La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs), ha reivindicado la necesidad de dar a las personas mayores una atención centrada en la persona y ha propuesto que las residencias tengan un mínimo del 50% de plazas concertadas.

«Cada residencia debería tener un 50% de plazas concertadas como mínimo, el resto pueden ser privadas y debería ser con prestación económica vinculada al servicio», ha indicado Cintia Pascual este viernes durante la ‘I Cumbre del BabyBoom. La transformación de los cuidados’, organizada por CEAPs, y que se ha celebrado en el CaixaForum de Madrid.

Esta es una de las propuestas que ha planteado CEAPs como parte de una transformación en el sector de la Dependencia, junto a otras como que haya una ratio global de profesionales con un mínimo del 50%; un precio ajustado de entre 2.030 y 2.700 euros o una tarifa única de atención a la dependencia, ya que según ha precisado Pascual, hay CCAA con hasta 15 precios diferentes.

Asimismo, ha insistido en la importancia de ofrecer una «atención centrada en la persona» de forma que se respeten los deseos de cada mayor residente, ya sea en lo que se refiere a sus preferencias a la hora de comer como a la hora de levantarse, por ejemplo.

Durante el evento, se ha puesto sobre la mesa la sostenibilidad del sistema, haciendo hincapié en el actual modelo de financiación y los expertos han abordado la oportunidad que representa para el sector la llegada de los fondos europeos ‘Next Generation’.

También ha intervenido el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien ha asegurado la apuesta del Gobierno por «la transformación de los cuidados de larga duración» para que los mayores «puedan seguir viviendo en sus domicilios mientras lo deseen».

«Hoy no se envejece como hace 25 años, vamos hacia modelos de envejecimiento más respetuosos con cada una de las personas», ha subrayado Álvarez.

El mandato de la UE para negociar la relación con Gibraltar apuesta por «suprimir las barreras físicas» para facilitar la libre circulación de personas entre el territorio y la Unión Europea siempre que España controle el paso fronterizo en aeropuerto y puerto, si bien recoge la «intención» de las autoridades españolas de ceder a la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) ese control.

«España ha expresado su intención de solicitar la asistencia de Frontex dentro de los límites y condiciones del reglamento sobre la agencia para implementar las obligaciones de control fronterizo dentro del futuro acuerdo durante un periodo de cuatro años», según recoge el mandato validado este viernes por los embajadores de los 27.

De este modo, el texto modifica la redacción inicial propuesta por Bruselas y recoge la demanda británica de que el control de la frontera exterior no quede en manos de España. La asistencia de Frontex sería de cuatro años, el mismo plazo que fija el mandato para evaluar la puesta en práctica del acuerdo por las dos partes y que ambas decidan si continuar con el mismo régimen o darlo por concluido.

La propuesta de mandato presentada en julio por el Ejecutivo comunitario irritó a Reino Unido por evitar toda mención a Frontex y reservar a la competencia exclusiva de España el control de la frontera en el aeropuerto y el puerto, algo que para Londres suponía un ataque a su soberanía y no estaba dispuesto a negociar.

En estos meses, las capitales han introducido «una serie de cambios» en el documento antes de contar con el visto bueno de todos los Estados miembro, según fuentes europeas. Una vez sea adoptado formalmente la próxima semana en una reunión de ministros de la UE, la Comisión Europea, responsable de negociar en nombre de la UE, podrá iniciar las conversaciones con Reino Unido.

ESPAÑA ESPERA QUE LA NEGOCIACIÓN DURE POCO

Fuentes diplomáticas españolas, por su parte, confían en que las negociaciones «duren poco» porque se parte de un preacuerdo entre Madrid y Londres que se aplica de manera interina desde que se produjo el Brexit, a la espera de pactar una solución definitiva entre la UE y Reino Unido.

El documento que los 27 formalizarán la semana próxima con el ánimo de iniciar las conversaciones con los británicos en las semanas que sigan establece además que se negociará «en pleno respeto de la integridad territorial» de los Estados miembro y sin afectar a la posición legal de España respecto a la soberanía y jurisdicción de Gibraltar.

Junto al mandato, el Consejo ha incluido una declaración propia para dejar claro que la supresión de la Verja busca asegurar el desarrollo y prosperidad de la región y «no puede ser interpretado como la participación de Gibraltar en el acervo de Schengen».

De este modo, la UE quiere evitar que el resultado de un acuerdo de los 27 con Reino Unido sobre el Peñón se interprete como una ampliación del espacio europeo sin fronteras ni de la Unión Aduanera.

En todo caso, sea cual sea el resultado de las negociaciones entre Bruselas y Londres, el escrito advierte también de que «necesitará el acuerdo previo del Reino de España» para ser aceptado por el bloque.

Los Veintisiete se hacen cargo de la «situación geográfica particular» de Gibraltar y de la «relación especial» con España, por lo que abogan por negociar un acuerdo «amplio y equilibrado». Un acuerdo, añaden, que esperan sirva para el desarrollo social y económico no solo de Gibraltar sino también de la región española del Campo de Gibraltar.

La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha remitido a última hora de este viernes una nueva demanda de medidas cautelares al Tribunal General de la Unión Europea para recuperar su inmunidad como eurodiputado, lo que en la práctica frenaría el proceso recién abierto en la Justicia italiana para decidir sobre su entrega a España tras su reciente detención en Cerdeña (Italia).

En su primer auto sobre la suspensión de la inmunidad de Puigdemont del pasado julio, el Tribunal con sede en Luxemburgo avaló la decisión del Parlamento europeo de suspender la inmunidad porque consideró que no había riesgo de detención, pero dejó la puerta abierta a examinar nuevas medidas provisionales si el reclamado por la Justicia española fuera arrestado por autoridades de un Estado miembro.

Uno de los abogados del político catalán, Gonzalo Boye, ha explicado a través de su perfil en Twitter que han solicitado «medidas cautelares, que no cautelarísimas», porque consideran que ha quedado comprobado que «no existe voluntad» en el juez instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de «garantizar los derechos» de Puigdemont como eurodiputado.

Cuando se trata de medidas cautelarísimas, el Tribunal de la UE puede decidir de manera provisional sobre el asunto sin esperar a escuchar a las partes afectadas –como hizo la primera vez devolviendo temporalmente la inmunidad plena a Puigdemont–, mientras que si se trata de medidas cautelares los plazos son más largos porque el auto no llega hasta escuchar a todas las partes.

Por eso, Boye aclara en su comunicado que esta petición «no afecta a la vista señalada para el próximo lunes» en el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) porque antes de que la Justicia europea se pronuncie deberá darse traslado de la demanda tanto a España como al Parlamento Europeo.

La defensa de Puigdemont sostiene que el primer auto rechazó actuar en contra de la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad porque España indicó que no existía riesgo de detención, algo que queda desmentido por la detención del expresidente catalán en Cerdeña y la comunicación remitida el jueves por Llarena al tribunal sardo para subrayar que la euroorden se mantiene activada.

La vez anterior, el tribunal europeo paralizó provisionalmente la suspensión de la inmunidad europarlamentaria apenas seis días después de que le fuera notificado el recurso, sin embargo, casi dos meses más tarde, el 30 de julio, corrigió su primera decisión y avaló la suspensión de la inmunidad.

El Rey Felipe VI ha entregado este viernes el premio Trayectoria Fulbright al exministro Javier Solana, a quien ha tachado de «hombre de Estado» y de «gran patriota» por su dilatada trayectoria tanto en puestos gubernamentales como también al frente de la OTAN y de la diplomacia europea.

Solana «personifica», en opinión de Don Felipe, la esencia de estas becas que nacieron hace ahora 75 años. «Es un firme defensor de la cooperación entre los países, de la necesidad de alcanzar consensos para construir sobre bases sólidas, así como de la búsqueda de acuerdos», objetivos todos ellos, ha dicho, «que siempre ha perseguido en su sobresaliente trayectoria profesional».

Asimismo, representa la inquietud por el conocimiento del otro y la flexibilidad necesaria para comprender otras formas de ser y de hacer», ha señalado, destacando que «la curiosidad y las ganas de aprender no le han abandonado» desde que en 1966 obtuvo la beca Fulbright para estudiar un doctorado en física teórica del estado sólido.

En este sentido, en el acto que ha tenido lugar en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), ha bromeado sobre qué lecciones sacó de aquello para «aportar solidez al Estado y contribuir de tantas maneras al fortalecimiento de la sociedad en toda su trayectoria política e institucional».

«Hoy nos han convocado los méritos de un hombre de Estado que ha trabajado incansablemente por nuestra democracia, por nuestra convivencia en libertad, por nuestra seguridad y por nuestro progreso colectivo», ha resaltado en monarca, incidiendo que se trata de los méritos de «un gran patriota».

IMPORTANCIA DE LAS BECAS

Don Felipe ha loado la importancia de las becas Fulbright, «uno de los ejemplos de diplomacia pública más potentes que existen en la actualidad», resaltando que los becados se convierten en «auténticos embajadores de sus países» y contribuyen con ello a incorporar «el componente del entendimiento cultural, que es esencial para superar obstáculos y desafíos para construir un mundo mejor, libre o más libre de prejuicios».

En un tono más personal, el Rey ha dicho tras escuchar a dos becarias Fulbright y también a Solana, que ha comentado que su etapa en Estados Unidos –donde residió entre 1966 y 1971– fue una de las más felices de su vida, que él también pasó unos «años memorables» estudiando en la Universidad de Georgetown.

Solana se ha mostrado «enormemente feliz» por el premio y ha destacado que gracias a la beca Fulbright que le llevó a Estados Unidos tuvo «una experiencia extraordinaria». «Guardo recuerdos imborrables» de aquella época, ha señalado, asegurando que todavía hoy vuelve «de vez en cuando» a la física, «a la que quiero mucho».

En el acto también ha participado el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, quien también es copresidente de honor de la Comisión Fulbright. Como el Rey, ha tenido palabras de elogio hacia Solana, «que es un ejemplo de lo que es ser ministro de Exteriores y de estar al servicio de España y a quien también considero un amigo personal».

El ministro ha puesto en valor la oportunidad que las becas Fulbright representan por la experiencia que suponen para los jóvenes, una oportunidad que «en muchos casos ha transformado sus vidas y les ha llevado a ser destacados miembros de la sociedad que gozan de reconocido prestigio en su ámbito profesional». Desde su creación, ha precisado, más de 5.000 españoles y 3.800 estadounidenses se han beneficiado de una de estas becas.

El Programa Fulbright «también beneficia a nuestras sociedades en su conjunto» ya que, ha sostenido, «no hay mejor forma de acercar a nuestros dos países que a través de las experiencias, los aprendizajes y la formación de todos estos becarios» que se convierten en «auténticos embajadores de nuestros dos países y de la amistad» que nos une.

La Reina Letizia ha animado a los jóvenes  contribuir con su emprendimiento a la «necesaria transformación de los sistemas alimentarios» para que estos sean «más sostenibles, resilientes y equitativos», protejan «la naturaleza y proporcionen trabajos dignos en economías inclusivas».

Así se ha pronunciado este viernes en el Foro Mundial de Alimentación Roma, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y celebrado en Roma.

«Ahora os toca a vosotros, a los jóvenes, participar y contribuir con vuestro emprendimiento y energía a la necesaria transformación de los sistemas alimentarios. De acuerdo con las conclusiones de la cumbre de la semana pasada en NNUU, hay que garantizar dietas saludables para todos, debemos asegurar el acceso de todos los niños a un menú escolar saludable en 2030 y mujeres, pueblos indígenas, pequeños productores y jóvenes deben, debéis, estar en el centro de la toma de decisiones dentro de los sistemas alimentarios», ha subrayado.

Según ha precisado la Reina, son «enunciados fáciles de pronunciar, pero de una gran complejidad» a la hora de ser implementados. Por ello, ha indicado que se trata de encontrar «vías de solución» que integren los diferentes intereses y enfoques de gobiernos, agencias internacionales, agricultores, de las mujeres «como eje vertebrador de las economías a pequeña escala», grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas, distribuidores, trabajadores y científicos.

En este sentido, ha insistido en que es el momento de «repensar la forma de acceder a esos alimentos» teniendo en cuenta todos aquellos problemas que afectan al mundo hoy como «el cambio climático, las desigualdades, el hambre y la malnutrición, los debates multilaterales en torno al tipo de ganadería más adecuada, la diversificación de cultivos o la integración de productos agrícolas y producción animal», entre otros.

La Reina ha subrayado que existe un acuerdo sobre el hecho de que «los sistemas alimentarios deben ser más sostenibles, resilientes y equitativos, deben restaurar y proteger la naturaleza (mares, bosques, suelo), ser climáticamente neutrales y proporcionar trabajos dignos en economías inclusivas».

«Es lo deseable», ha enfatizado, al tiempo que se ha mostrado convencida de que con el impulso de los jóvenes en este Foro Mundial de la Alimentación, el mundo está «más cerca de lograrlo».

«Gracias por vuestro compromiso, que es también el de mi país, España, no sólo con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030, también con el esfuerzo colectivo que debemos promover para cuidar de nuestra casa, que es nuestra despensa común, y para cuidar de las personas que vivimos en ella», ha concluido.

El ocio nocturno podrá acogerse a la apertura hasta las 4 de la madrugada con un aforo del 75 por ciento desde este fin de semana, pero el sector se ve abocado a posponer esta ampliación de horario y de capacidad, puesto que la «improvisación» en la puesta en marcha de las medidas impiden su cumplimiento en apenas unas horas antes de la entrada en vigor.

Fuentes del sector han confirmado que hay «rotura de stock» en los aparatos de medidores continuos de CO2 (solo se piden para el ocio nocturno, no son los mismos que en hostelería general) y que todavía no cuentan con la aplicación que la Xunta se comprometió a diseñar para la lectura de los certificados europeos de vacunación, el cual también serviría para realizar el registro de clientes de forma automática.

Sin estas medidas, junto con otros requisitos como la incorporación de señalización específica, explican que en apenas unas horas no se pueden adaptar a las medidas que exige el nuevo protocolo de covid-19, que han negociado con la Xunta pero que hasta su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) bis a primera hora de esta tarde no conocían en su totalidad en detalle.

Asimismo, el sector había pedido una moratoria en la aplicación de ciertas medidas, lo cual solo viene contemplado, según el DOG, para la realización de los cursos de formación del personal empleado (cuya duración y temática varía en función de si el establecimiento se adhiere al nivel de más seguridad o al nivel general).

DISTANCIA Y MASCARILLA

El Diario Oficial de Galicia recoge que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo las excepciones de uso que rigen en general (incluido comer y beber).

No está permitido el consumo en la barra, aunque se podrá servir a los clientes a través de ella, «respetando las distancias de seguridad e impidiendo la formación de aglomeraciones.

Una de las principales novedades es la distancia interpersonal. Aunque se incluye que la persona titular del establecimiento debe «adoptar las medidas organizativas que resulten necesarias para que clientes y trabajadores puedan mantener, con carácter general, la distancia de seguridad recomendada», no se impone como obligatoria en el nivel de más seguridad (sí en el de una cunchiña).

En particular, Xunta incorpora al protocolo que deben adoptarse las medidas organizativas para posibilitar que, en el momento en que se esté circulando por el local, se puedan cumplir con carácter general las distancias de seguridad interpersonal recomendadas.

LOCALES CON ESPECTÁCULOS MUSICALES

El DOG también incluye que en los establecimientos en los que se ofrezcan espectáculos musicales o de animación, se establecerá un espacio de seguridad entre el escenario y el público de, por lo menos, tres metros.

Asimismo, las medidas del escenario determinarán el número de miembros máximo que puede conformar el grupo artístico, teniendo en cuenta las recomendaciones de mantener las distancias de seguridad. En el caso de espectáculos musicales, serán aplicables las medidas específicas para la actuación y ensayos de orquestas, bandas y otras agrupaciones musicales.

DOS NIVELES DE CUNCHIÑAS

El protocolo establece dos niveles de seguridad. El nivel 1 cunchiña, el general, cuenta con un aforo del 50 por ciento en interior (hasta un máximo de 2.000 personas) y 75 por ciento en exterior, y el horario de cierre es a las 3 de la madrugada.

En este ámbito, rigen las medidas generales –limpieza de baños, señalización y el curso a realizar por el personal es de menor duración (dos horas)–. En este caso, hay un periodo de dos meses para completar este requisito.

El nivel 2 cunchiñas, que permite un aforo interior del 75 por ciento (también máximo 2.000 personas) y del 100 por cien en terrazas y abrir hasta las 4 de la madrugada, el curso de formación es de 4 horas (también con ese periodo de adaptación). En este nivel la novedad principal es el requisito del certificado covid –de vacunación, prueba negativa o certificado de recuperación de la enfermedad– y que la distancia no se impone como obligatoria.

Además, en este nivel las exigencias de limpieza son mayores (más frecuencia) y también se debe disponer de mascarillas ffp2 y realizar pruebas periódicas al personal voluntarias para testar si están contagiados de covid. Asimismo, se apuesta por impulsar los medios electrónicos de pago, cartas con códigos QR y, al igual que en el anterior, no se podrán superar las 1.000 ppm en las mediciones continuas.

AVAL DEL TSXG

La solicitud del certificado covid viene de ser avalada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este mismo viernes.Los magistrados argumentan que la medida está «justificada», puesto que se trata de «espacios cerrados, en los que se establecen contactos próximos y prolongados, y con escasa renovación del aire, en algunos casos, y realización de actividades en las que es necesaria la retirada de la mascarilla».

Además, han tenido en cuenta que en este tipo de locales se realizan «acciones que ocasionan una mayor generación de aerosoles, como hablar, en ocasiones, con un tono de voz mayor del normal o cantar».

Del mismo modo, en el auto sostienen que estos lugares de ocio son «espacios de socialización, que favorecen la relajación de la atención necesaria para mantener las medidas individuales de prevención –uso de mascarilla y mantenimiento de la distancia de seguridad–, a lo que puede contribuir el consumo de alcohol».

RIESGO ARGUMENTADO

A estas conclusiones llegó el TSXG después de que la Dirección Xeral del Sergas argumentase, como recoge el DOG bis, que hay que añadir que la franja de edad en que se sitúa la mayoría de los usuarios de estos establecimientos coincide con las franjas de edad en que existe menor porcentaje de vacunación, lo que implica que «resulta mucho más probable que accedan personas que no están vacunadas y que se pueden contagiar» en el caso de que estén infectadas.

Galicia recoge que es la comunidad con el porcentaje de vacunados sobre el total «más elevado» y de las que tiene mayor cobertura en su población total. Sin embargo, apostilla que mientras supera el 90 por ciento en los mayores de 40 años, es menor en los de menos de esta franja de edad, «especialmente entre los de 20 y los de 39 años», algo que «se reproduce en el conjunto de España». Concretamente, aporta el dato de que entre 20 y 29 años, el porcentaje de vacunados es del 79,4%, mientras que en el grupo de 30 a 39 años, es del 77,30 por ciento.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este viernes seguir el camino de «confrontación e inteligencia» que supuso el 1-O para derrotar a un Estado que, a su juicio, no pudo frenar al pueblo catalán en otoño de 2017.

«Es una de las grandes lecciones que deja el 1-O, que visto con perspectiva cobra más valor. Una gran lección para el futuro. Hay un camino de confrontación y de inteligencia que derrota al Estado. Podemos vencer a un Estado todopoderoso, que lo movilizó todo, con todos los recursos, y no pudo frenar el pueblo catalán», ha sostenido en un video emitido en el acto que la ANC ha organizado en Ille (Francia) para celebrar el cuarto aniversario del 1-O.

Para Puigdemont, los catalanes tienen la responsabilidad de seguir recorriendo este camino en pro de las futuras generaciones, y ha pedido no desfallecer en este propósito «para que sepan que hay caminos de victoria».

Según él, se intenta que todo lo que representó el 1-O, que todos los que lo protagonizaron y que sus efectos políticos queden neutralizados: «Lo llaman ahora pasar página. Tenemos que hacer todo lo contrario»

Y es que, ha asegurado, millones de catalanes quieren hacer «de las urnas y las papeletas las herramientas con las que resolver cualquier discrepancia», ya sea la vinculación o no de Cataluña al Estado u otras cuestiones.

«VICTORIA HISTÓRICA»

Tras agradecer el papel jugado en el 1-O por poblaciones como Ille –ubicada en lo que los independentistas llaman ‘Cataluña Nord’–, ha defendido que fue una «victoria histórica» del pueblo catalán ante el Estado, al que ha acusado de ejercer una violencia que, en su opinión, los catalanes no olvidarán.

«Se salió de las reglas de juego de lo que es el comportamiento de una democracia, y puso en peligro y tensión lo que es una UE democrática», ha sostenido el expresidente, que ha intervenido antes de que lo hicieran la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, y la alcaldesa de Banys d’Arles (Francia), Marie Costa.

Durante el acto, los asistentes han coreado lemas como ‘1 de octubre, ni olvido ni perdón’, ‘in-inde-independencia’ y también han aplaudido la intervención de Puigdemont.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que «se confirme» la próxima entrada en funcionamiento del servicio alta velocidad que conectará Galicia y Madrid, pero ha remarcado que «falta por conocer» el «tiempo de conexión real» entre las ciudades de la Comunidad y la capital.

Así se ha manifestado, preguntado por los medios, tras la clausura del III Foro La Toja-Vínculo Atlántico, durante la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que el último tramo de la línea de alta velocidad entre la Comunidad y Madrid, el comprendido entre Pedralba y Ourense, estará listo en diciembre.

A este respecto, el titular del Ejecutivo autonómico ha destacado que el anuncio de Sánchez representa la «confirmación» del compromiso trasladado por el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, respecto a la entrada en funcionamiento del servicio de alta velocidad durante este año.

De este modo, Feijóo ha señalado que «se confirma» que Galicia «podrá estar en igualdad de condiciones que Levante, Cataluña, Andalucía, las dos castillas, Valencia y el resto de comunidades» y ha valorado que se haya ratificado que los plazos trasladados por Ábalos eran aquellos «en los que el Gobierno estaba trabajando».

En todo caso, ha recalcado que falta por conocer «el tiempo de conexión real» entre Galicia y Madrid dado que se precisa de «un material rodante que se está construyendo y que haga un cambio de ancho de vía, de ancho ibérico a internacional».

En este sentido, ha advertido de que sin la entrega de este material, cuya fecha ha incidido en que no ha sido trasladada por el Gobierno, «no se podrán cumplir las tres horas desde todas las ciudades» a la capital.

«COMPROMISO» DE COSTA

Por otra parte, el presidente gallego ha resaltado el «compromiso» del primer ministro portugués, Antonio Costa, con la conexión de alta velocidad desde A Coruña hasta Oporto y Lisboa a través del Eje Atlántico. Así, ha valorado esta «decisión estratégica» del Gobierno luso, que ha asegurado que la Xunta «comparte plenamente».

Así las cosas, ha apuntado que «le corresponde ya a los estados acreditar que en 2030 se pueda tener ese tren funcionando» y que este posibilite llegar a Lisboa desde A Coruña «en un tiempo francamente óptimo».

Los detenidos durante las fiestas de La Mercè en Barcelona no están relacionados entre ellos, la mitad tenía antecedentes policiales y los Mossos d’Esquadra descarta que hayan participado en actividades criminales organizadas.

Los Mossos han explicado en un comunicado este viernes que durante las tres noches de fiestas arrestaron en total a 70 personas, de las que 34 tenían antecedentes policiales por robos, hurtos y atentado a agentes, mientras que la otra mitad de detenidos no tenía antecedentes.

Entre los arrestados –todos ya en libertad– hay un menor de 13 años, inimputable por tener menos de 14, y un hombre que se presentó en comisaría y se autoinculpó de desórdenes y daños.

A pesar de que los Mossos no han encontrado relaciones relevantes entre los detenidos, mantienen abierta una investigación para encontrar a otras personas que participaron en los altercados, «delincuentes especializados que en algunos momentos actuaron en grupo para crear confusión».

Respecto al perfil de los arrestados, han explicado que hay 62 hombres (43 adultos y 19 menores) y 8 mujeres (6 adultas y 2 menores); de los 70, 45 son españoles y el resto extranjeros, y la mayoría no viven en Barcelona sino en ciudades del área metropolitana.

Los delitos por los que los Mossos han puesto más denuncias durante La Mercè han sido los robos con violencia e intimidación (22%), los desórdenes (19%), los robos con fuerza (17%), las lesiones (13%) y los daños (12%).

Durante la primera noche hubo 14 heridos por arma blanca o con cortes de cristales que había en la zona y ninguno las dos siguientes noches, y durante las tres noches se denunció ninguna violación.

El periodista Pedro Piqueras recogerá el XXI Premio de Comunicación ‘Manuel Alonso Vicedo’ el próximo 8 de octubre en la localidad sevillana de Gerena.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Gerena informa de que la ceremonia tendrá lugar en la Hacienda Torreón Nazarí y contará con la asistencia de 250 invitados. El jurado ha valorado la trayectoria, independencia y estilo profesional de Piqueras, «uno de los presentadores de informativos más prestigiosos de la televisión en España».

Además, el jurado ha otorgado un premio especial a Tele Gerena por sus tres décadas de vida y por el papel que ha jugado durante el confinamiento al servicio de la comunidad local. El galardón está organizado por el Ayuntamiento de Gerena y la Diputación de Sevilla, y cuenta con el patrocinio de la Fundación Cobre Las Cruces. El año pasado no se celebró debido a la pandemia.

El jurado está integrado por representantes de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación para el Progreso de la Comunicación, la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla y periodistas de diversos ámbitos. También forman parte del jurado el alcalde de Gerena, Javier Fernández, y el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Alejandro Moyano.

Pedro Piqueras nació en Albacete en 1955. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En 1977 entró a formar parte de la plantilla de Radio Nacional de España. En 1988 pasa a presentar y dirigir el Telediario de TVE. En 1993 se unió a Antena 3 como conductor de los informativos y del programa ‘Espejo Público’.

En 2004 fue nombrado director de RNE y en 2006 Tele 5 ficha a Pedro Piqueras como director de Informativos de la cadena y presenta las noticias de las 21,00 horas, siendo líder de audiencia en la actualidad. Ha ganado el Premio Ondas, tres Antena de Oro, el Nacional de Periodismo Pedro Antonio Alarcón y el Eisenhower por la defensa de la libertad de prensa en Nueva York. En la ceremonia de entrega, Pedro Piqueras será presentado por el también periodista Tom Martín Benítez, que disertará sobre la trayectoria profesional y personal del galardonado.

Por su parte, Tele Gerena recibe el premio especial del jurado en reconocimiento a su trayectoria de tres décadas al servicio de la localidad, contribuyendo a afianzar el sentimiento de pertenencia a la comunidad, así como por el papel desempeñado durante el estado de alarma por el Covid-19 con una programación especial de reportajes para el recuerdo que han ayudado a hacer más llevadero el confinamiento.

Además, el jurado ha resaltado su carácter solidario, ya que la cadena local ha proporcionado Internet gratuito a familias con pocos recursos para que sus hijos pudieran seguir las clases ‘on line’ del colegio. Este premio especial quiere simbolizar también el apoyo a los medios locales, que representan la comunicación más cercana y de servicio público.

El Premio de Comunicación ‘Manuel Alonso Vicedo’ está organizado conjuntamente por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Gerena, localidad natal del periodista que le da nombre y al que rinde homenaje a quien fuera director de Radio Sevilla-Cadena SER, ganador de cuatro premios Ondas y que falleció a los 33 años en un accidente de tráfico.

Los profesionales de la comunicación premiados en las ediciones que se han celebrado hasta ahora, desde su instauración en el año 2000, son: Iñaki Gabilondo, José Antonio Sánchez Araujo, Tom Martín Benítez, Jesús Quintero, María Esperanza Sánchez, Lorenzo Milá, Ana Rosa Quintana, Matías Prats, Ana Blanco, Rosa María Calaf, Gemma Nierga, María Teresa Campos, Ezequiel Martínez, Pepa Bueno, Javier Gutiérrez y la RTVA por su 25 aniversario, El Gran Wyoming, Carlos Herrera, Julia Otero, Luis del Olmo y Rosa María Mateo. Todos ellos han recibido personalmente la escultura del artista Antonio Polo, que es el símbolo oficial del Premio Manuel Alonso Vicedo.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha reconocido este viernes que la entidad está dolida por las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la propuesta de reforma de la Constitución para eliminar el término ‘disminuido’ de la Carta Magna y modificar el artículo 49.

«Nos duele porque se quiebra el principio de adhesión general a los valores que quieren ver implantados las personas con discapacidad», ha declarado Pérez Bueno.

A su juicio, en esta modificación, que el CERMI lleva impulsando desde 2004, esperaban «consenso» y «respaldo» e, incluso, «unanimidad» en un tema que, ha recordado, va sobre «la inclusión de las personas con discapacidad» y sobre «unos derechos» que, a su juicio, cualquier persona que «comparta valores democráticos» de «respeto y dignidad inherentes a todas las personas, tendría que compartir».

Del mismo modo, ha recordado que esta iniciativa no cuenta con «una línea política marcada» sino que es «parte del bien común». En su opinión, esta reforma «que no tiene que levantar ningún recelo en nadie» pues, ha explicado, «es una mejora de país» y un «logro de la sociedad a través de una mejor regulación y ordenamiento de la Constitución con las personas con discapacidad».

UN LLAMAMIENTO A LOS PARTIDOS

Pérez Bueno ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas a trabajar en este cambio y se ha ofrecido a «desplegar» toda la capacidad «de persuasión» de la entidad que preside para «llegar a quienes tengan dudas o planteen dificultades».

Al respecto, ha recordado que «quedan meses por delante» y se ha mostrado optimista en poder «revertir la falta de apoyo en algunos grupos» parlamentarios. Y, en este sentido, ha reconocido que es «esencial» que el PP «se sume» y se «sienta partícipe» en esta iniciativa. «Puede presentar enmiendas de mejora y elevar el nivel del fondo y de la forma», ha recordado el presidente del CERMI.

Pérez Bueno ha explicado que el proceso en una reforma constitucional es «lento», «llevamos más de una década en ello», ha recordado, antes de indicar que son «optimistas» porque el texto ya ha llegado a las Cortes y ha pasado relativamente bien el corte del debate a la totalidad.

En este sentido, se ha referido a un argumento escuchado durante el debate en el Congreso referente a que la «Constitución por sí misma no arregla la vida de nadie». Sin embargo, Pérez Bueno ha recordado que el hecho de que «no arregle inmediatamente la vida no significa que no haya constituciones, leyes o estados de derecho» y que, si los hay, estos deben ser «en los mejores términos».

«No nos vale cualquier término», ha recordado Pérez Bueno, quien ha señalado que no aceptarán una palabra, ‘disminuido’, que tiene la visión o el enfoque de hace 40 años. Según ha explicado, desde hace dos década se ha producido una «revolución» en el sector de la discapacidad que debe tener su «reflejo» en la Carta Magna, «al menos para los próximos 30 o 40 años».

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha condenado al que fuera director de Funciones Corporativas de Iberdrola Antonio del Olmo por la obtención y la difusión de facturas de la compañía que fueron claves en el caso ‘Tándem’ sobre los presuntos encargos al comisario José Manuel Villarejo. El exempleado deberá devolver los documentos y publicar su sentencia de condena «con al menos la misma difusión» que tuvo la revelación de los papeles sustraídos.

En la sentencia, el tribunal considera probado que Del Olmo obtuvo de forma ilícita las copias y se las facilitó al medio de comunicación que luego hizo públicas las facturas. «Porque no ha quedado demostrado ni ha sido aportado indicio alguno de que otros estuviesen en disposición de hacerlo», justifica el escrito.

Así, la sentencia recuerda que Del Olmo reconoce que realizó copia de las facturas confidenciales, las conservó en su despacho, las depositó ante notario cuando todavía era el controller de Iberdrola (en el 2004), y luego, tras su jubilación (2016) se llevó a su casa estas copias.

Iberdrola se querelló contra su extrabajador en 2020 en un juzgado de instrucción de Bilbao, aunque el asunto fue absorbido por la Audiencia Nacional. La compañía le acusaba de elaborar y difundir un informe falso -para el que se habría valido de esas facturas– donde Del Olmo reflejaría presuntas irregularidades en uno de los supuestos encargos de realizados por la entidad a Villarejo.

En un auto del pasado 9 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, decidió archivar la querella contra Del Olmo sin entrar en el fondo del asunto al entender que los hechos denunciados ya habrían prescrito.

Aquí, el magistrado indaga en los diversos encargos que la eléctrica habría hecho a Villarejo desde 2004. Recientemente, ha imputado al presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán, y a Iberdrola Renovables por el llamado proyecto ‘Wind’, donde el cometido habría sido investigar a una eólica suiza con la que la mercantil se alió para proyectos en Rumanía y con la que surgieron problemas.

NO PUSO LAS FACTURAS A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES

En este contexto, la sentencia recoge que Del Olmo se adueñó de esos papeles sin el consentimiento del titular del secreto, que era la empresa. «Ni estaba en sus funciones guardarse estas copias en su despacho, ni estaba autorizado a depositarlas ante notario o a sacarlas de las oficinas de la mercantil para la que trabajaba (al menos no se han acreditado estos extremos), por lo que obtiene ilícitamente la información empresarial secreta», recoge el fallo.

Para el tribunal «basta esta conducta para estimar la violación» llevada a cabo por Del Olmo, que no encuentra «causa alguna» para ser justificada. Y lo considera así porque el extrabajador «conservó en su casa las facturas y las depositó ante notario, no las puso a disposición de las autoridades para descubrir alguna actividad ilegal».

«Lo hizo, según dice en el juicio ‘por su seguridad’, y las pone a disposición de la autoridad judicial ‘cuando se lo piden los fiscales’. Su conducta no encuentra encaje en ninguna de las circunstancias que justifican la apropiación de la información confidencial«, insiste la sentencia.

Por todo ello, Del Olmo ha sido condenado a la cesación y prohibición de nuevos actos de violación de secretos empresariales de Iberdrola, la entrega de los documentos robados y a la publicación de la sentencia de condena con al menos la misma difusión pública que tuvo la revelación ilícita objeto de la presente demandada, costeando el demandado los gastos de dicha publicación. Además, deberá abonar las costas del procedimiento.

El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación, financiará con 40 millones de euros 374 proyectos de la convocatoria 2021 de Proyectos de I+D+I para la realización de ‘Pruebas de Concepto’.

Esta nueva convocatoria tiene como finalidad fomentar y acelerar la transferencia de conocimientos y resultados generados en proyectos de investigación de otras convocatorias, en concreto, de las de proyectos de I+D de ‘Excelencia’ o de ‘Generación de Conocimiento’, de proyectos de I+D+I ‘Retos Investigación’ y de proyectos de investigación fundamental orientada.

Así, a través la propuesta de resolución provisional de esta convocatoria se financiarán 374 proyectos, seleccionados en régimen de concurrencia competitiva de un total de 954 presentados.

Se sufragará, por tanto, el 40% de los proyectos, siendo la cuantía media de 106.437 euros por proyecto aprobado. Sus beneficiarios son organismos públicos de investigación, universidades, entidades e instituciones sanitarias, Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica y centros de I+D+I.

GARANTIZAR TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

El Ministerio informa de que, las actuaciones, bajo la forma de subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado estarán financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, y serán ejecutadas en las modalidades de proyecto individual o coordinado, por equipos de investigación dirigidos por uno o dos investigadores principales.

Además, apunta que la duración de los proyectos será de dos años y la fecha de inicio del período de ejecución será el 1 de diciembre de 2021.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha explicado que esta convocatoria de nueva creación responde a la necesidad de «garantizar la transferencia de conocimiento», una «cadena vital» que, según ha señalado, «permite que los resultados científicos se conviertan, mediante procesos de innovación y posterior industrialización, en mejores productos y servicios» y que «generen bienestar y progreso a la sociedad».

El Ministerio ha informado de que está previsto que el próximo año se lance una nueva convocatoria de estas características.

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido elaborar una Ley integral de derechos de las personas mayores que les proteja en los ámbitos de salud, vivienda y económico, entre otros, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este viernes 1 de octubre.

«Es muy importante iniciar un debate para después plasmarlo en una futura ley integral de derechos de las personas mayores. Esta debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio», subrayan los sindicatos en un manifiesto que han registrado en el Congreso.

Los sindicatos UGT y CCOO comienzan el manifiesto haciendo un recuerdo para las miles de personas fallecidas por coronavirus, la mayoría de ellas mayores.

«La pandemia ha sido especialmente cruel con nuestro colectivo, sin duda el más castigado por la virulencia de la pandemia, solo en las residencias de mayores se ha producido un desastroso impacto que ha segado más de 30.000 vidas, hoy seguimos manteniendo nuestra creencia de que muchas de estas vidas se podían haber salvado», subrayan.

En este sentido, siguen «planteando la necesidad de investigar judicialmente lo ocurrido» en el colectivo de las personas mayores durante la pandemia «y la exigencia de responsabilidades de quienes debían de haber tomado las decisiones necesarias para evitar el brutal resultado provocado por la inacción o acción errónea política y sanitaria durante la pandemia en este ámbito».

DISCRIMINADAS Y EXCLUIDAS

Para CCOO y UGT, las personas mayores, a pesar de contribuir desde diferentes ámbitos al desarrollo económico y social, siguen siendo «discriminadas y excluidas de la sociedad».

«Debemos superar definitivamente el edadismo, superar prejuicios, para obtener una población más activa social y económicamente, una sociedad que se sienta protegida y que se le permita envejecer de la forma más saludable posible», subrayan.

También piden facilidades para que las personas mayores puedan cumplir su deseo de envejecer en sus casas, mejorando la accesibilidad de las viviendas –alrededor de 5 millones de edificios no cuentan con ascensor–; y asegurando la atención domiciliaria a quienes lo necesiten.

Para ello, emplazan a los asistentes sociales pertenecientes a las respectivas consejerías de servicios sociales o administraciones locales a valorar las situaciones personales y sociales de las personas usuarias, y no las empresas que actualmente prestan estos servicios.

Igualmente, subrayan la importancia de seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones y de incrementar las pensiones más bajas pues, según precisan, un 25,64% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo del nivel de pobreza relativa.

En este sentido, consideran que el último acuerdo es «muy importante» pues «se elimina el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba las subidas anuales al 0,25%, se elimina el factor de sostenibilidad, mejorando las pensiones de futuras generaciones de pensionistas y reforzando el pacto intergeneracional» y «el Estado asume los mal denominados gastos impropios de la Seguridad Social».

Asimismo, los sindicatos aseguran que se seguirán movilizando contra la pobreza energética, «pues el precio de la luz es desorbitado». Por ello, piden que se implanten medidas específicas para la población más vulnerable, ampliar y reforzar el bono social para las personas vulnerables, extender el plazo de moratoria a los cortes de luz o aplicar una tarifa más baja para un consumo mínimo vital en los primeros KWh consumidos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que la normativa gallega ha permitido ahora poner en marcha el certificado covid como requisito en el ocio nocturno y ha reprochado que el Gobierno central no legislase sobre esta materia, lo que, a su juicio, hubiese permitido a España haber implantado este pasaporte en el ámbito turístico durante el verano.

«Estamos muy satisfechos. Galicia es el único territorio de España en el que podemos usar el certificado con una sentencia del Tribunal Supremo que lo avala y que el TSXG lo concreta en relación aforos del ocio nocturno», ha subrayado, en declaraciones a los medios este viernes, el mandatario autonómico.

Para Feijóo, «es evidente que si en toda España hubiese tenido este certificado covid, si hubiese una ley que amparase el certificado como en Portugal y Francia», el conjunto del país «hubiese tenido más ingresos en la época turística».

«Si en los meses de julio y agosto hubiésemos podido usar el certificado covid en ayuntamientos con alta incidencia, es evidente que no hubiésemos tenido que tener cerrado ningún hotel, ninguna cafetería, ningún restaurante. Y hoy tendríamos muchas más divisas y más ingresos», ha aseverado, en declaraciones a los medios, en A Toxa, en donde ha participado en el foro organizado estos días en la isla de O Grove.

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR NO LEGISLAR

Feijóo ha vuelto a lamentar que el Gobierno central «decidió no legislar», frente a Galicia, que «decidió hacerlo». «Y al final, hemos obtenido el respaldo del Tribunal Supremo y esta mañana (por la de este viernes) la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en lo que se refiere a los aforos del ocio nocturno», ha destacado.

El presidente de la Xunta ha incidido en que se trata de una «muy buena medida» y que «va a permitir abrir más, incrementar los aforos» y, todo ello, dando «seguridad a las personas y a las personas que trabajan en esos lugares, a través del certificado de vacunación», porque estarán en un ambiente «seguro». «Y esto permite más aforo, más actividad económica y más seguridad», ha sentenciado.