El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha defendido recuperar el cien por cien de presencialidad en todos los niveles y etapas educativas para el curso 2021-2022 tras haberse constatado la efectividad del uso de la mascarilla en los centros a partir de los 6 años, que se va a mantener en espacios cerrados y abiertos, salvo para la práctica deportiva y física, y después de que las clases vayan a comenzar con cerca del cien por cien de los alumnos de 12 años en adelante con la primera dosis recibida.

En rueda de prensa, ha estimado que éstas son las dos medidas más eficaces, a las que sigue la distancia interpersonal, que la normativa aragonesa no va a detallar que sea de 1,2 metros ya que si bien «casi la totalidad de los centros disponen en sus aulas de espacio para garantizarla»; «no hay que tensionar a los centros para que tengan que adoptar medidas excepcionales, cuando no es fundamental».

Según Faci, «hemos aprendido del curso pasado que hemos de adoptar medidas que sean flexibles y puedan revertirse en cualquier momento» de forma que si bien, en su mayoría, las aulas aragonesas «pueden organizarse para que se mantengan esa distancia», «si algún centro para algún curso o para algún grupo» no puede hacerlo, ha descartado obligarse a usar espacios como la biblioteca o la alternativa de la semipresencialidad, que luego es «difícil de revertir».

En este punto, ha recordado que el curso pasado costó cuatro meses pasar de la semipresencilidad a la presencialidad. «Ponderemos qué medidas adoptamos y cómo afectan a la organización» de los centros, para apostillar que es «imposible» garantizar en todo momento esa distancia, dada la interacción que hay en el ámbito educativo. «No somos robots», ha sentenciado.

El consejero ha subrayado, asimismo, que el caso de Infantil y Primaria se va a seguir funcionando con los grupos estables de convivencia, que han dado un buen resultado y en Infantil han permitido «una incidencia bajísima» de casos de coronavirus. También se mantiene la ventilación de las aulas.

Sobre la vacunación, Faci ha aportado el dato de que en el grupo de edad de los 12 a 19 años el 30 por ciento en esta comunidad autónoma tiene la pauta completa y el 65 la primera dosis, cifra esta última que será próxima al cien por cien «al inicio del curso».

En caso del profesorado y del resto del personal, el 94 por ciento ya lo está y si se tiene en cuenta a aquellas personas que no han de hacerlo por prescripción médica, se roza el cien por cien.

NORMALIDAD

Faci ha indicado que el curso pasado la incidencia del coronavirus apenas alcanzó el tres por ciento en las aulas aragonesas y por eso ha apostado por un escenario «de normalidad» para el curso 2021-2022, «con prudencia» y estando «alerta» de lo que pueda pasar en cada momento porque se desconoce qué evolución puede tener la pandemia.

Preguntado por la incidencia de la variante Delta en las aulas, ha dicho que al Gobierno «le preocupa todo, la salud de sus ciudadanos, de los docentes, del personal, de los alumnos y que se garantice el derecho a la educación».

«Veremos a ver cómo evoluciona ésta u otras variantes que puedan surgir, pero creemos que no debe tener una mayor afección de lo que hemos tenido hasta la fecha» y ha manifestado que los pediatras «dicen que los centros educativos son seguros».

Faci ha añadido que si hace un año se apostó por la máxima presencialidad, después de un curso con «mucho esfuerzo y trabajo, algo hemos aprendido y eso lo emplearemos para mejorar la actividad educativa» y «dar ese carácter de normalidad», con «responsabilidad» y manteniendo medias y vigilancia.

NOVEDADES

El consejero ha precisado que esa normalidad supone, además de la presencialidad, recuperar espacios que no se utilizaron el curso pasado, como talleres, salas polivalentes y multiusos, bibliotecas y gimnasios, estos dos últimos preferentemente por grupos estables.

El curso se va a regir por la orden enviada a los centros en junio. Además de lo dicho, contempla tutorías individualizadas y presenciales, con cita previa, y la escolarización combinada en el caso de los alumnos de educación especial, que consiste en que vayan unos días a un centro ordinario y otro a uno específico.

También se recuperará la actividad física y deportiva, sin mascarilla en exteriores y con mascarilla en interior y el uso de materiales, tanto deportivos, como de otro tipo. Habrá recreos sectorizados en Infantil, nivel en el que no se usa la mascarilla y se mantiene una movilidad ordenada para moverse por el interior de los centro, estableciéndose la posibilidad de entradas y salidas escalonadas en más grandes.

JORNADA

La jornada lectiva volverá a ser la que los centros tenían antes de la pandemia. Sobre la petición de algunos colectivos y familias de mantener la continua de 9.00 a 14.00 horas que se implantó de forma generalizada y excepcional el curso pasado en Aragón por la pandemia, Faci ha esgrimido que obedeció «a una situación concreta y ante un curso escolar que para nosotros era desconocido», mientras que para el 2021-2022 «no se dan las circunstancias» para mantenerla.

Además, ha señalado que en Aragón existe un proyecto de tiempos escolares, una herramienta a la que pueden acudir los centros si quieren organizar la jornada de forma diferente «con la mayor normalidad». «No hay ninguna otra fórmula para el cambio de jornada» y si la administración adoptara esa medida «habría otros tantos o más colectivos que dirían todo lo contrario», ha remarcado.

EXTRAESCOLARES Y MADRUGADORES

Otro cambio sobre el curso 2020-2021 es que desde el inicio de las clases estarán habilitados el comedor escolar, las actividades extraescolares y las aulas de madrugadores. El Departamento de Educación va a enviar la semana que vienen los protocolos de actuación a los centros en estos tres ámbitos.

La directora general de Planificación y Equidad del Departamento de Educación, Ana María Montagud, ha adelantado que en el caso del comedor se mantienen los grupos estables de convivencia, si bien podrán coincidir más de uno, debiendo mantener entre ellos la distancia de 1,5 metros.

En el caso de las extraescolares y los madrugadores, el protocolo será genérico por la diversidad de las actividades que se realizan, debiendo los responsables elaborar un protocolo específico, donde se deberán fijar los ratios y que se incorporará al plan de contingencia del centro.

No obstante, sí se pide para todas ellas que se prioricen las actividades al aire libre, controlar las entradas y salidas y disponer de un registro de asistentes, tanto de participantes, como de monitores y responsables.

PROTOCOLO ANTE CASOS

El consejero ha precisado que el protocolo de actuación frente a la aparición de casos se va a modificar, aunque todavía está en fase de borrador y se está trabajando entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Como ejemplo, ha comentado que una de las opciones que se contempla es que si un alumno está vacunado, no deba guardar cuarentena si se declara un brote.

Además, en Aragón habrá uno propio que se elaborará en colaboración con el Departamento de Sanidad, con cuya titular, Sira Repollés, ya ha abordado Faci esta cuestión, y se va a mantener la figura de los equipos COVID «que ha sido un elemento fundamental para la resolución de casos y de dudas e incidencias en los centros», quienes han atendido unas 20.000 consultas el curso pasado.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado este viernes que las medidas de seguridad acordadas en la Conferencia Sectorial de Educación y mantener los grupos burbuja en las aulas permiten garantizar la ‘vuelta al cole’ con una presencialidad del cien por cien.

Barceló, en rueda de prensa, ha considerado que es «una excelente noticia» el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Educación, con la presencia de Salud Pública, de mantener las medidas diseñadas el pasado mes de mayo en el ámbito educativo, como la presencialidad, la obligatoriedad de mascarilla a partir de los 6 años o la posibilidad de rebajar la distancia interpersonal a 1,2 metros en escenarios de baja incidencia.

Asimismo, ha recalcado la importancia de crear grupos burbuja para evitar los brotes y que dieron «unos resultados extraordinarios» el pasado curso ya que en la Comunitat Valenciana «apenas hubo que cerrar aulas». Con todo ello, ha resaltado que se garantiza el objetivo de mantener la presencialidad al cien por cien este nuevo curso escolar.

No obstante, ha insistido en la importancia de, ahora, «no bajar la guardia» y no celebrar las Fallas de septiembre como «si hubiera concluido la pandemia» porque no se debe olvidar que el día 8 «los niños inician las clases y es muy importante protegerlos». «La sociedad se debe proteger para que los más pequeños reanuden el curso con seguridad y no se produzca brotes», ha indicado.

En la rueda de presa, ha insistido en varias ocasiones en que la pandemia «no ha terminado» y «desde luego recordar que en ningún caso van a ser unas Fallas como las que hemos vivido porque estamos todavía en plena pandemia y aún nos queda mucho tiempo para alcanzar final».

Por ello, ha pedido que se respete el control sanitario que habrá en todos los actos y evitar las aglomeraciones para que los más pequeños puedan iniciar las clases con normalidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que este mismo sábado contacte con él o con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para «poner en marcha cuanto antes» el acuerdo «firmado» entre administraciones y que tiene, como último fin, la demolición del hotel situado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

«Si puede ser mañana, mañana demolemos el Algarrobico», ha indicado el presidente andaluz a preguntas de los periodistas sobre su posición para actuar sobre el inmueble promovido por Azata del Sol y del que aún pende por parte del Ayuntamiento de Carboneras la tramitación para la nulidad de la licencia de obras concedida en 2003, que condiciona el derribo del edificio, según el último pronunciamiento efectuado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado mes de julio.

Moreno ha insistido en la «voluntad» de la Junta de recuperar el espacio que ocupa el hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, el cual invade la zona de 100 metros de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, lo que lo convierte en un «atentado desde el punto de vista urbanístico» ante su relación con el parque natural.

Así, el presidente ha recordado que el convenio alcanzado en el marco de la comisión mixta Junta-Estado para la demolición del hotel señala que la Administración central se ocuparía del derribo del hotel mientras que la Junta «corre con todos los gastos de recuperación y reincorporación del paisaje natural anterior a ese proyecto urbanístico», según ha detallado.

«Vamos a cumplir nuestra parte, tenemos los recursos suficientes para ponerlos en marcha», ha recalcado Moreno quien, incluso, se ha mostrado dispuesto a «poner más recursos si hiciera falta» para «demoler y recuperar el paisaje natural de un bellísimo rincón de Andalucía como es ese parque».

Cabe recordar que, en los presupuestos vigentes de la Junta de Andalucía, el Ejecutivo autonómico incluyó una partida de 1,1 millones de euros, en una única anualidad con cargo al programa de Información Ambiental y Dinamización Socioeconómica Sostenible de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, para el desescombro de la zona tras el derrumbe.

No obstante, para acceder al hotel se hacía preciso, con carácter previo, tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006 y que, después, fue validado en varias sentencias judiciales.

De forma paralela, el TSJA ha concluido que hay «indicios suficientes» de que la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento para la construcción del hotel supone una «infracción grave o muy grave» a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que procede imponer al consistorio la obligación de tramitar su revisión de oficio.

NUEVAS CONVERSACIONES CON AZATA

Ante los distintos frentes que plantea la recuperación de la zona, el presidente de la Junta ha incidido en que se han tenido nuevas conversaciones con la propietaria del hotel para «intentar facilitar un acuerdo y para evitar esa escalada de recursos contenciosos».

«El propietario sabe que eso no se va a poner nunca en explotación», ha señalado el líder del Gobierno andaluz, quien a través de su gobierno va a tratar de «arreglar los problemas del pasado» a la voz de «ya», con lo que ha urgido a la ministra para retomar contactos directos con los que intentar acelerar el proceso.

En este marco, cabe recordar además que el Tribunal Supremo instaba nuevamente en marzo de este año al Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras a remitir mensualmente un informe respecto a las actuaciones que están llevando a cabo para restaurar la legalidad urbanística en el paraje medioambientalmente protegido y en el anexo de ‘El Canillar’, no urbanizables.

El centro Padre Menni ha detectado un brote de coronavirus con una treintena de afectados, en concreto 28 residentes -dos de ellos hospitalizados- y cinco trabajadores, según la última actualización de datos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

A preguntas de los medios, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha indicado que en su departamento están estudiando este foco, «para confirmar que no vaya a más».

Cuestionado por la posibilidad de realizar un cribado en esta instalación, como habría solicitado la residencia, ha señalado que depende del tipo.

«Nosotros, cuando hay un caso en una residencia, intervenimos de forma inmediata y hacemos cribado a todo el personal y a todos los residentes», ha destacado Rodríguez.

De todos modos, ha recordado la existencia de otras posibilidades distintas a la realización de pruebas PCR para hacer esos «cribados de forma regular y que están a disposición de las residencias».

RESTO DE RESIDENCIAS

Al margen del brote en Padre Menni, en la región hay medio centenar de usuarios contagiados en tres centros más: 4 en San Pedro, otros tantos en La Casa de Tagle Bracho y uno más en el Centro de Atención a la Dependencia San Miguel.

A ellos se suman 14 hospitalizados, la mayoría -5- de San Pedro, los dos citados de Padre Menni, y otros tantos de Las Cumbres y La Casa de Tagle, así como uno más de la residencia de Suances.

Además de las personas mayores, 20 trabajadores de estos centros también se han contagiado.

En lo que va de pandemia, se han registrado 286 fallecimientos y 2.063 casos en los usuarios de las residencias cántabras.

Dos crías de lince han muerto atropelladas en la JA-6104, entre las localidades jiennenses de Vilches y Linares, en una de las zonas de la provincia de Jaén donde mayor presencia hay de ejemplares de esta especie protegida.

Según se ha informado desde 112, fue un particular el que sobre las 9,50 horas de este jueves llamó para alertar de la presencia de los cadáveres de dos crías de lince en la carretera, a cuatro kilómetros del cruce de Vadollano.

Desde el 112 se dio aviso al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA), a la Policía Local y la Guardia Civil, cuyos agentes confirmaron el fallecimiento de los dos animales.

A los dos cadáveres se le practicará la correspondiente necropsia para confirmar la causa de la muerte.

CENSO

La población del lince ibérico en Andalucía ha logrado en 2020 un récord de ejemplares, que refuerza a la comunidad andaluza como referente en la conservación de esta especie. El censo de 2020 elaborado por el Proyecto Life Lynxconnect, que lidera la Junta de Andalucía, señala que la población del lince ha crecido un 10,7 por ciento hasta contabilizarse 506 ejemplares distribuidos por una superficie que supera los 1.600 kilómetros cuadrados. Esto supone un incremento de 49 linces con respecto a las cifras de 2019.

Este aumento del 10,7 por ciento de la población total en Andalucía viene dado, principalmente, por el incremento demográfico registrado en el valle de Guarrizas, donde el número de ejemplares censados ha subido más del 40 por ciento y se han alcanzado máximos históricos con 140 ejemplares.

Las amenazas a las que se sigue enfrentando esta especie son la baja diversidad genética, la disponibilidad de presas –disminución de la población de conejos como su principal sustento– y la mortalidad no natural –principalmente atropellos–.

Andalucía registra este viernes 27 de agosto un total de 1.698 positivos de coronavirus, 404 menos en 24 horas y 953 menos que los comunicados hace siete días, según los datos facilitados en esta jornada por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 28 fallecidos, cinco más que la víspera y el segundo mayor dato esta semana.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado 19,5 puntos respecto a la anterior jornada para situarse en 270, cota que supone igualmente un descenso de 101,2 puntos en comparación con la tasa difundida hace una semana, que fue de 371,2 casos por cada 100.000 habitantes, y la más baja en más de un mes desde que el 10 de julio se situara en 259,2.

Los 1.698 positivos de este viernes se registran tras los 2.102 de este jueves, los 1.760 de este miércoles, los 1.909 de este martes, los 2.377 de este lunes (48 horas), los 2.623 del sábado y los 2.651 del viernes pasado.

Por provincias, Sevilla continúa nuevamente como la que más casos suma con 562 positivos, seguida de Málaga con 241, Cádiz con 196, Granada con 158, Córdoba con 147, Huelva con 140, Almería con 139 y Jaén con 115.

En cuanto a los 28 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, en Málaga se contabilizan 13, seguida Sevilla con seis, Córdoba y Granada con tres y uno en Cádiz, Huelva y Jaén. Almería es la única provincia que no registra muertes esta jornada.

ANDALUCÍA BAJA DE 1.100 HOSPITALIZADOS EN UN MES

La comunidad ha registrado una bajada de 60 pacientes hospitalizados por Covid respecto a la jornada anterior para situarse en un total de 1.085, que supone la cifra más baja desde el pasado 26 de julio cuando se contabilizaron 972 y un descenso de 202 pacientes en la comparativa intersemanal.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 316 y 58 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 257 y 50 en UCI, Granada con 113 y 21 en UCI, Cádiz con 109 y 27 en UCI, Córdoba con 86 y 22 en UCI, Almería con 74 y 18 en UCI, Jaén con 67 y nueve en UCI, y Huelva con 63 y siete en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 782.450 casos confirmados –1.698 en 24 horas– y ha alcanzado las 10.820 muertes, 28 más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 54.951, 100 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.025 –ocho más–, y el número de curados es de 693.716, después de añadirse 3.393.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.820 fallecidos desde el inicio de la pandemia –28 más–, Sevilla con 2.165 se mantiene como la provincia con más muertes –seis más–, seguida por Málaga con 1.874 –13 más–, Granada con 1.842 –tres más–, Cádiz con 1.555 –uno más–, Jaén con 1.044 –uno más–, Córdoba con 1.041 –tres más–, Almería con 896 y Huelva con 403 –uno más–.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 782.450 desde el inicio de la pandemia –1.698 más–, liderados por Sevilla con 170.252 –562 más–, seguida de Málaga con 150.083 –241 más–, Cádiz con 110.192 –196 más–, Granada con 106.844 –158 más–, Córdoba con 70.867 –147 más–, Almería con 67.586 –139 más–, Jaén con 62.832 –115 más– y Huelva con 43.794 –140 más–.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 54.951 –100 más en 24 horas–, con Sevilla a la cabeza con 12.157 –20 más–, seguida de Málaga con 10.164 –33 más–, Granada con 8.982 –nueve más–, Cádiz con 6.418 –dos más–, Córdoba con 5.173 –14 más–, Jaén con 5.094 –nueve más–, Almería con 4.293 –seis más– y Huelva con 2.670 –siete más–.

De ellos, 6.025 han pasado por la UCI en Andalucía –ocho más–, con la provincia de Sevilla a la cabeza que se mantiene en 1.181 –uno más–, seguida de Granada con 1.143, Málaga con 976 –cuatro más–, Almería con 730, Cádiz con 677, Córdoba con 643 –dos más–, Jaén con 474 y Huelva con 201 –uno más–.

La cifra de curados alcanza los 693.716 en toda la región, 3.393 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 148.747 –622 más–, seguida de Málaga con 131.208 –1.095 más–, Granada con 97.630 –319 más–, Cádiz con 96.149 –593 más–, Córdoba con 62.935 –291 más–, Almería con 60.995 –288 más–, Jaén con 57.814 –91 más– y Huelva con 38.238 –94 más–.

MÁLAGA REGISTRA LA MAYOR BAJADA CONSECUTIVA EN MÁS DE 30 PUNTOS

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 270 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Huelva a la cabeza con 361,5. Detrás se sitúan Sevilla con 335,1; Jaén con 261,3; Almería con 255,1; Málaga con 246,4; Cádiz con 239,5; Granada con 224 y Córdoba con 221,5.

LA TASA EN SIETE DÍAS POR DEBAJO DE LA NACIONAL

Atendiendo a los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 22.716 casos en los últimos 14 días con una tasa de 268,37 por cada 100.000 habitantes –por encima de la media nacional de 264,13– y 9.344 en los últimos siete días con una tasa de 110,39, inferior a la nacional de 111,78.

El Gobierno contabiliza 1.036 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 5,85 por ciento de camas, inferior a la media nacional, situada en el 6,15 por ciento, y 207 en UCI, que registran una ocupación del 11,13 por ciento de las camas, inferior a la media nacional de 18,37 por ciento. Además, registra 96 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 147 altas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha incorporado a su queja de oficio sobre la situación de las residencias de mayores en Andalucía desde el inicio de la pandemia, una investigación específica por los últimos brotes por Covid en residencias de Alcalá de Guadaíra, Sevilla y Écija, en estos últimos casos, «con el lamentable suceso del fallecimiento de varias personas residentes», según ha informado en una nota de prensa.

En el transcurso de esta queja de oficio sobre las residencias andaluzas, la institución andaluza ha ido ampliando su investigación a varios de estos centros específicos donde se han producido los casos más preocupantes, entre ellos, ahora, los últimos brotes detectados en residencias de Alcalá de Guadaíra, Sevilla y Écija.

En todos estos casos, ha solicitado a la Administración información sobre los criterios aplicados para la detección diagnóstica de posibles contagio vírico de personal de dichos centros residenciales de mayores así comoaquellos aspectos que ayuden a esclarecer y poner medidas para evitar que se reproduzcan estas situaciones.

Fruto de esta queja de oficio, el Defensor del Pueblo andaluz se ha dirigido a las consejerías de Salud y Familias, y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, interesándose por las medidas específicas adoptadas para la salvaguarda de la salud de las personas mayores residentes en estos centros de Andalucía, cualquiera que sea su titularidad, frente alriesgo de contagio por Covid-19; concretando cuáles sean y desde cuándo se aplican, así como las actuaciones de coordinación entre ambas consejerías.

También ha mantenido reuniones con asociaciones de mayores y entidades sociales que trabajan en estas residencias y con gestores de algunos de estos centros y personal sanitario y prestadores de otros servicios de los mismos. De la ingente información obtenida de estas fuentes diversas, el Defensor ha demandado «la imperiosa necesidad de extremar las precauciones y medidas de protección de las personas mayores que viven en residencias, como colectivo de especial vulnerabilidad por la limitación de sus capacidades y su exposición al contacto humano, al depender absolutamente del mismo para su supervivencia ordinaria».

En todas las ocasiones, el Defensor del Pueblo andaluz ha mostrado su enorme preocupación por el devenir de las personas mayores que viven en centros residenciales en nuestra Comunidad y ha hecho un llamamiento público ante el Parlamento de Andalucía, defendiendo la necesidad de priorizar «crear un sistema integral de atención a las personas mayores». «Es preciso aplicar medidas preventivas de salud más rigurosas, intensas y sostenidas en el tiempo en los centros residenciales, tanto para las personas residentes comopara el personal que presta servicio en los mismos».

Hay que alcanzar una economía de cuidados, con especial atención a la población de mayores, para comprender sus problemas de soledad, aislamiento, … y dentro de ello, analizar que los mayores están todavía más solosfuera de su casa, en las residencias», ha subrayado Maeztu.

La consejera vasca de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Arantxa Tapia, ha asegurado que el Gobierno vasco realizará «una labor de seguimiento permanente» de las obras post clausura del vertedero de Zaldibar, «que nunca más volverá acoger ningún tipo de vertido».

El Gobierno Vasco dará por concluidos este próximo martes, 31 de agosto, los trabajos de estabilización y adecuación del vertedero de Zaldibar, que se derrumbó el 6 de febrero de 2020 dejando a dos trabajadores sepultados.

Estas labores, que el Ejecutivo realiza de forma subsidiaria, se han desarrollado durante estos 18 meses «de manera constante e ininterrumpida»

En declaraciones, Tapia ha recordado que, una vez concluidas las obras de emergencia que el Gobierno Vasco desarrolla «de forma subsidiaria» en Zaldibar, se darían por terminadas las labores en el vertedero «para hacer frente al derrumbe que se produjo».

La consejera ha asegurado que, en la actualidad, el vertedero se encuentra «absolutamente estable, y con una estabilidad de carácter permanente, garantizada a futuro».

Las obras a desarrollar para que la afección medioambiental «tampoco exista» también han concluido, según ha apuntado. «Por tanto, esas obras de carácter subsidiario y de emergencia las damos por finalizadas a finales de agosto», ha insistido.

Arantxa Tapia ha asegurado, además, que se da por «finalizada y concluida» la vida del vertedero «como tal» y se procederá a su «sellado definitivo». «No va a volver a acoger ningún tipo de vertido, basura, ni cualquier elemento que haya podido estar vertiéndose hasta la actualidad», ha precisado.

Según ha insistido, aunque «en este momento se han realizado unas obras de sellado de carácter temporal», la empresa propietaria deberá sellar definitivamente el vertedero y proceder a las obras de post clausura.

«Evidentemente, el Gobierno Vasco realizará una labor de seguimiento permanente para conocer cómo se está produciendo y cuál es la vida, a futuro, de esa zona que ha sido un vertedero pero que nunca más volverá a serlo», ha reiterado.

Las universidades vascas y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco se han fijado como objetivo, desde la «prudencia», para este nuevo curso lectivo 2021/22 «recuperar la normalidad académica, logrando un cien por cien de presencialidad».

El consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, se ha reunido este viernes en San Sebastián con la rectora y rectores de las universidades que conforman el Sistema Universitario Vasco: la rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Eva Ferreira; el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, y el rector de Mondragon Unibertsitatea (MU), Vicente Atxa.

Tras el encuentro, los cuatro han comparecido para dar cuenta de los principales objetivos del Sistema Universitario Vasco de cara al nuevo curso que comenzará oficialmente en 15 días.

Bildarratz ha recordado que el pasado mes de abril se reunió también con los rectores para concretar las prioridades de este nuevo curso y definieron las líneas de trabajo y equipos de coordinación.

Según ha indicado, las universidades vascas arrancarán este nuevo curso con los mismos protocolos que en el pasado pero con el objetivo de «recuperar la normalidad académica, logrando un cien por cien de la presencialidad», reto que plantean desde «la prudencia» y al que se irán acercando en función de la evolución de las cifras de vacunación y la situación sanitaria de la pandemia de covid-19.

Además, ha fijado como otros retos el de «lograr una formación excelente, garantizar y reforzar la internacionalización del Sistema Universitario Vasco, extender la apuesta por una mayor relación entre la universidad y la empresa y priorizar la apuesta por una investigación de excelencia».

«CASI AL CIEN POR CIEN»

Bildarratz ha destacado que para septiembre se contempla «que el 80%» de la población vasca de edades comprendidas entre 16 y 19 y entre 20 y 29 años esté vacunada frente al Covid-19″, cifra que ha estimado llegará «casi al 90% a fin de mes» y «casi al cien por cien» en el caso del personal y profesorado universitario.

Por otro lado, preguntado por los periodistas sobre el protocolo para hacer frente al coronavirus en la enseñanza no universitaria ha avanzado que se remitirá a los centros «el lunes». Respecto a si se prevé la puesta en marcha de puntos de vacunación en las universidades, se ha limitado a afirmar que eso «depende» del Departamento vasco de Salud.

Por su parte los rectores han defendido que la universidad es «segura» y han realizado una valoración «muy positiva» del pasado curso, confiando en poder recuperar el cien por cien de la presencialidad «en el segundo semestre» del nuevo.

El Ayuntamiento de Peñíscola ha convocado este viernes, de luto oficial para el municipio, un minuto de silencio en memoria y señal de respeto por las víctimas del derrumbe del edificio de la localidad el pasado miércoles.

El alcalde, Andrés Martínez, ha compartido tras el minuto de silencio, en nombre de la corporación municipal, sus «condolencias a las familias de las víctimas» y ha transmitido su agradecimiento a todos los asistentes, muy especialmente a los vecinos y vecinas, los cuerpos de seguridad y a los representantes de las instituciones «que han estado trabajando sin descanso en este doloroso suceso».

«Es un día muy triste para el pueblo de Peñíscola. Sentimos mucho dolor por las dos víctimas del suceso, pero también el cariño de las administraciones y de los colectivos que han estado allí durante estos días, además de mucha gente solidaria que ha ofrecido hospedaje y alimentos para los voluntarios y los profesionales del rescate», ha indicado el primer edil.

Martínez ha explicado a los medios de comunicación que a partir de aquí va a haber una investigación para esclarecer lo que sucedió. «Ayer ya estuvimos con los vecinos y hoy mismo algunos ya podrán recoger sus pertenencias y vamos a colaborar con ellos en esta desgracia que ha sido munumental para que el día de mañana puedan disfrutar de otro espacio como el que tenían hasta la fecha», ha dicho.

El alcalde ha pedido «tranquilidad» a la gente, «pues es un tema puntual pero muy grave», que -según ha dicho- quieren esclarecer «cuanto antes». Ha señalado que a nivel municipal prestarán sus medios y ha recordado que tienen la colaboración de la Generalitat y del Gobierno de España a través de la Guardia Civil y de todos los organismos.

CATAS

Ha subrayado que se han hecho catas en el edificio contiguo al derrumbado para que los propietarios puedan recoger las pertenencias «y a partir de ahí hay que vaciar el material que queda y entonces se verá con más precisión para poder hacer el informe en relación al origen del siniestro».

Martínez ha indicado que tras aparecer el cuerpo sin vida de la última víctima, mantuvo una reunión con los vecinos y les dijo que los servicios técnicos los tienen a su disposición, «pero ahora hay cuestiones que habrá que dilucidar a nivel de responsabilidades o seguros». «Me ilusiona que ellos puedan reconstruir de alguna forma su apartamento, su ilusión y sus ganas de volver a Peñíscola», ha añadido.

El alcalde ha recordado que la administración autonómica otorga ayudas para las primeras viviendas y que muchas de las afectadas son segundas viviendas. No obstante, ha apuntado que tratarán de buscar ayuda y colaboración «para, entre todos, tratar de que vuelvan a crear esa ilusión que tenían hasta hace tres días».

Respecto a la familia de las víctimas, ha explicado que los Servicios Sociales están tratanto la cuestión, «puesto que el dueño del apartamento se ha quedado sin casa, sin pareja y sin hijo, y habrá que intentar ayudarles en el tema económico».

En las puertas de la Diputación de Castellón también se ha realizado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, en el que ha participado la vicepresidenta, Patricia Puerta, y miembros de la corporación provincial.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el próximo curso escolar, 2021-2022, «va a ser cien por cien presencial y seguro», para lo que la Administración regional mantendrá «las medidas de éxito» del pasado periodo lectivo, lo que supondrá un sobrecoste de más de 100 millones de euros, por lo que ha pedido al Gobierno de España que habilite un nuevo fondo extraordinario con el que hacerlo frente.

En su visita al Centro de Formación Profesional Integrado Rodríguez Fabrés, en Salamanca, ha remarcado que Castilla y León fue la única comunidad en la que se logró al completo la presencialidad, «desde el primer día» y «en las aulas en todas las etapas educativas», incluida la Formación Profesional.

De cara al nuevo curso, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado la apuesta de la Junta de Castilla y León por unas medidas de seguridad «ambiciosas», como mantener el 1,5 metros de distancia entre alumnos en las aulas, volver a contratar en torno a 1.350 profesores, mantener los equipos COVID-colegios para un seguimiento rápido y eficaz de los positivos y sus contactos y potenciar «de nuevo» la limpieza y desinfección así como reforzando el transporte, los comedores y el personal acompañante.

Para el curso, que arrancará ya con los 17.000 detectores de CO2 comprados el pasado año para optimizar la ventilación de la clases, el objetivo de la Junta es arrancar también con todos los alumnos a partir de doce años ya vacunados con al menos una dosis.

A día de hoy y a falta de más de dos semanas para que comience en ESO y Secundaria -15 de septiembre-, en torno al 60 por ciento de quienes tienen entre 12 y 19 años -casi 100.000- ya han recibido al menos el primer pinchazo, según los datos que ha dado a conocer en su encuentro con los medios.

Asimismo, ha indicado que la vacunación y la evolución de la pandemia propician además que puedan regresar las actividades extraescolares, con las debidas medidas de seguridad. «Alumnos, alumnas, docentes y familias van a estar protegidos», ha recalcado Fernández Mañueco.

CENTRO RODRÍGUEZ FABRÉS

El presidente ha visitado hoy el Centro Integrado de Formación Profesional de Salamanca, con 870 alumnos, y en el que en los últimos tres años la Junta de Castilla y León ha invertido 3,3 millones de euros. La última obra, el traslado de la escuela de hostelería, cuyas instalaciones ha recorrido Fernández Mañueco.

En este momento, ha señalado, en el conjunto de la Comunidad se están ejecutando acciones de reforma y mejora por 39 millones de euros, 2,75 millones en Salamanca, una referencia provincial que ha realizado con motivo de su visita.

Fernández Mañueco ha comprometido que la Junta «seguirá avanzando en la mejor educación» y ha destacado los resultados de Castilla y León en informes como PISA o TIMMS. «Que nuestros alumnos sean los mejores no es fruto de la casualidad», ha defendido el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha apuntado que se debe a contar con un sistema educativo pionero y referente en formación digital.

Por ejemplo, ha reseñado, Castilla y León está innovando en pedagogía, en diferentes metodologías didácticas para mejorar la enseñanza de asignaturas como las matemáticas o en discernir lo que es real de lo falso en lo que se recibe a través de las redes sociales.

El Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE) de Aluche ha cerrado a visitas de familiares y otras personas por un brote de Covid-19, que a día de hoy se restringe a 6 positivos, que están aislados, al igual que otros tres contactos estrechos de los contagiados, han indicado fuentes policiales.

Los positivos y contactos estrechos, cuya salud es buena, están siendo vigilados por los médicos todo el día. Además, han realizado test al resto de internos y a los policías que les custodian, que han dado negativo. No obstante, por seguridad sanitario se han restringido las visitas a externos al centro, apuntan.

No obstante, entidades como Mundo en Movimiento y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine han notificado una queja por esta situación ante el Defensor del Pueblo y ante el Juzgado de control jurisdiccional del CIE.

En dicha notificación, señalan que fue el martes cuando tuvieron conocimiento del brote y ayer jueves cuando prohibieron entrar a las instalaciones a ninguna persona externa, es decir, ni voluntarios de ONG, ni trabajadores de la Cruz Roja, ni abogados ni familiares de las personas internas, «por recomendación del servicio médico».

Dichas ONGs elevan el número de positivos por coronavirus a once, de las 28 personas internadas actualmente. Los contagiados han sido aislados en dos módulos distintos. «Nos relatan que las medidas de higiene que creen que deberían observarse no se cumplen, ya que no tienen ropa para poder cambiarse, no han podido ducharse todos los días y llevan días sin poder comer debido a la pérdida del gusto y el olfato y a la sensación de malestar que les produce la enfermedad», se quejan.

Además, lamentan que a pesar de que siguen teniendo acceso al móvil las horas reglamentarias, el hecho de que no puedan recibir visitas ni de voluntarios de ONG, Cruz Roja o de sus familiares, «puede generar en ellos ansiedad, sentimientos de soledad y aislamiento que afecten a su psique e incluso episodios depresivos». «El hecho de que incluso los no contagiados no puedan recibir visitas puede generar en ellos también sentimientos de angustia y abandono», añaden.

Además, las ONGs señalan que el hecho de no recibir visitas de sus abogados «puede generar indefensión, ya que además de que siempre existe la barrera del idioma, comunicarse por teléfono siempre es mucho más complicado que en persona, además de que ello implica que solamente puedan hacerlo por las tardes en sus horas reglamentarias de uso del móvil».

Por otro lado, apuntan a que en el hipotético caso de que algún interno se vea muy afectada a nivel de salud por el Covid, el servicio sanitario del CIE de Aluche «no tiene los materiales adecuados ni las instalaciones para atender de forma efectiva a los posibles contagiados por el virus».

«Tenemos constancia tras conversaciones telefónicas con varios internos que hay aislados que tienen síntomas que ellos consideran graves y que no son debidamente tratadas ni atendidas por parte del servicio médico, circunstancia que agrava su estado psicológico y que conlleva que algunos de ellos necesiten medicación para combatir la ansiedad que este hecho les produce», exponen los denunciantes.

PETICIONES AL JUZGADO

Por todo lo expuesto, estas dos entidades solicitan al Juzgado que se adopten medidas de aislamiento que no vulneren los derechos fundamentales de ninguna de las personas aisladas, se vigile de cerca las posibles repercusiones que pueda haber en ellas y se valore la asistencia psicológica si llega a ser necesario.

Para salvaguardar sus derechos, ven conveniente que se les proporcione utilizar el móvil durante las 24 horas del día y que los que no tengan forma de comunicarse con sus familiares por carecer de móvil puedan tener acceso telefónico o a un ordenador para que de forma confidencial puedan informar de cómo va su procedimiento de expulsión y tranquilizar a sus familiares.

Estas ONGs también exigen que exista un registro de las peticiones de los internos aislados para que quede constancia de que se les proporciona en esos momentos de vulnerabilidad la atención debida. Y que se derive inmediatamente al hospital a aquellos contagiadas que estén dentro de la población de riesgo y que puedan desarrollar unos síntomas graves que no son atendibles dentro del CIE.

Por último, piden que se paralice inmediatamente las deportaciones, «ya que esto podría provocar un contagio masivo en otros países y por ende una crisis sanitaria mayor y que se paralicen los internamientos de más personas en situaciones de irregularidad administrativa, «para así evitar mayor contagio dentro del centro».

Castilla y León ha notificado este viernes 424 nuevos positivos de Covid-19 –49 menos que ayer–, para sumar un total de 299.770 desde el inicio de la pandemia, cinco fallecidos más en los hospitales de la Comunidad para un total de 6.031 y 26 altas médicas, 32.635 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 299.770 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 424 más en la última jornada. De ese total, 293.284 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID SUMA 107 CONTAGIOS

Por provincias, Valladolid es la que más positivos ha notificado desde la jornada anterior, con 107 casos más para un total de 66.317; le sigue Salamanca, con 80 y 38.967; León, con 59 y 51.120; Ávila, con 56 nuevos y un total de 16.609; Burgos, con 43 y 51.290; Zamora, con 35 y 17.897; Segovia, con 17 y 20.823; Soria, con 15 y 12.302; y Palencia, con 12 y 24.445 totales.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 6.031, después de que se hayan registrado cinco nuevas defunciones, de ellas dos en Valladolid, una en León, una en Burgos y otra en Ávila.

Del total, 1.226 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.200; Salamanca, que tiene 854; Burgos, 768; Palencia, 497; Zamora, con 458; Segovia, con 378; Ávila, con 358, y Soria, con 292.

En el caso de las altas hospitalarias, éstas suman un total de 32.635, 29 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 7.999 en Valladolid; 5.600 en León; en Burgos, 4.798; en Salamanca, 4.258; en Palencia, 2.520; en Zamora, 2.147; en Segovia, 2.030; en Ávila, 1.884, y en Soria, 1.399.

SE MANTIENEN LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 310 pacientes con COVID-19, los mismos que en la jornada anterior. De ellos, 67 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI), uno menos, mientras que en planta se encuentran ingresados 243, uno más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias –todos los que tienen unidades de este tipo– y ocupan un 20 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, un punto menos que el jueves.

Así, se informa de diez ingresados en el Clínico Universitario de Valladolid; nueve en el Complejo de Burgos, el de León y el Río Hortega de la capital vallisoletdana; siete en el Complejo de Palencia; cinco en el Hospital de El Bierzo y los complejos de Segovia y Zamora; tres en los de Salamanca y Soria; y dos en el de Ávila.

OCHO MUERTOS EN RESIDENCIAS.

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 asciende a 4.121 en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad. Esto supone ocho fallecidos más que en el último parte facilitado.

De los fallecidos, 3.016 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, ocho más, y otras 1.105 residentes han fallecido con síntomas compatibles con el virus, sin cambios desde el mes de junio de 2020.

En la estadística difundida por la Junta se notifican cuatro residentes aislados con síntomas compatibles con la COVID-19, dos menos que en el último parte, y 394 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 94 más que en el último registro.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se eleva a 301, de ellos 184 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 31 residentes, dos más que en el anterior parte, y se eleva a 1.059 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, ocho más. Actualmente no hay residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19 y 18 se encuentran aislados de forma preventiva sin síntomas, cuatro más.

Euskadi ha registrado este pasado jueves 515 nuevos casos de covid, 24 menos que el día anterior, mientras que el número de pacientes con coronavirus ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue descendiendo y se sitúa en 72 personas, cuatro menos que el miércoles.

En la misma línea, la tasa de incidencia acumulada de covid en los últimos 14 días continúa la línea descendente de las últimas jornadas y experimenta una notable reducción respecto a la jornada precedente, al situarse en 377,32 casos por cada 100.000 habitantes, 17 puntos menos que el día anterior.

El boletín epidemiológico difundido este viernes por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco indica que el jueves se realizaron en Euskadi 5.927 pruebas diagnósticas, con 66 positivos en Álava, 266 en Bizkaia, 174 en Gipuzkoa y nueve en personas con residencia fuera de Euskadi.

Los 515 contagios detectados –24 menos que el miércoles– suponen una tasa de positivos en relación a las pruebas efectuadas del 8,7%, un punto menos que la jornada previa. El porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos se sitúa en el 35,9%, frente al 34,3% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, que se sitúa en 377,32 en toda Euskadi, solo supera los 400 puntos –límite que marca la denominada ‘zona roja’ por elevada transmisión del virus– en Álava, con una tasa de 409,74. Este indicador se sitúa en 381,62 en Bizkaia y en 327,99 en Gipuzkoa.

El índice de reproductividad, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, se sitúa en 0,88 (+0,01), mientras la razón de tasas de incidencia, que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana, se sitúa en 0,80 (-0,01).

Los 66 contagios registrados en Álava son siete menos que en la jornada previa. Vitoria concentra 59 de esos nuevos casos. Bizkaia, con 266 positivos, registra 23 casos menos. Los municipios con más casos son Bilbao, con 74, Getxo (18), Barakaldo (16) y Galdakao (15).

Gipuzkoa, con 174 nuevos casos, supera en once los positivos del lunes. San Sebastián con 37 contagios; Irun, con 22; y Errenteria, con once, son las localidades con más casos.

Con los datos del jueves, 20 localidades vascas de más de 5.000 habitantes tienen tasas de incidencia acumulada que superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes.

Por grupos de edad, la mayor parte de los nuevos contagios se concentran en las franjas de edad de entre 20 y 29 años, y de entre 10 y 19 años, con 91 positivos en cada caso. En estos colectivos, la tasa de incidencia acumulada en 14 días es de 903,11 y 735,55, respectivamente.

Las personas de 30 a 39 años suman 43 contagios, mientras que la población de entre 40 y 49 años registran 81 y los vascos de entre 50 y 59 años acumulan 62 nuevos positivos. En menores de nueve años se han detectado 48 nuevos casos.

Entre los más mayores, hay 43 positivos de personas de 60 a 69 años, 13 en la franja de 70 a 79 años, 25 en la población de 80 a 89 años, y 16 en mayores de 90 años.

HOSPITALIZADOS Y FALLECIDOS

En los hospitales vascos, en las últimas 24 horas 42 personas han ingresado por covid en planta, cuatro más que el miércoles, y el total de hospitalizados en planta baja a 222, dos menos que el día anterior y 15 menos que una semana antes.

Además, 72 personas permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), cuatro menos que en la jornada previa y cinco menos que en la misma jornada de la semana anterior.

La Rioja ha lamentado un fallecido por COVID-19, según los últimos datos emitidos por el Gobierno regional. Por otra parte, se constata un día más la bajada de la incidencia acumulada a 14 días de los 376,04 casos por cada 100.000 habitantes de ayer a los 363,22 de hoy (13 puntos menos), mientras que baja la presión asistencial en 3 ingresos, hasta 31. Los casos activos han subido, en este caso en 15, de los 802 a 817.

En cuando a la persona fallecida, es una mujer de edad avanzada que no residía en centro de personas mayores. Desde que comenzó la pandemia, un total de 816 personas han fallecido por la enfermedad, 324 de ellos residentes de centros de mayores en nuestra comunidad autónoma.

En cuanto a la presión asistencial, hay 31 personas ingresadas en los diferentes centros hospitalarios riojanos (tres menos que ayer). Así, el hospital San Pedro de Logroño cuenta con 20 personas ingresadas en planta (dos menos que hace 24 horas) con dos ingresos y 5 alta. Por su parte, en la UCI, hay 7 pacientes covid (uno menos que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (13 a día de hoy, cuatro menos que hace 24), la UCI riojana tiene 20 pacientes y se encuentra al 46,51 por ciento (siete puntos más que ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra registra 4 pacientes ingresados en planta por coronavirus (igual que ayer).

Por lo demás, en cuanto a la incidencia acumulada, ha bajado a 14 días de los 376,04 casos por cada 100.000 habitantes de ayer a los 363,22 de hoy (13 puntos menos) y a siete días, desciende ligeramente de los 175,98 de ayer a los 164,42 de este viernes. En cuanto a la tasa de positividad, ésta baja ligeramente al 11,10 por ciento, ayer se encontraba al 11,20 por ciento.

Finalmente, hay 11.351 personas en cuarentena frente a las 11.517 personas del ayer y los centros de mayores están libres de positivos por COVID-19.

Un total de 19 refugiados afganos han sido trasladados ya a Cantabria y están recibiendo apoyo y asistencia en el Centro de Acogida de Inmigrantes de Cruz Roja en Torrelavega.

Este traslado, organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se enmarca dentro del dispositivo de la Operación Antígona-Afganistán que gestiona y coordina el Gobierno de España.

El dispositivo desplegado por el Estado está actuando con «mucha celeridad» para que estas personas y sus familias sean ubicadas en un plazo muy breve de tiempo, ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria en nota de prensa.

El objetivo siempre ha sido que no pasen más de 72 horas desde la llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, hasta que se establece el destino, con un tiempo medio de 37 horas.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha puesto en valor el dispositivo gestionado y coordinado por el Gobierno de España, que está siendo «muy ágil, lo que permite a estas personas y a sus familias ser trasladadas rápidamente y poder comenzar una nueva vida cuanto antes».

Tanto Quiñones como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han ensalzado en un acto al que han asistido esta mañana en el Puerto de Santander la labor de acogida que se está realizando en la comunidad autónoma.

En declaraciones a la prensa, la delegada ha agradecido la implicación de las entidades sociales y de las Fuerzas Armadas y ha avanzado que «seguramente llegarán más» refugiados afganos, aunque todavía se desconoce la cifra.

Y ha remarcado que las 19 personas ya acogidas «han llegado en una situación complicada», por lo que ha dicho que «por respeto a la intimidad de estas personas y al complicado momento que atraviesan, no se detallará la ubicación de los alojamientos». Así, ha hecho un llamamiento a entidades y medios de comunicación para que «no revelen esa información para poder garantizar la seguridad de esas personas».

Por su parte, Revilla ha dicho que le parece «muy bien» acoger a estas personas en la comunidad, ya que «Cantabria ha sido siempre tierra de migrantes, sabemos muy bien lo que es salir de esta tierra a otros lugares».

Según el presidente, «Cantabria siempre estará en la línea de colaborar», como espera que hagan todas las comunidades autónomas ante la «terrible desgracia que supone nacer en determinados países donde el fanatismo religioso y las guerras hacen la vida insoportable a tantos, y sobre todo a personas jóvenes y niños, que es algo tremendamente angustioso».

Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo regional «siempre estará dispuesto» a acoger a los refugiados que le correspondan «e incluso a algunos más».

También se ha pronunciado sobre el asunto el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, que a preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en el Palacio de Festivales para presentar la nueva programación ha indicado que los refugiados llegados ayer a Cantabria se encuentran en las instalaciones de Cruz Roja Torrelavega.

Según ha avanzado, la previsión es que lleguen más, pero dependerá de la gestión que se realiza directamente entre el Ejecutivo central y las ONG. «El Gobierno de Cantabria tiene conocimiento de la gestión del Gobierno de España, pero la gestión es directa entre el Gobierno y las ONG», ha aclarado, explicando que se acogerá a más refugiados según las plazas que tengan disponibles los centros cántabgro.

Zuloaga ha destacado «la importancia de la labor que se está haciendo ante una crisis humanitaria que golpea de lleno a los derechos humanos, especialmente sobre mujeres y niñas y diferentes colectivos». «La solidaridad que muchas veces se verbaliza se debe demostrar con hechos», ha sentenciado, opinando que el Gobierno de España «está haciendo lo que tiene que hacer» y que las comunidades autónomas están «a disposición para seguir trabajando, apoyando, de su mano».

El objetivo del sistema de acogida es ayudar a los solicitantes de asilo y a sus familias a integrarse y construir una nueva vida en España. Durante el periodo de participación en este programa se les acompaña y apoya para que adquieran las habilidades necesarias para ser lo más independientes posible.

El Ministerio de Inclusión, como responsable del sistema de protección, ha coordinado el dispositivo en colaboración con la UME y el Ministerio de Defensa para crear una Instalación Provisional de Tránsito en la base aérea de Torrejón de Ardoz.

Una vez los ciudadanos aterrizan en España y manifiestan su voluntad de asilo, y siempre acompañados, son derivados a una plaza de acogida, bien un piso, bien un centro de acogida. Los recursos están gestionados por entidades pero financiados íntegramente por el Ministerio de Inclusión.