, con el horario administrativo que les corresponda.

Las discotecas y salas de fiesta para consumo en el interior del local permanecerán cerrados, mientras que el consumo en las terrazas al aire libre de estos establecimientos, si las hubiera, quedará sujeto a los horarios que les corresponda por normativa.

Las peñas permanecerán cerradas y la celebración de actuaciones musicales, verbenas, bailes públicos y similares en espacios públicos, incluidos los llamados pasacalles deberá realizarse en espacios cerrados, con el público sentado, con uso de mascarilla, siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia o en espacios al aire libre, con el público sentado, con uso de mascarilla, si no se puede mantener la distancia de 1,5 m entre personas, salvo grupos de convivientes.

La celebración de este tipo de actividades deberá finalizar, como máximo, a la 1,30 horas y los asistentes son responsables de abandonar los recintos de celebración de tales actividades en el horario habilitado al efecto.

Por su parte, la celebración de procesiones y romerías en vías y espacios públicos podrán desarrollarse en recinto acotado con un aforo máximo del 75 por ciento y con un límite máximo de 1.000 personas al aire libre. Las personas asistentes estarán sentadas, manteniendo un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos o 1,5 metro de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

Tampoco se permiten las muestras físicas de devoción o tradición (besos o contacto sobre imágenes, esculturas) y deben sustituirse por otras que no conlleven riesgo sanitario.

Asimismo, se mantendrán cerrados los parques y espacios asimilados delimitados y susceptibles de cierre desde las 00 hasta las 7 horas y se reforzarán los controles para impedir el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, el inicio de los trámites necesarios para solicitar al Estado el traspaso a la Comunidad de las competencias en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas superficiales y subterráneas que discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad.

De forma que correspondería a la Comunidad la administración y control del dominio público hidráulico (que corresponde a la CHS) y de los aprovechamientos de interés general. Según fuentes de la Consejería de Agua, el objetivo es «tener las competencias del organismo de cuenca ante su inacción para impedir los vertidos que se están produciendo por las diferentes ramblas y cauces, principalmente del Albujón, al Mar Menor, controlando igualmente los regadíos ilegales y aportar así los datos».

Así lo ha avanzado este jueves en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la portavoz del Ejecutivo regional, Valle Miguélez, que ha explicado que el objetivo de esta medida es «hacer efectivo lo contemplado en el artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y permitirá a la Comunidad asumir la gestión de los cauces, ramblas y escorrentías cuyas aguas vierten en la cuenca del Mar Menor.

De esta forma, Miguélez ha subrayado que para iniciar este proceso «se realizará una solicitud formal ante el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio para la Transición Ecológica». El consejero Luengo ha comentado que la ministra «es perfectamente conocedora de la solicitud de las competencias para que no se retrasen más las actuaciones».

Ese traspaso en materia de cuencas intracomunitarias permitirá a la Comunidad asumir las competencias que corresponden a los organismos de cuenca. En concreto, corresponderían a la administración hidráulica de la Comunidad la elaboración, seguimiento y revisión del plan de cuenca intracomunitario; las funciones administrativas relativas a la conservación y a la policía de las aguas y sus cauces; y el apeo y deslinde de los cauces.

Además de la determinación del régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos de esa cuenca interna; la limitación temporal del uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional; la declaración de sobreexplotación de los acuíferos subterráneos; la realización de ofertas públicas de adquisición de derechos de uso en los bancos de agua legalmente autorizados; y la protección de aguas subterráneas frente a intrusiones salinas de origen continental o marítimo.

Así como la intervención en las instalaciones de depuración de aguas residuales; la promoción de la protección de zonas húmedas; y la gestión y la recaudación, en su caso, de todas las exacciones (impuestos, multas, deudas) relativas al dominio público hidráulico.

Salvo que se trate de obras y actuaciones de interés general del Estado, a la Comunidad le incumben también las competencias para el otorgamiento de concesiones y aprovechamientos, así como la inspección y vigilancia del cumplimiento de sus condiciones, la autorización de contratos de cesión de derechos de aprovechamientos y de investigación de aguas subterráneas; el otorgamiento, la renovación o la modificación de autorizaciones de vertido; la imposición y revisión de las servidumbres forzosas previstas en la Ley; y la potestad sancionadora en infracciones leves y menos graves.

Para iniciar este proceso de traspaso de competencias, el Gobierno regional realizará la solicitud formal correspondiente ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De este acuerdo se dará cuenta a la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Región de Murcia, órgano en el que se deben acordar las condiciones del traspaso de esas nuevas competencias para la Comunidad.

EL MAR MENOR «NO PUEDE ESPERAR»

Por su parte, Luengo ha advertido que la situación es «crítica» y ha pedido que se adopten medidas al respecto, entre ellas que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cese cualquier tipo de regadío ilegal, y que paren los vertidos a la rambla del Albujón. Además de la necesidad de poner en marcha el proyecto del Colector Norte y la desnitrificadora, actuaciones recogidas en el Plan de Vertido 0, y la creación de un alto comisionado que coordine las actuaciones.

«Estamos en un momento muy delicado, se prevén días de calma con ese aumento de temperaturas registradas este verano y se podría desatar un episodio como el que se vivían estas últimas semanas», ha manifestado Luengo, que ha dejado claro que el Ejecutivo murciano «no puede esperar y tiene diseñada la estrategia, actuaciones definidas», porque, ha dicho, «no hay tiempo» para poner en marcha la nueva estrategia anunciada este miércoles por la ministra Teresa Ribera.

De hecho, ha anunciado que este viernes el Consejo de Gobierno extraordinario «aprobará el decreto ley anunciado por el presidente murciano, Fernando López Miras, que tiene objetivo prohibir cualquier tipo de entrada con nutrientes al Mar Menor a través de las diferentes ramblas», principalmente en el Albujón.

Un marco jurídico que garantice este extremo y la agilización, ha precisado, «en cuanto a la disminución de los plazos en los procedimientos administrativos para ganar en eficacia en la norma y conseguir mayor agilidad, sobre todo en los procedimientos sancionadores».

Apuesta por llevar a cabo actuaciones «a corto plazo, que están definidas y consensuadas con toda al comunidad científica y hay que ejecutarlas de forma inminente».

Y es que, dice, «podría ser que nos encontráramos ante un nuevo episodio de anoxia y sin ninguna medida para llevar a cabo esa oxigenación del agua, ya que es un nuevo escenario que no sabemos como puede acabar y todo apunta que acabará de una forma totalmente negativa».

Luengo ha confesado que ve con buenos ojos el trabajo «conjunto» entre sendas administraciones, pero «hoy necesitamos que el Estado actúe de una forma inminente, porque el Mar Menor no tiene espera».

También ha pedido al Gobierno de la nación que «se asesore bien» y «la rectificación de la ministra portavoz del Gobierno de España».

Lamenta que la visita de Ribera «no se hubiera hecho antes», porque de haber sido así «podría haber tenido datos suficientes y hacer una valoración exacta de la importancia de llevar a cabo una declaración de catastrófica».

Preguntado sobre las declaraciones de la ministra de «enterrar» el Plan de Vertido 0, espera que no se lleve a cabo, «porque sería catastrófico para el Mar Menor». Recuerda que en su encuentro con el presidente murciano, le trasladaba la necesidad de «poner en marcha las actuaciones 5, 6 y 9 de dicho plan».

La Xunta sigue sin aclarar el refuerzo docente para este nuevo curso. El consejero de Cultura, Educación y Universidades, Román Rodríguez, reiteró este jueves que Galicia tendrá los profesores necesarios para garantizar el cumplimiento del marco sanitario por la covid-19, pero que su departamento esperará a conocer los números definitivos del curso para adoptar una decisión al respecto.

El titular autonómico se ha pronunciado sobre ello con motivo de una visita el Conservatorio Superior de Música de Vigo, la jornada posterior a la conferencia sectorial con sus homólogos en el resto de comunidades autónoma y con la ministra del ramo, Pilar Alegría, en la que se abordó la situación y las medidas de cara a este nuevo curso académico.

Después de que territorios como Madrid o Valencia confirmasen la contratación o mantenimiento de personal de refuerzo de cara a este curso y ante las reclamaciones de los sindicatos en este mismo sentido, Rodríguez recordó que Galicia ya dijo «en su momento» que iba a contratar «a todos aquellos profesores que sean necesarios para dar cumplimiento a los mandatos sanitarios», pero sin aportar cifras concretas.

El conselleiro de Educación instó, en todo caso, a «no mezclar debates» ni diferentes marcos en esta cuestión. En concreto, ha defendido que Galicia, en contraposición a otras comunidades que ahora refuerzan profesorado, ya logró el curso pasado «la plena presencialidad en toda la enseñanza obligatoria» y «en casi el cien por cien de la FP», del mismo modo que aw sitúa (junto a Extremadura) como una de las que cuentan con «mejor ratio profesor alumno» de todo el Estado.

«Nos alegramos mucho que otras comunidades refuercen sus plantillas para atender ratios similares a los que tenemos en Galicia», ha destacado, para recordar que una cosa son los efectivos necesarios para atender las necesidades provocadas por la pandemia y otra las reclamaciones sindicales sobre la estructura del propio sistema, con sus cupos y catálogos.

«Galicia va a contar con los profesores necesarios para cumplir con los mandatos sanitarios y seguir siendo lo que es: la comunidad autónoma con mejor ratio profesor alumno», ha insistido Rodríguez.

VOLVER A LA NORMALIDAD

En este momento, ha añadido, en primaria «no habrá cambios» salvo «algún caso» en el que se han realizado ajustes «debido a la demografía», argumentando que este curso entran 4.000 alumnos menos en estas enseñanzas respecto al año anterior.

Secundaria, por su parte, experimentará una reducción de la distancia interpersonal de 1,5 a 1,2 metros, lo que tendrá su «translación al cuadro docente». En todo caso, Rodríguez no aportó datos concretos, sino que instó a esperar a conocer «como queda el curso definitivo» y las cifras de matrícula tras los exámenes de septiembre.

El conselleiro se ha referido, además, a que el catálogo de medidas abordado con el Ministerio y el resto de comunidades «posibilitará recuperar la vida cotidiana en los centros» y avanzar hacia una «normalidad cada vez más fuerte».

Una realidad que considera necesaria, puesto que muchos centros se vieron obligados el curso pasado a usar bibliotecas y otros espacios para «tener una presencialidad plena» ante las restricciones y protocolos vigentes.

También ha avanzado que convocará el Consello Escolar de Galicia la próxima semana para informar a los diferentes representantes de la comunidad educativa del diseño de medidas sanitarias que estarán en vigor durante este nuevo curso, que será prácticamente «el mismo escenario marco» ratificado por el comité clínico a principios de junio.

UNIVERSIDAD

Del mismo modo, el próximo 6 de septiembre arrancará el curso en el sistema universitario gallego, que celebrará su acto inaugural el viernes 4 en la Universidade da Coruña, según ha destacado Román Rodríguez.

Al respecto, recordó el trabajo conjunto entre las instituciones académicas y la propia Consellería para diseñar el marco general para el nuevo curso, que apostará por la presencialidad, la distancia de seguridad de 1,2 metros y con planes de contingencia con diferentes escenarios en caso de brotes y problemas.

Este escenario «ya fue ratificado» por los órganos competentes de la Universidade de Vigo y su homóloga de A Coruña y está pendiente de la Universidade compostelana.

En este sentido, Rodríguez ha llamado a buscar «la mayor normalidad posible» dentro de la «máxima precaución», para lo que ha pedido una «implicación muy fuerte» de los equipos rectorales y de decanato.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha destacado este jueves que la campaña de vacunación contra el Covid para todos los alumnos de 12 a 16 años «se está desarrollando con normalidad», al tiempo que espera que al inicio de curso todo el alumnado de Andalucía «esté ya vacunado a la hora de incorporarse y que también se le hayan hecho nuevamente las pruebas a todo el personal docente».

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Sevilla, en la que ha añadido que «si todo transcurre con esa normalidad, podríamos decir claramente que la quinta ola ya ha remitido y que estamos en esa curva descendente que el comité de experto ya nos anunció en las últimas reuniones que mantuvimos con ellos».

Marín ha felicitado al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos que asesora a la Junta en la crisis sanitaria, porque «nos dijeron que a partir del 21 o 23 de agosto la quinta ola iba a empezar a remitir y los datos, afortunadamente, una vez más han vuelto a acertar».

Y, ha continuado, «no lo hacen de casualidad, lo hacen porque durante toda la pandemia, cada vez que se nos ha ido informando en las reuniones que manteníamos con ellos, lo datos eran científicos, no era creencias políticas ni opiniones políticas», en las que «decimos tenemos que quitarnos todos la mascarilla sin haberlo consultado ni siquiera con los expertos como hizo el señor Sánchez».

«Estas ocurrencias no las ha tenido este gobierno, y, por lo tanto, los datos son los que evidentemente esperábamos que fueran», ha incidido el vicepresidente, quien ha destacado que «hoy sigue bajando» la incidencia acumulada y que «desde el 7 de agosto bajan las hospitalizaciones y las personas en UCI»; y, sobre todo, «no hay ningún municipio que ya esté por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitante en la comunidad».

Asimismo, Marín ha subrayado que las normas «siguen siendo las mismas» y que «hay unos niveles y criterios establecidos a la hora de llevar a cabo restricciones, por eso la semana pasada, en base a esos buenos datos y esa previsión, se aumentó el número de comensales dentro de los restaurantes de cuatro a seis, y así se irá haciendo progresivamente en función de cómo vaya evolucionando la situación».

WWF y ANSE han reclamado al Gobierno de Murcia que «sancione, elimine y restaure las más de 8 500 hectáreas de cultivos de regadío intensivo e ilegal del Campo de Cartagena».

Hasta el momento, advierte en un comunicado, «la contaminación del Mar Menor por nitratos y fosfatos, procedentes de la agricultura intensiva e ilegal, ha provocado la recogida de más de 8 000 kilos de peces y crustáceos muertos en las orillas del Mar Menor».

Lo que constituye, a su juicio, «el episodio de mortalidad más grave de la historia de la laguna salada». Ante esta situación, WWF lanza la campaña ‘No más veneno al Mar Menor’, para informar a la sociedad sobre las causas de este problema y anima a la ciudadanía que se sume a ella para pedir a las administraciones que «salven la mayor laguna salada de Europa de la contaminación procedente del regadío intensivo e ilegal».

La crisis del Mar Menor «es la historia de una tragedia anunciada». Las organizaciones ecologistas recuerdan que llevan años denunciando «la pasividad de las administraciones que han permitido multiplicar casi por diez la superficie de cultivos regados en los últimos 40 años, hasta casi 50.000 hectáreas, como denunciaron las organizaciones en el informe La burbuja del regadío».

Este hecho ha provocado «el crecimiento incontrolado de la agricultura intensiva y la proliferación de un regadío ilegal que vierten cada día cinco toneladas de nitratos y fosfatos a la laguna».

Esta contaminación «se ha visto agravada con el funcionamiento de más de 1.000 desaladoras ilegales, según estimaciones, que arrojan sus vertidos contaminantes a través de salmueroductos y drenajes favorecieron también la llegada superficial de elevadas cantidades de nitratos y fosfatos al Mar Menor».

Por ello, consideran Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, que «es inadmisible la impunidad y complicidad que ha gozado hasta ahora la agricultura intensiva a pesar del enorme daño que está causando».

«Si de verdad queremos salvar al Menor Menor, las administraciones deben actuar sobre las causas que originan esta crisis, eliminando con urgencia los regadíos ilegales, e iniciando una reconversión profunda de la agricultura intensiva a través de una reducción de las dotaciones de agua por finca y de la superficie regada, promoción de la agricultura ecológica y un control estricto del uso de fertilizantes en la superficie regada del Campo de Cartagena que vierten estos contaminantes a la laguna», añade.

Asimismo, las organizaciones reclaman a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que «refuerce los mecanismos de inspección y sanción y ponga en marcha las medidas basadas en la naturaleza necesarias para detener la llegada de agua contaminada al Mar Menor».

La única persona que permanecía hospitalizada por el brote de covid-19 que afecta a la residencia de mayores Braulia Ramos de Baza (Granada), de las tres que tuvieron que ser ingresadas en el Hospital Comarcal, tiene ya el alta, según han señalado fuentes cercanas al centro.

Tras dar positivo en coronavirus, había sido ingresada por patologías previas, sin que su estado revistiera de gravedad, según trascendió el pasado viernes. Otros dos contagiados, estos sin dolencias asociadas, fueron hospitalizados de forma preventiva tras darles fiebre el fin de semana, si bien recibieron el alta este pasado martes, conforme a la información que facilitó entonces el Ayuntamiento de Baza, que es la institución de la que depende la residencia.

No hay por tanto ya ningún hospitalizado por este brote, cuya gestión evoluciona favorablemente, y que ha afectado, según la información oficial facilitada por la Junta, actualizada a fecha del pasado martes, a cinco personas, las tres citadas y otras dos –asintomáticos y con buen estado de salud– en la residencia, donde el Ayuntamiento indicó que se siguen «de forma estricta» los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. No ha habido que aislar a ningún profesional.

Tras estar ingresadas, como ya ocurrió con los otros dos hospitalizados, se prevé que al afectado con patologías previas se le siga haciendo seguimiento de su evolución en el centro residencial, que tiene alrededor de 95 residentes y unos 60 trabajadores. En él se activaron hace una semana los protocolos sanitarios estipulados para estos casos, con el aislamiento de los mayores afectados.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Baza ha detallado este jueves que el último ingresado recibió en la tarde de este pasado miércoles el alta hospitalaria y regresó a la residencia, donde «ha pasado directamente a la zona restringida para continuar teniendo» un control «estricto» de su situación, y que «las cinco personas afectadas siguen el proceso con estabilidad y sin síntomas graves».

Así lo ha podido saber el Ayuntamiento de Baza en ese seguimiento cercano que hace de la situación desde el pasado viernes para conocer de cerca la evolución de los contagios detectados: un total de cinco personas de las que tres han estado ingresadas en la Unidad de Medicina Interna del Hospital de Baza, pero que cuentan ya todas con el alta hospitalaria. De momento no hay tampoco sintomatología asociada al coronavirus en el resto de usuarios ni personal de la Braulia Ramos.

Desde el inicio de la pandemia, la residencia ha sido «muy escrupulosa» en el seguimiento de la normativa y las medidas vigentes, lo que había hecho posible que hasta ahora no se hubiera dado ningún caso de covid-19. En cuanto se tuvo conocimiento del primero se comunicó inmediatamente al Ayuntamiento, al que se le va informando puntualmente de la evolución de la situación.

Otros dos aviones fletados por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) aterrizarán esta tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) con otros 140 colaboradores afganos de la UE y sus familias, según han informado fuentes diplomáticas.

Un primer avión, procedente de Atenas y con 99 personas a bordo, llegará a primera hora de la tarde y unas horas después lo hará otro vuelo procedente de París, con 41 pasajeros.

Estos dos vuelos vienen a sumarse a los otros dos llegados la víspera, uno procedente de París, con 39 personas a bordo, y otro de Atenas, con otros 40 afganos.

España ofreció a la UE servir de ‘hub’ en la evacuación de los colaboradores afganos del bloque y sus familias, tras lo cual estos serán repartidos por los distintos estados miembro en virtud de cuotas.

El primero de los aviones del operativo aterrizó en Torrejón el jueves pasado procedente de Roma con 36 personas, seguido de otro, esta vez desde París, con 38 afganos más el viernes, y un tercero, vía Roma, el sábado con otros 36 evacuados.

Según informó este miércoles el Ministerio de Inclusión, este primer grupo de afganos evacuados por la UE junto con algunos que también trajeron los aviones fletados por el Gobierno español –un total de 146–, ya han sido trasladados a sus países de destino final.

Igualmente tampoco continúan en Torrejón los 131 colaboradores afganos de Estados Unidos llegados durante el fin de semana en aviones españoles y que fueron trasladados el martes en un avión militar estadounidense hacia Alemania.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordó el sábado con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el uso por parte de Estados Unidos de las bases de Morón y Rota para la acogida de los colaboradores afganos que está evacuando. En virtud del acuerdo, Washington podría trasladar a estas dos bases a hasta 4.000 afganos, si bien por el momento aún no se ha producido la llegada de ninguno de ellos.

Andalucía registra este jueves 26 de agosto un total de 2.102 positivos de coronavirus, 342 más en 24 horas y 71 más que los comunicados hace siete días, según los datos facilitados en esta jornada por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 23 fallecidos, siete más que la víspera.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado 17,6 puntos respecto a la anterior jornada para situarse en 289,5, cota que supone igualmente un descenso de 101,3 puntos en comparación con la tasa difundida hace una semana, que fue de 390,8 casos por cada 100.000 habitantes, y la más baja en un más de un mes desde que el 12 de julio se situara en 278,7.

Los 2.102 positivos de este jueves se registran tras 1.760 de este miércoles, los 1.909 de este martes, los 2.377 de este lunes (48 horas), los 2.623 del sábado, los 2.651 del viernes y los 2.301 del jueves pasado.

Por provincias, Sevilla continúa nuevamente como la que más casos suma con 713 positivos, seguida de Málaga con 343, Cádiz con 221, Huelva con 202, Granada con 197, Jaén con 149, Córdoba con 142 y Almería con 135.

En cuanto a los 23 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, en Sevilla se contabilizan once, seguidos de cinco en Málaga, dos en Huelva, Jaén y Almería y uno en Córdoba. Cádiz y Granada son las provincias que no registran muertes esta jornada.

76 HOSPITALIZADOS MENOS EN 24 HORAS

La comunidad ha registrado una bajada de 76 pacientes hospitalizados por Covid respecto a la jornada anterior para situarse en un total de 1.145, que en la comparativa intersemanal supone un descenso de 206 pacientes.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 337 y 57 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 274 y 50 en UCI, Granada con 119 y 24 en UCI, Cádiz con 110 y 28 en UCI, Córdoba con 92 y 21 en UCI, Almería con 78 y 19 en UCI, Jaén con 68 y once en UCI, y Huelva con 67 y siete en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 780.752 casos confirmados –2.102 en 24 horas– y ha alcanzado las 10.792 muertes, 23 más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 54.851, 88 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.017 –16 más–, y el número de curados es de 690.323, después de añadirse 3.495.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.792 fallecidos desde el inicio de la pandemia –23 más–, Sevilla con 2.159 se mantiene como la provincia con más muertes –once más–, seguida por Málaga con 1.861 –cinco más–, Granada con 1.839, Cádiz con 1.554, Jaén con 1.043 –dos más–, Córdoba con 1.038 –uno más–, Almería con 896 –dos más– y Huelva con 402 –uno más–.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 780.752 desde el inicio de la pandemia –2.102 más–, liderados por Sevilla con 169.690 –713 más–, seguida de Málaga con 149.842 –343 más–, Cádiz con 109.996 –221 más–, Granada con 106.686 –197 más–, Córdoba con 70.720 –142 más–, Almería con 67.447 –135 más–, Jaén con 62.717 –149 más– y Huelva con 43.654 –202 más–.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 54.851 –88 más en 24 horas–, con Sevilla a la cabeza con 12.137 –30 más–, seguida de Málaga con 10.131 –catorce más–, Granada con 8.973 –catorce más–, Cádiz con 6.416 –dos más–, Córdoba con 5.159 –once más–, Jaén con 5.085 –siete más–, Almería con 4.287 –dos más– y Huelva con 2.663 –ocho más–.

De ellos, 6.017 han pasado por la UCI en Andalucía –16 más–, con la provincia de Sevilla a la cabeza que se mantiene en 1.180 –tres más–, seguida de Granada con 1.143 –tres más–, Málaga con 972 –tres más–, Almería con 730 –cuatro más–, Cádiz con 677, Córdoba con 641, Jaén con 474 –tres más– y Huelva con 200.

La cifra de curados alcanza los 690.323 en toda la región, 3.495 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 148.125 –521 más–, seguida de Málaga con 130.113 –512 más–, Granada con 97.311 –141 más–, Cádiz con 95.556 –354 más–, Córdoba con 62.644 –80 más–, Almería con 60.707 –314 más–, Jaén con 57.723 –811 más– y Huelva con 38.144 –762 más–.

MÁLAGA REGISTRA LA MAYOR BAJADA EN MÁS DE 30 PUNTOS

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 289,5 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Huelva a la cabeza con 384,3. Detrás se sitúan Sevilla con 354,7; Jaén con 282,1; Málaga con 276,5; Almería con 261,6; Cádiz con 259,8; Granada con 235,9 y Córdoba con 234,4.

LA TASA ANDALUZA SUPERA A LA NACIONAL

Atendiendo a los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 24.274 casos en los últimos 14 días con una tasa de 286,78 por cada 100.000 habitantes –por encima de la media nacional de 276,43– y 10.077 en los últimos siete días con una tasa de 119,05, superior a la nacional de 117,80.

El Gobierno contabiliza 1.098 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 6,20 por ciento de camas, similar a la media nacional, situada en el 6,29 por ciento, y 212 en UCI, que registran una ocupación del 11,40 por ciento de las camas, inferior a la media nacional de 18,54 por ciento. Además, registra 111 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 171 altas.

Castilla y León ha notificado este jueves 473 nuevos positivos de Covid-19 –49 menos que ayer–, para sumar un total de 299.337 desde el inicio de la pandemia, cinco más en los hospitales de la Comunidad para un total de 6.026 y 26 altas médicas, 32.606 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

La información estadística epidemiológica sobre la pandemia en la Comunidad se ha actualizado hoy con la incorporación de casos correspondientes a nuevas infecciones (reinfecciones) en personas que ya habían sido diagnosticadas de COVID-19, una vez transcurridos 90 días, según los criterios establecidos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

En lo que va de 2021 estos diagnósticos suman 2.324, con el siguiente reparto provincial de las reinfecciones: Ávila, 70; Burgos, 529; León, 441; Palencia, 220; Salamanca, 247; Segovia, 123; Soria, 53; Valladolid, 531; y Zamora, 110.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 299.337 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 473 más en la última jornada. De ese total, 292.851 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID SUMA 112 CONTAGIOS

Por provincias, Valladolid es la que más positivos ha notificado desde la jornada anterior, con 112 casos más para un total de 66.200; le sigue Salamanca, con 98 y 38.889; Burgos, con 90 y 51.248; Ávila, con 38 nuevos y un total de 16.552; Zamora, con 37 y 17.862; León, con 32 y 51.060; Segovia, con 31 y 20.805 totales; Palencia, con 18 y 24.434; y Soria, con 17 y 12.287.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 6.026, después de que se hayan registrado cinco nuevas defunciones, de ellas una en Valladolid, una en León, una en Burgos, otra en Zamora y una en Ávila.

Del total, 1.224 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.199; Salamanca, que tiene 854; Burgos, 767; Palencia, 497; Zamora, con 458; Segovia, con 378; Ávila, con 357, y Soria, con 292.

En el caso de las altas hospitalarias, éstas suman un total de 32.606, 30 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 7.994 en Valladolid; 5.595 en León; en Burgos, 4.791; en Salamanca, 4.255; en Palencia, 2.518; en Zamora, 2.145; en Segovia, 2.029; en Ávila, 1.882, y en Soria, 1.397.

UN INGRESO HOSPITALARIO MÁS

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 310 pacientes con COVID-19, uno más que en la jornada anterior. De ellos, 68 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI), dos menos, mientras que en planta se encuentran ingresados 242, tres más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias –todos los que tienen unidades de este tipo– y ocupan un 21 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, idéntico porcentaje.

Así, se informa de diez ingresados en el Clínico Universitario de Valladolid y en el Complejo de Burgos; nueve en el de León y el Río Hortega de la capital vallisoletdana; siete en el de Palencia; cinco en el Hospital de El Bierzo y los complejos de Segovia y Zamora; tres en los de Salamanca y Soria; y dos en el de Ávila.

Las batidas de jabalís sin límite de ejemplares y con la posibilidad de cazar crías y hembras están desde este miércoles permitidas en casi el 70% del territorio gallego como medida para controlar la población de esta especie y limitar los incidentes que causan sobre la agricultura, la ganadería, los montes o la propia caza.

La declaración de emergencia cinegética temporal estará vigente desde este mismo miércoles hasta el 27 de febrero de 2022 en 29 comarcas de las cuatro provincias gallegas. Se trata de la segunda ocasión en la que la Xunta recurre a este instrumento recogido en la Ley de Caza gallega y que, como recuerda, se aplica de forma provisional y con carácter extraordinario.

La medida se extiende por un total de 198 de los 313 ayuntamientos gallegos –50 en A Coruña, 53 en Lugo, 87 de Ourense y sólo ocho en Pontevedra– que suponen el 68,4% de la superficie total de Galicia, donde estará permitido abatir o capturar jabalís sin límite de ejemplares.

La Xunta explica en un comunicado que se da prioridad a la caza de hembras adultas y subadultas. Los cazadores también podrán abatir crías y hembras seguidas de crías, siempre que exista una autorización espeical de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural en aplicación de la Ley de Caza de Galicia.

La declaración de la emegencia cinegética también conlleva la habilitación en las zonas afectadas de una serie de herramientas que buscan «contribuir al control de las poblaciones de jabalí» como la ampliación de los períodos de caza y la habilitación de días extraordinarios para ejercerla o el uso de medios como visores ópticos, detectores electrónicos de paso y cebos de grano o frutos.

Asimismo, los propietarios afectados por la presencia de jabalís podrán recibir autorización para realizar esperas para dar caza a estos animales en terrenos de régimen cinegético especial, bien ellos mismos o a través de terceros.

La Xunta sustenta su decisión en que las «circunstancias extraordinarias» hacen necesario articular estas medidas excepcionales para «eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones». Aunque la declaración se extenderá, con carácter general, hasta el 27 de febrero del próximo año, podría quedar suspendida «en su conjunto o en parte» en el caso de que se constante «que desaparecieron las causas» que motivaron su aplicación.

LA XUNTA DICE QUE HUBO «BUENOS RESULTADOS»

Según la Administración autonómica, la primera experiencia de este tipo vivida en 2019 en 33 ayuntamientos de cuatro áreas distintas (Betanzos-Eume, Terra Chá, Viana y Deza) dejó «buenos resultados» con un descenso de los avisos de casi el 30% respecto a la temporada de caza anterior.

Por tanto, continúa la Xunta, la comisión de seguimiento del plan de acción frente al jabalí acordó en su último encuentro repetir la experiencia para «aminorar» el impacto del jabalí en las 29 comarcas donde se aplicará desde este miércoles.

Euskadi ha registrado este pasado miércoles 539 nuevos casos de covid-19, 104 menos que el día anterior, y sale de la zona roja al situarse, por primera vez desde el pasado 14 de julio, por debajo de los 400 casos de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, en concreto en 394,42, según ha informado la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui.

En la rueda de prensa celebrada tras la reunión de la Comisión científico-técnica del Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha dado a conocer los últimos datos sobre la situación de la pandemia en Euskadi.

La consejera ha informado que la comisión del LABI ha constatado que desde finales de julio, momento en el que la quinta ola alcanzó su pico en cuanto incidencia, se ha producido un cambio de tendencia en la mayoría de los indicadores de seguimiento de la pandemia.

«Este cambio es palpable en la incidencia acumulada por 100.000 habitantes que en este momento se encuentra en 394,42, casi 400 puntos menos que en julio», ha detallado antes de subrayar que Euskadi sale hoy, por primera vez desde el 14 de julio, de la zona roja.

«Vamos bien pero estas modificaciones de tendencia no están teniendo todavía un reflejo claro de la ocupación hospitalaria y de ocupación de camas UCI», ha indicado.

En los hospitales vascos, a lo largo de este miércoles 38 personas han ingresado por covid en planta, una menos que el martes, y el total de hospitalizados en planta desciende a 224, 14 menos que el día anterior.

Sagardui ha detallado que la jornada con una ocupación más elevada de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se produjo el pasado 22 de agosto, con 82 pacientes, y hoy son 76 personas las que requieren de cuidados intensivos, dos menos que la jornada anterior.

Según el último boletín hecho público por el Departamento vasco de Salud, a lo largo del miércoles se han realizado 5.544 test diagnósticos, con 73 positivos en Álava, 289 en Bizkaia, 163 en Gipuzkoa y 14 de personas con residencia fuera de Euskadi.

Estos 539 casos suponen una tasa de positivos en relación a las pruebas efectuadas del 9,7%. La trazabilidad de los casos baja al 36,2%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 33,1% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

BAJA DE LOS 400 CASOS

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes mantiene la tendencia descendente y baja 17,64 puntos, con lo que se coloca por debajo de los 400 casos, en concreto en 394,42.

Álava, con 444,87, es el único territorio que se mantiene en la zona roja con una tasa superior a 400, mientras que en Bizkaia la incidencia es de 399,03 y en Gipuzkoa de 334,37.

El índice de reproductividad, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, baja a 0,87 (-0,01). Por su parte, la razón de tasas de incidencia, que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana, se mantiene en 0,81.

Todos los Territorios han descendido en el número de positivos respecto a la jornada anterior. Álava, con 73 contagios (32 menos que el martes), concentra el mayor número de casos en su capital, Vitoria, con 62 nuevos positivos. Llodio registra cuatro positivos y Amurrio tres.

En Bizkaia, con 289 positivos (32 menos que el día anterior), los municipios con más casos son Bilbao con 82, Getxo con 22, Barakaldo con 19, Santurtzi con 18, Leioa y Lekeitio con 15 casos cada localidad, Gernika-Lumo con once y Bermeo con diez.

Gipuzkoa, con 163 nuevos casos, registra 38 casos menos que el martes. San Sebastián con 50 contagios, Irún con 13, Lasarte-Oria con 10 y Tolosa con nueve son las localidades con más casos.

VITORIA, ÚNICA CAPITAL EN ROJO

Un total de 23 localidades vascas de más de 5.000 habitantes tienen tasas de incidencia acumulada que superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes, y Vitoria es la única de las tres capitales que se mantiene en la zona roja con una tasa de 479,27 casos. En total, hay 13 poblaciones vizcaínas, ocho guipuzcoanas y dos alavesas.

Por grupos de edad, solo superan el centenar de casos la franja de edad de entre 20 y 29 años, con 116 casos. Entre la población de 10 a 19 años se ha detectado 90 positivos. En estos colectivos, la tasa de incidencia acumulada en 14 días es de 981,66 y 791,99, respectivamente.

Las personas de 40 a 49 años suman 72 contagios y la franja de 30 a 39 años un total de 65 casos. La población de entre 50 y 59 años registra 54 y en menores de nueve años se han detectado 43 nuevos casos.

Entre los más mayores, hay 35 casos de personas de 60 a 69 años, 26 en la franja de 70 a 79 años, 23 en la población de 80 a 89 años y once en mayores de 90 años. La tasa de incidencia acumulada en 14 días en mayores de 65 años se sitúa en 189,54 (-2,02).

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el fuego originado el pasado día 14 de agosto en Navalacruz, el más grave desde que la Administración regional cuenta con competencias en la materia, mientras que otros tres siguen activos en las localidades de Riocastillo de Ordás (León) y en Carrecedo de Vidriales y Hermisende, ambos en la provincia de Zamora.

En el caso de Navalacruz, la cifra provisional de hectáreas afectadas facilitada por la Junta de Castilla y León se eleva a un total de 21.933 hectáreas, tras declararlo extinguido esta mañana a las 08.38 horas, sin que en dicha evaluación figure una concreción del tipo de superficie devastada, que es de alto valor natural y que ha afectado gravemente al entorno de los pueblos allí emplazados, hasta el punto de merecer la declaración por parte del Gobierno de Zona Catastrófica.

Por su parte, se mantiene en nivel 1 el incendio que se declaró este miércoles en la zona de la localidad zamorana de Carracedo de Vidriales, si bien el mismo presenta este jueves una «evolución favorable» gracias al trabajo realizado durante toda la noche por parte de los efectivos terrestres para evitar riesgos a las poblaciones de Carracedo y Fuente Encalada.

El incendio se declaró a las 17.35 horas en las cercanías de la localidad de Carracedo de Vidriales, perteneciente al municipio de Ayoó (Zamora) y a las 18.10 horas la Junta declaraba el nivel 1 de riesgo por posible afección a más de 30 hectáreas arboladas.

Durante la tarde trabajó un dispositivo formado por medios terrestres y aéreos, que se retiraron con la puesta del sol, y por la noche continuaron las tareas en tierra. «No ha sido fácil, hay mucho trabajo de los efectivos terrestres de la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica, sobre todo durante la noche», han señalado fuentes de la Administración regional en el citado tuit, que han añadido que la pasada madrugada se centraron en evitar riesgos para las poblaciones de Carracedo y Fuente Encalada.

El helicóptero de coordinación ha sobrevolado a primera hora de la mañana el incendio forestal para evaluar su estado y la evolución es «favorable», pero la situación se mantiene activa y el trabajo continúa.

En esta misma provincia permanece igualmente activo otro fuego en Hermisende, de nivel 0, desde las 18.00 horas del miércoles, mientras que en la de León sigue activo, también de nivel 0, otro en el término de Riocastillo de Ordás, que, según las primeras investigaciones, es de origen intencionado.

Dicho incencio ha arrasado unas 60 hectáreas de superficie, de ellas ocho hectáreas de robles, diez de matorral y 40 de pastos.

El último parte de la Junta incluye otros cinco fuegos controlados en Orón (Burgos), Vilecha (León), San Miguel de Valero (Salamanca), Cueva de Ágreda (Soria) y Robledo (Zamora), todos ellos de nivel 0.

Más de 135.000 gallegos en la franja de edad de 10 a 19 años cuenta ya con al menos una dosis de la vacuna, tras recibir el primer pinchazo 24.765 jóvenes más de entre 15 y 19 años y otros 6.270 menores más de entre 10 y 14 años. Esto representa un 59,34% de la población gallega entre 10 y 19 años, según el Instituto Galego de Estatística.

Respecto a las pautas completadas, 1.959.294 gallegos cuentan con la pauta completa (+4.442), lo que representa el 79,82% de la población diana y el 72,56% de la población general, de acuerdo con los últimos datos publicados este jueves por la Consellería de Sanidade.

La última jornada de vacunación se centró en la inoculación de primeras dosis al grupo de entre 12 y 19 años, aunque también se inyectaron otras dosis correspondientes a autocitas y repescas.

De acuerdo con el último balance, las vacunas recibidas se sitúan en 4.074.675 –sin cambios respecto a la jornada anterior–. De ellas, se han administrado, 3.984.140, 33.146 más, el 97,7%.

GRUPOS DE EDAD

De acuerdo con los datos publicados por Sanidade, hasta ahora han sido inoculados 176.483 (+183) jóvenes de entre 20 y 29 años, lo que representa el 76,4% de la población en esta franja susceptible de recibir la vacuna.

Mientras, han recibido al menos una dosis 254.078 personas de entre 30 y 39 años de edad, lo que supone el 78,6% del grupo, y la población mayor de 40 años que ha recibido al menos una dosis asciende a 1.644.242, un 95,6% de la población diana.

La vacunación de los más jóvenes ha sido la que más ha avanzado esta semana, tras iniciarse el proceso para mayores de 12 años este pasado lunes con el objetivo de llegar al inicio del curso escolar con gran parte de los menores inmunizados. Así, un total de 95.855 jóvenes de entre 15 y 19 años cuentan con la primera dosis (24.765 más que en la jornada anterior), mientras que 40.286 menores de entre 10 y 14 años han recibido ya el primer pinchazo (+6.270).

De esta forma, en las últimas 24 horas, más de 30.000 jóvenes de hasta 19 años se han sumado a la lista de personas vacunadas; unos datos que refuerzan los facilitados por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras el Comité Clínico de este martes respecto a la primera jornada de vacunación de este grupo.

Tal y como señaló el conselleiro, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) vacunó en una jornada –la del pasado lunes– a 33.000 niños de 12 y 13 años en un día, con una asistencia que superó el 80% en todas las áreas sanitarias.

En cuanto al total poblacional, hay 2.210.944 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid, un 90% de la población diana y un 81% de la población en su totalidad.

POR VULNERABILIDAD

Por condición de vulnerabilidad, los datos actualizados por Sanidade reflejan que se ha administrado al menos una dosis a 59.876 (+50) personas con condiciones de alto riesgo y personas dependientes (institucionalizadas y no institucionalizadas); mientras que, de estos colectivos, 59.381 (+16) personas cuentan ya con la pauta completa.

En cuanto a la probabilidad de exposición, han sido vacunados con al menos una dosis 145.445 (+10) trabajadores sanitarios, sociosanitarios y esenciales; mientras que 143.502 (+19) cuentan con la pauta completa.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, ha expresado este jueves, sobre la llegada a Andalucía de refugiados afganos procedentes de la evacuación de Kabul, que «el Gobierno andaluz se pone a disposición del Gobierno para acoger a todas las personas que se nos indique», aunque ha precisado que «no sé la cifra que nos corresponde».

En una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía tras mantener una reunión con la nueva dirección del Grupo Parlamentario de Cs, cuya Presidencia recae en Marín y la portavocía la asumió a final de junio Teresa Pardo, Marín ha afirmado sobre el contingente de refugiados que puedan venir a Andalucía que «no sabemos si van a ser más o menos», a la espera de lo que ha definido como «una cuota para cada Comunidad Autónoma».

Tras calificar como «fracaso internacional el abandono del pueblo afgano», el vicepresidente y consejero de la Junta de Andalucía ha sostenido que «igual que con los menores no acompañados, igual que con las políticas migratorias, que son competencia del Gobierno, lo único que podemos hacer es ponernos a disposición sobre cuántas personas se nos asigna y cumpliremos con lealtad la obligación con el Gobierno de nuestro país y con la OTAN».

Este miércoles el Gobierno de España confirmó la llegada de dos refugiados afganos a centros de la comunidad autónoma andaluza, pendientes de que este jueves o el viernes el Ejecutivo decida el traslado a distintos puntos del país de unos 138 afganos, que en estos momentos están «sin derivación definida», según las fuentes gubernamentales.

Al respecto, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha dado la bienvenida en nombre del Ejecutivo central a las dos personas refugiadas procedentes de Afganistán que van a llegar a la comunidad en las próximas horas.

En una nota, Fernández ha destacado que «Andalucía es una tierra solidaria, como lo es España, y el pueblo andaluz sabrá estar una vez más a la altura para acoger a estas personas que llegan hoy, que no podemos olvidar que están viviendo un drama humano indescriptible y una situación desesperada y especialmente dura para mujeres y niños».