La Comunidad de Madrid ha notificado 3.207 nuevos casos de Covid, 2.369 de las últimas 24 horas, y 19 fallecidos en los hospitales madrileños, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del miércoles fueron notificados 3.525 nuevos casos de Covid-19 (318 más), 2.793 de ellos las últimas 24 horas, y 20 fallecidos en los hospitales madrileños (uno más), mientras que el jueves de la semana precedente se contabilizaron 5.529 nuevos contagios (2.322 más), 4.166 del último día, y 27 muertos (ocho más).

El número de hospitalizados se sitúa hoy en 1.283 (74 menos que ayer) y 205 en la UCI (dos menos), mientras que 177 pacientes han recibido el alta. El número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.224.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 1.580.498 positivos, un total de 144.125 casos han requerido hospitalización, 15.094 han precisado UCI y 127.702 (acumuladas) han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 1.389.576.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 27.529, de los cuales 5.194 han sido en centros sociosanitarios, 20.713 en hospitales, 1.583 en domicilios y 39 en otros lugares.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, se han administrado un total de 13.408.350 dosis de las 13.354.445 recibidas, con 5.492.517 primeras dosis, 5.117.509 segundas dosis registradas y 237.060 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 2.561.264 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 81,8%. Teniendo en cuenta solo la población mayor de 12 años, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 93,2%, mientras que el 94,7% cuenta con al menos una dosis.

Con el arranque de la vacunación infantil, el porcentaje de población mayor de 5 años con al menos una dosis es de 91,2%, mientras que el 86,5% cuenta con pauta completa.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha tomado este jueves declaración a la mujer investigada por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir el régimen de custodia compartida que pesaba sobre sus hijos, de 14 y 12 años de edad, en un contexto en el que la mujer se negaba a que fuesen vacunados, una comparecencia solicitada por la propia encartada después de que en su citación inicial se acogiese a su derecho a no declarar.

Según ha manifestado el abogado del padre de los menores, José Javier Toucedo, la investigada ha comparecido ante la juez instructora cerca de 20 minutos, sin acceder a responder a las preguntas de la acusación particular ejercida por el progenitor de los niños y denunciante del caso. Durante su comparecencia, según ha indicado, la encartada habría alegado que actuó para intentar proteger a sus hijos de cualquier "daño" relacionado con la vacunación frente al Covid-19.

La encartada habría alegado tal extremo, después de que en sus comparecencias iniciales ante el juzgado en calidad de investigados, esta mujer y su actual pareja se acogiesen en ambos casos a su derecho constitucional a no declarar, tras lo cual la acusación particular que ejerce el padre de los menores solicitaba para los dos la medida de prisión provisional.

Para pedir tal medida provisional, la acusación particular esgrimía el alcance de las posibles condenas a cuenta de los hechos investigados y la desaparición previa de la mujer junto con los niños, considerando que pesa un "riesgo de sustracción de la justicia". Subsidiariamente, la acusación particular reclama la obligación de los investigados de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Recordemos que recientemente, el padre de estos dos menores de 14 y 12 años de edad denunciaba la desaparición de los mismos en el cuartel de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache, haciéndose finalmente cargo del asunto la Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, donde reside el padre de los menores y denunciante del caso.

DESDE NOVIEMBRE

Habría sido a comienzos de noviembre cuando la madre de los niños habría incumplido su obligación de entregar los mismos a su padre merced al régimen de custodia compartida que regía sobre ellos, una situación que persistía hasta entonces, derivando ello de la negativa de la mujer a que sus hijos fuesen vacunados contra el Covid-19 pese a estar en marcha la vacunación para la población infantil.

La denuncia, en ese sentido, fue formulada después de que el padre de los menores tuviese constancia de la desaparición de los menores, pues este hombre pensaba que tras dejar el domicilio habitual de la madre, ubicado en Tomares, los niños seguían junto a ella en Jerez de la Frontera (Cádiz), si bien finalmente habría comprobado que los menores tampoco estaban allí.

En paralelo, la representación judicial de este hombre indicaba días atrás que pesa una resolución del Juzgado de Familia número 17 de Sevilla que ante la postura de la madre, dictaba la retirada del régimen de custodia compartida que pesaba sobre los menores y la atribución temporal de la custodia al padre.

EN PORTUGAL

Según informaban fuentes de la Guardia Civil, tras la denuncia del progenitor, los investigadores lograron averiguar el paradero de los niños, situándolos en un municipio de Portugal. Es más, el mismo 4 de enero, los agentes visitaban la propia calle de dicho municipio lusitano donde se alza el inmueble donde estaban los menores, con la colaboración de las fuerzas policiales de Portugal.

Tras ello, la madre de los niños hizo entrega de ambos el pasado día 5 en sede judicial, en Sevilla. Con motivo de ello, la Guardia Civil la detuvo para su puesta a disposición judicial, toda vez que los menores han sido entregados a su padre, quien como ha sido señalado cuenta temporalmente con la plena atribución de la custodia.

Canarias ha registrado seis fallecidos y 1.079 contagios de coronavirus COVID-19 que elevan el total de casos acumulados a 275.245, de los que 16.583 están activos, de los cuales 55 están ingresados en UCI y 444 permanecen hospitalizados.

Según informa la Consejería de Sanidad, sobre las muertes, los fallecidos tenían entre 75 y los 95 años, excepto un caso de 66 años, de los que cuatro se notificaron en Tenerife y dos en Gran Canaria.

Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. Por ajuste estadístico, baja un fallecido en la isla de Lanzarote.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 238,24 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 530,34 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife sumó 433 casos con un total de 127.291 casos acumulados y 6.536 casos activos epidemiológicamente; y Gran Canaria cuenta con 102.413 casos acumulados, 400 más que el día anterior, y 7.820 activos.

Lanzarote ha tenido 81 nuevos casos con 19.150 acumulados y 392 activos epidemiológicamente; y Fuerteventura tiene 13.804 casos acumulados, con 109 casos nuevos y 1.341 activos.

La Palma sumó 41 nuevos positivos por lo que tiene 9.225 acumulados diez nuevos positivos; El Hierro ha tenido 10 casos, por lo que sus acumulados son 1.710 y tiene 31 casos activos; y La Gomera suma cuatro nuevos casos, por lo que tiene 1.651 acumulados y sus activos son 100.

Por su parte, la suma de los casos acumulados por islas refleja un positivo menos que el cómputo global, por tratarse de un caso pendiente de validación por la Dirección General de Salud Pública.

Finalmente, hasta hoy se ha realizado un total de 3.201.100 de pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 5.643 se corresponden al día de ayer.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este jueves en su petición de que se amplíe la búsqueda de los 12 tripulantes que permanecen desaparecidos tras el naufragio del 'Villa de Pitanxo', que ha dejado tres supervivientes y los cuerpos de otros nueve marineros localizados sin vida.

En la línea de las manifestaciones que ya había realizado en una intervención previa, el presidente gallego ha ratificado que la Xunta ha trasladado a La Moncloa la propuesta de que se amplíe la búsqueda y ha sugerido que esta se podría materializar "con medios propios o ajenos".

De forma más precisa, ha señalado que el Ejecutivo central puede pedir a Canadá una ampliación por vía diplomática o "tomar decisiones de medios propios".

En todo caso, ha asegurado que no tiene "interés" en polemizar con el Gobierno de España, que ya ha trasladado que mantiene contacto con las autoridades canadienses, y ha admitido, sobre la posibilidad de el recurso de medios aéreos, que se trata de un asunto "muy complejo" ya que el hundimiento se produjo en aguas NAFO.

También ha remarcado la postura de las autoridades canadienses, que "entienden que acabaron la ejecución" de sus protocolos, pero ha advertido que en España y Galicia es "difícil" de asumir ya que las búsquedas suelen ser más prolongadas.

"DIFÍCIL EXPLICAR A TANTAS FAMILIAS QUE SE DAN POR PERDIDAS LAS VIDAS"

"Es difícil explicar a tantas familias que ya damos por perdidas las vidas", ha remarcado, tras reafirmarse en que el fin de la búsqueda es "una mala noticia". Ahora, ha añadido, toca trabajar para que los supervivientes y también los cuerpos sin vida de los fallecidos puedan ser trasladados a España "cuanto antes".

Entre tanto, ha vuelto a remitirse al protocolo de atención a las familias de las víctimas, con un papel clave de los psicólogos, y en el que también están implicadas autoridades de la Xunta con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, al frente.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha avanzado este jueves que su partido estudiará medidas legales para conocer si en la Comunidad de Madrid se "reparten contratos a dedo" entre familiares.

Así lo ha trasladado Alonso en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que se haya conocido que se pidió a un despacho de detectives investigar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para intentar acreditar su mediación en un contrato público.

"Estamos acostumbrados en el PP a sus guerras internas, espionajes y utilización de fondos públicos con motivos espurios o bien para repartirlos en forma de contratos en familiares y amigos. Da absoluta vergüenza que utilicen recursos públicos para repartir contratos a dedo entre familiares y amigos", ha lanzado.

La portavoz de Unidas Podemos ha avisado de que seguirán investigando, par lo que han vuelto a registrar la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia para depurar todas las responsabilidades.

"No descartamos emprender algún tipo de medida legal porque la situación en la que estamos nos abochorna y avergüenza. Parece que estamos siendo gobernados por la mafia siciliana. La Fiscalía de Madrid debería estar actuando de oficio", ha zanjado.

Aldeas Infantiles SOS ha advertido este jueves de las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 han impactado de forma directa en la vida de muchos niños: Más de 1,1 millones de niños se han quedado huérfanos por la crisis sanitaria en todo el mundo, 2.669 de ellos en España.

La organización ha hecho público este dato, recogido por un estudio de la revista médica 'The Lancet', con motivo del Día Internacional del Cuidado Alternativo (Care Day), que se celebra este viernes 18 de febrero, y en el que Aldeas Infantiles SOS quiere transmitir la necesidad de garantizar el bienestar y la protección de estos menores que, de forma repentina, se han visto privados del cuidado parental.

"La pandemia no solo ha disparado la desigualdad y se ha cebado con los hogares más vulnerables, sino que para muchos niños y niñas ha supuesto, además, la pérdida de familiares como padres o abuelos, con las consecuencias psicológicas que supone para estos menores el hecho de perder de forma repentina a sus adultos de referencia", ha advertido la ONG.

A su juicio, la situación que registra el estudio de 'The Lancet' es "especialmente preocupante para las familias en riesgo de vulnerabilidad", que también "se han visto golpeadas por la crisis socioeconómica derivada de la pandemia".

En este sentido, se estima que, en la actualidad "hay dos millones de personas más que en 2018 en situación de pobreza severa y 11 millones de personas viven en riesgo de exclusión social en el país", ha explicado la organización.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido a la Junta de Andalucía su "implicación y colaboración" para sacar cuanto antes la convocatoria del Bono Alquiler Joven, aprobado en el Consejo de Ministros del 18 enero y que prevé ayudas de 250 euros durante dos años para promover la emancipación de los jóvenes.

En Málaga, donde ha participado junto a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el alcalde, Francisco de la Torre, en el acto de colocación de la primera piedra de dos promociones de viviendas destinadas al alquiler, ha incidido en que el bono es "una medida fundamental para que los jóvenes puedan poner en marcha su proyecto vital, puedan acceder a una vivienda y lo hagan en unas condiciones que no suponga la merma de su economía".

Estas ayudas, ha recordado, "las deberán convocar, gestionar y conceder las comunidades autónomas, de ahí a necesidad de que la Junta vaya trabajando ya el documento para que salgan cuanto antes".

Andalucía, ha precisado Fernández, contará con el 17,1% de los 200 millones de euros con los que ha dotado el Gobierno esta línea destinada a jóvenes, es decir, cerca de 35 millones. Este reparto se ha acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo y debe que ser autorizado en Consejo de Ministros para posteriormente efectuarse la transferencia de financiación a las comunidades autónomas.

Agentes del grupo GAMA y de la 3ª Unidad de Distrito de la Policía Local de València han detenido a un joven de 21 años que presuntamente había maltratado física y psicológicamente a su exnovia y que, desde que ella rompió la relación, la acosaba continuamente en la calle, espacio de trabajo, centro de estudios, por redes sociales y por teléfono, una situación que fuentes del cuerpo municipal califican de "infierno" y que la llevó a tener miedo de salir a la calle.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero, sobre las 23.00 horas, cuando la sala del 092 recibió el aviso de que un hombre estaba acosando a su exnovia y comisionó a agentes de la Policía Local hasta una calle.

Los agentes localizaron en el lugar a un hombre, el ahora detenido, y le preguntaron lo sucedido. Éste afirmó que había mantenido una discusión con su "novia" pero que "no pasaba nada" y que la quería mucho, según han relatado fuentes de la Policía Local.

Sin embargo, los agentes obervaron que tenía sangre seca en las manos. Preguntado al respecto, el hombre manifestó que se las había causado el cuñado de su pareja.

Ante estos hechos, los agentes del grupo especializado en malos tratos se entrevistaron con la víctima, una mujer nacida en el año 2001 que les contó que el hombre era su exnovio, habían mantenido una relación sin convivencia durante cerca de un año y que había estado sufriendo un acoso continuo desde que rompió con él.

Según detalló la víctima, fue al tercer mes de relación cuando empezaron los presuntos malos tratos psicológicos, que consistieron en insultos y menosprecios. Al parecer, el hombre le decía a la mujer que estaba loca, que tenía que ir a un psiquiatra para que la curase y destruyó su autoestima.

De hecho, la víctima tuvo que acudir a Urgencias para ser asistida por ataques de ansiedad y ha aportado a los agentes los partes médicos que así lo atestiguan.

Según la mujer, el maltrato pasó a ser físico en varias ocasiones y el hombre, presuntamente, la agarró de los brazos y la estampó contra una pared. Además, al parecer amenazó de forma reiterada con suicidarse si ella terminaba la relación.

Por todo ello, la mujer decidió el año pasado terminar con la relación, pero él "no lo asumió" y la empezó a acosarla, a seguir en sus desplazamientos y a acosarla en redes sociales, antes de que ella tuviese que bloquearlo, según el relato de la víctima, que mostró a los agentes un mensaje de WhatsApp del detenido en que advertía que no se creyera que la relación "iba a acabar así como así".

El presunto acoso también se produjo en el centro donde ella estudia, hasta el punto en que la directora del mismo tuvo que prohibir el acceso al ahora detenido.

Además, la víctima y el hombre coincidían en el lugar de trabajo, donde él, al parecer, también la acosaba y amedrentaba para que no revelara la situación a sus jefes para que no lo despidieran. De hecho, el mismo día de la detención, el individuo presuntamente se hizo pasar por la mujer ante un cliente utilizando su teléfono móvil de empresa y ella tuco que contárselo a sus superiores, por lo que se había iniciado una discusión.

La mujer explicó que esa noche, al llegar a casa, se encontró al hombre en el portal y tuvo miedo, por lo que se fue a casa de su hermana, hasta donde marchó también el ahora detenido. El hombre, presuntamente, increpó a la hermana de la víctima para que le dejase a solas con su exnovia y aseguró que ella "le pertenece". Ambas mujeres se asustaron, avisaron al marido de la hermana y éste reprochó al joven su actitud y acabó empujándole.

La víctima también ha manifestado a los agentes que tiene miedo de salir a la calle, que teme agresiones físicas y que siempre procura salir acompañada de un amigo o familiar. Si no puede ser así, ha explicado que muchas veces opta por no salir a la calle sola.

Ante el testimonio de la mujer los agentes de la Policía Local arrestaron al hombre como un presunto autor de un delito de violencia de género. Ella ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Toda víctima de violencia machista tiene a su disposición a los especialistas del teléfono de atención 016, que es gratuito y no figura en la factura telefónica, aunque debe ser borrado del historial del terminal.

Aragón registra en estos momentos una incidencia de 478 casos por 100.000 habitantes a siete días, un 41 por ciento menos que la pasada semana, cuando esta tasa era de 814. De este modo, la comunidad mantiene la tendencia descendente de las últimas semanas tras haber alcanzado el pico de esta séptima oleada el pasado 13 de enero, cuando la incidencia a siete días era de 3.295 casos por 100.000 habitantes.

Por provincias, en estos momentos Zaragoza acumula una incidencia a siete días de 460 casos; Huesca de 566; y Teruel, 450 casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Teruel se sitúa en 427 casos por 100.000 habitantes a 7 días, Zaragoza en 471 y Huesca, en 520, ha señalado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Por edades, los jóvenes presentan ahora las mayores tasas, tras el descenso de la incidencia en los grupos pediátricos. De este modo, se registran 773 casos por 100.000 habitantes en la franja de edad de 15 a 24 años y 537 en el grupo de 1 a 14 años. La incidencia más baja se sitúa en el grupo de edad de 65 a 74 años, con 354 casos por 100.000 habitantes a siete días.

En números absolutos, Aragón acumula desde el inicio de la pandemia un total de 391.793 casos confirmados de COVID-19, de los que 349.924 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad y tras la revisión semanal, en Aragón se han registrado desde el inicio de la pandemia 4.695 fallecidos.

En cuanto a otros indicadores, el índice de reproducción básico se mantiene en 0,6 para el conjunto de la comunidad aragonesa.

HOSPITALIZACIÓN Y CONTACTOS

La cifra de contactos en seguimiento desde Atención Primaria asciende a 1.949 --4.088 la semana anterior--. Las atenciones en urgencias por este motivo han pasado de 480 diarias en el pico de esta oleada a 55 en toda la comunidad. Y en Atención Primaria se ha pasado de atender a 9.000 casos sospechosos al día a 915.

En cuanto a la hospitalización, actualmente se registran 406 pacientes COVID ingresados en los centros aragoneses --533 la pasada semana--. Del total, 56 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos --60 la semana anterior-- y 350 en hospitalización convencional.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

En estos momentos, en las residencias de personas mayores de Aragón hay 138 brotes abiertos, que afectan a 4.329 personas: 3.412 residentes y 917 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En 21 centros solo hay afectados residentes; en 7 solo hay trabajadores positivos, y en 110 hay trabajadores y residentes.

A día de hoy, hay 95 personas hospitalizadas. En esta séptima onda epidémica han fallecido 79 personas.

El Gobierno, Catalunya, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura han impulsado conjuntamente el Plan Complementario de Biotecnología, un programa de investigación para desarrollar las terapias avanzadas y la medicina de precisión a través de la ciencia y la innovación.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha detallado este jueves durante la presentación de dicho plan en el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) que cuenta con un presupuesto total de 32 millones de euros, de los cuales 16 millones proceden del Ejecutivo central.

Morant ha reivindicado que "este ejercicio de coordinación científico-técnica no tiene precedentes" en España y ha asegurado que se consolidará con la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha previsto que el Consejo de Ministros apruebe el viernes.

El director del IBEC, Josep Samitier, ha explicado que el programa despliega seis "grandes" líneas de actuación: la criomicroscopía electrónica aplicada a la medicina personalizada; la implementación y análisis de bases de datos en medicina de precisión; y la plataforma de cribado de fármacos y análisis interacciones fármaco-diana.

Los otras líneas son el desarrollo de modelos biológicos para cribado y estudio de la actividad de moléculas terapéuticas; el desarrollo de nanofármacos, biodistribución, toxicidad y acciones terapéuticas en modelos de patología; y las técnicas y procesos para terapias avanzadas y dirigidas, formación quirúrgica y robótica médica.

GEIS

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, ha celebrado la formalización del plan pero ha pedido a Morant que se mejoren los mecanismos de cogobernanza y cogestión de los programas de investigación porque considera que esta primera edición de los planes complementarios "tiene margen de mejora".

Geis también ha abogado por que la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación no entre en colisión con la Ley de la ciencia de Catalunya, que ya está en trámite parlamentario y "en pocos meses será una realidad.

OTRAS CCAA

La viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del País Vasco, Estibaliz Hernández, ha destacado que estos planes complementarios ofrecen la posibilidad al País Vasco de impulsar avances tecnológicos a la par que suponen una "oportunidad" para explorar colaboraciones con otros territorios.

La directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Argerey, ha felicitado al Ministerio por poner en marcha un instrumento que a su parecer contribuirá a posicionar la ciencia y el conocimiento generados en España en el ámbito internacional.

Para el director general de Uinversidades, Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, Ricardo Cuevas, el impulso de este plan complementario entre el Ejecutivo central y cinco comunidades autónomas es motivo para la autoestima y el optimismo lejos de un ambiente con "demasiado ruido y malos augurios"

El director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), Francisco Miguel Sánchez Margallo, ha resaltado la "importancia" de que Extremadura participe en este plan que a su juicio servirá para seguir avanzando e investigando.

La Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un hombre por intromisión ilegítima en el derecho al honor de un examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Orense al insultarlo en una carta al director publicada en la edición impresa y digital de un periódico en 2017.

Según se desprende en el fallo con fecha del 9 de febrero, el condenado incluyó en el texto insultos, expresiones vejatorias e insinuaciones insidiosas sobre el físico, supuestos problemas psicológicos y orientación sexual del funcionario.

Ahora el TS ratifica la condena al hombre, que tendrá que pagar 3.000 euros de indemnización por daños morales al funcionario, tal como estableció el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ourense y después la Audiencia Provincial ourensana.

Según los antecedentes recogidos en la sentencia, entre abril y mayo de 2017, el demandado se examinó dos veces del permiso de conducir tipo C (camiones) en el centro donde trabajaba el demandante, sin superar las pruebas pertinentes.

Durante su estancia en dicho lugar se vio involucrado en dos incidentes con el citado examinador consistentes en recriminaciones verbales de éste hacia los alumnos, a los que llamó la atención para que abandonaran una zona donde solo podían estar acompañados de un profesor.

Cinco meses después, un periódico publicó en la sección 'Cartas al Director' un escrito del demandado en el que se recogían las expresiones contra el examinador por las cuales éste le demandó por vulneración al honor.

En su sentencia, el Supremo destaca que "la respuesta del hoy recurrente a la actuación del examinador demandante no puede tener amparo en el ejercicio constitucionalmente legítimo de la libertad de expresión". Añade que, al margen de los sentimientos del recurrente, "lo cierto es que no se ha demostrado que la conducta del demandante en los dos incidentes referidos en la carta consistiera en algo más que un exceso verbal".

"Pero", añade el Supremo, lo que dicha conducta del examinador no justificaba en modo alguno era una respuesta del demandado como la aquí enjuiciada, no fruto de un impulso sino largamente meditada --casi cinco meses después y por escrito--, ampliamente difundida y consistente en una concatenación de expresiones inequívocamente vejatorias y gratuitas en cuanto totalmente desvinculadas del comportamiento reprochado al examinador.

Los familiares de los desaparecidos en el naufragio del 'Villa Pitanxo', frente a la costa de Terranova, en Canadá, tendrán que esperar tres meses para poder iniciar la tramitación judicial para dar por fallecidos a los tripulantes cuyos cuerpos no sean recuperados. Tras la suspensión del dispositivo de búsqueda, un total de 12 miembros del barco no han sido encontrados.

El abogado Manuel Blanco Ons, cuyo despacho jurídico es especialista en siniestros marítimos, ha atendido para explicar los pasos burocráticos que se abren en este momento, tras la desaparición del barco, cuya investigación por parte de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), dependiente del Ministerio de Transportes, ya ha arrancado.

"Lo primero que procede es investigar la causa del siniestro. En primer lugar se tiene que abrir una investigación para determinar el motivo final, ya que no es lo mismo que se haya debido a causas externas o que el barco se hundiese por una maniobra inadecuada o un defecto constructivo o de reparación", ha explicado.

Al respecto del caso concreto del 'Villa de Pintaxo', el abogado ha reconocido que es "muy difícil" que se pueda reflotar el navío, por lo que es probable que se finalice la investigación con la conclusión de la causa externa.

Como siguiente aspecto, están las coberturas de las responsabilidades civiles e indemnizaciones a los afectos y víctimas. Al respecto, ha explicado que el procedimiento habitual implicaría que las compañías de seguros depositen las cuantías y que los familiares puedan acceder a estas cuantías en un "plazo razonable".

SOLICITUD FORMAL EN EL JUZGADO

Adicionalmente, los familiares de los desaparecidos tienen que realizar una solicitud formal en el juzgado --en este caso en Marín-- para solicitar que la declaración de fallecimiento de su familiar, para lo cual, la legislación actual prevé que debe hacerse a los tres meses del conocimiento del naufragio, como es este caso.

Sobre el tiempo de resolución, ha reconocido que una vez que se abre el plazo en el juzgado, depende de la tramitación que se dé en la sede judicial. "Unas son más rápidas y otras más lentas", ha apuntado, antes de lamentar dilaciones de hasta "un año" en casos que hay llevado su despacho.

FECHA DEL FALLECIMIENTO

Aunque los familiares de las víctimas puedan agruparse en alguna plataforma para sus reclamaciones, Manuel Blanco Ons ha recordado que las solicitudes deben de ser individuales, por parte del familiar inmediato --cónyuges, hijos...--, más allá de que quieran unirse.

Mientras no haya declaración de fallecimiento, se considera que la persona está viva, si bien puede ser efectiva con carácter retroactivo, es decir, la propia declaración marca la fecha efectiva de la muerte.

El Pleno del Senado ha aprobado este jueves por unanimidad una moción del grupo parlamentario popular por la que se insta al Gobierno a "impulsar el humanismo en la prestación de servicios financieros" ante la reducción del número de oficinas bancarias.

"Los que han trabajado para dejarnos un futuro próspero, los que nos dan lecciones de vida cada día y llevan toda su vida depositando sus ahorros en los bancos; no podemos dejarlos desprotegidos, merecen un respeto y un trato humano por parte de toda la sociedad y, en este caso, de los servicios financieros", ha asegurado la senadora del PP por Teruel, Carmen Pobo, durante la defensa de la moción.

En sus peticiones al Gobierno, la propuesta incluye que se promueva un servicio de calidad con tecnologías de acceso a la banca "sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras", además de la modificación del concepto de cajero automático externo convirtiéndolo en un mecanismo "más humano y amigable", simplificando su funcionamiento que permita un uso más intuitivo.

También se pide al Ejecutivo que se coordine con el Banco de España, como supervisor, y con representantes de entidades de crédito, para promover medidas como evitar que el cierre de las oficinas bancarias conlleve la desaparición de cajeros automáticos externos; incrementar el personal de apoyo a las personas con menores capacidades digitales; y la instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas mayores, embarazadas y personas dependientes.

Respecto a las demandas dirigidas a las entidades financieras, se les solicita que desarrollen espacios de convivencia en antiguas oficinas, que difundan su existencia y forma de acceso entre los clientes de mayor edad y menor capacidad tecnológica.

Asimismo, se les pide que ofrezcan a los consumidores más vulnerables la gestión de citas previas mediante atención telefónica personalizada; y que se desarrolle el concepto de "bibliobús" con cajeros automáticos en zonas rurales.

Igualmente, se insta al Gobierno a promover que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y las entidades financieras firmen convenios que permitan prestar sus servicios a través de las oficinas de Correos y unidades móviles en el mundo rural, donde no existen sucursales bancarias ni red de cajeros automáticos.

Fiscalía de Valladolid solicita casi dieciocho años de prisión para un varón de origen búlgaro, el exmilitar Kiril B.N, que en el verano de 2021 secuestró supuestamente a su expareja al no aceptar la ruptura de la relación y la mantuvo retenida durante tres días en un bosque de la localidad vallisoletana de Corrales del Duero.

El juicio por estos hechos se celebrará el próximo día 25 de febrero en la Audiencia de Valladolid cuyo banquillo no sólo lo ocuparán el citado individuo sino otras tres personas, la pareja formada por Marian B.H. y Ana A.D. y Petko M.A, de la misma nacionalidad, en el primer caso con peticiones que suman diecisiete años y siete meses de cárcel por delitos detención ilegal, maltrato habitual, lesiones, otro continuado de amenazas, tres de coacciones, otro continuado de amenazas graves y acoso.

Para los otros tres encausados, por delito de detención ilegal, la acusación pública solicita cuatro años y diez meses de privación de libertad, según informaron fuentes jurídicas.

Además de las medidas de seguridad que prohíben a los acusados comunicar o acercarse a la víctima, el fiscal del caso solicita al principal acusado que la indemnice con 50 euros por las lesiones y con otros 3.000 por daño moral, cantidad esta última que, en caso de condena, deberían también abonarle los otros tres acusados de forma conjunta y solidaria.

Los hechos tuvieron como colofón el supuesto secuestro de la víctima, Aksinia V.M, de 45 años, por parte de su entonces pareja, Kiril B.N, de 53, tras la ruptura de la relación acordada por ella ante las amenazas de muerte y maltrato físico que, presuntamente, empezó a sufrir a raíz empezar a compartir ambos vivienda en 2028 en la localidad de San Martín de Rubiales (Burgos).

La relación se deterioró gravemente, en especial desde marzo de 2021, cuando el encausado comenzó a mostrar una clara actitud de dominación sobre ella, a la que, siempre según el escrito del fiscal, no dejaba salir sola a la calle y en repetidas ocasiones le decía que la iba a matar, como durante el episodio ocurrido el 12 de junio de 2021 cuando ella asistió al cumpleaños de una amiga.

La situación llegó a tal punto que la mujer se fue a vivir finalmente a casa de su empleadora en un pueblo de Valladolid, circunstancia que Kiril no aceptó. Sus llamadas telefónicas insistentes a su expareja para que volviera a casa no dieron sus frutos.

Incluso en ese mes de junio, la mujer acudió a su antigua vivienda acompañada de otras dos personas para recoger sus pertenencias y el acusado llegó a encerrarles en casa a los tres con el fin de tratar de convencer a su exnovia para continuar la relación.

VEHÍCULO INTERCEPTADO

Dado que no lograba su propósito, Kiril se compinchó, presuntamente, con otras tres personas para secuestrar a su pareja. Para ello contactó con Petko M.A, quien normalmente trabajaba en las mismas tierras que ella y solía conducir el turismo en el que se trasladaban hasta el tajo.

Así, tras haber sido informado por Petko de la hora y trayecto seguido para trasladarse al lugar de trabajo en Mambrilla de Castrejón (Burgos), Kiril y otros dos de los acusados, la pareja formada por Marian B.H.l y Ana A.D, interceptaron a primera hora del día 7 de julio de 2021 el vehículo en el que viajaba la víctima.

El acusado cruzó su coche y logró la detención del turismo en el que viajaba su ex, a la que acto seguido introdujo a la fuerza en el suyo y, en compañía de Marian y Ana, trasladó hasta un monte. Allí quedaron solos Kiril y la víctima, a la que el primero mantuvo atada durante tres días en aquel escenario intentando convencerla para que retomara la relación, siempre con amenazas de muerte a pedradas e incluso con quitar la vida a sus hijos, que no viven en España.

Finalmente, el 9 de julio, en el marco de una amplia y complicada investigación y fruto del dispositivo de búsqueda desplegado en la comarca burgalesa de La Ribera, con apoyo de un helicóptero, se localizó en Corrales de Duero (Valladolid) el vehículo que se investigaba desde días atrás, parado en un camino terrizo, y en su interior fueron halladas el acusado y su expareja.

En el relato de hechos de la acusación pública se incluyen incluso las supuestas amenazas de muerte que el acusado realizó a la víctima estando ya en prisión. En concreto, el 24 de agosto, antes de que se le notificara la prohibición de comunicar con ella, se puso en contacto telefónica con Aksinia: "Hola cariño, te voy a matar", fue la frase que la víctima oyó al otro lado del teléfono.

El presidente del PP de Mallorca y portavoz en el Consell Insular, Llorenç Galmés, ha celebrado que la delegación del Parlamento Europeo que viajará a Baleares para investigar los casos de explotación sexual a menores tuteladas haya solicitado entrevistarse con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la presidenta del Consell, Catalina Cladera.

En declaraciones a los medios, Galmés ha expresado que "se ha acabado el oscurantismo y la falta de transparencia". "Estamos muy satisfechos y muy contentos de que, a partir de abril, Armengol y Cladera deberán dar explicaciones", ha destacado.

El portavoz 'popular' ha remarcado que a la presidenta Cladera "no le quedará otro remedio que salir y dar explicaciones de lo que realmente ha sucedido y continúa sucediendo".

Cabe recordar que el PP ha pedido hasta en cuatro ocasiones la creación de una comisión de investigación para tratar los casos de explotación a menores tuteladas. Sin embargo, Galmés ha lamentado que el equipo de gobierno de la institución "ha querido hacer política" con este tema creando una comisión política.

A su juicio, la creación de esta comisión fue una idea de Cladera para mantener "un poco satisfechos" a sus socios de gobierno --MÉS per Mallorca y Podemos--, ya que "inicialmente MÉS estaba de acuerdo con crear la comisión de investigación".

Ha destacado que si se hubiera creado dicha comisión de investigación hace más de dos años, ya habría una "conclusiones claras" de los problemas que tiene el sistema de protección de menores en Mallorca, sin embargo "solo hay unas recomendaciones genéricas de un comité de expertos inventado por el PSIB".

Según Galmés, lo que sí puso de manifiesto esta comisión de expertos "era que la institución insular tardó más de 14 meses en denunciar a Fiscalía y Policía los diferentes casos", algo que "no se puede consentir". "A día de hoy estamos igual o peor que hace dos años", ha criticado.

CASOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Preguntado por los casos en la Comunidad de Madrid, Galmés ha considerado que "se ha actuado de manera totalmente diferente a como se ha actuado en el Consell de Mallorca.

Para el 'popular', las diferencias son que en Madrid "los casos se denunciaron inmediatamente" y "la Comunidad se ha personado en la causa". Además, Madrid "ha abierto una auditoría para aclarar los defectos que hay", mientras que "Cladera se ha negado siempre a crear una auditoría", ha concluido.

El PP de Álava ha mostrado su satisfacción con la decisión del Parlamento Europeo "de no criminalizar" al vino, al evitar etiquetarlo como producto cancerígeno, una cuestión que, según ha precisado, ha impulsado el Partido Popular Europeo (PPE), que ha evitado que se calificara su consumo "responsable y moderado como perjudicial para la salud".

En un comunicado, los populares alaveses se han reafirmado "en su lucha constante de apoyo al sector vitivinícola" y han mostrado su preocupación "por las políticas que perjudican al sector".

La secretaria general del PP de Álava, Ana Salazar, ha afirmado que se tiene que respaldar al sector vitivinícola de Rioja Alavesa, el txakoli de Álava, y también a los productores de cerveza artesana, "y no ponerles trabas".

SIN "POLITIZARLO"

En este sentido, ha recordado que el 50% del PIB agrario en Álava depende de estos sectores. "Hay que dejar de politizar al sector vitivinícola, solo les perjudica este tipo de políticas", ha reafirmado la secretaria general de los populares alaveses.

También ha añadido que "se les llena la boca con el vino y el sector primario, y lo que hacen es perjudicarlo con sus ataques". Asimismo, ha insistido en que, "gracias al PP", se ha evitado que se calificarasu consumo "responsable y moderado como perjudicial para la salud"."Rechazamos el consumo abusivo de alcohol, perjudicial para la salud, y defendemos el consumo moderado", ha concluido.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 2.354 años de prisión para José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos cinco menores.

En un escrito de 31 de enero, el Ministerio Público ha reclamado la pena de 30 años de cárcel por cada uno de los 11 delitos de asesinato consumado y de 23 años por cada uno de los 88 delitos de asesinato frustrado.

En este sentido, la Fiscalía ha señalado Urrutikoetxea como autor "tanto por inducción como por cooperación necesaria" de los 99 delitos mencionados, tal y como ha adelantado El País.

En 15 folios, el fiscal Pedro Rubira ha recordado que 'Josu Ternera' "perteneció ininterrumpidamente al máximo órgano decisor de ETA, esto es, el "Comité Ejecutivo", desde 1975 hasta la fecha de su detención en la localidad de Bayona (Pirineos Atlánticos), Francia, el 12 de enero de 1989".

Según ha precisado, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de llevar a efecto "una acción terrorista de gran envergadura como respuesta a la detención del dirigente de la organización terrorista Santiago Arróspide Sarasola", alias 'Santi Potros', el 30 de septiembre de 1987 en la localidad de Anglet, en Francia.

La Fiscalía ha indicado que los máximos dirigentes de ETA, incluido 'Josu Ternera', en una reunión en el sur de Francia "resolvieron que la acción la llevaría a efecto el 'Comando Argala'" y "les ordenaron trasladarse a la ciudad de Zaragoza para colocar un automóvil-bomba en el acuartelamiento de la Guardia Civil sito en la Avenida de Cataluña de dicha capital, acuartelamiento que al propio tiempo albergaba los domicilios y familias de los miembros del Cuerpo".

El Ministerio Público ha recordado que ETA reivindicó la autoría de la acción terrorista contra la Casa-Cuartel en un comunicado publicado en el diario Eguin, de fecha 14 de diciembre de 1987, sólo tres días después de la explosión del coche-bomba.

En el marco del escrito, la Fiscalía ha solicitado que Urrutikoetxea indemnice a "las personas que aparecen en la sentencia de 21 de mayo de 2003 y en las cantidades y por los conceptos que allí se expresan, en solidaridad con los ya condenados Francisco Múgica Garmendia --'Pakito'--, José María Arregui Erostarbe --'Fitipaldi'-- y Henri Parot por razón de fallecimiento y lesiones".

También ha pedido que se suspenda el juicio oral "hasta que las autoridades judiciales francesas hagan entrega del acusado". Para dicha vista ha reclamado que se tome declaración, entre otros, al propio Henri Parot y a más de una docena de agentes y funcionarios de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policías.

AEGC PIDE 2.776 AÑOS DE PRISIÓN

Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) como primera acusación particular, a través de su abogado Jorge Piedrafita, ha solicitado la máxima pena de prisión contra 'Josu Ternera' en su escrito de acusación.

En un comunicado, la asociación ha indicado que ha pedido 2.776 años de prisión por los11 asesinatos y por los 96 asesinatos en grado de tentativa.

La AEGC considera que Urrutikoetexea fue quien "dio la orden de cometer el brutal atentado contra la casa cuartel de Zaragoza". "Consideramos que está sobradamente probado por las numerosas pruebas y así lo defenderemos en la vista donde mantendremos una acusación firme y vigilante para lograr justicia y resarcimiento de este cruel atentado a los guardias civiles y su familias", ha añadido.

DENTENCIÓN EN 2019

El procesamiento de 'Josu Ternera' ha tenido lugar después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó así otro recurso presentado por la defensa del ex jefe de ETA contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

Urrutikoetxea fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requiere por varias causas. Actualmente permanece en libertad con medidas cautelares.

Fue en septiembre de 2021 cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno puso fin a la fase de instrucción y acordó enviar el sumario, "junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes, si las hubiere", a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En julio, la Sección Tercera de esa misma sala confirmó el procesamiento de 'Josu Ternera' por este caso al rechazar un recurso donde éste alegó que en sentencias anteriores se establece que quien ordenó el atentado fue el etarra histórico Francisco Mújica Garmendia, 'Pakito'; que el informe firmado por la Guardia Civil que obra en la causa quiebra el principio de imparcialidad porque el ataque se dirigió contra este cuerpo; y que no hay indicios suficientes en su contra.