El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, en respuesta a un duro comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denuncia injerencia por parte de España y se recurre a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.

Según ha anunciado Exteriores en un comunicado, la decisión se ha tomado ante «graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales» que contenía el comunicado del Gobierno de Daniel Ortega.

Dicho comunicado fue la respuesta a otro de Exteriores criticando los arrestos de opositores en Nicaragua en las últimas semanas y advirtiendo de que con ello se impedía que las elecciones previstas para el 7 de noviembre, en las que Ortega opta a su reelección, ofrezcan «un resultado con garantías y credibilidad».

Por su parte, la Cancillería nicaragüense replicó denunciando «la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia» y remitiéndose al «terrorismo de Estado» de los GAL.

El departamento que dirige Albares ha insistido hoy en que Nicaragua «atraviesa una profunda crisis política, económica y social» que arrancó en abril de 2018 y que «se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión» del Gobierno nicaragüense «contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes.

Igualmente, ha reiterado que las decisiones del Gobierno para impedir que la oposición participe en los comicios –con el arresto de varios precandidatos opositores–, «junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados».

Así las cosas, el Gobierno ha expresado su rechazo «tajante» del contenido del comunicado de la Cancillería nicaragüense al tiempo que ha exigido a este país que «cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política».

DURAS CRÍTICAS DE MANAGUA

En un largo comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua recalcó este martes que el país «hace siglos dejó de ser colonia, o española o de cualquier otra potencia agresora, destructora, esclavista y saqueadora» y por tanto tiene derecho a seguir su camino y advirtiendo de que el Gobierno español no está en posición de «dar lecciones de democracia».

En este sentido, tras considerar una «intromisión inadmisible» en sus asuntos internos el último comunicado de Exteriores sobre la situación en Nicaragua, recuerda al Gobierno «la obligación que tiene de respetar, como nosotros les hemos respetado, y de asumir, sin demora, los caminos de respuesta a los justos reclamos de los habitantes de esa llamada península Ibérica».

Asimismo, dedica especial atención a los «graves temas pendientes» en España remontándose a la creación de los GAL por el «entonces presidente ‘socialista’ Felipe González», «que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados».

«Casi 40 acciones terroristas fueron realizadas por los GAL, asesinando e hiriendo impunemente a más de 60 personas, sin que los sucesivos Gobiernos de ese reino se ocuparan de responder a las víctimas», denuncia, incidiendo en que se trata de crímenes de odio y lesa humanidad que no prescriben. «Es decir, están pendientes de investigación y condena en esa, llamada por ellos mismos, ‘democracia perfecta'», subraya Managua.

ACUSA DE «DESFACHATEZ» AL GOBIERNO DE COALICIÓN

En este sentido, afea al Gobierno español su «desfachatez» para presentarse ante el mundo «impolutos, despercudidos, impecables, muy correctos, y exigentes con quienes consideran inferiores, imperfectos, incorrectos y, todavía bajo su ya (…) inexistente e imaginario imperio colonial».

Igualmente, menciona «la muerte no investigada» en las cárceles «de prisioneros políticos independentistas vascos que sin explicación alguna aparecieron sin vida, en celdas españolas», esgrimiendo que todo ello constituyen «crímenes de odio y lesa humanidad, que se califican como terrorismo de Estado».

«Al Estado español, ese que orondamente critica, acusa y exige lo que ellos mismos no dan, la Historia nunca les absolverá! La infamia no puede ocultarse con bravuconerías, disfrazándose de jueces, que ni son, ni pueden ser, ni nadie ha convocado, porque carecen de autoridad moral, o respeto, ante tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena», abunda el comunicado.

FASCISMO ENCUBIERTO DE SOCIALISMO

Managua se ampara en esta «hipocresía» para rechazar el comunicado del Ministerio español, pasando a retar a España a «asumir toda su responsabilidad verdadera en su feroz y brutal historia colonial y neocolonial, así como su fascismo encubierto como socialismo».

También desafía al Gobierno de Pedro Sánchez a que abra «las puertas, sin represión, o persecución, o violencia desmedida, a la libre decisión y votación sobre los estatus que cada país de ese, por hoy, Estado centralizado, demanda, reclama y exige».

«Les desafiamos a permitir la libre participación en votaciones y elecciones, sin amenazas, intimidaciones, o cárcel para los líderes independentistas, y sin persecución más allá de sus fronteras, a quienes sólo han exigido respeto a sus creencias, voluntades y derechos».

El comunicado de la Cancillería nicaragüense no es el primero que carga las tintas contra el Gobierno español. Ya a finales de junio pasado había arremetido contra la entonces titular de Exteriores, Arancha González Laya, por sus declaraciones sobre Nicaragua, acusándola de mostrar una «ignorancia atrevida» y una «ferocidad impropia para la diplomacia».

Dichas declaraciones se produjeron después de que la ministra saliera en defensa de la embajadora española en Managua a raíz de que Daniel Ortega la acusara de intromisiones en los asuntos del país. González Laya pidió entonces al mandatario que se dejara de «excusas» y liberara a los opositores detenidos.

Siete reclusos de la prisión de Monterroso (Lugo) han sido expedientados por Instituciones Penitenciarias después de que se hayan difundido vídeos grabados con teléfono móvil por los propios internos en los que se puede apreciar a varios consumiendo pastillas, afilando un objeto o la realización de un tatuaje con una máquina.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas han confirmado que se ha contactado con el centro penitenciario para aclarar como pudieron grabarse estos vídeos, que han sido difundidos por redes sociales en los últimos días.

En uno de ellos, en el que se ve un recluso usando una máquina de tatuar en la espalda de otro preso, el que capta las imágenes con un teléfono móvil apunta a otro interno que estaría afilando un objeto, también prohibido, mientras pone en cuestión que los funcionarios de la cárcel ejerzan las labores de vigilancia de forma adecuada.

«Dos módulos, uno con diez tíos y otro con otros diez, dos guardias, más la de la noche, cobrando mil y pico pavos, trabajan 48 horas seguidas y luego descansan el resto de la semana», relata el que porta el móvil.

«Por aquí no hay ni Dios… La tele de mierda, los guardias ahí en la garita con el teléfono y la tele. Aquí el coleguita afilando ahí algo, y los colegas ahí tatuando para pasar el tiempo», continúa, mientras que se oye por detrás: «Si queréis hacer un tatuaje, venid a Monterroso».

Al tiempo, el que sigue grabando, se queja de que en la cárcel, por ejemplo, no se forme a quienes quieran aprender a tatuar. «En vez de hacer un curso, les cogen la máquina, les meten un parte y para aislamiento. Esa es la puta reinserción social que hay. Que venga un monitor y enseñen a tatuar», pide.

En otro vídeo, se puede ver a varios reclusos en una mesa con numerosas pastillas. Presumen de tenerlas y vacían el contenido de algunas en un vaso de plástico, en el que luego vierten el contenido de una lata que parece un refresco. «Cóctel molotov, esto es para que ustedes se lo gocen», dice uno de ellos.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO E INCAUTACIÓN DE OBJETOS

Al margen de la investigación activada para esclarecer lo ocurrido en el penal de Monterroso, Instituciones Penitenciarias ha confirmado que han sido identificados y amonestados los siete presos que habrían intervenido en los hechos.

A todos ellos se les ha abierto expediente disciplinario y se les han incautado los objetos prohibidos.

Covite ha pedido al Parlamento europeo que no dé «falsas esperanzas» a las víctimas de ETA sobre la resolución de crímenes sin resolver, que ascienden a más de 377, y se ha mostrado convencida de que no va a ser posible que esclarezcan.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco ha realizado esta petición a la Cámara de Bruselas después de que se haya conocido que la Eurocámara pretende investigar los asesinatos de ETA sin resolver y, para ello, una delegación comunitaria se trasladará el próximo mes de noviembre a España.

A través de las redes sociales, la asociación presidida por Consuelo Ordóñez ha considerado que es «un fracaso rotundo» del Estado de derecho que haya más de 350 asesinatos de ETA sin resolver. No obstante, ha afirmado que tampoco «se debe jugar con las esperanzas de las familias de víctimas de ETA que no han visto resarcidos sus derechos a la verdad y a la justicia».

Por ello, ha reclamado «rigor a la hora de informar sobre este asunto, y transparencia sobre lo que va a consistir en realidad la investigación que va a realizar la delegación del Parlamento Europeo». «Bruselas no es quien tiene que resolver esos casos ni quien puede hacerlo», ha señalado.

A su juicio, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) las que deberían haber resuelto los asesinatos de ETA impunes, «deteniendo a los autores materiales, cómplices y todos los implicados», y los jueces de la Audiencia Nacional, «juzgando y sentenciando a los culpables».

«Lo que no han hecho ni las FyCSE ni los jueces no lo van a poder hacer ahora unos políticos del Parlamento europeo. Lo máximo que podrán hacer será investigar las razones de por qué hay asesinatos sin resolver», ha apuntado.

Covite ha asegurado que ya se encargó de investigar este asunto y de exponerlo en su libro ‘Agujeros del sistema’, en el que se atribuye el no esclarecimiento de los casos a «negligencias, desidia, negociaciones y errores, que han hecho que las cifras de impunidad de crímenes de ETA sean tan elevadas».

Asimismo, ha lamentado que «incluso los crímenes que se consideran resueltos porque hay una sentencia y se ha condenado a alguien por ellos, ni siquiera están resueltos del todo». «Esta es la ‘justicia’ que ha habido con las víctimas de ETA: solo en el 8% de los asesinatos de ETA se ha condenado a todos sus participantes, lo que corresponde a 76 víctimas mortales. Más de 350 víctimas no tienen del todo resuelta ni siquiera la autoría material», ha recordado.

La asociación de víctimas cree que «la situación de impunidad con los asesinatos de ETA es grave», y que «está bien que desde Bruselas se denuncie esta realidad, pero sin dar falsas esperanzas a las familias de que, ahora sí, se van a poder resolver sus casos, porque no va a ser así», ha aseverado.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles la figura del escritor José Saramago en la sociedad actual, ya que ha considerado que inspira para afrontar retos y decisiones.

Así lo ha puesto de manifiesto Sánchez durante su intervención en el acto de celebración del centenario del escritor José Saramago, que se ha desarrollado en ‘A Casa’, en Tías (Lanzarote), y donde el presidente del Gobierno ha clausurado la sesión.

Sánchez ha admitido que es un «enorme placer aprovechar» su estancia en la isla de Lanzarote, donde pasa unos días de vacaciones, para regresar a la casa de Saramago y para celebrar su reapertura tras tener que cerrar a consecuencia la pandemia del coronavirus, lo que ha considerado es una «señal más de la esperanza» con la que se aborda un «tiempo nuevo» gracias a la vacuna.

En este sentido, ha agradecido la labor en general que realiza la Fundación del escritor porque espacios así resultan «imprescindibles y, sobre todo, hoy en día mucho más», ya que ha apuntado que «no se trata solo de recordar movidos por el cariño o incluso por la nostalgia, sino de reivindicar a José Saramago porque todas las sociedades, sobre todo en momentos como los actuales, necesitan referencias, en especial referencias como José Saramago».

Añadió que una de las razones para mantener viva la memoria de los «grandes mujeres y hombres es que siguen sirviendo de inspiración a la hora de afrontar» retos y decisiones, afirmando que en la pandemia estos han sido «difíciles» de adoptar.

Sánchez ha aludido a la novela ‘La balsa de piedra’, donde Saramago escribió «las energías vuelven siempre cuando la esperanza vuelve’, frase que ha señalado «muchos recuperaron durante los largos meses de confinamiento», animando a resistir con los medios al alcance o creando otros nuevos si era necesario.

En este sentido, ha subrayado que esto Canarias lo sabe «muy bien porque fueron objeto preferente de instrumentos» que se tuvieron que crear para poder «sobrevirir», refiriéndose así a los ERTE, las prestaciones autónomos, los préstamos ICO, las ayudas directas, el apoyo al sector turístico –citando 100 millones de euros para la resilencia del sector turístico en Canarias–, o los cinco millones del plan de sostenibilidad para Lanzarote, «todos esenciales para salvar empleo, empresas e intentar reducir el desgarro» que ha supuesto la pandemia.

Ante todo ello, ha afirmado que si bien las energías «crecen cada día más y más con las esperanzas sólidas y fundadas».

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado de Saramago su compromiso por «la belleza, por la estética, pero también un compromiso social y medioambiental».

En el acto en el que se ha presentado el programa para conmemorar este centenario, también intervino la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río; y la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo. Además se dieron cita en el mismo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, entre otros.

La organización WWF desarrolla, con el apoyo del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), su campaña anual de voluntariado en el Archipiélago Chinijo, un espacio natural emblemático de Canarias, donde medio centenar de personas limpiarán durante este verano las playas e impulsarán el proyecto de divulgación de ciencia ciudadana ‘Los ojos del Guirre’, con el que se pretende recoger información útil sobre diferentes amenazas ambientales en las islas.

Con la campaña de voluntariado que WWF ha puesto en marcha en el Archipiélago Chinijo busca mejorar el estado de conservación de la naturaleza de las islas, así como divulgar la riqueza del Parque Natural y fomentar actitudes más respetuosas hacia el mismo entre la población local y visitante.

WWF, señala en un comunicado, desarrolla esta campaña de manera ininterrumpida desde 1998 y, desde entonces, han participado en este programa más de 1.650 voluntarios.

En cuanto al Archipiélago Chinijo está considerado como uno de los enclaves de mayor interés natural de las islas Canarias por su gran diversidad biológica y geológica, así como por su importancia ecológica y paisajística, albergando en su medio marino la mayor biodiversidad del archipiélago y su medio terrestre, el cuarto enclave de flora más importante de Europa, además de las poblaciones más importantes de aves marinas del archipiélago.

A ello se suma que también tiene uno de los últimos refugios de las especies más amenazadas de rapaces de las islas. Sin embargo, problemas como la contaminación marina, sobrepesca, el furtivismo, las excursiones incontroladas y las carencias de unas normas de conservación consensuadas, así como un órgano de gestión participativo, ponen en peligro la continuidad de su frágil equilibrio natural.

Este año la isla de La Graciosa será el lugar en el que se centrará la labor de medio centenar de voluntarios, que durante el verano realizarán actividades de restauración del hábitat, recogida de plásticos de la costa, sensibilización ambiental y evaluación del estado de los recursos naturales; mientras que entre octubre y noviembre WWF estará presente en el islote de Alegranza, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Teguise y del Cabildo de Lanzarote.

Además este año WWF ampliará su labor de conservación con voluntarios a toda la población de Canarias con el fin de que todo el mundo pueda colaborar recopilando datos útiles sobre el estado de conservación y las amenazas de la biodiversidad del archipiélago canario, participación que se canalizará a través de un proyecto de ciencia ciudadana llamado ‘Los Ojos del Guirre’.

Asimismo, la plataforma servirá para recoger datos geolocalizados sobre las diferentes amenazas a las que se enfrenta Canarias. Esto se podrá hacer instalando una app gratuita en el móvil donde se podrán recabar datos sobre los problemas que sufren las especies canarias, tanto marinas como terrestres.

Actualmente los ciudadanos podrán recoger información sobre más de 20 problemas sobre fauna marina, terrestre y sus amenazas, organizándose as mismas en cinco grandes temas, tales como son especies amenazadas como las tortugas marinas, especies exóticas invasoras, vertidos ilegales, fauna accidentada y plásticos y residuos pesqueros.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) han pedido este miércoles la prohibición de los «espectáculos taurinos denigrantes» para este colectivo, en los que se utiliza a personas con displasias óseas con fines humorísticos.

En concreto, el CERMI ha exigido al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que actúe «con celeridad» y promueva la modificación de la normativa taurina, «para impedir en sede legal los espectáculos de este carácter que se sirven de personas con discapacidad, pues atentan contra la dignidad inherente a todo ser humano que debe estar protegida por el Estado español».

Según ha indicado la entidad, el CERMI confía en que Iceta «asuma esta demanda cívica que se la hace desde sector social de la discapacidad –que sus predecesores en este Departamento han ignorado de modo injustificado– y, junto con el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, prepare sin más dilación el cambio del vigente Reglamento Taurino, que no solo admite este tipo de espectáculos, sino que los regula en detalle, contrariando toda la normativa internacional y nacional de defensa y protección de las personas con discapacidad».

«Las sociedades democráticas avanzadas como aspira a ser la española no puede permitir que una actividad pública, regulada por el Estado, socave y cancele todos los principios y mandatos de respeto a la dignidad y a la imagen social que constituye una obligación de derechos humanos, tanto internacional como de Derecho interno», ha señalado.

A su juicio, tampoco cabe amparar la participación de personas con discapacidad «en estos pretendidos festejos en el libre desarrollo de una actividad laboral y en el derecho a poder elegir profesión u oficio, pues solo las actividades laborales que respetan la Ley y no atentan contra valores y derechos superiores pueden ejercerse libremente».

Por su parte, COCEMFE también ha pedido que se cumplan las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a España en relación a los espectáculos taurinos en los que se utiliza a personas con displasias óseas con fines humorísticos, como es el caso del conocido espectáculo del ‘bombero torero’ y se suma a la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para exigir su prohibición al Ministerio de Cultura y Deportes.

«Siendo conscientes de que las representaciones culturales, dentro del mundo del humor y el espectáculo merecen el máximo respeto hacia aquellas personas que las ejercen hay que tener en cuenta también que existe una marcada línea entre la libertad cultural y la denigración y la burla y es ahí, cuando se pasa esa línea, donde hay que actuar», ha afirmado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

La Confederación recuerda a las administraciones la recomendación hecha a España por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de adoptar medidas para diseñar, poner en marcha y mantener campañas de sensibilización pública y en los medios de comunicación destinadas a erradicar los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad, promover el reconocimiento y el respeto de sus derechos y fomentar una percepción positiva y una mayor conciencia social en lo que se refiere a las personas con discapacidad en la sociedad.

«Recomendaciones sumamente importantes ya que es necesario combatir las situaciones que en muchas ocasiones se perpetúan en este tipo de espectáculos donde prima la burla hacia lo diferente y por tanto se atenta contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. En definitiva, se perpetua la discriminación», ha añadido Queiruga.

COCEMFE pone a disposición de todas las personas que protagonizan este tipo de espectáculos su red de 82 Servicios de Empleo y Agencias de Colocación.

Igualmente, desde la Confederación se pide que se haga valer la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas en la que expresamente se establece que los Estados en colaboración con las entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad deben tomar «las medidas pertinentes» para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan «discriminación contra las personas con discapacidad, siendo esta obligación aplicable a todas las partes del Estado español, sin limitaciones ni excepciones».

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, aseguró este martes que pondrá en marcha un Plan de Reciclaje profesional para los trabajadores de espectáculos ‘bombero-torero’, después de que el Ejecutivo haya anunciado su intención de prohibirlos en el país.

La semana pasada, Martín Blanco reclamó al alcalde de Zahínos (Badajoz) que cancelera la función del ‘bombero-torero’ que finalmente tuvo lugar el viernes 6 de agosto y advirtió de que «en España no hay bufones sino personas».

Los once tripulantes de nacionalidad siria que fueron detenidos en la operación por la que la Policía interceptó y abordó un buque mercante cargado con casi 20 toneladas de hachís en aguas cercanas a Canarias fueron puestos este martes a disposición del juez de la Audiencia Nacional, quien ha acordado prisión provisional para todos ellos.

Fuentes jurídicas señalan que la tripulación al completo pasó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y que se les imputan hechos que pueden ser constitutivos de los delitos de tráfico de drogas y organización criminal.

La operación, desarrollada el domingo, fue posible gracias a una investigación conjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional, denominada ‘Natalia’, que contó con la colaboración de los servicios aduaneros franceses DNRED.

Durante la investigación se detectó su cercanía a las aguas de Canarias y se decidió interceptarlo de forma urgente con dos patrulleras del Servicio de Vigilancia Aduanera, la ‘Sacre’ y el ‘Halcón’, que partieron en la noche del sábado, 7 de agosto, en busca del objetivo, siendo abordado en las primeras horas del domingo, 8 de agosto, cuando se encontraba a unas 40 millas al sudeste de Fuerteventura, en aguas internacionales, según informó la Agencia Tributaria en nota de prensa.

TRANSPORTE ORDINARIO DE YESO

Una vez asaltado el buque, controlado y asegurado, los funcionarios de Vigilancia Aduanera pudieron comprobar el mal estado del buque, con múltiples vías de aguas y riesgo de incendio en máquinas, lo que obligó a un «arduo trabajo» a los efectivos de las dos patrulleras para poder mantener a flote el buque y conseguir llegar finalmente en la noche del domingo al puerto de Las Palmas.

Posteriormente, el lunes, 9 de agosto, tanto los funcionarios de Vigilancia Aduanera como agentes de Policía Nacional procedieron al registro conjunto del mercante, donde como sospechaban comprobaron que el buque además de realizar un transporte ordinario de yeso, también portaba una gran carga de hachís que estaba oculta en sus bodegas.

En concreto, los operativos contabilizaron un total de 638 fardos que sumaban 19.876 kilos de hachís, lo que supone otro alijo de gran relevancia interceptado este año en aguas cercanas a Canarias.

La Policía Nacional ha desmantelado dos plantaciones de marihuana tipo indoor, una de ella instalada en el interior de una nave ubicada en el polígono industrial Tres Caminos, situado en el término municipal de Puerto Real (Cádiz), y otra en una nave del Parque Empresarial IVA en Jerz de la Frontera.

Según ha informado la Policía en una nota, las plantaciones estaban dotadas de los sistemas de ventilación y riego necesarios, ocupando gran extensión en las naves registradas y donde se han localizado 2900 plantas listas para su recolección y otras en diferentes fases de crecimiento.

La operación policial ha finalizado con la detención de siete personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico y abastecimiento de agua.

La primera de las plantaciones fue detectada en una nave comercial de gran tamaño en el Polígono de Tres Caminos, en una zona de enorme afluencia, no solo de trabajadores, sino también de clientes.

La Policía ha detallado que esto rompe la pauta habitual de las organizaciones dedicadas a este negocio ilegal, que suelen ubicar sus cultivos en zonas rurales, retiradas de núcleos urbanos, donde están menos expuestos y pueden pasar más inadvertidos que en pleno centro de un polígono con gran actividad empresarial y comercial.

Los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Cádiz, por ello, realizaron una vigilancia sobre la zona y detectaron movimientos extraños en torno a este local empresarial, donde entraban y salían trabajadores portando materiales propios de una instalación preparada para el cultivo extensivo de marihuana (tuberías, focos, filtros de carbono, aires acondicionados, sacos de tierra, cableado…).

En este sentido, la Policía ha informado que, cualquier día de la semana y a cualquier hora, los responsables del montaje entraban y salían de la nave, a veces incluso llegaban camiones descargando material pesado, pudiendo ser observados no solo por los agentes, sino por personas que trabajan en empresas contiguas.

Bajo la apariencia de una falsa empresa dedicada a servicios de catering, los presuntos responsables pretendían disimular el montaje y puesta en funcionamiento de la instalación dedicada al cultivo a gran escala de plantas de marihuana. Hasta 1500 plantas fueron halladas en su interior, en avanzada fase de desarrollo, a escasos días de ser recolectada para almacenar una importante cantidad de material estupefaciente.

La misma organización también disponía, presuntamente, de una segunda plantación que fue desmantelada en el Parque Empresarial IVA en Jerez de la Frontera. En esta instalación, de similares características a la anterior, los investigadores de la Udyco hallaron 1400 plantas en periodo de crecimiento y maduración acelerado para ser recolectadas a los tres meses.

La zona en la que se ubicaba esta segunda plantación, según ha explicado la Policía, es de las mismas características que la primera: rodeada de establecimientos comerciales, incluyendo un concurrido establecimiento comercial dedicado al bricolaje donde acude a diario numeroso público.

El Museo Guggenheim de Bilbao ha doblado en la primera semana de agosto de este año su cifra de visitantes respecto al mismo periodo del verano pasado, al alcanzar un total de 25.865 visitas frente a las 13.383 con las que cerró los siete primeros días de agosto de 2020. A su vez, el museo concluyó julio con 67.485 visitantes, por los 37.234 registrados en el mismo mes del año pasado.

Según datos de asistencia, el porcentaje de extranjeros representa ya desde el mes pasado más de la mitad de la afluencia total a la pinacoteca, ya que el 52% del total de visitas procedían de fuera del Estado. El promedio de visitantes extranjeros durante el mes de julio alcanzó el 57% del total, prácticamente seis de cada diez asistentes.

Por su origen, tanto en lo que va de agosto como en julio, Francia aportó la mayor presencia de turistas, con un 22% de franceses respecto al total de extranjeros, seguido de Holanda y Alemania, de donde proceden alrededor del 6% y de italianos, que representan el 2% de visitantes de fuera de España.

En este sentido, y dentro del turismo estatal, Madrid, con un 8,5 y Cataluña, con un 8%, respectivamente, arrojaron los mayores porcentajes de visitantes al cierre de julio pasado. Bizkaia aportó el mes pasado el 6,2% de los visitantes del museo.

Asimismo, respecto a junio de este año, durante julio la afluencia de visitantes al museo ha aumentado un 34% de un mes a otrom y la asistencia «se está viendo incrementada progresivamente de semana en semana», tal y como han confirmado fuentes del propio museo.

PROGRAMACIÓN

El museo expone en la actualidad las muestras, «Bilbao y la pintura», exposición que repasa la historia visual del Bilbao del siglo XIX y que se clausurará el próximo 29 de agosto; «Los locos años veinte», diseñada por Calixto Beito y hasta el 19 de septiembre, y «La línea del ingenio», centrada en obras de inspiración humorística y abierta hasta enero de 2021.

Junto a ellas, el visitante puede contemplar una selección de las obras maestras de su colección propia, con piezas de Andy Warhol, Chillida, Oteiza, Basquiat, Robert Rauschenberg o Cy Twombly, que cerrará sus puertas con el último día de 2021; y la fusión de vídeo, coreografía y escultura de la bonaerense Cecilia Bengolea «Animaciones de agua», instalada hasta el 24 de octubre en la sala Film&Video centrada en las artes visuales contemporáneas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado un acto en Lanzarote con motivo del centenario del escritor José Saramago para sacar pecho por los datos esperanzadores que se están produciendo, en particular en lo relativo a la vacunación y la economía, asegurando que incluso en los momentos más difíciles de la pandemia al Ejecutivo nunca le abandonaron sus fuerzas.

Sánchez, que se encuentra de vacaciones en la isla, ha reivindicado que Saramago es una «referencia» y que sirve de «inspiración a la hora de afrontar nuevos retos y decisiones» difíciles como las que ha habido que tomar durante la pandemia.

El presidente del Gobierno se ha remitido en concreto a la frese del escritor portugués «las energías vuelven siempre cuando las esperanzas vuelven» y que muchos compartieron en redes sociales durante la pandemia con el fin de animar a resistir «con los medios a nuestro alcance o creando otros nuevos».

En este punto, y en presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha repasado varias de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar las consecuencias de la COVID-19 de las que el archipiélago, ha dicho, fue «objeto preferente». Así, ha citado los ERTE, pero también las ayudas directas y el apoyo extraordinario al sector turístico por 100 millones de euros, entre otros, para «reducir el desgarro» que está ocasionando la pandemia.

«Hoy no diríamos que nuestras energías vuelven, porque nunca nos abandonaron, ni tan siquiera en los momentos más difíciles y duros del confinamiento y la pandemia, pero sí podemos afirmar que crecen cada día más animadas por las esperanzas sólidas y fundadas», ha puntualizado.

En este sentido, ha resaltado que ya se ha superado el 60 por ciento de la población con la pauta completa de vacunación, agradeciendo a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, presente en el acto, y a las comunidades autónomas el esfuerzo, y ha celebrado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) haya autorizado el ensayo clínico de la vacuna fabricada por Hipra, el primero de una vacuna desarrollada en España.

Igualmente ha reivindicado los datos económicos y de creación de empleo que «nos acercan a los niveles previos» a la pandemia y que sitúan a España como «el país que más está creciendo» de su entorno.

HACEN FALTA REFERENCIAS COMO SARAMAGO

Por otra parte, Sánchez ha señalado que, con la conmemoración del centenario del nacimiento de Saramago, no se trata solo de recordar la obra del escritor portugués, sino de reivindicar su figura. «Porque todas las sociedades, sobre todo en momentos como los actuales, necesitan referencias y, en especial, referencias como José Saramago», ha defendido.

Frente la fama de «pesimista» que tenía Saramago, el presidente ha destacado que «era un hombre lleno de energía y de bondad, que es una señal indudable de esperanza». Por ello, considera que, más que ser un pesimista, el escritor sentía «impaciencia por llegar a ver una sociedad más libre y más cohesionada, construida sobre fundamentos profundamente humanos», y que «le llenaba de desasosiego e indignación» ver que ese avance «tardaba tanto en llegar».

«Estoy convencido de que entre todos y todas estamos dando pasos decisivos para hacer un poco más cierto aquel mundo de justicia, de igualdad y de progreso real que él soñaba y reclamaba; ese será, sin duda, el mejor homenaje que le podamos rendir» y «la forma más noble» de seguir teniéndolo presente «como un ejemplo constante de inspiración», ha declarado.

Asimismo, ha expresado el apoyo del Gobierno a las actividades que a partir de noviembre celebrarán el centenario del nacimiento del Nobel de Literatura y ha celebrado la reapertura de la biblioteca de Saramago en el municipio de Tías tras su cierre por la COVID-19, como señal de la recuperación de la actividad cultural y con ello de la «normalidad tan ansiada» por la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo , Francisco Fernández Marugán, ha enviado varias recomendaciones al Ministerio de Sanidad para mejorar el Certificado COVID UE y para asegurar que su uso como medida de prevención y control de la pandemia de COVID-19 «respeta la legislación y los derechos fundamentales».

Según explican a través de un comunicado, la Institución ha recibido a lo largo del último mes «un número elevado de quejas sobre incidencias vinculadas al certificado que emiten las autoridades españolas». Así, las quejas recibidas plantean dos situaciones que «ocasionan problemas y pueden acarrear dificultades y un trato desigual injustificado para desplazarse».

«Por un lado, el certificado de vacunación español no recoge clara y expresamente que las personas con una sola dosis, por haber superado la enfermedad, o con dos dosis de vacunas distintas, han recibido un ciclo completo de vacunación (según el criterio clínico y epidemiológico de las autoridades sanitarias españolas)», indican.

Por otro, lamentan que el Reglamento de la Unión Europea «no reconoce las pruebas de antígenos o las pruebas serológicas de anticuerpos para dar validez a un contagio y exige para poder certificar la recuperación en el certificado que el diagnóstico se haya hecho mediante una PCR».

Así, el Defensor explica que han llegado quejas de personas que han superado la COVID-19 y que no pueden obtener el certificado de recuperación, al haber superado la enfermedad bien en algún momento hace más de 180 días, bien en esos últimos seis meses, y haber sido esta diagnosticada únicamente con una prueba de antígenos, al estar así establecido en su servicio autonómico de salud, en aplicación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. «Incluso, en algunos casos, solo cuentan con diagnóstico clínico, dada la saturación de los servicios sanitarios en varios periodos durante el último año», insisten al respecto.

Para el Defensor, el impedimento para obtener el certificado en estos casos «puede conllevar un trato desigual para el ejercicio del derecho a la libre circulación de las personas afectadas por estas situaciones, máxime, cuando el objetivo de estos certificados es precisamente facilitar los desplazamientos».

Por todo ello, ha recomendado a Sanidad «adaptar el modelo de certificado de vacunación en España para indicar expresamente que el portador ha recibido un ciclo completo de vacunación, evitando así problemas de certificación para las personas recuperadas de la enfermedad a quienes solo se les administra una dosis de las vacunas bidosis y a las personas que han recibido la pauta mixta AstraZeneca/Pfizer».

Asimismo, la Institución también ha formulado una recomendación para «promover con la Comisión Europea la adaptación del Reglamento (UE) 2021/953, de forma que permita la obtención del certificado de recuperación a las personas que acrediten haber superado la enfermedad por cualquiera de los medios diagnósticos válidos y aceptados por la comunidad científica».

Entretanto, el Defensor pide que Sanidad «coordine con las comunidades autónomas la realización de pruebas diagnósticas PCR a todos los casos positivos mediante pruebas de antígenos, a fin de incorporar la información necesaria en el certificado COVID».

Por otra parte, a juicio de la Institución, la intención de varios gobiernos autonómicos de emplear el certificado Covid como condición de acceso a determinadas actividades o servicios (además de las restricciones de movilidad y libre circulación), entre sus medidas de prevención frente a la COVID-19, «puede intensificar los problemas descritos para estas personas». De hecho, varias órdenes autonómicas han recogido ya esta posibilidad, que está ahora bajo escrutinio de los tribunales de justicia.

En esta línea, ha recomendado a Sanidad que «coordine con las comunidades autónomas los usos de los certificados COVID, como medida para la prevención y control de la pandemia en España, para asegurar su adecuación a la legislación de salud pública y las debidas garantías de proporcionalidad y mínima afectación a los derechos fundamentales».

Los trabajadores de residencias de mayores, que rechacen la vacuna o que no hayan completado su vacunación, deberán realizase Pruebas de Detección de Infección Aguda (PDIA) mínimo dos veces por semana y se podrá valorar su cambio de puesto de trabajo.

Esta es una de las medidas recomendadas para las residencias de mayores que han sido actualizadas respecto a las del mes de marzo y que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha trasladado este miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), reunido de forma telemática en un Pleno extraordinario.

En este sentido, el departamento que dirige Darias ha explicado que aunque el número de casos y fallecimientos en los mayores residentes en centros socio-sanitarios ha descendido de forma considerable desde el mes de marzo de 2021, en el que se les terminó de vacunar, «en situaciones de alta transmisión comunitaria hay riesgo de que aparezcan casos, si no se toman las debidas precauciones».

De este modo, la ministra Darias ha informado del documento de recomendaciones aprobado por los técnicos de la Ponencia de Alertas, que se irá revisando por los responsables de Salud Pública de cada comunidad autónoma y que marcará las líneas generales de actuación.

En concreto, el documento defiende la necesidad de promover de forma activa la vacunación, identificar las causas que reducen el acceso o la aceptación de la misma y desarrollar estrategias para incrementar al máximo las coberturas, siempre con la participación de los centros.

También se insiste en garantizar que, trabajadores y visitantes, vacunados y no vacunados, mantengan las medidas de higiene y prevención, tales como el uso de mascarilla, higiene de manos y distancia de seguridad, así como la apropiada limpieza y desinfección de los centros y una ventilación adecuada.

Sin embargo, entre las recomendaciones concretas, destacan las referidas al personal trabajador no vacunado o que rechace la vacuna, a los que se propone realizar control de temperatura diaria y PDIA de forma regular (mínimo 2 veces por semana), como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención. También se podrá valorar su cambio de puesto de trabajo.

Respecto a los residentes vacunados o que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses, en situaciones de alta transmisión comunitaria la comunidad autónoma valorará realizar PDIA a la salida y/o a la re-entrada en el centro tras ausencias prolongadas.

Los fallecidos por Covid-19 en las residencias de mayores españolas han aumentado de 36 a 71 en la última semana, según la última actualización de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), publicados el pasado 6 de agosto.

Por ello, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha reclamado la realización de un estudio inmunológico que pueda constatar el grado de inmunidad hacia la Covid-19 en las residencias para mayores, y una tercera dosis de vacunación, si fuese necesaria, ante el repunte de casos en estos centros.

VISITAS DE FAMILIARES

Respecto a las visitas de familiares, en situaciones de alta transmisión comunitaria, valora hacer recomendaciones por parte de la autoridad competente sobre el régimen de visitas y salidas en los centros residenciales; y otras circunstancias como la ubicación, su supervisión o no, el número de visitantes, o la organización y duración de las salidas.

Independientemente del status vacunal del visitante, estos mantendrán las medidas no farmacológicas de prevención de la transmisión. Mientras que, en situaciones de transmisión comunitaria baja y si los visitantes están vacunados, se podría valorar flexibilizar estas medidas.

Finalmente, los trabajadores que hayan recibido una pauta de vacunación completa y sean considerados como contacto estrecho estarán exentos de la cuarentena, tal como se recoge en la Estrategia de Detección precoz, Vigilancia y Control de COVID-19.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil de Utiel (Valencia) han investigado a un hombre de 32 años por un presunto delito de incendio forestal, en relación a un fuego declarado en el paraje de la Cabrera de Buñol que quemó 190.000 m2 de pino y monte bajo.

El incendio ocurrió el pasado mes de septiembre del 2020 y, al parecer, fue provocado por un cableado eléctrico que se encontraba dañado y produjo chispas sobre las vegetación del lugar, según ha explicado la Benemérita.

Tras el incendio, los efectivos del Seprona, conjuntamente con los Agentes Medioambientales del Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales de la Generalitat, llevaron a cabo las investigaciones para esclarecer las causas.

Fruto de las pesquisas, determinaron que las causas fueron las altas temperaturas en aquellas fechas y las chispas provocadas por esquirlas metálicas deformadas del cableado eléctrico sobre la vegetación seca.

Finalmente, las actuaciones culminaron con el esclarecimiento del incendio forestal y la investigación a un hombre, de nacionalidad española y 32 años, como supuesto autor de un delito de incendio forestal. Las diligencias han pasado a La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

PREVENIR INCENDIOS

La Guardia Civil de Valencia ha recordado, a tenor de este sucesos, los consejos para evitar incendios forestales. Pide a la población que, antes de una salida al campo, se asegure del nivel de emergencia de incendios forestales llamando al 112 para conocer el peligro existente. Además, recomienda circular con el vehículo por los caminos y pistas y aparca en dirección a la salida y en las zonas habilitadas, nunca fuera de caminos, ya que el calor del motor puede ser el origen de un incendio.

Igualmente, ha recordado que solo se puede hacer fuego en los lugares habilitados y autorizados, pero «aun así, es mejor acudir a los días de campo con la comida de casa» porque «cocinar en el campo siempre es un peligro».

También ha explicado que en Nivel de Preemergencia 3 está prohibido hacer cualquier tipo de fuego, incluso en paelleros habilitados. «Una negligencia así puede ser la causa de un incendio», ha advertido.

La Guardia Civil pide no abandonar en el medio natural ningún tipo de objeto como vasos, botellas, latas y que, si al abandonar el lugar los contenedores de basura o papeleras están llenos, las personas se lleven su basura para depositarla de camino a casa en un contenedor vacío, a fin de evitar la acumulación de basuras fuera de los contenedores.

Además, ha recordado que no se debe tirar colillas de cigarrillos encendidos en ningún sitio. «El viento es el nexo de unión entre tu colilla y un incendio», ha remarcado.

Los asesores de José Luis Moreno advirtieron en reiteradas ocasiones que el productor de televisión estaba en una situación de «los límites de todo tipo» y que no pasaría una inspección de blanqueo de capitales, por lo que dos semanas antes de las detenciones intentaron reajustar alguna de las empresas en las que figuraba el ventrílocuo.

Así consta en una serie de conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía Judicial y que obran en un informe remitido en junio al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, a cargo de las pesquisas de la ‘Operación Titella’.

Dos semanas antes de que tuvieran lugar las detenciones, un fiscalista avisó a Beatriz Sánchez –encargada de gestionar la administración y contabilidad del ventrílocuo– que Moreno estaba «en la peor situación que puede estar». Según relatan los agentes, le explicó que en el supuesto de que hubiese una inspección, estaría en una situación «de los límites de todo tipo».

«SE VE QUE ES UN ENTRAMADO»

Los investigadores precisan que el fiscalista aseguró que Moreno recibía dinero en una cuenta que se dedicaba a «hacer pagos a otras empresas» y «aportaciones» a otras compañías. «Se ve que es un entramado y en el supuesto de una inspección entraría con toda la fuerza el tema de blanqueo de capitales», añadió para luego insistir en que «si a esta empresa le meten mano puede resultar que salte por los aires casi todo».

Según narran los agentes, el hombre continuó diciendo que el productor recibía «dinero sin justificación», que «hay cuentas muy elevadas directamente con él» y que deberían «cerrar» una de las empresas en las que figura.

En la llamada, la asistente reconoció que había «muchos ingresos de distinta gente que le ha prestado dinero» y que estaba «sin documentar nada».

Ese mismo día, consta en el informe otra llamada de Beatriz Sánchez con Cristina Muñoz, una de las asistentes del departamento contable detenidas en la trama. Muñoz dijo que también había hablado con el fiscalista y que este le dijo que «con el tema de blanqueo de capitales puede tener muchos problemas».

«DEBEN REAJUSTAR LA EMPRESA»

En esa conversación, la encargada de gestionar la administración y la contabilidad de Moreno señaló que consideraba que debían «reajustar» una de las empresas «para disolverla y liquidarla» y «crear otra distinta sin que tenga nada que ver». Según explicó, esa sociedad estaba «muy perjudicada» sobre todo por los préstamos y por cómo el productor había «guarreado» las cuentas.

Muñoz indicó que figuraban «préstamos de Antonio (Aguilera)», hombre con el que el ventrílocuo habría trabajado para financiar sus proyectos y que ingresó en prisión por haber participado en una presunta operación fraudulenta que se investigó en los juzgados de Madrid. Según los investigadores, Sánchez añadió: «Imagínate de dónde vienen, no pasaríamos el blanqueo de capitales».

En un oficio previo, fechado en enero, los agentes ya habían recogido otra conversación en la que Sánchez y otra de las empleadas de Moreno aseguraban que el productor «no aguantaría» una auditoría porque «ha podido mentir mucho con facturas, viajes y demás». Precisaron, además, que se habrían emitido facturas de «personal que no existía», haciendo creer que trabajan 100 personas cuando «solamente» estaban dos. «Si hicieran una auditoría sería gravísimo», dijeron.

«ORGANIZACIÓN CRIMINAL»

La Policía Judicial considera que «ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal» que «opera a nivel internacional» y cuya actividad delictiva se diversifica en «diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades».

La estructura de dicha organización, que opera desde 2017, estaría «dividida en células operativas y claramente jerarquizadas» en las que figura José Luis Moreno, quien «como persona pública muy reconocida prestaría su nombre como tarjeta de vista para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias». Los investigadores también señalan a Antonio Aguilera y Antonio Salazar, «con amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», que se encargaban de conseguir las sociedades y «maquillarlas».

El Papa ha manifestado «mucho dolor» por «el homicidio del padre Olivier Maire», el sacerdote asesinado el lunes por un perturbado mental de nacionalidad ruandesa que fue internado en un centro psiquiátrico después de la confesión voluntaria de su crimen a la Gendarmería. El hombre está vinculado con el incendio de la catedral de Nantes hace un año.

«Me enteré con gran dolor del asesinato del padre Olivier Maire. Envío mis condolencias a la comunidad religiosa de los monfortianos de Saintlaurent-sur-Sèvre, en Vendée, a su familia y a todos los católicos de Francia. Os aseguro mi participación y mi cercanía espiritual», ha dicho Francisco durante la audiencia general de este miércoles.

Las autoridades policiales no lo han catalogado como un acto terrorista, de hecho lo están investigando como «homicidio voluntario». El autor del crimen, un hombre de 40 años identificado como Emmanuel Abayisenga, es también sospechoso de haber provocado un incendio en la catedral de Nantes.

El padre Olivier era superior provincial de la Congregación de los Misioneros Monfortianos en Francia.

En la audiencia, antes de comenzar los saludos de despedida, el Papa realizó una llamada telefónica mediante un móvil que le acercó uno de sus ayudantes, si bien el Vaticano no ha revelado los detalles de dicha llamada.

PEREGRINOS SIN CERTIFICADO SANITARIO

El Papa ha celebrado la catequesis semanal en el Aula Pablo VI del Vaticano debido a las altas temperaturas de Roma. Para acceder a este acto en el Vaticano, las autoridades no han solicitado a los peregrinos el certificado sanitario, si bien se trata de una obligación en Italia para poder entrar a lugares cerrados, y también es necesario para visitar los Museos y Jardines vaticanos.

Tanto Francisco como el resto de empleados que trabajan y viven en el pequeño Estado pontificio ya han sido vacunadas ya tienen su certificado sanitario europeo, después de que el Vaticano llegase a un acuerdo con la Unión Europea para que reconociese la vacunación realizada a través de su propio sistema sanitario.

El Papa reprendió en agosto la mayor parte de su agenda pública, pero de momento no están previstas citas de alto nivel como las audiencias privadas a los jefes de Estado y de Gobierno o a los responsables eclesiásticos de los distintos países.

La Policía ha desalojado en la madrugada de este miércoles una fiesta ilegal que se celebraba en el interior de una casa en el zaragozano barrio de Casablanca, una fiesta cuyo organizador dio positivo por Covid hace una semana y debía estar en cuarentena.

Sobre las 3.20 horas de este miércoles se ha recibido una llamada en el CIMACC-091 en la que la propietaria de un inmueble manifestaba que había sido avisada por unos vecinos, ya que se estaba celebrando una fiesta en su casa y allí no debería de haber nadie.

De inmediato varias dotaciones se dirigieron hasta el lugar, comprobando que en el interior había un grupo numeroso de personas que excedía el máximo contemplado por la normativa vigente, sin mascarilla y sin guardar las distancias de seguridad.

Por tal motivo se solicitó la comparecencia en la puerta de acceso del organizador del evento, quien intentó eludir su responsabilidad mostrando a los agentes el DNI de otra persona, si bien enseguida se pudo comprobar que se trataba de un familiar de la legítima propietaria, que habría accedido a la vivienda sin su permiso, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Se da la circunstancia que el organizador de la fiesta, y familiar de la propietaria, debería de estar aislado en otro domicilio, ya que al parecer la semana pasada fue diagnosticado positivo por COVID.

A través del CIMACC-091 se volvió a contactar con la propietaria, quien de forma explícita autorizó a los policías actuantes el acceso a la vivienda para poder desalojar la fiesta.

Durante el desalojo se identificaron a trece personas, de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años de edad, siendo todos ellos propuestos para sanción por el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por la autoridad competente..