Podemos ha urgido al Ministerio de Hacienda a definir ya el alcance y la duración de la prohibición de contratar a las empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el conocido como ‘cartel de las consultoras’, a las cuales se les prohibía la contratación pública.

Concretamente, el pasado mayo la CNMC sancionó con multas de 6,3 millones de euros a 22 consultoras por manipular licitaciones públicas y repartírselas entre 2008 y 2018. Para algunas de ellas ha activado el presupuesto legal que impide su acceso a contratos con la Administración.

Entre las empresas sancionadas se encuentran Deloitte (multa de 3,99 millones), PwC (670.000 euros), Idom Consulting (640.000 euros), Bmasi Strategy (153.529 euros), y KPMG (50.000 euros).

El pasado mes de junio el diputado de Podemos, Roberto Uriarte preguntó a Hacienda por el estado de este procedimiento sancionador. El departamento que dirigen María Jesús Montero le contestó que aún no era posible iniciar la tramitación, al no haber transcurrido un plazo para poder presentar recurso.

EMPRESAS TRAMPOSAS

Ahora, Uriarte vuelve a preguntar a Hacienda sobre el acceso de las consultoras a contratos públicos, y apela al criterio de la Abogacía del Estado para exigir que el ministerio, pevia propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, decida «a la mayor brevedad posible» el alcance y duración de la prohibición de contratar.

Más aún, incide, cuando algunas de las empresas implicadas están siendo ya adjudicatarias de contratos públicos –como es el caso de PWC en el País Vasco–, y además podrían recibir cuantiosas ayudas de los fondos europeos correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, pregunta si estas consultoras sancionadas han interpuesto recurso y solicitado la suspensión de la sanción y, en caso de que así fuera, si se va a proceder a determinar el alcance de esta prohibición, tal y como defiende la Abogacía del Estado. En el supuesto contrario, pregunta por qué Hacienda «adoptaría una posición contraria por la Abogacía del Estado».

«IR HASTA EL FINAL»

También quiere conocer cómo Hacienda «pretende asegurar el interés general y el buen uso de los fondos europeos en el caso de que decida no llevar a cabo la determinación de la duración y alcance de la prohibición de contratar» en el caso del ‘cártel de las consultoras’.

Lamentando que en su anterior respuesta «el Gobierno eludió muchas de las cuestiones» –Podemos forma parte del Gobierno de coalición junto con el PSOE–, le exige que informe «de forma transparente sobre este asunto ya que es fundamental ir hasta el final en un caso de corrupción tan grave».

A este respecto, recuerda que, en su resolución sancionadora, la CNMC «describe hechos y aspectos que indican la connivencia, conocimiento o incluso implicación activa de gerentes de la función pública en los cárteles», por lo es preciso que la Administración Pública actúe de forma responsable y sin dejar ningún espacio para la duda.

La Comisión Europea propondrá dotar a la nueva autoridad europea de respuesta a pandemias con 6.000 millones de euros hasta 2027, lo que supone unos 1.000 millones de euros al año, con el objetivo de que la UE esté mejor preparada ante el posible surgimiento de nuevas amenazas sanitarias.

«Tenemos que asegurar que ningún virus convierta una epidemia local en una pandemia mundial», ha subrayado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en el Debate sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea ha relanzado en su intervención la creación de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés), cuya creación ya avanzó hace un año en el mismo evento, cuando resaltó la necesidad de que la UE se dotara de una agencia similar a la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (Barda) de Estados Unidos.

En este contexto la alemana ha defendido que esta agencia «será una baza importantísima para abordar futuras amenazas para la salud en una fase temprana», así como que contará con una financiación «masiva» que alcanzaría los 50.000 millones de euros.

El presupuesto comunitario aportará 6.000 millones de euros, según han explicado fuentes comunitarias. La Comisión Europea presentará oficialmente la propuesta legal para crear la HERA en una rueda de prensa este jueves.

Von der Leyen ha reivindicado, en cualquier caso, la actuación de la UE para hacer frente a la pandemia de COVID-19: «Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho a la europea y ha funcionado», ha celebrado, después de recordar que más del 70% de la población adulta de la UE ya está totalmente vacunado.

No obstante, ha advertido de que una pandemia «no es una carrera de velocidad sino una maratón», al tiempo que ha señalado que aunque la UE «tiene razones para tener confianza», no puede ser «complaciente».

En este contexto, ha señalado que la «primera prioridad» es «acelerar el proceso de vacunación mundial». «Se trata de una de las grandes cuestiones geopolíticas de nuestro tiempo», ha apuntado la jefa del Ejecutivo comunitario antes de anunciar que Bruselas donará 200 millones de dosis de vacunas para mediados del próximo año, que se sumarán a los 250 millones que ya se había comprometido a compartir.

La segunda prioridad, ha indicado, es «continuar con los esfuerzos» dentro del bloque y en especial hacer frente a «las preocupantes divergencias existentes en las tasas de vacunación» entre los Estados miembros.

«Es necesario mantener el ritmo de vacunación», ha afirmado antes de subrayar que la UE «está preparada» y cuenta con 1.800 millones de vacunas adicionales para cuando se necesiten «dosis de refuerzo».

Los responsables de las centrales nucleares de Iberdrola y Endesa están citados este jueves 16 de septiembre en el Congreso para informar de la actividad de sus instalaciones en los últimos años, en pleno enfrentamiento de las compañías energéticas con el Gobierno por las medidas adoptadas ante el incremento del precio de la luz.

Las comparecencias, de carácter ordinario, se enmarcan en los informes de actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, dentro de la ponencia encargada de las relaciones con el CSN. Serán, por tanto, a puerta cerrada.

Será el presidente del operador público Enresa, José Luis Navarro, quien comparezca primero, a partir de las 10 horas. A continuación, comparecerá ante la ponencia el director general de Energía Nuclear de Endesa, Gonzaló Carbó, a partir de las 11,30 horas, y el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López García, a partir de las 13 horas.

PULSO DEL GOBIERNO Y LAS ELÉCTRICAS

Todo ello en el marco de una escalada en el precio de la electricidad durante los últimos meses que, en apenas unos días, ha enfrentado públicamente las posturas del Gobierno y de las principales compañías eléctricas.

En la noche del lunes, en una entrevista concedida a TVE, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció un nuevo paquete de medidas dirigidas a combatir una escalada del precio de la electricidad, incluyendo el recorte de «beneficios extraordinarios» de las empresas derivado del encarecimiento del gas natural.

Horas más tarde, el mercado mayorista, que ya se encontraba en máximos históricos (154,16 euros/MWh), se desbocaba un 12%, casi 20 euros más, hasta los 172,78 euros. Un récord superado este mismo miércoles, ya que el precio de la electricidad para el jueves alcanzará de media 188,18 euros. Supone 34 euros más en apenas dos días.

EL INTERÉS GENERAL «POR ENCIMA DE CUALQUIER PRESIÓN»

Tras la aprobación del decreto ley en el Consejo de Ministros, la patronal Foro Nuclear, que engloba a Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola, amenazó con dejar de producir energía nuclear en caso de prosperar las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Un aviso que desde el ala de Unidas Podemos, además de otros socios parlamentarios del Gobierno, no tardaron en tildara de «chantaje».

El recorte afecta principalmente a las instalaciones nucleares e hidroeléctricas, que se benefician de un precio afectado por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas natural, y que sin embargo no deben pagar.

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez ha recalcado que su Ejecutivo «va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier presión o interés particular». El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha asegurado que en el Gobierno serán «firmes»: «Priorizamos la ciudadanía respecto a otro tipo de beneficios que puedan tener las compañías», ha asegurado.

El Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza ha anulado el seguro de vida de 20 años y el de protección de pagos, que un banco hizo contratar a un particular al firmar la hipoteca y se ha obligado a la entidad financiera a la devolución de en torno a 20.000 euros.

El abogado responsable del caso, José Luis Carrera, ha celebrado que esta sentencia, una de las primeras en España de este tipo, cierre la puerta a una práctica habitual de los bancos calificada de «mala praxis» por el Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza, ha informado Constitución Abogados en una nota de prensa.

La sentencia es pionera en Aragón y una de las primeras en toda España y anula el seguro de vida de 20 años y el de protección de pagos que el Banco Sabadell hizo contratar a un particular al firmar la hipoteca. Igualmente, la entidad financiera obligó al pago por adelantado de las primas por importe total de 23.068,38 euros, así como la financiación de la misma, de manera que aumentó el préstamo hipotecario en 19.450,70 euros.

Ambos aspectos quedan anulados en la sentencia, que obliga al banco a devolver al cliente en torno a 20.000 euros. El letrado de Constitución Abogados, José Luis Carrera, que ha dirigido el caso, ha explicado que la prima consumida del seguro de vida «se reduce al precio de mercado, según ofertas que presentamos, y se devolverá al cliente la diferencia».

También, se le devolverán al cliente los intereses pagados por la parte financiada de la prima, así como la prima del seguro de protección de pagos y la parte financiada del mismo.

SEGUROS

Carrera es asesor jurídico del Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza, que ha respaldado la reclamación. Ha estimado que esta sentencia «debería servir para que se sancionase a los bancos por imposición de este tipo de seguros de larguísima duración», que ha sido considerada una «práctica abusiva, según el juez», ya que se pretende impedir «que el cliente pueda contratar el seguro con compañías que no pertenezcan a la propia entidad financiera».

En este sentido, la sentencia señala que la imposición de seguros a 20 años con pago de prima única financiada beneficia claramente a la entidad bancaria y a su grupo empresarial, al obtener intereses sobre la prima, además de garantizarse una duración de 20 años que imposibilita el desestimiento del asegurado que, además, hubiera podido obtener condiciones mucho más ventajosas al haber contratado los seguros, especialmente el de vida, con otras compañía, han apuntado desde Constitución Abogados .

A este respecto, la sentencia anula parcialmente la cláusula hipotecaria aunque no llega a anular la bonificación. «La interpretación que da el juez es que la bonificación se debe aplicar igualmente con pólizas de otros proveedores y, además, condena al banco al pago de las costas del proceso judicial», ha expuesto el abogado.

Ha añadido que el magistrado recuerda el derecho de los clientes a contratar los seguros con la compañía de su elección y la prohibición de que los contratos de crédito inmobiliario impongan productos como seguros de hogar, vida o protección de pagos a cambio de bonificaciones en la hipoteca.

A raíz de esta sentencia, el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros se ha dirigido a la Dirección General de Seguros para que califique esta práctica como «mala práxis», lo que provocaría una revisión de las hipotecas y los seguros.

El Tesoro celebrará este jueves una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera captar entre 4.500 millones y 5.500 millones, finalizando así las emisiones correspondientes al mes de septiembre.

Concretamente, el organismo subastará bonos del Estado a 3 años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de mayo de 2024; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de enero de 2026 y obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 0,5% y vencimiento el 31 de octubre de 2031.

De cara a esta subasta, en las últimas emisiones de estas referencias, el interés marginal se situó en el -0,536% en el caso de los bonos a 3 años; en el -0,427% en los bonos a 5 años y en el 0,314% en las obligaciones del Estado a 10 años.

Tras la emisión de este jueves, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el 5 de octubre con una subasta de letras a seis y doce meses, a la que seguirá una de bonos y obligaciones del Estado el 7 de octubre.

UN MES MARCADO POR LA PRIMERA EMISIÓN DE BONOS VERDES

Este mes de septiembre ha estado marcado por la primera emisión de bonos verdes de España. El Tesoro Público arrancó el pasado martes con la primera emisión de bonos verdes a 20 años por un volumen de unos 5.000 millones de euros, para la que recibió una demanda de 60.000 millones de euros, muestra del elevado interés de las 464 cuentas inversoras participantes en la emisión.

La demanda supero 12 veces la cantidad emitida, con una ratio de cobertura superior a la de las emisiones inaugurales de bonos verdes de otros países europeos, contando con una alta participación de inversores internacionales (91,7%) y de inversores centrados en la sostenibilidad a largo plazo.

La elevada demanda permitió que la nueva referencia se haya emitido con un cupón del 1% y una rentabilidad del 1,034%, reduciéndose el coste de financiación para el Tesoro por el carácter verde de la emisión.

Los bonos verdes son títulos de deuda que se usan íntegramente en proyectos verdes que impactan de manera positiva en el medio ambiente, entre los que destacan la construcción de instalaciones renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o una correcta gestión de residuos.

De forma específica, se financiarán inversiones en la red de transporte ferroviario eléctrico, proyectos de I+D+i para la mitigación y adaptación al cambio climático, inversiones para la mejora en la gestión del agua o gastos destinados a la prevención de incendios y a la defensa de las especies autóctonas, entre otros.

REDUCCIÓN DE 20.000 MILLONES EN LA EMISIÓN DE DEUDA

El Gobierno ha reducido la emisión prevista de deuda pública para 2021 en 20.000 millones de euros, con lo que la emisión neta de deuda este año por parte del Tesoro ascenderá aproximadamente a unos 80.000 millones de euros.

Con la reducción de las necesidades de financiación, el grueso de la financiación para 2021 se seguirá obteniendo mediante la emisión de instrumentos a medio y largo plazo, con un total de 174.399 millones, y en menor medida a través de Letras, 94.758 millones.

Según ha explicado el Ministerio, el Tesoro aceleró en la primera mitad del año la ejecución del programa de financiación, lo que ha permitido que se haya ejecutado ya el 71,8% del programa de emisión a medio y largo plazo.

El diputado de Más País Íñigo Errejón, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y su homóloga en la Asamblea, Mónica García, han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, paralizar la propuesta de ampliación del aeropuerto de Barajas, acabar con la «trampa de los pelotazos» propia de los años 90 y «menos humos» para la ciudad y la Comunidad.

«Esta ampliación anunciada es el tipo contrario de inversiones que necesita Madrid y el barrio de Barajas porque va a provocar un mayor destrozo medioambiental, un empeoramiento de la calidad de vida de los vecinos, especialmente los que viven en la zona del aeropuerto, quienes sufren, como acreditan estudios de todo tipo, peores condiciones de salud y una calidad de vida inferior a la del resto de la ciudad», ha argumentado Maestre, que ha subrayado que la situación empeorará con esa pretendida ampliación.

Desde Barajas, la edil ha defendido que lo que necesita la ciudadson «inversiones de futuro, verdes, sostenibles». «Madrid no necesita más humos y se lo decimos a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, pero se lo decimos también al Gobierno de España», ha destacado.

RESCATE DE UN PROYECTO DE RAJOY

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, no entiende «cómo el Gobierno central quiere rescatar un proyecto de (Mariano) Rajoy que estaba en un cajón y que no se adecua a las necesidades y posibilidades de ahora».

La ampliación de Barajas iría en contra de «la transición ecológica y la inversión responsable. «Queremos que esos 1.600 millones lleguen a Madrid pero en forma de futuro, con proyectos de los que nos podamos enorgullecer. No podemos volver a caer otra vez en la trampa de los pelotazos urbanísticos, del cortoplacismo sino que necesitamos largo plazo y darle tregua al clima», ha abogado la diputada autonómica.

Mónica García también ha exigido a Aena que cumpla con los compromisos con los distritos y con municipios como San Fernando y Coslada, «donde la calidad de vida se ve empeorada por las emisiones y la contaminación acústica».

«No queremos más pelotazos, queremos más inversiones sostenibles. No queremos más contaminación sino calidad de aire y poder mirar al futuro con un reto saludable. No queremos más palabrería, queremos hechos que nos alineen con la transición ecológica», ha enumerado Mónica García.

Más Madrid llevará a la Asamblea una iniciativa «para que la Comunidad mire al futuro» mientras que ha exigido al Gobierno central que cumpla sus promesas en Cercanías porque no tiene sentido que para ir de Pinto a Parla, separadas por 3 kilómetros, haya que pasar por Atocha.

«ES UNA AMPLIACIÓN QUE NADIE PEDÍA»

Errejón ha puesto el acento en que «el Gobierno de España plantea una ampliación de Barajas que nadie pedía». «No sé si se le ocurrió en su momento para compensar la ampliación que planeaban en El Prat, que tampoco pedían los vecinos y muy posiblemente se acabe echando atrás», ha señalado tras recordar que este domingo habrá movilizaciones de rechazo a las pretendidas ampliaciones de Barajas y El Prat en la Puerta del Sol (Madrid) y en Sants (Barcelona).

El diputado de Más País ha defendido que los 1.600 millones que llegarán «se tienen que dedicar al tren de media cercanía, a los trenes de cercanía, a la economía del conocimiento y a la industrialización verde. «No queremos repetir los errores de los años 90, de la economía del pelotazo y de las grandes infraestructuras», ha remarcado.

Por eso Más País presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se llevarán al Congreso en breve, con la «paralización de las grandes infraestructuras contaminantes en el caso de El Prat, Baraja y Port de Valencia.

CONTRA LA «ECONOMÍA DEL PELOTAZO»

«Es una alternativa para cambiar la prioridad de la política económica porque es absurdo que Alemania produzca más energía fotovoltaica que España. Es ridículo y eso sucede porque Alemania apuesta por la producción de energías limpias y nosotros por la economía del pelotazo», ha manifestado Errejón.

El diputado de Más País ha llamado a «apostar por un combate decidido contra la crisis climática». «No puede ser que todos los veranos nos escandalicemos porque hay más y peores incendios y en otoño se nos olvide y sigamos haciendo infraestructuras que contribuyen a la crisis climática», ha argumentado. Íñigo Errejón ha defendido que «combatir la crisis climática comienza también por cambiar el modelo energético y económico».

Los costes laborales de la zona euro registraron en el segundo trimestre de 2021 un descenso del 0,1%, frente al incremento del 1,3% contabilizado en el trimestre anterior, según ha informado este miércoles Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

El descenso en el trimestre se debe al efecto comparativo con el segundo trimestre de 2020. En ese momento, que coincidió con la etapa más dura de la pandemia, los gobiernos europeos activaron diferentes mecanismos de protección del empleo que estadísticamente tuvieron un efecto al alza en los costes laborales.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), los costes se incrementaron un 0,6% en el segundo trimestre, lo que equivale a una desaceleración de 3,5 puntos respecto al incremento del 4,1% de hace un año.

El componente salarial de los costes laborales por hora en la zona euro se contrajo un 0,4% entre abril y junio, tras haber crecido un 2,1% entre enero y marzo. De su lado, el componente extrasalarial creció un 0,8%, tras haber descendido un 1,1% en el trimestre precedente.

Entre los Veintisiete, los salarios por hora aumentaron un 0,2%, frente al incremento del 2,4% anterior. Los elementos ajenos al sueldo experimentaron un crecimiento del 2% en el segundo trimestre, tras haber descendido un 1% entre enero y marzo.

En el conjunto de los países de la UE cuyos datos estaban disponible, el mayor incremento de los costes salariales se registró en Chipre (+14,3%), seguida de Polonia (+6,7%), Bulgaria (+6,7%) y Suecia (+6,4%). Por el contrario, los mayores descensos se contabilizaron en Italia (-4%), España (-3,7%) y Portugal (-3,3%).

Entre los Veintisiete, el mayor alza de los costes laborales por hora durante el trimestre finalizado en junio correspondió a Rumanía (+16,1%), seguida de Portugal (+13,5%) y Lituania (+12,4%), al tiempo que las contracciones más abultadas se dieron en Chipre (-8,6%), Irlanda (-3,3%) y Suecia (-2,5%).

Aedas Homes prevé seguir consolidando su apuesta por la edificación industrializada como «motor del sector inmobiliario» en España, a través de su participación en Rebuild 2021, el encuentro de la construcción y edificación avanzada que se celebrará del 21 al 23 de septiembre en Ifema de Madrid.

Cinco profesionales de la compañía participarán en el ciclo de conferencias del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de la feria, unas ponencias en las que compartirán su visión y conocimiento sobre el presente y el futuro del sector y que tendrán los Métodos Modernos de Construcción (MMC) como eje central.

El consejero delegado de la promotora, David Martínez, realizará el discurso inaugural en calidad de presidente de Rebuild, que se ha convertido en la feria más importante relacionada con el sector inmobiliario. Una de las salas de conferencias lleva el nombre de la compañía: Auditorium Aedas Homes.

La empresa comenzó en 2018 a implementar la industrialización como sistema constructivo en sus proyectos y, en la actualidad, ha hecho, está impulsando o tiene en estudio más de 50 promociones MMC que suman más de 3.000 viviendas.

Además, a partir de 2023 la construcción ‘offsite’ total o parcial estará presente en el 25% de sus casas, tal y como anunció en su Plan Estratégico ESG 2021/23. Ya ha entregado cuatro promociones totalmente industrializadas con cerca de un centenar de viviendas.

Según el delegado de Industrialización de Aedas Homes, José María Quirós, el sector «atraviesa un momento de auge donde es fundamental y estratégica la implementación de los MMC para lograr la mayor eficiencia y sostenibilidad en la edificación». «Estamos empezando un viaje que nos llevará a transformar la industria inmobiliaria hacia un modelo mucho más moderno, lo que nos permitirá entregar mejores viviendas y en mucho menor tiempo», añade.

Quirós participará en la mesa ‘Construcción offsite, antes o después de la industrialización’. En esta línea, también tomará la palabra para hablar de construcción industrializada el gerente de Instalaciones de la compañía, Diego Demaría, en la ponencia ‘Aprendiendo del sector del automóvil: instalaciones modulares’.

DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Para abordar la digitalización del sector estarán en Rebuild el director de Operaciones, Luis García Malo de Molina, en la ponencia ‘Transformar digitalmente la conexión promotor yconstructor’, junto a Grupo Arpada; y el director de Data y Transformación Digital, Jorge Valero, que expondrá el valor que tiene el dato en la construcción.

Por otro lado, el director de Arquitectura y Sostenibilidad deAedas Homes, José María G.Romojaro, será el encargado de subrayar la importancia que la sostenibilidad está adquiriendo en el sector de la promoción residencial. Este experto explicará cómo cumplir con los ODS y cuáles son esos nuevos modelos de negocio surgidos de la descarbonización.

Además, Aedas Homes impulsará el ‘Challenge de Industrialización’, una de las novedades en Rebuild 2021 y que tiene como objetivo la promoción de la construcción industrializada en el sector de la edificación.

Este nuevo foro de innovación, negocios y networking tendrá lugar el miércoles 22 de septiembre y servirá para acercar a empresas de materiales, soluciones y sistemas a las promotoras y constructoras.

Por el Congreso, que ha tenido que ser trasladado al pabellón más amplio de Ifema por su elevada asistencia, se prevé que pasen hasta 8.000 asistentes que podrán conocer las últimas novedades en innovación, diseño, nuevos materiales, sostenibilidad, industrialización y digitalización para transformar e impulsar la edificación.

León se convertirá en el centro neurálgico para el desarrollo del ‘firmware’ de todas las impresoras de gran formato de la compañía HP a nivel mundial, con el traslado a esta región de la parte de negocio que la compañía tiene en India.

HP tiene presencia en León desde hace más de 15 años, y con la llegada del negocio de desarrollo de ‘firmware’ para impresoras de gran formato la multinacional reafirma su apuesta tanto por España como por esta región.

La compañía ha explicado en un comunicado que los altos niveles de productividad, experiencia y gran conocimiento sobre estas áreas tecnológicas que ha demostrado el equipo de I+D de HP en la ciudad han motivado esta decisión.

«León se ha convertido, a día de hoy, en un centro estratégico para HP. No solo por la labor de innovación que desde allí se ‘exporta’ al resto de la compañía, sino todas las nuevas líneas de negocio y soluciones que allí estamos desarrollando, con un equipo profesional de primer nivel que, muchas veces, lidera desde España los nuevos desarrollos de la compañía», ha afirmado el director general de HP SCDS, Miguel Ángel Turrado.

Para poder abordar este proyecto, la compañía ha ampliado su presencia con nuevas instalaciones en la ciudad. Arranca con un total de 750 metros cuadrados ubicados en el edificio Everest, donde además de las máquinas de impresión, trabajarán inicialmente las 30 personas contratadas para iniciar el proyecto.

Hasta ahora, el desarrollo del ‘firmware’ de las impresoras de gran formato de HP se realizaba en Barcelona, León y Bangalore (India), y es en este momento cuando se ha decidido mover la parte que se desarrollaba en la región india a la ciudad leonesa.

La decisión de traer a León este nuevo proyecto no solo nos va a permitir incrementar nuestra presencia en la ciudad, sino generar puestos de trabajo y valor, atraer y desarrollar talento, dinamizar la economía y, en definitiva, crear nuevas oportunidades de futuro para la región y, con ello, a toda España», ha asegurado Turrado.

Grupo Solitium será el encargado de todas las acciones de mantenimiento y logística de las nuevas instalaciones. Desde HP destacan que esta decisión es una muestra del compromiso de la compañía con su canal de socios.

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista volverá a batir otro récord este jueves y se disparará hasta los 188,18 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone una subida del 9% en solo 24 horas.

De esta forma, el precio de este jueves encadena el dato más alto de la serie histórica por segundo día consecutivo, superando así los 172 euros que registraron este miércoles, según datos del operador de mercado eléctrico designado (OMIE).

El precio más alto de este jueves se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, cuando alcanzará los 198,85 euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará durante varias franjas horarias del día (de 03.00 a 06.00 y de 16.00 a 18.00 horas), cuando bajará a 180 euros.

El precio del megavatio hora de este jueves será un 268% más alto que el del mismo día del año pasado, cuando registró un precio de 51,05 euros/MWh, y un 33% más caro que el del jueves de la semana pasada, 9 de septiembre, cuando alcanzó los 141,71 euros/MWh.

Tras batir sendos récords históricos tanto en julio como en agosto, septiembre se encamina ya a experimentar el mismo camino, batiendo semana tras semana los precios más altos de toda la serie histórica.

En concreto, en agosto, y en plena ola de calor, el precio fue marcando un nuevo récord tras otro, provocando que el precio medio del mes alcanzase los 106 euros/MWh, el más caro de la historia, seguido de julio, que ya marcó otro récord, con un precio de 92,4 euros.

REBAJAS EN LA FACTURA

Este rally alcista en el precio de la electricidad se debe a la cotización internacional del gas –usado en las centrales térmicas–, que, tras vivir un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda en los últimos meses, así como al impacto del coste de emitir CO2, se ha disparado en plena recuperación económica.

En el marco de esta crisis, el Gobierno ya ha aprobado un plan de choque para que este descontrol en los precios de cotización no se traslade a la factura que desembolsan los consumidores, con el objetivo de que este año se pague, como mucho, la misma cantidad que se pagaba en 2018.

La reducción del IVA al 10%, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5% o la contribución esperada de 2.600 millones de euros por parte de las eléctricas procedente de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’, son algunas de las medidas acometidas.

No obstante, el precio de la cotización que se publica cada día, como ya ha advertido el Gobierno, seguirá subiendo, al menos, hasta marzo del año que viene, momento en el que se prevé que estas medidas decaigan. Mientras tanto, la factura debería seguir bajando de precio a pesar del alza en el mercado mayorista.

La organización de autónomos UPTA ha calificado este miércoles de «auténtico bluf» los cambios introducidos por el Gobierno en la norma sobre ayudas directas a empresas y autónomos, pues considera que se seguirá impidiendo el acceso a las mismas a la mayor parte de los trabajadores por cuenta propia, quedando «cientos de millones de euros sin repartir».

«El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sigue sin entender la realidad de la situación que están atravesando las personas trabajadoras autónomas de nuestro país. El único cambio que se ha producido es la ampliación del fin del periodo de referencia de generación de las obligaciones, que pasa de mayo a septiembre», ha denunciado UPTA.

La organización reprocha a Economía no haya en consideración la situación de miles de autónomos deudores con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, ni tampoco a aquellos «que han tenido que vaciar sus huchas para que su negocio continuara funcionando.

Al final, afirma UPTA, sólo podrán acceder a estas ayudas las empresas que puedan demostrar pérdidas contables en el ejercicio debido a los costes fijos incurridos. «O lo que es lo mismo: sólo podrán acceder a cubrir los costes fijos incurridos aquellas empresas que han hecho aprovisionamientos económicos voluntarios para hacer frente a situaciones excepcionales», añade.

La organización asegura que esta premisa sólo la cumplen negocios que tienen beneficios y los arrastran a aprovisionamientos en vez de repartir ganancias.

Así, UPTA entiende que sólo se beneficiarán quienes no pudieron hacer el esfuerzo de tener a sus proveedores al corriente de pago o no quisieron, mientras que los que han hecho «lo indecible» por no romper la cadena de pagos y mantener su negocio «no verán ni un solo euro en sus cuentas corrientes, pese a que han invertido todo su patrimonio particular en su negocio».

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, lo que ha hecho el Ministerio con sus demandas supone una «tomadura de pelo» para el colectivo.

La organización pidió a Economía que regularizara la situación de los autónomos con deudas contraídas con las administraciones y que vinculara el acceso a las ayudas, exclusivamente, a la demostración de una pérdida de facturación del 50%.

El exsubdirector de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Eduardo Sanz Gadea, y el profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Jorge Onrubia, estiman que con el pacto de la OCDE para establecer un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades la recaudación para España se incrementará en una horquilla de entre 700 millones y 1.200 millones.

Sanz Gadea ha señalado que la recaudación será «poca» y no superará los 800 millones, aunque ha puesto en valor que con ello se incidirá en la justicia fiscal.

De su lado, el profesor de la UCM, Jorge Onrubia, se ha mostrado más optimista y cree que la recaudación se moverá en una horquilla de entre 1.000 millones y 1.200 millones, ya que la eliminación de la llamada ‘tasa Google’ en España a raíz de este acuerdo global, no tendrá un impacto tan importante porque las estimaciones que en un principio se hicieron del impuesto han sido más elevadas de lo que finalmente se está recaudando.

Dentro del ciclo Encuentros REAF sobre la reforma fiscal, organizados por el Consejo General de Economistas, dos de los mayores expertos en impuestos de las personas jurídicas han coincidido en este aspecto de que España tendrá que suprimir, en primer lugar, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y habrá que ver, en el aspecto recaudatorio, como quedará el saldo resultante de minorar los beneficios cedidos por las empresas afectadas.

Para Jorge Onrubia, será una adaptación «muy compleja», ya que afectará tanto a la normativa interna del impuesto como, muy previsiblemente, a la red de convenios bilaterales o al marco de coordinación internacional que se termine adoptando, como puede ser el convenio multilateral.

NO INCORPORAR NUEVAS MEDIDAS RECAUDATORIAS EN ESTE TRIBUTO

Ambos expertos han coincidido, sobre la reforma del Impuesto sobre Sociedades que se impulsará desde el Gobierno, en recomendar no incorporar nuevas medidas recaudatorias en este tributo.

Ven posible que en el medio plazo España pueda volver a recaudaciones anuales de este tributo de en torno a 25.000 millones de euros, si bien no recomiendan que se intentara conseguir a través de medidas de corte exclusivamente recaudatorio, porque ello haría que la tributación de las empresas no fuera competitiva a nivel internacional.

Y es que, para estos economistas, la fiscalidad del país no es demasiado atractiva a la inversión extranjera, ya que el tipo de gravamen no resulta competitivo, por lo que consideran que no debería aumentar.

«No tenemos una fiscalidad demasiado atractiva a la inversión extranjera, en parte por no tener medidas fiscales expresas para ello, y también por cierta inestabilidad de nuestro marco normativo, siendo necesario que se establezca una regulación atractiva para Business Angels, aplicable no solo a pymes, sino también a empresas participadas por grupos multinacionales», ha señalado Onrubia.

Respecto a los problemas que presenta el Impuesto de Sociedades actual, Eduardo Sanz entiende que el mayor es que no es equitativo, porque regula unos beneficios fiscales selectivos –I+D+i, empresas cinematográficas, arrendamiento de viviendas, adquisiciones en régimen de arrendamiento financiero, etc.-., a la vez que penaliza a empresas endeudadas o con resultados cíclicos.

Por otra parte, Jorge Onrubia opina que uno de los principales problemas es su limitada capacidad recaudatoria, las restricciones a la compensación de pérdidas, las limitaciones a la deducción de gastos financieros y que los coeficientes de amortización, especialmente los de activos vinculados a la digitalización, son «demasiado conservadores».

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, quien también ha intervenido en el debate, ha puesto de manifiesto que aunque el Impuesto sobre Sociedades español es homologable al del resto de países del entorno, necesita corregir algunos aspectos técnicos, y es posible que la recaudación se incremente al rebufo de los cambios que se producirán a nivel internacional y a medida que aumenten los beneficios empresariales.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) ha denunciado que 96 ayuntamientos tardan de media más de un año en pagar, con una deuda de casi 213 millones de euros, tras analizar los datos del último informe del Ministerio de Hacienda relativo a los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha recordado que la Unión Europea (UE) está analizando la imposición de una multa a España por el retraso en los pagos y ha instado a tomar medidas eficaces para atajar la morosidad en España, tanto en el sector público como en el privado.

La PMcM propone que la modificación de la ley de contratos del sector público dé al subcontratista la capacidad de impugnar los contratos, y no se limite solo a los contratistas y las administraciones públicas.

Cañete ha criticado también el mal funcionamiento de la facturación electrónica en la Administración, que hace que se pierda «toda la trazabilidad de los plazos de pago», por lo que ha instado a las autoridades a que obliguen a los grandes contratistas a pagar a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal.

Para la PMcM, el anteproyecto de ley Crea y Crece no resuelve los problemas de morosidad, sino que establecerá un «régimen sancionador», y añade que el Gobierno muestra una «desidia» en este tema que hace «augurar un empeoramiento de la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes)».

En este sentido, la PMcM ha recordado que, según los datos del Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos pagan a una media de 69 días, en lugar de en los 30 máximo que marca la ley.

En el caso del sector privado, la PMcM ha calificado como una «afrenta» que solo sea necesario presentar una «declaración responsable» para alegar que se paga en plazo y poder acceder a los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

Para evitar esto, Cañete ha exigido que «se cumplan unos determinados requisitos» para las empresas y que se modifique la fórmula de cálculo del plazo medio de pago (pmp) para que se tengan en cuenta los ‘confirming’.

La PMcM ha enviado al Ministerio de Economía, a los grupos políticos y a la Unión Europea una revisión del anteproyecto de ley Crea y Crece, que en su opinión «empaña» la posibilidad de acabar con la morosidad en España y no ha tenido en cuenta sus recomendaciones.

«Creemos que la redacción del anteproyecto no asegura que se vayan a producir reducción de costes ni de cargas administrativas para pymes y autónomos; muy al contrario, creemos que empeorarán», ha precisado Cañete.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que por ahora no hay ninguna solicitud para el traslado de la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT) fuera de Madrid durante un acto en el que la ministra Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que de hecho las obras para la nueva sede arrancarán en 2022.

Los dos ministros han visitado junto al secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el recinto del Palacio de Congresos que acogerá la nueva sede del organismo, presente en Madrid desde su creación en 1975.

En rueda de prensa conjunta, Albares ha indicado que «no hay motivo, queja o solicitud» para que se traslade la sede puesto que «todo el mundo reconoce la importancia de que la sede de la OMT haya estado en Madrid desde 1976», sino todo lo contrario, «un apoyo a que la futura sede» se haga realidad.

El ministro ha rechazado «hacer política ficción» respecto a la eventualidad de que Arabia Saudí, como se ha rumoreado, presente una solicitud para albergar en el futuro la sede de la OMT, algo que podría producirse en su próxima asamblea general prevista para noviembre en Marrakech. Según ha dicho, el secretario general de la OMT no le ha indicado que haya una solicitud «ni de Arabia Saudí ni de ningún otro país».

En todo caso, ha dejado claro que España cuenta con el «apoyo en bloque» de los países de la UE y de Iberoamérica, así como de otros que ha visitado recientemente, como Pakistán o Qatar. Todos sus interlocutores le han trasladado su «satisfacción» por el trabajo realizado por España estos años y también que consideran lógico que la sede de la OMT esté en un país que es potencia turística mundial.

DESAFÍO AL SISTEMA MULTILATERAL

Asimismo, Albares ha sostenido que si hubiera una petición para trasladar la sede de la OMT, o la sede central de la ONU en Nueva York o por ejemplo la de la UNESCO en París «no sería solo un desafío al país sede sino sobre todo al sistema multilateral, al equilibrio en Naciones Unidas».

El ministro ha recordado que la distribución de las sedes de los organismos internacionales no se hizo en su momento «de manera caprichosa» sino que «responden a una realidad» que pasa por que los países que las acogen están «especialmente comprometidos con el tema de esa sede».

Por tanto, ha insistido, «las sedes no se pueden trasladar, y todo el mundo está de acuerdo con esto, como si fueran franquicias de una tienda o equipos de béisbol». «Tienen un sentido y eso todo el mundo lo ve», ha recalcado.

Así las cosas, Albares ha adelantado que este será uno de los temas que aborde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro que mantendrá el martes con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en los márgenes de la Asamblea General en Nueva York.

EL PROYECTO ARRANCARÁ EN 2022

Por su parte, Maroto ha anunciado que el proyecto de rehabilitación de la nueva sede arrancará en 2022, seguramente hacia finales de ese año, con la licitación y el proyecto de obra. Los arquitectos estiman que la nueva sede estaría lista en unos 15 meses, ha precisado.

En cuanto a su coste, Maroto ha indicado que ahora mismo «se está definiendo el proyecto de obra», del que se encarga Ineco, por lo que todavía no está definido. No obstante, ha acotado, «no hay ahora mismo ninguna restricción presupuestaria que tengamos para no abordar el proyecto con la ambición que el proyecto requiere».

La ministra de Industria ha asegurado que el Gobierno ha estado trabajando «intensamente» para la consecución de esta nueva sede para la OMT, que será «más moderna y funcional» y tendrá en cuenta «mejoras de sostenibilidad y de eficiencia energética».

COMPROMISO DE ESPAÑA CON LA OMT

Los dos ministros han sacado pecho del compromiso de España en estas más de cuatro décadas con la OMT, incluida su incorporación en 2003 al sistema de Naciones Unidas, y también con dotar a este organismo de un mayor papel a nivel internacional. «Hoy damos un paso más en esta excelente colaboración y esperamos que muy pronto podamos poner la primera piedra», ha afirmado Maroto.

También han llamado la atención sobre el lugar «emblemático» elegido para albergar la futura sede de la OMT y su ubicación en «pleno corazón» del Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la capital.

Esta sede le dará a la OMT «la visibilidad que entendemos que necesita en un momento que estamos reactivando el sector turístico», ha incidido la titular de Turismo. La elección del emplazamiento, ha abundado Albares, pone de manifiesto la importancia que da España a la OMT.

La futura sede tendrá una superficie construida total de casi 8.000 m2 en lo que hasta ahora era el Palacio de Congresos y que preside un mural de Joan Miró. El proyecto prevé un sótano para instalaciones y aparcamiento con capacidad para más de 30 coches, entreplanta, que alberga la cafetería y una sala de exposiciones polivalente, y tres plantas para oficinas, despachos y salas de reuniones, incluyendo un auditorio de más de 500 m2 con cabinas de traducción, ha indicado el Ministerio de Industria.

Asimismo, la nueva sede contará con diversas medidas orientadas a la eficiencia y sostenibilidad energética, como paneles solares, luminarias LED o sistemas de climatización y ventilación con las más altas prestaciones.

La Asociación Española del Gas, Sedigás, ha lamentado que el Gobiernono utilice los mismos criterios para todas las energías a la hora de proteger a los consumidores vulnerables y se ha mostrado disconforme con la no reducción de la fiscalidad que afecta a los consumidores de gas y reclama un trato similar.

Así, pese a compartir que algunas de las medidas extraordinarias aprobadas por el Consejo de Ministros eran necesarias para proteger de forma temporal a los consumidores energéticos más vulnerables, considera que lo más apropiado es que el gas, así como otras formas de energía que también se han visto afectadas por esta coyuntura extraordinaria de precios, se beneficiase también de la rebaja fiscal, tanto del IVA, como del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), «garantizando así un tratamiento justo y equilibrado respecto del otorgado a la electricidad».

De esta manera, el gas es uno de los escasos suministros básicos de los hogares que se mantendrán al tipo máximo de IVA (21%), frente a otros suministros como el agua o la electricidad, que se situarán en un 10%. Además, seguirá soportando en su integridad el tipo vigente del IEH (0,234 céntimos euro por kilovatio hora).

Por ello, la asociación insta al Gobierno a que extienda las rebajas fiscales al resto de fuentes de energía que se están viendo afectadas, con ocho millones de consumidores, en el caso particular del gas.

Sedigás censura los términos actuales de la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica sobre la aplicación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), y reitera que este «impuesto», que se encuentra en proceso de aprobación parlamentaria, «supondría una fuerte discriminación geográfica para los consumidores de fuentes de energía no eléctricas, al sacar los cargos de la factura de la electricidad para hacerlos recaer sobre el resto de fuentes de energía, entre ellos, y de forma destacada, el consumo de gas».

Este tipo de medidas, tal y como puso de manifiesto Sedigás en junio, y de acuerdo con la evidencia internacional, afectan en mayor medida a las zonas despobladas, las cuáles suelen estar en zonas climáticas continentales con temperaturas más bajas, que utilizan fuentes de energía con un menor grado de electrificación.

«Y confirma de ese modo el carácter regresivo de la medida, dado que se reduciría más, en términos porcentuales, la renta de los hogares con menos ingresos y, por tanto, más vulnerables. Todo lo contrario del espíritu de las medidas anunciadas en el día de ayer», recalca.

Por otra parte, la asociación considera que el Ministerio no ha proporcionado la información mínima necesaria para valorar adecuadamente el mecanismo de atenuación inmediato del incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso (TUR) y cómo se verá recuperado en las futuras revisiones trimestrales a partir del segundo trimestre de 2022.

RIESGO DE DÉFICIT TARIFARIO ESTRUCTURAL

Sedigás esperará a conocer los detalles técnicos del citado mecanismo que deberá desarrollar el Gobierno para hacer una valoración fundada ante la posibilidad de incurrir en un potencial déficit tarifario de carácter estructural para el sistema gasista y que pudiera poner en riesgo su sostenibilidad económico-financiera y cuestionar el proceso de liberalización del sector emprendido hace ya más de dos décadas.

«La asociación reitera su compromiso con el diálogo y la cooperación con el Gobierno y todos los agentes implicados para acelerar la transición energética hacia un modelo descarbonizado, que busca el equilibrio entre el cuidado del medioambiente y la garantía de suministro, el crecimiento de la economía y el bienestar de los consumidores», concluye el comunicado.

Vodafone ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que afectará a un máximo de 515 empleados.

Los despidos se producirán principalmente en las áreas comerciales y la compañía ha llamado a los sindicatos a comenzar el periodo de consultas a finales de septiembre con vistas a cerrar el expediente en octubre.

Según han trasladado fuentes sindicales, estos despidos afectarían a alrededor del 12% de la plantilla y a más del 20% del personal de alguna de las áreas implicadas.

La compañía atribuye el recorte de empleo a las circunstancias del mercado español, marcado por una fuerte competencia y tendencia al ‘low cost’ que se tradujo en unas pérdidas de 432 millones de euros en 2020 para la filial española del operador europeo.

«La decisión de iniciar este procedimiento se justifica por razones económicas, productivas y organizativas, y está incentivada por la tendencia del mercado en el sector de las telecomunicaciones ypor la necesidad de mejorar su rendimiento operativo acelerando su estrategia de transformación digital», señala en un comunicado.

Vodafone ya realizó un ERE en 2019 cuando salieron de la empresa 1.102 trabajadores con indemnizaciones de 50 días por año trabajador y un máximo de 33 mensualidades.

Previamente, la compañía había realizado otro proceso de ajuste de empleo tras la compra de ONO que se tradujo en la salida de 1.059 empleados en 2015, mientras que en 2013, fueron 620 trabajadores los afectados por otro recorte, mientras que 130 fueron externalizados.

ATRACCIÓN EMPLEO DIGITAL

No obstante, la empresa ha señalado en un comunicado su compromiso de «crear nuevos perfiles» a lo largo del próximo año y ha recordado que su centro de investigación en inteligencia artificial en Málaga generará 600 empleos altamente cualificados.

De hecho, hace cuatro días, la operadora subió a Linkedin decenas de ofertas relacionadas con este centro para el que buscan reclutar profesionales de marketing, desarrolladores e ingenieros, entre otros.

En el mismo comunicado, el operador hace alusión a un «proceso de reposicionamiento» y asegura que continúa pretendiendo liderar la transformación del sector en campos como el 5G, IoT (Internet de las cosas) y el desarrollo de infraestructuras y nuevos servicios innovadores.

Asimismo, la compañía también ha señalado que busca impulsar la diferenciación y captar nuevas oportunidades de crecimiento con este nuevo reposicionamiento.

SEGUNDO AJUSTE DEL SECTOR EN MESES

El ERE de Vodafone se trata del segundo que realizan las principales empresas del sector en meses después del llevado a cabo por Orange durante el verano y que se ha saldado con la salida voluntaria de 400 trabajadores de la empresa. De estas salidas, 234 fueron prejubilaciones.

En el caso de la empresa francesa, la negociación sindical se tradujo en la introducción del principio de voluntariedad y en una reducción de las salidas, así como un aumento de las prejubilaciones y mejora de las condiciones que, con carácter general, oscilaron entre los 55 y 62 días trabajados sin tope de mensualidades para los salarios inferiores a los 50.000 euros anuales.

El sector de las telecomunicaciones lleva años perdiendo ingresos y empleos en España debido a la presión comercial que ha deteriorado los márgenes.

Sin embargo, 2020 fue el primer año desde 2012 en que aumentó sus trabajadores ligeramente, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una tendencia que volverá a cambiar previsiblemente tras los despidos en Orange y Vodafone.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, confía en que la reunión entre patronal y sindicatos para analizar el futuro de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) en España después del 30 de septiembre sea «abierta y dialogada», beneficiando al sector turístico teniendo en cuenta el carácter «hiperprotegido» del mismo.

La ministra respondía así a los hoteleros que alertaban de la llegada de una temporada de otoño/invierno «muy dura para el sector turístico» y solicitaban una prórroga de los los ERTEs en las mismas condiciones actuales.

Según el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, es «vital» que esa red de seguridad que ofrecen los ERTE permanezca, ya que ahora se empieza a notar «el abandono de la actividad del turista nacional».

La ministra Maroto aseguró este miércoles que la voluntad del Gobierno de España desde el inicio de la pandemia ha sido el adoptar un mecanismo que sea flexible y que facilite el impacto que la pandemia está teniendo en los sectores económicos. En este punto, recordó la eficacia del mecanismo en los últimos meses, que ha evitado la pérdida de empleo y ha ayudado a que muchas empresas sobrevivan.

En la sede del Ministerio de Turismo y tras anunciar que el proyecto de la nueva sede de la OMT en Madrid comenzará en el año 2022, la ministra insistió en que por parte del Gobierno la negociación que se lleve a cabo será una negociación «abierta» en la cual «de una manera dialogada» se van a sentar las bases de lo que será esta prórroga», indicó la ministra, asegurando que el sector turístico va a seguir siendo un sector «hiperprotegido».

Desde el Ministerio de Turismo se muestra una gran satisfacción por los resultados turísticos alcanzados por España este verano, que además está alargando la temporada turística durante unas semanas más.

«El hecho de haber considerado al sector turístico como sector hiperprotegido ha sido muy bueno para mantener los puestos de trabajo», insistió Maroto apostando por que esto ayude a sentar las bases de la reactivación económica.

Maroto indicó que, en estos momentos, el número de certificados digitales emitidos por el sistema nacional de salud ya superan los 24 millones, mientras que el número de certificados validados para entrar en España superan ya los 1,8 millones de certificados.

«El turismo está en marcha. Esta recuperación nos permite afrontar una temporada de cara al otoño y al invierno con mejores perspectivas hasta recuperar esperamos en el año 2022 el volumen de nuestro sector turístico», precisó Maroto destacando el importante incremento en el gasto turístico de este verano, «lo que muestra la mejora del modelo turístico».

La ministra confía en que los fondos europeos logren apuntalar esta recuperación y reiteró el compromiso del Gobierno con mejorar la calidad del modelo turístico español «para que este sea una parte importante de la reactivación de la economia española y de la mundial».

Maroto realizó estas declaraciones tras visitar este miércoles junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la nueva sede de la organización que estará ubicada en el recinto del Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana de Madrid.

La ministra ha anunciado que los pasos necesarios para desarrollar el proyecto comenzarán en 2022, cumpliendo así el compromiso del Gobierno de España con la OMT. De momento no hay un coste previsto, ya que se está «definiendo el proyecto de obra». Los arquitectos estiman que la nueva sede estaría lista en unos 15 meses.

Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán mañana, a partir de las 12.00 horas, para dar el pistoletazo de salida a las negociaciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre, previsiblemente hasta finales de año.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha garantizado que los ERTE se mantendrán para aquellos sectores que aún lo necesiten. «Que empresas y trabajadores estén tranquilos», dijo hace unos días al ser preguntada por la extensión de este instrumento.

CCOO, UGT, CEOE y Cepyme coinciden en que los ERTE deberían prorrogarse al menos hasta finales de año. Actualmente unos 260.000 trabajadores están amparados por ellos, de los que sólo una parte se encuentran suspendidos de empleo a tiempo completo.

Está por ver si la nueva extensión de los ERTE mantendrá las mismas condiciones que la regulación actual. En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, señaló hace unos días que habrá que buscar aquellos parámetros «que generen más empleo».

Esto implicará, con toda probabibilidad, una revisión de las exoneraciones a la Seguridad Social vinculadas a los ERTE.

Este instrumento se ha ido adaptando a lo largo de la pandemia en lo que respecta, por ejemplo, a los sectores denominados ‘ultraprotegidos’ y a las exenciones de cotizaciones de las que pueden beneficiarse las empresas.

Estas exoneraciones suelen ser uno de los caballos de batalla de las negociaciones para prorrogar los ERTE, pues el Gobierno quiere un modelo que prime la reincorporación de trabajadores en ERTE a través de bonificaciones de cuotas superiores a las que reciben las empresas por los trabajadores que siguen en el ERTE. En cambio, sindicatos y empresarios entienden que donde hay que abaratar los costes empresariales es en aquellas empresas que aún no han podido sacar a sus trabajadores del ERTE.

De hecho, la regulación actual de los ERTE, vigente hasta el próximo día 30, contempla exoneraciones a la Seguridad Social que van desde el 60% al 100%, concentrándose las más altas en la reincorporación de trabajadores a la actividad.

La norma vigente recoge tres modalidades de ERTE: los destinados a los sectores ‘ultraprotegidos’ y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los ERTE de impedimento de la actividad, y los ERTE de limitación, los dos últimos pensados para restricciones administrativas temporales adoptadas como medida de freno a los contagios de Covid (reducción de aforos o prohibición de apertura, por ejemplo).

También está por ver si en la próxima prórroga se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo en su actual redacción, así como la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir e interrumpir contratos temporales, medidas que la CEOE siempre ha aceptado a regañadientes y que seguramente tratará de que no estén en la próxima prórroga.

A los sindicatos, sobre todo, les preocupa mantener el cuadro de derechos de los trabajadores afectados por ERTE: acceso a la prestación sin periodo de carencia, no computar el periodo consumido hasta enero de 2022 y una prestación equivalente al 70% de la base reguladora, como hasta ahora.

EL 38% DE LOS TRABAJADORES EN ERTE PERTENECE A HOSTELERÍA Y HOTELES

A cierre del pasado mes de agosto y según datos de la Seguridad Social, el número de trabajadores en ERTE era de 272.190 personas, su menor nivel desde el inicio de la pandemia. Desde mayo de 2020, cuando 3,6 millones de trabajadores estaban en ERTE, más del 92% ya lo han abandonado.

De los 272.190 trabajadores que estaban en un ERTE en agosto, 95.608 pertenecían a las ‘antiguas’ modalidades de ERTE, sin exoneraciones a la Seguridad Social, mientras que cerca de dos tercios (176.582 trabajadores) están incluidos en las que conllevan exoneraciones en las cotizaciones.

Existe una importante concentración sectorial de los trabajadores protegidos por ERTE, pues un 24% de los trabajadores protegidos pertenece a la hostelería (servicio de comida y bebidas), con 65.373 afectados por ERTE a 31 de agosto.

Esta actividad, junto con los servicios de alojamiento, concentran el 38% de los trabajadores en ERTE. En concreto, los servicios de alojamiento tienen a 39.091 trabajadores en ERTE, el 14,3% del total de trabajadores protegidos por este instrumento.

En total, el número de trabajadores que figuraban en un ERTE en el mes de agosto representaban el 1,8% del total de afiliados al Régimen General, sin contar sus sistemas especiales.

Las actividades con mayor porcentaje de sus afiliados en ERTE son las agencias de viaje (35,07% del total de sus afiliados); el transporte aéreo (15,47%); juegos de azar y apuestas (12,96%), y servicios de alojamiento (11,6%), todas ellas incluidas entre los sectores ‘ultraprotegidos’ por los ERTE.

En términos absolutos, la actividad con mayor número de trabajadores en ERTE es el servicio de comidas y bebidas (hostelería), con más de 65.000 afectados, seguido de los servicios de alojamiento (39.091), del comercio minorista (24.732 empleados), del comercio mayorista (15.269), agencias de viaje (13.550) y actividades deportivas y de entretenimiento (11.781 afectados).

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos ha pedido al Ministerio de Sanidad «liderazgo» y que unifique criterios que permitan abordar la misma ‘hoja de ruta’ en todos los territorios para la recuperación de su actividad al 100% en todas las comunidades autónomas.

Así, pymes y trabajadores del ocio nocturno y los espectáculos de todo el país se han concentrado este miércoles, ante las puertas del Ministerio de Sanidad, para reclamar la apertura inmediata de sus establecimientos, la recuperación de los horarios, las pistas de baile y la plena capacidad y aforos de los locales, de tal manera que el 1 de octubre estén funcionando al 100% en toda España.

Así, durante el acto, convocado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche), junto con la Asociación de Dj’s y Promotores (AEDYP), han emplazado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a establecer criterios unificados que permitan abordar la misma hoja de ruta en todas las comunidades autónomas para alcanzar la normalidad del sector.

Con estas peticiones, España de Noche ha exigido, además, que desde el Gobierno central tomen las riendas para salvar al ocio nocturno reglado, porque «no puede haber 17 modelos de reapertura diferentes para las discotecas, bares de copas, salas de conciertos y tablaos».

Así, mientras que Castilla y León y Madrid permiten recuperar su horario de actividad habitual, Cataluña, País Vasco y Baleares siguen cerrados y el resto de comunidades están funcionando con hora de cierre y condiciones que hacen inviable abrir sus puertas y los negocios.

Según el sector, los principales países europeos, con peores datos de vacunación e inmunización de la población, están avanzando en reabrir sus locales de ocio recuperando la experiencia recreativa y sus pistas de baile, como es el caso de Alemania, Francia, Reino Unido o Italia.

Asimismo, la patronal del ocio nocturno ha subrayado la «dramática» situación económica que viven las pymes recreativas, que han tenido que sobrevivir 18 meses sin apenas ayudas económicas, con unas pérdidas de facturación superiores a los 150.00 millones de euros.

En este contexto, España de Noche también ha anunciado que la concentración de protesta, que pretende extenderse a lo largo del día hasta que tenga lugar la reunión de la Comisión Interterritorial, es el pistoletazo de salida a las diferentes acciones de protesta que se llevarán a cabo en las 17 comunidades autónomas o la presentación de recursos ante los tribunales de justicia.

El 13% de los empleados que trabajaba en remoto antes del verano ha regresado al modelo presencial tras las vacaciones, según los datos del Informe sobre la Vuelta a la Oficina publicado este miércoles por InfoJobs.

La decisión de volver a la oficina o teletrabajar también depende del nivel de responsabilidad de los trabajadores, lo que hace que el 53% de los directivos pueda elegir el modelo de trabajo, frente a un 18% de los empleados de cargos más bajos.

El 23% de las personas que han vuelto a la oficina lo ha hecho por decisión propia, mientras que un 20% de los encuestados lo hizo por obligación, y un 58% regresó al modelo presencial porque su tarea laboral no le permite hacer teletrabajo.

Entre los motivos para regresar a la oficina, los 1.006 participantes de esta encuesta citaron la necesidad de socializar con los compañeros, mejorar la productividad y la eficiencia, y trabajar en equipo.

Sin embargo, solo el 2% de los trabajadores en remoto quiere volver al modelo completamente presencial y a uno de cada cuatro trabajadores les gustaría mantener por completo el trabajo remoto.

La implantación del teletrabajo durante el confinamiento ha hecho que un 50% de los trabajadores se replantee cambiar de trabajo si su empresa les obligara a volver a un modelo de oficina totalmente presencial.

La directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, Mónica Pérez, no descarta que «el teletrabajo vaya asentándose en el mundo laboral».

«Ahora ya no cabe duda de que el teletrabajo es un modelo compatible y que puede reportar múltiples beneficios a compañías y profesionales. Así también es probable que otros como la semana laboral de cuatro días empiecen a tomar forma», ha añadido Pérez.

Por edades, las personas de entre 55 y 65 años son las más partidarias de recuperar el trabajo presencial, sobre todos los residentes en el sur del país y los trabajadores de sectores como la educación, la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, entre los trabajadores de 25 a 34 años prima el modelo totalmente remoto, en particular en las personas de las regiones del centro, dedicadas a sectores como la información y las comunicaciones, las actividades financieras o de entretenimiento, entre otras.

Este interés por el trabajo no implica la desaparición de las oficinas, ya que el 47% de los encuestados considera que seguirán siendo muy necesarias, mientras que el 44% las ve útiles para reuniones de equipo o con clientes.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree que el Banco Central Europeo (BCE) se inclinará por lanzar el euro digital, aunque estableciendo restricciones a su uso para evitar posibles impactos en la estabilidad financiera.

Así lo ha señalado durante el debate ‘La nueva estrategia monetaria del BCE: qué herramientas le quedan para sostener el crecimiento‘ del Foro Futuro organizado por Cinco Días, en el que ha reflexionado sobre los efectos que el euro digital puede tener sobre la política monetaria del BCE.

El BCE aprobó este verano el lanzamiento de una investigación formal sobre el euro en forma de divisa digital. Tras la fase de investigación, que durará 24 meses, el organismo tendrá que decidir si se implementa o no.

«Si es un sí, que es lo más probable, habrá que ver cuáles son las características de ese euro digital y con qué condiciones lo establecemos», ha recalcado.

En este sentido, Hernández de Cos ha señalado que debe analizarse cuidadosamente el efecto que pueda tener la divisa digital sobre la capacidad de ejecución de la política monetaria, pues «no es obvio«.

«Por una parte, uno podía llegar a una conclusión simple, que es que si todos los ciudadanos tienen una cuenta en el banco central, la capacidad de ejecución de políticas monetarias se ve facilitada de manera radical. Pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta qué consecuencias tiene esa potencial decisión para la estabilidad financiera, qué implicaciones tiene para el sector bancario», ha avisado.

En opinión del gobernador, ese análisis llevará a la conclusión de que habrá que establecer «una serie de restricciones al uso del dinero digital, que a su vez puede acabar condicionando el incremento de esa capacidad de ejecución de la política monetaria».

LOS RIESGOS CLIMÁTICOS EN LA SUPERVISIÓN Y POLÍTICA MONETARIA

En otro orden de cosas, el gobernador del Banco de España ha incidido en los riesgos climáticos en el contexto de supervisión bancaria.

Según ha detallado, se están analizando «todas las posibilidades» con un cierto orden, siendo prioritaria la divulgación de la información, pues sin ella resulta difícil dar los siguientes pasos. Además, no descarta que la obligación de publicación de la información por las distintas entidades pueda generar efectos positivos en términos de modificación de los precios relativos.

De Cos ha destacado que la publicación de test de estrés climáticos permite al organismo supervisor avanzar en ese análisis y solicitar a las entidades que incorporen los riesgos climáticos en sus carteras. Según ha apuntado, «eventualmente, una vez iniciada esa discusión, podría haber cambios regulatorios».

En la política monetaria, el punto de partida es también la obligación de divulgación de la información, así como la evaluación de los riesgos dentro de las carteras, que pueden afectar, en último término, a las decisiones de compras de activos, ha señalado el gobernador.

EL MARCO INSTITUCIONAL EUROPEO SIGUE SIENDO INSUFICIENTE

Preguntado por los planteamientos que haría de cara a la próxima revisión de la estrategia del BCE, Hernández de Cos ha asegurado que no echa de menos «nada» y que está centrado en que la acción del Consejo de Gobierno del BCE trate de lograr los objetivos definidos.

Respecto a lo que todavía falta por hacer en el marco institucional, el gobernador del Banco de España ha reconocido que, pese a la mejora en el marco de gobernanza del área euro, «este sigue siendo insuficiente y hay ‘gaps’ que hay que cubrir».

En concreto, se ha referido a la Unión Bancaria y a la falta de un fondo de garantía de depósitos común, que resulta «absolutamente fundamental» para eliminar los riesgos de fragmentación financiera.

«No podemos tener entidades bancarias supervisadas en Fráncfort, que si tienen problemas son resueltas por Bruselas, pero que los potenciales costes fiscales sean individuales de los países. No es sostenible políticamente», ha advertido De Cos, quien ve «fundamental» contar con un mercado «más profundo y más integral», así como con una política fiscal común que ayude al objetivo de estabilización del BCE.

Por último, respecto al alza de la inflación en la zona euro, De Cos opina que será algo transitorio y cree, en cualquier caso, que el BCE está preparado para hacerle frente si persistiera en el tiempo.

En este sentido, ha destacado la ventaja que supone para el objetivo de estabilidad de precios del organismo la nueva meta del 2%, que debe dejar de ser percibido como un límite superior, lo que implica que que el BCE aceptará tasas de inflación superiores a ese objetivo durante un tiempo indeterminado.