La noche del 28 de febrero de 2023, poco antes de las doce, un tren de pasajeros que cubría el trayecto entre Atenas y Tesalónica se encontró de frente con un convoy de mercancías en el valle de Tempi, cerca de Larisa. Murieron 57 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes que regresaban a Tesalónica tras el puente de Carnaval.
Tres años y ocho meses después, el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en Urda (Toledo) nos hace recordar la tragedia griega en términos de seguridad ferroviaria. En los dos casos, las primeras explicaciones parten de lo mismo, una decisión humana tomada sobre un sistema de protección que no estaba funcionando como debía.
En el caso español, el siniestro del miércoles ha dejado, según las últimas cifras, 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. Las causas tendrán que aclararse en los tribunales, pero las primeras investigaciones señalan tres fallos encadenados. Se cayó el sistema de seguridad LZB, el centro de control de Atocha ordenó por error al maquinista de Renfe que reanudara la marcha y la maquinista de Iryo no consiguió arrancar su tren.
En Grecia, el convoy de pasajeros llevaba unos 350 viajeros hacia Tesalónica, mientras el de mercancías se dirigía en sentido contrario hacia Larisa. Lo que más indignó después fue el tiempo. Los dos trenes compartieron la misma vía durante 19 minutos sin que se activara ningún sistema de alarma.
Error humano y gestión manual, como en Urda
La policía detuvo al jefe de estación de Larisa, que estaba de servicio aquella noche. Fue acusado de causar muertes y lesiones por negligencia. En su declaración sostuvo que el cambio de vía no funcionaba y admitió haber dejado pasar al tren con la señal en rojo. El tramo tenía doble vía y algunos controles automáticos instalados, pero los desvíos y la señalización seguían gestionándose de forma manual. El sistema europeo ETCS, que debía estar operativo en 2020, acumulaba años de retraso, y entre Larisa y Neoi Poroi se circulaba con un único cantón de bloqueo.
El impacto fue devastador. Dentro del primer vagón se alcanzaron unos 1.300 grados, lo que dificultó identificar a algunas víctimas. El origen de aquella bola de fuego alimentó durante meses las sospechas de las familias, que denunciaron la desaparición de pruebas y señalaron la presencia de material inflamable en el lugar del choque. El informe de los expertos del organismo investigador griego se hizo público el 27 de febrero de 2025, pero semanas después la agencia retiró todas las referencias a la bola de fuego y dejó esa hipótesis sin resolver, aunque mantuvo sus 17 recomendaciones de seguridad.
En el primer vagón del tren se alcanzaron 1.300 grados de temperatura por el fuego originado
La tragedia de Tempi había tenido advertencias en los meses anteriores. El sindicato ferroviario advirtió por escrito de los riesgos en una carta fechada el 7 de febrero de 2023, y diez días antes del choque el ministro de Transportes, Kostas Karamanlís, defendió en el Parlamento que era "una vergüenza hablar de inseguridad". El operador, Hellenic Train, había sido privatizado durante la crisis de deuda y pertenecía a la compañía estatal italiana Ferrovie dello Stato.
En España también hubo alertas previas sobre la línea Madrid-Sevilla. El sindicato de maquinistas Semaf (que además se encuentra en huelga) avisó en agosto de 2025 de un fuerte desgaste en la vía Madrid-Andalucía, y el consejero delegado de Iryo se quejó en el Senado de que los fallos del sistema de protección detenían sus trenes y de que reconectarlos resultaba muy costoso.
Dimisión y medio millón de personas en la calle
Karamanlís dimitió tras el accidente, aunque conservó su escaño como diputado de Nueva Democracia, algo que avivó la indignación ciudadana. El país decretó tres días de luto, y la confederación de funcionarios convocó una huelga general de 24 horas para el 8 de marzo de 2023. El Gobierno de Kyriakos Mitsotakis atribuyó lo ocurrido a un error humano, pero las investigaciones posteriores sacaron a la luz sistemas de seguridad obsoletos, una señalización ineficaz y una infraestructura abandonada.
El segundo aniversario convirtió el duelo en un movimiento de protesta. Alrededor de 500.000 personas llenaron el centro de Atenas el 28 de febrero de 2025, con concentraciones simultáneas en más de 80 ciudades de Grecia y del extranjero. Días después, el Parlamento votó investigar si un alto cargo enviado por el primer ministro al lugar del accidente autorizó que se allanara la zona con excavadoras, lo que habría destruido pruebas clave.
La oposición presentó una moción de censura que no prosperó debido a que la votación terminó con 157 votos en contra y 136 a favor, y Mitsotakis reconoció que Tempi había sido un fracaso del aparato del Estado y se mostró dispuesto a reformar el artículo 86 de la Constitución, que blinda a los políticos.
Ese artículo explica buena parte del malestar griego referente a que los ministros no pueden ser imputados por la vía ordinaria y solo el Parlamento puede investigarlos. En junio de 2025, la Cámara aprobó con 154 votos abrir una investigación contra Karamanlís, aunque solo por un presunto incumplimiento del deber, un delito menor. Las propuestas que pedían cargos más graves fueron rechazadas.
El proceso penal no empezó hasta más de tres años después del choque. El 23 de marzo de 2026 se sentaron en el banquillo de Larisa 36 acusados, 33 de ellos por delitos graves, entre directivos de la red ferroviaria, de Hellenic Train, del regulador y del Ministerio de Transportes. Ningún político ha sido juzgado. El juicio reúne a más de 350 testigos y a más de 230 partes personadas, y ya ha sufrido varias interrupciones, según la prensa griega.
En España, el accidente de Urda llega nueve meses después de Adamuz y en plena precampaña. El ministro Óscar Puente confirmó un fallo en el sistema informático de señalización que obligó al centro de operaciones de Atocha a asumir el control de la circulación. Pedro Sánchez ha prometido que se depurarán responsabilidades tras dos accidentes en menos de un año, mientras el PP critica que el Gobierno culpe a un trabajador. Puente será además el cabeza de lista socialista por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras la CIAF y el juzgado competente inician sus investigaciones.
